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miércoles, 18 de enero de 2012

El agujero negro de las fiscalías militares


A la salida de la morgue. Fotografía: Marcelo Montecino.
A la salida de la morgue. Fotografía: Marcelo Montecino.
 A partir del mismo día del golpe militar y hasta fines de 1973, las fiscalías militares tomaron el control jurisdiccional de la muerte de 785 personas víctimas o probables víctimas de la represión política cuyo eventual homicidio tenían la obligación legal de investigar, de acuerdo al registro del Servicio Médico Legal (SML). Sin embargo, estas muertes cayeron en un agujero negro: según los libros de estado de causa de 1973 del Segundo Juzgado Militar que ArchivosChile pudo revisar, nunca se abrió ningún sumario.
Previo al golpe, correspondía a los juzgados del crimen investigar los casos de muertes violentas como posibles homicidios. El parte policial que habitualmente acompañaba el cadáver indicaba el lugar del deceso o hallazgo, con lo que se definía cuál juzgado del crimen tenía competencia para investigar.
Aunque las nuevas autoridades militares dejaron intacto el sistema judicial civil, a partir del Decreto Ley Nº 5 de la Junta Militar del 12 de septiembre comenzaron a operar los tribunales militares en tiempo de guerra.

Acerca de “El Circuito Burocrático de la Muerte”

Es una investigación de ArchivosChile, dirigida y editada por John Dinges.
Investigación principal y redacción: Pascale Bonnefoy
Edición y visualización de datos: Gabriel Mérida
ArchivosChile es un proyecto del Centro de Investigación e Información (CIINFO) y del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile
De hecho, desde el primer día, los juzgados del crimen fueron desplazados para conocer la gran mayoría de los casos de cuerpos baleados que llegaron por docenas a la morgue.
Hasta fines de 1973, 890 fallecidos por la represión política llegaron al Instituto Médico Legal (morgue  de Santiago), quienes corresponden a víctimas confirmadas (por la Comisión Rettig) o potenciales (según la investigación de ArchivosChile). Según los registros del Servicio Medico Legal obtenidos por la Ley de Transparencia, sólo 99 casos aparecen bajo la jurisdicción de los juzgados del crimen.[1] El otro 90 por ciento de las muertes  eran cuerpos remitidos por fiscalías militares, de acuerdo al libro de ingreso de fallecidos a la morgue (conocido como el Libro Transfer), donde los funcionarios de la morgue anotaban los datos de cada fallecido que ingresaba. En 14 casos los registros no consignan qué juzgado o fiscalía tomó la jurisdicción legal.
Cubierta de Libro Transfer del Instituto Médico Legal
Cubierta de Libro Transfer del Instituto Médico Legal. (A&D Fotografía)
Hubo muchos otros muertos en ese periodo que nada tenían que ver con la violencia del golpe militar: suicidios, accidentes de tránsito, delincuencia, asesinatos comunes y otros  —alrededor de nueve al día— que eran parte de la existencia “normal” de una ciudad grande.
¿Cómo se determinó de un día para otro, y de antemano, cuáles casos serían competencia de las fiscalías militares y cuáles muertes serían investigadas por juzgados del crimen? ¿Cómo se sabía si un hombre baleado en la calle había muerto por causa de la acción militar o se trataba de un crimen común? Las autoridades militares parecían tenerlo claro: 785 cuerpos remitidos por fiscalías militares son víctimas de violaciones a los derechos humanos confirmadas por la Comisión Rettig (670), o probables víctimas no confirmadas (115).[2] En solo 14 casos en ese periodo, las fiscalías militares asumieron la jurisdicción sobre fallecidos que no eran víctimas de la represión.
Del total de víctimas remitidas por las fiscalías militares, 755 correspondían a la Segunda Fiscalía Militar, 23 a la Primera Fiscalía Militar, y siete a la Fiscalía de Aviación. Todos, sin excepción, habían muerto por herida de bala. De ellos, sólo 28 de los fallecidos eran miembros de las Fuerzas Armadas o Carabineros, y, por lo tanto, los tribunales militares, en tiempos normales, habrían tenido que investigar sus muertes de todos modos.
ArchivosChile investigó si existieron órdenes verbales o escritas, ya sea desde la Guarnición Militar a la morgue o de las nuevas autoridades militares del Servicio Médico Legal a sus funcionarios que explicaran el hecho documentado en los registros de que casi todos los fallecidos por herida de bala fueran remitidos por fiscalías militares. No ha sido posible encontrar evidencia de esa naturaleza.
Libro Transfer, muestra el ingreso de Ariosto Zenteno y Claudio De la Fuente, enviados por la Guarnición Militar de Santiago.
Libro Transfer, muestra el ingreso de Ariosto Zenteno y Claudio De la Fuente, enviados por la Guarnición Militar de Santiago. (A&D Fotografía)
No obstante, la llegada de los dos primeros ejecutados políticos al Servicio Médico Legal el día del golpe militar parece ofrecer una pista. Son también los primeros que aparecen como “remitidos” por la Segunda Fiscalía Militar en el Libro Transfer.
Los cuerpos de Ariosto Zenteno Araneda, 17 años, y Claudio De la Fuente Castillo, 21 años, ambos baleados a las 15.30 horas de esa tarde y encontrados en la vía pública, según sus informes de autopsia, llegaron a la morgue a las 20 horas.
En esos informes consultados por ArchivosChile, el médico legista Dr. Exequiel Jiménez, quien le practicó la autopsia a De la Fuente, anotó: “Cadáver enviado por la Guarnición Militar”. El Dr. José Luis Vásquez, quien le realizó la autopsia a Zenteno, apuntó: “Enviado por orden telefónica de la Guarnición Militar”.
La “procedencia” de los dos cadáveres quedó registrada en el Libro Transfer como “Orden telefónica de la Guarnición Militar”.
Otro ejecutado del golpe militar en Santiago llegó un poco más tarde. Esta vez, el Libro Transfer lo anotó como remitido por la Primera Fiscalía Militar. Era el secretario del sindicato de la CTC, Hernán Castillo Calcagni, de 40 años. Murió por herida de bala el día del golpe a las 10.15 de la mañana, según el informe de autopsia. Fue la primera víctima mortal del golpe en Santiago cuyos restos llegaron a la morgue.
A partir de entonces, y con muy escasas excepciones, todos los muertos por herida de bala que llegaron a la morgue quedaron anotados bajo la jurisdicción de una fiscalía, casi siempre la Segunda Fiscalía Militar. En cambio, cuando se trataba de fallecidos en accidentes de tránsito o acuchillamientos, por ejemplo, los juzgados del crimen mantenían su competencia para investigar, como se evidencia en el Libro Transfer.
¿Cuál fue la consecuencia de este sistema de control jurisdiccional? Sin conocer los motivos expresos, resulta evidente que esto sirvió para garantizar que estos casos de represión política no fueran investigados por juzgados civiles. Y el resultado de facto fue facilitar la total impunidad de los responsables de estos crímenes.
El comandante de la Guarnición de Santiago era el General Herman Brady Roche, a su vez comandante del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) en la capital, desde donde se ordenaban y dirigían las operaciones militares. El CAJSI tenía dependencia directa del Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet, y operaba desde el Cuartel General de la II División de Ejército –también comandada por el general Brady–, ubicado en el sexto piso del edificio de las Fuerzas Armadas en calle Zenteno.
El General Brady era, además, jefe de la Zona en Estado de Sitio y juez del Segundo Juzgado Militar de Santiago, y, por lo tanto, le correspondía legalmente—dentro de la lógica legal del régimen–la decisión de dar la orden de investigar las centenares de muertes violentas que aparecen bajo su jurisdicción en los registros del SML.
Los libros del Segundo Juzgado Militar consultados por ArchivosChile revelan que nunca se ordenaron sumarios al respecto. No se tomó medida alguna, ni de investigar ni de justificar la decisión de no hacerlo.
Uno de los principales fiscales militares de la época, quien pidió reserva de su nombre, reconoció la obligación de investigar, pero justifica la inacción porque nadie denunció oficialmente las muertes.
“El procedimiento normal era que Carabineros o un familiar de la víctima notificaba a un tribunal sobre la muerte. Al ser notificado el tribunal, este tendría que ordenar una investigación. Esto era válido para tribunales civiles y militares. Alguien tenía que denunciar la muerte o desaparición de la persona. Mientras no se denunciara el hecho al juez militar, no se designaba fiscal y, por lo tanto, no se investigaba,” afirmó en entrevista con ArchivosChile.
En todo caso, los tribunales militares y civiles tenían la posibilidad y la responsabilidad legal de abrir un sumario por oficio, sin esperar una denuncia, al enterarse de una muerte violenta.
Pero las fiscalías militares no lo hicieron cuando comenzaron a recibir los centenares de informes de autopsia que dejaban aún más claro las causas y circunstancias de muerte de 785 personas. En otros términos, ni siquiera las fiscalías se ajustaron a la propia legalidad que impuso la Junta Militar al tomar el control del país.
Al connotado jurista José Zalaquett, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la explicación le parece inverosímil:
“El fiscal militar que pidió reserva de su nombre, no puede, desde luego, ‘justificar’ la inacción aduciendo que nadie habría denunciado las muertes.  Se trata de un absurdo legal y moral, claro, que no cabe justificar.  Pero su implícita aseveración de que, de haberse denunciado alguna muerte habrían investigado profesionalmente, es aún más inverosímil, pues estaban sometidos los fiscales a la política y mando del gobierno, más todavía en esos primeros meses de frenesí represivo.”
Una de las aberraciones que provocó la represión masiva fue que después del 11 de septiembre los cuerpos ya no llegaban a la morgue de acuerdo a los procedimientos habituales, en que un tribunal daba la orden judicial de levantar el cuerpo de un fallecido en la vía pública, y el cadáver venía con un parte policial indicando el juzgado al que le correspondería investigar.
Parte de Carabineros indicando Juzgado correspondiente
Parte de Carabineros indicando Juzgado correspondiente. (A&D Fotografía)
Tras el golpe, los cuerpos eran botados durante la noche a la entrada del SM; los ingresaban directamente a la morgue en camiones militares, o eran recogidos en la vía pública por funcionarios del SML. Casi ninguno de ellos contaba con un parte policial. Esto lo confirma el propio Libro Transfer: la columna donde correspondía anotar el número de parte policial está prácticamente vacía.
Sin embargo, los funcionarios de la morgue no podían insistir en el cumplimiento del procedimiento normal.
“Llegaban los cadáveres traídos por personas aparentemente militares que forzaban el ingreso a la morgue. ‘¡Aquí los venimos a dejar!’, anunciaban. Y si se le preguntaba por el parte policial, ordenaban: ‘¡Recíbalo!’ ¿Que iba a hacer el portero del servicio frente a personas que amenazaban, a veces sin uniforme y armados? Así ingresaban los cuerpos sin parte policial,” afirmó a ArchivosChile Gilberto Rudolph, quien fue asesor legal del SML en septiembre de 1973.
Rudolph también ofreció una explicación por la designación de las fiscalías militares como “remitiendo” los cuerpos de los baleados. Para que el SML entregara el cuerpo a sus familiares o lo trasladara el mismo servicio al cementerio, necesitaba contar con una autorización judicial. Al fiscal militar o juez del crimen se le pedía firmar y timbrar un formulario tipo que autorizaba la autopsia, la inscripción de la defunción y la entrega del cuerpo.
Pero como casi ninguno de los cuerpos baleados venía con un parte policial que indicara a cual tribunal le correspondería la jurisdicción, recuerda Rudolph que los propios trabajadores de la morgue debían resolver. Según el ex asesor legal, los funcionarios “deducían” que si los cuerpos eran traídos a la morgue por militares, entonces eran de la competencia de la justicia militar.
“Como no tenían parte y había que sacar la orden judicial para entregar el cuerpo, los auxiliares los llamaban en su jerga ‘cadáveres de fiscalía’. No era que la fiscalía hubiera enviado el cuerpo, sino que había que rellenar el casillero. A todos los cadáveres que llegaban sin parte policial se les colocaba ‘fiscalía’, porque se daba cuenta a la fiscalía militar. Los que venían con parte policial correspondían a los juzgados del crimen. No teníamos otra alternativa,” afirmó Rudolph.
Informes de autopsia
El envío de los informes de autopsia a los tribunales lo tramitaba la jefatura administrativa de Tanatología, a cargo de Nancy Smith. Ahí trabajaba Melentina Hernández, funcionaria que, entre otras cosas, timbraba y despachaba esos informes de autopsia a juzgados y fiscalías un par de veces por semana, asegura.
En entrevista con ArchivosChile, Hernández afirmó que se enviaron todos los informes de autopsia a los tribunales que correspondían, incluyendo a las fiscalías militares. “Era el deber del Servicio enviar constantemente los informes de autopsia. No se esperaba a que el tribunal lo pidiera. Los llevaba el estafeta y quedaba consignado en el libro de despacho,” afirma.
Uno de los conductores del SML en la época, entrevistado por ArchivosChile, quien pidió reserva de su nombre, asegura que los informes de autopsia se enviaban periódicamente, y que él y un auxiliar los iban a dejar personalmente. “Teníamos que subir al edificio y nos allanaban los milicos. Entregábamos los informes y nos íbamos,” dijo.
Aunque alguien en la fiscalía debió haber recibido los centenares de informes de autopsia enviados por el Servicio Médico Legal, el ex fiscal militar asegura no recordar haberlos visto, a pesar de que la abrumadora mayoría (755 de 785) de ellos iba dirigida a su fiscalía.
Y aunque el SML hubiese enviado un informe de autopsia de una víctima a las fiscalías militares, aseguró, se perdía en el limbo: “Si un fiscal era instruido para investigar por el juez militar, hubiera pedido el informe de autopsia al SML. Pero si el SML enviaba esos informes de autopsias a la fiscalía militar y no estaban asociados a ninguna causa (es decir a un número de ROL), la persona que recibía esos informes en la fiscalía no tendría a quién derivarlos,” argumentó el ex fiscal militar.
General Hermann Brady, Juez Militar y Comandante de la Guarnición Militar de Santiago
General Hermann Brady, Juez Militar y Comandante de la Guarnición Militar de Santiago
Los incompletos registros administrativos del SML de la época confirman el envío de algunos informes y revelan que sólo en dos ocasiones entre septiembre y diciembre 1973, hubo alguna solicitud de informe de autopsia de parte de una fiscalía. Ambas fueron en noviembre de 1973 y provenían de la Fiscalía de Aviación.[3]En ningún caso se solicitó información respecto a autopsias por parte de la Segunda Fiscalía Militar a cargo del General Brady.
Si el juez militar consideraba que no caía en su jurisdicción, podría haberse declarado incompetente para que otro tribunal o juzgado se hiciera cargo. Al no hacerlo, asumió por omisión que los implicados en los crímenes eran militares, y por lo tanto, tenía jurisdicción sobre esos casos.
Pero el General Brady nunca hizo lo uno ni lo otro. O si alguna vez ordenó una investigación, no dejó ningún rastro documental en el Segundo Juzgado Militar bajo su mando.
El único efímero intento por indagar las muertes lo realizó la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones dos semanas después del golpe. Según los registros administrativos del SML revisados por ArchivosChile, el 25 de septiembre de 1973, la Policía de Investigaciones envió un oficio al SML en el que solicita “la relación de fallecidos a contar del día 11 del presente”. No existe ninguna constancia de que ese oficio se hubiese respondido.

Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre


Carnet de Vicente Clement, perforado por una bala
Vicente Clement fue ejecutado el 16 de septiembre de 1973 y su cuerpo abandonado en el Zanjón de la Aguada. Su carnet fue testigo de una de las balas que le atravesó. (Fuente: Fundación Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.)
Cuando se levantó el toque de queda y los funcionarios del Registro Civil pudieron regresar a sus labores el 14 de septiembre, un oficial de Ejército los reunió a todos en una sala del viejo edificio del Gabinete de Identificación, que en esa época quedaba en calle Amunátegui con General Mackenna. El oficial les explicó que había un solo colega en la morgue, y necesitaba refuerzos.
“Pidió voluntarios, pero en realidad designó a dedo a los más jóvenes,” relata Héctor Herrera, entonces funcionario del Registro Civil de 23 años. “Inmediatamente nos llevaron en camioneta a la morgue. Ahí nos dieron instrucciones en los pasillos. En una oficina me encontré con uno de los jefes del Servicio, Eladio Jaña. El dirigía las tareas de los funcionarios del Registro Civil en la morgue.”
Así, Herrera formó parte de un grupo de unos ocho a 10 funcionarios del Registro Civil enviado por las nuevas autoridades militares para apoyar al Instituto Médico Legal (IML) en las tareas de identificación hasta al menos fines de septiembre de 1973.[1]
El día que llegaron, ingresaron 43 cuerpos a la morgue de Santiago; todos salvo cinco habían muerto por herida de bala, según los registros del SML. Ya habían recibido unos 100 muertos en esos primeros cuatro días de dictadura militar, en circunstancias en que el promedio diario de ingresos de fallecidos antes del golpe no superaba los 10. Los cadáveres ya se apilaban en los pasillos y salas de la morgue.

Acerca de “El Circuito Burocrático de la Muerte”

Es una investigación de ArchivosChile, dirigida y editada por John Dinges.
Investigación principal y redacción: Pascale Bonnefoy
Edición y visualización de datos: Gabriel Mérida
ArchivosChile es un proyecto del Centro de Investigación e Información (CIINFO) y del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile
La suboficina Independencia del Registro Civil ubicada a la entrada del portón sur de la morgue en la Avenida La Paz no daba abasto. No había suficiente personal para tomarle las muestras dactilares a los cadáveres que iban llegando, y que debían enviarse al servicio para confirmar sus identidades.
ArchivosChile obtuvo a través de la Ley de Transparencia alrededor de 280 de las fichas dactiloscópicas originales tomadas a los fallecidos en la morgue entre septiembre y noviembre de 1973 y que el Servicio de Registro Civil aún conserva, así como los oficios del Registro Civil al IML confirmando sus identidades. Estas fichas reflejan fielmente la brutalidad de la represión: dedos sin epidermis debido a su estado de descomposición o al tiempo que habían permanecido en las aguas de ríos y canales; manos quemadasdestrozadasanquilosadassin dedos o manos, y hasta “amputada por bala”. Muchos venían con los puños apretados, por lo que era difícil –y a veces imposible– abrirles las manos, recuerda Herrera.
Captura Documento 730925_2681 NN Amputación a bala
Ficha dactiloscópica de un NN en la morgue con sólo cinco de las 10 huellas. La ficha indica "amputación a bala". Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación.
El cruce de la información en estas fichas y oficios con los registros del SML revelan, además, serios errores en la identificación de cuerpos, identidades cruzadas que no corresponden con los nombres registrados en la morgue, y el caso de 13 detenidos-desaparecidos que pasaron por la morgue y fueron identificados por el Registro Civil, pero cuyo rastro, no obstante, también se perdió.
De las aproximadamente 280 fichas obtenidas por ArchivosChile, sólo unas 70 venían con huellas, algunas de ellas “inclasificables”, y las restantes estaban sin huellas. En muchos casos esto se debió a la imposibilidad de tomarlas. En algunas fichas se consignaba que se trataba de menores de edad, por lo que el Registro Civil no tenía sus antecedentes y huellas en archivo con las que comparar.
Muchas de las tarjetas que venían sin huellas tenían la anotación: “Tomada por el Gabinete”. Estas eran las muestras tomadas por los funcionarios del Registro Civil enviados a la morgue, pero no se explica porqué muchas de esas fichas aparecen sin huellas.
Todas las fichas dactiloscópicas eran enviadas a la Subsección Fallecidos-Morgue del Registro Civil, ya sea con la muestra completa de las 10 huellas dactilares, con sólo algunas, o con ninguna. En algunos casos, se les tomaron las huellas pero la calidad de la muestra era tan pobre, que eran inclasificables, imposibles de comparar con los registros de huellas en el Gabinete de Identificación.
Captura Ficha Documento 730920_2691 Tomada por el Gabinete
Ficha dactiloscópica de un fallecido en la morgue. Las muestras fueron tomadas por funcionarios del Registro Civil en el SML, pero la ficha aparece sin huellas. Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación.
Las muestras dactilares se tomaron por duplicado. Una copia se quedaba en el IML y formaba parte de la carpeta de protocolo de autopsia, mientras que la otra iba a Registro Civil. Según Herrera, cada tarde Eladio Jaña, Jefe del Gabinete Central, reunía las docenas de fichas con las muestras dactilares que sus funcionarios tomaban a los muertos, y esa misma tarde o a la mañana siguiente eran enviadas a la Subsección Fallecidos-Morgue del Gabinete de Identificación. Ahí se cotejaban las muestras con los registros de huellas que el servicio tenía de la población inscrita.
En el libro de registro de ingreso de las muestras a la Subsección Fallecidos-Morgue quedaba anotada la fecha de ingreso, el número de protocolo asignado en el IML al fallecido, y el nombre con que venía cada tarjeta de huellas, si es que contaba con alguna identificación que había que confirmar.
Mientras, la  Junta Militar había designado como Director General interino del Servicio de Registro Civil a Desiderio Herrera González, quien pidió reiteradamente el “relevo” del jefe del Gabinete Central, Eladio Jaña,  a cargo de las operaciones de los funcionarios de su servicio en la morgue. “Considero al Sr. Eladio Jaña con limitaciones determinantes para desempeñarse en ese cargo, cuya importancia en este momento se hace más ostensible,” señaló el nuevo director en un oficio dirigido a la Subsecretaria de Justicia en diciembre de 1973.
La identificación
El procedimiento para confirmar la identidad tenía dos etapas, que en tiempos normales resultaba relativamente sencillo. Si la ficha de la morgue venía con una identidad que había que confirmar, se iba al fichero índice que contenía las tarjetas de personas inscritas en el Registro Civil, ordenado alfabéticamente por sus nombres y que incluían los datos personales y huellas digitales. Confirmar la identidad de ese fallecido demoraba sólo minutos.
Sin embargo, si la ficha de la morgue sólo venía con huellas dactilares y sin nombre, se consultaba el fichero dactilar, que estaba ordenado por sexo y numéricamente sobre la base de la “clave chilena de 14 valores” – las características de la huella. Los peritos debían asignar un valor numérico a cada una de las huellas de la ficha y con esa clasificación se comparaba con el fichero dactilar hasta encontrar la combinación exacta de esas claves. Si no se encontraba ninguna ficha con esos valores, se subdividía la clasificación, lo cual arrojaba otra clave numérica que también se podía buscar en el fichero.
Todo dependía de cómo llegaban las muestras, de la experticia del perito para clasificarlas correctamente, del tipo de clasificación –si era una clasificación muy común podía demorar más, ya que había que revisar más fichas–, y de la necesidad de subdividir la clasificación, lo que era más complejo. Excepcionalmente, podía suceder que estuvieran mal archivadas algunas tarjetas en los ficheros del Registro Civil.
Confirmación de identidades
Los oficios del Registro Civil al SML obtenidos por ArchivosChile muestran que entre el 11 de septiembre y el 30 de noviembre de 1973, el Registro Civil confirmó la identidad de unas 500 personas, y la imposibilidad de hacerlo en casi 80 casos, debido a la mala calidad o la ausencia de muestras dactilares.[2] Estos oficios no se referían sólo a fallecidos en la morgue de Santiago, sino que también incluía casos en provincia, cuando las morgues locales solicitaban a la Oficina Central del Registro Civil confirmar una identidad.
Según se desprende de los archivos de la época, el Registro Civil informó periódicamente al SML sobre las identidades, aunque con atraso. Los oficios eran firmados por Irma Palma Parada, Jefa del Subdepartamento de Dactiloscopía del Registro Civil.
Pedro Garcés, sin protocolo
Oficio del Registro Civil al Servicio Médico Legal informando de la identidad de algunos fallecidos. Se omitió el número de protocolo de Pedro Garcés Portigliati, por lo que nunca se pudo asociar su identidad a un cuerpo en la morgue. A causa de este error burocrático, Garcés permaneció desaparecido hasta el 11 de enero de 2012, cuando el SML confirmó su identidad entre los restos exhumados del Patio 29 del Cementerio General. Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación.
No obstante, en muchos casos, esta confirmación de identidad llegaba de vuelta cuando el fallecido ya había sido retirado de la morgue, ya sea por familiares o por el propio Servicio, sin que las familias se enteraran.
El Servicio de Registro Civil estaba sobrepasado y atrasado en las tareas de clasificación de huellas. En un oficio enviado al Subsecretario de Justicia, Max Silva del Campo a comienzos de diciembre de 1973, el Director, Desiderio Herrera, informaba que “el Subdepartamento Dactiloscopía se encuentra con un atraso superior a 35.000 tarjetas para clasificar, investigar y archivar […] El trabajo se va acumulando cada vez más, ya que no se alcanza a clasificar todo lo que se recibe diariamente de todo el país […] El Sr. Subsecretario sabe que estamos en presencia de una demanda anormal de servicios.”
Según el Director, el Servicio tenía sólo 42 funcionarios para esas tareas, cuando las circunstancias exigían contar con 100.
Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre
En parte debido a esa sobredemanda, la documentación existente de la época revela que se cometieron graves errores y negligencias en la identificación de algunas personas; se confundieron los números de protocolo, se olvidaba anotarlos y algunos fallecidos fueron identificados erróneamente.
En la morgue fue registrado el ingreso de 32 detenidos-desaparecidos consignados en el Informe Rettig. De ellos, 13 fueron identificados por el Registro Civil en la época,[3] y se ofició al Servicio Médico Legal, informando de esas identidades. Esto indica que 13 detenidos-desaparecidos efectivamente pasaron por la morgue de Santiago, fueron identificados a través de sus huellas dactilares por el Registro Civil, pero no obstante terminaron desapareciendo desde la morgue.
Una de esas personas, asignada el número de protocolo 3275 y que correspondía a un NN acribillado y hallado en el Zanjón de la Aguada, fue identificada erróneamente como Juan Lorca Polanco. Durante una revisión de las fichas de NN realizada en 1991, se comprobó que las muestras dactilares tomadas al cuerpo con el protocolo 3275 en realidad correspondía a Luis Núñez Álvarez, conductor del Ministerio de Obras Públicas muerto el 12 de octubre de 1973.[4] El cuerpo de Luis Núñez Álvarez fue exhumado del Patio 29 y su identidad confirmada más recientemente por el SML.
Salvo que sus familias hayan llegado a tiempo a reconocer y retirar los cuerpos de sus seres queridos, el Registro Civil contribuyó a la confusión e incertidumbre respecto de la verdadera identidad con la que salían los cuerpos de la morgue. Fue el caso del cuerpo asignado el protocolo 2990 en el IML. El Registro Civil informó en distintas ocasiones que se trataba de José Santos Ramírez Ramírez (quien aparece en el registro de la morgue con el protocolo 2991) y también como Jorge Reinaldo Torres Aránguiz.
Después, el Registro Civil identificó a Ramírez con el protocolo 2698, que correspondía a José Orostica Guajardo, muerto en un accidente de tránsito. José Ramírez es ahora un detenido-desaparecido. Nunca se logró aclarar a qué cuerpo (registrado por número de protocolo) correspondía su identidad.
Los 13 casos de detenidos-desaparecidos cuyos cuerpos efectivamente estaban en la morgue porque sus huellas fueron tomadas ahí y enviadas al Registro Civil, que a su vez los identificó, fueron enviados directamente al Cementerio General por el mismo SML.
No se pudieron establecer las fechas exactas en que los oficios del Registro Civil informando de las identidades llegaban físicamente al SML (sólo se tiene la fecha en que se redactaron), pero el registro de la morgue muestra que los 13 fueron trasladados al cementerio en dias posteriores a los indicados en esos oficios, aunque también se han descubierto muchos errores en las fechas de salida de la morgue. En el caso de José Ramírez Ramírez, su cuerpo salió rumbo al cementerio el mismo día en que el Registro Civil emitía su oficio. En otros dos casos -William Ramírez Barría y Jorge Orrego González- el SML no anotó cuando salieron.
Cuatro de los 13 detenidos-desaparecidos terminaron supuestamente incinerados en el crematorio, según los registros de la morgue. Dos de ellos habían sido identificados por el Registro Civil: José Pavez Espinoza y Nelson Muñoz Torres. Los otros dos salieron como NN y sus identidades fueron confirmadas en 1991: Enrique Toledo Garay y Eduardo Casanova Pino.
Sin embargo, estos datos no son fiables: dos de las personas supuestamente incineradas –según datos del SML– habían sido, en realidad, enterrados en el Patio 29 del Cementerio General. En años recientes, el Servicio Médico Legal confirmó las identidades de Nelson Muñoz y Eduardo Casanova como dos de los restos exhumados del Patio 29.
Detenidos-desaparecidos
Pedro Garcés Portigliati
El miembro del GAP Pedro Garcés Portigliati ingresó a la morgue en septiembre de 1973 pero se perdió su rastro debido a un error burocrático en la identificación de su cuerpo. Fotografía: www.memoriaviva.com
Hubo otras situaciones graves: las fichas dactiloscópicas incluyen muestras tomadas a cinco personas que hoy permanecen como detenidos-desaparecidas y que nunca fueron anotadas en el libro de ingreso de fallecidos de la morgue. Es decir, sus cuerpos llegaron a la morgue, se les tomaron las muestras dactilares, y el Registro Civil confirmó sus identidades, pero no figuraron como ingresados a la morgue. Si algún familiar acudió al lugar a buscarlos, nunca pudieron encontrar sus nombres en ninguna lista.
Ellos eran Luis Jiménez Cortes, Iván Miranda Sepúlveda, Segundo Gárate Torres, Ignacio Santander Albornoz y Pedro Garcés Portigliati.
En el caso de Garcés Portigliati, miembro del Dispositivo de Seguridad del Presidente Salvador Allende (conocido como GAP), la muestra de sus huellas tomada en la morgue fue enviada al Registro Civil, que confirmó su identidad el 24 de septiembre. Sin embargo, el funcionario que llenó la ficha no anotó el número de protocolo asignado a ese cuerpo. Por lo tanto, la identidad de Garcés, confirmada por el Registro Civil, nunca se pudo asociar a un cuerpo. Es posible que Garcés haya correspondido al protocolo 2720, que figura como un NN ejecutado en el Puente Bulnes el 20 de septiembre junto a parte de  grupo del GAP con el que fue arrestado Garcés el día del golpe. El 11 de enero de 2012, el SML confirmó la identidad de Garcés entre los restos exhumados del Patio 29 del Cementerio General.
En el caso de los otros cuatro, sus huellas fueron tomadas en la morgue y enviadas al Registro Civil. Este prontamente ofició al SML sobre la identidad de  Jiménez y Miranda el 16 de septiembre y de Gárate al día siguiente. Sin embargo, nunca se registró el ingreso de sus cuerpos a la morgue, por lo que oficialmente, no estaban ahí. Los tres permanecen desaparecidos.
El Registro Civil confirmó la identidad de Ignacio Santander indicando que correspondía al cuerpo que llevaba el protocolo 3130. Sin embargo, el SML no tomó nota de ellos y dejó el protocolo 3130 como NN.
En el caso de Luis Jiménez, el Registro Civil informó su identidad al IML sobre la base de las “fichas tomadas a personas desconocidas en ese Instituto el día 15 de septiembre,” el mismo día de su desaparición. Sin embargo, al informar de este y otros nueve casos ese día, la Subsección Fallecidos-Morgue no incluyó el número de protocolo asociado al cuerpo en la morgue, sino sólo un número de ficha en Registro Civil. Por lo tanto, nunca se pudo asociar la identidad de Luis Jiménez con ninguno de los cadáveres NN que yacían en la morgue.
Aprovechando este error burocrático, en 1975, el Embajador de Chile ante Naciones Unidas, Sergio Diez, contestó las acusaciones sobre desaparecidos en Chile en un informe que presentó ante la Asamblea General de la ONU afirmando que Luis Jiménez Cortés, así como otras 152 personas, no estaban desaparecidas porque “no tienen existencia legal en el Gabinete de Identificación de Santiago”.
Roberto Ávila Márquez
El obrero ferroviario Roberto Ávila Márquez quedó como NN en la morgue a pesar de que su ficha dactiloscópica enviada al Registro Civil indica su nombre. Fotografía: www.memoriaviva.com
También figuran como NN los cuerpos correspondientes a los protocolos 3351 y 3681, aunque en las fichas dactiloscópicas enviadas al Registro Civil para su identificación aparecen anotados los nombres: el 3351 correspondería al ejecutado políticoRoberto Avila Márquez, y el 3681 a Carlos Gaete Espinoza, cuyo nombre no aparece en la lista de ingresados a la morgue ni en el Informe Rettig.[5] No obstante, dado su causa de muerte (herida a bala) y el hecho de que su cuerpo fue remitido por una fiscalía militar, Gaete es una potencial víctima de violaciones a los derechos humanos.
“Sin epidermis”
Hubo aún otras situaciones inexplicables. Por ejemplo, la ficha dactiloscópica del protocolo 3631 fue enviada al Registro Civil sin huellas, señalando que los dedos estaban “sin epidermis” y de que se trataba de un menor de edad. En el libro del SML, sin embargo, el mismo número de protocolo fue asignado a Jeremías Jara Valenzuela, de 21 años.
Por otro lado, el Registro Civil confirmó la identidad de José Morales Álvarez asociado al protocolo 3129, pero la ficha dactiloscópica correspondiente a ese protocolo tiene la siguiente anotación: “Sin impresiones. Putrefacto. Feto”.
También hubo una docena de casos en que el Registro Civil informó de la identidad de fallecidos pero asociados a un número de protocolo distinto al asignado a ese cuerpo en la morgue, o con un nombre que resultó ser incorrecto. El sacerdote Juan Alsina, ejecutado en el Puente Bulnes el 19 de septiembre, fue identificado por el Registro Civil, de acuerdo al análisis de sus huellas dactilares, como “David Trigo”.[6]
En otro ejemplo, se confundieron los números de protocolo e identidad de dos personas en un espacio de dos días. El Registro Civil informó que la persona asignada el número de protocolo 3469 en la morgue era José Méndez Fernández, pero ese número de protocolo figura en el libro de ingreso del IML como Luis Fuentes Soriano. Soriano, en tanto, aparece con el número de protocolo 3469, pero el Registro Civil lo identificó con el número de protocolo 3464. Según los registros de la morgue, ambos cuerpos fueron retirados del IML por parientes, a pesar de la evidente confusión en torno a sus identidades correctas.
Alberto Valdéz Soto
Alberto Soto Valdés, 20 años, fue identificado por el Registro Civil pero con el número de protocolo equivocado. Fotografía: www.memoriaviva.com
También sucedió con Alberto Soto Valdés y Carlos Ibarra Echeverría. El Registro Civil informó de sus identidades con los números de protocolos cambiados: identificó a Soto con el protocolo 3204, que correspondía a Ibarra, y viceversa. El cuerpo de Ibarra, sin embargo, fue reconocido por familiares, según los no siempre precisos registros de la morgue.
Huellas completas, pero NN
Hubo otra situación cuestionable en el proceso de identificación: de las fichas dactiloscópicas obtenidas por ArchivosChile, hay 14 que corresponden a NN (12 hombres, 2 mujeres) que contienen sus huellas completas y evidentemente en buenas condiciones. Con esa calidad de la muestra, las huellas podrían haber sido clasificadas y las identidades confirmadas; sin embargo, nunca lo fueron, y esas personas se mantuvieron como NN.
Extrañamente, una de las tarjetas que correspondía a un NN femenino tiene anotado: “Informado por teléfono, 3 enero 1974”. Sin embargo, en los registros del SML, continúa como NN.
Según el SML, los 14 fueron trasladados directamente desde el IML al Cementerio General y enterrados como NN, o tal vez incinerados.[7]
Re-identificación
Fue gracias a un detenido-desaparecido que casi 20 años más tarde pudieron recuperar su identidad 46 personas que habían quedado como NN en la morgue entre 1973 y 1984.
En septiembre de 1990, la familia del ex jefe del GAP, Domingo Blanco Tarré, presentó una querella criminal por su desaparición ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. En la búsqueda de antecedentes sobre su paradero, la abogada Pamela Pereira solicitó que se requiriera al SML todos los protocolos de autopsias de los NN de la época que pudieran corresponder a Blanco Tarré. Tras eso, la jueza a cargo de la investigación, Dobra Lusic, ordenó al Servicio de Registro Civil cotejar todas las fichas dactiloscópicas de fallecidos NN tomadas en la morgue entre el 19 de septiembre de 1973 hasta la fecha de entonces, con sus propios registros.
Como resultado, el Registro Civil pudo identificar a 22 personas muertas entre septiembre y diciembre 1973 y que habían quedado como NN en la época.[8] Los restos de siete de ellos fueron identificados positivamente por el SML en años más recientes entre los restos de desaparecidos y ejecutados del Patio 29 del Cementerio General.[9]  Sólo uno de los 22 no era un ejecutado político.[10]



http://archivoschile.org/2012/01/registro-civil/

Dentro del Instituto Médico Legal (II): “Autopsias sucintas”


Sala de autopsias del Instituto Médico Legal. Fotografía: Marcelo Montecino.
Sala de autopsias del Instituto Médico Legal. Fotografía: Marcelo Montecino.
Mientras la Primera Fiscalía Militar ordenaba a dos de los principales médicos legistas de la morgue de Santiago practicar la noche del golpe militar una autopsia fuera del recinto al cadáver del Presidente Salvador Allende, la burocracia militar comenzaba a instalarse dentro del Servicio Médico Legal (SML).
El Dr. Alfredo Vargas Baeza llevaba casi 20 años como director del SML, pero no se encontraba en Chile el 11 de septiembre. Gozaba de un feriado legal desde el 23 de junio y debía haber regresado el 3 de septiembre. Sin embargo, por razones de fuerza mayor no explicitadas en la documentación de la época, no pudo retornar, y aún se encontraba en Europa.
Durante su ausencia, estaba siendo subrogado por el Dr. Augusto Torrico Rojas, un psiquiatra boliviano de ideas de izquierda que, evidentemente, no era del gusto de la nueva autoridad militar. En un decreto del 10 de octubre, la Junta Militar informó que de manera retroactiva, a partir del 25 de septiembre, asumía como director subrogante del SML el Dr. Óscar Novoa Allende, “hasta nueva decisión de la Junta de Gobierno.”

Acerca de “El Circuito Burocrático de la Muerte”

Es una investigación de ArchivosChile, dirigida y editada por John Dinges.
Investigación principal y redacción: Pascale Bonnefoy
Edición y visualización de datos: Gabriel Mérida
ArchivosChile es un proyecto del Centro de Investigación e Información (CIINFO) y del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile
Sin embargo, el Dr. Novoa, médico de la planta civil del Hospital Militar y del Departamento Clínico del SML, se había instalado en la oficina del Director aún antes de su designación.  Asumió el cargo de facto a partir del mismo 11 de septiembre, dejando al Dr. Torrico en su puesto original como jefe del Departamento de Psiquiatría, afirmó a ArchivosChile el ex asesor legal del SML, Gilberto Rudolph.
Para sorpresa de muchos de los funcionarios, el que apareció tras el golpe militar en uniforme de campaña dando órdenes al interior de la morgue era el Dr. Sergio Larraín Eyzaguirre, un mayor de Sanidad del Ejército que llevaba más de 20 años trabajando en el SML.
Larraín fue designado delegado de la Junta Militar ante el SML, pero el cargo le duró poco. Según un ex funcionario del Servicio, a Larraín los médicos no lo tomaban en serio. Se mantuvo como delegado de la Junta hasta que el 12 de octubre el Subsecretario de Justicia, Max Silva del Canto, le comunicó el término de su cargo, por haber ya “normalizado el servicio”.
Un ex conductor de la morgue entrevistado por ArchivosChile recuerda que al día siguiente o subsiguiente del golpe, un oficial de Ejército reunió a todos los funcionarios en el auditorio. “Nos dijo clarito: ‘¡Cualquier chuchasumadre que sea sorprendido dando información a periodistas, familiares o amigos sobre lo que está pasando va a ser fusilado en el acto!’,” relató.
Antes de devolver la dirección del SML al Dr. Vargas a fines de septiembre, el Dr. Novoa dejó  instalado en la morgue a su gran amigo, el coronel auditor en retiro del Ejército, Mario Parker Arenas. Novoa regresó a sus labores anteriores en el área de Ginecología.
Parker fue nombrado a través de un decreto retroactivo del 20 de noviembre de 1973  “abogado coordinador ad honorem” del Servicio Médico Legal ante la Junta de Gobierno. Permanecía solo un par de horas al día en la morgue, recuerda Rudolph.
Cuando el Dr. Vargas regresó al SML a fines de septiembre, el ambiente era tenso. Militares llevaban semanas circulando por los pasillos de la morgue, e incluso seguían a los funcionarios hasta sus casilleros para controlar lo que hacían. Carabineros se apostaban en las afueras.
Primaba el silencio. Como en todos los servicios y organismos del Estado, ya no se sabía quién podría ser un delator. Los funcionarios dormían poco, lloraban y pasaron hambre. Estaban exhaustos, al igual que los médicos que, a partir del 11 de septiembre, no tuvieron pausa en la realización de autopsias de cuerpos que no cesaban de llegar.
Las autopsias
Entrada del Instituto Médico Legal (A&D Fotografía)
Entrada del Instituto Médico Legal, la morgue en Santiago. (A&D Fotografía).
La cantidad de cadáveres en la morgue, las condiciones en que se encontraban, los recursos y el personal disponibles, el riesgo de infecciones y el caos general provocado por la avalancha de muertos que llegó a la morgue de la capital dificultó practicar autopsias completas a cada uno.
“No se hacían las autopsias que hubiésemos querido realizar, con toda la técnica necesaria,” dijo el Dr. José Luis Vásquez, médico legista que aún trabaja en el SML. “Las primeras dos o tres autopsias que hicimos intentamos hacerlas lo más completo posible, pero después nos dimos cuenta de que era humanamente imposible. Nos limitábamos a hacer una autopsia sucinta, encuadrándonos sólo en las lesiones que existían relacionadas con la causa de muerte. La mayoría, evidentemente, eran lesiones causadas por proyectiles balísticos.”
En la época, el servicio contaba con unos seis médicos legistas. Era claramente insuficiente. El SML debió recurrir a otros médicos clínicos de la misma morgue para colaborar en las autopsias, incluyendo al hijo del director, Dr. Alfredo Vargas Kother.
Era imposible, por el número de cadáveres apilados en la morgue, seguir las pautas habituales para una autopsia completa en cada caso, como se sugiere en el Reglamento del SML vigente en la época. Tampoco se cumplió la norma reglamentaria de que todos los cadáveres que ingresaran al IML fueran fotografiados y que esas fotos quedaran archivadas para la eventual consulta de los tribunales. Según el Dr. Vásquez, no había ni fotógrafo ni cámaras.
De todos modos, aseguró, se les practicó autopsia a todos los fallecidos, sin excepción, aunque el grado de profundidad varió considerablemente (ver selección de informes de autopsia).
Captura Autopsia Carlos Guzmán
Extracto del informe de autopsia Carlos Guzmán Altamirano, muerto en la vía pública el 17 de septiembre de 1973. El informe consigna al menos 10 heridas de bala en el cuerpo. Fuente: Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
El asesor jurídico, Gilberto Rudolph, las llamó “autopsias económicas”. “Significaba que si por el examen externo del cadáver se podía deducir la causa de muerte, el examen se detenía en el reconocimiento externo, porque no había suficiente personal ni médicos especializados para cubrir toda la demanda de autopsias. Eran casi todos muertos por bala, así que no había que mirar mucho,” afirmó.
En esas primeras semanas, el Dr. Vásquez recuerda haber trabajado jornadas de hasta 12 horas diarias. Entre el día del golpe militar y el 30 de noviembre –periodo en que se registró el mayor número de ingreso de fallecidos– el Dr. Vásquez efectuó un total de 292 autopsias. Similar ritmo de trabajo tuvieron los tanatólogos Carlos Marambio Allende (263) y el boliviano Humberto Rhea Clavijo (242).
El Dr. Vargas y su hijo realizaron un total de 209 autopsias,[1] mientras que el Dr. Exequiel Jiménez se encargó de 179, el Dr. Tomás Tobar de 96, y el medico boliviano Dr. Rolando Costa Arduz[2], de 88. Otros médicos – incluso de otras especialidades– intervenían ocasionalmente en la sala de autopsias.
Autopsias técnicamente correctas
Aunque las autopsias se limitaron a examinar sólo el área de las heridas mortales –y no incluyeron otros tipos de análisis–, los informes de todos modos precisaron correctamente la causa de muerte. Sin embargo, a pesar de la evidente acción de terceros en esas muertes, a menudo causadas por múltiples heridas de bala, pocos informes de autopsia indicaron si se trataba de un homicidio, como estaban obligados por ley.[3]
El homicidio se consigna como causa de muerte en sólo 118 de los 891 informes de autopsia practicadas a víctimas confirmadas o potenciales de violaciones a los derechos humanos. De esos 118 informes 83 fue firmado por un solo médico, el Dr. Carlos Marambio. El Dr. Rhea lo indicó en 17 de sus informes y el Dr. Vásquez en sólo cinco.
Según declaró el Dr. Rhea a propósito de la investigación judicial sobre la muerte de un grupo de pobladores de Puente Alto en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973, “entre los días 11 y 15 de septiembre efectuaba por lo menos entre doce a quince autopsias diarias. Incluso llegaron facultativos desde Carabineros y Fuerzas Armadas para colaborar en las labores pues había cadáveres incluso en los pasillos.” Por esa razón, declaró, “los informes de autopsias de esas fechas se hicieron de manera somera; es decir sin un examen detallado de los cuerpos.”[4]
Para el Dr. Rhea, como para los otros dos médicos bolivianos que trabajaban en el IML, la situación fue seguramente insoportable. Rhea había sido colaborador de la guerrilla de Che Guevara en Bolivia y médico tratante del guerrillero argentino. Residía en Chile como exiliado político desde 1967, año en que comenzó a trabajar en el Instituto Médico Legal, debido a la escasez de médicos legistas en Chile.
Era tal el volumen de cuerpos, que el IML pidió la colaboración de los hospitales públicos para que enviaran auxiliares. También, recuerda el Dr. Vásquez, se intentó incorporar a personal administrativo en la sala de autopsias para tomar apuntes dictados por los médicos durante la autopsia para agilizar el proceso, pero eso duró muy poco.
“Naturalmente, a los cinco o diez minutos estaban todos en el suelo. No tenían la costumbre de ver cuerpos o fluidos. Nunca habían ingresado a una sala de autopsias. Entonces tuvimos que hacerlo nosotros. Todo era manuscrito por los médicos que realizábamos las autopsias, y eso hizo el proceso más lento,” dijo.
De acuerdo a los registros del SML, las autopsias se hacían por lo general un par de días después de llegado el cuerpo. Sin embargo, hubo casos en que se realizaron una o dos semanas después. En cinco casos registrados en el libro de ingreso de fallecidos a la morgue de Santiago (Libro Transfer), la autopsia se realizó en otro lugar, como un hospital. En esas circunstancias, igual se anotaron sus nombres como fallecidos ingresados a la morgue, con sus respectivos números de protocolo, con una notoria excepción: la autopsia del Presidente Salvador Allende Gossens nunca quedó anotada en ningún libro, a pesar de haber sido realizada por dos médicos legistas del SML.
La noche del 11 de septiembre, el cuerpo de Allende yacía en el pabellón de cirugía del Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Militar a la espera de la llegada de los doctores Vásquez y Tobar y el auxiliar especializado Mario Cornejo. Por orden de la Primera Fiscalía Militar, ellos fueron llevados esa noche al hospital castrense, y a las 20 horas iniciaron la autopsia al fallecido presidente. La autopsia  [5] se prolongó hasta la media noche, y fue caratulada con el número de protocolo 2449/73.
El cuerpo del Presidente Allende no pasó por la morgue y hasta el día de hoy, Allende no figura en el libro de ingreso de fallecidos del Servicio Médico Legal.
En la morgue, otro cuerpo era asignado el mismo número de protocolo, el 2449: Onofre Castro Hernández, quien murió el 12 de septiembre debido a una enfermedad, y cuyo cuerpo fue no obstante remitido a la morgue por la Segunda Fiscalía Militar.
Reconocimiento de seres queridos
Finalizado el proceso de autopsia, los cadáveres eran bajados a la Sala de Exposición anexa al frigorífico, donde normalmente se exhibían los cuerpos de personas desconocidas para el reconocimiento de sus familiares. Había unas 90 cámaras frigoríficos, y según el Dr. Vásquez, no todas funcionaban. En cada una se colocaban varios cuerpos. “En esas condiciones, era imposible que esas cámaras cumplieran su función,” dijo.
Pasillo interior del IML. Crédito: A&D Fotografía.
Pasillo interior de la morgue de Santiago. (A&D Fotografía)
Los cuerpos eran dejados desnudos en el suelo y, en lo posible, con su ropa a los pies, a la espera de que algún familiar los encontrara, los identificara o los reclamara. Eran cientos de cadáveres que se amontonaban en el piso. Otros quedaban en los frigoríficos. Por días o semanas.
En muchos casos, nadie los reclamó porque sus familiares aún no se enteraban de su muerte, a pesar de que sus identidades ya estaban confirmadas por el Servicio de Registro Civil a través de las huellas dactilares tomadas a los cadáveres. A menudo esta confirmación de identidad llegaba de vuelta al SML cuando el fallecido ya había sido sacado de la morgue por el propio servicio, sin el conocimiento de las familias. Y más significativo aún: la documentación de la época revela que en algunos casos, se cometieron graves errores y negligencias en la identificación de algunas personas, en algunos casos al ser confundidos los números de protocolo. (Ver artículo: Registro Civil Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre).
Más allá de la intencionalidad o no de ocultar los crímenes, para María Luisa Sepúlveda, ex Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Valech,[6] uno de los principales problemas fue que “no había una cadena de custodia rigurosa” en la morgue.
“El problema mayor estaba en la custodia de la ropa y en la identificación de las huellas. No siempre hubo prolijidad. Salían en la noche a buscar cuerpos, pero era difícil establecer después que el cuerpo uno era el que encontraron en la carretera San Martín y el cuerpo dos era el que estaba en Maipú, por ejemplo. No había seguridad de que hayan coincidido bien los datos,” afirmó a Archivos Chile.
Afuera, los funcionarios del IML colgaron listas con los nombres de los fallecidos identificados. A pesar de que muchos habían llegado a la morgue con alguna documentación y sus identidades fueron confirmadas por el Registro Civil –aunque no siempre acertadamente–, eran listas escuálidas, “un número ridículo en comparación con la cantidad de cadáveres adentro,” recordó Héctor Herrera, uno de los funcionarios del Registro Civil enviados a la morgue a tomar muestras dactiloscópicas a los cadáveres.
Proporcionalmente, eran pocos los familiares que acudían a la morgue en los primeros días, dijo la secretaria del Dr. Vargas, Adelina Gaete, quien debió atender a algunos familiares en ese periodo. “Afuera del IML no llegó casi nadie al comienzo. Días después comenzaron a venir familiares. Nosotros revisamos los protocolos de autopsia para ver si alguien podría calzar con la descripción de la persona que buscaban,” dijo.
Las familias vivían otro ángulo de la tragedia: mientras sus seres queridos yacían en el suelo esperando su turno de autopsia, ellos recorrían hospitales, centros de detención, oficinas gubernamentales, organismos internacionales, fiscalías militares, comisarías y regimientos en su búsqueda.
Las fichas de la Vicaría de la Solidaridad sobre detenidos-desaparecidos en los primeros meses de dictadura militar son testimonio del largo peregrinaje y las interminables puertas que golpearon padres, hermanos y cónyuges de personas que habían sido arrestadas y cuyo paradero aún se desconocía. La morgue siempre fue el último lugar, el más resistido.
Además, había temor. “Afuera siempre había organismos de seguridad y a veces detenían a los familiares. Había familiares que no se atrevían a ir por miedo a quedar detenidos en la misma puerta del servicio. Había muchos civiles infiltrados que los detectaban en la entrada,” dijo Sergio Cornejo, quien de adolescente acompañaba a su padre a su trabajo en la morgue.
No obstante, muchos familiares acudieron al recinto en Avenida La Paz en busca de sus seres queridos. Los auxiliares — y en algunos casos, militares o policías — debían acompañarlos a la Sala de Exposición. “Los auxiliares se sentían bien afectados también por la situación, y tomaron cuidado de no llevar a los familiares donde estaban los cuerpos tirados en los pasillos,” agregó Gaete.
Algunos no los encontraron, a pesar de que estaban ahí en calidad de NN. En otros casos, sus nombres nunca fueron anotados en el libro de ingreso de la morgue, por lo que su presencia ahí les era negada. (Ver artículo: Registro Civil Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre).
Luis Miguel Rodríguez Arancibia
Luis Miguel Rodríguez Arancibia, 20 años, fue ejecutado en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973. Su hermano lo encontró en la morgue.(Fotografía: www.memoriaviva.com)
Ismael Rodríguez encontró a su hermano Luis, fusilado en el Puente Bulnes el 14 de octubre junto a un grupo de pobladores de Puente Alto, en un ataúd abierto con su cuerpo destrozado. Lo había estado buscando durante una semana, desde que Carabineros lo detuvo con un grupo de amigos,[7] y su familia aún no sabía nada de él.
Luis Verdejo, padre de uno de los amigos arrestados con el hermano de Rodríguez, se enteró de que su hijo se encontraba en la morgue. Le avisó a Ismael Rodríguez y éste partió al IML con otros familiares.
“Fue impactante cuando entré. Había cientos de cuerpos en el suelo, en el pasillo, todos desnudos. Un señor de delantal blanco y botas negras los manguereaba con agua fría, supongo que para preservar los cuerpos. Algunos tenían la cicatriz de la  autopsia. Había niños, mujeres, ancianos, de todo. Vi un cadáver con el puño en alto; estaba tieso. Nunca le pudieron bajar el brazo,” dijo Ismael Rodríguez a ArchivosChile.
En las cámaras frigoríficas, encontraron a Verdejo y a Leonidas Isabel Díaz, una niña de 14 años que estaba embarazada y que había sido arrestada con ellos.
“Abrí un frigorífico y vi a Verdejo, con la cara y el pecho hecha tira por las balas. Abrí otro y vi a la muchacha. Su cuerpo estaba cortado y su bebé de seis meses de gestación estaba al lado, todavía atado al cordón umbilical. El bebé no tenía balas. El vientre de la muchacha estaba destrozado por las balas, pero no le pasó nada al bebé,” relató Rodríguez. Luego encontró a otros dos amigos que habían sido detenidos con su hermano: Jaime Bastías y Luis Toro.[8]
Leonilda Isabel Díaz
Leonidas Isabel Díaz fue ejecutada en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973. Tenía 14 años y seis meses de embarazo. (Fotografía: www.memoriaviva.com)
Rodríguez se acercó a cuatro ataúdes sin tapa marcados “NN”, apilados desordenadamente uno encima de otro.
“Pude ver a mi hermano, desnudo, en el cajón más abajo,” relató Rodríguez. “No me convencía, no podía creer que estaba ahí. Entonces lo tomé por debajo del cuerpo para tratar de sacarlo del cajón. Tenía un tremendo hoyo en la espalda. Al parecer aún le quedaba aire en las cuerdas vocales, porque cuando lo tomé, soltó un suspiro,” recuerda Rodríguez.
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Lea también:

[1] No se ha podido determinar el número exacto de autopsias realizadas por cada uno porque los registros del Instituto Médico Legal los anotan como Alfredo Vargas, Alfredo Vargas K. y Alfredo Vargas B.
[2] El Dr. Rolando Costa Arduz, boliviano, era médico legista interino. Ingresó a trabajar al IML en abril de 1973 y hasta octubre de ese año, según registros del SML.
[3] El artículo 126 del Código de Procedimiento Penal vigente en 1973 establecía que los médicos debían expresar en sus informes si la muerte era el resultado de la acción de terceros.
[4] La declaración del Dr. Rhea está incluida en una resolución dictada por el juez Mario Carroza el 23 de marzo de 2010 respecto de un grupo de fusilados de Puente Alto. El fallo fue publicado en La Nación en abril de 2010. http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100408/asocfile/20100408155853/puente_alto_2.pdf
[5] El informe de autopsia de Salvador Allende fue publicado por primera vez por Mónica González en su libro “La Conjura”, Ediciones B, 2000. En entrevista con ArchivosChile, el Dr. Vásquez declinó referirse a la autopsia de Allende y a otros casos que están siendo investigados en tribunales.
[6] La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, calificó a nuevas victimas en 2011.
[7] Junto a Luis Rodríguez fueron fusiladas las siguientes personas: Domingo Morales Díaz, Jaime Bastías Martínez, Luis Suazo Suazo, Luis Toro Veloso, Alfredo Moreno Mena, Luis Verdejo Contreras, David Gayoso González y Leonidas Isabel Díaz Díaz. Extrañamente, en los registros del SML, Bastías, Suazo, Verdejo, Moreno y Ganoso, más un NN, fueron anotados como muertos en Cerrillos. Los demás aparecen como muertos en el Puente Bulnes.
[8] A pesar de haber reconocido a Luis Toro, éste no aparece en el registro del SML. Sin embargo, se inscribió el ingreso de dos NN que podrían corresponder a él (protocolos 3303 ó 3307), ya que están agrupados con las demás víctimas de Puente Alto.



http://archivoschile.org/2012/01/dentro-del-instituto-medico-legal-segunda-parte/

La Historia Oculta del Régimen Militar

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