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sábado, 5 de noviembre de 2011

Enrique Leddy Araneda

Ejercito - Brigadier

29 de Mayo 2003 La Nacion
Condenas en último crimen de CNI

Tres oficiales de Ejército (R), ex integrantes de la CNI, fueron procesados como autores del homicidio del dirigente del MIR Jécar Neghme Cristi, ocurrido mediante disparos la noche del lunes 4 de septiembre de 1989 en la calle Bulnes en la zona oeste de Santiago. Con esta resolución del ministro en visita Hugo Dolmetsch fueron encausados los autores del último crimen de los servicios de seguridad de la dictadura.
La resolución afectó al brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, que fue el reemplazante de Alvaro Corbalán como jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987. Apodado “El Burro” por su tozudez, Leddy no había sido hasta ahora acusado por ningún hecho de sangre durante el régimen de Augusto Pinochet.

BRIGADA AZUL

Dolmetsch procesó, además, al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares, que también se encuentra declarado reo por el mismo magistrado en el homicidio del periodista José Carrasco. El tercer encausado es Luis Sanhueza Ros, uno de los oficiales más sanguinarios que operaron en la CNI y luego en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Sanhueza, alias “El Huiro”, de chapa Ramiro Droguett Aránguiz, está procesado por los crímenes de Carrasco, Operación Albania y los cinco frentistas hechos desaparecer en 1987 por la CNI.
El dictamen del juez estableció que los autores integraban la llamada Brigada Azul de la CNI, encargada de investigar las actividades del MIR. Sanhueza Ros la dirigía.
Disuelta la CNI, a fines de 1989, “El Huiro” pasó a formar parte de una de las estructuras de la DINE, para continuar realizando operaciones clandestinas aún después de finalizada la dictadura. Su vinculación también al crimen del “gerente” de la financiera ilegal del Ejército, La Cutufa, el empresario gastronómico Aurelio Sichel, además de las espadas de la justicia que ya sobre él pendían por los otros homicidios, habrían sido las causas por las que en 1991 la DINE resolvió sacarlo clandestinamente del país para radicarlo un tiempo en Argentina.
.Por ese mismo tiempo la DINE sacó igualmente en forma clandestina del país, por las misma razones de temor a la justicia, al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Herrera y Sanhueza formaron parte de la elite de oficiales operativos más obedientes de los servicios represivos. Ese mismo año, la DINE había sacado a Uruguay -también con nombre falso-para obstruir la investigación en Chile del crimen de Orlando Letelier al ex agente de la DINA, el químico Eugenio Berríos. Este sería luego asesinado por militares chilenos y uruguayos cerca de Montevideo.
Luego de la ruptura del MIR en 1987, Jécar Neghme abandonó la opción de la lucha armada y pasó a liderar el sector llamado MIR-Político, que estaba por integrarse a la lucha política contra el régimen militar, junto a los partidos y movimientos que ya estaban en ello. En esa condición lo sorprendió la muerte.

INVESTIGACIÓN

La investigación judicial abierta luego de cometido el homicidio pasó por las manos de varios ministros en visita, antes de llegar a la jurisdicción del magistrado Hugo Dolmetsch. El primer designado por la Corte Suprema, a los pocos días del crimen, fue el juez Carlos Meneses. Luego fue nombrado el magistrado Guillermo Navas, después de que Meneses asumiera como secretario de la Corte Suprema. Finalmente instruyó la causa el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer.
EL DIRIGENTE PÚBLICO DEL MIR
Si hay algo que sorprendió del asesinato de Jécar Neghme Cristi fue que se cometió en una coyuntura en la cual el gobierno militar se extinguía, con una CNI en proceso de disolución y atentando contra una persona que había evolucionado desde la vocería social de un MIR aún comprometido con acciones armadas a encabezar el ala política. Esta era partidaria de sumarse a la vía política, al calor de la incorporación de sectores de izquierda a la solución pacífica después del plebiscito de octubre de 1988.
Neghme, que en el Pedagógico encabezó a comienzos de los ’80, la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED), rama del frente estudiantil del MIR, fue dirigente del MDP y en 1987 optó por conducir al MIR a un proyecto menos militar y más social luego de la ruptura de la organización. Aquella vez Andrés Pascal Allende se quedó en la tesis más insurreccionalista. Al ser asesinado, Neghme ya era un rostro visible del giro del MIR.

6 de Febrero 2006 El Mostrador.cl

Dolmestch formula cargos contra seis ex CNI por crimen de Jécar Neghme 

El asesinato del líder mirista se produjo el mismo día que Patricio Aylwin era proclamado como candidato presidencial de la Concertación.
Hugo Dolmestch, ministro en visita que investiga el asesinato del vocero del Movimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dictó cargos por homicidio calificado contra seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Los acusados son el brigadier (r) Enrique Leddy Araneda; los coroneles en retiro Eduardo Norambuena Aguilar y Pedro Guzmán Olivares; los capitanes Silvio Corsini Encárate y Luis Arturo Sanhueza Ross; y el mayor (r) Manuel Navarrete Tello, todos por el delito de homicidio calificado ocurrido el 4 de septiembre de 1989.
Según diario Siete todos los miembros de la Brigada Azul, se encuentran desde mayo pasado confesos del crimen, salvo el brigadier (r) Leddy Araneda. 

Acribillado 

Jecar Neghme fue acribillado cuando salía de la sede del MIR (ubicada en calle
Bulnes) justo el día en que Patricio Aylwin fue proclamado como candidato a la Presidencia de la República, elección que el vocero más importante del partido había intentado legitimar entre sus compañeros desatando una pugna política al interior del conglomerado.
Esta circunstancia fue utilizada por años por los agentes represivos para desligarse de la responsabilidad que les cabía en el crimen, atribuyendo a los propios compañeros de Neghme el homicidio. 

16 de Agosto 2006 El Mostrador

Ex jefe metropolitano de la CNI:  Principal inculpado en muerte de Jecar Neghme pone fin a 'pacto de silencio' 

Brigadier (R) Enrique Leddy, alias ''El Burro'', decidió quebrantar la lealtad que mantenía con sus superiores, luego de que fuera condenado a cinco años y un día de presidio, junto a otros cinco subalternos. Según el abogado de DDHH Nelson Caucoto, en la apelación a la sentencia, dictada en julio por el ministro Dolmestch, el ex agente reconoce haber ocultado información.
El ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, decidió romper con su lealtad al mando y admitir que recibió ordenes superiores para ejecutar al militante del MIR Jecar Neghme Cristi, el 4 de septiembre de 1989, crimen que materializó junto a otros cinco subalternos de la agencia represiva creada durante la dictadura militar.
Neghme murió acribillado en la calle Bulnes de Santiago, a manos de la denominada "Brigada Azul" de la CNI, durante la campaña electoral que culminó con la victoria de Patricio Aylwin y que marcó el retorno de Chile a la democracia.
La confesión de Leddy se produjo la semana pasada, en el marco del proceso de apelación a la sentencia de cinco años y un día de presidio, dictada por el ministro de la causa, Hugo Dolmestch, a fines del mes de julio, según confirmó a El Mostrador.cl el abogado querellante Nelson Caucoto, quien valoró el hecho porque en el Ejército, a su juicio, hay lealtades “malentendidas”. 

"El Burro" se desentiende 

En su apelación, “El Burro” Leddy deslinda responsabilidades en el entonces jefe de la CNI en la época, general (R) Gustavo Abarzúa, quien no aparece procesado en la causa, pero, según los antecedentes que aparecen en la causa, debería aclarar si entregó una fuerte suma de dinero a Leddy para concretar el asesinato.
Hay que recordar que tanto él como Leddy debieron salir del Ejército por el llamado caso La Cutufa, vinculado a su vez a la muerte del empresario gastronómico Aurelio Sichel.
El alto oficial en retiro, que reconoció haber “ocultado información al tribunal” sobre el crimen, fue condenado junto al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares; el coronel (R) Jaime Norambuena; el capitán (R) Luis Sanhueza Ross; el capitán (R) Silvio Corsini y el mayor Manuel Allende Tello. Guzmán y Olivares recibieron tres años de pena remitida, en tanto a Norambuena y Corsini el juez les dictó una condena de dos años de presidio y al último inculpado, Allende Tello, sólo lo condenó a 541 días.
Las condenas son las últimas dictadas por Dolmestch en su cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que, como se sabe, dejó el caso para asumir como ministro de la Corte Suprema. 

Largo proceso 

Como se recordará, Leddy Araneda, apodado “El Burro” por su tozudez, fue el reemplazante de Alvaro Corbalán en la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987, y hasta el momento no aparece vinculado a ningún otro hecho de sangre ocurrido durante la dictadura militar.
Dolmestch dictó los primeros procesamientos en la causa, en 2003, luego de 14 años de investigación, la cual estuvo en gran parte en manos del ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, quien dictó sobreseimientos temporales reiterados en febrero de 1990, diciembre de 1991, octubre de 1994 y agosto de 1995. 

Miércoles 28 de enero de 2009
       Cooperativa.cl     
Corte Suprema otorgó pena remitida a culpables de crimen de Jecar Nehgme

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó las condenas, pero con pena remitida, de todos los responsables del crimen del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jecar Nehgme Cristi, asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 4 de septiembre de 1989.
Según la investigación desarrollada por el ministro Hugo Dolmestch, Nehgme fue asesinado para provocar que la gente desistiera de apoyar la opción "No" del plebiscito de 1988, puesto que el militante era un activo participante de la campaña para el retorno a la democracia.
Acogiendo la medida de prescripción, además de las atenuantes que señaló en su momento la Corte de Apelaciones de Santiago, el máximo tribunal condenó a cinco años de pena remitida al ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Levy Araneda y a tres años al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y al capital (r) Luis Sanhueza Ross.
El abogado querellante en la causa, Nelson Caucoto, criticó duramente el fallo señalando que no comprende como los autores confesos e intelectuales de este crimen "sean simplemente mandados a sus casas".
La hermana y otros familiares de Jecar Nehgme hicieron una presentación a la Corte Suprema, solicitando que no se entregaran penas remitidas en este caso, el último conocido de represión en dictadura.


Gustavo Abarzua

 
(General de Ejercito CNI – DINE)
 
Este General hoy en retiro fue Director de la CNI y posteriormente fue el jefe del DINE, Puesto que ocupo hasta su retiro. El es uno de los hombres de confianza de Pinochet y ocupo dos de los mas altos puestos en aparatos represivos.
El 28 de Diciembre fue detenido por su participación en la financiera clandestina “La Cutufa” 

16 de Agosto 2006 El Mostrador

Ex jefe metropolitano de la CNI:  Principal inculpado en muerte de Jecar Neghme pone fin a 'pacto de silencio' 

Brigadier (R) Enrique Leddy, alias ''El Burro'', decidió quebrantar la lealtad que mantenía con sus superiores, luego de que fuera condenado a cinco años y un día de presidio, junto a otros cinco subalternos. Según el abogado de DDHH Nelson Caucoto, en la apelación a la sentencia, dictada en julio por el ministro Dolmestch, el ex agente reconoce haber ocultado información.
El ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, decidió romper con su lealtad al mando y admitir que recibió ordenes superiores para ejecutar al militante del MIR Jecar Neghme Cristi, el 4 de septiembre de 1989, crimen que materializó junto a otros cinco subalternos de la agencia represiva creada durante la dictadura militar.
Neghme murió acribillado en la calle Bulnes de Santiago, a manos de la denominada "Brigada Azul" de la CNI, durante la campaña electoral que culminó con la victoria de Patricio Aylwin y que marcó el retorno de Chile a la democracia.
La confesión de Leddy se produjo la semana pasada, en el marco del proceso de apelación a la sentencia de cinco años y un día de presidio, dictada por el ministro de la causa, Hugo Dolmestch, a fines del mes de julio, según confirmó a El Mostrador.cl el abogado querellante Nelson Caucoto, quien valoró el hecho porque en el Ejército, a su juicio, hay lealtades “malentendidas”. 

"El Burro" se desentiende 

En su apelación, “El Burro” Leddy deslinda responsabilidades en el entonces jefe de la CNI en la época, general (R) Gustavo Abarzúa, quien no aparece procesado en la causa, pero, según los antecedentes que aparecen en la causa, debería aclarar si entregó una fuerte suma de dinero a Leddy para concretar el asesinato.
Hay que recordar que tanto él como Leddy debieron salir del Ejército por el llamado caso La Cutufa, vinculado a su vez a la muerte del empresario gastronómico Aurelio Sichel.
El alto oficial en retiro, que reconoció haber “ocultado información al tribunal” sobre el crimen, fue condenado junto al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares; el coronel (R) Jaime Norambuena; el capitán (R) Luis Sanhueza Ross; el capitán (R) Silvio Corsini y el mayor Manuel Allende Tello. Guzmán y Olivares recibieron tres años de pena remitida, en tanto a Norambuena y Corsini el juez les dictó una condena de dos años de presidio y al último inculpado, Allende Tello, sólo lo condenó a 541 días.
Las condenas son las últimas dictadas por Dolmestch en su cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que, como se sabe, dejó el caso para asumir como ministro de la Corte Suprema. 

Largo proceso 

Como se recordará, Leddy Araneda, apodado “El Burro” por su tozudez, fue el reemplazante de Alvaro Corbalán en la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987, y hasta el momento no aparece vinculado a ningún otro hecho de sangre ocurrido durante la dictadura militar.
Dolmestch dictó los primeros procesamientos en la causa, en 2003, luego de 14 años de investigación, la cual estuvo en gran parte en manos del ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, quien dictó sobreseimientos temporales reiterados en febrero de 1990, diciembre de 1991, octubre de 1994 y agosto de 1995.

http://www.memoriaviva.com/culpables/criminales_a/abarzua_gustavo.htm

La Cutufa. Su historia secreta. El escándalo que estremeció al ejército


De María Eugenia Camus

Editorial:
Planeta
Cantidad de páginas:
320
Lugar de publicación:
Santiago de Chile
Fecha de publicación:
Julio de 2001
Con estilo preciso y de fácil lectura, la autora desvela el funcionamiento de la financiera ilegal conocida como “La Cutufa”, que funcionó durante los últimos años de la dictadura chilena, desde las entrañas mismas del ejército, estafando a cientos de uniformados y civiles.
Camus relata paso a paso el nacimiento, en 1985, de esa maquinaria cuyas cabezas visibles fueron los oficiales Gastón Ramos y Patricio Castro, sin lograr establecer con seguridad si ellos fueron los verdaderos fundadores o sólo ejecutores, mientras los cerebros de la operación permanecieron impunes en la oscuridad de los cuarteles.
La obra muestra cómo se ligan los hombres de La Cutufa con el mundo empresarial, las drogas, la diversión nocturna y los crímenes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), en un período en que los que detentaban el poder creían que todo les estaba permitido.
También se cuenta la historia del empresario gastronómico Aurelio Sichel, que se asoció con Patricio Castro en su restaurante El Rodizzio, de hecho la sede de La Cutufa. Sichel también se relacionó estrechamente con miembros de la CNI, antes de ser asesinado. Se sospecha que el crimen lleva la marca de la policía secreta del régimen militar, pero como tantos otros homicidios, sigue sin resolverse. Un libro de lectura necesaria para conocer parte de un oscuro período de la historia de Chile, se inscribe en el urgente periodismo de investigación que hoy, por falta de pluralidad en la prensa escrita de Chile, se puede ejercer casi exclusivamente a través de los libros.

Descubren vínculo de implicados en Cutufa con muerte de jueza en 1990

Antecedentes aportados por testigos indican que se trataría de un homicidio y no un suicidio, como se determinó en la época. Nuevamente se repiten los nombres de Patricio Castro y Álvaro Corbalán.

Luis Narváez AlmendrasHan pasado más de 15 años y nada más se supo de la extraña muerte de la jueza del Undécimo Juzgado del Crimen de Santiago, Mónica Tagle Madrid, la primera magistrada en investigar los oscuros pasos de La Cutufa, financiera ilegal que funcionó al interior del Ejército a fines de los 80.El 18 de octubre de 1990, muy lejos de su hogar en Providencia, la mujer pereció calcinada al interior de su vehículo, en un despoblado cercano a Pirque bajo un aparente suicidio.

El lugar del suceso, curiosamente, estaba a pocos metros de la casa donde Aurelio Sichel, empresario gastronómico ligado a la CNI, asesinado pocos meses antes. Este hecho de sangre dejó al descubierto el funcionamiento de dicha financiera.
Aparecen las pistas

El empresario gastronómico Aurelio Sichel.

Hace pocas semanas, la titular del 33er Juzgado del Crimen de Santiago, Eleonora Domínguez, se encontró, inesperadamente, con antecedentes sobre la muerte de la jueza Tagle. Desde diciembre el año pasado que la magistrada investiga una operación encubierta de ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) para rescatar desde el extranjero millonarias sumas de dinero que fueron acumuladas ilegalmente durante el período en que funcionó la CNI.
Un centenar de personas ya han declarado y en enero se recibieron nuevos antecedentes, esta vez, sobre acciones realizadas entre 1989 y 1990. Aquello fue entregado por Pedro Peña Marquicio, cineasta uruguayo que actualmente se encuentra sometido a proceso por estafa -pero en libertad provisional- en una de las aristas de esta misma causa.
A principios de año interpuso una denuncia directa contra la ex CNI y la DINA, que acompañó con voluminosa información que ha sido chequeada por el tribunal y por agentes de inteligencia de Carabineros.
Fuentes allegadas a la investigación aseguraron a este diario que existen “serias sospechas” de que algunos de los implicados en La Cutufa, ex agentes de la CNI, participaron en la muerte de la jueza Tagle y que se trataría de un homicidio “destinado a obstruir la investigación de la financiera ilegal”.
A juicio de las mismas fuentes, dentro de la investigación de la época, a cargo de la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Gabriela Hernández, no se tomaron en consideración algunos elementos presentes en el lugar donde se incendió el auto marca Renault, en cuyo interior la magistrada murió calcinada por la acción de un solvente de alta combustión.
Retirados activos
Aunque varios de los miembros de la CNI que participaron en La Cutufa aparecían como oficiales o suboficiales retirados del Ejército, los antecedentes apuntan a que algunos continuaban vinculados a la institución castrense, mediante la designación de siglas que los identificaban como tal, y el uso de vehículos fiscales. Entre estos antecedentes aparece el nombre del mayor (R) Patricio Castro Muñoz, Álvaro Corbalán Castilla (ex jefe operativo) y Francisco Zúñiga (“El Gurka”), entre otros.
La ex pareja de la actriz de Canal 13 Carolina Arregui era el principal captador de dinero de La Cutufa y brazo derecho de Gastón Ramos Cid (sindicado como gerente).
Ambos fueron los primeros en ser detectados por la jueza Mónica Tagle como los responsables de la emisión de cheques por millonarias sumas, que algunos clientes tenían como garantía de los dineros que les entregaban para ganar el 15 por ciento de interés que ofrecía La Cutufa.
Según trascendió, la jueza Domínguez ya tiene en sus manos el expediente de la investigación sobre la extraña muerte de la magistrada Mónica Tagle y estaría contrastando los nuevos antecedentes con los datos que existen en la antigua causa, guardada hasta hace poco meses, entre miles de expedientes del archivo judicial de San Miguel.
Lo que comenzó como una gran estafa -mal denominada Cutufa II-, perpetrada entre el 2004 y 2005, se ha transformado en un nuevo impulso para revisar y reactivar otros tres procesos que estaban detenidos: La Cutufa, el homicidio de Aurelio Sichel y el ya casi inexistente suicidio de Mónica Tagle. LN

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060411/pags/20060411214919.html




http://rie.cl/lanacioncl/?a=50783

La mafia de las facturas falsas - Sus nexos con los servicios de seguridad de la dictadura

Autor: MANUEL SALAZAR SALVO

Una vasta organización criminal dedicada a los delitos económicos, entre ellos el fraude tributario, ha estado operando en Chile -con redes en el extranjero- desde comienzos de la década de los 90, conformada en gran parte por ex miembros y colaboradores de los servicios de seguridad de la dictadura militar, según han podido vislumbrar algunos magistrados y detectives que investigan diversos procesos judiciales.
La red delictiva opera sobre la base de una estructura ideada hace más de dos décadas, cuando integrantes de algunas brigadas de la CNI empezaron a lucrar con cuantiosos fondos proporcionados por la dictadura para combatir la “subversión” y organizar el movimiento político Avanzada Nacional (AN).
Los cabecillas de ese dispositivo, entusiasmados por el lucro fácil, dieron forma, a fines de los 80, a una financiera informal denominada La Cutufa, que involucró a centenares de miembros de las Fuerzas Armadas. Quedó al descubierto tras el asesinato del empresario gastronómico Aurelio Sichel, en julio de 1989, quien actuaba como gerente de la entidad y que, además, era instructor de artes marciales de los militantes de AN. Uno de los gestores de aquella trama ilegal, el capitán de ejército Patricio Castro Muñoz, adscrito entonces a la CNI, reapareció en un caso similar el año 2005 -al que los periodistas denominaron Cutufa II- que ha sido investigado por tres Juzgados del Crimen de Santiago.
Castro, hoy mayor en retiro, fue sindicado al menos por dos querellantes como gestor de una operación fraudulenta iniciada en 2003 para rescatar cuantiosos fondos de la CNI depositados a plazo en varios países. Castro sostiene que esos dineros corresponden a una herencia y venta de un fundo de la familia de su amigo Gerardo Ariztía, en Longotoma, Quinta Región.
El caso, sin embargo, adquirió nuevas connotaciones cuando una ex asistente financiera de Castro, Beatriz Ugarte Cardemil, declaró ante la magistrada Eleonora Domínguez, del 33° Juzgado del Crimen, que el oficial en retiro y algunos de sus socios estaban también detrás de una organización dedicada a la venta de facturas para la evasión y fraude tributarios, detectada en la rendición de gastos electorales de Guido Girardi, Carolina Tohá, Lily Pérez y Sebastián Piñera.
La aparición de irregularidades en las cuentas electorales abrió una investigación -el “caso Publicam”- que hoy es llevada por tres fiscales y que hasta el momento deja entrever la emisión de más de 25 mil facturas falsas por un centenar de sociedades ilícitas y la participación de unas 200 grandes empresas en la compra de facturas para cuadrar sus estados financieros.
LA CUTUFA II
Uno de los involucrados en la Cutufa II, el uruguayo Pedro Peña Marquicio, denunció en febrero de 2006 ante el 33° Juzgado del Crimen ser víctima de amenazas de Patricio Castro, del mayor (r) Alvaro Corbalán y de Gerardo Ariztía Irarrázaval, luego de negarse a participar en la recuperación de una supuesta herencia que ocultaba el rescate de dineros de la Dina y CNI depositados en bancos extranjeros. Según Peña, el cerebro de la operación era Alvaro Corbalán, y ella consistía en recaudar fondos para que Castro y Ariztía gestionaran el supuesto cobro de la herencia, previo compromiso con los contribuyentes de recibir cuantiosos intereses por sus aportes. Peña Marquicio agregó que Luis Undurraga Finlay sería el encargado de retirar 10,5 millones de dólares del Pinebank de Miami, fondos que entregaría al abogado Marcelo Jadue para repartirlos entre los acreedores. Undurraga fue uno de los dueños de la discoteque “Gente”, frecuentada en los años 80 por agentes de seguridad y jóvenes incondicionales de la dictadura militar; y, como tal, en 1996 fue uno de los testigos citados por el ex ministro Francisco Javier Cuadra para acusar de consumo de cocaína a Andrés Allamand y a otros políticos de la derecha liberal.
Detectives que trabajan bajo las órdenes de la jueza Domínguez incautaron un computador del abogado Marcelo Jadue donde aparecieron tres listas de personas con los montos que Castro y Ariztía debían pagarles tras el cobro de la presunta herencia.
Beatriz Ugarte afirmó que las cifras que recibirían los involucrados en el rescate de fondos eran muy cuantiosas: Patricio Castro, 4.366 millones; Gerardo Ariztía, 3.780 millones; Carolina Arregui, 1.660 millones; Marcelo Jadue, 930 millones; Luis Undurraga Finlay, 260 millones; Antonio Bathich, 200 millones; Miguel Esbir (“Miguelo”), 95 millones; Carlos Capela, $ 78 millones; Víctor Matthei Aubel, 48 millones; Miguel Piñera, 40 millones y Augusto Pinochet Hiriart, 22 millones.
Casi todas las personas involucradas en la Cutufa II corresponden a un núcleo de amistades forjadas por los mandos de la CNI con el mundo del espectáculo, la televisión y la bohemia, desde mediados de los años 80, cuando Alvaro Corbalán animaba con canto y guitarra las veladas de trasnoche y el capitán Castro se encargaba de la protección de artistas, managers y productores durante los festivales de la canción de Viña del Mar. De aquellos años datan también los vínculos con los hermanos Pinochet Hiriart y con el empresario descendiente de sirios Yamal Edgardo Bathich y su grupo de amigos, también asiduos visitantes de la discoteque “Gente”.
Interrogado por la jueza Domínguez, Gerardo Ariztía reconoció que más de 3.500 millones de pesos fueron repartidos entre los nombres que salían en las listas, pero insistió en que el dinero tuvo su origen en la venta de un fundo familiar. En los trámites realizados para recuperar los fondos depositados en el extranjero, llamó la atención que Castro viajara con poderes de Ariztía legalizados en los consulados de Argentina, España, Egipto, Suiza, China y Alemania.
Diversos ex agentes de la CNI interrogados por detectives que investigaban a comienzos de los 90 los crímenes cometidos por la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), entregaron testimonios extrajudiciales que apuntaban al ocultamiento y desvío de fondos de la CNI al exterior por parte de Alvaro Corbalán y algunos de sus colaboradores. Esos dineros fueron ocultados en cuentas de ahorro y depósitos a plazo en varios países bajo nombres de amigos y amigas de confianza.
LA MAFIA DE LAS FACTURAS
El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso querellas para perseguir a los responsables de generar facturas para defraudar al Fisco. “Todos los indicios apuntan a que se trata de una organización criminal con cierto patrón de conducta destinado a hacer muy difícil su detección; actuó con sofisticación”, explicó en su momento el director del SII, Ricardo Escobar. Poco después, la policía buscaba intensamente a Juan Sebastián Meyerholz Godoy, que aparecía como arrendatario de las oficinas donde funcionaba Publicam, en Huérfanos 1117; y a Manuel Antonio Arancibia Morales, presunto responsable de la organización.
Meyerholz tenía un prontuario reducido: tres encargos judiciales por dos giros dolosos de cheques y una presunta estafa. Pudo levantar una orden de arraigo y abandonar Chile rumbo a Argentina, primero, y luego a Brasil, acompañado por su abogado, Marcelo Jadue. Este, de regreso a Chile, negó durante semanas que su cliente tuviera algo que ver con Publicam. Jadue aseguró que la estadía en el país carioca fue costeada con dineros proporcionados por Bernardo Carrasco, ex dueño del canal de televisión TVO, quien debía a Mayerholz 55 millones de pesos y con quien eran socios en la propiedad del cabaret “Shampoo”, centro nocturno a cuya administración aspiraba ingresar Augusto Pinochet Hiriart.
Por su parte, Manuel Arancibia fue sindicado por el senador Guido Girardi como el nexo entre su comando y la empresa titular de las facturas que se incluyeron en su rendición de gasto electoral y en las de Sebastián Piñera y Lily Pérez, además de otras cuentas en Chiledeportes. Arancibia, “El gordo” para sus amigos, fue señalado hasta hace poco como el creador de más de 50 sociedades fantasmas destinadas a eludir impuestos y defraudar al Fisco. Entre ellas se ha mencionado a Soc. Comercial Publicam Ltda., Sociedad Comercial Lo Valledor Ltda., Soc. Comercial Demotram Ltda., Soc. Comercial Aras & Berrotea Ltda., Soc. Comercial Trony Ltda., Proyectos, Ingeniería, Montajes, Obras y Construcciones Vista Hermosa Ltda., Soc. Constructora Ingeniería y Servicios Ltda., Soc. Comercial La Custre Ltda., Empresa Constructora Sion Ltda., Soc. Agrocomercial y de Transporte Palma Hermanos Ltda., Servicios Asesorías e Inversiones Cyber Win Ltda., Sociedad Comercial Porvenir Ltda., Sociedad Comercial Cerro Sombrero Ltda., Sociedad Comercial Aristrans-Mot Ltda., Sociedad Comercial y Ganadera Mar y Tierra Ltda., Sociedad Comercial Exce-Maq Ltda., Sociedad Comercial ABCDFG Ltda., Sociedad Comercial Cons-Trans-Fer Ltda., Sociedad Comercial El Baisano Ltda., Sociedad Comercial El Agricultor Frutícola Ltda., Sociedad Comercial Chuky Ltda., Sociedad Comercial de Asesorías e Inversiones Ltda., Sociedad Comercial Leber Mark Ltda., Sociedad Agrícola Colchagua Ltda., Sociedad Comercial Soko Manu Ltda., Sociedad Comercial Sinstel Ltda., Sociedad Agrícola y Comercial San Antonio Ltda., Southern Fruits S.A. y Sociedad Comercial Lubry-Maq Ltda., todas con domicilio en San Bernardo y creadas gracias a privilegiados contactos con funcionarios del SII.
La organización disponía, además, de poderes falsificados, escrituras públicas adulteradas y redactadas en la notaría de Félix Jara Cadot, de Santiago, que ha figurado en numerosos procesos judiciales por haber protocolizado contratos o constituido sociedades para cometer delitos. En esa notaría, por ejemplo, se realizaron los traspasos de algunos vehículos robados cuyos documentos eran falsificados en Curicó. Dicha investigación fue llevada por el actual fiscal jefe de Ñuñoa, Vinko Fódic, quien logró condenar a un grupo de personas, entre ellas Augusto Pinochet Hiriart.
La oficina de Arancibia en calle Huérfanos fue allanada en dos oportunidades por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec). La primera, por orden del fiscal Francisco Jacir, que investiga las irregularidades en Chiledeportes; la segunda, por orden del fiscal Iván Millán, en la causa Publicam-Servel. En la segunda ocasión se incautó un computador cuyo contenido está siendo revisado, al igual que disquettes encontrados en una propiedad cuya ubicación se mantiene en reserva. Los policías han comprobado que Arancibia era muy cuidadoso en el registro de datos y sólo anotaba lo mínimo, como fechas, montos y algún nombre, apodo o apellido. De allí han ido surgiendo los seudónimos “Pelao”, “Chato” y “Curicó”, entre otros, cuyas verdaderas identidades se pesquisan.
VIEJOS CONOCIDOS
Beatriz Ugarte, hoy con protección policial, reveló que Patricio Castro y Juan Meyerholz Godoy eran parte de una “mafia dedicada a la venta de IVA”, agregando que “no me sorprende nada de este grupo, porque es una mafia que es el fuerte de La Cutufa II y está en todas partes”. La mujer acusó también a la actual pareja del mayor (r) Castro, Paula Bocaz, querellada en el proceso de La Cutufa por estar relacionada con otra empresa dedicada a la venta de facturas falsas a figuras de la televisión y el fútbol, entre ellas a Iván Arenas (El Profesor Rossa) querellado por el SII por una evasión tributaria cercana a 600 millones de pesos. También mencionó al cantante José Alfredo Fuentes y al humorista “Checho” Hirane.
El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, pidió al (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición impresa de Punto Final Nº 634, 9 de marzo, 2007)



http://www.puntofinal.cl/634/mafia.htm

El "Negro": El dolor de cabeza para La Moneda


17/05/2011

Se manejó con absoluto hermetismo. El  28 de abril, y justo un día antes que fuera internado en la clínica psiquiátrica Santa Sofía, Miguel Piñera recibió una demanda por amenazas. Fernando de la Cerda, empresario y dueño de la discoteca Sala Murano, presentó una querella ante el 4º Juzgado de Garantía debido a unos llamados telefónicos  y mensajes de texto que habría recibido del "Negro". Ahí, el hermano del presidente lo acusaba de haber tenido un affaire con  su mujer, Belén Hidalgo. "No sabes con quién te metiste"; "estás hablando con el hermano del presidente";  "está en riesgo la seguridad del presidente"; y "te voy a buscar a tu casa ahora" son algunas de las frases que Miguel Piñera habría lanzado a su interlocutor durante una serie de llamados telefónicos que transcurrieron durante la madrugada del 27 de abril.
De la Cerda habría quedado atemorizado. Es que él es el mismo empresario que en julio del 2010  sufrió una brutal golpiza de parte de un desconocido en una estación de servicio.
Por lo mismo, De la Cerda -asesorado por el abogado Fernando Uribe y Francisca Reyes- optó por demandarlo.  Lo que no sospecharon fue que a las pocas horas el "Negro" ingresaría a la clínica psiquiátrica.
En contrapartida, la familia Piñera Echenique encargó a los juristas Carlos Zepeda y Gonzalo Cisternas seguir el tema. Fuentes ligadas al libelo aseguran que, a pesar de que  Magdalena Piñera Echenique ("Pichita") fue designada para llevar el asunto dentro del clan familiar, en más de una oportunidad fue el mismo Sebastián Piñera quien conversó las estrategias legales con los abogados.
Así, el martes pasado, y tras casi 20 días con Miguel Piñera recluido en Santa Sofía, las partes llegaron a un acuerdo que se maneja con completa confidencialidad. Éste establecería que el demandante se compromete a desestimar la querella, mientras que el demandado no podrá acercarse a De la Cerda ni a su discoteca. Y aunque los representantes de Miguel Piñera lo desmienten, hay quienes aseguran que desde el entorno del cantante habrían pagado una suma de dinero, la cifra; sin embargo, se guardaría bajo siete llaves. El  próximo lunes 23 de mayo se firmará el acuerdo en el juzgado.
En La Moneda están al tanto del tema. Allí se decidió radicar el asunto en el plano familiar y  que serían "Pichita" y Pablo Piñera los encargados de dar explicaciones públicas en caso de ser necesario. En palacio, es Magdalena Piñera Morel, hija mayor del mandatario, quien monitorea el caso. Ella, incluso, ha visitado a su tío en la clínica un par de veces.
Pero éste no es el único flanco que preocupa a los familiares y en palacio. Por coincidencia, el mismo 28 de abril el fiscal Alejandro Sánchez -de Santiago Centro- pidió la revocación de la suspensión condicional de otra causa que aqueja al "Negro". Se trata del choque que protagonizó -y que provocó lesiones a una mujer- en octubre de 2009, mientras manejaba su Hummer en el centro de la capital. Entonces, fue formalizado por conducir en estado de ebriedad y fue condenado a 50 horas de trabajo comunitario, además de pagar $6 millones de indemnización a la afectada.
Sin embargo, según establece el fiscal en el documento judicial, Piñera no ha acreditado el cumplimiento íntegro de las horas de trabajo comunitario, por lo que será citado a declarar el 27 de mayo.
Quienes conocen el caso, dicen que Piñera ha dejado constancia de su cumplimiento, señalando que ha visitado hogares de ancianos y colegios -donde explica  cómo es  ser artista-. Asimismo, asegura que   acompañó a las familias de los mineros con canciones y guitarreos. Esto, para el fiscal Sánchez sería un cumplimiento poco claro de su pena. Por lo que la idea de la audiencia de la próxima semana es afinar con mayor detalle cómo deberá ser el trabajo comunitario.




http://www.quepasa.cl/articulo/ojos-de-la-llave/2011/05/17-5761-9-el-negro-el-dolor-de-cabeza-para-la-moneda.shtml

Los líos del hermano del Presidente: Los negocios de Miguel Piñera, un empresario al límite


Por : Cristóbal Peña en Reportajes de investigaciónPublicado: 06.06.2011
LOS LÍOS DEL HERMANO DEL PRESIDENTE:

Luego de que embargaran el Entrenegros y sus empleados se querellaran por incumplimientos laborales, el cantante siguió haciendo negocios a través de terceros, sin figurar en los contratos. Con este modelo ha fundado locales junto al controvertido abogado Marcelo Jadue, el cuñado de la animadora Patricia Maldonado y los socios del sicario José Ruz. Con su estilo, y en el mundo en que se mueve, no sale de un lío cuando está en otro. Para eso está su hermano Presidente, cuyos abogados consiguieron el levantamiento del embargo de una Nissan Pathfinder que acumula multas de tránsito impagas.
Una Nissan 4×4 Pathfinder Lux es lo último que queda entre Miguel Piñera y Belén Hidalgo. Está a nombre de él pero ella la usó desde el comienzo de la relación y la sigue usando en estos días. Aún cuando están oficialmente separados. Aún cuando esa camioneta tiene nueve multas de tránsito impagas desde 2006 y su permiso de circulación no ha sido renovado. Aún cuando tres meses atrás, para la celebración del cumpleaños de ella en el capitalino pub Las Urracas, él se ufanó ante la prensa de regalarle un flamante Chrysler 300 que exhibió pero nunca inscribió a nombre de su ahora ex esposa.
La Nissan no es ni por lejos el auto más costoso que el hermano menor del Presidente de la República tiene inscrito a su nombre. Tampoco es un juguete que su dueño se empeñe en conservar por un asunto afectivo. Lo conserva porque de momento no puede hacer otra cosa con él. En 2007, a raíz de una demanda laboral de ex empleados del pub Entrenegros, un tribunal decretó su embargo y estuvo a punto de ir a remate. Sin embargo, ayudado por los abogados del estudio Barros & Errázuriz, los mismos que se encargan de los asuntos legales de su hermano Presidente, Miguel Piñera logró que el embargo nunca se hiciera efectivo. Y de paso, a diferencia de sus antiguos socios en el Entrenegros de calle Suecia, consiguió eludir el pago de lo adeudado en cotizaciones, sueldos e indemnizaciones.
Esa camioneta es un símbolo, y no sólo porque sigue en poder de la modelo Belén Hidalgo: representa el estilo con que el hermano del Presidente ha llevado su vida y desarrollado su carrera musical y de empresario de locales nocturnos. Un estilo accidentado, informal y ladino que le ha traído fortuna pero también serios problemas legales. Un símbolo porque además, a partir del juicio que derivó en el embargo del auto, Miguel Piñera evitó a abrir sociedades con su nombre. En adelante prefirió usar intermediarios y testaferros que lo representaron en negocios que hizo con gente como el controvertido abogado Marcelo Jadue, el asesor del ministerio del Interior Cristián Barra y los socios del sicario José Ruz.
José Miguel Carlos Piñera Echenique, de 56 años, transita al borde de la legalidad y sus líos no son travesuras de adolescente. Acaba de llegar a un acuerdo extrajudicial para detener una querella por amenazas de muerte contra el dueño de Sala Murano. Acuerdo similar al que suscribió un par de años atrás con otro empresario por los mismos motivos.
El último de los juicios laborales en su contra, por el que resultó condenado, fue archivado a comienzos de este año sin que pagara un solo peso. Y aunque el año pasado desembolsó seis millones para que le fuera suspendida la causa que se le siguió por embestir su enorme Hummer contra un Austin mini y darse a la fuga, el mes próximo está citado a una audiencia por no haber acreditado el cumplimiento de las 50 horas de trabajo comunitario que le impuso un tribunal por su responsabilidad en el accidente.
El menor de los Piñera Echenique vive al límite y ahora, tras separarse y permanecer un mes en una clínica de rehabilitación, acapara titulares. En otra época su situación podría haber sido materia de la farándula. Hoy es un asunto de Estado.

Nostalgia ochentera

De tan repetido el cuento ya parece mentira: antes de morir en 2000, mediante una carta, la madre de Sebastián Piñera le pidió que cuidara y se ocupara de su hermano menor. Razones tenía de sobra para preocuparse. A esas alturas Miguel Piñera no salía de un lío cuando ya estaba metido en otro.
Los mayores problemas empezaron a mediados de los noventa, a la par con el auge de su carrera de empresario de locales nocturnos, desarrollada junto a Miguelo, nombre artístico de Miguel Esbir Barco. Miguel y Miguelo. Los cantantes que habían hecho fama en dictadura se unieron en la siguiente década en torno a negocios que explotaban la nostalgia ochentera.
El primero que tuvieron en conjunto fue un local de Lo Barnechea que bautizaron Entre Negros y Blancos y marcó la pauta de los venideros. Gozó de éxito comercial pero su administración resultó tan desastrosa que terminó con querellas y embargos judiciales. El Seriatutix seguiría un derrotero similar.
Inaugurado a comienzos de los noventa, el local de avenida Colón esquina Sebastián Elcano no tomó vuelo hasta la segunda mitad de esa década, cuando el dúo de cantantes se asoció a los empresarios Ricardo Muller y Ricardo Bezanilla. Miguel y Miguelo eran la cara del local. Solían actuar y hacer vida social ahí. Piñera estaba tan comprometido que vivía en un departamento frente a esa esquina. A pasos de su lugar de trabajo. Era mediados de los noventa y el local era punto de referencia de la farándula y oficinistas y ejecutivos con ánimo de desenfreno. Ese ánimo también contagiaba a sus dueños, que confiaban la administración a Domingo Pino Sastre, Chumitapara los amigos. Sastre es hermano del esposo de Patricia Maldonado y dueño del desaparecido bar Confetti, donde se divertían los altos agentes de seguridad del régimen militar.
Chumita era el brazo derecho del Negro, su hombre de confianza, porque él es re contra desordenado y al lote y no tiene idea de negocios. En esos tiempos si necesitaba plata él iba a la caja del Seriatutix y la sacaba, lo que le provocaba problemas con sus socios –recuerda un ex empleado de confianza.
Las cosas no terminaron bien en el Seriatutix. Tampoco en el Entrengros, que sucedió al otro y tuvo más fama y controversia. Miguelo fue a dar a la cárcel por giro doloso de cheques y fue objeto de embargos de sus bienes personales. Miguel tuvo mejor suerte y la ayuda de su hermano Sebastián, quien ha honrado la petición de cuidar a su hermano menor que su madre le hizo poco antes de morir.
Hacerse cargo de que tenga los mejores abogados para defenderse es una de las formas en que Sebastián Piñera cumple su promesa. Según se lee en el libro Piñera. Historia de un ascenso, de Loreto Daza y Bernardita del Solar: “Sebastián no ha faltado a ese compromiso. ‘Resuelvan el problema’, ordena a sus abogados, cada vez que El Negro se mete en un lío, algo bastante frecuente y desgastante, puesto que ejercer esa tutela no sólo demanda asesoría legal y recursos económicos, sino que también una gran dosis de paciencia. Sobre todo, cuando un abogado cercano a Piñera dice que apenas una mínima parte de los líos en que se mete el cantante son conocidos por la opinión pública”.
La última intervención conocida del Presidente tuvo que ver con la farándula. Según publicó el viernes 3 de junio el diario La Cuarta, Miguel Piñera estaba a punto de darle una entrevista televisiva a Giancarlo Petaccia, cuando un llamado telefónico de su hermano lo hizo cancelar todo.

Invitado de piedra

La historia de Miguel Piñera tiene un capítulo episódico que determina su suerte en la escena musical chilena. Un capítulo al que su protagonista se ha empeñado en imprimirle un carácter épico, legendario incluso, pero que en la práctica se constituye de elementos estrictamente prosaicos.
Ocurrió en 1975, cuando se embarcó en una suerte de viaje de iniciación por Latinoamérica. Lo acompañó el guitarrista Oscar Ratón Pérez, con quien formaba un dúo musical llamado Miguel y Ratón que solía presentarse en un programa televisivo animado por Pepe Gallinato. Los dos amigos soñaban con una carrera artística, pero considerando como estaban las cosas después del golpe de Estado, se conformaban con arrancar del ambiente opresivo que había en el país.
Tras recorrer Bolivia, Perú y Ecuador, el dúo llegó a la casa de unos amigos en común en Río de Janeiro. A decir verdad, sólo Ratón Pérez conocía a los dueños de casa, un trío de músicos chilenos que formaban parte del grupo Agua y hacían carrera en Brasil. Piñera era un invitado de piedra, más todavía considerando que no cayó nada bien entre los dueños de casa y llegó acompañado de una novia estadounidense que conoció en el camino.
–Nosotros vivíamos en comunidad, compartíamos todo, pero él no calzaba con ese esquema. Era individualista, muy rara vez aportaba, se salvaba solo. Igual aceptamos que se quedara en la casa porque andaba con Ratón Pérez, que era nuestro amigo y comenzó a tocar con nosotros –recuerda el guitarrista de Agua, Nelson Araya.
Fue en esa casa de Río de Janeiro que Miguel Piñera escuchó por primera vez La luna llena. Compuesta por Araya, era uno de los temas que el grupo tocaba habitualmente en sus presentaciones en Brasil. También tocaban las clásicas canciones chilenas y latinoamericanas de raíz folclórica que más tarde Piñera integró al repertorio de su carrera solista.
El beneficio fue completo cuando Milton Nascimento descubrió al grupo chileno y lo invitó a participar en la grabación de Geraes (1976), su disco más famoso. Piñera no formaba parte del grupo ni era del agrado del cantautor brasileño. Según uno de los músicos de Agua, lo consideraba “oportunista y fanfarrón, se quería colgar de su fama”. Pero igualmente el chileno se las arregló para estar presente en la grabación y tener una modestísima participación en uno de los coros. Lo justo para que en la contraportada de Fusión latina (1982), su disco debut, se lea que “tocó y grabó junto a Milton Nascimento”.

Sin compromisos

En Músicapopular.cl, la más erudita enciclopedia de música chilena, se consigna que Miguel Piñera saltó a la fama a partir del programa televisivoVamos a ver, donde Raúl Matas lo presentó como un músico joven, recién llegado de Estados Unidos, que era “hijo menor de don José Piñera”.
Su éxito fue súbito y sorprendió al propio Piñera, a decir de uno de los músicos de Fusión Latina: como no tenía repertorio suficiente, echó a mano a las canciones de Agua y Hot Chile, otro grupo chileno, con el que había tocado en su paso de fines de los setenta por California. Dos de los músicos de esa formación se integraron a Fusión Latina. Otros dos se quejaron de que uno de los temas que Piñera grabó y patentó a su nombre les pertenecía. Ese tema es Dulce América, que José Miguel de la Fuente y Cristián Bianchi reclaman como propio.
Nelson Araya, el autor de La luna llena, dice que alcanzó a registrar a tiempo su tema en Chile. Entonces vivía en Brasil y fue alertado de que la persona que había alojado en su casa pretendía grabar su canción sin su autorización. No fue la única oportunidad en que se sintió pasado a llevar. A fines de esa década, cuando Sebastián Piñera usó La luna llena como eslogan de su campaña a senador, el compositor lo demandó y consiguió una retribución por cuatro millones de pesos de la época.
El menor de los Piñera Echenique gozó de la fama pero también pagó por ella. Algunos de los músicos de su banda terminaron enemistándose con él por incumplimientos y abusos laborales: el líder se llevaba el 75% y el 25% restante se repartía en partes iguales entre sus músicos. Él era el rostro del grupo, la voz de una suerte de Canto Nuevo ligero, edulcorado y apolítico que despertaba admiración de las masas pero también sospechas y enconos.
En un número de 1983 de la revista La Bicicleta, Álvaro Godoy enjuicia el fenómeno de Miguel Piñera y se pregunta quién es ese cantante que “usa boina como el Che y se declara apolítico. Canta a Violeta Parra y Silvio Rodríguez, pero los diarios lo apoyan, la televisión lo contrata como enferma y la izquierda lo rechaza”. En el mismo artículo algunas voces autorizadas intentan explicar el fenómeno y en un recuadro el aludido plantea sus descargos: “No me quiero encasillar, y creo que algunos compositores del Canto Nuevo están un poco comprometidos en contra de este gobierno. Yo prefiero no comprometerme, quedarme al margen”.
Uno de los músicos de Fusión Latina dice que a Piñera las críticas no le resbalaban. Por el contrario. A veces se mostraba tan susceptible que durante un tiempo anduvo atormentado pensando queNunca quedas mal con nadie, de Los Prisioneros, estaba dedicado a él.

Asesoría financiera

Para fines de los noventa, cuando Miguel Piñera había vuelto a ser una celebridad, vivía en un departamento de Providencia con vista al Entrenegros. Un décimo piso en cuya terraza sobresalía un jacuzzi adornado con flores de hule y una galería de guitarras expuestas en la pared del living. Contaba con varios locales a su haber y una novia 25 años menor llamada Carla Ochoa. Había relanzado el discoFusión Latina y anunciaba la próxima aparición de un disco de canciones chilenas del que no se volvió a tener noticias.
Fue un periodo intenso, descomedido, sin pausa. En el Entrenegros, lugar de reunión de la farándula criolla, él era una de las principales atracciones. Cantaba con su banda, hacía vida social y, a su modo, defendía sus intereses en el negocio. Un amigo y ex empleado de confianza recuerda que, tal como había hecho en el Seriatutix, solía retirar el dinero de las cajas y echárselo al bolsillo.
–La administración era desastrosa, no podía ser de otra forma, pero así y todo ganaba plata a manos llenas –dice el ex empleado, a quien el cantante le comentó que fue su hermano Sebastián quien le aconsejó invertir en la bolsa.
Las inversiones eran diversas y no necesariamente en la bolsa. Según quedó consignado en una causa de la jueza Eleonora Domínguez, que investigó el caso de La Cutufa II, Miguel Piñera fue uno de los nombres que apareció vinculado a la financiera ilegal dirigida por el capitán de Ejército y ex agente de la CNI Patricio Castro. La lista apareció en un computador que le fue incautado a Marcelo Jadue, abogado y socio del cantante. A esa evidencia se sumó el testimonio de Beatriz Ugarte, denunciante del caso, que atestiguó haber presenciado una reunión realizada en Buenos Aires entre el dueño del Entrenegros y el ex capitán de Ejército y cerebro de la operación.
Patricio Castro y su ex esposa, la actriz Carolina Arregui, eran asiduos al Entrenegros de calle Suecia, que a la vez era administrado por Domingo Pino Sastre. Chumita fue también uno de los hombres a través de los cuales el cantante abrió negocios a contar del 2000.
Por medio de la sociedad Gastronómica New York USA, Pino representó a Piñera en la apertura de dos restoranes de Providencia, New York Sushi y Confesionario. Los otros dos socios fueron el abogado Marcelo Jadue y el empresario Claudio Rocafort Concha.
Marcelo Jadue representó al coronel (r) Castro y fue uno de los gestores de la página www.despiertachile.cl, vinculada a ex agentes CNI. En 2008 resultó condenado por extorsionar al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado.
Claudio Rocafort, en tanto, fue pololo de Cecilia Bolocco un tiempo antes que se coronara Miss Universo en 1987. Representó a una empresa de armamentos, fue demandado por golpear duramente a uno de sus empleados y es dueño de la cadena de restoranes Sushita. Su inolvidable campaña publicitaria tuvo al Negro Piñera de rostro, flanqueado por un modelo recostada y envuelta en sushis de palta, masago y salmón.

Orden de embargo

En 2003, cuando el Entrenegros de calle Suecia bajó la cortina, Miguel y Miguelo estaban distanciados. Ambos se responsabilizaban de malos manejos financieros que poco después derivaron en la detención del segundo por giro doloso de cheques y una demanda laboral de ex empleados que traerá consecuencia para los dos cantantes y un tercer partícipe de la sociedad Miguel y Miguelo’s Pub Limitada, Andrés Vidal Villalón, que oficiaba de representante legal.
A Miguelo la justicia lo obligó a responder con el sueldo que ganaba en el programa Rojo Vip. Y en noviembre 2007, a raíz de la demanda de un sonidista del pub, el Quinto Juzgado del Trabajo ordenó embargar vehículos de los tres socios.
Miguelo perdió una moto y Vidal un taxi Lada. Pero cuando una receptora judicial llegó a la casa de Piñera para embargarle la Nissan Pathfinder que usaba su esposa, la funcionaria adujo la imposibilidad de cumplir la tarea “por oposición de persona adulta del lugar, quien no se identificó”. Sujeta a embargo, la camioneta siguió en poder de su dueño y acumuló multas del tránsito y kilómetros, no obstante que el tribunal encargó su búsqueda a Carabineros.
No era la primera vez que enfrentaba una orden de embargo. A principios de 2000, a raíz de una demanda de ex empleados del local Entre Negros y Blancos, el primero que tuvo en sociedad con Miguelo, el Entrenegros de calle Suecia fue prácticamente desmantelado por un receptor judicial. La experiencia convenció al autor de Como el sol de la utilidad de hacer negocios por medio de terceros.
En algún momento se ufanó a través de la prensa de la existencia de más de doce sucursales del Entrenegros repartidas por todo Chile. Ninguno de esos locales era suyo, pero el negocio estaba en que la gente creyera lo contrario. Él cobraba un dinero por autorizar la marca y representarla a través de presentaciones periódicas, a veces ni eso: bastaba con que se diera unas vueltas para atraer clientela. También se ufanó de ser el propietario de decenas de otros locales que se abrieron en Santiago pero donde su nombre no aparecía en ninguna escritura. Fue el caso de Studio 54, inaugurada en el antiguo recinto de la discoteca Eve por el actual asesor del ministerio del Interior Cristián Barra Zambra. El cantante anunció a los cuatro vientos que la nueva discoteca era obra suya, pero ningún papel lo avalaba.
Según un reportaje de La Nación Domingo, el negocio derivó en una querella del dueño del inmueble por el extravío de un conjunto de equipos de música y en una posterior orden de aprehensión. El reportaje indica que el litigio fue resuelto en 2005 mediante un acuerdo extrajudicial en el que intervinieron abogados del actual Presidente.
Una resolución similar tuvo el embargo de la Nissan Pathfinder. En abril de 2009, la abogada Verónica Fernández Omar consiguió que la Corte Suprema dejara sin efecto el embargo de la camioneta. Esto a pesar de que el cantante ni siquiera respondió con el mínimo del millón y medio de pesos al que se comprometió cuando suscribió la sociedad Miguel y Miguelo’s Pub Limitada. La abogada pertenece al estudio Barros & Errázuriz, que ve los asuntos financieros de Sebastián Piñera.
Al ser contactado telefónicamente sobre sus negocios, Miguel Piñera precisó que actualmente no tiene participación en locales. “De negocios sé re poco, compadre. Lo mío es la música, las relaciones públicas”, dijo.

Socios del sicario

En octubre de 2010, en el transcurso del juicio oral por la muerte de Diego Schmidt-Hebbel, el sicario José Ruz Rodríguez apareció en la audiencia vistiendo una polera con el emblema del Entrenegros. En apariencia el hecho no pasó de ser una anécdota. El propio cantante, al ser consultado por el tema en La Cuarta, se mostró extrañado y lo adjudicó a una casualidad sin mayor trasfondo. Pudo haberse sorprendido, pero no extrañado.
El sicario es primo de Marcos Silva Ruz, quien en el juicio declaró que antes del asesinato planeaban abrir una discoteca en La Florida. Ambos participan de una sociedad familiar dueña de cafés con piernas en el centro de Santiago. En esa sociedad llamada Inversiones El Romeral participan José Ruz, Marcos Silva Ruz, Cristian Silva Donoso, Mickel Ignacio Silva Gallardo y otros familiares. Estos dos últimos tomaron contacto con Miguel Piñera para revivir en 2008 una apoteósica versión del Entrenegros en el Mall Plaza Vespucio.
Según quedó consignado en el Diario Oficial, la Productora de Eventos Entre Negros Limitada que dio origen a la discoteca fue constituida en 2007 por Cristián Alexander Silva Donoso, Mickel Ignacio Silva Gallardo, Claudio Andrés González Ruz e Iván Steve Ponce Valenzuela. Este último es un disc jockey cercano a Miguel Piñera. Trabajó en sus locales y en la campaña presidencial de 2005 de su hermano Sebastián. De acuerdo con Silva Donoso, Iván Steve Ponce fue la persona que intermedió por el cantante en el negocio de la discoteca.
–Fue sólo un acuerdo de palabra, no hubo nada firmado con Piñera –dice Silva Donoso–. Nos juntamos en un local de Manuel Montt, conversamos del proyecto y juntamos las manos, las levantamos y gritamos ehhhh. Eso fue todo. Los detalles los vio el (Iván) Steve Ponce, que era quien tenía el contacto con el Negro.
Cristián Silva habla desde el subterráneo del café Ikabarú de la galería Alessandri, en el centro de Santiago, donde opera la administración del negocio. Bordea los treinta años y sonríe al recordar la experiencia del Entrenegros en el Mall Plaza Vespucio que le dejó buenos recuerdos y una deuda millonaria. No sólo a él, sino también a su tío Marcos, primo del sicario, que actuó como inversionista sin aparecer en la sociedad.
–Fue un proyecto emblema para el Negro, porque marcaba su retorno. Él tenía el compromiso de estar ahí, de ser el rostro, iba casi todos los días pero no tenía un porcentaje. Cuando quería plata, pedía y cobraba. Lo pasamos muy bien pero perdimos mucha plata. Entiendo que el Negro cobraba principalmente por el uso de la marca, ese era su negocio –dice Cristián Silva.
En una de esas noches de juerga, poco antes de que la discoteca cerrara sus puertas en noviembre de 2009, el dueño de un local vecino del Entrenegros denunció haber sido amenazado de muerte después de llamarle la atención a Piñera y sus amigos por estar en su local consumiendo alcohol traído de la discoteca. La causa quedó radicada en la Fiscalía Oriente pero fue archivada después de que las partes llegaron a un acuerdo en que prometieron reserva.
Una fórmula similar fue empleada ante la querella presentada por Fernando de la Cerda, dueño de la discoteca sala Murano, que a fines de abril último denunció haber sido amenazado por Miguel Piñera. Éste habría sospechado una relación entre Cerda y Belén Hidalgo. Según informó la revista Qué Pasa, los representantes legales de ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial que se mantiene en reserva. La defensa de Piñera estuvo a cargo de Gonzalo Cisternas, quien aseguró a La Terceraque “la querella fue retirada porque las denuncias no son serias”.
Cisternas pertenece al estudio Espina, Zepeda y Acosta, donde son socios, además del senador Alberto Espina, los abogados Carlos Zepeda y Domingo Acosta, todos cercanos a Sebastián Piñera, a quien han asesorado en La Moneda. Según Qué Pasa, el propio Presidente discutió con ellos las estrategias legales para defender a su hermano. Mal que mal, según la misma publicación, el dueño de la sala Murano había sido advertido por el cantante de que no sabía con quien se estaba metiendo: “Estás hablando con el hermano del Presidente”.



http://ciperchile.cl/2011/06/06/los-negocios-de-miguel-pinera-un-empresario-al-limite/

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