En el juicio se piden sobre 25 años de cárcel para diez comuneros mapuches procesados por Ley Antiterrorista. Hay dos menores de edad imputados y ha sido catalogado como “un nuevo montaje” por líderes indígenas y defensores de derechos humanos.La audiencia quedó pendiente para el próximo 2 de abril.
Se trata del atentado contra el peaje de Quino, comuna de Victoria, ocurridos el 10 de octubre de 2009, donde siete miembros de la comunidad Autónoma de Temucuicui son procesados, junto a dos de la comunicad Cacique José Guiñón y un comunero de Santiago, y donde se piden penas desde 25 a 40 años de cárcel.
Entre ellos figuran dos menores de edad, imputados también por crímenes terroristas. Uno de ellos es Patricio Queipul, sobrino del lonko de la comunidad autónoma, quien ha sido buscado por la policía desde los 11 años y quien ha tenido que vivir en la clandestinidad. El otro es Luis Marileo, quien estuvo recluido en Chol Chol y participó en las dos huelgas de hambre en 2010 y 2011 exigiendo el respeto a los derechos de la niñez mapuche.
Respecto de la situación procesal que afecta a estos niños el abogado defensor, Lorenzo Morales, afirmó que “se debe tener claro que hay dos menores de edad involucrados y hasta el momento todavía están acusados por la ley 18.314, es decir la Ley Antiterrorista y además por la asociación ilícita terrorista. Todo eso tiene que de alguna manera depurar los juzgados de garantía de Victoria y veremos en qué termina. Yo creo que debe concluir en tipos penales menores”.
Sin embargo, existe el peligro de que en este caso se realice el juicio bajo la Ley Antiterrorista y se recalifiquen los delitos a los menores con posterioridad, con lo que también se estarían violando sus derechos. Para evitar esto, los abogados solicitaron que se inicie un proceso separado para revisar la situación de los jóvenes.
Cabe señalar que este juicio ha sido calificado, tanto por comuneros como por juristas como un nuevo intento de montaje hacia el pueblo mapuche. Esto porque la principal prueba del Ministerio Público sería la declaración de un testigo protegido.
Jorge Hunchullán, werkén de la comunidad Autónoma de Temucuicui, afirmó que se trataría de Raúl Castro Antipán, quien supuestamente habría participado junto a los acusados en los hechos y quien también está siendo protegido en otras causas contra comuneros y recibiría dinero a cambio, lo que ha sido desmentido por la Fiscalía.
En este contexto, el vocero reiteró que el proceso no es más que una estrategia para mantener presos a los líderes mapuche considerando que “van más de tres años que los hermanos están imputados bajo la Ley Antiterrorista y durante tres años no se ha podido comprobar la participación de ninguno de ellos, claramente aquí están procesados tres años y haber estado encarcelado casi dos años significa que hay un ánimo de intentar criminalizar a nuestros hermanos y tenerlos en una situación incómoda como imputados por Ley Antiterrorista por lo cual ellos no pueden ejercer ningún tipo de trabajo, solamente obedecer a un tribunal que los tiene con medidas cautelares”.
Además, Huenchullán denunció que durante el tiempo en que se ha extendido la investigación, se han producido hechos que afectan a la comunidad como son diversos allanamientos, interrogatorios de niños en escuelas de Temucuicui y en el camino a sus casas, hostigamiento a familiares de los acusados y dirigentes, además de torturas en contra de algunos de los imputados.
Hechos que cinco abogados particulares y tres abogados de la Defensoría Penal Pública intentarán probar en una próxima audiencia que quedó pendiente para el próximo 2 de abril.
http://radio.uchile.cl/noticias/145585/
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