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martes, 13 de noviembre de 2012

Pedro Sabat sobre Maya Fernández: "Parece que cayó en las garras de su partido"

Pedro Sabat sobre Maya Fernández: "Parece que cayó en las garras de su partido"

El alcalde reelecto de Ñuñoa, aseguró que “el Tricel no es una instancia de apelación y no hay un tribunal en el mundo que pueda cambiar este resultado”.


Luego que este martes el Tribunal Electoral Regional proclamara como vencedor alcalde electo al actual edil en ejercicio, Pedro Sabat, éste manifestó que está desilusionado de la actitud que ha tomado Maya Fernández afirmando que “parece que cayó en las garras de sus partido”.

Sabat aseguró que tratará de escuchar más las demandas de los estudiantes y reconoció que “muchísimas declaraciones desafortunadas de las que me arrepiento”.

En tanto el alcalde de Ñuñoa enfatizó en que “no me parece que haya observadores de Derechos Humanos al interior de los buses de Carabineros"
http://www.cnnchile.com/nacional/2012/11/13/pedro-sabat-sobre-maya-fernandez-parece-que-cayo-en-las-garras-de-su-partido/

Delincuente Sabat: "Me desilusiona la actitud de Maya Fernández. Parece que cayó en las garras del partido"


#Ñuñoa @CNNChile
Pedro Sabat: "Me desilusiona la actitud de Maya Fernández. Parece que cayó en las garras del partido"

¡¡¡TRABAJADORES MARCHAN DE CONCE A SANTIAGO POR SUS DERECHOS!!!!



¡¡¡Unos 1.100 pescadores del Bío Bío tomaron buses para continuar la marcha hasta Santiago !!!!
Los dirigentes consiguieron medios de transportes para trasladar a los manifestantes hasta la ruta 5 norte, para ahí continuar con la caminata. Se prevé ir realizando paradas en el camino para alimentarse y descansar. La llegada está presupuestada para este jueves. Esta sería la última carta que se juegan ante un proyecto que indican dejará a muchas familias sin trabajo.
Los pescadores del Bío Bío que marchan hacia Santiago, para manifestarse por la Ley de Pesca o también conocida como Ley Longueira, caminaron desde Coronel hasta el aeropuerto, donde tomaron buses para moverse hasta la ruta 5 norte, para luego continuar con su marcha hasta la capital. Arribo que está presupuestado para el jueves, día en que asistirán a La Moneda.
Según los dirigentes de la movilización cifraron la cantidad de asistentes en unos 1.100 concurrentes, número que fue confirmado por personal de Carabineros que resguarda el traslado de los caminantes. Que incluyó a miembros de la CUT, del Partido Progresista y Federación de la Universidad de Concepción, los que solamente marcharon desde San Pedro de la Paz hasta Concepción, el recorrido completo lo realizarán los pescadores y astilleros. La marcha incluye a pescadores de Coronel, Talcahuano, Tumbes y San Vicente.
La dirigenta Marta Espinoza, informó que “vamos a ir directamente a La Moneda, ya que ahora el tema no lo cortan los senadores, ya se hizo el lobby con ellos y no pasó nada. Ahora es un tema de corte directo del Gobierno”.
En el petitorio de los pescadores, compuesto por 16 puntos, destaca el rechazo a: la regionalización del registro pesquero artesanal; a la prohibición de operar en la primera milla marina; y a la instalación de posicionadores satelitales a bordo e las embarcaciones.





















#YoPesco los conflictos de interés de los senadores con la pesca



Video parte de la campaña www.yopesco.cl que explica los conflictos de interés de 4 senadores con la ley de pesca por sus negocios o el de sus familiares, con la industria pesquera.

Presiona a estos senadores en www.yopesco.cl y di fuerte #YoPesco!



Reprimen pacífica marcha contra privatización de recursos marinos #Yopesco / El CiudadanoTV



Fuerzas Especiales arremetieron este lunes 12 contra un grupo de 150 personas, entre pescadores artesanales, estudiantes y agrupaciones sociales que manifestaban en contra del proyecto de ley de pesca que debatía en esos instantes una comisión del Senado en Santiago.
Cuando la manifestación estaba finalizando, aparecieron de improviso un carro lanza-aguas, uno lanza-gases y pelotones de policías antimotines que se abalanzaron contra el grupo, y detuvieron tanto a estudiantes como a los principales dirigentes, que se encontraban junto a la reja del edificio.
Los pescadores artesanales de la zona centro-sur de Chile han estado movilizados hace meses en defensa de su trabajo, ya que vaticinan el fin de su actividad a manos de empresas industriales que en los últimos diez años han devastado los recursos pesqueros del país.

El Ciudadano
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Chile: Violación a DDHH se convierte en una norma


En Chile, un informe de derechos humanos revela graves abusos contra estudiantes, movimientos sociales y las comunidades mapuche, violaciones que muchas veces quedan en la impunidad.

La información completa en la siguiente nota desde la ciudad de Santiago proporcionada por Alejandro Kirk.


http://www.hispantv.com
http://www.facebook.com/Hispantv
http://hispantv.com/​Frequencies.aspx


Dueños del mar chileno


Son cuatro grupos financieros que tienen acceso al 90% de lo que se pesca en el país. Y con la nueva ley de pesca, les quieren dar las concesiones sin límite de tiempo y hasta hereditarias. La situación afecta a 190 mil familias de pescadores artesanales y trabajadores del sector, así como limita los beneficios y la soberanía alimentaria de millones de chilenas y chilenos que ven mermado su derecho a gozar de lo que da el mar de todos.
Cuatro poderosos grupos económicos, en manos de no más de siete familias multimillonarias, con intereses financieros extranjeros, controlan hoy el mar chileno y la pesca del país, y con el gobierno de Sebastián Piñera podría aumentar su poder sobre esa riqueza que debería beneficiar a todos los habitantes de Chile.
Con Piñera, se avanza hacia la privatización profunda y la trasnacionalización de la pesca, a lo que se sumará el litio, mineral estratégico que ni Augusto Pinochet quiso sacar de manos del Estado.
La tramitación en el Congreso de la llamada Ley Longueira o ‘Ley Maldita’ como la identifican los pescadores artesanales, dejó en evidencia el control que poderosos grupos financieros tienen no sólo sobre la explotación de las zonas marítimas, sino también sobre los medios de comunicación, los partidos políticos y de paso, de la “bancada pesquera” que fue la que finalmente dio luz verde al proyecto oficialista pese a la oposición de los pescadores artesanales y de sectores políticos y sociales.
La industria pesquera busca mantener, a través de la Ley de Pesca, sus privilegios monopólicos apelando a un supuesto derecho histórico que tendrían por haber invertido en el sector durante 50 años. Así lo manifestó el director Ejecutivo de la ONG Ecocéanos,Juan Carlos Cárdenas, respecto de los cuatro grupos económicos que controlan la industria y que representan a las siete familias más poderosas del país que pretenden seguir apropiándose del mar de todas y todos los chilenos.
¿Quiénes son los denominados dueños del mar chileno? ¿Cómo es posible que tengan tanta incidencia en la economía, en los políticos y parlamentarios, en la prensa tradicional y en otros sectores? Conociendo quiénes son, se puede tener una idea de los poderes e influencias que están en juego en torno de la actividad pesquera en Chile.
Se trata de grandes consorcios que controlan cerca del 90 por ciento de las cuotas globales de pesca y que encabeza la Pesquera Orizon, que surge en noviembre de 2010 de la fusión de SouthPacific Korp (SPK) del Grupo Angelini y pesquera San José, de la familia Lecaros, que controlan el 80 por ciento de la pesca de jurel y sardinas del norte del país.
El segundo grupo es Blumar, surgido de la unión de la empresa Itata de la Región del Bío Bío, de la familia Sarquis, con la empresaEl Golfo, del grupo Yaconi-Santa Cruz. Este conglomerado extrae sobre el 20 por ciento de cuota industrial de jurel, el 26% de la cuota de sardina común, el 31 por ciento de merluza común y 20 por ciento de merluza de cola.
En enero de 2011, comienza la fusión de la empresa Camanchaca, de Jorge Fernández y Francisco Cifuentes con la pesquera Bío Bío de la familia Stengel, que controla el 30 por ciento de las acciones, dando origen a Camanchaca Pesca Sur, que tiene cerca del 18 por ciento de la cuota anual de jurel.
También en la Región del Bío Bío opera el cuarto conglomerado, Marfood, que surge de la mano de Alimentos Marinos S.A., Alimar, que pertenece a la familia Izquierdo y al grupo noruego FoodCorp, que controlan más del 22 por ciento de las cuotas de jurel.
Surgida en los años 50, Alimar es considerada una de las empresas más antiguas del rubro y es la matriz de las inversiones pesqueras del grupo económico que encabeza Roberto Izquierdo Menéndez y que, además, tiene intereses forestales, eléctricos e inmobiliarios.
Según Ciper Chile, en 1983 “Alimar y Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (Sopesa) -también del grupo Izquierdo Menéndez- se fusionaron bajo el nombre de Pesquera Sopesa-Alimar S.A. A los dos años, la nueva empresa se asoció con Pesquera San Vicente Ltda. (del mismo grupo) para formar la empresa Forestal Quilpolemu S.A. y para adueñarse en 1986 de Sociedad Pesquera Coquimbo Dos Ltda. En 1989, cuando Sopesa-Alimar volvió a llamarse Alimentos Marinos S.A. y su capital ya superaba los $3.615millones, se dividió en tres sociedades distintas. Su capital se redujo casi en un 50%, pero un año después ya superaba los $4.124 millones”.
En el trabajo se agrega que en los años ’90 se dio origen a “otras siete sociedades: cuatro junto a las demás empresas de los Izquierdo y tres con otras compañías. En 1997, la empresa volvió a fraccionarse, dando origen a Inmobiliaria Estoril S.A. y quedando con un capital por sobre los $5.515 millones”.
Estos grupos Orizon, Blumar, Camanchaca y Marfood, pertenecen a las siete familias más poderosas del país: Angelini, Cifuentes, Santa Cruz, Izquierdo, Jiménez, Sarquis y Stengel, con fuerte influencia política y obtienen ganancias por cerca de tres mil millones de dólares anuales libres de impuestos.
GOLPE A LA SOBERANÍA
Para el director Ejecutivo de la ONG Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, existió una acción concertada de estos grupos contra el antiguo proyecto de Ley de Pesca que había propuesto el Presidente Sebastián Piñera a través del ex ministro Juan Andrés Fontainey que contemplaba dejar el 50 por ciento de las cuotas de pesca del país para la licitación, permitiendo el ingreso de nuevas empresas al mercado y por tanto, mayores ingresos para el Estado.
“Estos cuatro grandes conglomerados dan un golpe político contra Fontaine, colocan a Longueira y elaboran un proyecto de ley que apunta a la entrega gratuita y a perpetuidad de las cuotas de pesca del país para estas siete familias, que por lo demás mantienen fuertes vínculos con sectores políticos de la Alianza y la Concertación, como quedó demostrado con la votación del proyecto en laCámara de Diputados el miércoles 18 de julio pasado”, sostiene Cárdenas.
Estos grupos, agrega el dirigente ambientalista, “buscan mantener sus privilegios monopólicos y rentistas, apelando a un supuesto derecho histórico que tendrían estas compañías por haber invertido, y diría depredado, durante 50 años, y lo hacen a través de cuotas individuales transferibles de pesca de carácter perpetuo, plenamente transables, incluso heredables”. En palabras simples, se trata del despojo del patrimonio nacional, que hipoteca el futuro de las generaciones actuales y venideras.
El hecho de que estos grupos consideren que tienen un derecho histórico, responde a que ello fue reconocido en la Ley Corta de Pesca impulsada por el gobierno de Ricardo Lagos en 2002 y que les garantizó por 10 años los recursos pesqueros del país. Ahora quieren protección y seguridad jurídica a perpetuidad, situación que fue rechazada en su momento por los pescadores artesanales, las comunidades costeras y las ONGs que se oponen a la privatización de los recursos naturales.
Durante la última década, los gobiernos de la Concertación cooptaron a organizaciones de pescadores, provocando un quiebre entre los distintos sectores que integraban la Conapach, cuya dirigencia finalmente aceptó el plan del ministro Pablo Longueira que traspasó un porcentaje de cuotas de pesca desde la industria hacia los propietarios de lanchas pesqueras artesanales por 34 millones de dólares, a cambio de apoyar la llamada Ley Longueira.
A juicio de Cárdenas, con el proyecto en trámite, el gobierno de Piñera reactiva la antigua ley elaborada en dictadura. “Lo que está haciendo Longueira es finalizar una de las últimas transformaciones neoliberales de la economía, que es la privatización del mar, sus recursos y el borde costero y en esto (…) los partidos políticos y el Congreso, se articulan en torno a los intereses de estas siete familias, que representan al sector más retardatario de la sociedad. Una vez que tengan la concesión a perpetuidad no van a dudar en vender los productos a las transnacionales”, precisa Cárdenas.
Sostiene que la presión y el lobby de estos grupos económicos permitió sacar del proyecto el artículo que señalaba que el Estado era el dueño de los recursos pesqueros del país y los podía entregar por concesión por período de tiempo definido, con lo que no se generaba ningún derecho de propiedad para los usuarios.
En definitiva, lo que está en curso es una especie de legalización de la privatización y explotación de consorcios del mar chileno, con lo cual todas y todos los chilenos y principalmente más de 120 mil familias de pescadores artesanales y trabajadores de la pesca, se verán afectados al perder los beneficios que entrega el mar y la actividad de la pesca.
Con el gobierno de Sebastián Piñera se avanzará en la privatización y trasnacionalización del mar y la pesca y del litio, riquezas naturales del país, cuyos beneficios llegarán muy mermados a los ciudadanos chilenos, lo que incluye un atentado a la soberanía alimentaria de la gente de este territorio.
PECES TRASNACIONALIZADOS
Con más de cuatro millones de toneladas al año, Chile ocupa el quinto lugar a nivel mundial en captura de peces según laOrganización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Sin embargo, el 90 por ciento de los recursos son exportados a países desarrollados y ricos: Japón, Estados Unidos y de la Unión Europea, afirma el director de Ecocéanos.
Esto abre otro punto para atender y está relacionado con las deficiencias en la alimentación de los chilenos. “Casi el 70 por ciento de los menores de siete años tiene problemas de obesidad y el tema de la alimentación en base a recursos del mar es una de las opciones, por lo tanto también es un tema de salud pública y los productos pesqueros son la base de una alimentación sana, por tanto no sólo hay que luchar por ello, sino contra la expropiación de los bienes de la Nación que también pertenecen a las generaciones que aún no han nacido”, puntualiza Cárdenas.
En este marco se dio la extendida y fuerte protesta de los pescadores artesanales y trabajadores del sector, oponiéndose a la “Ley Maldita” de Longueira y a los inmensos privilegios que se le otorgan a los grupos financieros que controlan la industria de la pesca. Organizaciones de los pescadores y de la sociedad civil denunciaron que se va camino a desaparecer la pesca artesanal, golpear a los pequeños y medianos productores pesqueros y a la concentración y privatización de los derechos de acceso y uso de los recursos pesqueros, privilegiando a esos cuatro conglomerados.
Esta es una lucha “contra el exterminio” dijo el dirigente Nelson Estrada, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Pesca, cuando comenzó la rebelión contra la ley del ministro de Economía, Pablo Longueira.
Es poco probable que la nueva ley no se apruebe. Será un duro golpe a cientos de miles de trabajadores de la pesca y también otro paso desgraciado hacia la pérdida de la soberanía y la posesión de territorio y riqueza natural que debiera estar en manos del Estado para beneficio de todas y todos los chilenos.
Recuadro
EL CASO ZALDÍVAR Y EL LOBBY
Fue el año 2002 cuando el economista Marcel Claude denunció al entonces Presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), por sus vínculos con el Grupo Angelini en la tramitación de la Nueva Ley de Pesca que favorecía al conglomerado con más de mil millones de pesos. Era sólo el principio de un largo camino que comenzaron a pavimentar las empresas del rubro para concentrar la totalidad de recursos marítimos que reportan ganancias anuales por tres mil millones de dólares.
Aunque todo terminó con un proceso judicial contra Claude, éste fue absuelto de la querella por el delito de injurias graves con publicidad presentadas por el senador Zaldívar. En realidad, no era más que la certeza de las presiones, el lobby y la acción concertada de las empresas y las ligas parlamentarias y el poder político, para finalmente apoderarse de los pocos recursos naturales sobre los cuales el Estado ha ido perdiendo control y regulación ante el avance de la apropiación de consorcios de las riquezas naturales, incluido el mar chileno.
En aquel tiempo, Marcel Claude declaró: “no dije que fueran todos los parlamentarios, sino específicamente un grupo, los hermanos Zaldívar. La ley está estableciendo que se les van a pasar mil millones de dólares, porque se les va a entregar la propiedad, incluso, se está pidiendo que se entregue -sin que se pague nada- la privatización de los recursos pesqueros”. El proceso siguió su curso y en su resolución el juez Alejandro Madrid consignó la declaración de Anacleto Angelini Fabri que reconocía la relación con Felipe Zaldívar Prado, presidente del holding “Enerva”, accionista de “Corpesca”, con un 40 por ciento aproximadamente y que, efectivamente, “Andrés Zaldívar y su familia tienen acciones en la empresa Eperva, porcentaje que es mínimo, pero declara no haber influido en la tramitación de la Ley de Pesca”, según la resolución del Magistrado, de acuerdo a la versión de El Mostrador.
Por Osciel Moya 
El Ciudadano Nº130, primera quincena agosto 2012
Foto: Jon Anderson

¿Cuáles son las siete familias a las que se les acusa de apropiarse del mar chileno?


FUENTE: RADIO UCHILE.CL
Daniela Ruiz
7familias
Las últimas campañas en contra de la nueva Ley de Pesca, que enfrenta sus últimos trámites en el Congreso, se han centrado en la denuncia de que este proyecto terminaría de entregar los recursos del mar a un grupo de siete familias de la industria pesquera, que ya controlaron el 92% de los recursos por diez años. ¿Quiénes son y por qué se les acusa de apropiarse del mar chileno? ¿Qué es lo que establece la nueva ley? A continuación algunas claves para entender lo que se jugaría con la aprobación de este articulado.
La discusión de la nueva Ley de Pesca ha generado amplia controversia en sectores de la pesca artesanal así como en organizaciones ciudadanas, las que acusan que el proyecto elaborado por el ministerio de Economía, “entregará los recursos del mar a perpetuidad a un cartel de siete familias”.
Todo se remite la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador, que entró en vigencia en 2001, impulsada por el Gobierno de Ricardo Lagos, donde en vías de terminar con la “carrera olímpica del sector” – el que llegaba primero se llevaba la cuota-, se estableció un sistema de cuotas individuales transferibles que duraría dos años. En 2002, a través de una ley corta, el Congreso aprobó extender estas licencias por diez años.
Argumentando que se debía reconocer la inversión pionera de la industria pesquera desde hace 50 años, dándole seguridad legal y, de esta forma, también defender el empleo, estas siete familias se hicieron del 92 por ciento de las cuotas de captura industrial, a través de un fuerte lobby y el alineamiento de los parlamentarios de ese entonces.
Por medio de una fórmula denominada “coeficiente de participación relativo”, las cuotas se fraccionaron sumando los registros de captura entre 1997 y 2000 y determinando la capacidad de bodega de las naves en 2001. Es decir, quienes tenían mayor participación del mercado fueron los que salieron más beneficiados.
Es así como, durante estos diez años, los industriales han concentrado ganancias por 9 mil millones de dólares, pero nunca han pagado por la asignación de las cuotas, que según el propio ministro de Economía, Pablo Longueira, alcanzan una valoración de 743 millones de dólares anuales. Solo están obligados a pagar una patente por operar sus embarcaciones, lo que equivale a un 0, 6 por ciento de sus exportaciones. De esta manera, pese a que Chile es uno de los top diez en descargas pesqueras del mundo, el sector solo aporta un 0,4 por ciento del PIB del país.
A ello se suman las acusaciones por la sobreexplotación de los recursos marinos, poniendo solo como ejemplo la desaparición del jurel en las costas; la absorción de las pymes por parte de la industria; y que un 90 por ciento de los recursos se exporta, dejando un magro porcentaje para la alimentación de los chilenos.
Sin embargo, a punto de llegar a su fin el antiguo régimen de pesca, los grupos que controlan el mar buscaron impulsar que la situación se mantuviera tal como en 2002, asegurando poseer un “derecho histórico” que ya habría sido reconocido en dicha legislación. Y parecen haberlo conseguido.
¿Quiénes son estas 7 familias de grandes grupos empresariales que quieren mantenerse como actores exclusivos de la pesca en Chile?
Se trata de las familias Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que durante los últimos años pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados: OrizonBlumarCamanchaca Pesca Sur y Mar Food -capitales extranjeros – (ver detalle al final del texto).
Pese a que en un principio el proyecto formulado por el ex ministro de la cartera, Andrés Fontaine, consideraba dejar el 50 por ciento de las cuotas para licitación, dándole mayor competencia al sector con el ingreso de nuevos actores y, así, generar mayores recursos para el Estado, la llegada de Pablo Longueira a Economía habría frenado esta opción.
De hecho, las organizaciones acusan directamente a los industriales de haber actuado contra el antiguo proyecto de ley que había propuesto el Gobierno de Sebastián Piñera, quien ya como senador en 1991 había planteado darle mayor dinamismo a la industria pesquera. Según un fallo del Tribunal de la Libre Competencia desde 2001 que no ingresa ningún nuevo actor a este mercado.
De esta forma, la iniciativa que actualmente se discute en segundo trámite en el Congreso plantea una cuota global de captura que se administraría bajos tres tipos de licencias transables (Clase A, Clase B y Clase C). Es a través de las licencias de Clase A que, según afirma el propio ministerio de Economía, se “reconocen los derechos históricos de los industriales”.
Aunque la Clase B se entregaría por licitación cuando una especie haya alcanzado su Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y la clase C cuando la cuota se encuentre sobre esta tasa, se discute la viabilidad de estas opciones, ya que según los expertos los recursos marinos estarían tan depredados, y continuarían en manos de quienes los han sobreexplotado, que sería casi imposible llegar a un estado de sustentabilidad donde se alcance el RMS, por lo que solo se traría de alternativas fantasmas.
Asimismo, con más de 4 mil kilómetros de costa de norte a sur, la legislación tampoco establecería que los recursos del mar son del Estado, ya que este artículo fue rechazado por la sala de la Cámara de Diputados y existe la duda sobre si el Senado lo repondría o no. De entregar nuevamente la concesión a los industriales por veinte años más, el proceso solo podría revertirse a futuro por medio de expropiaciones que traerían billonarios costos al Estado.
Los industriales y las 7 familias
Angelini: Grupo económico liderado por Roberto Angelini. Con un capital estimado en U$ 1200 millones, es uno de las cinco fortunas más ricas del país y la 1015 del mundo según la revista Forbes. Entre sus principales empresas destaca Copec, Celulosa Arauco y Colbún, entre otras. En la pesca industrial participa a través de Corpesca y Orizon (Fusión de Pesquera San José y South Pacific Korp), junto a la familia Lecaros.
Lecaros: A través de la Sociedad Pesquera Coloso, Sergio Lecaros Méndez, además de participar en Corpesca y Orizon, también tiene intereses en los Hoteles Holiday Inn Express, Alifrut SA (Minuto Verde – Cambaña) e inmobilarias en Chile y Buenos Aires.
Yaconi – Santa Cruz: Conglomerado creado en los ’70 por Manuel Santa Cruz, Hugo Yaconi, Jaime Santa Cruz, Mario Vinagre y Ernesto Noguera. Con la pesquera El Golfo se unieron a la Pesquera Itata, de la Familia Sarquis, dando origen a Blumar S.A en 2011. La fusión posee un capital de poco más de 124 mil millones de pesos y es la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte del recurso pesquero en Chile. También tienen intereses en Lipigas, ABCDin, Inmobiliaria Las Lilas y Mall Paseo Estación, entre otros.
Sarquis: El holding está encabezado por Rodrigo Sarquis Said, quien además de participar en la pesca industrial con Blumar SA, lidera la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).
Stengel: Grupo liderado por Jan Stengel. Con la Pesquera Bío Bío se fusionaron con la Compañía Pesquera Camanchaca, de la familia Fernández, en 2011. Además de participar en Congelados Aitué, Unfishing Canning, Stengel es actualmente el presidente de la Asociación Nacional de Indutriales Pesqueros (Asipes).
Fernández: Al frente de la Compañía Pesquera Camanchaca se encuentra Jorge Fernández Valdés. Al unirse con los Stengel, ambas familias terminaron con el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.
Izquierdo: Los hermanos Izquierdo Menéndez controlan Alimentos Marinos S.A y San Antonio SA. Roberto Izquierdo es parte de la directiva de Asipes. También tienen interes en Kidzania, Universidad de las Andes, Forestal y papelera de Concepción, Entel PCS, entre otras.


http://fuenteovejuna2011.blogspot.com.ar/2012/11/estos-son-los-duenos-del-mar-chileno.html

Los Dueños del Mar Chileno


Alimentos Marinos S.A (Alimar)
Grupo Izquierdo Menéndez



En 1950, el Diario Oficial publicó una reforma al estatuto de Alimentos Marinos S.A. (Alimar). Para entonces, ya llevaba dos años de existencia. Julio Philippi Izquierdo, su principal accionista, fue quien solicitó la modificación tanto esa vez como en 1956, cuando se aprobó un aumento de capital de $15.000.000 a $200.000.000.

Alimar es una de las empresas más antiguas del sector. Además, es la matriz de las inversiones pesqueras del grupo económico liderado por Roberto Izquierdo Menéndez, el que además tiene intereses forestales, eléctricos e inmobiliarios. Izquierdo hoy preside la asociación gremial de pesqueros industriales Asipes.

En 1983, Alimar y Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (SOPESA) –también del grupo Izquierdo Menéndez– se fusionaron bajo el nombre de Pesquera SOPESA-ALIMAR S.A. A los dos años, la nueva empresa se asoció con Pesquera San Vicente Ltda. (del mismo grupo) para formar la empresa Forestal Quilpolemu S.A. y para adueñarse en 1986 de Sociedad Pesquera Coquimbo Dos Ltda. En 1989, cuando SOPESA-ALIMAR volvió a llamarse Alimentos Marinos S.A. y su capital ya superaba los $3.615millones, se dividió en tres sociedades distintas. Su capital se redujo casi en un 50%, pero un año después ya superaba los $4.124 millones.

Alimar dio origen en los ’90 a al menos otras siete sociedades: cuatro junto a las demás empresas de los Izquierdo y tres con otras compañías. En 1997, la empresa volvió a fraccionarse, dando origen a Inmobiliaria Estoril S.A. y quedando con un capital por sobre los $5.515 millones.

La última modificación que registra Alimar en el Diario Oficial es del 30 de diciembre de 2010, cuando cambió su domicilio desde Santiago a Rocas de Santo Domingo. Actualmente, tiene permiso para pescar entre las regiones III y X.




Aquafish S.A.
Grupo Yaconi - Santa Cruz



El grupo Yaconi-Santa Cruz lleva más de treinta años funcionando en forma conjunta. Desde entonces que su principal inversión ha estado en el negocio con el que partió: la empresa Lipigas. Pero ambas familias no sólo están unidas por los negocios: Hugo Yaconi está casado con María Santa Cruz, la hermana de Jaime y Manuel Santa Cruz.

Aunque el polo pesquero de sus inversiones se centra en Blumar S.A., la empresa que tienen en sociedad con la familia Sarquis desde 2011, cuando fusionaron las pesqueras Itata S.A. y El Golfo S.A., el grupo Yaconi-Santa Cruz también ha operado en el mar de forma independiente. Y lo ha hecho a través de la empresa Aquafish S.A.

La compañía nació en 1991 con un capital de $5.000.000 que conformaron las sociedades Compañía de Rentas e Inversiones San Ignacio S.A. (Hugo Yaconi), Inversiones y Renta Con Con S.A. (Manuel Santa Cruz), Compañía de Servicios Ltda. (Jaime Santa Cruz), Compañía de Rentas e Inversiones Terranova Limitada, Compañía en Comandita por Acciones (Juan Ignacio Vinagre) e Inversiones Colmar Ltda. (Ernesto Noguera).

Aquafish se asoció con Pesquera El Golfo S.A. (también parte del grupo) para constituir El Golfo Comercial S.A. (1997) y Pesquera Araucanía Dos S.A. (2002). Hasta el año pasado, Aquafish operaba entre las regiones de Atacama y Los Lagos y tenía licencia para pescar jurel, anchoveta, sardina común y merluza común. Aunque en todas esas pesquerías poseía menos del 1%, abultaba la cuota que controlaban los Yaconi-Santa Cruz por medio de El Golfo. Pero este año, Aquafish no figura en la lista de armadores con derecho a pescar en Chile.




Blumar S.A.
Grupo Sarquis / Grupo Yaconi-Santa Cruz 



Blumar S.A. surgió de dos empresas de dos familias que se juntaron bajo una misma marca después de varias décadas de funcionamiento independiente. Tanto Pesquera Itata S.A. (de la familia Sarquis) como Pesquera El Golfo S.A. (del grupo Yaconi-Santa Cruz) partieron en los ’60 y antes de fusionarse este año eran dos de las mayores empresas del sector pesquero.

Itata fue creada en 1961 por Jorge Sarquis Nasim y su hijo Sergio Sarquis Menassa con 265.000 escudos. Desde entonces que es un negocio familiar. Para 1976, tras la muerte de su padre, los hermanos quedaron como únicos socios de la empresa. Para 1988 ya contaba con un capital que superaba los $2.364  millones. Ese mismo año los hermanos Sergio y Jorge Sarquis Menassa le transfirieron la propiedad a sus respectivas sociedades de inversión (Inversiones Caunahue Ltda. e Inversiones Pitama Ltda.), en las que participaban con Rodrigo Sarquis Said. Así fue que ingresó al negocio el actual presidente de Sonapesca.

En los años siguientes la propiedad de la sociedad se transferiría a distintas sociedades, todas de la familia Sarquis. En 2001, Itata absorbió a otras siete empresas pesqueras, quedando con un capital superior a los $39.609 millones. En 2004 absorbió a otra. Para 2008, la empresa ya contaba con un capital que superaba los US$ 124 millones.

Por su parte, Pesquera El Golfo S.A. nació un año después que Itata. Fue propiedad de la familia Stengel hasta 1986, cuando se modificó y quedaron como únicos socios: Compañía de Rentas e Inversiones San Ignacio S.A. (de Hugo Yaconi), Inversiones y Renta Con-Con S.A. (de Manuel Santa Cruz), Sociedad de Inversiones y Servicios Cassis Limitada y Compañía de Rentas e Inversiones Terranova Limitada Compañía en Comandita por Acciones;  Compañía de Servicios Limitada (Jaime Santa Cruz). Así, el control de la empresa quedó en manos del grupo Yaconi-Santa Cruz (dueños de Lipigas).

Entre 1994 y 2011, El Golfo se vio involucrado en varias creaciones y absorciones de otras empresas pesqueras. Para julio de este año, El Golfo contaba con un capital de US$ 18.072.848. Un mes después fue absorbida por Itata para pasar a llamarse Blumar S.A.

El directorio de la nueva empresa es compartido al igual que su propiedad, que se reparte en un 54,69% para los Sarquis y un 45,31% para el grupo Yaconi-Santa Cruz. Aunque también se dedica a la salmonicultura, la pesca de altamar es parte importante de su negocio. Actualmente tiene licencia para pescar entre las regiones III y X.



Foodcorp S.A.
Austevoll Havfiske AS (Grupo DOF, Noruega)



En un mercado predominantemente chileno, Foodcorp S.A. es una de las pocas empresas que cuenta con capital mayoritario extranjero.
Dos años después de su creación en 1981,  ya era controlada por la sudafricana Consortium Enterprises Jersey Limited, con el 99% de la participación. En 1987, la empresa compró parte de la Sociedad Pesquera Nuevo Horizonte Ltda., quedando cómo única socia junto a la compañía panameña Beechwood Shipping Company S.A., donde participaba la familia noruega Møgster. Más adelante, sería esa misma familia la que controlaría la empresa. Pero aún faltaba. Para 1994, su capital ya superaba los $6.604 millones.

En 2000, Foodcorp (que aún se llamaba Pesquera del Norte S.A.) se asoció con Pesquera del Cabo S.A. para crear la compañía Foodcorp Chile S.A., la que partió con $58.000.000. El directorio de Foodcorp Chile S.A. estaba compuesto por los directores titulares Santiago Montt Vicuña, Helge Møgster y Ole R. Møgster, además de los suplentes Erling Møgster, Edith Guerra Salinas y Andrés Daroch Coello. Era 2003 y la empresa ya estaba dominada por la familia Møgster, controladora del grupo noruego DOF.  

En 2004, la empresa se asoció con Daroch y la noruega Austevoll Havfiske AS (también de los Møgster) para crear la sociedad Inversiones Pacfish Ltda., una empresa que en dos años logró un capital de US$ 5.762.616. Ese año, en 2006, la compañía pasó a llamarse Foodcorp S.A. Sus socios eran Pesquera Caldera Ltda., Inversiones Pacfish Ltda., Consortium Enterprises (Jersey) Limited y Andrés Daroch Coello, Pesca e Inversiones E.I.R.L.

En 2007, Foodcorp S.A. se asoció con Inversiones Pacfish para formar Cultivos Pacfish S.A. Dos meses después, Foodcorp se dividió en dos empresas y absorbió a otra, quedando con un capital de $21.022 millones.

En 2008, tanto Foodcorp Chile S.A. como Foodcorp S.A. cambiaron sus directorios por un año, y en ambos figuran miembros del grupo noruego. El primero quedó compuesto por los titulares Esteban Urcelay Alert, Andrés Daroch, Santiago Montt Vicuña, Ole R. Møgster y Arne Møgster y los suplentes Helge Singelstad, Britt K. Drivenes, Helge Møgster, Edith Guerra Salinas y Erling Møgster. El segundo lo conformaban los directores titulares Ole R. Møgster, Arne Møgster, Adriana Giudice Alva, Helge Singelstad y Santiago Montt Vicuña, mientras que como suplentes quedaban Esteban Urcelay Alert, Erling Møgster, Per Arne Bjanes, Andrés Daroch y Britt K. Drivenes.

Para octubre del año pasado el capital de Foodcorp S.A. era de US$ 32.041.249 y el de Foodcorp Chile S.A., de US$ 86.979. Actualmente, el grupo pesca entre las regiones III y X.



Camanchaca Pesca Sur S.A.
Familia Fernández / Familia Stengel



En enero de 2011, Compañía Pesquera Camanchaca S.A. anunció que se fusionaría con Pesquera Bío Bío S.A., de la familia Stengel (la misma que fundó Pesquera El Golfo S.A.). Con esto, la nueva firma que se crearía para desarrollar la pesca de recursos pelágicos en la zona centro sur (desde la V a la X Región), obtendría la participación de mercado conjunta de 18,4% del jurel que se pesca industrialmente en Chile, transformándose en la tercera empresa más importante en el mercado, después de Blumar S.A. y Orizon S.A.

La unión se hizo operativa a través de Camanchaca Pesca Sur S.A. en diciembre de 2011, cuando ésta absorbió a Pesquera Bío Bío Sur S.A., la sociedad que la compañía de los Stengel creó para consolidar la fusión. La nueva empresa forma parte de las empresas que controla Compañía Pesquera Camanchaca S.A., como una de sus filiales.

Desde este año, todas las operaciones pesqueras pelágicas que antes pertenecían a las empresas que se fusionaron para darle vida, serán operadas a través de Camanchaca Pesca Sur S.A., donde Pesquera Bío Bío S.A. posee el 30% de las acciones. Su licencia para pescar le permite capturar anchoveta, sardina y jurel desde Valparaíso hasta la Región de Los Lagos.




Lota Protein S.A.
Kappernaes Gruppen (Noruega)



Es una de las pocas empresas pesqueras con capital 100% extranjero. Pero no siempre fue así.
Rodrigo Vial fundó Pesquera Lota Protein Ltda. en 1991 junto a Astilleros Marco Chilena Ltda. con un capital de $100.000. Tres años después, con la entrada de nuevos socios (entre ellos la empresa panameña Marchill A, S.A.), ese monto aumentó a US$ 3.840.000. Para 2004, los únicos socios de la empresa eran Pesquera Lota Vedde Dos Ltda. y Compañía C.P.A. con el 99,99% de los derechos sociales y Roberto Guerrero Valenzuela con el 0,01% restante. Ese mismo año la empresa se dividió, dando origen a Pesquera Protein Ltda.

También en 2004, la sociedad Pesquera Lota Vedde S.A. Santa María y Compañía C.P.A. pasó a llamarse Lota Protein S.A. y a tener un capital que superaba los $2.919 millones. Para 2005, los accionistas de Lota Protein S.A. eran Lota Vedde Dos S.A., Pesquera Lota Vedde Dos Ltda., Industrial Bahía Mansa S.A. y Roberto Guerrero. Antes de que acabara ese año, Lota Protein S.A. pasó a ser, junto a Lota Vedde Dos S.A., una de las dos únicas socias en Lota Protein Ltda.

Para ver el ingreso del grupo noruego Koppernæs a Lota Protein hay que ver el historial de sus socios. En 2000, los fundadores de la empresa se asociaron con la norteamericana Kenneth Morrison Family Limited Partnership y con la noruega Chile Invest AS para crear la sociedad Pesquera Lota Vedde Ltda. Al día siguiente, la empresa noruega se asoció con el empresario de la misma nacionalidad, Hans Peter Koppernaes, para crear pesquera Lota Vedde Dos Ltda.

Un año después, Lota Vedde Ltda. creó con Roberto Guerrero la sociedad anónima del mismo nombre.

En 2004, después de una modificación, los únicos socios que quedaron en Lota Vedde Ltda. fueron los noruegos Vedde Sildoljefabrikk AS (filial del grupo Koppernaes), la chilena Astilleros Marco Chilena Ltda. y la estadounidense Kenneth Morrison Family Limited Partnership.

Actualmente, el capital de Lota Protein es 100% noruego. Tiene una planta en Lota donde procesa harina y aceite de pescado y tiene autorización para pescar desde la III Región hasta el límite sur del a Región de Los Lagos.




Pesquera San Antonio S.A. (SOPESA)
Grupo Izquierdo Menéndez



Al igual que Alimar, la otra pesquera del grupo Izquierdo Menéndez, Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (Sopesa) es una de las empresas más antiguas del sector. Aunque no siempre fue propiedad del clan Izquierdo.

Sopesa fue creada como una sociedad de responsabilidad limitada en 1948. Tres años después, contaba con un capital de $12 millones que aportaron los 22 socios que participaban en la empresa. Para 1956, cuando se aprobaron sus estatutos como sociedad anónima, la compañía ya había cambiado varias veces de dueños. El primer registro en el Diario Oficial de la llegada de los Izquierdo es de 1976.

Ese año se modificó la Sociedad Pesquera Mytilus Ltda., donde las únicas socias que quedaron, Sopesa y Alimar, ya actuaban de forma conjunta. Entonces, el directorio de Sopesa estaba compuesto por Alfredo Bezanilla Hübner, Roberto Izquierdo Phillips, Alfonso Barros Moreira, Matías Izquierdo Menéndez y Julio George-Nascimento Márquez. Tanto Bezanilla como Roberto Izquierdo eran también directores de Alimar.

Ya en 1981, Mytilus pertenecía en un 70% a Sopesa y en un 30% a Alimar. Al año siguiente, se sumó otra empresa de la familia Izquierdo: Pesquera San Vicente Ltda. Un mes después, Mytilus pasó a llamarse Pesquera Mares del Sur S.A.




Salmoalimentos S.A.
Grupo Errázuriz






Pesquera Landes S.A.
Familia Bohorodzaner / Familia Fosk




Pesquera Bahía Coronel S.A.
Grupo Errázuriz



Fue constituida en 1992 por los hermanos Tomás y Jorge Aylwin Bustillos, abogado el primero y licenciado el segundo. Actualmente, los dos son socios del estudio jurídico Aylwin Abogados. El capital inicial fue de $1.000.000. Cuatro años después, ese fondo era de $1.650 millones.

La última aparición de la sociedad en Diario Oficial fue en 2005, cuando se asoció con las pesqueras Camanchaca, Foodcorp Chile, SPK, San José e Itata para desarrollar el proyecto emisario en Coronel. Nada aparece allí de su verdadera propiedad, ligada al empresario Francisco Javier Errázuriz, donde participaría a través de Pesquera Nacional S.A., la matriz de sus inversiones en el sector.

En una clasificación de riesgo realizada por Humphreys Ltda. en 2008 a Renta Nacional Corredora de Seguros Generales S.A., decía: “La propiedad de la compañía se distribuye en tres accionistas; Pesquera Bahía Coronel (75,96%), Soc. Agrícola Ganadera y Forestal Las Cruces Ltda. (23,99%) y Ganadera Las Cruces S.A. (0,05%). Todas las empresas forman parte del Grupo Errázuriz”. Actualmente, Pesquera Bahía Coronel no figura entre los accionistas, ni posee página web. En el directorio internacional pesquero Fish Information & Services, es presentada como “una empresa chilena dedicada a la captura y procesamiento de pesca para la elaboración y comercialización de harina, aceite de pescado y congelados de alta calidad, propiedad de empresarios ampliamente conocidos y reconocidos en el mercado regional, nacional, e internacional.” Eso es lo mismo que aparece en la página de Enapesca S.A., que sería el actual nombre de Bahía Coronel y que opera en el mismo domicilio.

Según el Diario Oficial, Enapesca surgió del cambio de nombre en 2007 de Servicios de Tecnología S.A., una sociedad creada en 1999 por los abogados José Pablo Dulanto Galilea y Patricio Piddo Isbej. Una década después cambió de giro y comenzó a dedicarse a la pesca.

Hasta 2011, Bahía Coronel tenía autorización para pescar jurel (2,6%), anchoveta (0,03%), sardina común (2,52%) y merluza de cola (1,54%) entre Valparaíso y la Región de Los Lagos. Pero este año despareció de la lista de armadores industriales con cuota de pesca. No figura ni como Pesquera Bahía Coronel ni como Enapesca.



Friosur S.A.
Grupo Del Rio / Nissui Group (Japón)



La historia de Friosur partió en 1982 cuando Derco S.A. e Inversiones Vitacura Ltda. (ambas empresas pertenecientes a la familia Del Río), crearon la empresa pesquera Algar Ltda. con un capital de $8.000.000. Hasta 1984 su principal actividad era la explotación de algas de agar, pero entonces pasó a llamarse Pesquera Friosur Ltda. y amplió su giro a la explotación pesquera. Para ello, aumentó su capital de ocho millones a $100.000.000. En 1988, Inversiones Tobalaba S.A., cuyos accionistas eran José Luis del Río Goudie y Ana María Silva Alcalde, absorbió a Pesquera Friosur S.A. y asumió su nombre. A mediados de ese año, su capital superaba los $ 2.013 millones.

En 1993, la pesquera de los Del Río se asoció con Salmones Antártica S.A. y Pesca Chile S.A. (de capital español) para crear la Sociedad Educacional Puerto Aysén S.A. (que Friosur absorbería en 2005) y luego con Emdepes S.A., de los japoneses Nissui Group, para constituir Pesquera Unionsur S.A.

La sociedad con los japoneses no se limitó a Unionsur. En 1998, Emdepes y Friosur quedaron como únicas socias de Alimentos Chacabuco Ltda. con un directorio compartido. Al año siguiente, las dos empresas se asociaron de nuevo en la constitución de Pesquera Más Afuera S.A.

En 2001, la empresa se dividió en cinco sociedades: una que seguiría con ese nombre y otras cuatro que se denominarían Friosur VII S.A., Friosur VIII S.A., Friosur IX S.A. y Friosur X S.A. cuyos socios eran Deris S.A. (también de la familia Del Río), Nippon Suisan América Latina S.A. (del grupo Nissui) y Lira S.A. Corredores de Bolsa. Cuatro años después, Friosur X pasó a llamarse Pesquera Sur Austral Dos S.A. para luego dividirse en dos y volver al nombre original, dejando a la segunda con el nombre nuevo. Para ese año, Pesquera Friosur S.A. tenía un capital que superaba los $14.309 millones.  

En 2007, Pesquera Sur Austral S.A. absorbió a las sociedades Friosur VII y VIII. A fines del año siguiente, hizo lo mismo con Friosur IX S.A. Cinco meses antes, Friosur X había absorbido a Pesquera Pacífico Sur S.A. y un año después cambió su nombre a Pesquera Grimar S.A. que en 2010 fue absorbida por Pesquera Friosur S.A.

En los últimos años, las empresas de Friosur que tenían autorización vigente para pescar eran Friosur IX y Friosur X. En 2010, la primera le transfirió su cuota a Pesquera Sur Austral S.A., mientras que la segunda se la traspasó a la Sociedad Pesquera Grimar S.A. Ambas empresas operan desde el límite norte de la IV Región hasta el extremo sur del país.



Corpesca S.A.
Grupo Angelini / Grupo Lecaros


Orizon no es la única empresa que une a las familias Lecaros y Angelini en la pesca. Esa relación se extiende en Corpesca S.A., la más grande de las empresas pesqueras del norte.


Aunque Roberto Angelini es su presidente y el principal accionista a través de Empresa Pesquera Enerva S.A. y Pesquera Iquique-Guanaye S.A. (entre ambas poseen el 77% de la empresa), su nombre no figura en la constitución de la sociedad en julio de 1999, cuando partió con un capital de $1.200.000. El 23% restante de la propiedad de Corpesca lo posee Pesquera Coloso S.A., de la familia Lecaros.

En 2000, Corpesca absorbió a tres empresas del sector, lo que también le significó obtener el 99% del capital en dos compañías aeronáuticas que luego fusionó en una sola, bajo el nombre de Línea Aérea Costa Norte S.A. En 2007, pasó a ser parte de la Asociación de Industriales de Mejillones A.G. y en 2009 formó junto a Compañía Pesquera Camanchaca S.A. y Servicios y Refinerías del Norte S.A. la sociedad Instituto de Investigación Pesquera del Norte S.A.

El rol activo de Angelini en el conflicto del límite marítimo con Perú se debe a que las demandas peruanas afectan al 20% de las cuotas de pesca que posee a través de Corpesca S.A., la principal operadora del sector norte del país. La empresa produce el 25% del total de harina de pescado chilena con una producción anual de 170.000 toneladas métricas, o sea, el 5,5% de la oferta mundial exportable.  

Su directorio está encabezado por Roberto Angelini y compuesto por Jorge Anduela (vicepresidente), Claudio Elgueta, Luis Felipe Gazitúa, José Tomás Guzmán, Domingo Jiménez, Sergio Lecaros, Eduardo Navarro y Felipe Zaldívar, el hermano del senador Andrés Zaldívar y del embajador en Argentina Adolfo Zaldívar. La empresa opera actualmente entre las regiones XV y X y cuenta con instalaciones en Arica, Mejillones, Iquique, Tocopilla, Santiago y Puerto Montt.



Orizon S.A.
Grupo Angelini / Grupo Lecaros



Aunque fue constituida en 2010, Orizon S.A. es una de las empresas más grandes y poderosas del sector pesquero. Cuando nació tras la fusión de Southpacific Korp S.A. (del grupo Angelini) y Pesquera San José S.A. (de la familia Lecaros Menéndez), su capital ya superaba los US$ 343,6 millones.

Su historia partió en 1987 a través de una filial de Pesquera Coloso S.A., bajo el nombre Pesquera San José de Coquimbo S.A. Sus socios eran Coloso y Duncan Fox S.A., en cuyos directorios los Lecaros Menéndez dominan. Sergio Lecaros es presidente de las dos compañías y su hermano Pedro es director de Coloso y vicepresidente en Duncan Fox, donde María José y Juan Francisco Lecaros también son miembros del directorio.

Con el correr de los años, Pesquera San José sufriría varios cambios. Junto a Coloso formó la línea aérea LACSA S.A. (1987) y Nutrimar S.A. (1991), mientras que con Duncan Fox formó Pesquera San José del Sur S.A. (1988), la que cambiaría de nombre a Pesquera San José S.A. en 1992. Ese mismo año, San José de Coquimbo fue absorbida por Coloso.

En los años siguientes, San José S.A. fue parte importante del proceso de fusiones que controlaría la propiedad de la industria pesquera en unas pocas empresas, transformando a la familia Lecaros en una de las principales dueñas del mar chileno. Entre 1995 y 2004 absorbió a al menos otras cinco pesqueras y creó otras tantas en sociedad con empresas del rubro. En 2010, San José se dividió en dos sociedades: una que seguiría con su razón social y elaborando harina y aceite de pescado, además de productos para el consumo humano; y otra dedicada a las inversiones (Sociedad de Inversiones Coloso S.A.) Eso fue sólo cuatro meses antes de que se fusionara con otra de las grandes, Southpacific Korp S.A. (SPK) y dieran origen a Orizon, donde actualmente posee el 40% de la propiedad.

SPK es más joven que San José: fue constituida en 2000 con un capital de $1.000.000. Aunque en su constitución actuaron dos abogados, la sociedad es controlada por Roberto Angelini a través de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. Al año siguiente, después de absorber otras tres empresas del sector, su capital ya superaba los $71.960 millones. Actualmente posee el 50,1%  de Orizon. El resto (9,9%) es de la Empresa Pesquera Eperva S.A., otra sociedad del Grupo Angelini.

Orizon es la continuadora legal de ambas empresas. Su directorio está conformado por Roberto Angelini, Jorge Andueza, Eduardo Navarro, Luis Felipe Gazitúa, Francisco Mujica, Sergio Lecaros, Jorge Matetic, Canio Corbo y Domingo Jiménez. El gerente general es Joaquín Cruz. La firma opera entre las regiones XV y X y cuenta con instalaciones productivas en Coquimbo, San Vicente, Coronel y Puerto Montt.



Pesca Chile S.A.
Grupo Pescanova (España)




Era 1983,  cuando la empresa española Pescanova S.A. llegó al país, apenas arribó, creó junto al empresario uruguayo Víctor Tarigo Bonizzoni y un capital de $165.600.000, la compañía que sería la base de sus operaciones en Chile: Pesca Chile S.A., hoy una de las dos principales controladoras de los recursos que se explotan en las aguas de las regiones de Aysén y Magallanes (las únicas zonas marítimas chilenas donde se permite el uso de barco fábrica).

Pescanova fue fundada en 1960 por José Fernández López en el puerto de Vigo, costa noroeste de España y el principal centro de distribución de pescado europeo. Desde sus inicios, Pescanova ha desarrollado una tecnología que le ha permitido ser pionera en el procesamiento de pescado congelado en buques factoría. A principios de los ’80, Manuel Fernández de Sousa-Faro, hijo del fundador de la empresa, asumió la presidencia de la misma, cargo que ocupa hasta la actualidad. Las acciones de la compañía empezaron a cotizarse en la Bolsa de Madrid en 1985, el mismo año en que Pesca Chile aumentó su capital a $ 401,6 millones.

Desde entonces y hasta 1993, Pesca Chile participó en la creación de otras tres sociedades: dos dedicadas a la pesca y una a la educación. Tres años después, su capital ya era de $5.266.261.205.

En 2008 la sociedad cambio de nombre a Acuinova Chile S.A. para luego dividirse en dos empresas: una que continuaría con ese nombre y otra nueva que seguiría con la denominación Pesca Chile S.A. Para entonces, la compañía ya había decidido expresar su capital en euros. Así fue que la primera quedó con casi €26,5 millones, mientras que a la segunda se le asignaron poco más de €138 millones. Para ese año, los únicos socios de Pesca Chile eran Pescanova y Nave de Argo, Sociedad Ltda., otra empresa española que pertenece al mismo grupo presidido por Fernández de Sousa y que está domiciliada en la misma dirección, en Pontevedra, España.



Pesca Cisne S.A.
Florindo González Corral y Florindo González Otero (España)



Es poco lo que se puede saber de Pesca Cisne S.A. a través de los registros oficiales. Según las únicas tres publicaciones que registra en el Diario Oficial, la empresa fue constituida en 1988 con un capital de $1.000.000. Sus socios fundadores fueron los empresarios pesqueros españoles Florindo González Otero, Florindo González Corral y Manuel Carballo Eire, empresario óptico radicado en Chile desde 1978, todos oriundos de la ciudad de Orense, en Galicia. A ellos se sumó el chileno José Antonio Losada Fuenzalida.

Al año siguiente, la empresa aumentó su capital a $584.074.000 y en 1990 participó en la constitución de la Asociación Gremial de Industriales y Armadores de Buques Pesqueros Palangreros de la XII Región. Esa fue la última modificación que registra en el Diario Oficial. Pero es cosa de buscar sólo un poco en la web para obtener más antecedentes.

González Otero y González Corral operan en Europa a través de dos empresas: una registrada también bajo el nombre Pesca Cisne S.A. y Arcosmar S.A., que opera en Chile desde que en 1999 se protocolarizó su permiso para funcionar a través de Arcosmar Fisheries Corp., su filial en Panamá.

En España han sido denunciados por distintas ONG por participar junto a otras compañías, que en conjunto son catalogadas como la “mafia gallega”, en la pesca ilegal a través de sus empresas relacionadas tanto en España como en Chile, Uruguay, Estados Unidos, Panamá e Islas Mauricio. Varias de las naves relacionadas a esas compañías han sido apresadas y multadas en distintos países por pescar sin autorización. La especie que capturarían de forma furtiva es el bacalao de profundidad o merluza negra, un recurso considerado sobreexplotado por la Subpesca y que en Chile cuenta con cuotas individuales subastables.

En 2005, el Sernapesca presentó una querella contra Pesca Cisne S.A. por haber falseado la información de sus desembarques: registraba menos de lo que realmente había pescado. Actualmente tiene autorización para pescar en la zona marítima frente a las regiones de Aysén y Magallanes, la única del país que permite la operación de buques factoría.




Compañía Pesquera Camanchaca S.A.
Familia Fernández



Camanchaca se constituyó por escritura del 10 de mayo de 1963. En 1977 se aprobaron los estatutos de Cía. Pesquera Camanchaca S.A., que antes era una sociedad de responsabilidad limitada., con un capital de $3.000.000. En 1980 se le autorizó a continuar con las operaciones pesqueras en las cinco naves de arrastre que tenía (Tomé, Antares, Villos II, Barlovento y Riegel) en la zona comprendida entre Constitución y Corral. Prácticamente podía extraer todos los recursos, desde machas, almejas y jaivas hasta jurel, merluza, sardinas, anchoas, tollo y los distintos tipos de congrio.

Durante esa década, junto a Compañía Pesquera Tamarugal S.A., ingresó a Sociedad Pesquera Interpolar Ltda., Pesquera Rocío Ltda. y Sociedad Inmobiliaria Cabilantago Ltda., donde además participaban las pesqueras Bío Bío, Landes y El Golfo. En 1992, Camanchaca absorbió a Tamarugal y todas las demás empresas en las que compartían la participación, además de Cultivos Marinos Bahía Inglesa S.A. y Salmones Ralún S.A. Para el año siguiente, su capital ya superaba los $24.925 millones. Ese camino de creación de empresas y absorciones siguió durante los siguientes años. Según sus estados financieros a marzo de este año, Compañía Pesquera Camanchaca S.A. es la empresa matriz de un grupo formado por las filiales, Salmones Camanchaca S.A., Fiordo Blanco S.A., Cultivos Marinos del Pacífico S.A., Transportes Interpolar Ltda., Gestora Camanchaca S.A., Pesquera Camanchaca Sur S.A. y Camancha SpA. Además, la empresa matriz es propietaria a través de su filial Camanchaca SpA, de las sociedades Camanchaca Inc., Inmobiliaria Camanchaca S.A. y Pesquera Centromar S.A. Además, el grupo posee una participación inferior al 50% en las sociedades Cannex S.A. y Subproceso S.A.

Su directorio está conformado por Jorge Fernández Valdés (presidente), Francisco Cifuentes Correa, Rodrigo Errázuriz Ruíz-Tagle, Jan Stengel Meierdirks, Juan Ignacio Domínguez Arteaga, Luis Paul Fresno y Patrick Meynial. La sociedad es controlada por Inversiones Camanchaca Ltda., que posee el 60,97% de las acciones. En esa sociedad participan Inversiones Los Fresnos Ltda., Inversiones Carlos Cruz Correa Ltda., Inversiones HFG Ltda., Inversiones Cifco Ltda., Inversiones Damal Ltda. e Inversiones HCL Ltda, todas vinculadas a Fernández y Cifuentes.

En enero de 2011, Compañía Pesquera Camanchaca S.A. anunció que se fusionaría con Pesquera Bío Bío S.A., de la familia Stengel. Actualmente todas las operaciones pesqueras pelágicas que realiza en la zona centro sur las opera a través de Camanchaca Pesca Sur S.A., la empresa que surgió de la fusión, donde la propiedad se reparte entre Camanchaca, con el 70% de las acciones, y la empresa de los hermanos Stengel, que participan con el 30% restante de los títulos.

Actualmente, su licencia para pescar les permite capturar recursos en casi todo el país, desde el límite con Perú hasta la Región de Los Lagos.

Pesquera Bío Bío S.A.
Familia Stengel


Pesquera Bío Bío se creó el 11 de abril de 1977 en Talcahuano con un capital de $6,6 millones. La constituyeron los hermanos Klaus, Frank y Jan Stengel Meierdirks, quienes por entonces también formaban parte de Pesquera El Golfo S.A., que después pasó a estar en manos del Grupo Yaconi-Santa Cruz y hoy, después de fusionarse con Itata S.A., se llama Blumar S.A.


En 1987, cuando el capital de Bío Bío ya se alzaba a $120 millones, creó Congelados del Pacífico Ltda., una sociedad de la que se desprendería para quedar en manos de los tres hermanos Stengel. Para 1990, Bío Bío ya contaba con un fondo social de $3.246.325.260.

Durante esa década, la pesquera de los Stengel absorbió a Pesquera Santo Tomás S.A. y se transformó en una sociedad anónima conformada por Stengel y Cía., los hermanos Stengel Meierdirks, Inversiones Icalma S.A. y Congelados del Pacífico Ltda. Con esa modificación, el capital con el que contaba la empresa se cuadruplicó, sobrepasando los $13.334 millones. En 2004 compartiría con Pesquera El Golfo S.A. y Pesquera Itata S.A. la propiedad en Pesquera Qurbosa S.A. y las tres sociedades anónimas que surgieron de su división (Qurbosa 1 S.A., Qurbosa 2 S.A. y Qurbosa 3 S.A.) y se fusionaría con Inmobiliaria San José S.A., Inversiones e Inmobiliaria Atitlán S.A., Pesquera Atitlán S.A. y Qurbosa Dos S.A. Al año siguiente haría lo mismo con Pesquera San Pablo S.A., que había surgido de la división de Pesquera Oceánica Dos S.A., donde Bío Bío también tenía participación junto a Inversiones Galletué S.A., otra sociedad de los hermanos Stengel.

En 2004, Inversiones Memphis S.A. fue absorbida por una sociedad en la que la propiedad se dividía entre las pesqueras Bío Bío y El Golfo: Sociedad Pesquera Viento Sur S.A., la misma que en julio del año pasado se fraccionó en dos sociedades iguales. Para fines de 2010, el capital de Bío Bío era de $37.908.136.437.

A fines de 2011, se materializó la fusión con Compañía Pesquera Camanchaca S.A. que se venía anunciando desde principios de ese año. Así, ambas empresas se unieron para operar sus pesquerías de anchoveta, sardina y jurel en la zona centro sur bajo la firma Camanchaca Pesca Sur S.A. Pero las demás áreas de negocio, las siguen ejecutando de forma independiente. Hoy pesquera Bío Bío opera desde Copiapó hasta la Región de Los Lagos y, después de Blumar S.A., es la empresa que posee la segunda mayor parte de la pesca industrial de merluza común.  



Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile S.A. (EMDEPES)
Nissui Group (Japón)




http://ciperchile.cl/multimedia/32544/

¿Que es la ley Longueira?


La burla del gobierno ante la nueva ley que regula la pesca de investigación

Por : Pablo González Bustos en OpiniónPublicado: 20.03.2012


PESCA-227
A comienzos de 2012, el Congreso promulgó una ley que regula las pescas de investigación en Chile. Durante el trámite del proyecto, el ministro Pablo Longueira dijo que la nueva norma cambiaría el sistema antiguo, donde “no se investigaba nada” y era sólo un “subterfugio” para abultar las cuotas de pesca. Para el autor de esta columna, los dichos de Longueira fueron sólo palabras. Después de promulgarse la ley, la Subpesca autorizó la captura de 14 mil toneladas de sardina austral bajo pesca de investigación. El autor estima que equivale a unos US$ 10 millones. Algo que no cuadra si se trata de pescas sin fines de lucro.
El ministro de Economía, Pablo Longueira, reconoció que con las Pescas de Investigación en Chile “no se investigaba nada” y que estas se utilizaban como un “subterfugio” para entregar recursos pesqueros. Esas declaraciones son parte de la intervención que tuvo el ministro ante la Cámara de Diputados mientras se tramitaba en el Congreso la Ley N° 20.560, que regularía las pescas de investigación en Chile. La norma fue aprobada y entró en vigencia el 3 de enero de este año. Todo eso aparece en la Historia de la Ley N° 20.560, un documento público en cuya página 173, donde aparece la intervención de Longueira, se lee textual:
“… Pero, lo importante, es que estamos definiendo la pesca de investigación. Será muy simple. No se mantendrá lo que ha venido realizando desde hace muchos años, y que, en el fondo, consistía en que no se investigaba nada, lo cual era una forma de asignar recursos pesqueros al mundo artesanal. Un fallo de la Contraloría General de la República prohibió entregar recursos pesqueros a través de ese subterfugio. Por lo tanto, hemos presentado este proyecto que, como saben, requiere ser despachado antes del 31 de diciembre. Para ello, el Ejecutivo lo calificó con urgencia, a fin de que el Senado y la Cámara lo despachen hoy, durante la última sesión del Senado.
El Ejecutivo, durante su tramitación en el Senado, retiró algunos artículos, que podrán discutirse durante la tramitación de la ley larga, que ya ingresó a la Cámara de Diputados la semana pasada. Por lo tanto, en el proyecto de ley sólo quedaron los artículos referidos a cómo resolver, como país, el tema de la pesca de investigación.
El proyecto que se someterá a votación en la honorable Cámara se encuentra inserto en un conjunto de iniciativas que el Ejecutivo quiere impulsar a fin de garantizar la sustentabilidad de los recursos pesqueros”.
Teniendo en cuenta el discurso del ministro, resulta insólita la respuesta de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) –dependiente del Ministerio de Economía– al Recurso de Protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que denuncia la Resolución N° 27 de fecha 10 de enero del 2012, dictada por esa institución, por autorizar la pesca de 14 mil toneladas de sardina austral como pesca de investigación. El documento deja al descubierto que la intención del Ministerio no fue eliminar el enriquecimiento ilícito a través del subterfugio de las Pescas de Investigación, sino una parafernalia para engañar a la ciudadanía y dejar la sensación de que ahora se están haciendo las cosas sin corrupción y en forma eficiente. Se lee en forma textual en el informe que la Subpesca envió el 8 de marzo al presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso:
1) “…, si bien las pescas de investigación tienen un fin no comercial, el destino final de las capturas puede incluir su comercialización, lo que no implica que persigan un fin de lucro”.
2) “…, que no se contrapone a la definición de investigación como aquella que no tiene fines comerciales, el hecho que se autorice su aprovechamiento una vez recopilados los antecedentes necesarios para cumplir los objetivos de investigación”.
3) “Al contrario, resulta contrario a la lógica, una vez recopilada la información necesaria para el cumplimiento de los fines de estudio, se desaprovechen las capturas realizadas, por cuanto su devolución al mar configuraría descarte, y porque no aporta a la conservación del recurso y, por ende, sería una práctica además contraria a la razón”.
La Subpesca, basada en esos argumentos, autorizó para los primeros seis meses de este año la captura de 14 millones de kilos de sardina austral, lo que equivale a aproximadamente unos 10 millones de dólares. Además, sostiene que resultaría contrario a la lógica y a la razón que estas capturas no se aprovechen para el enriquecimiento ilícito de un fabricante de harina y aceite de pescado con inversiones en la Región de Aysén y Puerto Montt. Lo que raya en la demencia es que la Subpesca no considera que la devastación de la sardina austral con esta pesca de investigaciónafecta a 10 mil familias de pescadores artesanales de pequeña escala de Aysén, Puerto Montt, Chiloé y Punta Arenas. No, ese no sería el problema, sino el que “se desaprovechen las capturas realizadas, por cuanto su devolución al mar configuraría descarte, y porque no aporta a la conservación del recurso”.
Estos argumentos no dejan de sorprender y dan la sensación de que en Chile tenemos “al gato a cargo de cuidar la carnicería”. O en este caso, la pescadería. Qué credibilidad puede tener el discurso sobre la sustentabilidad pesquera –que supuestamente es el fin último de la Ley de Pesca– del Ejecutivo y del ministro Longueira, si la misma Subpesca ampara que se transgreda una ley recién aprobada con ese propósito. ¿Dónde está el respeto a la institucionalidad y al estado de derecho que nuestras autoridades reclaman que debe obedecer la ciudadanía y que ellos mismos no respetan?
http://ciperchile.cl/2012/03/20/la-burla-del-gobierno-ante-la-nueva-ley-que-regula-la-pesca-de-investigacion/

La Historia Oculta del Régimen Militar

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