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viernes, 10 de febrero de 2012

La Historia del Banco de Talca, o como Piñera se hizo millonario estafando.

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Que es un hijo de la clase media, que se hizo millonario gracias a su inteligencia, etc. Cualquier persona que haya leído un poco a Marx sabrá sobre el proceso de “Acumulación de Capital”, el cual a grandes rasgos, obedece a un proceso de robo y explotación continuado. El punto es que nuestro Presidente de excelencia, no se hizo millonario gracias a su esfuerzo y su inteligencia, se hizo millonario estafando.
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El Banco de Talca fue creado en 1884 y autorizado por D.S. N 05 del 27 de octubre de 1889, como una institución provincial. Desde entonces y hasta 1970, de acuerdo a registros oficiales de la SIBF, sufrió 23 modificaciones legales, permaneciendo siempre en manos privadas.
Fue estatizado en 1971, quedando en poder de Corfo el 89,6% de las acciones. En 1972, bajo administración de la Corfo, adquirió los activos de la agencia que mantenía en Santiago el First Nacional City Bank, pues éste era el antecesor del Citibank, banco que inició operaciones con tarjetas en EEUU en 1965, emitiendo su primer plástico en 1967.
En noviembre de 1975 y en plena dictadura, mediante una licitación pública Corfo vendió el Banco de Talca, en una primera instancia, a 542 personas naturales y jurídicas de la Región del Maule, según la nómina de quienes suscribieron la “Proposición de Compra del 89,5% del Capital del Banco de Talca Formulada por los más Amplios Sectores de la VII Región”, todos representados por el abogado Jorge Ovalle Quiroz.
Sin embargo, según consta en documentación de la SBIF y en las respectivas memorias institucionales, desde 1975 a 1977 hubo diversas resciliaciones de los contratos de compraventa y, por lo tanto, algunas de las acciones vendidas a estos oferentes volvieron a propiedad de Corfo para ser vendidas con posterioridad. En esta licitación, el Grupo Calaf-Danioni, encabezado por Miguel Esteban Calaf Rocoso y su familia, dueños de Calaf S.A.C.I , adquirió más o menos el 26% de las acciones del Banco de Talca.
Posteriormente, el Grupo Calaf-Danioni recibió de Corfo otro paquete accionario a título de indemnización, originados en la presunción de que la familia Calaf habría sido propietaria de un paquete accionario del Banco de Talca antes de la estatización de 1971. El grupo Calaf-Danioni consiguió el control del Banco de Talca en los siguientes cinco años, llegando a adquirir en 1979 el 65% de su propiedad.
El 10 de abril de 1982, el Banco de Talca fue liquidado por la Superintendencia y comprado por el Banco Central de España. Su continuador legal fue primeramente Centrobanco, de propiedad del Banco Central de España; después, Banco Hispanoamaericano, Santiago, y Bansander Santiago, respectivamente.
ORDEN DE DETENCIÓN DE PIÑERA.
El 28 de agosto de 1982 está marcado en el calendario personal de Sebastián Piñera como el peor día de su vida. Uno que ha querido olvidar y dejar enterrado en el pasado, pero que no lo ha abandonado en sus pesadillas. Ese día, el entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos.
En el mismo dictamen amplió los cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa fecha socios de Piñera y controladores del Banco de Talca, quienes ya se encontraban recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos.
Piñera salvó de ser detenido porque, advertido de la decisión judicial, optó por huir del largo brazo de la justicia y se mantuvo oculto durante 24 días, tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo a su favor que le garantizó su libertad. Sólo entonces, volvió y se presentó a tribunales. De ello dio cuenta su esposa al responder los requerimientos de los detectives que concurrieron a su casa para arrestarlo. A fojas 533 del proceso, la Policía de Investigaciones informa al Segundo Juzgado del Crimen:
“Se entrevistó a doña María Cecilia Morel Montes, chilena nacida el 14.01.54, quien manifestó: ‘Efectivamente el 28 de agosto mi esposo tomó conocimiento de su orden de detención por lo que abandonó este domicilio sin rumbo conocido, ya que incluso de ello me enteré por otras personas, pues ni siquiera se despidió de mí, ni tampoco me dio explicaciones de su determinación. No sé en qué lugar se encuentra, pero sí sé que con sus abogados tratan de dar solución a su situación. El 29 de agosto me enteré por la prensa sobre la causa que estila mi marido”.
La historia que dio origen a esa orden de detención había comenzado casi un año antes, cuando el 2 de noviembre de 1981, el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), nombrándose un administrador provisional.
A esa fecha, se encontraba en cesación de pagos, con obligaciones vencidas a favor del Banco Central, a octubre de 1981, por alrededor de 38 millones de dólares. Piñera había sido gerente general de este banco entre marzo de 1979 y septiembre de 1980, un lapso comprendido en el período en que la justicia acreditó varios ilícitos cometidos por la administración de la institución financiera.
La causa judicial se originó a partir de una querella presentada por el liquidador del banco, Eugenio Silva Risopatrón, quien actuó en representación de la SBIF, en contra de los socios controladores y quienes resultaran responsables. Fue el Segundo Juzgado del Crimen el que emitió el 20 mayo de 1982 una orden de investigar, que dio inicio a la causa rol Nº 99.971-6, en la cual fue encargado reo.
Los abogados querellantes fueron Ricardo Rivadeneira que posteriormente fue el primer presidente de RN y Carlos Lira, en representación de los liquidadores del Banco de Talca, y Patricio González, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El proceso perseguía delitos e infracciones a la Ley General de Bancos, a la ley orgánica de la SBIF (Arts. 26 y 26 bis de la primera y Arts. 19 bis de la segunda) y al Código Penal, por apropiación indebida y estafa.
En el caso particular de Sebastián Piñera, en su orden de arresto se imputaron, entre otros, los delitos de fraude contra el Banco de Talca. A Sebastián Piñera se le enjuició como autor de infracciones a la Ley General de Bancos y cómplice en dos cargos de fraude cometido en contra del Banco de Talca y sus accionistas minoritarios.
Según los querellantes, el capital y las reservas del Banco de Talca alcanzaban al momento de su intervención a los 40 millones de dólares. La investigación judicial determinó que los créditos irrecuperables otorgados por la institución financiera sumaban 250 millones de dólares.
En su cartera de créditos, el Banco de Talca tenía más de 200 millones de dólares prestados a empresas relacionadas, es decir cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un límite máximo de sólo el 25% del mismo.
Pero había más. Las sociedades relacionadas no necesariamente tenían existencia legal y, según la investigación judicial, los controladores y ejecutivos del banco le otorgaron créditos a estas sociedades fantasmas sin ningún tipo de garantía. Según reconocieron los propios involucrados, estos créditos a empresas relacionadas estaban destinados a comprar con ese dinero acciones del propio banco. Ese era el modelo de capitalización que había ideado Piñera y sus socios desde las oficinas de Infinco, la sociedad de profesionales que constituyeron para asesorar al Banco de Talca en marzo de 1978.
Según informó la prensa de la época, el grupo llegó a constituir 150 empresas sólo con la finalidad de operar de esta manera. Pero tampoco fue todo. El Banco utilizó además mañosamente los beneficios que el Banco Central otorgaba en la época a los exportadores. Fingió una serie de exportaciones, a través de empresas chilenas de papel a compañías panameñas, también de papel, según consta en el proceso en un informe del auditor Iván Goic.
Cuando Investigaciones fue a detener a Piñera en su domicilio, sus socios Miguel Calaf y Alberto Danioni ya estaban presos desde hace más de un mes. En los meses anteriores, al menos 10 ejecutivos del banco y empleados del grupo habían prestado declaración para aclarar los hechos.
Uno de ellos, que actuó como apoderado de la Compañía Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A. una de las empresas relacionadas, que obtuvo un crédito de 11,7 millones de dólares del Banco de Talca , declaró que tramitó el préstamo “a petición del gerente general de esa época, Sebastián Piñera, cumpliendo con un programa de capitalización fijado por el equipo ejecutivo del banco, a fin de completar un monto de capital suficiente para el desenvolvimiento normal de la entidad”.
Río Claro no sólo estaba relacionada a los socios controladores del Banco de Talca del cual Piñera ya era accionista , sino también estaba relacionada directamente al entonces gerente general del banco. En efecto, un día antes de que el Banco de Talca otorgara el crédito a Río Claro, Piñera se asoció con Inversiones Sevilla una de las constituyentes de Río Claro para crear una tercera empresa: Indac. Inversiones Sevilla poseía a la fecha el 5% de las acciones del banco.
Calaf y Danioni declararon que ambos se encontraban fuera del país cuando al momento de ser cursado el cuestionado crédito y que la operación fue realizada por Sebastián Piñera. Entre los antecedentes que el juez consideró para dictar la orden de detención contra Piñera, también estaba su propio testimonio entregado el 28 de julio de 1982 y que consta a fojas 407, 408 y 409 del expediente.
“Los créditos otorgados por el Banco de Talca eran una de las muchas fuentes de recursos de que disponían estas empresas, siendo posible que algunos de ellos hayan sido usados para propósitos distintos a la solicitud de crédito (…). Por lo anterior, no estoy en conocimiento que el crédito de 11 millones y fracción a la empresa Río Claro haya sido prestado a terceros para comprar acciones del banco, ni tampoco recuerdo esta operación en particular, la cual se produjo días antes de mi alejamiento del banco”.
Río Claro es sólo una de las empresas relacionadas que recibieron créditos del Banco de Talca. La investigación judicial también se centró en la constitución de otras sociedades creadas especialmente para triangular recursos que permitieran capitalizar a la institución financiera, especialmente cuatro cuya constitución fue encargada por el propio Piñera, según declaró Patricio Roa, uno de los constituyentes que era, a esa fecha, empleado del grupo Calaf-Danioni.
“En el mes de junio (de 1980), no recuerdo bien qué fecha, el gerente general del Banco de Talca de esa época, Sebastián Piñera, me solicitó que fuera el representante legal de cuatro empresas que se estaban formando por necesidad del banco, y cuyos propietarios serían otras empresas del grupo Calaf-Danioni. Por considerar que era una muestra de confianza tanto de los dueños, como de la gerencia general, acepté el cargo ofrecido, las que se denominaron Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde y Forestal Los Lirios”.
Alberto Danioni respaldó esos dichos: “Estas cuatro sociedades agrícolas fueron ordenadas constituir por el señor Sebastián Piñera, gerente general del banco, con el objeto de que se hicieran cargo de las deudas vencidas o por vencer del señor Alejandro Zampighi y que resultaban inconvenientes para el banco mantenerlas así vencidas, obteniendo así un mayor plazo para su cancelación”.
En este caso, el propio Sebastián Piñera reconoció en su declaración judicial haber autorizado los créditos, claro que sin aceptar responsabilidades ilícitas. “Reconozco haber estado en conocimiento de que estas empresas eran de reciente formación y que no eran sujetos de crédito solvente porque tenían escaso o nulo capital”, señaló.
Piñera salvó de la cárcel mediante un recurso de amparo que sus abogados tramitaron durante el período en que permaneció prófugo ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol 22954, presentado el 3 de septiembre de 1982. El 8 de septiembre, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo, por dos votos contra uno. En contra votaron los ministros Osvaldo Faúndez y Servando Jordán; a favor, votó Enrique Zurita. En los pasillo de tribunales, la decisión de Zurita no sorprendió: nunca suscribió un fallo en contra de imputados en delitos económicos.
El voto mayoritario estableció: “Que el mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal”.
Cuentan que fue notoria en esos días la presencia del obispo Bernardino Piñera Carvallo tío de Sebastián en el máximo tribunal, que tendría que pronunciarse sobre la apelación. El 20 de septiembre de 1982, finalmente, la sala de la Corte Suprema constituida por los ministros Retamal, Ulloa, Letelier y por los abogados integrantes Enrique Urrutia y Enrique Munita acogió el recurso de amparo que dejó a Piñera fuera de las rejas.
El fallo estableció que “en el estado actual de la investigación no aparece establecido que los hechos que se imputan a los amparados tengan características delictuales, ni está ahora probado que ellos han obtenido provecho o el banco haya sufrido perjuicios resultantes de la actuación financiera de los recurrentes.
En tanto, Calaf y Danioni, que no recurrieron al amparo, pasaron varios meses detenidos en Capuchinos y finalmente fueron condenados a tres años de cárcel, sentencia ratificada en todas las instancias, incluidas la Corte Suprema y casaciones. Entre los delitos que se les logró probar, estaba el préstamo por más de 11 millones de dólares a Río Claro.
El expediente hoy se encuentra extraviado(!). Sin embargo es posible reconstruir los hechos recurriendo a recortes de prensa de la época.


http://www.gamba.cl/la-historia-del-banco-de-talca-o-como-pinera-se-hizo-millonario-estafando/

Chilenos reclamaron continuar bajo soberanía británica en el archipiélago


Alex Olmedo, quien reside en Malvinas desde hace 21 años, explicó por Radio 10 que están tranquilos porque Gran Bretaña "defiende" sus deseos. Reivindicó la marcha realizada ayer para reclamar que se mantengan los vuelos directos que pasan por Río Gallegos
Chilenos reclamaron continuar bajo soberanía británica en el archipiélago
"Somos residentes de las Islas y conocemos la realidad de los habitantes de acá. La presidente Kirchner mencionó lo de los vuelos durante una charla con Piñera. Es un tema tratado extraoficialmente, y es una preocupación constante para los chilenos que viven en las Islas", señaló Olmedo.
El residente malvinense dijo además que apoyan la posición británica con respecto a las Islas, y aseguró que se vive con mucha tranquilidad en el archipiélago.
"Estamos tranquilos porque tenemos el apoyo de Gran Bretaña, que respetan nuestros deseos. No estamos preocupados, estamos tranquilos, todo sigue en normalidad para nosotros", explicó.
Con respecto a la marcha que realizaron ayer en Puerto Argentino, señaló que "se hizo más que nada para recordar al gobierno chileno que acá viven muchos chilenos". 

Inusual marcha de chilenos en las Islas para que se mantengan los vuelos



10-02-12 | MALVINAS

Pese a que el gobierno argentino descartó que impulse una prohibición para la conexión aérea que pasa por Río Gallegos, unos 100 habitantes malvinenses protestaron sobre la bahía de Puerto Argentino. "Nosotros no apoyamos a los argentinos, apoyamos a la gente de Falkland", advirtieron
Inusual marcha de chilenos en las Islas para que se mantengan los vuelos
En total, unos 60 de los 250 chilenos que viven en la isla se reunieron exhibiendo pancartas, manifestación en la que también participaron brasileños, peruanos e ingleses.
"Le queremos decir al presidente Piñera que nos mire, que abra los ojos, que hay más de 250 chilenos en las Falkland y que si ellos (por los argentinos) paran los vuelos, nosotros tendríamos que viajar a Inglaterra, para de ahí viajar a Santiago", explicó Antoine Daille, quien fue elegido como vocero del grupo.
Afirmó que un viaje a Inglaterra les saldría cuatro millones de pesos (unos 8.330 dólares), mientras que a Punta Arenas les vale 600 mil pesos (unos 1.250 dólares).
El grupo de colonos chilenos en las Malvinas utilizó pancartas y marcharon por las calles de la isla para llamar la atención del presidente Piñera y de las autoridades chilenas.
"Estamos sentidos con Chile porque él (Piñera) apoyó a los argentinos. Nos sentimos dolidos. Todos los chilenos que estamos acá estamos sentidos con él, porque nos olvidó. Que tenga presente que aquí hay un pedazo de Chile", aseveró Daille.
Consultado por cuál es la postura del grupo de chilenos que se encuentra en las Malvinas, Daille fue enfático en señalar: "que quede claro, nosotros no apoyamos a los argentinos, apoyamos a la gente de Falkland".
"Nosotros vivimos aquí con ingleses, incluso mi esposa es inglesa y todos los chilenos aquí apoyamos la causa de las Falkland", sentenció.

Jacqueline, la hija rebelde, autoritaria y predilecta de Pinochet


10 DE FEBRERO DE 2012
Mencionada en el documento desclasificado por el Departamento de Estado que reveló El Mostrador
Podía interrumpir una reunión para atenderla en La Moneda y la benefició en el testamento que redactó antes de que se descubrieran sus cuentas bancarias secretas. Su adolescencia estuvo marcada por un comportamiento desordenado; fue una alumna ausente en los tres últimos colegios por los que pasó y a los que iba de polera y zapatos de taco alto. Madre de nueve hijos, abuela de una nieta, prohibió a sus dos ex maridos tener contacto con sus hijos. A los 52 años, la menor del clan Pinochet sigue dando que hablar.

Jacqueline Marie Pinochet fue la regalona de su padre e hizo siempre lo que quiso. Faltaba a clases en el colegio. “No tengo recuerdo de haberla visto con uniforme completo, en verano usaba polera o el jumper solo y chalas de taco alto”, cuenta una ex compañera del Universitario Inglés, uno los tres establecimientos por los que pasó entre 1973 y 1976. En La Maisonnette también la recuerdan como una alumna ausente.
Antes de cumplir los 18, su padre le regaló un auto. Las tres casas que posee en La Dehesa, según los registros de Dicom, también fueron obsequios de Augusto Pinochet, quien siempre la mantuvo económicamente. Pensando en su futuro el dictador estableció una cláusula en el testamento que redactó en 2002 –antes de que se descubrieran sus cuentas bancarias secretas- que la beneficiaba por sobre sus hermanas Lucía y Verónica. Dejaba como herencia US$ 1,5 millones a repartir en partes iguales entre las tres hijas mujeres y su señora, Lucía Hiriart. En caso de que esta última falleciera, el dinero pasaría a manos de Jacqueline, la menor del clan, según relata el libro “La familia: historia privada de los Pinochet”, escrito por los periodistas Claudia Farfán y Fernando Vega en 2009.
El General interrumpió más de una reunión en La Moneda para atenderla. Cuando se separó de sus primeros maridos, regresó al hogar paterno y si alguno de sus hijos quería dinero y no lo tenía a mano, los mandaba a pedir a la casa de los abuelos.
A sus bien conservados 52 años es madre de nueve hijos y abuela de Rafaela, hija de Constanza Martínez, la segunda de su prole. No se priva de panoramas: se la puede ver bailando en una discoteca, comiendo en restoranes de moda y veraneando en los taquilleros balnearios de Pucón y Marbella. Descrita como simpática y extrovertida, aunque de pocas amigas, es también una mujer que se acostumbró a actuar desde su adolescencia como la hija del hombre más poderoso de Chile. “Me acuerdo de una fiesta a la que llegó de colada con varias amigas y amigos. No estaba en la lista, porque era del curso paralelo, y el dueño de casa no la dejó entrar. Fue un escándalo, lo llamaron las monjas para decirle que cómo se le ocurría hacerle eso a la hija del Presidente. Muchas compañeras le hicieron la guerra a la que organizó la fiesta”, relata una de las invitadas.
Del colegio Jeanne D’Arc fue retirada por su madre después de otro incidente que, hasta el día de hoy, es recordado por varias generaciones. A raíz de un comentario despectivo que le hizo una compañera sobre su padre, Lucía Hiriart llegó indignada y ordenó a la dirección formar a todas las alumnas. Delante de ellas increpó a las monjas por lo sucedido y se llevó a su hija. El término de su etapa escolar es un misterio: no hay quien la recuerde graduándose.
Jacqueline Pinochet ha repetido que tenía 14 años para el Golpe Militar y que su vida dio un giro radical. No se movía sin guardaespaldas, los que se paseaban por los pasillos donde estaban sus salas de clases. Habiendo estudiado en colegios de mujeres, la presencia masculina causaba revuelo. “Generalmente, tenían buena pinta y ella y sus amigas les coqueteaban. A veces no iba a clases y partía con su grupo y los guardaespaldas a la playa. Era lo que contaban las amigas”, afirma su ex compañera del colegio Universitario Inglés.
Jacqueline Pinochet ha repetido que tenía 14 años para el Golpe Militar y que su vida dio un giro radical. No se movía sin guardaespaldas, los que se paseaban por los pasillos donde estaban sus salas de clases. Habiendo estudiado en colegios de mujeres, la presencia masculina causaba revuelo. “Generalmente, tenían buena pinta y ella y sus amigas les coqueteaban. A veces no iba a clases y partía con su grupo y los guardaespaldas a la playa. Era lo que contaban las amigas”, afirma su ex compañera del colegio Universitario Inglés.
Su actitud rebelde, según el libro sobre la historia privada de los Pinochet, generó una relación conflictiva con su madre. Por su conducta irresponsable, ella exigía al cuerpo de seguridad no dejarla sola cuando iba a esquiar ni durante las vacaciones en Cerro Castillo.
Su matrimonio con Guillermo Martínez Spikin, un diplomático cuatro años mayor, pudo ser la pausa definitiva a su agitada vida. No fue así: los tres mil invitados a la ceremonia religiosa, en diciembre de 1978, se enterarían de su pronta separación, a los tres años. Jacqueline tenía 22 y dos hijas.

INTERROGATORIO EN AEROPUERTO DE MIAMI: ¿DE QUÉ VIVE?

Viajó por primera vez a Miami a los 14 y se deslumbró con la ciudad de clima tropical, donde podía comprar ropa y todo aquello que no había en el Chile de 1974. Volvió en reiteradas oportunidades e incluso arrendó un departamento en el barrio residencial de Key Biscayne, lo que fue mal visto por su hermana Lucía que lo consideró una frivolidad. Cuando el Senado norteamericano descubrió las cuentas bancarias secretas de Pinochet abiertas con nombres falsos, debió enfrentar molestias al ingresar a Estados Unidos. En julio de 2008 aterrizó en Miami con cuatro de sus hijos y su pololo de entonces, Rodrigo Izquierdo del Villar. El oficial de Inmigración la sometió a un interrogatorio: “¿Cómo se alimenta?, ¿de qué vive?, ¿cada cuánto tiempo toma vacaciones?, ¿en qué trabaja?”. Mientras a los hijos les preguntaron quién los mantenía. Fue enviada a un recinto especial en el que le revisaron el equipaje y de donde salió furiosa amenazando con que, “de haber tenido un problema,  hubiese hecho un escándalo y llamado al cónsul de Miami”, consignó la revista Qué Pasa.
Fue una conductora de Miami y amiga suya, María Elvira Salazar, a quien Pinochet le dio su última entrevista en noviembre de 2003. Gestionada por Jacqueline, le costó el desafuero como senador vitalicio y ser juzgado por los crímenes de la Operación Cóndor. La lucidez exhibida durante la conversación, en la que afirmó no arrepentirse de nada, contradijo el diagnóstico del Servicio Médico Legal que aseguró que padecía “demencia subcortical de leve a moderada”. Y permitió que no fuese sometido a juicio por el caso Caravana de la Muerte en 2002. La hija predilecta, que sin querer terminó asestándole una estocada, negó haber recibido dinero ni haber obligado a su padre. “Lo que pasa es que él quería defenderse antes de morir”, dijo a la revista Cosas. El episodio la enemistó con Lucía y con Marco Antonio, su hermano más cercano, con quien dejó de verse incluso en la casa de sus padres, ya que los visitaban en distintos horarios.

LA PROHIBICIÓN A SUS EX MARIDOS

Pese al amor que profesa por sus hijos —“son la luz de sus ojos”, dicen sus amigas— Jacqueline Pinochet prohibió a sus dos primeros maridos, Guillermo Martínez Spikin y Jaime Amunátegui Barros, mantener contacto con los niños después de las respectivas separaciones. La actriz Carmen Barros —abuela de Sofía (28), Jaime Augusto (26) y Lucía Verónica (24) Amunátegui Pinochet— afirma que “hace cosa de seis o siete años Jacqueline abrió la puerta”. Recientemente -cuenta- participó en la película “La chupilca de diablo”, que su nieto realizó para la carrera de cine que cursa en la Universidad del Desarrollo.
Amunátegui conoció a Jacqueline en una discoteca e iniciaron un pololeo a la distancia, pues él trabajaba en Lan y fue enviado a Lima en 1982. Debió regresar en 1984 ante las advertencias del general Ballerino sobre el peligro que corría la hija de Pinochet por viajar a Perú. Se casaron por el civil en Cerro Castillo el 24 de enero de 1984 cuando Sofía, la mayor de las hijas de este segundo matrimonio, tenía  tres meses. Amunátegui siguió en Lan a cargo del área de marketing en Santiago y después del nacimiento de su hijo Jaime, se separaron. “En noviembre de 1986 me mandaron a Washington a la oficina de representación de Lan. Yo estaba separado y regresé casado con una gringa en 1988. Volví porque quería ver a mis hijos”. Explica que Lan estaba por privatizarse y creó junto a unos amigos una empresa telemarketing que, en sus inicios, prestó servicios a la aerolínea. En medio de su estada en la capital norteamericana nació la menor de sus tres hijos.
Guillermo Martínez, en tanto, pasó 20 años sin contacto con María José y Constanza. Según el libro de los periodistas Farfán y Vega, ella levantó la prohibición en 2003, a raíz del accidente automovilístico que casi le costó la vida a María José y en el que murió su pololo, Francisco Cariola Cubillos, hijo del empresario y ex senador UDI, Marco Cariola.
La ausencia forzada de los padres fue compensada por la presencia de Iván Noguera, el tercer marido, ingeniero comercial y concejal de la comuna de Providencia por la UDI desde 2000. A él lo llaman papá. Esta fue la relación más larga y estable: la pareja se casó por el civil el 19 de octubre de 1998 y por la iglesia en 1995 después de que ella obtuvo la nulidad religiosa por carecer de “discreción de juicio”. El matrimonio debió salir de Chile ante las amenazas de muerte y se instaló en Nueva York. “Incluso se detectó que integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían vigilado a sus hijas en el colegio. Fue el propio Pinochet quien le ordenó permanecer fuera entre 1989 y 1991”, afirma la publicación “La familia: historia privada de los Pinochet”.
Su tercer matrimonio también fracasó: se anuló en enero de 2004 en términos poco amistosos. Hubo demandas por pensión de alimentos y régimen de visitas de por medio, pero Noguera no fue apartado de sus cuatro hijos (Iván Augusto, Federico, Lucas Ramón y Augusta Victoria).
A estas alturas, varios de sus hijos —que van de los 32 a los 12 años— se independizaron. Constanza Martínez se casó y la hizo abuela de Rafaela. Los hermanos Amunátegui viven juntos en un departamento.

SU NOMBRE EN EL DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE.UU.

El nombre de Jacqueline Pinochet aparece mencionado en un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y publicado por el sitio Freedom of Information Act (FOIA). El documento, revelado por El Mostrador, es un cable que envió la embajada de Estados Unidos en Santiago al Secretario de Estado norteamericano de ese entonces, George Schultz, y que revela las razones por las cuales fue enviado a Washington Cristián Labbé, quien era oficial de Ejército y ex miembro de la escolta de Pinochet.
Allí se detalla que el ex vocero de la Junta Militar, Federico Willoughby, explicó el 13 de julio de 1987 a un funcionario de la embajada de Estados Unidos que, entre las razones de la partida de Labbé, a la embajada en Washington, “se encontraba una que complicaba a la familia Pinochet: Labbé —y no el brigadier general Oscar Vargas— era el padre de un hijo ilegítimo de Jacqueline Pinochet, que había nacido recientemente”. También aparece otra información: que un amigo en común de Willoughby y Labbé le dijo (al primero) que Labbé iba a tomar “un curso de ciencias políticas, gestión de elecciones o algún tópico relacionado con su trabajo en la ‘proyección’, pero además a recolectar toda la información que pudiera sobre (Armando) Fernández Larios, dónde está y qué le está diciendo al gobierno americano”.
El Mostrador intentó comunicarse con Labbé, quien se encuentra de vacaciones; Jacqueline Pinochet y sus ex maridos para conocer su reacción. Sólo fue posible contactar a Amunátegui, quien cuenta que conoció a Labbé en Washington“El fue a hacer un curso de ciencias políticas, estaba casado con una argentina y tuvimos una buena relación”. Lo recuerda como “un tipo de pelo largo y amplio de mentalidad”, al que nunca más volvió a ver.
Actualmente Amunátegui vive en Limache, donde abrió una pizzería con su actual pareja. “Me llevaba bien con él (Pinochet). Nunca me molestó la familia, ni por qué sí, ni por qué no”.
Sobre la afirmación del cable del Departamento de Estado sostiene que “he escuchado miles de cosas, pero con esto de Labbé me desayuno. Primera cosa que escucho. Mis hijos nacieron con mi apellido y siguen con mi apellido”.

Denuncian en la ONU la "criminalización" del movimiento social en Chile


Líderes chilenos denunciaron criminalización del movimiento estudiantil.Líderes chilenos denunciaron criminalización del movimiento estudiantil.

Líderes sindicales y estudiantiles chilenos denunciaron hoy ante distintas instancias de la ONU la "criminalización" en Chile del "movimiento de protesta social", que surgió el año pasado para reclamar una educación gratuita y de calidad.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el chileno Juan Somavia, aceptaron recibir a Camila Vallejo, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile; Karol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas, y a Jorge Murúa, dirigente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos.

El grupo se reunió con la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y los relatores especiales de Naciones Unidas para la Educación y la Pobreza Extrema.

Los tres representantes chilenos denunciaron la voluntad del Gobierno de su país de "criminalizar" las protestas ciudadanas a través de un proyecto de ley del Ministerio del Interior.

Esta iniciativa legal "penaliza con tres años de cárcel toda forma de protesta social que se desarrolló en 2011, como ocupaciones de servicios públicos, cortes de tráfico y otras formas de ocupación pacífica, y no sólo a los que comenten estos actos, sino a los que los convocan", sostuvo Vallejo, quien adquirió fama internacional por su liderazgo del sector estudiantil en las manifestaciones por una reforma educativa.

"La represión no sólo pasa por el amedrentamiento político y amenazas constantes, sino también por la represión física y las detenciones ilegales que hoy aumentan dentro de un marco ilegal", agregó la líder universitaria.

Vallejo señaló que "parece que no hay conocimiento pleno en la ONU de lo que pasa en Chile, no está suficientemente claro", y se mostró confiada en que los contactos mantenidos en Ginebra, donde tienen su sede los organismos de la ONU especializados en derechos humanos, sirvan para desvelar lo que ocurre en el país sudamericano.

Agregó que espera que visiten pronto Chile los relatores de la ONU sobre Educación, Libertad de Expresión, Tortura y Detenciones Extrajudiciales, ya que "éstas son temáticas muy sensibles en nuestros país".

En una rueda de prensa, Vallejo criticó la "imagen que se ha vendido de Chile en el exterior y que no corresponde a la realidad".

"Somos un país cada vez más desigual a pesar del crecimiento del producto interior bruto", denunció.

Por su parte, Cariola explicó que el "proyecto político" que defienden es uno "adaptado a nuestra realidad política y cultural, que es distinta a las de otras partes del mundo".

"Nosotros no queremos que todos sean comunistas ni somos dueños del movimiento, somos instrumentos del pueblo chileno", dijo.

Preguntada sobre la caída del modelo comunista en el pasado, aseguró sobre los jóvenes: "Aprendemos del pasado, de las experiencias vividas en otros lugares para construir un nuevo futuro".

Murúa, a su turno, sostuvo que existe el convencimiento dentro del movimiento social chileno de que "la represión y la persecución están aseguradas" para este año.

Como representante de los trabajadores, mencionó que explicará al director de la OIT "las violaciones de las leyes laborales y de las convenciones colectivas en Chile, que transgreden las regulaciones internacionales en materia de trabajo".

Con su visita a Suiza, los tres jóvenes finalizan una gira de poco más de dos semanas por Europa, durante la que cumplieron diversas actividades en foros sindicales y juveniles en Alemania y Suecia.

Esta visita ha sellado la voluntad de unir la lucha estudiantil en Chile a la de otros sectores, como la de los gremios sindicales y políticos con el objetivo de ser más fuertes, según explicaron.

Camila Vallejo denuncia ante la ONU la “criminalización” del movimiento social en Chile


10 DE FEBRERO DE 2012
Gestiones en Ginebra ante la OIT y la alta comisionada de DDHH
En compañía de otros dirigentes, la vicepresidenta de la FECh advirtió los efectos de la denominada "Ley Hinzpeter", que "penaliza con tres años de cárcel toda forma de protesta social que se desarrolló en 2011, como ocupaciones de servicios públicos, cortes de tráfico y otras formas de ocupación pacífica, y no sólo a los que comenten estos actos, sino a los que los convocan".

Líderes sindicales y estudiantiles chilenos denunciaron este viernes ante distintas instancias de la ONU la “criminalización” en Chile del “movimiento de protesta social”, que surgió el año pasado para reclamar una educación gratuita y de calidad.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  Juan Somavia, aceptaron recibir a Camila Vallejo, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile; Karol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas, y a Jorge Murúa, dirigente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos.
El grupo se reunió con la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y los relatores especiales de Naciones Unidas para la Educación y la Pobreza Extrema.
Los tres dirigentes  denunciaron la voluntad del gobierno de Sebastián Piñera  de “criminalizar” las protestas ciudadanas a través de un proyecto de ley del Ministerio del Interior, conocida también como “Ley Hinzpeter”, en alusión al titular de esa cartera.
Esta iniciativa legal “penaliza con tres años de cárcel toda forma de protesta social que se desarrolló en 2011, como ocupaciones de servicios públicos, cortes de tráfico y otras formas de ocupación pacífica, y no sólo a los que comenten estos actos, sino a los que los convocan”, sostuvo Vallejo, quien adquirió fama internacional por su liderazgo del sector estudiantil en las manifestaciones por una reforma educativa.
“La represión no sólo pasa por el amedrentamiento político y amenazas constantes, sino también por la represión física y las detenciones ilegales que hoy aumentan dentro de un marco ilegal”, agregó la líder universitaria.
Vallejo señaló que “parece que no hay conocimiento pleno en la ONU de lo que pasa en Chile, no está suficientemente claro”, y se mostró confiada en que los contactos mantenidos en Ginebra, donde tienen su sede los organismos de la ONU especializados en derechos humanos, sirvan para desvelar lo que ocurre en el país sudamericano.
Agregó que espera que visiten pronto Chile los relatores de la ONU sobre Educación, Libertad de Expresión, Tortura y Detenciones Extrajudiciales, ya que “éstas son temáticas muy sensibles en nuestros país”.
En una rueda de prensa, Vallejo criticó la “imagen que se ha vendido de Chile en el exterior y que no corresponde a la realidad”.
“Somos un país cada vez más desigual a pesar del crecimiento del producto interior bruto”, denunció.
Por su parte, Cariola explicó que el “proyecto político” que defienden es uno “adaptado a nuestra realidad política y cultural, que es distinta a las de otras partes del mundo”.
“Nosotros no queremos que todos sean comunistas ni somos dueños del movimiento, somos instrumentos del pueblo chileno”, dijo.
Consultada sobre la caída del modelo comunista en el pasado, aseguró sobre los jóvenes: “Aprendemos del pasado, de las experiencias vividas en otros lugares para construir un nuevo futuro”.
Murúa, a su turno, sostuvo que existe el convencimiento dentro del movimiento social chileno de que “la represión y la persecución están aseguradas” para este año.
Como representante de los trabajadores, mencionó que explicará al director de la OIT “las violaciones de las leyes laborales y de las convenciones colectivas en Chile, que transgreden las regulaciones internacionales en materia de trabajo”.
Con su visita a Suiza, los tres jóvenes finalizan una gira de poco más de dos semanas por Europa, durante la que cumplieron diversas actividades en foros sindicales y juveniles en Alemania y Suecia.
Esta visita ha sellado la voluntad de unir la lucha estudiantil en Chile a la de otros sectores, como la de los gremios sindicales y políticos con el objetivo de ser más fuertes, según explicaron.

La Historia Oculta del Régimen Militar

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