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sábado, 28 de septiembre de 2013

El Hijo del ASESINO Manuel Contreras y el Nieto del DICTADOR Pinochet opinan en facebook sobre el acontecer nacional.


Una vista al PenalCordillera




Una vista al PenalCordillera , desde arriba. Donde destacan las cabañas, antenas de tv cable, Internet, quinchos, asaderas, etc.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519704211441438&set=a.310000039078524.71237.188967354515127&type=1

Cesar Manriquez Bravo


General de Ejercito, jefe de la brigada metropolitana de la DINA

Subsecretario de Guerra del régimen militar entre el 5 de Enero de 1981 y el 5 de enero de 1982

Este torturador, reconocido por victimas sobrevivientes y además por Osvaldo Romo (el torturador guatón Romo) es responsable por la tortura y desaparición de un gran numero de presos políticos en Villa Grimaldi. Entre otros Jorge D'Orival Briceño y Jacqueline Binsa Contreras, quienes fueron vistos el 31 de octubre y el 27 de agosto de 1974, respectivamente, en el centro de detención de Peñalolen.
El ministro Alejandro Solís sometió a proceso a la cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) por el secuestro calificado de dos personas que fueron vistas con vida por última vez en Villa Grimaldi en 1974.El magistrado procesó en calidad de autores al ex director del organismo de inteligencia, Manuel Contreras, al jefe de la brigada metropolitana de la DINA, César Manríquez, al coronel (R) Marcelo Moren Brito, al brigadier (R) Miguel Krassnoff, al suboficial (R) Basclay Zapata y al coronel (R) Orlando Manso.


La Nación
Memoriaviva
9 de Enero 2006 El Mostrador.cl
Juez procesa a la cúpula de ex DINA por secuestros calificados de opositores
Ministro Alejandro Solís encausó en calidad de autores a una nueve ex miembros del organismo represivo de la dictadura militar en calidad de autores de la desaparición de la asistente social Jackeline Binfa y el veterinario Jorge D'Orival, ambas registradas en 1974. El juez ordenó la detención de dos encausados.
El ministro en visita Alejandro Solís procesó a la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en calidad de autores de los secuestros calificados de las víctimas de la dictadura Jacqueline Binfa Contreras y de Jorge Humberto D'Orival Briceño.
La nómina de procesados está encabezada por el general (R) Manuel Contreras, otrora director del organismo represivo, y el jefe de la Brigada de Inteligencia, César Manríquez Bravo.
También fueron encausados los brigadieres (R) Miguel Krassnoff, jefe del Grupo Halcón de la ex DINA, y el brigadier retirado Maximiliano Ferrer Lima, ex director del Servicio Secreto del Ejército.
Asimismo, enfrentan cargos coroneles (R) Marcelo Morén Brito y Orlando Manso, ex jefe del centro de detención Cuatro Álamos, Ciro Torré Sáez, esposo de la ministra de la Corte de san Miguel Gabriela Hernández.
En tanto, sólo por el secuestro de D’Orival Briceño fue procesado por el ministro Solís el suboficial (R) Basclay Zapata Reyes.
El juez ordenó además la detención inmediata de Ciro Torres y Orlando Manso, pues todos los demás inculpados están en prisión, condenados o procesados en otros casos de violaciones de los derechos humanos.
Binfa Contreras y D'Orival Briceño fueron arrestados en 1974 por efectivos del organismo represivo y transitaron por diversos centros de prisioneros políticos de la dictadura, hasta que se perdió su rastro.
En el caso de D'Orival Briceño, a quien se le imputaban una supuesta cercanía con el entonces secretario general del MIR Pascal Allende, fue trasladado en distintos períodos a "Cuatro Alamos", "José Domingo Cañas", "La Venda Sexy".
Sin embargo, su rastro se perdió en el centro de reclusión "Cuatro Alamos" y no se tuvo información de su paradero hasta que figuró en la nómina de 119 chilenos miembros del MIR dados por muertos en Argentina y Brasil por publicaciones ficticias.
18 de abril de 2008 Lanacion.cl
Juez dicta condena N°100 contra cúpula de la DINA
Los sentenciados de siempre: brigadier (R) Pedro Espinoza, general (R) César Manríquez Bravo, teniente coronel (R) Francisco Ferrer Lima, y el coronel (R) Miguel Krassnoff Martchenko.
La condena Nº 100 contra los jerarcas de la ex Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, dictó ayer el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. Esta vez fue por el secuestro calificado del mirista Marcelo Salinas Eytel, desaparecido en 1974.
El ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, fue sentenciado a 15 años de cárcel, que se sumaron a los 57 que ya cumple por otros casos. Sin embargo, Contreras espera sentencias definitivas en otras 15 causas que elevarían su reclusión a 197 años.
Otro de los condenados por el ministro Solís es el brigadier de Ejército (R) Pedro Espinoza Bravo, segundo en la jerarquía de la DINA, sentenciado a 10 años y un día de presidio.
La misma condena recibieron el general de Ejército (R) César Manríquez Bravo, ex jefe de la brigada metropolitana de la DINA; el teniente coronel (R) Francisco Ferrer Lima, el "intelectual" del organismo represivo, porque pedía más "inteligencia y menos sangre"; y el coronel (R) Miguel Krassnoff Martchenko, alias "El Ruso", jefe de la brigada de exterminio del MIR en la Villa Grimaldi.
Absuelto quedó José Manzo Durán, ex jefe del centro de detención Cuatro Álamos.
El fallo del ministro Solís es parte de un proceso que nació en enero de 1998, paralelo a los juicios contra el ex dictador Augusto Pinochet que quedaron en manos del juez Juan Guzmán Tapia.
Ese año, familiares de detenidos desaparecidos se querellaron contra Pinochet y otros ex oficiales de la Fuerzas Armadas y Carabineros, pero el juez Guzmán decidió abrir otro proceso, por los secuestros calificados que se originaron en la Villa Grimaldi.
El 14 de octubre de 2002, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reordenar las investigaciones del juez Guzmán, debido al gran volumen de este proceso. Se nombró a cuatro ministros, entre ellos a Alejandro Solís, quien ha dictado 20 de las 100 condenas que afectan a la cúpula de la DINA.
Marcelo Salinas Eytel, técnico en radio y televisión, tenía 31 años al momento de su detención, el 31 de octubre de 1974, frente a su domicilio de calle Alberto Decombe, en Providencia. Era miembro del MIR.
Días antes, su esposa Jacqueline Drouilly Yurich, estudiante de Servicio Social y también detenida desaparecida hasta hoy, había sido secuestrada por la DINA para mantenerla como rehén mientras aparecía Salinas Eytel.
En el domicilio de ambos se montó una "ratonera" y los agentes obligaron a la hermana de Salinas Eytel a decirle que todo estaba bien y que podía llegar a la casa sin problemas.
El técnico llegó en un taxi, pero al ver algo sospechoso le dijo al chofer que continuara, ante lo cual los agentes dispararon a las ruedas del vehículo. A golpes, Salinas Eytel fue llevado primero a Cuatro Álamos y después a Villa Grimaldi, desde donde desapareció. Según testigos, tanto Salas Eytel como su esposa fueron brutalmente torturados por Osvaldo Romo Mena.
27 de mayo de 2008  La Nación
Juez Montiglio procesó a 98 ex agentes por víctimas de la Operación Colombo - El golpe más grande a la represión
Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.
El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.
Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.
Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.
Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.
Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.
De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).
Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.
La Operación Colombo y los medios
La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.
La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.
Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.
La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.
En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.
El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.
Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".
Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.
Lista de procesados
Ejército (todos en retiro):
Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub)
Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub);Investigaciones
Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo;Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)
Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez
Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando; Fuerza Aérea
Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz
Armada
Teresa Navarro Osorio;
Procesados que ya cumplen condena
Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana

Viernes 11 de julio de 2008 La Nacion            
Detienen al único procesado en crimen de Víctor Jara
En el Batallón de Policía Militar quedó retenido el coronel (r) César Manríquez Bravo, ex jefe del Estadio Chile. Su detención fue cursada tras ser procesado junto al oficial (r) Ciro Torré Sáez, por desaparición de mirista.
El ministro Juan Eduardo Fuentes ordenó esta mañana el arresto del ex jefe del centro de detención Estadio Chile, coronel (r) César Manríquez Bravo, el único procesado hasta ahora en la investigación por el crimen del cantautor Víctor Jara.
La detención fue cursada, no obstante, por su encausamiento en la desaparición de Modesto Vallejos Villagrán, miembro del Comité Central del MIR.
En este caso, Manríquez fue procesado junto a Ciro Torré Sáez, jefe del cuartel José Domingo Cañas, lugar donde fue visto por última vez Vallejos, tras su detención el 20 de mayo de 1974.
Manríquez fue arrestado por funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y quedó internado en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén. Su detención fue confirmada a Lanación.cl por fuentes de tribunales.En el caso Víctor Jara, Manríquez, procesado desde 2004, no ha colaborado plenamente con la investigación e incluso ha afirmado que no recuerda las identidades de los oficiales que estuvieron bajo su  mando en ese recinto donde Víctor Jara fue torturado y asesinado.
Sábado 12 de julio de 2008     Cooperativa.cl         
Dos coroneles en retiro son procesados por desaparición de ex militante del MIR
La justicia procesó a dos coroneles en retiro de Carabineros como presuntos autores del secuestro y desaparición del estudiante universitario Álvaro Vallejos Villagrán, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y detenido el 20 de mayo de 1974 en su casa por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
 La resolución del juez Juan Eduardo Fuentes recayó sobre los ex coroneles César Manríquez Bravo y Ciro Torré, quienes se desempeñaron como agentes de la DINA y ya cuentan con procesos por otras causas por violaciones a los derechos humanos.
 Vallejos Villagrán fue visto por última vez en los centros de tortura y reclusión "Londres 38" y "Cuatro Álamos", y posteriormente fue trasladado al enclave alemán Colonia Dignidad, en el sur de Chile, donde desapareció.

Viernes 28 de noviembre de 2008    El Mostrador          
Ratifican condena por secuestro calificado de militante del MIR
Jorge Humberto D'Orival Briceño, padre de un hijo, egresado de medicina veterinaria, militante del MIR, fue detenido en el 31 de octubre de 1974.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia del ministro en visita Alejandro Solís Muñoz en la investigación por el secuestro calificado de Jorge D’ Orival Briceño, ocurrido a partir del 31 de octubre de 1974, en Santiago.
En fallo dividido, los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada Juan Escobar Zepeda, Cornelio Villarroel Ramírez y el abogado integrante Roberto González Maldonado, ratificaron la sentencia del 22 de octubre de 2007 que estableció: 15 años para Manuel Contreras Sepúlveda; 10 años y un día para Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Francisco Ferrer Lima y 5 años para Basclay Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán.
En tanto, el fallo dejó absuelto a César Manríquez Bravo por no haber participado en los hechos.
El ministro Escobar y el abogado integrante González fueron partidario de ratificar la sentencia y rechazar las apelaciones interpuesta por los condenados; en tanto, el ministro Villarroel estuvo por dictar la absolución de todos los sentenciados acogiendo las excepción de la prescripción de la acción penal y aplicando el Decreto Ley de Amnistía de 1978.
Jorge Humberto D'Orival Briceño, padre de un hijo, egresado de medicina veterinaria, militante del MIR, fue detenido el 31 de octubre de 1974, a las 22:30 hrs, por un grupo de aproximadamente unos cinco a ocho individuos vestidos de civil, armados con ametralladoras y que manifestaron verbalmente pertenecer a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Los sujetos mencionados se movilizaban en 2 vehículos, una camioneta marca Ford, año 1958, de color gris y otra, marca Chevrolet, roja con toldo verde oliva, y en la que podía leerse la placa EM 965 de Las Condes.
Martes 6 de enero de 2009     El Mostrador
Corte de Apelaciones ratifica condena por secuestro de Marcelo Salinas Eytel
Los ministros ratificaron la condena de primera instancia del ministro Alejandro Solís quien el 17 de abril de 2008 determinó: 15 años y un día de presidio para el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena por el secuestro calificado de Marcelo Salinas Eytel, ocurrido a partir del 31 de octubre de 1974 en la Región Metropolitana.
En fallo unánime, los ministros ratificaron la condena de primera instancia del ministro Alejandro Solís quien el 17 de abril de 2008 determinó: 15 años y un día de presidio para el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda; y 10 años y un día para el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general (r) César Manríquez Bravo.
Así como también para el bigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, y los ex agentes de la DINA Maximiliano Ferrer Lima, Miguel Krassnoff Martchentko. Mientras Orlando Manzo Durán fue Absuelto falta de participación
Historia
Marcelo Salinas Eytel, técnico en radio y televisión, tenía 31 años al momento de su detención, el 31 de octubre de 1974, frente a su domicilio de calle Alberto Decombe, en Providencia. Era miembro del MIR.
Días antes, su esposa Jacqueline Drouilly Yrich, estudiante de Servicio Social y también detenida desaparecida hasta hoy, había sido secuestrada por la DINA para mantenerla como rehén mientras aparecía Salinas Eytel.
En el domicilio de ambos se montó una "ratonera" y los agentes obligaron a la hermana de Salinas Eytel a decirle que todo estaba bien y que podía llegar a la casa sin problemas.
El técnico llegó en un taxi, pero al ver algo sospechoso le dijo al chofer que continuara, ante lo cual los agentes dispararon a las ruedas del vehículo. A golpes, Salinas Eytel fue llevado primero a Cuatro Álamos y después a Villa Grimaldi, desde donde desapareció. Según testigos, tanto Salas Eytel como su esposa fueron brutalmente torturados por Osvaldo Romo Mena.


Viernes 23 de enero de 2009     EFE
Corte Suprema absuelve a cúpula de la DINA en secuestro de militante del MIR
La Corte Suprema de Chile absolvió este jueves de toda responsabilidad penal a la cúpula de la DINA por el secuestro calificado de Jacqueline Binfa Contreras, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuyo rastro se perdió el 27 de agosto de 1974, en Santiago.
Según fuentes judiciales, en un fallo dividido, los jueces absolvieron por prescripción lo establecido por el ministro de fuero (juez especial) Alejandro Solís y ratificado por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El fallo condenaba entre 10 y 15 años al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, los ex agentes Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff y Ciro Torres Sáez.
Binfa Contreras fue detenida por el ex agente Osvaldo Romo Mena, pasando luego por los centros clandestinos de detención y tortura José Domingo Cañas, Simón Bolívar y luego Villa Grimaldi, todos utilizados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Los jueces que estuvieron a favor de absolver de responsabilidad a los inculpados fueron Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y Julio Torres Allú, quien postula como juez titular del máximo tribunal.
En tanto, en contra se manifestaron Jaime Rodríguez y Hugo Dolmetch, quienes eran partidarios de confirmar la sentencia.
Loreto Sepúlveda, abogada del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se manifestó sorprendida por lo sucedido.
"Es un fallo que nos vuelve al pasado, pensamos que ya habíamos avanzado en el tema de la aplicación del Derecho Internacional, pero parece que no es así", sostuvo.
"El tema es que es difícil porque hay momentos en que no están los ministros (jueces) titulares e integran en este caso con un ministro suplente y en otros casos con abogados integrantes entonces depende del que esté ahí", agregó Sepúlveda

Viernes 23 de enero de 2009     Cooperativa.cl                          
 AFDD reaccionó con indignación por absolución de responsables de secuestro y desaparición de joven
Los familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet reaccionaron con indignación a la decisión de la Corte Suprema de absolver a altos jefes de la policía secreta responsables de la represión en un juicio por el secuestro y desaparición de una joven opositora en 1974.
La II Sala Penal del máximo tribunal, resolvió este jueves, por tres votos a dos, aplicar la prescripción en el caso de la estudiante de Servicio Social Jacqueline Binfa Contreras, secuestrada y hecha desaparecer por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
La joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue vista en dos centros de tortura de la DINA antes de desaparecer, según testimonios de supervivientes.
"Nos duele que Jacqueline sea una vez más víctima; ya lo fue de la dictadura, ahora lo es de la propia Justicia, la encargada de protegerla y defenderla de las atrocidades comprometidas en contra de ella", señaló en una declaración la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
"Aquí se ha violado el derecho internacional, esto compromete la responsabilidad exterior del Estado de Chile", afirmó por su parte el abogado Nelson Caucoto, quien señaló que la resolución "viola toda la jurisprudencia de la misma Corte Suprema en materia de derechos humanos", lo que ocurre "porque estamos expuestos a mayorías ocasionales en la Sala Penal".
En el juicio por la desaparición de Jacqueline Binfa, el juez Alejandro Solís había condenado a 10 años de prisión al general (r) Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y a los ex oficiales Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnoff, César Manríquez y Ciro Torres.
El fallo de primera instancia había sido ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, sin embargo, el Supremo consideró prescrita la acción penal y absolvió a los inculpados basándose en normas del Código Penal a pesar de que el derecho internacional considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad.
Para la AFDD, fallos como el del caso de Jacqueline Binfa "dan a entender que aún falta mucho para que se comprenda que la desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad, contra las normas del derecho internacional y contra el único derecho que asiste a las víctimas de la dictadura: la justicia".
El abogado Caucoto, en tanto, opinó que el dictamen "deja a la sociedad chilena y a los familiares de las víctimas en total vulnerabilidad".
"Es un fallo que nos vuelve al pasado, pensamos que ya habíamos avanzado en el tema de la aplicación del derecho internacional, pero parece que no es así", dijo por su parte Loreto Sepúlveda, abogada del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Viernes 4 de septiembre de 2009     La Nación
Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes procesados
Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587.
Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro.
También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro.
Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar.
De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete.
Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista).
A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia.
La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.
Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.
En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén
Lista de oficiales (R)
1.- César Manríquez Bravo (coronel Ejército)
2.- Ciro Torré Sáez (crl. Carabineros)
3.- Fernando Lauriani Maturana (brigadier Ej.)
4.- Gerardo Godoy García (tte.crl. Carab.)
5.- Gerardo Urrich González (crl. Ej.)
6.- Jaime Paris Ramos (crl. Ej.)
7.- José Fuentes Torres (crl. Ej.)
8.- Manuel Contreras Sepúlveda (gral. Ej.)
9.- Manuel Carevic Cubillos (crl. Ej.)
10.- Marcelo Moren Brito (crl. Ej.)
11.- Miguel Krassnoff (brig. Ej.)
12.- Orlando Manzo Durán (crl. Gendarmería)
13.- Pedro Espinoza Bravo (brig. Ej.)
14.- Raúl Iturriaga Neumann (gral. Ej.)
15.- Ricardo Lawrence Mires (crl. Carab.)
16.- Sergio Castillo González (crl. Ej.)
17.- Víctor Molina Astete (crl. Ej.)
18.- Víctor San Martín Jiménez (crl. Ej.)
19.- Gladys Calderón Carreño (cap. Ej.)
20.- Federico Chaigneau Sepúlveda (tte. crl. Ej.)
21.- Juan Morales Salgado (crl. Ej.)

13 de Abril 2010
Europapress
Otros cinco años de prisión para el jefe de la Policía secreta de Pinochet
Un juez de primera instancia de Chile ha condenado a otros cinco años de cárcel al que fuese el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Augusto Pinochet, el general Manuel Contreras Sepúlveda, por la desaparición de un político opositor, informaron este lunes fuentes judiciales.
El magistrado Juan Fuentes --quien ha abierto 71 procesos vinculados con las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura-- emitió la sentencia contra Contreras y otros dos agentes del servicio secreto por el secuestro de Héctor Vergara Doxrud, ocurrido el 17 de septiembre de 1974, indicaron las mismas fuentes citadas por el diario 'El Mercurio'.
Vergara Doxrud era ingeniero y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), una formación política de izquierda desvinculada de la Democracia Cristiana y disuelta en los últimos años de la dictadura. Tenía 32 años, mujer y tres hijos cuando fue detenido por el servicio secreto.
Según la información revelada por fuentes judiciales chilenas a la prensa local, Contreras fue condenado junto a otros dos agentes del servicio secreto por el secuestro ocurrido el 17 de septiembre de 1974, de Héctor Vergara Doxrud, quien era ingeniero, tenía 32 años y estaba casado y con tres hijos, era militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), un grupo izquierdista cuando fue detenido por el servicio secreto chileno.
Los otros condenados son el ex jefe de la brigada metropolitana de la DINA, César Manríquez, y otro ex alto funcionario de la DINA, Marcelo Morén, condenado a 800 días de presidio.
El juez Fuente ha llevado adelante algo más de setenta procesos por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
La nueva condena contra Contreras, quien dirigía la ya desaparecida DINA se suma a otras dos cadenas perpetuas que actualmente cumple en prisión.


http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_m/manriquez_bravo_cesar.htm

Daniel Adolfo Miranda Monardes

Teniente coronel (r) de Ejercito – DINA

Este criminal participa en las torturas y asesinatos llevados a cabo en el campo de concentración “Tejas Verdes”. Este centro represivo estaba ubicado en la Provincia de San Antonio, y era parte de la infraestructura de represión del Ejército y fue uno de los más paradigmáticos centros de tortura, relacionado directamente con la formación y centro de operaciones de la DINA desde 1973. En este recinto de tortura también se entrenaba a agentes de los diferentes servicios de inteligencia en métodos de tortura y represión. Entre los “profesores” se encontraba el hoy Alcalde de Providencia (Santiago) Cristian Labbe Labbe.
De acuerdo al Informe Rettigg “Tejas Verdes” correspondía al: Campamento Nº 2 de Prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares "Tejas Verdes": Dicho recinto de detención, que llegó a tener más de 100 prisioneros en ciertas épocas, funcionó como tal desde el mismo 11 de septiembre de 1973, existiendo testimonios de su uso sistemático para tales efectos hasta mediados del año 1974.
Los presos políticos que estuvieron detenidos en Tejas Verdes señalan que, inmediatamente después del golpe de Estado, eran trasladados desde San Antonio y Melipilla a Tejas Verde, donde eran cruelmente torturados y posteriormente asesinados en el mismo lugar o en otros lugares de la región.
Entre los torturadores asesinos de dicho campo de tortura están: General (r) Manuel Contreras Sepúlveda, General (r) Eugenio Armando Videla Valdebenito, Coronel (r) de Salud Vittorio Orvieto Teplinzki, Coronel (r) Jorge Núñez Magallanes, Coronel (r) Klaudio Erich Kossiel Horning, Teniente coronel (r) Raúl Pablo Quintana Salazar,
Teniente coronel (r) Daniel Adolfo Miranda Monarde, Mayor (r) Mario Alejandro Jara Seguel, Suboficial mayor (r) Patricio Laureano Carranca Saavedra, Prefecto (R) de Investigaciones Nelson Patricio Valdés Cornejo, Agente DINA Civil Carlos Araya Silva


Victimas ejecutadas o desaparecidas por los criminales de Tejas Verdes:

Ejecutados

Armando Jiménez Machuca
Samuel Núñez González
Guillermo Álvarez Cañas
Héctor Rojo Alfaro
Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla
Fidel Alfonso Bravo Álvarez

Jorge Antonio Cornejo Carvajal
Patricio del Carmen Rojas González

Desaparecidos:

Rebeca Espinoza Sepúlveda
José Pérez Hermosilla
José Orellana Meza

14 de Enero 2007 La Nación
El coronel tiene quien le acuse
Encausado por el desaparecimiento de tres uruguayos y un obrero chileno, ambos en 1973, el ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña Mateo Durruty Blanco culpa a sus subalternos de “tropa de desleales”. El “Mamo” le dice “traidor”.
El “Mamo” levantó la voz y lanzó la acusación. “El coronel Mateo Durruty está mintiendo y eludiendo su responsabilidad militar tratando de endosarla a la DINA, y eso se llama traición militar”.
El ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto se defendió: “Todo esto fue un invento de la DINA, nunca firmé nada ni nadie me dio cuenta de las personas detenidas (…) Yo no tengo nada que ver, nadie me dijo nada, fue una tropa de desleales”.
El enfrentamiento entre el ex jefe operativo de la DINA, general (R) Manuel Contreras, y el coronel (R) Mateo Durruty, ardía en el despacho de la jueza Colomba Guerrero. El coronel no aceptaba la acusación de Contreras, que le imputaba ser él quien, con un documento firmado, envió a dos detenidos desde el regimiento a Villa Grimaldi en septiembre de 1973. Contreras rechazaba que la DINA sacó a los detenidos del cuartel. Los dos prisioneros sobrevivieron. Pero lo que importaba era que el coronel negaba insistentemente que el regimiento que mandaba sirvió a partir del golpe militar como centro de detención y tortura, hecho hasta ahora no divulgado públicamente. Un puñado de los que fueron sus subalternos, pero principalmente los conscriptos que a esa fecha hacían su servicio militar en ese cuartel, decían en el proceso lo contrario y admitían la existencia de detenidos.
Al margen de su altercado con el “Mamo”, la situación del coronel Durruty estaba en todo caso ya complicada, pues a pesar de alegar inocencia y desconocimiento de todo lo que aconteció en el regimiento bajo su mando, el año 2006 ya estaba procesado como autor del secuestro y desaparición del obrero Juan Llanca Rodas, hecho ocurrido el 17 de septiembre de 1973, y como autor del secuestro y desaparición a fines de ese mismo mes y año de los
ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres. O sea, en ese regimiento y bajo su mando habían ocurrido no sólo torturas, sino también desaparecimiento de personas.
Al río
Antes de que a Juan Llanca lo mataran y después tiraran su cuerpo al río Maipo para hacerlo desaparecer, sus verdugos en el Ingenieros de Montaña de Puente Alto le dieron a comer vidrio molido para causarle graves lesiones internas.
Testigo de este tormento fue su compañero de cautiverio Alfonso Brizuela Durán, como relató en la investigación judicial no sólo frente a la jueza, sino también de cara al mismo Mateo Durruty, quien por supuesto refutó el hecho y volvió a negar todo de todo: “Yo nunca supe nada, en mi regimiento nunca hubo detenidos”, insistió.
Fue Manuel Contreras quien confesó a la jueza Guerrero el 22 de septiembre de 2005, que de acuerdo a la información reunida entre oficiales y suboficiales del Ingenieros de Montaña “actores directos del hecho”, a Juan Llanca lo torturaron en ese cuartel, lo mataron y después lanzaron su cuerpo al río Maipo. Todo porque la víctima, junto a las otras dos personas que el coronel Durruty envió a Villa Grimaldi, había tenido el 16 de septiembre de 1973 una riña en un bar con el suboficial de este regimiento Temístocles Navarrete Becerra, por lo que en ese cuartel se tomaron venganza.
En el caso de los uruguayos la historia fue distinta. Seis de estos ciudadanos fueron detenidos a fines de 1973 por funcionarios de la subcomisaría de San José de Maipú al interior de una mina abandonada en el sector cordillerano de la comuna de Puente Alto, cuando trataban de pasar clandestinamente a Argentina huyendo del golpe militar. Habían llegado a Chile huyendo a su vez del golpe de Estado en Uruguay.
Fueron trasladados por los policías al Ingenieros de Montaña de Puente Alto, donde se les torturó. A fines de septiembre de 1973 fueron sacados del cuartel, según se les dijo, para llevarlos al Estadio Nacional, pero en el trayecto, Arcos, Povaschuk y Pargadoy fueron separados del resto, desapareciendo hasta ahora.
El peso de la prueba
Pero bastante entrada la democracia y hasta la época en que el general (R) Juan Emilio Cheyre era comandante en jefe, desde el Ejército se seguía entregado información parcial a los tribunales, confirmándose lo que abogados querellantes continuaban denunciando en las distintas causas por delitos de lesa humanidad.
Toda la situación represiva en el Ingenieros de Puente Alto era conducida por su comandante Mateo Durruty, a través de su equipo de hombres de la inteligencia militar del regimiento, entre los que estaban los “intelectuales” que hacían el trabajo de análisis, y quienes se manchaban las manos con sangre, como en toda comunidad de inteligencia.
Sin embargo, el Ejército, a través de su jefe de estado mayor, general Javier Urbina, informaba el 10 de agosto de 2004 a la jueza Colomba Guerrero mediante oficio 1595/1178, en respuesta a su interrogante directa, que en el Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto, “revisados los antecedentes institucionales, se pudo establecer que éste no consideraba un Departamento o Sección II de Inteligencia”.
Curiosamente, la jueza Guerrero y luego la ministra Marta Hantke, a cargo de la investigación por Llanca Rodas, como el ministro Joaquín Billard, que instruye la causa por los tres uruguayos, tenían ya a esa fecha decenas de testimonios de oficiales y suboficiales e incluso el de los generales (R) Fernando Martínez Benavides y Manuel Contreras, quienes afirmaban sin ninguna
duda de que en el Ingenieros de Montaña de Puente Alto existía efectivamente una Sección II de Inteligencia.
En vagones de tren
Por el regimiento que el coronel Durruty comandó hasta diciembre de 1975 pasaron, de acuerdo a las investigaciones de los procesos por estas cuatro víctimas, centenares de detenidos que sufrieron tormentos similares a los aplicados en los cuarteles clandestinos de la DINA.
Los prisioneros eran mantenidos en condiciones infrahumanas encerrados en vagones de trenes dispuestos como celdas colectivas. Desde allí eran sacados a distintas horas del día y de la noche para enfrentar los tormentos que les aplicaban oficiales y suboficiales de la Sección II de Inteligencia del regimiento. Sección inexistente, según el Ejército informó a la jueza Guerrero, pero que la investigación pudo identificar a cada uno de sus integrantes.
En ese período de alta represión, el coronel Mateo Durruty tenía como segundo comandante del regimiento al teniente coronel Rolf Wenderoth Pozo, que después pasó a integrar la plana mayor de la DINA junto a las “estrellas” Marcelo Morén Brito, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, entre otros.
A pesar de que, aduciendo que “son secretas”, inicialmente el Ejército negó a los magistrados a cargo de estas indagatorias las listas con los conscriptos que habían cumplido su servicio militar en este regimiento en los primeros meses después del golpe de Estado, posteriormente la institución las entregó.
Los jueces las requerían para comenzar a interrogarlos, porque de esa forma, como ha ocurrido en otros procesos, podrían ir quebrantando el silencio de oficiales y suboficiales, concertados para negar o distorsionar la información que se les requería. La estrategia volvió a dar buenos resultados en estas causas, puesto que la mayoría de los ex conscriptos interrogados aportaron datos relevantes y confirmaron lo que en el Regimiento de Ingenieros de Montaña sucedió en los primeros meses después de la asonada militar de 1973.
Junto a Durruty Blanco están procesados por estos crímenes los oficiales (R) David Miranda Monardes y Pedro Teyssedre Cartagena, ambos ex jefes de la Sección II de Inteligencia del regimiento, y los suboficiales (R) que integraron la misma sección Luis Canales Pino y René Cruces Tapia.

13 de junio de 2008  La Nación
Dictan nueva condena contra “Mamo” Contreras
El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard Acuña dictó sentencia en la causa conocida como "Armando Jiménez" y condenó a quince años de presidio al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, (DINA) general (R) Manuel Contreras, y a doce años al ex fiscal militar de San Antonio David Miranda Monardes.
Tras su investigación Billard resolvió que ambos eran coautores del delito de homicidio calificado de seis dirigentes sindicales portuarios de San Antonio, ocurrido el 21 de septiembre de 1973 en ese puerto.
Ese día efectivos militares de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes detuvieron en el sindicato de estibadores de San Antonio y en algunos domicilios de la ciudad, a los dirigentes portuarios Armando Jiménez Machuca, Samuel Núñez González, Guillermo Alvarez Cañas, Héctor Rojo Alfaro, Raúl Bacciarini y Fidel Bravo Alvarez.
Sin embargo, más tarde todo el pueblo se conmovió al enterarse que los seis sindicalistas habían sido ejecutados.
Según un bando militar emitido poco después que la muerte de los dirigentes se produjo porque al ser trasladados en un camión militar desde el regimiento de Tejas Verdes a otro lugar cerca de Bucalemu, intentaron escaparse por lo que se les aplicó la ley de fuga.
No obstante, la investigación determinó que los dirigentes fueron obligados a bajar del camión y los acribillaron.
A la fecha Contreras tenía el grado de teniente coronel y era el jefe de la zona militar de San Antonio, mientras que Miranda había sido designado fiscal militar.
Contreras se encuentra recluido en el Penal Cordillera en Peñalolén cumpliendo condena por el crimen del sastre Miguel Ángel San Martín, y varias otras sentencias que se han dictado en su contra.
El ministro Billard no aplicó ni la amnistía ni la prescripción por el paso del tiempo, considerando que se trata de delitos de lesa humanidad.
Miércoles 16 de julio de 2008      La Nación
Seis oficiales (R) condenados por víctima de Tejas Verdes
Entre ellos figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.
Seis oficiales en retiro fueron condenados por el juez Alejandro Solís a penas de presidio, entre ellos nuevamente el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, como coautores del secuestro calificado de Rebeca Espinoza Sepúlveda, desaparecida desde el 3 de enero de 1974 desde el campo de concentración de Tejas Verdes, en la ciudad de San Antonio en la Quinta Región.
Entre los condenados figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.
Los autores afectados con penas de presidio son Contreras, 15 años y un día; el prefecto de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés Cornejo, 5 años y un día; el teniente coronel Raúl Quintana Salazar, 5 años y un día; teniente coronel David Miranda Monardes, 5 años y un día; coronel Claudio Kossiel Hornig, 5 años y un día; y el médico con grado de coronel Vittorio Orvietto Teplitzki, 5 años y un día.
A todos, salvo Contreras que ya cumple prisión por otras causas, se les hará efectiva la pena de presidio una vez que la sentencia quede a firme después de que sea revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Penal de la Corte Suprema, siempre que las cortes mantengan las penas aplicadas y no las rebajen, otorgándose beneficios a los condenados que les permitan cumplir las sentencias en libertad.
Rebeca Espinoza tenía 40 años, cinco hijos, no tenía militancia conocida y era secretaria en el Instituto de Desarrollo Agropecuario cuando fue detenida en los alrededores de la Plaza de la Constitución junto a José Miguel Rivas Rachitoff y José Leonardo Pérez Hermosilla, militantes socialistas, quienes tuvieron un itinerario similar al de Espinoza y actualmente también se encuentran desaparecidos.
Entre los oficiales de Ejército que operaron en Tejas Verdes está el actual alcalde de Providencia, coronel (R) Cristián Labbé, quien ha sido interrogado en las causas por los desaparecidos desde este campo de concentración. Hay varios ex prisioneros que mencionan la presencia de Labbé en ese lugar, incluso lo acusan de presenciar torturas, pero hasta ahora ninguno le imputa cometer personalmente los tormentos. En el caso del médico militar Vittorio Orvietto, tras ser procesado por el juez Solís regresó, en abril de 2005, desde Estados Unidos, para entregarse. Luego de examinarlos, Orvietto era quien daba el visto bueno para que los prisioneros continuaran siendo torturados.
El 11 de septiembre de 1973, cuando a pocos días después empezó a armar la DINA, Manuel Contreras tenía el grado de teniente coronel y era el jefe de zona en estado de sitio de la provincia de San Antonio. Con él trabajó estrechamente el periodista Carlos Roberto Araya Silva, convertido en agente DINA, que después ingresó a Televisión Nacional y en 1975 fue parte, junto a los periodistas Julio López Blanco y Claudio Sánchez, del montaje de Rinconada de Maipú. Por ello fueron sancionados por el Colegio de Periodistas y luego querellados por su complicidad en el operativo de la DINA.

Martes 5 de agosto de 2008    La Nación
Como coautores del secuestro y desaparición del militante comunista Miguel Heredia
Juez Solís condena a seis oficiales (R) por Tejas Verdes
En la resolución de primera instancia figuran militares (R) poco conocidos en la represión, aparte del “repetido” ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. En la sentencia aparece mencionado como “espectador” de torturas el periodista Roberto Araya.
Uno de los episodios de la represión menos conocido públicamente, aquel del campo de concentración de Tejas Verdes en la Quinta Región, en el cual continúan apareciendo militares que hacen su "estreno en sociedad", comienza a ingresar en su última etapa a cargo del juez Alejandro Solís.
Ayer el magistrado dictó una nueva condena en contra de seis oficiales (R) de Ejército y Policía de Investigaciones, por el secuestro y desaparición en diciembre de 1973 desde ese lugar del militante comunista Miguel Heredia Vásquez.
Los 15 años de presidio para el ex jefe de la DINA Manuel Contreras en calidad de autor del secuestro y desaparición de Heredia, aparecen sin embargo irrelevantes para alguien como Contreras que ya suma dos condenas perpetuas por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, más otra cantidad de años por otras sentencias que sobrepasan los 100 años y que sin duda indica que el "Mamo" no volvería a conocer la libertad y morirá en prisión.
Los otros sentenciados son los tenientes coroneles (R) David Miranda Monardes, ex fiscal militar en Tejas Verdes, Raúl Quintana Salazar, y los coroneles Claudio Kossiel Hornig, más conocido entre sus pares por "el alemán al que se le pegan las erre", y Vittorio Orvieto Tiplitzky, quien era el médico militar de ese campo y a quien correspondía verificar el estado de salud de los prisioneros para dar el visto bueno si se les podía o no seguir aplicando la tortura.
Todos ellos fueron condenados a cinco años y un día de presidio, también en calidad de coautores del secuestro y desaparición de Heredia.
La novedad de esta resolución es que en ella el ex conscripto y ex prisionero Arturo Farías Vargas denuncia que las torturas que le aplicaron en Tejas Verdes fueron en presencia de Contreras, Kossiel y otros, también reconoció como "espectador" al periodista y ex agente de la DINA Roberto Araya, que hace poco fue expulsado del Colegio de Periodistas por su participación junto a sus colegas Claudio Sánchez, Julio López Blanco y otros, en el montaje del caso llamado Rinconada de Maipú, por el cual el abogado Hugo Gutiérrez pidió el procesamiento de todos estos profesionales de la prensa.
Araya fue el brazo derecho de Contreras en San Antonio cuando el "Mamo", todavía con el grado de teniente coronel, asumió la comandancia en jefe de la zona de estado de emergencia en la provincia de San Antonio, apenas producido el golpe militar. Desde el campo de prisioneros de Tejas Verdes desaparecieron también ciudadanos extranjeros, entre ellos dos uruguayos.
Allí se aplicó además la conocida "ley de fuga", por el cual se justificó el asesinato de prisioneros, por ejemplo, el de un grupo de dirigentes sindicales portuarios.
En la sentencia el ministro Solís establece pormenorizadamente la trayectoria de los ex prisioneros al interior del campo, así como los lugares en los cuales se les torturaba.
El coronel (R) Claudio Kossiel emerge a partir de los sucesos de Tejas Verdes como un "ilustre desconocido", pero que es reconocido por ex detenidos como uno de los oficiales más crueles en ese recinto.
Condena Civil
En su dictamen el ministro Alejandro Solís condenó además a los sentenciados a pagar la suma de 50 millones de pesos a los familiares de Miguel Heredia por concepto de daño moral y sicológico.
De esta manera el juez Solís acogió la demanda civil interpuesta por los parientes de Heredia en el marco de la investigación criminal.
El monto de dinero estipulado por el magistrado deberá ser pagado por los condenados “en forma solidaria”, vale decir, la cantidad debe ser enterada entre todos los sentenciados.
Miércoles 4 de marzo de 2009    La Nación
Manuel Contreras suma nueva condena de 15 años
El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz a cargo del proceso conocido como Tejas Verdes dictó sendas condenas contra la cúpula de la DINA entre ellos el jefe del desaparecido organismo Manuel Contreras.
El magistrado indaga el secuestro calificado de Félix Marmaduke Vargas Fernández, ocurrido a partir de enero de 1974 en el recinto militar de San Antonio,
Por el crimen fijo una pena de quince años en contra de Contreras Sepúlveda,  y de cinco años y un día de presidio  para Nelson Valdés Cornejo, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Kluadio Kosiel Horning y el médico Vittorio Orvietto Tiplitzky.
Todos los reos, con excepción de Orvietto, deberán pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos cada uno a Bernardo Vargas Fernández, como indemnización de perjuicios.
En la serie de delitos que se indagan respecto del cuaderno investigativo denominado “Tejas Verdes” esta es la cuarta condena del ministro Solís en contra del mismo grupo de personas, correspondiendo las anteriores a las víctimas Rebeca Espinoza Sepúlveda, Miguel Heredia Velásquez y José Orellana Meza, y José Pérez Hermosilla, respectivamente

9 de Agosto 2010
Cooperativa
Manuel Contreras fue condenado a un "pago solidario" a víctimas de torturas
El ministro en visita Alejandro Solís dictó sentencia de primera instancia en contra del ex general Manuel Contreras -de cinco años y un día de cárcel, sin beneficios-, además del "pago solidario" de indemnizaciones a 20 víctimas del delito de torturas.
Los afectados sufrieron apremios ilegítimos en el centro de detención de Tejas Verdes, de la comuna de San Antonio, luego del golpe militar de 1973.
En tanto, en el aspecto civil se determinó que los condenados Manuel Contreras, Vittorio Orvieto, Raúl Quintana, Nelson Valdés y Klaudio Kosiel, deberán pagar en forma solidaria la suma de 10 millones de pesos a cada una de las 20 víctimas.
Mientras que los condenados David Miranda y Jorge Núñez deberán pagar, en forma solidaria, la suma de 10 millones de pesos a las seis víctimas por las que fueron condenados.
Los sentenciados y sus condenas son:
Manuel Contreras Sepúlveda, cinco años y un día. Sin beneficios por torturas a 20 víctimas.
Nelson Valdés Cornejo, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Raúl Quintana Salazar, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Klaudio Kosiel Horning, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Vittorio Orvietto Tiplitzky, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
David Miranda Monardes, tres años de presidio, con beneficio de la libertada vigilada, por torturas a seis víctimas.
Jorge Núñez Magallanes, tres años de presidio, con beneficio de libertada vigilada, por torturas a seis víctimas.
Las víctimas de apremios en Tejas Verdes fueron: Nelly Andrade Alcaíno, Segundo Cerda Troncoso, Iván Contreras Puente, Juan Chacón González, Margarita Durán Fajardo, Arturo Farúas Vargas, Patricio Mac-Lean Labbe, María Nuñez Malhue, Mario Orellana Silva, Guillermo Ormazábal Silva, Luis Ovando Donoso, Luis Quilodrán Alcayata, Ramón Quilodrán Alcayata, Juan Ramón Ramírez Cortez, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, María Rojas Silva, Ernesto Salamanca Sepúlveda, Luisa Stagno Valenzuela, Luis Valenzuela González y Anatolio Zárate Oyarzún.

http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_m/miranda_monarde_daniel_adolfo.htm

A Mónica la decapitaron a patadas

Publicado en piensaChile el 26 agosto, 2008 , en Denuncia

Mónica Benaroyo es el nombre de la joven cuyos restos fueron encontrados en un terreno del ejército de Arica, en Pampa Chaca, en julio de 2008. Aunque parezca sorprendente, aparentemente nadie sabía ni de su existencia ni de su muerte. Nunca apareció en las listas oficiales de desaparecidos durante la dictadura. Simplemente alguien un buen día encontró sus restos momificados en el desierto. Sin cabeza. Todavía guardaba el cadáver una cajetilla de cigarrillos Hilton entre sus ropas. Y un billete de la moneda escudo. Todo lo que sabía entonces era que había muerto en la década de los setenta.
Sin embargo, la policía reconstruyó rápidamente su historia. Su identidad la trazó la Policía de Investigaciones hidratando su piel para extraer sus huellas digitales (en La Nación).
Se llamaba Mónica Cristina Benaroyo Pencu. Había nacido en Rumania, y era uruguaya. Estudió filosofía, dominaba varios idiomas y se ganaba la vida como traductora. Tras vivir un tiempo en Buenos Aires, se trasladó a Arica, en Chile, donde había encontrado empleo en la alcaldía.
Para agosto, Investigaciones había localizado a su hermana Fernanda, en Estados Unidos, a la que se le extrajo una muestra de sangre para comparar su ADN con el de Mónica (La Estrella de Arica). Pese a que este análisis aún no se lleva a cabo, pocas dudas caben sobre la identidad del cuerpo, ya que sus huellas dactilares corresponden con los archivos del Registro Civil de Santiago, donde Mónica estaba inscrita como extranjera residente.
El prefecto de Investigaciones José Cabión, en uno de los telediarios de TVN del 4 de agosto, dijo que la traductora era miembro del Partido Comunista del Uruguay y que había sido expulsada del país -mediante decreto- aparentemente en septiembre de 1973, la fecha en que desapareció.
De momento, nada más se sabe de ella. Sus antiguos amigos y compañeros guardan silencio. O quizá no la recuerdan.
Mónica Benaroyo fue vista con vida por última vez el 11 de septiembre de 1973. Fue detenida por militares y trasladada a un recinto militar. La historia oficial del régimen pinochetista pretendía que Mónica había sido expulsada y por tanto nada podrían saber sobre su destino ulterior. Pero la orden de expulsión evidentemente se fraguó para ocultar la espantosa muerte a que fue sometida.
Pese a que inicialmente se especuló que el cadáver de Mónica había sido mutilado por animales, aparentemente las evidencias indican otra cosa. Según el columnista abogado Eduardo Contreras, “la compañera fue enterrada viva en la arena cerca del mar dejando afuera su cabeza, la que los uniformados patearon hasta decapitarla” (En El Siglo).
Ver artículo completo haga clic aquí: piensaChile 26 de agosto de 2008

3 elementos que levantan sospechas en la muerte de #OdlanierMena, ex jefe de la CNI


El cadáver del general en retiro Odlanier Mena, primer director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y militar condenado por violaciones a los derechos humanos que sería trasladado a Punta Peuco, fue encontrado muerto esta mañana en las proximidades de su departamento de Las Condes mientras disfrutaba del permiso de salida dominical.

El fallecimiento de Mena generó una ola de incertidumbres sobre el futuro del traslado de reos desde el Penal Cordillera a Til Til, considerando laextraña suspensión del operativo que debía realizarse ayer por la noche.

"La decisión tomada, a pesar de este trágico fallecimiento no se va a ver alterada y se va a implementar en el momento oportuno", declaró hoy el presidente Sebastián Piñera.

Según reportes de prensa, el ex director de la CNI se habría disparado en la sien con un arma de fuego a eso de las 9:00 hrs. de este sábado, hallándose su cuerpo “tendido en el sector del depósito de basura, que se encuentra en la parte exterior del inmueble”, en el pasillo del edificio.

En el lugar de los hechos se constituyó el fiscal Roberto Contreras, quien habló de un “supuesto suicidio” y no descartó la participación de terceros.

A continuación analizamos tres elementos que podrían arrojar luces sobre la posibilidad de un asesinato.

1. Manuel Contreras trató de envenenarlo

No son menores las discrepancias que el fallecido militar tenía con el otrora jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), "Mamo" Contreras.

En 1977, luego del asesinato en Washington del ex canciller allendista, Orlando Letelier, Mena asume como director de la recién creada CNI para comprobar la eventual participación de Contreras en los hechos.

La investigación logra dar rápidamente con el químico Michael Vernon Townley, estadounidense radicado en Chile que operaba al servicio de la CIA. Mena lo detiene y procede a citar a Contreras a su oficina. Allí le pregunta si tiene vinculaciones con Townley. “No, mi general, no tengo nada que ver”, fue la respuesta.

“En un mes me di cuenta de que sí había abierta participación de la DINA… Y eso significó la iniciación del proceso de los pasaportes, y el que llevó a la cárcel a Contreras”, declaró Mena a La Segunda el 22 de septiembre de 2012.

“Sigo pensando que Contreras es la persona más perversa que pasó en la historia de Chile… Me asiste la casi seguridad de que el asesinato a Prats y Letelier fue una prueba profesional que él rindió a la DINA para posicionarse en la comunidad internacional de inteligencia”.

“Es cierto que trató de envenenarme”, agrega Mena en la entrevista. “El dejó mucha gente de la DINA enquistada en la CNI. Había tres secretarias. Un día una de ellas me dijo que su compañera había echado veneno en una taza de té que luego me sirvió. Después lo contó Townley en una entrevista; que Contreras le había encargado un veneno para mí".

2. Muerte favorece tesis de la “tortura psicológica” y estrategia judicial de Contreras

El presunto suicidio de Mena ocurre justo cuando los demás militares recluidos por crímenes de lesa humanidad en el Penal Cordillera, a través de una presentación del abogado René López a la Corte de Apelaciones de Santiago, señalan que han sido víctimas de una “tortura psicológica” por el anuncio de la transferencia.

“El presidente (Piñera) ha estado jugando con la gente… El presidente ha torturado psicológicamente a los presos que están en este momento cumpliendo sus condenas tranquilamente en Cordillera”, sostuvo López en la presentación del recurso que será revisado el próximo lunes por la justicia.

Horas después del deceso, el defensor de Contreras no tuvo tapujos enresponsabilizar al primer mandatario por “esta persona que se nos ha ido”, en alusión al ex jefe de la CNI. “¿Quiere usted seguir con otro? Yo creo que si el Presidente insiste en no entender la situación, quiere decir que o no tiene sentimientos o tiene un resentimiento en contra de estas personas”, declaró.

“El único responsable es el Presidente de la República”, se sumó el general retirado Luis Cortés Villa, ex presidente de la Fundación Augusto Pinochet. “Odlanier fue un hombre injustamente condenado. El Presidente no pensó en las consecuencias”.

Sumándose a los comentarios vertidos por el “Mamo” en contra de Piñera,amenazándolo con revelar detalles de su responsabilidad en el desfalco del Banco de Talca si se concreta el traslado a Punta Peuco, el supuesto suicidio de Mena pasa a convertirse en una conveniente medida de presión para el presidente.

3. Extraños robos sugieren que asociación ilícita se mantiene

Tal y como demostraron los asesinatos del ex coronel de la DINA, Gerardo Huber, y el bioquímico Eugenio Berríos –posiblemente además, el homicidio del periodista británico Jonathan Moyle en el Hotel Carrera (Fidae 1990) – la asociación ilícita de elementos corruptos del Ejército chileno y civiles ligados a los crímenes de la dictadura siguió prosperando con posterioridad al término del régimen pinochetista.

El secuestro de un hijo de Sebastián Piñera en mayo de 1993, justo cuando el entonces senador de RN estaba a punto de dilucidar el caso de espionaje telefónico del Ejército que lo había hecho pasar más de una vergüenza – “Kiotazo” – comprueba que una intrincada red de influencias dedicada a ocultar delitos y proteger la impunidad de victimarios logró asentarse incluso durante la democracia.


En diciembre de 2012, el periodista Mauricio Weibel sufrió el extraño robo de su computadora. Weibel había difundido hace muy poco una serie de documentos secretos de la DINA y la CNI, compendio que publicó en un libro de la Editorial CEIBO titulado “Asociación ilícita”. En un período relativamente corto, la misma sustracción de discos duros afectó a Javier Rebolledo, escritor de “La danza de los cuervos”, a la corresponsal del New York Times, Pascale Bonnefoy, y al director en Chile del Le Monde Diplomatique, Víctor Hugo de la Fuente.

Frente a la seguidilla de robos, Weibel se mostró abierto a la posibilidad de que éstos correspondieran a “una operación de ex agentes de inteligencia”.

Lo anterior derivó en una acción judicial que buscó indagar si la policía, el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), poseían información sobre algún grupo que estuviera operando para encubrir ilícitos cometidos durante la dictadura de Pinochet.

"No me cabe dudas que estos organismos, en especial el que opera bajo el amparo del Ejército, tienen datos de algún grupo (vinculado a los robos)”, aseveró el abogado Eduardo Contreras, patrocinante del periodista. "Todo esto demuestra una sola cosa: que el largo brazo de la dictadura sigue vigente", enfatizó.

Es de esperar que la investigación sobre la muerte de Odlanier Mena considere los antecedentes ya descritos antes de descartar completamente la participación de terceros.


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La Historia Oculta del Régimen Militar

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