Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

jueves, 21 de febrero de 2013

Cómo roban a Chile sus riquezas y el Servicio de Aduanas otorga


Anteriormente me he referido a las exportaciones de concentrados de cobre respecto a que, al efectuarse los trámites de exportación en Aduanas, no se declaran diferentes contenidos como son el Molibdeno, Renio, Azufre, etc. Estas sustancias no se declaran, porque, según las autoridades fiscalizadoras como Aduana, Cochilco yContraloría, dichos elementos no se encontrarían “negociados” entre vendedor y comprador, según lo informan las propias empresas mineras. Es decir son las mismas empresas exportadoras de concentrados las que deciden que sustancias contenidas en el concentrado se deben declarar o no.
De acuerdo a lo anterior los chilenos debiéramos estar felices que, aparte del cobre, las mineras hayan decidido declarar que los concentrados también contienen oro y plata.
¿Cuánto cobre, oro y plata? También queda entregado prácticamente a la voluntad de las propias mineras, puesto que Aduana no tiene los medios tecnológicos y humanos para efectuar el control del tonelaje y contenidos o “ley” de los concentrados, y dicho control queda entregado a empresas especializadas externas que, a la vez, trabajan o son filiales de las mismas mineras que se deben fiscalizar, como es el caso, entre otros, del organismo de inspección SGS o la Compañía Minera Candelaria que se encuentra autorizada mediante Resolución de Aduana N° 4358 de 20.06.2012 con duración hasta el 06.12.2015 para emitir Informes de Calidad para los análisis de cobre, oro y plata. Tales autorizaciones se encuentran en abierta pugna con lo dispuesto en el numeral 1.7.1 Generales de la Resolución N° 3392 de fecha 29.07.2005 de la propia Aduana, que respecto al Registro de Organismos de Inspección, Laboratorios y empresas capacitadas para emitir informes de peso y de calidad en el Servicio Nacional de Aduanas, dispone:
1.7.1 Generales. a. Emitir los Informes con total imparcialidad e integridad con respecto a los requirentes de sus servicios. Las entidades acreditadas para emitir informes de toma de muestra, no podrán tener nexos de propiedad o vinculación comercial con el exportador a quien provean ese servicio.
Tenemos entonces que esta norma no se respeta puesto que Aduanas contrató como organismo de inspección a SGS empresa que también prestaría servicios a Minera La Escondida y Minera Candelaria, que es una de las empresas cuyos concentrados deben ser fiscalizados por Aduana y que, según la Resolución de Aduana más arriba citada, estaría en condiciones de auto controlarse en el peso y/o calidad de los concentrados que exporta.  Pero no es la única norma que Aduanas no se respeta. El hecho que ciertos contenidos del concentrado no se declaren, porque según las propias empresas no son “negociados” entre exportadores y compradores, y por otro lado, que Aduanas al no fiscalizar con personal propio se produciría, de hecho, una subvaloración de los concentrados exportados, lo que infringe el art. 181 letra a) de la Ordenanza de Aduanas, el cual prescribe que se presumirá responsable del delito de fraude, hoy contrabando impropio,  a las personas que intervengan en los siguientes actos:
“Importar o exportar, o tratar de importar o exportar mercancías después que el dueño, consignatario o agente haya extendido PRESENTACIONES O DECLARACIONES FALSAS referentes a dichas mercancías o relacionadas con su importación o exportación”.
La letra b) del mismo artículo 181, dispone:
“Intentar la importación o exportación o importar o exportar mercancías después de haber redactado o entregado facturas, cartas U OTROS DOCUMENTOS FALSOS concernientes a dichas mercancías…..”
A su turno el artículo 178 del mimo cuerpo legal, señala que las personas que resulten responsables de los delitos de contrabando o fraude serán castigadas:
“1.- Con multa de una a cinco veces el valor de la mercancía objeto del delito o con presidio menor en sus grado mínimo a medio con  ambas penas a la vez, si ese valor excede de 25 Unidades Tributarias Mensuales”
Pero para que se pueda sancionar dichas prácticas, alguien tiene que descubrirlas y sancionarlas, pero nadie se atreve ponerle el cascabel al gato, porque con el gato minero ningún gobierno se ha atrevido ha hacerlo.
Después de esta lata introducción, quiero poner a disposición del lector otra situación relacionada ahora, no con la exportación, sino que con importación de concentrados de cobre que se realiza en la zona norte del país y, específicamente, por la empresa Xstrata para su fundición Altonorte en Antofagasta.
Xstrata – importante empresa minera trasnacional que opera en el país – importó desde Perú yArgentina, por el puerto de Antofagasta en los años 2009, 2010 y 2011, grandes cantidades de concentrados de cobre que, en su Declaración de Ingreso manifiestan, en todos los casos, que se trata de una pulpa espesa técnica, obtenida en la etapa de flotación del proceso productivo para uso industrial y que se denomina CONCENTRADO DE COBRE. Libre de derechos de Aduana conforme al ACE 35 (Chile- Mercosur).
Como se puede observar, en ninguna declaración de ingreso se indicó que los concentrados de cobre importados por Xstrata para su fundición Altonorte tuvieran algún porcentaje de cobre, y menos aún algunos gramos de oro o de plata. ¿Cómo se valoró, entonces, esta mercancía en Aduana ante la ausencia de tan indispensable información?
Más arriba se dijo que se efectuaron importaciones procedentes de Argentina y, específicamente de la marca “yacimiento Alumbrera”, reconocida mina rica en oro de la República Argentina y de la cual Xstrata es copropietaria, por lo que los concentrados de ese yacimiento difícilmente pueden tener sólo cobre y ausencia de metales nobles.
De la misma manera, no es dable pensar que los concentrados de cobre de origen peruano sólo contengan cobre y ningún otro valioso compuesto que le dé un mayor valor habida cuenta que, regularmente, los minerales de cobre están acompañados de metales preciosos y, con mayor razón, sus concentrados.
Los concentrados han ingresado al país libre de gravámenes aduaneros, pero tal situación no es obstáculo para no declarar y valorar, adecuadamente, las mercancías que se están importando tal como lo exige, en forma terminante, el Compendio de Normas Aduaneras. Sin embargo, ninguna de las importaciones realizadas, por lo menos en el año 2010, habrían sido objeto de aforo físico por parte de la Aduana lo que, de haberse llevado a cabo,  habría permitido dejar al descubierto, la no declaración de metales nobles contenidos en el concentrado y su correcta valoración, proceder que se encuentra severamente sancionado en la Ordenanza de Aduanas. Por ello no es de extrañar que la tributación de las mineras haya caído tan sensiblemente. Al gato minero nadie le pone cascabel.
Vale hacer presente que las aseveraciones que se han entregado al lector, es producto del análisis de la propia información estadística que el mismo Servicio de Aduanas vende a quien tenga interés en adquirirla.
Rolando Castillo


http://www.elciudadano.cl/2013/02/21/63744/como-roban-a-chile-sus-riquezas-y-el-servicio-de-aduanas-otorga/

OTRO MONTAJE QUE FRACASA: Absuelven a Mijael Carbone de homicidio frustrado a Carabineros



Este miércoles, el Tribunal de Garantía de Angol absolvió de manera definitiva al werkén de la Comunidad Tradicional de Temucuicui Mijael Carbone Queipul, quien había sido acusado por el gobierno de homicidio frustrado a Carabineros en acto de servicio.

El dirigente mapuche había sido condenado el 23 de agosto de 2012 por el mismo delito y absuelto del cargo de receptación de animales robados, juicio que posteriormente, también anuló la Corte Suprema debido a la falta de pruebas y a las múltiples turbiedades que se dieron la acusación, las cuales incluyen, que las imputaciones contra Carbone se basaron sólo en el testimonio de testigos que no dijeron haber visto al acusado, ni entregaron detalles de su descripción física.


EL GOBIERNO DE LOS MONTAJES FRACASADOS SUMA Y SIGUE.



http://www.gamba.cl/?p=37012

Mijael Carbone tras absolución aseguró que Gobierno presionó a jueces en su contra


El tribunal de Angol absolvió al werkén Mijael Carbone por maltrato de obra a Carabineros y homicidio frustrado.

Werkén Mijael Carbone queda en libertad luego que Corte Suprema anulara juicio en su contra

Miércoles 19 de diciembre 2012 8:50 hrs.



Este martes el werkén y vocero de la Comunidad Tradicional de Temucuicui y la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone Queipul, quedó en libertad luego que la Corte Suprema anulara el juicio y la condena en su contra por detectar vicios en el proceso.
Carbone estaba en la clandestinidad, sin embargo, asistió de forma voluntaria al tribunal de Angol, donde se fijó fecha para el nuevo juicio oral, que se realizará el 18 de febrero de 2013.
Por otro lado, el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Angol resultó favorable para el vocero de la comunidad de Chequenco, Daniel Levinao, quien era el único imputado por la causa de homicidio frustrado a Carabineros en servicio.
Este era el segundo juicio que enfrentaba, ya que el primero fue anulado por la Corte Suprema, que sólo validó el delito de porte ilegal de arma de fuego en esa oportunidad.
El comunero volvió a ser  juzgado y el fallo lo absolvió, ya que se estimó que no se había logrado acreditar si la intencionalidad del ataque que habría realizado en contra del general Iván Bezmalinovic, jefe de la Novena Zona de Carabineros Araucanía, fue con la finalidad de asesinarlo, herirlo o sólo amedrentarlo.

http://radio.uchile.cl/noticias/183921/

Corte Suprema anuló condena contra prófugo werkén Mijael Carbone luego de constatar la falta de pruebas




La segunda sala de la Corte Suprema anuló la condena por homicidio frustrado a Carabineros en servicio impuesta al werkén de la Comunidad de Temucuicui Mijael Carbone Queipul. El comunero lleva 5 meses prófugo de la justicia declarándose en rebeldía, señalando que tanto el juicio como la condena son injustos y racistas. La condena se remonta a mayo de 2011, donde Carbone fue sindicado como autor del homicidio frustrado.

El máximo tribunal determinó que hubo infracción de ley al analizar las pruebas y el reconocimiento del imputado. Esto debido a que la imputación se basa sólo en el testimonio de testigos que no dijeron haber visto al acusado ni entregaron detalles de su descripción física.


OTRO MONTAJE QUE SE CAE

OTRA NOTICIA QUE NO TENDRÁ DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS TRADICIONALES

La cirugía mayor a la ANI que baraja La Moneda


21 DE FEBRERO DE 2013
El ministro Chadwick tiene en carpeta sondear piso a una reforma

El principal problema de la agencia pasa porque en el país existen seis sistemas distintos de inteligencia y la agencia queda como un “híbrido” entre todas, por lo que una eventual reforma busca precisamente transformar al organismo en un ente con las atribuciones necesarias para coordinar el trabajo de todos estos sistemas. Desde la oposición, donde abundan las críticas al desempeño actual de la ANI, están abiertos a conversar modificaciones, pero advierten que el límite es no caer en la tentación —de algunos— de darle atribuciones superiores a las que tienen los Tribunales de Justicia.





Tan asumidos están en La Moneda de los cuestionamientos a las esquivas habilidades del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (A.N.I), Gonzalo Yussef, para dirigir la agencia, que nadie pone en tela de juicio el tema o lo defiende. Pero sin exculparlo, en el gobierno se considera que las falencias que ha demostrado su gestión estos tres años han dejado en evidencia un tema mucho más de fondo: la necesidad de evaluar una reformar profunda al organismo de inteligencia a casi diez años de su creación.
Desde la llegada de Chadwick a Interior en noviembre, salieron a flote las soterradas críticas —blindadas hasta entonces por su antecesor Rodrigo Hinzpeter— sobre la mala gestión de Yussef y las falencias de la ANI: que “es inocua” y que su aporte ha sido casi nulo en la tarea de asesorar y adelantarse a los escenarios en varios casos de alta connotación pública, como fue, por ejemplo, las acusaciones de corrupción en Carabineros e Investigaciones durante el 2012.
Pero la gota que rebasó el vaso fue la agudización del conflicto en La Araucanía, ya que La Moneda nunca estuvo sobre alerta de la nueva ola de tensión que se venía en el sur. Este episodio ha hecho que comience a decantarse y se discuta más abiertamente la posibilidad de sondear una reforma, tal como lo reconoció el viernes 8 de febrero Chadwick antes de salir de vacaciones.
“A mí me gustaría trabajar en replantear la ANI” dijo el ministro, junto con explicar que la agencia “tiene un problema de nacimiento (…) se origina luego de dos instituciones que son traumáticas, la CNI y lo que fue “la oficina”. Es más, para Chadwick la agencia tiene un nombre “demasiado rimbombante” para las escasas atribuciones que posee.
La ANI fue creada el 2004 para coordinar y asesorar al Presidente de la República en materias de inteligencia y depende de la cartera de Interior. Su problema pasa porque en el país existen seis sistemas distintos de inteligencia y la agencia queda como un “híbrido” entre todas.
Desde la oposición aseguran que hasta ahora no se ha puesto el tema sobre la mesa. Sin embargo, el diputado DC y ex subsecretario del Interior, Jorge Burgos, dijo que no se niega “a que una Agencia de Inteligencia que se hizo en democracia se someta a una revisión”. No es poca su apertura al tema, considerando que desde La Moneda ven a figuras como Burgos, el diputado PPD, Felipe Harboe e incluso el PS, Marcelo Schilling como las personas más adecuadas con las cuales iniciar los contactos.
Está la que posee Carabineros y la de la Policía de Investigaciones (PDI), pero ambas instituciones tienen una rivalidad conocida e histórica, por lo que funcionan por carriles separados. Cada rama de las Fuerzas Armadas también posee su propia “inteligencia”, pero una es más celosa que la otra de sus ámbitos de trabajo.
En esa línea, desde La Moneda lo que se observa como una buena modificación es transformar a la ANI en un ente con las atribuciones para “coordinar el trabajo de estos seis sistemas de inteligencia”.
Una cirugía profunda a la ANI difícilmente puede ver la luz y concretarse en un corto plazo. De hecho, las intenciones reformistas en La Moneda apuntan a que este año puede iniciarse un trabajo, evaluar, buscar consensos y sentar las bases de un proyecto de ley.
En todo caso, en palacio hasta ahora hay clara conciencia que ninguna iniciativa en esta línea logrará estar lista antes que termine la administración de Sebastián Piñera en marzo del 2014.
Desde la oposición aseguran que hasta ahora no se ha puesto el tema sobre la mesa. Sin embargo, el diputado DC y ex subsecretario del Interior, Jorge Burgos, dijo que no se niega “a que una Agencia de Inteligencia que se hizo en democracia se someta a una revisión”.
No es poca su apertura al tema, considerando que desde La Moneda ven a figuras como Burgos, el diputado PPD, Felipe Harboe e incluso el PS, Marcelo Schilling como las personas más adecuadas con las cuales iniciar los contactos. “Todos los que han estado en un cargo en el Ministerio Interior tienen claro cuál es el escenario, cuáles son las falencias y que es lo que se necesita”.
Eso sí, Burgos desde ya advierte que no hay espacio para apoyar una reforma que en su letra chica consagre “a un grupo de funcionarios públicos atribuciones superiores a las que tienen los Tribunales de Justicia y con ello, por ejemplo poder pinchar teléfonos”.
Este año es de elecciones presidenciales y parlamentarias, y ya ha pasado en ocasiones anteriores que distintos temas quedan contaminados por el fragor de las campañas. Pero en el gobierno y en la oposición coinciden en que una reforma a la ANI es más bien técnica, específica y, por lo mismo, podría efectivamente avanzarse estos meses en delinear un proyecto, al menos hasta antes que muchos parlamentarios desaparezcan del Congreso los meses previos a noviembre para abocarse a sus campañas de reelección.



http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/02/21/la-cirugia-mayor-a-la-ani-que-baraja-la-moneda/

Cheyre al Servel o la falta de memoria de Chile


21 de Febrero de 2013
avatar
Vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.






Resultaría no sólo impresentable, que lo es, sino además incomprensible, la designación de ex comandante en jefe del Ejército como miembro y presidente del Consejo del Servicio Electoral sin tener a la vista la razón de fondo que permitió la intervención militar en un organismo del Estado vital para el funcionamiento de la democracia, a través del cual se implementa la acción legal-participativa más importante de la institucionalidad democrática. Palpablemente el actual estado de las cosas ha sido exitoso en afianzar modelos.


Neoliberalismo, desregulación del mercado, control de los medios de comunicación masivos y casi sin que se note la imposición de un Estado policíaco que ahoga al ciudadano que exige cambios. Junto a ello, la institucionalidad heredada permanece invariable, el sistema electoral binominal sigue su curso; la Constitución de la dictadura solamente ha sufrido el embate del maquillaje político; el sistema de justicia sigue siendo rehén de la intervención política y los derechos humanos.
Como concepto e historia provocan tal malestar en los gobernantes que simplemente los obvian, como si los miles de chilenos víctimas de la dictadura fueran solo un número que puede llegar a ser lamentable, pero no condenable.
La sociedad refundada por la dictadura hoy se tutela a ultranza en diversos ámbitos, también y fuertemente en el institucional. Este es sólo un ejemplo más.
La desmemoria ha triunfado con esta designación, también ha triunfado la necesidad que tiene la derecha más conservadora de instalar compartimentos que tutelen el sistema democrático, tal como está establecido en la Constitución heredada y que ratifican los dichos del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, al señalar que, se trata de “un paso importante en la agenda del gobierno para seguir perfeccionando nuestras instituciones fundamentales para tener una mejor democracia” haciendo alusión a la presidencia del Cheyre en el Consejo del Servel.
En este contexto es que resulta posible designar a un ex comandante en jefe en un cargo que supone competencia, conocimiento, compromiso democrático y un historial muy distante al que ostenta Juan Emilio Cheyre. Asumir como “irrelevante” las acusaciones que pesan sobre Cheyre en la operación de exterminio, Caravana de la Muerte, en la ciudad de La Serena, demuestra que el límite entre lo moral y lo inmoral se trastocó gravemente y que mañana cualquier acusado o responsable de violaciones a los derechos humanos puede asumir una labor civil, republicana y democrática.
Más cercano en la retina tenemos la muerte brutal de 45 conscriptos en Antuco, cuando Cheyre era comandante en jefe y no tuvo el coraje y la responsabilidad de renunciar, para asumir con hidalguía su responsabilidad en esa tragedia.
La desmemoria ha triunfado con esta designación, también ha triunfado la necesidad que tiene la derecha más conservadora de instalar compartimentos que tutelen el sistema democrático, tal como está establecido en la Constitución heredada y que ratifican los dichos del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, al señalar que se trata de “un paso importante en la agenda del gobierno para seguir perfeccionando nuestras instituciones fundamentales para tener una mejor democracia”, haciendo alusión a la presidencia del Cheyre en el Consejo del Servel.
Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre Cheyre, independientemente de su resultado judicial, tampoco fueron consideradas al ser designado comandante en jefe del Ejército. Otrora se adujo que no existía condena, pero para las víctimas y la sociedad tampoco hubo exculpación.
Hoy la historia se reitera. Seguramente los argumentos serán los mismos, pero nosotros, los que sufrimos la violencia dictatorial y luchamos por recuperar la democracia, con la frente en alto podemos decir que Juan Emilio Cheyre está inhabilitado moral y éticamente para ser el presidente del Consejo del Servicio Electoral.




http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/02/21/cheyre-al-servel-o-la-falta-de-memoria-de-chile/

Ex secretario ejecutivo de la CNA acusa a ministro Beyer de “amparar el lucro”

21 de febrero de 2013 - 10:55 | Por: 

A juicio de Patricio Basso, el titular de Educación “es una persona que ha perdido toda la confianza pública y que no tiene la altura necesaria para mantenerse como ministro”.


El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso, formuló un llamado a los parlamentarios a acusar constitucionalmente al ministro de Educación, Harald Beyer, por no denunciar el eventual lucro en la cuestionada Universidad del Mar.
Basso afirmó que el titular de Educación “está amparando el lucro en este país, negándose a reconocer que existe lucro, mintiéndole a la Cámara de Diputados y negando varias veces que tuviera antecedentes específicos sobre el lucro”.
En declaraciones a Radio ADN, el ex directivo de la CNA citó la norma constitucional para argumentar quetodo funcionario público tiene el deber de denunciar “con la debida prontitud los crímenes o delitos que conozca”.
“Ellos tienen la responsabilidad de denunciar las irregularidades a la justicia, era su deber“, agregó. A juicio de  Basso, el silencio de  Beyer implica un incumplimiento del estatuto administrativo, y por tanto abre la posibilidad de una acusación constitucional.
Aquí están los antecedentes suficientes, y es tarea del parlamento, que el ministro faltó a su responsabilidad de haber denunciado oportunamente el lucro en la Universidad del Mar”, sostuvo el ex funcionario. “Supongamos que nadie hubiese hecho la denuncia respecto a la existencia del lucro en la U. del Mar, entonces no se investigaría nunca“, expresó.
Basso recuerda además que en las investigaciones iniciadas por el Mineduc en las universidades Santo Tomás y UNIACC, “el asesor que contrató le dijo que sí había lucro, no obstante él (Beyer) declaró que no había”. Esto significa que “la confianza que uno pueda tener en las investigaciones que haga el ministro es nula”, indicó.
“El ministro Beyer es una persona que ha perdido toda la confianza pública y que no tiene la altura necesaria para mantenerse como ministro”, afirmó tajante.
Finalmente, Basso se refirió a los vínculos existentes entre las autoridades del Gobierno y los grupos económicos que poseen universidades. “Salvo que los chilenos seamos muy estúpidos, nos damos perfectamente cuenta que lo que está haciendo Beyer es defender los intereses del Gobierno y de los grupos económicos“, manifestó.



http://www.eldinamo.cl/2013/02/21/ex-secretario-ejecutivo-de-la-cna-acusa-a-ministro-beyer-de-amparar-el-lucro/

El Saqueo del Cobre Chileno por las Transnacionales: El Escándalo de los Concentrados

Escrito por Rolando Castillo (*)   

Anteriormente me he referido a las exportaciones de concentrados de cobre respecto a que, al efectuarse los trámites de exportación en Aduanas, no se declaran diferentes contenidos como son el molibdeno, renio, azufre, etc. Estas sustancias no se declaran, porque, según las autoridades fiscalizadoras como Aduana, Cochilco y Contraloría, dichos elementos no se encontrarían “negociados” entre vendedor y comprador, según lo informan las propias empresas mineras. Es decir son las mismas empresas exportadoras de concentrados las que deciden que sustancias contenidas en el concentrado se deben declarar o no.


De acuerdo a lo anterior los chilenos debiéramos estar felices que, aparte del cobre, las mineras hayan decidido declarar que los concentrados también contienen oro y plata.

¿Cuánto cobre, oro y plata? También queda entregado prácticamente a la voluntad de las propias mineras, puesto que Aduana no tiene los medios tecnológicos y humanos para efectuar el control del tonelaje y contenidos o “ley” de los concentrados, y dicho control queda entregado a empresas especializadas externas que, a la vez, trabajan o son filiales de las mismas mineras que se deben fiscalizar, como es el caso, entre otros, del organismo de inspección SGS o la Compañía Minera Candelaria que se encuentra autorizada mediante Resolución de Aduana N° 4358 de 20.06.2012 con duración hasta el 06.12.2015 para emitir Informes de Calidad para los análisis de cobre, oro y plata.

Tales autorizaciones se encuentran en abierta pugna con lo dispuesto en el numeral 1.7.1 Generales de la Resolución N° 3392 de fecha 29.07.2005 de la propia Aduana, que respecto al Registro de Organismos de Inspección, Laboratorios y empresas capacitadas para emitir informes de peso y de calidad en el Servicio Nacional de Aduanas, dispone:

1.7.1 Generales. a. Emitir los Informes con total imparcialidad e integridad con respecto a los requirentes de sus servicios. Las entidades acreditadas para emitir informes de toma de muestra, no podrán tener nexos de propiedad o vinculación comercial con el exportador a quien provean ese servicio.

Tenemos entonces que esta norma no se respeta puesto que Aduanas contrató como organismo de inspección a SGS empresa que también prestaría servicios a Minera La Escondida y Minera Candelaria, que es una de las empresas cuyos concentrados deben ser fiscalizados por Aduana y que, según la Resolución de Aduana más arriba citada, estaría en condiciones de auto controlarse en el peso y/o calidad de los concentrados que exporta.

Pero no es la única norma que Aduanas no se respeta.

El hecho que ciertos contenidos del concentrado no se declaren, porque según las propias empresas no son “negociados” entre exportadores y compradores, y por otro lado, que Aduanas al no fiscalizar con personal propio se produciría, de hecho, una subvaloración de los concentrados exportados, lo que infringe el art. 181 letra a) de la Ordenanza de Aduanas, el cual prescribe que se presumirá responsable del delito de fraude, hoy contrabando impropio,  a las personas que intervengan en los siguientes actos:

“Importar o exportar, o tratar de importar o exportar mercancías después que el dueño, consignatario o agente haya extendido PRESENTACIONES O DECLARACIONES FALSAS referentes a dichas mercancías o relacionadas con su importación o exportación”.

La letra b) del mismo artículo 181, dispone:

“Intentar la importación o exportación o importar o exportar mercancías después de haber redactado o entregado facturas, cartas U OTROS DOCUMENTOS FALSOS concernientes a dichas mercancías…..”

A su turno el artículo 178 del mimo cuerpo legal, señala que las personas que resulten responsables de los delitos de contrabando o fraude serán castigadas:

“1.- Con multa de una a cinco veces el valor de la mercancía objeto del delito o con presidio menor en sus grado mínimo a medio con  ambas penas a la vez, si ese valor excede de 25 Unidades Tributarias Mensuales”.

Pero para que se pueda sancionar dichas prácticas, alguien tiene que descubrirlas y sancionarlas, pero nadie se atreve ponerle el cascabel al gato, porque con el gato minero ningún gobierno se ha atrevido ha hacerlo.

Después de esta lata introducción, quiero poner a disposición del lector otra situación relacionada ahora, no con la exportación, sino que con importación de concentrados de cobre que se realiza en la zona norte del país y, específicamente, por la empresa Xstrata para su fundición Altonorte en Antofagasta.

Xstrata – importante empresa minera trasnacional que opera en el país - importó desde Perú y Argentina, por el puerto de Antofagasta en los años 2009, 2010 y 2011, grandes cantidades de concentrados de cobre que, en su Declaración de Ingreso manifiestan, en todos los casos, que se trata de una pulpa espesa técnica, obtenida en la etapa de flotación del proceso productivo para uso industrial y que se denomina CONCENTRADO DE COBRE. Libre de derechos de Aduana conforme al ACE 35 (Chile- Mercosur).

Como se puede observar, en ninguna declaración de ingreso se indicó que los concentrados de cobre importados por Xstrata para su fundición Altonorte tuvieran algún porcentaje de cobre, y menos aún algunos gramos de oro o de plata.

¿Cómo se valoró, entonces, esta mercancía en Aduana ante la ausencia de tan indispensable información?

Más arriba se dijo que se efectuaron importaciones procedentes de Argentina y, específicamente de la marca “yacimiento Alumbrera”, reconocida mina rica en oro de la República Argentina y de la cual Xstrata es copropietaria, por lo que los concentrados de ese yacimiento difícilmente pueden tener sólo cobre y ausencia de metales nobles.

De la misma manera, no es dable pensar que los concentrados de cobre de origen peruano sólo contengan cobre y ningún otro valioso compuesto que le dé un mayor valor habida cuenta que, regularmente, los minerales de cobre están acompañados de metales preciosos y, con mayor razón, sus concentrados.

Los concentrados han ingresado al país libre de gravámenes aduaneros, pero tal situación no es obstáculo para no declarar y valorar, adecuadamente, las mercancías que se están importando tal como lo exige, en forma terminante, el Compendio de Normas Aduaneras.

Sin embargo, ninguna de las importaciones realizadas, por lo menos en el año 2010, habrían sido objeto de aforo físico por parte de la Aduana lo que, de haberse llevado a cabo,  habría permitido dejar al descubierto, la no declaración de metales nobles contenidos en el concentrado y su correcta valoración, proceder que se encuentra severamente sancionado en la Ordenanza de Aduanas. Por ello no es de extrañar que la tributación de las mineras haya caído tan sensiblemente. Al gato minero nadie le pone cascabel.

Vale hacer presente que las aseveraciones que se han entregado al lector, son producto del análisis de la propia información estadística que el mismo Servicio de Aduanas vende a quien tenga interés en adquirirla.

(*) Ex Inspector de Aduanas


España solicita a Chile extradición de exagentes de la DINA

2013-02-15 13:42:06 Por: Carlos Fredo | Fuente: Notimex

El gobierno de España aprobó solicitar a Chile la extradición de seis exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).


En un comunicado, el gobierno español precisó que el Consejo de Ministros aprobó la solicitud presentada por el Ministerio de Justicia, sobre los exagentes que actuaban bajo las órdenes directas de la Junta Militar del gobierno chileno.
Se trata de Guillermo Humberto Salinas Torres; José Remigio Ríos San Martín; René Patricio Quiholt Palma; Jaime Enrique Lepe Orellana; Pablo Fernando Belmar Labbé y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, que era además director de dicha organización.
Se les acusa de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, se les atribuye la participación en el proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar, emprendido por la dictadura chilena durante 1976.
Asimismo se les considera presuntos responsables del secuestro, tortura y posterior asesinato de Soria, que trabajaba como personal diplomático para Naciones Unidas, cuyo cadáver arrojaron a un canal, simulando un accidente con su propio coche, el 14 de junio de 1976.
Los seis se encuentran en Chile, beneficiados por la amnistía concedida por la Corte Suprema chilena en agosto de 2006, por lo cual resulta imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos.
Por ello, la Audiencia Nacional española ha solicitado su búsqueda y captura, en aplicación del principio de jurisdicción universal en lo concerniente al delito de genocidio, para proceder a la investigación, enjuiciamiento y fallo del delito apreciado.



http://noticias.starmedia.com/sucesos/espana-solicita-chile-extradicion-exagentes-dina.html

FISCAL CHAMORRO MOSTRÓ LA HILACHA EN JUICIO CONTRA WERKEN CARBONE

2013-02-20

Sorprendentes declaraciones del Fiscal Chamorro, el lunes 18, en el nuevo juicio contra el werken de la Alianza Territorial Mapuche Pulof Mapu Xawun, marcan la aparición de argumentos que se dejan a juicio del lector pues muestran la “objetividad” con la que trabaja el Ministerio Público chileno y el ánimo con que asumen los casos judiciales. Frente al juez y a la sociedad toda el señor Chamorro inició su acusación con estas palabras:

“El dia 25 de mayo del 2011, cambió la historia de los hechos, el ataque que realiza Mijael Carbone Queipul y sus acompañantes, ya no tiene una dimensión política, sino que tiene el objetivo de matar personas, y es así porque desde esa fecha comienzan a utilizarse armas de fuego de gran poder letal, vamos a verificar que se están utilizando armas para cazar elefantes, MCQ utilizó una carabina .44, q vamos a ver, vamos a dejar claro q el 25 de mayo del 2011, que patrulla AB que había recuperado 2 caballos robados y los había dejado en custodia en la facción, vamos a acreditar tb que cerca de las 17:15 horas del día 25.05.2011, el acusado Mijael Carbone Queipul llega hasta la garita del fundo montenegro y emplaza a los funcionarios que ahí estaban y los amenaza, y les dice “me devuelven los animales a la buena o a la mala o va a quedar la …” y no se queda en las palabras y como el funcionario de carabineros le dice que no, se retira del predio y no más de 20 min vuelve armado de una carabina .44 y con 3 acompañantes y después una veintena que fue llegando, atacando a carabineros. Las características de las armas, la persistencia en el ataque, la posición…. Deja claro que la intención de Mijael Carbone Queipul no era otra que matar a los pacos, este enfrentamiento duró una hora y media más y tanto es así que luego le disparan a los demás funcionarios policiales, y que terminan con la lesión con arma de fuego de Wuilliam Howard Caceres que va al rescate de una patrulla de carabineros que estaba siendo acribillada a balazos.

Ese día comenzó la nueva fase del conflicto violento homicida, que se está llevando a cabo en la provincia de Malleco, cuando comenzó la violencia homicida fue el 25.05, y el responsable es Mijael Carbone Queipul”

La defensa retrucó claramente  (mostrando gran diferencia con el "abogado" que en el juicio anterior se presentó como defensor), señalando que:

“Llama la atención que el señor Fiscal más que un auto apertura jurídica trata de convertirse en un luchador que viene a poner los puntos en este conflicto(chileno en territorio mapuche), está buscando condenar a Mijael Carbone Queipul  por lo que él puede representar respecto del conflicto…, lo fija como un hito dentro del conflicto, donde se señala, que en ese minuto se empiezan a utilizar otras armas y otras intencionalidades. Es hecho público y notorio que el Ministerio Público criminaliza, y no se está buscando la persecusión criminal, sino una persecusión de otra cosa.”

El werken se encontraba acompañado de una multitud de familiares, amigos y solidarios que, además de los múltiples apoyos escritos de autoridades, organizaciones y personas desde fuera del país,  llegaron al tribunal de Malleco para expresar su apoyo a lo que el werken siempre exigió, un juicio justo y no político como quiere el Fiscal Chamorro.

Los alegatos se desarrollaran hasta hoy Miércoles.

19 feb 2012. Territorio Nación Mapuche

http://g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=17174

Caso de tuitero procesado por parodiar a Luksic: “Es una grave amenaza a la libertad de expresión”


Martes 19 febrero 2013 | 11:19 · Actualizado: 11:22
Publicado por Christian Leal



Este lunes, el abogado de 34 años, Rodrigo Ferrari,fue formalizado en la Fiscalía Centro Norte de Santiago bajo los cargos de usurpación de identidad, imputado como el autor de 3 cuentas de Twitter donde se parodiaba al empresario Andrónico Luksic.
Se trata de las cuentas @losluksic, @andronicoluksic y @luksicandronico (actualmente suspendidas), donde entre 2010 y 2011 se publicaron comentarios alusivos al magnate, las que fueron vinculadas a Ferrari luego de que la red social estadounidense entregara los datos de contacto a la Policía de Investigaciones.
Sin embargo para la ONG Derechos Digitales, la cual asesora a la defensa del acusado, este caso no sólo representa una confusión entre la usurpación de identidad y la parodia, sino que reviste una grave amenaza a la libertad de expresión de los usuarios en Internet.
Según explicó a BioBioChile el abogado Claudio Ruiz, presidente de la organización, sólo una de las cuentas de Twitter fue creada por Ferrari (@losluksic) y en ella era evidente el ánimo de parodiar al dueño de Canal 13, no de hacerse pasar por él. Además, negó que se haya usado para hacer comentarios ofensivos.
“Hablamos de una cuenta que tenía un fondo de billetes cayendo y donde se vertían expresiones como ‘tenemos cualquier plata’. Era obvio para cualquier persona que Andrónico Luksic no iba a estar haciendo esos comentarios”, expresó Ruiz.
Para el abogado, más grave aún es que Twitter, una empresa reconocida por la defensa de sus usuarios y que incluso protegió a Wikileaks, haya entregado los datos de Ferrari a la PDI sin una orden judicial, sólo en virtud de un acuerdo con la Interpol.
“Aquí hay una transgresión a la vida privada del imputado. Eso sin mencionar que la parodia no constituye una infracción. Acá el único delito es haber parodiado a un poderoso”, sentencia.
Consultado respecto a cuál es el objetivo de Luksic con esta acción judicial, a la que incluso concurrió a testificar personalmente, Ruiz recordó que el empresario es conocido por el celo con el que resguarda su privacidad, por lo que la idea podría ser ofrecer una señal.
“Hablamos de cargos de los que, en caso de probarse, revisten entre 61 a 541 días de cárcel, que en cualquier caso serían de pena remitida con firma. El verdadero tema aquí es la grave amenaza a la libertad de expresión”, afirmó.
El caso “Impunidad Diplomática” llega a Internet
Cabe destacar que este no es el único caso que ha puesto a Andrónico Luksic en pie de guerra contra los usuarios de Internet. Recién la semana pasada se daba a conocer el bloqueo de un video de YouTube con un extracto del libro “Impunidad Diplomática” del periodista Francisco Martorell, debido a una orden de la justicia chilena.
Se trata probablemente del primer caso en que Tribunales nacionales ordenan la censura de contenidos a una empresa como Google, y recuerda que el libro de Martorell continúa prohibido en Chile tras un recurso interpuesto por Luksic en 1993, esto pese a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que considera el hecho como una violación a la Convención Americana.


http://www.biobiochile.cl/2013/02/19/caso-de-tuitero-procesado-por-parodiar-a-luksic-es-una-grave-amenaza-a-la-libertad-de-expresion.shtml

CUIDADO CON MIRARLO FEO: Luksic logró que Twitter cerrara cuentas que lo parodiaban, el autor arriesga cárcel




El abogado de 34 años Rodrigo Ferrari, fue formalizado en la Fiscalía de bajo los cargos de usurpación de identidad, imputado como el autor de 3 cuentas de Twitter donde se parodiaba al empresario Andrónico LuksicAl respecto, la ONG Derechos Digitales que asesora al acusado, afirmó que este caso no sólo representa una confusión entre la usurpación de identidad y la parodia, sino que reviste una grave amenaza a la libertad de expresión de los usuarios en Internet. El abogado Claudio Ruiz, presidente de la organización afirmó:

“En las cuentas era evidente el ánimo de parodiar al dueño de Canal 13, no de hacerse pasar por él. Hablamos de una cuenta que tenía un fondo de billetes cayendo y donde se vertían expresiones como ‘tenemos cualquier plata’. Era obvio para cualquier persona que Andrónico Luksic no iba a estar haciendo esos comentarios”

“Aquí hay una transgresión a la vida privada del imputado. Eso sin mencionar que la parodia no constituye una infracción. Acá el único delito es haber parodiado a un poderoso”


Para el abogado, el hecho más grave es que Twitter, una empresa reconocida por la defensa de sus usuarios y que incluso protegió a Wikileaks, haya entregado los datos de Ferrari a la PDI sin una orden judicial, sólo por un acuerdo con la Interpol. Consultado respecto a cuál es el objetivo de los delincuente de la familia Luksic, Ruiz recordó que el empresario es conocido por el celo con el que resguarda su privacidad, por lo que la idea podría ser ofrecer una señal.

“Hablamos de cargos de los que, en caso de probarse, revisten entre 61 a 541 días de cárcel, que en cualquier caso serían de pena remitida con firma. El verdadero tema aquí es la grave amenaza a la libertad de expresión”


Cabe mencionar que no es la primera vez que Los Luksic buscan censurar todo lo que se hable de ellos, basta recordar la censura al libro “Impunidad Diplomática”, donde se detallan las “particulares” fiestas sexuales que compartían los Luksic durante la dictadura. Ni hablar de que hace una semana el propio gobierno censuró un video que hablaba del tema.


LO BUENO ES QUE EN CHILE TODOS SOMOS IGUALES…

Juan Emilio Chayre Espinosa


 

Violaciones a los derechos humanos en Chile
La responsabilidad de Cheyre, nuevo Comandante en Jefe del Ejército


El Siglo - Julio Oliva García - 17 de marzo del 2002 

El general Juan Emilio Cheyre es el nuevo Comandante en Jefe del Ejército. Su período de extiende hasta el 2006. Se menciona a Cheyre como un representante de la "doctrina Izurieta" y la "modernización institucional". El gobierno habla de una "normalización institucional" de las relaciones entre el Ejército y la sociedad, iniciada desde la comandancia en jefe de Ricardo Izurieta. Sin embargo, existen denuncias -aún no aclaradas-, sobre la participación de Cheyre en graves violaciones a los derechos humanos. Tema que lo acompañará, quiérase o no.
Uno de los "plus" de Cheyre es su "actitud frente al desacato judicial de Pinochet" en el Caso Caravana. Ricardo Izurieta y Cheyre -su hombre de confianza-, se entrevistaron con Pinochet en enero de 2001. En su parcela de Los Boldos, Bucalemu, el ex dictador habría recibido la notificación de que "debía someterse a lo que resolvieran los tribunales, a riesgo de perder el respaldo del Ejército". Por lo menos, esa es la versión de la mayoría de la prensa. Pinochet se negaba a realizarse los exámenes médicos, pues sabía que no sería declarado loco, a pocos días del Informe de la Mesa de Diálogo. No es descabellado pensar que en esa reunión entre Pinochet, Izurieta y Cheyre se le garantizó al "benemérito" que su caso se resolvería por esa vía.
La única salida para Pinochet era ser declarado "loco o demente".
Quizá esa reunión sirvió para que Pinochet dejara atrás sentimentalismos y adoptara una postura pragmática. Finalmente, luego de los exámenes y las oscuras maniobras del gobierno, la justicia y algunos peritos, Pinochet fue "sobreseído".
El curriculum profesional de Cheyre no deja de sorprender. Sin embargo, hay puntos oscuros.
Cheyre está casado con María Isabel Forestier, hija del general (r), ex vice comandante en jefe y ex ministro de Defensa de Pinochet, Carlos Forestier Haensgen. Forestier ejerció como comandante de la VI División del Ejército en 1973. Era responsable del campo de prisioneros de Pisagua, de triste recuerdo, y además jefe de zona en Estado de Sitio e Intendente de la provincia de Tarapacá. Está acusado de violaciones a los DD.HH. Se le indica como responsable de fusilamientos y desapariciones, además de otros actos represivos en la I Región. Está procesado por Caravana de la Muerte y Pisagua; además, es "socio" de Manuel Contreras Sepúlveda -el ex director de la DINA- en una empresa de seguridad.
No es menos cierto que Cheyre tiene una importante trayectoria profesional y académica.
Ingresó a la Escuela Militar en 1963 y, entre 1977 y 1979, fue alumno de la Academia de Guerra del Ejército. Egresó como oficial del Estado Mayor. Fue, además, profesor de la Academia de Guerra en Historia Militar y Táctica y Operaciones. Posee, también, un magíster de Ciencias Políticas con mención en Relaciones Exteriores, y un doctorado en la Universidad Complutense de España. Se le menciona como un "intelectual" en el Ejército, y tiene méritos: domina el ingles y francés, y es experto en esgrima, natación, esquí y paracaidismo militar.
En 1981, Cheyre fue enviado a Sudáfrica a proseguir estudios. Sudáfrica vivía el apartheid y la brutal represión a la población negra. Las relaciones con Chile eran óptimas y la nación africana facilitaba a oficiales chilenos y agentes de servicios represivos, preparación y cobertura para actividades secretas. No pocos agentes de la DINA y CNI se "especializaron" allá.
Fue designado por Pinochet, en 1987, Intendente de Atacama. También estuvo al mando de unidades militares como los regimientos de Rancagua y Copiapó. Además, de director de la Academia de Guerra y comandante del Comando de Institutos Militares.
En la década de los 90, Cheyre fue agregado militar en España y en diciembre de 2000 pasó al Estado Mayor. Como delegado de Ricardo Izurieta, permaneció en Londres durante el juicio a Pinochet, asumiendo "el control de permanente monitoreo de la salud de Pinochet", señala La Nación.
Diplomacia "secreta"
Ricardo Lagos, un día después de recibir de Izurieta la quina de la que debía salir su sucesor, llamó al ministro de Defensa, Mario Fernández, ordenándole resolver con estricto apego a la nómina los ascensos a generales y los llamados a retiro. Fue una señal de respaldo de Lagos al "desempeño" de Izurieta. Antes de 24 horas, el Presidente le pidió a Fernández que lo citara junto a Juan Emilio Cheyre.
Para el gobierno, es el general "más capacitado", que destaca por su "formación intelectual" y "carácter estrictamente profesional". Se le nombra como uno de los precursores de las "modernizaciones en salud y educación" de la institución. Lagos hacía un gesto de "gratitud". Sus palabras lo testimonian. "Esta decisión significa en lo esencial dos cosas. Primero, el reconocimiento a los méritos militares e intelectuales del general Cheyre. Y también, un reconocimiento de lo que el país y el Ejército le deben al general Izurieta, ya que bajo su mando la institución inició un tremendo esfuerzo de profesionalismo, modernización y eficiencia", señaló apenas se conoció la noticia. La designación era un secreto a voces.
Juan Emilio Cheyre cobró notoriedad cuando "cumplió junto a otros altos oficiales una misión de primerísima importancia ordenada por el propio Pinochet. En 1996, el ex dictador veía acercarse el final de su carrera militar y preparaba su inserción en el Senado. Cheyre organizó junto al embajador Alvaro Briones, socialista, un encuentro en Madrid entre la plana mayor del PS y una delegación militar", señala Punto Final en su última edición (Nº515). El 30 de mayo de 1996, se efectuó la reunión en el Hotel Victoria Palace de El Escorial, en España. Allí departieron dirigentes del PS, asesores de Augusto Pinochet y oficiales de ejército. Todos participaban del seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset: "Las FF.AA. y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile".
El embajador Alvaro Briones (PS) y el propio Cheyre, en ese momento agregado militar en Madrid, fueron los anfitriones. En la reunión se selló "el destino de Cheyre" y, quizá, también el de Lagos.
El entonces ministro de Obras Públicas, conversó con el asesor de Pinochet, Sergio Rillón; el ex canciller, embajador y luego defensor del dictador, Hernán Felipe Errázuriz; el coronel Carlos Molina Johnson; el director de la Academia de Guerra, coronel Jaime García; y el comandante del Regimiento Maipo, coronel José Piuzzi. Por el Partido Socialista participaron el senador Jaime Gazmuri, el ex ministro Enrique Correa y Camilo Escalona.
Allí se habló, sin duda, del destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, de la institucionalidad y lo que venía: Lagos sería elegido Presidente de la República. Allí terminó, también, el veto del ejército a los "políticos socialistas". Fue un encuentro de diplomacia secreta, de acuerdos y garantías.
Cambio de ilusión
Para la Concertación, la llegada de Cheyre a la comandancia en jefe del Ejército se produjo "sin traumas y en total concordia, debido a la continuidad de los equipos de confianza construidos por el sucesor de Pinochet y a que está garantizada la vigencia del proceso de profesionalización". La oposición coincide.
El Presidente Lagos señaló que con su designación "se asegura la continuidad en las tareas profesionales que son indispensables para el fortalecimiento de la institución y, por ende, del país".
Cheyre concluirá su período el 2006 cuando ya se haya elegido un nuevo Presidente de la República. Entre sus tareas "institucionales" estará defender la autonomización de las FF.AA.
respecto del poder político, la doctrina de Seguridad Nacional, la Constitución pinochetista que los define como "garantes de la institucionalidad", además de los proyectos de modernización que están en marcha. No se deben olvidar el Consejo de Seguridad Nacional, los presupuestos garantizados con que cuentan y los recursos de la Ley del Cobre o "su equivalente". Un aspecto central será la aun vigente "inamovilidad de los comandantes en jefe" y el proceso de ascensos de los altos oficiales.
La profesionalización del Ejército costará al país más de 300 millones de dólares.
Los "gestos" en el caso Prats serán difíciles. La segunda antigüedad en la institución, ocupando la jefatura del Estado Mayor, será el general Roberto Arancibia Clavel, hermano del agente DINA Enrique Arancibia Clavel, condenado a prisión perpetua en Argentina por el asesinato del ex Comandante en Jefe Carlos Prats. Arancibia Clavel, hasta ahora era jefe del DINE.
El gobierno destaca que este es el primer cambio de mando del Ejército realizado "en base a la Constitución y sus períodos reglamentarios". Ya nadie recuerda que vivimos bajo una "normalidad de facto", con una Constitución impuesta, a sangre y fuego, por una dictadura. Eso no está en la agenda de Juan Emilio Cheyre, pues tampoco lo está en la de los políticos de gobierno.
La "normalización" del Ejército en la "sociedad democrática" no es tal, pues en nuestro país no hay "normalización" ni "sociedad democrática".
"Gestos"
En una solemne ceremonia en la Escuela Militar, el general Ricardo Izurieta entregó el mando. Se despidió diciendo que "una nación aprende de sus experiencias pero no contribuye a su bienestar y cohesión cuando traspasamos de generación en generación los conflictos y las diferencias. (...) En ese sentido pienso que el esfuerzo que hemos emprendido y la actitud del Ejército sólo podrán ser dimensionadas en la perspectiva del tiempo. (...) Sinceramente espero que la voluntad de avanzar en el reencuentro nacional se imponga por sobre todas las diferencias que separaron a los chilenos en el pasado". Agregó, sin más, que "para el Ejército es imperativo, y también creo que para todo el país, dar vuelta las páginas de los eventos del pasado que aún nos dividen".
La ceremonia estuvo presidida por el Presidente Ricardo Lagos. Entre los invitados estaban -por primera vez-, los hijos de los ex comandantes de la institución Carlos Prats y René Schneider, lo que fue entendido como un "gesto" democrático. Otro "gesto" fue que el ex Comandante en Jefe, benemérito, del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, se excusó de asistir. Se pudo ver a sus hijos Lucía y Marco Antonio Pinochet Hiriart.
Hijo de la dictadura
Cheyre se relacionó estrechamente con el equipo político de la dictadura. En 1988, Pinochet lo nombró Intendente en la III Región, antes del plebiscito. Un cargo importante para asegurar la continuidad de la dictadura. En esa época, Cheyre diría: "El triunfo del SI debiera ser una constante en todos los sectores. (...) Una victoria del NO es una hipótesis no factible. Los chilenos no somos locos". Hoy, el nuevo Comandante en Jefe aparece como signo de "continuidad" y como oficial "comprometido con la democracia". Pero Cheyre, y otros, son oficiales formados en el pinochetismo. Para los militares, la democracia debe ser vigilada.
Pesan sobre él graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, no aclaradas. La abogada Pamela Pereira (PS) señala como "prueba de blancura" de Cheyre que cuando fue cuestionado por su participación en el caso Caravana de la Muerte en La Serena, se presentó "voluntariamente ante el juez Guzmán". No es el único caso en el que se lo involucra. Se ha mencionado su actuación en actos represivos y la participación en tareas de exhumación de víctimas, en 1978, cuando el Ejército y la CNI coordinaron la remoción de restos, pues lo ocurrido en Lonquén no "podía repetirse".
La doble desaparición de restos de ejecutados, como está acreditada en Chihuío, ocurrió a lo largo y ancho del país. Y se menciona a Cheyre como uno de los que "coordinó" estas operaciones, en conjunto con el subdirector de la CNI, Fernando Arancibia Reyes, hermano del ex almirante y actual senador UDI, Jorge Arancibia.
En 1985, Cheyre se negó a entregarle a un juez la lista de oficiales asignados a la CNI. El juez investigaba el asesinato de Paulina Aguirre Tobar (MIR). Siendo Intendente de la III Región, en 1988, se lo menciona como encubridor de torturas. También está citado como "inculpado", en la muerte de dos menores en 1973, en Coquimbo, que investiga el juez Guzmán.
"Cheyre remató prisioneros"
El ex oficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos, en su declaración ante el juez Juan Guzmán (26/12/1999), inculpa a Cheyre. Rodríguez señala una conversación con sus compañeros -los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio Lafourcade Jiménez-, que le relataron cómo los oficiales que viajaban en el helicóptero Puma fusilaron, por órdenes del general (r) Sergio Arellano Stark, a 15 prisioneros políticos que permanecían detenidos en la cárcel de La Serena.
En el helicóptero Puma viajaban el general Sergio Arellano Stark -jefe de la misión delegada por Pinochet-, Pedro Espinoza Bravo, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton, Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Carlos López Tapia. Antonio Palomo Contreras sólo realizó la "Caravana" por el sur. A estos oficiales se agregaron dos clases de la Escuela de Infantería.
La Caravana de la Muerte o del "buen humor", como fue conocida en el Ejército, se paseó por Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica.
Pedro Rodríguez señala que Arellano Stark se reunió con el comandante del Regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y que "ordenó revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados. (...) El fiscal militar, mayor de Carabineros de apellido Cazanga, le entregó los antecedentes". Arellano y los integrantes de la Caravana de la Muerte se reunieron con el comandante Lapostol y determinaron traer desde la Cárcel de La Serena a los 15 presos. Arellano citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva:
"(estos últimos) oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos. (...) Inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió".
Rodríguez inculpa a varios de los oficiales que debieron dar "el tiro de gracia", entre ellos Juan Emilio Cheyre Espinoza. Los cuerpos fueron trasladados en un camión del regimiento hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en la fosa común y tapados con cal. Al día siguiente, la Caravana de la Muerte siguió con destino al norte.
Muertes y torturas
Rodríguez -que, a fines de los '80, fue ayudante del ex jefe operativo de la CNI Alvaro Corbalán-, también entrega datos sobre el asesinato de José Rodríguez Torres y su hijo, José Rodríguez Acosta, ejecutados el 1 y 8 de noviembre de 1973, respectivamente, en el mismo regimiento.
José Rodríguez Acosta fue detenido el 30 de octubre de 1973 por personal de la sección de Inteligencia del regimiento, a cargo del entonces capitán Fernando Polanco Gallardo, el sargento Silva y el cabo 1º Fernández. También participaba allí Osvaldo Pincetti Gac, el doctor "Tormento".
"Pincetti fue el encargado de hipnotizar a José Rodríguez hijo. Este joven fue interrogado y ejecutado en el regimiento Arica -señala Rodríguez-, y se dio como explicación que en un traslado interno dentro de la unidad intentó fugarse, ante lo cual se le dio muerte en su huida, al tratar de recapturarle, hecho que no fue así por cuanto todos los traslados de las personas detenidas que me tocó presenciar o custodiar como oficial de guardia de la época lo hacían con la vista vendada y manos atadas. (...) Por haber trabajado como secretario de fiscalía, me cercioré que (el joven ejecutado) no tuvo un proceso ajustado a derecho".
José Rodríguez Acosta, su padre, fue al regimiento para saber el paradero de su hijo. Quedó detenido y fue ejecutado al día siguiente.
También entrega detalles del asesinato de Bernardo Lejderman Konoyoica (argentino) y María del Rosario Avalos Castañeda (mexicana): "Un informante llegó hasta la unidad de Inteligencia del regimiento Arica de La Serena, manifestando que esta pareja portaba armas y explosivos con los que pretendían abandonar el país". El matrimonio se encontraba en la ciudad de Vicuña.
Fueron ejecutados por oficiales del regimiento Arica, al mando del capitán Polanco: "Se supo que sin mediar enfrentamiento alguno fueron ejecutados. Lo que se le manifestó a la opinión pública fue que se habían suicidado", declara el ex oficial. "Estos hechos deben haber estado en conocimiento del comandante del regimiento, Ariosto Lapostol, ya que todos los movimientos de esta unidad y órdenes a cumplir eran privativos de él".
El ayudante del comandante Lapostol era el teniente Juan Emilio Cheyre, hoy flamante comandante en Jefe del Ejército.
Lapostol, Moren y Cheyre
El ex comandante del regimiento Arica, de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano.
El año pasado señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".
En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Luis Manuel Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark.
Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento Arica.
Niños ejecutados en Coquimbo El ejército niega que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en la IV Región, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001, contra el general (r) Augusto Pinochet, interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, ejecutados tras el golpe militar de 1973.
Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios de Impuestos Internos.
"Qué saben ustedes"
La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Nelson Patricio Díaz Gajardo- jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí. No llegaron a sus hogares, lo que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron por parejas para buscarlos. Se vieron obligados a infringir el Toque de Queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.
Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos militares, que disparaban sus metralletas habitualmente. A los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas". El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 Arica, de La Serena.
Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda sin resultados, regresaron a sus casas.
Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que revisaron el auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte, en "caso de moverse o alarma".
Permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango. Luego, un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad.
Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrio cambió radicalmente.
La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados, quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".
Balas militares
Los padres de los menores eran trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados.
Se efectuaron intensas búsquedas para dar con el paradero de los menores, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.
En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector- encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Se encontraban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.
"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocado allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez.
En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que práctico la autopsia.
Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usa sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala causa de muerte indeterminada", agrega Gutiérrez.
En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol, y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti, que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento Arica.
Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños.
Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando las búsquedas de las policías y los vecinos terminaron. "Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de inculpado. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe.
Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.
Arnaldo Pérez Guerra



--------------------------------------------------------------------------------

La misión era matar "Ariosto Lapostol condujo al general Arellano a la pequeña oficina en que cumplía su labor el fiscal militar, mayor de Carabineros Manuel Cazanga Pereira. (...) Se instalaron en la oficina del comandante con los antecedentes de los detenidos. Junto a ellos ingresaron el fiscal Cazanga, el ayudante del comandante Lapostol, teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, y el mayor Marcelo Moren Brito. Moren era todavía el segundo comandante del Regimiento Arica, pero estaba en servicio...".
Página 122.
"El general Sergio Arellano fue quien ordenó a los oficiales del regimiento para que dieran el tiro de gracia. Se supo que el capitán Mario Vargas fue muy mal tratado por el general Arellano Stark, porque se negó a dispararle al prisionero que le correspondía rematar. (...) Los oficiales que participaron en estos hechos son los siguientes: capitán Mario Vargas Maguiles, teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, teniente Jaime Ojeda Torrent, subteniente Hernán Valdebenito Bugman, subteniente Mario Larenas Carmona, subteniente Guillermo Raby Arancibia, subteniente Julio Lafourcade Jiménez, mayor en retiro de apellido Délano, y el mayor de sanidad Guido Díaz Pacci...".
Páginas 126-127.
"Cuatro días antes de ser asesinado en la cancha de tiro del regimiento Arica, el 12 de octubre de 1973 un Consejo de Guerra dictó en La Serena en la causa rol 4-73, una sentencia de 20 años de presidio en contra del secretario regional de la Central Unica de Trabajadores y militante del MAPU, Carlos Alcayaga Varela, acusado de guardar material explosivo en su casa de Vicuña. El Consejo lo presidió el comandante Ariosto Lapostol, y lo integraron además el comandante Oscar Arraigada, el mayor Tomás Manríquez, el capitán Mario Vargas Maguiles, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, y los auditores Francisco Alvarez y Florencio Bonilla...".
Página 133.
"A su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, el comandante Lapostol le ordenó que fuera al diario local El Día y avisara que en la primera página del día siguiente miércoles 17 de octubre debería ser publicado un bando que se entregaría para informar de la muerte de los quince prisioneros 'por fusilamiento'. Cuando ya se acababa la luz del día de aquel martes 16 de octubre de 1973, un camión militar y un piquete de soldados al mando del capitán Vargas entró al cementerio para cumplir las órdenes impartidas por el comandante Lapostol. Luego de ser identificados por un oficial civil e inscritos en el registro del cementerio, los quince cuerpos fueron echados a una fosa de boca cuadrada de 2.30 por 2.30 metros y cerca de siete de profundidad, que se ubicaba en el patio Nº4 y que estaba destinada al depósito de desechos hospitalarios.
Encima de los cuerpos vaciaron sacos de cal...".
Página 138.
"Sí, yo presencié los fusilamientos, pero no participé en ellos. Nosotros no interveníamos directamente en los fusilamientos, sólo los presenciábamos. (...) Tengo que expresar que en todas las ciudades que fueron visitadas por la comisión (la Caravana de la Muerte, NDR), las ejecuciones fueron realizadas por el personal de las respectivas unidades, y no por los integrantes de la comitiva del general Arellano. (...) Los integrantes de la comisión no participábamos en los fusilamientos. Eramos como ministros de fe...".
(Declaración ante el juez Juan Guzmán del coronel (r) Marcelo Moren Brito).
Página 143.
"Con las primeras luces del lunes 9 de noviembre de 1998, parte de lo pedido por los organismos de Derechos Humanos y los familiares, comenzaba a hacerse realidad. En el patio Nº4 del cementerio municipal de La Serena, el equipo de la Unidad de Identificación de Santiago del Servicio Médico Legal, comenzaba las excavaciones para intentar exhumar los quince cuerpos que se buscaban. El trabajo fue duro y lento. En los primeros metros extrajeron una gran cantidad de huesos de fetos, desechos de material quirúrgico como pinzas, bolsas de suero y agujas desechables, y 12 cuerpos que no correspondían a las características de los que se buscaban.
Llegado a la profundidad de unos seis metros, el día 11 de noviembre apareció el primero de ellos. En tres capas y en total desorden fueron apareciendo los otros catorce. (...) El lentísimo trabajo recién concluyó el sábado 14 de noviembre y los esqueletos fueron llevados al Instituto Médico Legal de La Serena. (...) Allí estaban las pruebas imborrables. Trece de los quince prisioneros habían sido violenta y reiteradamente golpeados con objetos contundentes antes de morir, lo que les produjo fracturas y lesiones en muchas de sus costillas y pelvis. Uno de ellos tenía el cráneo fracturado por los golpes. Diez de ellos tenían uno o más impactos de bala en el cráneo además del tórax. El resto presentaba los balazos en el tórax y otros huesos...".
Página 149.
Párrafos del libro "La misión era matar. El juicio a la Caravana Pinochet-Arellano", del periodista Jorge Escalante Hidalgo. Publicado por Editorial LOM, en agosto de 2000.
Walter Araya, torturado en Copiapó en 1988:
"Cheyre nos negó ante el Obispo Ariztía"
El profesor Walter Araya camina de manera extraña, "como pato" dice él, producto de las torturas que le afectaron el oído medio y, obviamente, el sentido del equilibrio. También luce una precoz calvicie, que comenzó a hacerse pronunciada desde octubre de 1988, tras ser sometido a fuertes descargas de electricidad y otros apremios ilegítimos en el cuartel de la Policía de Investigaciones ubicado en la calle Atacama de Copiapó.
Araya fue secuestrado por efectivos de la CNI el viernes 7 de octubre, desde su casa, luego de que otros militantes de las Juventudes Comunistas, del MIR y socialistas comenzaran a ser raptados el día 4. Entre los detenidos figuran también Rafael Vega Zambra, Cristóbal Carrasco, Jimmy Farías Díaz, Jorge López, Víctor Serrano Seguel, Orlando Sarría Pino, Héctor García Véliz, Gabriel García Aguirre y Ernesto Guzmán Morales, quienes permanecieron en calidad de desaparecidos hasta su definitivo paso a la Fiscalía Militar bajo los cargos de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de Control de Armas y Explosivos y la Ley sobre Conductas Terroristas, según relatan medios de comunicación de la fecha.
El entonces Jefe de Plaza e Intendente de la III Región, teniente coronel Juan Emilio Cheyre, señaló por esos días que los detenidos "estaban premunidos con elementos explosivos, cadenas, miguelitos y gran cantidad de material subversivo, dirigido a alterar el orden y la tranquilidad en el desarrollo del plebiscito, que obedece a una planificación destinada a producir un levantamiento poblacional". Lo cierto es que la máxima autoridad política de la región debió reconocer la detención de los jóvenes tras múltiples gestiones de los familiares y del propio Obispo de la ciudad, Fernando Ariztía, quien se entrevistó con Cheyre mientras los militantes de izquierda permanecían secuestrados al interior del cuartel de Investigaciones, pero sólo recibió negativas ante su consulta sobre la posible detención. Cheyre dictaría una orden de aprehensión sólo días después de que los jóvenes estaban siendo torturados, encubriendo el accionar de la CNI que no podía estar actuando sin que él lo supiera, más aun en aquel momento en que asumía todas las responsabilidades de la zona por encontrarse el país en período electoral.
"Algunas personas detenidas estos últimos días han sufrido apremios ilegítimos, producidos por la aplicación sistemática de electricidad en diversas partes del organismo", se lee en una declaración pública del Obispado local, agregando entre otras cosas que "han sido torturados en el recinto de Investigaciones de Copiapó. Nos duele mucho tener que denunciar la realización de estas lamentables acciones que creíamos alejadas para siempre de los procedimientos empleados en el país.
No nos pronunciamos sobre la inocencia o culpabilidad que una persona pueda tener, pues esto corresponde a los Tribunales de Justicia, pero sí nos corresponde -es misión irrenunciable- hacer tomar conciencia de la dignidad de toda persona humana". Todos los detenidos fueron posteriormente dejados en libertad por falta de méritos, presentando una querella por apremios ilegítimos con el patrocinio del abogado DC Erick Villegas.
"Cheyre es un fascista"
Walter Araya ya conocía a Juan Emilio Cheyre. Formando parte de un grupo de dirigentes de la Universidad de Atacama, se entrevistó con él tras las protestas lideradas por los estudiantes durante la visita de Pinochet a la ciudad en abril de 1988. De ese hecho recuerda con claridad la actitud del militar: "el tipo se echó para atrás, con los pies arriba del escritorio de la Intendencia, para conversar con nosotros como dirigentes estudiantiles, demostrando todo su desprecio hacia las personas y las instituciones. Su prepotencia nos dejó muy en claro su conformación fascista. Es un verdadero fascista.
Después, el 11 de septiembre, hicimos una marcha como homenaje a los asesinados por la Caravana de la Muerte en Copiapó, la que fue reprimida con ferocidad por orden del mismo Intendente. Y finalmente, un día antes del plebiscito, comenzaron los secuestros. El 4 cae el primero, que fue fuertemente torturado, y luego comienzan a ser detenidos todos los integrantes del Comité Regional y Local de las Juventudes Comunistas. A mi casa llegan a buscarme el viernes 7, por la noche, irrumpiendo personal de Investigaciones y la CNI en evidente estado de ebriedad, cuando me encontraba con otros dos compañeros y mi compañera.
En el asalto se robaron, entre otras cosas, un Winchester de 1870 inutilizado y un rifle a postones, que presentaron como supuestas pruebas del armamento encontrado, pero que nunca más aparecieron luego de que nos dejaron en libertad. Yo estuve todo el fin de semana sufriendo aplicación de corriente y golpes, de hecho desde esos días se me comenzó a caer el pelo producto de la alteración nerviosa y todo, porque también me hicieron un simulacro de fusilamiento, por ejemplo. De todo lo que me recuerdo, siempre nos torturaron al interior del cuartel de Investigaciones, pero a mi familia le negaron permanentemente la detención. De hecho, hay una conversación del Obispo Ariztía con Cheyre sobre nuestro paradero, quedando él de investigar y señalando que no estábamos detenidos. Esto es ya cuando la mayoría llevaba casi cinco días secuestrado.
Por suerte, los vecinos se dieron cuenta de que había efectivos de Investigaciones y así se lo contaron a mi familia, que es bien conocida en el sector. Reconocieron los vehículos y a algunos "tiras", así que la presión frente al hecho aumentó hasta que tuvieron que reconocer que estábamos allí detenidos, lo que debe haber ocurrido el martes o miércoles siguientes. Después estuve doce días en la cárcel".
-¿Cuál era la condición en que los mantuvieron en el cuartel? "Justamente, no estoy tan seguro del día en que nos sacaron de la incomunicación para llevarnos a la Fiscalía Militar, porque nos mantuvieron vendados y trataban de hacernos perder la noción del tiempo. Yo calculaba los días y las noches por los cambios de temperatura.
Mientras nos mantenían a todos juntos en el suelo de una pieza grande, vendados y amarrados, de repente nos pegaban el grito para sacarnos al interrogatorio.
En una de esas ocasiones me golpearon tan fuerte que me dejaron inconsciente, eso fue mientras estaba el Fiscal Militar (Miguel Troncoso N. de la R.) y tenía un actuario que escribía lo que yo iba diciendo. Allí aproveché de decir que nos estaban torturando, pero el Fiscal no dejó que eso constara en el documento y rápidamente me bajaron al subterráneo para sacarme cresta y media, hasta que quedé inconsciente. Varias veces en realidad me noquearon.
Una de las veces en que me aplicaban el teléfono (fuertes golpes con las palmas abiertas sobre los oídos. N. de la R.), se me cayó la venda y miré a los ojos a uno de los tipos. Para él fue como que hubiese visto al diablo, quedó helado, a pesar de que yo estaba amarrado parecía que lo apuntaba con arma. Luego lo reconocí en los careos en tribunales. Los "tiras" que nos daban comida y se mantenían de guardia aprovechaban toda ocasión para sacarse el bulto. A veces nos decían "los que están interrogándolos son de la CNI, nosotros estamos aquí sólo para cuidarlos". Cuando salimos hacia la cárcel, algunos nos deseaban que nos fuera bien y hasta trataban de darnos la mano como despedida. Uno de esos ahora es subprefecto en Copiapó". -¿Tuvieron atención médica esos días? "Sí. Nos revisaba un doctor de la CNI para saber hasta dónde podían seguir con las torturas. También recuerdo que nos vio el médico del Ejército Amudio Chong, que dijo que no presentábamos lesiones. Sólo cuando pasamos a la cárcel, el doctor de Gendarmería constató las heridas y su informe sirvió de base a la querella por apremios ilegítimos. En la Corte de Apelaciones estaba ese informe diciendo que nosotros presentábamos lesiones, hematomas, infecciones y quemaduras. Luego esto fue corroborado por médicos de la Cruz Roja Internacional. Finalmente, fuimos dejados en libertad por falta de méritos".
 

30 de Abril  2002 El Mostrador
Cheyre: 'Si soy requerido, tengo que colaborar con la justicia'
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dijo hoy en Coihayque estar dispuesto a presentarse a los tribunales en caso de ser citado por violaciones a los derechos humanos.
“Como todo ciudadano chileno tengo, si soy requerido, que colaborar con la justicia” dijo Cheyre en una visita de inspección a la Séptima División del Ejército en la Undécima Región.
Las afirmaciones del alto mando del Ejército tienen lugar cuando ha saltado a la palestra el caso de dos niños supuestamente ejecutados en 1973, por una patrulla militar del Regimiento Arica, de cuyo comandante era ayudante el entonces teniente Cheyre.
Jim Christie Bossy, de ocho años y Rodrigo Javier Palma Moraga, de siete, fueron asesinados el 24 de diciembre de 1973 mientras jugaban en las proximidades de un gasoducto que era custodiado por una patrulla del regimiento "Arica", cerca del domicilio de ambos, en el sector de "La Herradura", de Coquimbo

Primera Linea Lunes 6 de Mayo 2002
Bachelet reitera respaldo a Cheyre por caso de menores ejecutados
La ministra de Defensa Michelle Bachelet reiteró hoy el respaldo de la cartera al comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, ante la eventualidad de que sea citado a declarar por el caso de los dos menores ejecutados en Coquimbo en diciembre de 1973.
Asimismo, la secretaria de Estado valoró la determinación del jefe militar de comparecer ante la justicia si es requerido.
"Lo primero que quiero señalar, y ya lo he hecho, y no voy a hacer más comentarios, es que nosotros respaldamos en todo momento al comandante en jefe del Ejército", dijo la ministra.
Cheyre es requerido por familiares de los menores -Jimmy Bossy y Rodrigo Palma-, quienes fueron asesinados cuando jugaban en las proximidades del Regimiento "Arica" de Coquimbo.
En la época del crimen, el actual jefe castrense era ayudante del entonces comandante del regimiento, Ariosto Lapostol. Cheyre declaró la semana pasada que estaba dispuesto a colaborar con la justicia en este caso "como todo chileno", y el juez Juan Guzmán, tras supervisar la exhumación de los restos de una de las víctimas, hace dos días, no ha descartado pedir su testimonio.
Bachelet se refirió al tema luego de participar en un seminario que sirvió como marco para inaugurar el mes del Mar en Iquique. En la oportunidad, además, destacó los avances de la Armada para la renovación de su flota, tras la postergación del Plan Tridente.
En este sentido, el comandante en jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, dijo que la institución ha establecido contactos con Inglaterra, España, Italia y Holanda, con el objetivo de incorporar dos buques usados, ya que se tiene previsto dar de baja el mismo número de naves el 2005
 


Martes 2 de Julio  2002 PrimeraLinea
Exclusivo: Testimonio judicial del general Cheyre ante el ministro Guzmán
En un antecedente inédito en la historia judicial, por primera vez un comandante en jefe en servicio activo fue consultado por un juez sobre su eventual participación en violaciones a los derechos humanos. En una declaración de dos páginas, Cheyre aseguró que no supo nada sobre el crimen de dos menores en Coquimbo y que estaba en otra ciudad durante los hechos
Cuando el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dijo que "como todo ciudadano chileno tengo que colaborar con la justicia", no hablaba en vano. Al ser requerido por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, el jefe castrense contestó por oficio -de dos páginas- sobre su permanencia en La Serena el 24 de diciembre de 1973, cuando fueron asesinados dos menores por los miembros de una patrulla militar.
El proceso que tramita el magistrado busca desentrañar las causas y responsabilidades de la muerte de los niños de ocho y siete años, Jim Christie Bossy y Rodrigo Javier Palma Moraga, cuyos restos fueron exhumados hace tres meses para realizar los últimos peritajes tanatológicos.
Bajo la tesis que una patrulla militar del regimiento Arica había participado en esta acción, el juez Guzmán solicitó a Cheyre que respondiera un cuestionario en que las consultas apuntan a su permanencia en la zona del crimen, sus eventuales contactos con la patrulla militar y su relación con el jefe del regimiento, coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego.
En el documento judicial al que tuvo acceso Primera Línea, el general Cheyre afirma que el día del macabro crimen no se encontraba en La Serena, sino que había viajado a Iquique. Además, relata que nada supo sobre la existencia de una denominada "patrulla militar" y tampoco ahonda sobre el paso -días antes- de la fatídica Caravana de la Muerte que lideraba el general (r) Sergio Arellano Stark.
En este último proceso, el nombre de Cheyre salió a colación tras el cuestionado testimonio del coronel (r) Pedro Rodríguez, quien en el cuaderno secreto del caso aseguró que el alto uniformado estaba abajo el mando de Lapostol cuando pasó la comitiva de Arellano. Afirma que Lapostol ordenó a oficiales bajo su mando que "remataran" a las víctimas que había fusilado la comitiva proveniente de Santiago. Con ello vinculó directamente a Lapostol y, de paso, puso en jaque la figura del comandante en jefe.
Pero Cheyre nada dice de ello en su testimonio. De hecho, en el escrito sólo aclara que si bien era ayudante de Ariosto Lapostol, nada supo del ataque a los menores y de otros ilícitos que se cometieron en la zona norte del país.
Su negativa a los hechos es coincidente con la investigación que en círculos políticos se ha realizado desde el momento en que el nombre de Cheyre comenzó a sonar fuerte para suceder al general Ricardo Izurieta, y que hablaban que el oficial estaba "limpio" de cualquier actuación en violaciones a los derechos humanos.
A fin de comprobar la veracidad del testimonio de Cheyre y avanzar en la investigación, los abogados querellantes solicitaron al juez Guzmán que requiera al Ejército la nómina de todos los oficiales que estuvieron en la época en La Serena o que deambularon por la zona por medio de comisiones de servicio.
Aunque la petición ya fue acogida y la solicitud del documento ya fue despachada por Guzmán rumbo a la institución castrense, lo cierto es que aunque han transcurrido dos meses todavía no hay respuesta.
Pese al retraso, los querellantes confirmaron que no insistirán en la demanda, al menos por el momento, pues la postergación todavía se encuentra dentro de un margen "razonable".

Al mismo tiempo, se aguarda que el Servicio Médico Legal envíe la autopsia definitiva a los cuerpos de los menores. Tras su asesinato en 1973, sus restos sólo fueron hallados en 1978, cuando fueron exhumados y vueltos a enterrar, sin que se verificaran las causas de la muerte. Sólo este año, y con motivo de una querella interpuesta por la familia de las víctimas, el ministro Guzmán ordenó la exhumación de las osamentas para indagar cualquier evidencia que aporte información sobre las muertes y entregar definitivamente una autopsia completa.
Independientemente de esta diligencia en marcha, el magistrado también conoció el testimonio del coronel (r) Lapostol. Mucho más conciso que la declaración de Cheyre, el oficial en retiro fue consultado sobre los turnos en el regimiento Arica, la formación de esta brigada militar y la muerte de los menores. En cada una de las respuestas, el oficial aseguró que desconocía todos los antecedentes, y nada dijo sobre la presencia de Cheyre el día del crimen o meses antes del suceso.
La versión de los querellantes Los antecedentes recogidos por los querellantes señalan que los menores fueron ultimados a disparos por una patrulla militar que custodiaba unos gaseodutos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios del Servicio Impuestos Internos. Los oficiales -según la misma versión- tras dar muerte a los menores ocultaron sus cuerpos, los que sólo fueron hallados en 1978 cerca de sus domicilios a pocos metros de profundidad.
Justo en esta fecha el mundo de derechos humanos se conmovía ante el hallazgo de Los Hornos de Lonquén y se iniciaba el segundo crimen de los servicios de inteligencia, la remoción de cuerpos que eran luego dinamitados o bien lanzados al mar para hacerlos desaparecer para siempre.
Tras el hallazgo, los familiares recibieron en agosto de 1978 los dos féretros cerrados, a los cuales se adjuntaban dos certificados de fallecimiento que señalaban que "las causas de muerte eran indeterminadas". Sin embargo, según la versión de los querellantes, los cuerpos fueron revisados por un médico del SML local, quien aseguró a sus padres que la causa de muerte de ambos niños era una herida de bala de grueso calibre en la cabeza.
Pasaron muchos años hasta que el proceso saltara a la palestra, a raíz de testimonios que recordaban que el general Cheyre estaba bajo el mando del coronel Lapostol, uno de los principales inculpados en la causa, mientras su nombre sonaba fuerte para suceder a Ricardo Izurieta en la comandancia en jefe del Ejército.
El general Juan Emilio Cheyre ingresó a la Escuela Militar en 1963. Entre 1977 y 1979 fue alumno de la Academia de Guerra del Ejército. Egresó como Oficial del Estado Mayor. Fue profesor de la Academia de Guerra en ramos como Historia Militar y Táctica y Operaciones.
Junto a él, los querellantes pidieron que se cite declarar también a los miembros de la sección de inteligencia Carlos Verdugo Gómez y Osvaldo Pinchetti, conocido como el "doctor tormento". Este último está condenado a diez años de cárcel por su participación en el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, delito conexo al crimen del líder sindical Tucapel Jiménez.
El nombre de Pinchetti sale a colación porque en esos años debutaba como hipnotizador de la Sección de Inteligencia del Regimiento Arica.
Aunque el crimen se produjo dentro del período de amnistía, debido a que las víctimas son menores, no se puede aplicar esta ley, lo que obliga a los titulares a investigar. El caso de los menores no se encuentra registrado en el Informe de la Comisión Rettig, porque los padres de los pequeños no realizaron la denuncia por desconocimiento


17 de Diciembre 2004 El Mercurio
Cheyre aparece mencionado en lista elaborada por la Codepu
La Corporación de Defensa y Protección de los Derechos del Pueblo dio a conocer una lista de personas que participaron en violaciones a los Derechos Humanos durante el gobierno militar en la que se menciona al actual Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.
El documento recoge testimonios de personas que habrían sido víctimas de torturas y prisión política durante el período y que fueron omitidos por el informe Valech.
La lista del Codepu no tiene el rigor que se aplicó en el informe de Prisión y Tortura Política y sólo es un compendio de nombres entregados por personas que fueron testigos o protagonistas de los hechos.
La presidenta del organismo, Paz Rojas, asegura que hay testimonios en los que se señala que el general Cheyre habría participado en violaciones a los derechos humanos.
"Hay gente que fue torturada en el Regimiento Arica de La Serena que nombra entre sus torturadores al general Cheyre", señaló la dirigenta.
"Aquí esta el nombre de él...si se quiere querellar bienvenida sea", agregó.
Aún así, al ser consultada si Cheyre participó activamente o sólo fue un testigo de las vejaciones, Rojas dijo que a juicio de su organización "son torturadores quienes pasan la corriente y quienes miran como se hace".
Los testimonios que vinculan a Cheyre con casos de torturas provienen del pre informe de diciembre de 2002 elaborado por el mismo organismo y en el que Óscar Varas asegura haber sido torturado por el actual Comandante en Jefe del Ejército.
Otro mencionado en este documento es el alcalde de Providencia Raúl Labbé quien de acuerdo a lo que se señala en la lista habría sido testigo de torturas en Tejas Verdes pero no habría participado en ellas.
El informe también incluye el listado de 791 ciudadanos extranjeros de 39 países que habrían sido torturados durante el gobierno de Pinochet y que no fueron incluidos en el informe Valech.El Gobierno criticó la forma en que el Codepu recopiló testimonios de personas que aseguran que el comandante en jefe del Ejército participó de vejámenes en un regimiento de La Serena.
En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, le quitó cualquier validez al informe de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), que involucra al comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre con torturas.
Al respecto, el ministro Vidal indicó que no está en el ánimo del Ejecutivo amparar la impunidad, pero criticó el método con que se recogen los testimonios, a través de un organismo no oficial.
Por ello, restó valor a las acusaciones contra el jefe militar: "En Chile, desde el Presidente de la República hasta el ciudadano más modesto tienen los mismos derechos y deberes. Y en materia de derechos nadie puede ser acusado sin prueba ante los Tribunales de Justicia".
"Y el único que declara en Chile si se es inocente o culpable de cualquier tipo de delitos es el tribunal, el juez", recalcó.


http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_c/cheyre_juan_emilio.htm

La Historia Oculta del Régimen Militar

Donde Están?

Entradas populares

¡TERMAS DE POLLOQUERE Y SURIRE EN PELIGRO!