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lunes, 9 de enero de 2012

Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?

POR ARCHIVOSCHILE | ENE 9TH, 2012

Tumbas en el Cementerio General de Santiago. Fotografía: David Burnett/Contact Press Images.
A las morgues de Santiago, Antofagasta, Quillota y Valdivia[1] ingresaron los cuerpos de 150 personas durante los tres primeros meses de dictadura militar que, dada las características de sus muertes, podrían tratarse de posibles ejecutados políticos que no han sido calificados como víctimas de violaciones a los derechos humanos.
De ellos, 84 cuerpos permanecieron como “NN”[2], es decir, sin identificar,[3] por lo que fue imposible que sus casos pudieran ser presentados ante las tres comisiones de calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han emitido informes oficiales al respecto desde 1991.[4]
Esta información del SML permitiría cruzar las circunstancias de sus muertes –por ejemplo, la fecha, hora y lugar del deceso– con los datos sobre detenidos-desaparecidos disponibles en estos informes.
Los otros 68 están plenamente identificados pero hasta el momento no han sido calificados como víctimas. No fue posible saber si las comisiones investigaron los casos o si bien tomaron alguna determinación al respecto.
En los 150 casos “potenciales” compilados por ArchivosChile, los datos entregados por el Servicio Médico Legal sobre fallecidos entre septiembre y diciembre de 1973 permiten conjugar las circunstancias y naturaleza de sus muertes. Al cruzar la información, los datos apuntan en el sentido de que se trataría de probables víctimas de la represión política, al seguir un mismo patrón que las víctimas calificadas. Las características consideradas incluyen la causa y lugar de muerte, la jurisdicción militar sobre sus casos y el lugar desde donde fue derivado el cuerpo a la morgue (la “procedencia”).
ArchivosChile publica la lista de los 150 casos (ver lista completa) con los datos correspondientes del Servicio Médico Legal. La columna “Causa Potencial Caso DH” indica las distintas categorías que caracterizan a estos muertos como potenciales ejecutados políticos: “FM” se refiere a la jurisdicción de la Fiscalía Militar; “DAF” alude a Disparo de Arma de Fuego como causa de muerte; “Herida” indica la naturaleza de la herida mortal; y “Lugar” se refiere al lugar del deceso o a la procedencia.

La totalidad de estas 150 personas murió por heridas de bala o víctimas de “explosiones”, como consignan sus informes de autopsia. Por ejemplo, Francisco Contreras Morales, de Quillota, falleció a causa de una “granada en la boca”, según los registros del SML de esa ciudad, mientras que Mario Uribe Sánchez, cuyo cuerpo fue remitido por la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, murió debido a una “atrición céfalo cérvico torácica por explosión de arma de fuego”, como describió sus heridas de bala en la cabeza y el pecho el médico legista Humberto Rhea.
En muchos casos, las heridas de bala descritas en los informes de autopsia indican certeras ejecuciones: disparos en la cabeza o el tórax, o verdaderos acribillamientos, con heridas de bala en múltiples partes del cuerpo. Julio Rojas Leal, por ejemplo, fue encontrado en el kilómetro 18 de la Carretera General San Martín con heridas de bala en la cara, el pecho, el abdomen y en sus extremidades, según dio cuenta el informe de autopsia. Fue asesinado el 11 de octubre de 1973.
En 14 casos los informes de autopsia consignan una acción homicida.
Además de morir baleadas, 117 de estas 150 personas fueron remitidas por fiscalías militares, lo que significa que la justicia militar asumió la jurisdicción de sus casos para una eventual investigación criminal que nunca se inició, como sucedió en 90 por ciento de los casos confirmados de derechos humanos. (Ver artículo El agujero negro de las fiscalías militares)
Otras 22 de las 150 personas aparecen en los registros del SML como remitidas por juzgados del crimen, como se seguía haciendo en los casos de muertes violentas comunes, pero la naturaleza de su causa de muerte también insinúa que podría tratarse de ejecuciones políticas. Todos ellos, salvo dos, murieron por heridas de bala en la cabeza o el tórax o en ambas partes, o por “múltiples heridas de bala”, según concluyeron sus informes de autopsia. En un caso de Antofagasta, no se anotó el tribunal que remitió el cuerpo.
En más de 80 casos se conjugaron tres, y a veces cuatro, factores que indicarían un alto grado de probabilidad de que se tratase de víctimas de violaciones a los derechos humanos. La combinación de características que más se repite (“FM+DAF+Lugar”) – en 72 de los 150 fallecidos– es la jurisdicción de las fiscalías militares, el disparo de arma de fuego como causa de muerte, y el lugar del deceso o de procedencia, todo lo cual indica probable acción militar. Sólo en un caso se presenta una sola característica –el tipo de herida. Pero es dudoso que la explosión de una granada en la boca de Francisco Contreras Morales, de Quillota, se haya producido accidentalmente.
En algunas situaciones, se agrega a este cuadro el sitio donde fue encontrado el cuerpo o el lugar donde la persona murió; en muchas ocasiones se trató de sitios habitualmente usados para las ejecuciones políticas.
De acuerdo a estos antecedentes, entre las potenciales víctimas políticas en Santiago, 17 fueron muertas en el Río Mapocho; otras cuatro en puentes sobre el río; 14 en canales de la Región Metropolitana; cinco en avenida Departamental con Macul; tres en el Cementerio Metropolitano; dos en la Escuela de Infantería de San Bernardo; dos en la Carretera General San Martín y dos en el Cerro Chena.
También hubo heridos de bala muertos en el Regimiento Guardia Vieja, como Nelson Cañas Alegría; en “arsenales de guerra”, como Domingo Alfaro Norambuena; y en la Escuela de Especialidades, como Mario Jara Gómez.
El lugar de procedencia, es decir, desde donde era derivado el cuerpo hacia la morgue, también da luces sobre la posible condición de ejecutado político. En 32 casos, la procedencia era “Fiscalía Militar” y en otros 11, “Fiscalía”. También se anotaron lugares de procedencia como “Fuerza Aérea” y “Regimiento Tacna”.
Respecto de José Manuel Salas y Eduardo Cubillas Portillas, ambos de Antofagasta, la procedencia que anotó la morgue de esa ciudad fue la “Jefatura de Zona en Estado de Sitio”, en el caso de Salas, y en el de Cubillas, el “Batallón Telecomunicaciones Nº 1”. Esto ofrece un fuerte indicio de que sus muertes no fueron crímenes comunes.
Y hay un caso aún más evidente: el de Luis Curivil Pranamil, cuyos datos de la morgue fueron recogidos por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) para calificar como víctima de violaciones a los derechos humanos a otra persona con una sorprendente similitud de nombre: Luis Curivil Tranamil, asesinado por desconocidos antes del golpe militar. (Ver: El extraño caso de los dos Luis Curivil)

Lea también:


[1] ArchivosChile sólo pudo obtener los datos de 14 ciudades del país, además de Santiago, de acuerdo a la disponibilidad de archivos de regiones en el Servicio Médico Legal.
[2] Uno fue anotado en el libro de ingreso de fallecidos a la morgue como “Osamentas”, a pesar de que se determinó que había fallecido el 14 de septiembre de 1973 y llegó a la morgue sólo dos semanas después.
[3] En el caso de 43 de estos NN, el Registro Civil anotó en sus fichas dactiloscópicas que las huellas eran inclasificables por falta de epidermis, o no venían con huellas, por lo que le era imposible identificarlos. En otros seis casos, informó a la morgue que las huellas no figuraban en su archivo; es decir, la persona que se requería identificar no estaba inscrita en el Servicio de Registro Civil.
[4] La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig, 1991), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (2011).

http://archivoschile.org/2012/01/150-nuevos-casos/

QUE ME EXCOMULGUEN YA , POR FAVOR


Autor: El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
Fecha: 21/07/2010 Pais :Chile Ciudad: Santiago :
Chile, una mesa para todos en el Bicentenario
I.- UN SIGNO DE CLEMENCIA
Como ciudadanos y pastores queremos comprometernos con los esfuerzos de nuestro país por la paz: tanto
por la paz que se abre espacio en nuestros corazones, como por aquella que anhelamos para las familias y
todos los habitantes de nuestra Patria. Sabemos que la paz es obra de la justicia, pero estamos
convencidos que también contribuyen a ella el perdón y la misericordia.
Por eso tenemos que seguir avanzando, como país, por los caminos de la justicia social, aquella que se
construye sobre los derechos humanos y cuya alma es la dignidad del hombre y de la mujer, de la familia y
de los niños, de los jóvenes y los ancianos. No escatimemos esfuerzos ni medios en la conquista de la
seguridad y la paz ciudadanas. Apoyemos decididamente el trabajo de los tres Poderes del Estado en su
lucha contra la delincuencia.
Pero para construir la paz, también debemos recurrir a la clemencia y al perdón. Por eso, en el contexto del
Bicentenario, apreciando la libertad que otorga el Estado de Derecho, los pastores de la Iglesia Católica
queremos ofrecer una nueva colaboración, a nuestro parecer necesaria, en el ámbito de los derechos
humanos. Nos referimos a los derechos fundamentales de quienes han sido condenados, y a un indulto que
nuestra sociedad puede conceder como expresión de la actitud humana y enaltecedora que construye la
paz ciudadana y ayuda a la reconciliación.
Con ese objetivo, en el mes de agosto de 2009, los miembros del Comité Permanente de la Conferencia
Episcopal de Chile, presentamos a la Excma. Señora Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachelet, y
en el mes de abril del presente año, a Su Excelencia el Presidente de Chile, don Sebastián Piñera, una
reflexión titulada «Misericordia y clemencia: signos del Bicentenario. Petición de la Iglesia Católica de
Chile». En ese documento expusimos los fundamentos para un posible indulto, precedidos de una
introducción acerca del sentido del Bicentenario de Chile, celebrado en el hoy de nuestra historia, haciendo
memoria agradecida del pasado y asumiendo compromisos que lo proyecten hacia el futuro.
Citando al Papa Juan Pablo II, señalamos que nuestro jubileo del Bicentenario quiere tener un significado
positivo. «Al igual que la misericordia de Dios, siempre nueva en sus formas, abre nuevas posibilidades de
crecimiento en el bien, celebrar el Jubileo significa también esforzarse en crear nuevas ocasiones de
recuperación para cada situación personal y social, aunque aparentemente parezca irremediablemente
comprometida» («Mensaje Jubileo en las cárceles», nº 4).
En nuestro mensaje, con el aval de tantos hombres y mujeres creyentes que acompañan a quienes han
delinquido, recordábamos que el Papa nos advertía que abstenerse de acciones promocionales en favor del
recluso significaría reducir la prisión a una suerte de venganza social.
II- EL HORIZONTE DE NUESTRA PETICIÓN DE INDULTO
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Los creyentes en Cristo recordamos que Él ha inaugurado una historia basada no sobre la indiferencia, ni
sobre la venganza, ni menos sobre la guerra, sino sobre el amor hasta el extremo del perdón. Quisiéramos
que esta historia, respetando el sentido de la justicia, alcance a las personas que están encarceladas.
Por ello, quisimos compartir las siguientes reflexiones para solicitar a las autoridades del país, con ocasión
del Bicentenario, un indulto a personas privadas de libertad. Los recordamos brevemente:
1. El País del Bicentenario quiere ser un país desarrollado, por lo mismo, reflexionemos acerca de un
sistema penal y carcelario más humano. Como la delincuencia es una preocupación constante de la
ciudadanía, queremos promover aquellos valores y aquella forma de convivencia que la evitan. Entre ellos,
debemos procurar la rehabilitación y reinserción social de quienes han causado quiebres y daños en la
sociedad por sus crímenes y delitos. En contraste con este propósito, muchos recintos carcelarios no
procuran oportunidades verdaderas y suficientes de rehabilitación a los internos, incluso las nuevas
cárceles. Por el contrario, sabemos que con frecuencia los recintos penales son un hábitat más violento y
deshumanizante que aquéllos que favorecieron el desarrollo de la delincuencia. Tales ambientes, tampoco
propician la conversión interior ni los deseos de cambio en las personas. «La cárcel -decía Juan Pablo II- no
debe ser un lugar de deseducación, de ocio y tal vez de vicio, sino de redención» («Mensaje Jubileo en las
cárceles», nº 7).
2. Prestémosles atención a los internos más débiles, a los que están gravemente enfermos o son adultos
mayores. Para ello valoremos en su integridad los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida,
cuya conciencia es progresiva en nuestra Patria, pero aún insuficiente. Es imprescindible defender la vida,
sobre todo la vida indefensa, ante quienes la amenazan; crear condiciones favorables para que se viva y se
trabaje conforme a la dignidad humana, y prestar especial atención a quienes, por estar en prisión, ven
vulnerados sus derechos a una atención sanitaria apropiada o, incluso, a una muerte digna. Decíamos
entonces que «la celebración del Bicentenario de la Patria puede ser un momento privilegiado para ejercer
nuestra misericordia subsanando posibles distorsiones del sistema de justicia. En este contexto,
comprendemos el enorme valor que tendría un gesto de clemencia hacia quienes, dentro del cumplimiento
de sus penas, llevan un sufrimiento aún mayor a causa de su edad, salud y soledad».
3. Trabajemos para una promoción integral de los reclusos. En efecto, recordábamos que «si un sistema
penitenciario busca sancionar un mal cometido con un castigo proporcional y, a la vez, rehabilitar al agresor
para que se transforme en un bien para la sociedad, resultaría incomprensible no considerar acciones
promocionales a favor del recluso. La prisión no tiene solamente un fin reivindicativo. En la legislación se
contemplan rebajas de pena y estímulos para quienes, dentro de la normativa, demuestran un
comportamiento apropiado y, pese a las dificultades y falta de oportunidades, cumplen con lo requerido por
el sistema penal».
Por eso, en nuestra reflexión hacíamos un llamado:
a)- A quienes tienen el conocimiento técnico y las facultades pertinentes, a promover integralmente la
rehabilitación y reinserción de aquellos que, a pesar de sus condiciones vitales, muchas veces indignas,
quieren salir del círculo de la delincuencia y la marginación del que hoy son parte.
b)- A resolver definitivamente el drama de las cárceles de Chile: el estado estructural de un gran número de
recintos penitenciarios, la superpoblación de los internos, las tensiones de convivencia marcadas por la
agresividad y el temor, la discriminación y las luchas de poder, las dificultades y los conflictos que deben
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enfrentar quienes custodian a los internos, cuya magnitud la gran mayoría de los chilenos y chilenas
desconocen.
c)- A generar programas de acompañamiento hacia quienes salen de prisión y que muchas veces no
descubren otro horizonte que la reincidencia, debido a la falta de oportunidades y al estigma que tienen que
cargar.
4. Como comunidad eclesial estamos empeñados en que el Chile del Bicentenario se convierta, de verdad,
en una «Mesa para todos»: mesa del pan, del trabajo, de la fraternidad, de la libertad, de la equidad, del
respeto por la dignidad de cada cual. Este propósito nos obliga a fijarnos en quienes no están gozando de la
mesa común, ya sea por los efectos del terremoto, por carecer de empleo, por vivir en la pobreza extrema, o
bien, por ser jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Todos tienen derecho a un puesto de honor en la
mesa de todos. Entre quienes no son acogidos en la mesa de todos, están aquellos que llaman nuestra
atención por estar privados de libertad.
Pedir un indulto que los beneficie, no es contrario al apoyo que damos al compromiso de las autoridades del
país, que quieran velar por nuestra seguridad, luchando para que la delincuencia y el narcotráfico, con su
alta cuota de violencia y muerte, no corroa el “alma de Chile”, y procurando una justicia pronta y eficiente
para quienes atenten contra la integridad de otros chilenos, malogrando así los esfuerzos de lograr la paz y
el espíritu fraterno que debe caracterizar a la mesa para todos.
Pero sabemos que en Chile, también con los reclusos de diversos penales, tenemos una deuda que
compromete el respeto por sus derechos humanos. No podemos tener cárceles inhumanas ni seguir
permitiendo el hacinamiento, con toda su secuela de males. Se trata de personas humanas como todos
nosotros. Es cierto, han cometido faltas, delitos y hasta crímenes, pero no por eso podemos negarles la
dignidad que Dios les confirió desde el día de su gestación. El sólo recurso al encarcelamiento sin otras
medidas, como por ejemplo el trabajo remunerado para quienes caen en estas situaciones, no basta para
que rediman sus vidas y puedan reincorporarse plenamente a la sociedad. En este ámbito tenemos una
conversación pendiente como país.
III- EL INDULTO CON OCASIÓN DEL BICENTENARIO
Al presentar esta petición, no ha sido nuestro ánimo poner al Gobierno de Chile, ni al actual ni al anterior, en
una situación de incomodidad ante la realidad de las personas recluidas y de las víctimas. El contexto de
una sana laicidad reconoce las competencias propias del Estado y aquellas de las confesiones religiosas.
Por esta razón, sólo presentamos algunas ideas que pueden enriquecer el espíritu y la práctica de nuestra
convivencia y hacemos una petición, pero sin proponer un articulado de ley, tarea que corresponde a la
autoridad política. Anhelamos que estas reflexiones sean discutidas por los ciudadanos y por nuestras
instituciones, y que cada una asuma la responsabilidad que le corresponde.
En lo que se refiere a quienes están privados de libertad, dentro del respeto a la Constitución y a los
Tratados Internacionales suscritos por Chile, solicitamos a las autoridades del Estado, en particular al Señor
Presidente de la República y al Gobierno que preside, así como a los Honorables miembros del Parlamento,
considerar y estudiar las siguientes proposiciones:
1. Que los condenados por sentencia ejecutoriada –con las restricciones que la autoridad competente
considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido
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buena conducta en los recintos carcelarios, y no constituyen un peligro para la sociedad:
a. Puedan ver reducidas parcialmente sus penas privativas o restrictivas de libertad.
b. Además de lo señalado, que se conceda una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de
edad.
c. Igualmente, que a las mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años se les conceda también
una reducción adicional.
d. Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave
e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de
la cárcel.
e. Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la instancia competente, se les condone
el saldo de las penas que les resten por cumplir.
2. Que se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de quienes cumplen penas privativas o
restrictivas de libertad, aumentando las horas de convivencia fuera de sus celdas, favoreciendo el trabajo
remunerado y el acceso a la enseñanza, el deporte, la cultura, y al auxilio espiritual. A pesar de los
esfuerzos realizados en diversos gobiernos anteriores, no se ha logrado satisfacer estas necesidades,
requiriéndose hacia adelante decisiones urgentes que la autoridad competente debiera ir adoptando por el
bien común de la sociedad. Asimismo, considerando las especialmente difíciles circunstancias del ambiente
laboral en que se desempeñan, y en el contexto del conjunto de los funcionarios públicos, que se mejoren
las condiciones de vida, de convivencia y de trabajo de los gendarmes y empleados por el sistema
penitenciario; éstas irían en directo beneficio de la dignidad y rehabilitación de los privados de libertad.
3. Que se modifique la legislación que se refiere a las penas, en lo que atañe a los condenados de edad
muy avanzada y a quienes estén gravemente aquejados de una enfermedad terminal. Proponemos que se
les condone la pena o que puedan cumplir el resto de su condena junto a su familia o en instituciones
asistenciales. Este cambio o condonación de la pena se concedería siempre, salvo que el organismo
competente excluya este beneficio para un reo determinado por juzgarlo un peligro para la sociedad.
4. No sería completa la “mesa para todos” si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas
por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar. Es un tema que debemos
poner sobre la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el
Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes
que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto
para todo ex uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad
que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el
arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos.
IV- EN EL CAMINO DEL EVANGELIO: JUSTICIA Y CLEMENCIA
No somos nosotros quienes debemos dictar las leyes, pero creemos que podemos interceder para dar paso
a la “justicia con clemencia” como connotados juristas lo han pedido en el pasado. Es decir, velando por el
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imperio de la justicia -nada más injusto que la impunidad- y salvaguardando el pleno imperio de los
derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad, creemos que se pueden dar pasos de
clemencia.
Sabemos que estas peticiones tendrán opiniones encontradas. Las respetamos, especialmente cuando
vienen de personas que sufrieron en carne propia o en sus familiares más cercanos los delitos condenados.
Sólo solicitamos dar el paso de pedir justicia sin ensañarnos en el castigo, que nunca puede reparar
totalmente el mal causado. Y solicitamos también, hablando al corazón de cada uno, que consideremos de
qué manera quisiéramos ser tratados si estuviéramos en la situación de los condenados, y con qué espíritu
fraterno podremos construir el futuro de Chile si no somos capaces de hacer gestos decisivos de
reencuentro y reconciliación.
Más allá de los ordenamientos jurídicos y de sus interpretaciones, el mismo Jesús nos enseñó con su
testimonio y su palabra, que la lógica del perdón es la única que restaña las heridas, devuelve la confianza
e inaugura tiempos nuevos para quienes tienen la valentía de concederlo y de pedirlo. Nos conmueve el
solo hecho de pensar que Jesús clavado en la cruz de la injusticia, antes de morir, pide al Padre que
perdone a quienes lo han crucificado.
Ésa es la lógica y la pedagogía que anhelamos para cada uno de nosotros y la gracia que pedimos por
intercesión de la Virgen del Carmen, Madre de todos los chilenos y chilenas, sin excepción alguna, pero
especialmente de aquellos que por diversas causas atraviesan horas de angustia y de dolor.
EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
† Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
Presidente
† Gonzalo Duarte García de Cortázar
Obispo de Valparaíso
Vicepresidente
† Francisco Javier Errázuriz Ossa
Cardenal Arzobispo de Santiago
† Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Concepción
† Santiago Silva Retamales
Obispo Auxiliar de Valparaíso
Secretario General
Santiago, 21 de Julio de 2010

"El gran salto democrático que hace falta", de Jaime Massardo *

Asamblea Constituyente y nueva Constitución
para una Segunda República de Chile





Ninguna de las Cartas constitucionales que ha tenido Chile resultó de la participación de la ciudadanía. Menos la actual, elaborada por la dictadura e impuesta por la fuerza de las armas a través de un fraude que ni siquiera disimuló. Eso puede cambiar ahora. Y no es una utopía. 


El Bicentenario de la Independencia de España ofreció a Chile, hace menos de un año, una excelente ocasión para haber podido contemplar desde una atalaya privilegiada nuestra breve historia republicana y, desde allí, intentar reflexionar colectivamente sobre la ruta por la que se había venido deslizando nuestra vida en común. Salvo notables excepciones que tomaron forma en artículos, foros u otras actividades no oficiales [1], la ocasión ha sido sin duda desaprovechada, lo que resulta tanto más lamentable para una sociedad que, pronto hará cuatro décadas, presenta un vacío republicano y que requiere con urgencia mirarse y dialogar consigo misma. Este vacío republicano se manifiesta de forma flagrante: la brutal concentración de la propiedad y del ingreso, la gigantesca crisis de la educación nacional, la degradación de la situación de los trabajadores, la entrega de los recursos naturales al capital y la consiguiente amenaza al equilibrio ecológico, el maltrato a la población de escasos recursos, las discriminaciones de todo tipo, la estafa gigantesca de los fondos de pensiones, la vulgaridad y la infantilización de los medios de comunicación, la banalidad de una política profesionalizada, el tratamiento del Estado hacia el pueblo mapuche y su alejamiento de América Latina, son, entre muchas otras, las expresiones que caracterizan el Chile de hoy [2].

Todas ellas encuentran su condición de posibilidad y la garantía misma de su existencia en la legalidad que les ofrece la Constitución de 1980, aprobada como se sabe durante la dictadura militar, sin registros electorales ni garantías a la oposición y de suyo, anti-democrática y anti-republicana. Como respuesta, lentamente -los años de plomo están en el recuerdo de todos- se ha venido instalando en la sociedad la convicción de que es necesario generar las condiciones que permitan convocar una Asamblea Constituyente que desde la base social proponga, discuta y elabore una Nueva Constitución [3]. Saludando y apoyando sin restricción esta iniciativa estamos convencidos que ella debe todavía dar un paso más: para entregarle energía y confianza al país, superando el vacío republicano y recreando su imaginario y sus símbolos, debe también proponerse darle vida a una Segunda República.

Si dejamos de lado los experimentos constitucionales del período en que las distintas fracciones de la élite se disputaron el poder entre 1818 y 1830, tres Cartas Constitucionales han reglamentado hasta hoy a Chile [4]. La de 1833, que sanciona la continuidad colonial administrada por “una pequeña oligarquía terrateniente, cuyos intereses se extendían entre el Limarí y el Maipo” [5], el sector más conservador de la sociedad chilena constituido después de Lircay bajo la dirección del comerciante Diego Portales. Las modificaciones al texto constitucional aprobadas entre 1871 y 1893 no cambian su carácter que en lo esencial permanece hasta 1925. La Constitución de ese año, que surge del ascenso de los sectores medios y de los trabajadores organizados, con la subsecuente crisis de dominación oligárquica, tampoco representa, en sí, un gran salto democrático. La sociedad no discutió su texto y bajo la presión velada de las Fuerzas Armadas se limitó a aprobar lo que le era presentado por la extrema habilidad de Arturo Alessandri, quien tuvo el cuidado de elegir comisionesad hoc para su redacción. Se abre así un período que solamente desde fines de los años 1950 hasta 1973 presentaría ribetes relativamente democráticos[6].

Con el golpe de Estado fue la República la que feneció. “Habría que preguntarse -escribe el historiador Sergio Grez Toso, refiriéndose al período de la Unidad Popular- si acaso esa no fue la última oportunidad en el siglo XX de haber echado los cimientos de una nación integrada en base a un compromiso social progresista” [7]. La reflexión no es banal. Salvador Allende -no lo olvidemos- fue un héroe del socialismo y de la República. Ambos elementos se funden en una dimensión política insoslayable. Proyecto integrador, Estado nacional, República, democracia y praxis popular, construyéndose mutuamente, fueron barridos por la fuerza del capital globalizado que, ante una sociedad de fuerte cultura democrática enraizada en los trabajadores durante generaciones, tenía que acudir a las armas, las que instalan finalmente la Constitución de 1980.

La dictadura sin embargo no podía ser perenne. El alma del capital busca acumular y reprime sólo cuando siente peligro frente la organización de los trabajadores. La necesidad de un gobierno civil que conservara el modelo neoliberal implantado por el golpe era una necesidad para las élites y, sabemos, la Concertación la satisfizo con esmero: se vogliamo che tutto rimanga como è, bisogna che tutto cambi…**

Destruyamos entonces los mitos. No ha existido nunca en Chile una Constitución discutida por sus propios habitantes cuya génesis pueda por tanto considerarse democrática. Las tres Cartas Fundamentales así lo muestran.


Triste constatación

Los tiempos sin embargo están cambiando. De aquellos años coloniales que posibilitaron la Constitución de 1833, del clima de “tranvía y vino tinto” en la que se fraguó la de 1925, y de la dictadura que originó la de 1980, los habitantes de nuestro país han comenzado a mirar hacia el mundo y a incorporar una serie de aspectos de la vida “global”, mostrando que la historia no se mueve linealmente. A pesar del vacío republicano, nuestra cordillera dejó en algo de ser el horizonte que le daba un carácter insular a nuestra cotidianidad. La disposición a adoptar una forma y un estilo de vida mejor crece y genera la subjetividad necesaria que permite avanzar en construir un país diferente.

Por ello, avanzar en convocar una Asamblea Constituyente para elaborar una Nueva Constitución y darle vida a una Segunda República no constituye ninguna utopía. Baste recordar que desde 1789 Francia se ha dado hasta hoy cinco repúblicas (entre las cuales ha habido imperios, dictaduras y la invasión nazi) mientras Chile permanece en la de 1818…

Miramos hacia la calle. En Chile las movilizaciones de trabajadores, estudiantes y movimientos sociales de todo género van tomando fuerza, van resistiendo al modelo neoliberal y van convergiendo hacia objetivos comunes; es en ellas donde residen las fuerzas vivas que proyectan la nueva sociedad; son ellas las que orientarán el camino de su praxis colectiva; con ellas seguiremos creyendo en los sueños y fortaleciendo la convicción de que queremos cambiar la vida: ¡La República ha muerto, viva la Segunda República!












[1] Un buen ejemplo se encuentra en Vv. Aa., ¿Qué Bicentenario? Santiago de Chile, Le Monde diplomatique, Editorial Aún Creemos en los Sueños, septiembre 2010.
[2] Cfr., Manuel Riesco, Se derrumba un mito, Santiago de Chile, CENDA, 2007.
[3] Ver www.asambleaconstituyentechile.cl y www.redeschile.tk y el libro Nueva ConstituciónLe Monde diplomatique, Editorial Aún Creemos en los Sueños, noviembre 2009.
[4] Las Constitución es de octubre de 1822, firmada por Bernardo O’Higgins; de diciembre de 1823, escrita por Juan Egaña; la presentada al Congreso entre julio y octubre de 1826, elaborada por José Miguel Infante y nunca aprobada; y la de agosto de 1828, redactada por José Joaquín de la Mora.
[5] Ricardo Donoso, Desarrollo político y social de Chile desde la Constitución de 1833, segunda edición, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1942, p. 11.
[6] Cfr., Sergio Grez, «La ausencia de un poder constituyente democrático en la historia de Chile», en Vv. Aa., Asamblea Constituyente. Nueva Constitución, Santiago de Chile, Editorial Aún Creemos en los Sueños, 2009, págs. 35-58.
[7] Sergio Grez, «Bicentenario en Chile. La celebración de una laboriosa Construcción Política», in Spondylus. Revista Cultural, n° 26, Portoviejo, Ecuador, noviembre de 2010, pp. 11-12.

* Profesor de la Universidad de Valparaíso jaime.massardo@uv.cl
** Nota Dscntxt: “"Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.



Pintura: José Balmes, "Informe IV",
Técnica mixta sobre madera, 200 x 150cm, 2001

Rubén Ballesteros y el frágil compromiso de la Justicia con los Derechos Humanos

20 de Diciembre de 2011 -
Rubén Ballesteros
foto@ poderjudicial.cl


No se trata sólo del pasado, de su rol en los consejos de guerra o durante la dictadura. El nuevo presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, asume en momentos en que el máximo tribunal debe dar pruebas concretas y actualizadas de su compromiso con el respeto de los Derechos Humanos en la sociedad chilena.
La criminalización de comunidades mapuches, la justicia militar, la política carcelaria y la seguridad pública, y la libertad de expresión, son hoy algunas de las materias en las que el tribunal que presidirá puede ser clave para resolver casos y conflictos, que de lo contrario se transformarán en nuevos juicios internacionales contra el Estado.
Desde que se anunció su elección la tarde del lunes, no han parado de lloverle críticas provenientes del mundo de las organizaciones históricas de los derechos humanos. Así lo hicieron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos, juristas, y algunos políticos ligados a la izquierda, quienes rechazaron su designación.
Se ha dicho reiteradamente que el ministro Ballesteros es partidario de aplicar la prescripción en casos de violaciones a los Derechos Humanos del pasado, cuando no la amnistía. Este punto es clave, porque desde 2006 se encuentra pendiente la ejecución del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid versus Chile, que obligó al Estado a "anular los efectos jurídicos de la ley de amnistía".
El fallo implica a los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque es necesario modificar leyes y se requiere para ello de la iniciativa presidencial, así como de la voluntad política de las cámaras, pero también compromete a la Corte Suprema en su totalidad, la cual puede desde ya rechazar que se sigan aplicando las leyes de impunidad.
Más allá de su larga trayectoria, al ministro Ballesteros todavía le queda bastante por hacer en materia de Derechos Humanos, y por lo cual -junto a su pasado- será permanentemente evaluado.


Política Penal y deudas


Una de las principales modificaciones que ha vivido la justicia en la última década es la Reforma Procesal Penal, la cual cambió sustancialmente el modo de hacer justicia y se acercó a estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales y de acceso a la justicia.
Sin embargo, subsisten importantes deudas, tales como la supresión definitiva de la Justicia Militar, la cual ya fue duramente cuestionada en otro juicio que en 2005 perdió Chile, y  que también se encuentra pendiente su plena ejecución.
Su antecesor, Milton Juica, se ha mostrado en reiteradas oportunidades contrario a la existencia de la Justicia Militar, la cual sigue procesando a uniformados en casos que involucran a civiles, como en el asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, cuyo autor es un carabinero y recibió por parte del tribunal castrense una pena bajísima, la cual -pese a todo- fue finalmente ratificada por la Corte Suprema.
Juica también señaló en otras ocasiones, la necesidad de completar la reforma procesal, redactando nuevos códigos penales y civiles que sustituyan la actual legislación que data del siglo XIX.
En el caso de la aplicación de la ley antiterrorista, Chile aún no ha sido condenado por el sistema interamericano de Derechos Humanos, pero ya hay en curso varios casos que pueden prontamente terminar en una nueva condena.


La seguridad pública


Por último, Ballesteros parece ser un alivio para el Gobierno en su alta desaprobación ciudadana del manejo de la seguridad pública, que ha llevado al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, a ponerse a la ofensiva primero contra los jueces, y ahora contra el fiscal nacional Sabas-Chahuán.
En medio del populismo penal por el cual aboga el oficialismo, Ballesteros debe hacerse cargo de llevar el sistema de garantías penales hacia el interior de las cárceles, como ya se está haciendo de manera experimental gracias a la Defensoría Pública, y continuar con la política de fiscalización de la situación humanitaria de los recintos, los cuales han sido denunciados por su sobrepoblación y por las escasas oportunidades de rehabilitación que ofrecen a las personas privadas de libertad.
Ballesteros deberá lidiar en el presente, al igual que en su pasado, con la tentación de omitir al Poder Judicial en el involucramiento de los temas en los que está en juego el Estado de derecho.


http://www.radiotierra.cl/node/3900

Encapuchados queman casas e indígenas denuncian allanamientos en zona mapuche


9 DE ENERO DE 2012

Miembros de organizaciones no gubernamentales y corresponsales de prensa en la zona aseguran que posteriormente la policía realizó operativos en varias comunidades indígenas, aunque fuentes de Carabineros consultadas negaron esas informaciones.

Encapuchados quemaron varias instalaciones de una parcela rural y atacaron a la policía en la región de la Araucanía, zona del conflicto mapuche, mientras Carabineros realizó allanamientos que dejaron dos heridos de bala, según denunciaron los indígenas.
En el primer incidente, unos cinco encapuchados que iban armados irrumpieron en el fundo “La Marina”, en la comuna de Ercilla, propiedad de un funcionario retirado del Ejército, confirmó un portavoz policial.
Allí intimidaron a su esposa y al cuidador de la parcela e incendiaron la casa de éste, la casa patronal y dos galpones del predio, que está situado en el sector de Pidima, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago.
Hasta el lugar llegaron agentes de Fuerzas Especiales de Carabineros, que intercambiaron disparos con los encapuchados.
No hubo heridos ni detenidos por estos hechos, que no fueron reivindicados por grupo alguno.
Apenas una hora después, y en el mismo sector de Pidima, un grupo de desconocidos atacó con escopetas a miembros de Carabineros que cumplían con una medida de protección y se trasladaban de un punto a otro en el fundo “San Ramón”.
Los disparos impactaron en dos automóviles policiales y en un vehículo de una cadena de televisión nacional.
Se desconoce aún si ambos hechos están relacionados.
Miembros de organizaciones no gubernamentales y corresponsales de prensa en la zona aseguran que posteriormente la policía realizó operativos en varias comunidades indígenas, aunque fuentes de Carabineros consultadas negaron esas informaciones.
José Venturelli, miembro de la Comisión Ética contra la Tortura, aseguró que los policías lanzaron bombas lacrimógenas en la comunidad de Chequenko, también en el sector de Pidima.
Venturelli recordó que esto contraviene una orden de la Corte de Apelaciones de Temuco, que prohibió a Carabineros emplear esos elementos contra mujeres y niños en este tipo de operativos.
Además, según señaló en un comunicado la organización Observatorio Ciudadano, dos personas resultaron heridas de bala en operativos realizados en la comunidad Cacique José Guiñón, también en Ercilla, y una mujer embarazada sufrió complicaciones al inhalar esos gases.
También, en la localidad de Purén, la casa de la hermana de un conocido representante mapuche, José Santos Millao, resultó también completamente destruida por otro incendio, cuyo origen se desconoce.
El fuego se desató mientras la familia se encontraba en el velatorio de uno de los siete brigadistas muerto el pasado jueves en un incendio en esa región, siniestro que el Gobierno vinculó con una organización radical mapuche.
El Gobierno presentó una querella invocando la Ley Antiterrorista contra quienes resulten responsables del incendio y el intendente de la Araucanía, Andrés Molina, no descartó hoy aplicar de nuevo esa normativa en el ataque contra el fundo “La Marina”.
En tanto, el presidente del Senado, Guido Girardi, anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para entregar información sobre la aplicación de esta ley contra los mapuches.
En declaraciones a Efe, Girardi criticó además que se esté haciendo “una condena ex ante a las comunidades mapuches”.

VOTACIONES DEL MINISTRO Sr. RUBEN BALLESTEROS EN CAUSAS DDHH DESDE FINES DE 2006


• Entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, el ministro emitió voto en 90 causas relacionadas con crímenes ddhh finalizadas en la Sala Penal de la Corte Suprema

• En 85 de ellas, el Sr. Ballesteros votó en contra de condenar a los acusados por considerar prescrito la acción penal. De todas maneras el resultado final en cada causa incluía por lo menos una condena, ya que la opinión del Ministro no fue compartida por la mayoría de sus colegas y su voto quedó consignado por tanto como “voto disidente”.

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Respecto a las demandas civiles asociadas a 8 de esas 85 causas, el Ministro en cada uno votó por rechazar las demandas por considerar que los tribunales civiles, y nos los penales, tenían competencia
para resolver sobre indemnizaciones.

• En cuatro casos adicionales, el Ministro votó de igual forma a favor de absolver por prescripción, y por ser su opinión compartida por una mayoría de sus colegas el resultado final fue la absolución de un total de 10 agentes acusados de 7 homicidios.

• El otro caso de los 90 no fue un fallo definitivo sino la orden de reapertura de una causa prematuramente cerrada por una instancia menor.

• El único voto mayoritario que el ministro haya emitido a favor de condenar en este tipo de causas vino en un fallo anterior a los analizados arriba, en mayo de 2006, en que la Sala resolvió unánimemente revertir la aplicación de amnistía y condenar a los responsables del secuestro de Diana Aaron.


Observatorio de Derechos Humanos
www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos
observatorioddhh@mail.udp.cl




"Rubén Ballesteros valora los crímenes contra los DDHH"


    Entrevista a Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
20:00 |


En entrevista con CNN Chile conversamos Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien manifestó un malestar por la reciente elección del nuevo ministrio de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros. "Nuestra preocupación va en dos direcciones. Una, tiene que ver en una vez más evidenciar lo enquistada que está la impunidad en la instItucional del país está hasta las vertebras, hasta las venas ya que Ballesteros participó de estos consejos de guerra fueron la gran farza, por lo tanto, tiene un claro compromiso con los crímenes y lo segundo, que nos parece gravísimo es que no conmueve a los ministros de la Corte Suprema esta situación" aseveró la entrevistada.
Además, aseguró que "Rubén Ballesteros no sólo formó parte de estos consejos de guerra, sino que ha tenido una conducta inequívoca desde su condición tanto como ministro de la Corte de Apelaciones, como de la Corte Suprema".
Por otra parte, la entrevistada aseguró que "Lamentamos mucho el voto del ministro Juica y de todos los demás ministros, y ellos tendrán que responder con lo que pase de aquí en adelante", aseveró.   

El presidente de la Corte Suprema de Chile relacionado con crímenes de lesa humanidad


Rubén Ballesteros, nuevo Presidente de la Corte Suprema de Chile

El presidente de la Corte Suprema de Chile relacionado con crímenes de lesa humanidad

Rubén Ballesteros, el magistrado 'pro-Pinochet- de la discordia

Está ligado al régimen militar, según sus críticos

BBC, 21 de diciembre de 2011 a las 10:35
La elección de Rubén Ballesteros como nuevo presidente de la Corte Suprema de Chile provocó quejas y temores por parte de grupos defensores de los derechos humanos que acusan al juez de haber estado ligado a la figura de Augusto Pinochet.
Ballesteros estará a la cabeza del máximo tribunal entre 2012 y 2014 luego de ganar la elección con 12 votos de los 18 integrantes del pleno.
Pero su historia como magistrado durante el régimen militar (1973-1990) genera resquemores en un sector de la sociedad.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), señaló a BBC Mundo que el juez integró consejos de guerra entre 1973 y 1976, y que tradicionalmente ha fallado en contra de los defensores de derechos humanos.
"Es una persona vinculada a crímenes de lesa humanidad la que hoy día preside la Corte Suprema y, sin duda, esto puede significar un enorme retroceso en el avance de las causas de derechos humanos (...) nosotros ya habíamos cuestionado la aplicación de figuras jurídicas que favorecen la impunidad", declaró.
Similar es la postura del abogado de derechos humanos Juan Subercaseaux, quien desde que Rubén Ballesteros postulaba al cargo se manifestó en su contra, al considerar que al menos en seis ocasiones tuvo fallos favorables al fallecido general mientras integraba la Corte de Apelaciones.
"Él siempre se opuso a que se desaforara a Pinochet por su responsabilidad en diversos casos. Para la cultura moderna de Occidente y para el derecho internacional y mundial es fundamental todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces queda en un muy mal pie el nombre de Chile con este nombramiento", le dijo a BBC Mundo.

Ejemplo de independencia

Tras la elección del abogado de 72 años, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, aseguró que "se trata de un juez con una dilatada trayectoria en el Poder Judicial", y destacó que "reúne todas las capacidades profesionales y personales para asumir la presidencia de la Corte Suprema por los próximos dos años".
La AFDD acusa a Ballesteros de modificar en 2007 condenas contra exmilitares que, aunque inicialmente estaban acusados de secuestros permanentes, fueron juzgados por homicidio calificado, lo que permitió aplicar la prescripción en los casos.
Sin embargo, desde el sector afín al gobierno de Sebastián Piñera defienden el nombramiento del juez y resaltan su independencia, como le manifestó a BBC Mundo el abogado, exsenador y exembajador en Argentina, Miguel Otero.
"Lo conozco, he visto fallos de él y me parece que son muy buenos y personalmente no tengo nada que criticarle como abogado. Es uno de los muy buenos ministros que tiene la Corte Suprema y ojalá que sea un ejemplo para que los demás jueces puedan actuar con independencia absoluta respecto de lo que pueda vociferar una minoría fuera de la Corte", señaló.
El exsenador aseguró que las críticas en su contra vienen de sectores que creen "que los derechos humanos existen para ellos y no para otras personas", y enfatizó que durante su historia como magistrado. A su juicio, Ballesteros demostró que "es inmune a las presiones externas de carácter populista, él falla como juez y eso es lo importante".

"Víctima de las circunstancias"

Tras ser escogido como nuevo presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros respondió a los cuestionamientos en su contra y defendió el rol del Poder Judicial durante el régimen de Pinochet, afirmando que se actuó de acuerdo al contexto.
"El hombre es víctima de sus circunstancias y en la época que ustedes señalan, los jueces vivían en otro sistema, no vivían como ahora en un sistema democrático. En todas las naciones que han tenido situaciones como las que vivió el país, la judicatura tuvo los mismos problemas", afirmó.
Respecto de su actuación en los consejos de guerra implementados por los militares, el abogado Otero aseguró que no hay responsabilidad, ya que "él estaba cumpliendo una obligación que le imponía la ley y no tenía ninguna libertad para decir que no".
Según el registro judicial, Ballesteros votó en 110 ocasiones por la prescripción de las causas de militares de condenados por violaciones a los derechos humanos, lo que, a juicio de la AFDD, lo inhabilita al menos moralmente para presidir el máximo tribunal chileno.
"Queremos recordar que hace unos seis años la Corte Suprema intentó terminar con las causas de derechos humanos vía resoluciones administrativas, investigaciones por seis meses y luego hacerlas desaparecer. ¿Quién nos dice que ahora Rubén Ballesteros no va a impulsar iniciativas de este tipo?", cuestionó Lorena Pizarro.


http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/legislacion-y-documentos/2011/12/21/ruben-ballesteros-el-magistrado-chileno-de-la-discordia-corte-supremo-lesa-humanidad-pinochet.shtml

Rubén Ballesteros y los Derechos Humanos


La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial podría ceder si la Corte Suprema designa a Rubén Ballesteros como reemplazante de Milton Juica.
Para quienes le conocen, Rubén Ballesteros es una persona amable, con un perfil de “negociador, capaz de escuchar, sensible a los equilibrios internos de su institución, y también con los temas sociales”, señala un abogado vinculado estrechamente a la defensa de los derechos humanos. “Lamentablemente también es un fanático anticomunista con una mala causa: la inocencia de Augusto Pinochet y la aplicación de la Ley de Amnistía para los militares involucrados en delitos de lesa humanidad”.

Tal  juicio, compartido por muchos, genera también dudas, dado el perfil del ministro Ballesteros en materia de derechos humanos, y en el hecho que, por precedencia, hay en el tribunal otros ministros que podrían ocupar el cargo. Si el hecho ocurre, en vez de una solución podría resultar un nuevo problema, si, como lo ven sectores vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, la elección es vista como una decisión presionada por el gobierno para sacarse de encima el tema de los militares presos y tener un interlocutor afín.

Si el actual no parece un buen momento en la cohesión política interna del gobierno, el gallito sobre seguridad ciudadana planteado por el Ministro del Interior al Poder Judicial y al Ministerio Público, parece un problema de fondo. El ministro vocero Andrés Chadwick ha tratado de poner paños fríos al tema, lo que no resulta fácil por la insistencia del titular de Interior en sus juicios, especialmente sobre la Fiscalía Nacional.

Con el Poder Judicial el problema parece más complejo pues se trata de un poder del Estado, con una fuerte cohesión interna.

En una reciente entrevista el actual presidente de la Corte Suprema manifestó que la presión que hoy experimenta el Poder Judicial de parte del gobierno es “mayor que en la época de la vuelta a la democracia”, agregando que las declaraciones de los ministros de Justicia e Interior, sobre escrutar los fallos para determinar los ascensos en el Poder Judicial era una “actividad política destinada a presionar la función de los jueces frente a un fracaso de una promesa de seguridad que no se ha cumplido”. No se quedó ahí en sus juicios. Conocido por su estilo directo Juica remató diciendo que “quienes son los responsables de la seguridad, en algún momento piensan que el fracaso de sus políticas pasa porque algunos órganos, en los cuales ellos no tienen injerencia, no responden a las inquietudes de la sociedad”

Es evidente que lo actuado por Hinzpeter ha creado un escenario difícil para el gobierno, que no tiene visos de desactivarse tal como están las cosas, por lo que cualquier ayuda, en este caso la elección de Ballesteros, podría otorgar una holgura que el gobierno requiere.

 El complejo perfil del ministro Ballesteros

Para quienes le conocen, Rubén Ballesteros es una persona amable, con un perfil de “negociador, capaz de escuchar, sensible a los equilibrios internos de su institución, y también con los temas sociales”, señala un abogado vinculado estrechamente a la defensa de los derechos humanos. “Lamentablemente también es un fanático anticomunista con una mala causa: la inocencia de Augusto Pinochet y la aplicación de la Ley de Amnistía para los militares involucrados en delitos de lesa humanidad”.

La llegada de Ballesteros a la Corte Suprema el año 2005 estuvo signada por la controversia. Fue calificada como un “presente griego” del Presidente Ricardo Lagos por las agrupaciones y abogados de DD.HH. pues la trayectoria judicial de Ballesteros “está plagada de fallos favorables a la impunidad de Augusto Pinochet”, según sus detractores.

Como ejemplo se mencionó que entre el año 2000 y el 2005  existían una media docena de fallos  en diversas causas criminales en que tuvo que participar como miembro del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en las cuales votó a favor de aquel. Entre ellas el caso “Caravana de la Muerte” en junio de 2000 (Rol 2182-98); el caso “Prats-Cuthbert-1″, solicitud hecha por la jueza argentina María Servini de Cubría, en octubre de 2002 (Rol 46071-2002); el caso “Calle Conferencia”, en septiembre de 2003 (Rol 2182-98); el caso “Operación Cóndor”, en julio de 2004 (Rol 3012-2004); el Caso “Prats-Cuthbert-2″, a petición del Ministro de Fuero Alejandro Solís, en enero de 2005 (Rol 28786-2004) y el caso “Riggs-SII”, de agosto de 2005 (Rol 10776-2005).

Se opuso además a que Augusto Pinochet fuera investigado por los delitos de Perjurio o Falso Testimonio en su Declaración Jurada de Bienes de 1989; Falsificación, Uso Malicioso y Sustracción de Documentos Públicos (caso Pasaportes); Falsificación de Certificados del Ministerio de Defensa; Obstrucción a la Justicia y Defraudación por Alzamiento de Bienes y Lavado de Activos, teniendo en todos los casos como  argumento central las  ”razones de salud” para evitar la investigación.

Ya como integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros se ha destacado por una férrea defensa de la Ley de Amnistía y de  aplicar rebajas en las penas a los militares y agentes del estado condenados por delitos de derechos humanos.

En diciembre de 2006, al resolver sobre el llamado Caso Molco (rol Nº 559-2004) sobre el asesinato de dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, (M.I.R.) por parte de los carabineros en el fundo Molco de Choshuenco de Panguipulli, en diciembre de 1973, Ballesteros expuso una pormenorizada y cuidada argumentación en torno a la prescripción y la  aplicación de la Ley de Amnistía, como voto de minoría.

A raíz de este caso y otros casos similares, salieron a la luz las participaciones de Ballesteros como integrante letrado en Consejos de Guerra después del golpe militar, hecho que no fue muy habitual en la época y solo confiado a funcionarios judiciales leales al régimen militar. Ello pone en duda su declaración de que se habría visto obligado a hacerlo.

En los archivos de la ex Vicaría de la Solidaridad hay datos de cinco expedientes de procesos que finalizaron con la rúbrica de Ballesteros en calidad de Presidente del Tribunal Militar, entre 1973 a 1976.  Uno de ellos corresponde al Rol N° 1407-1973, caratulado “Contra Alfonso Heriberto Oliveros Angulo y otros”, en el que se condenó a ocho personas por el delito de “traición a la patria por conspiración, en grado frustrado”, se impuso al principal imputado la pena de 15 años de presidio y a otros cuatro, como cómplices, siete años. Todos estaban acusados de intentar organizar grupos guerrilleros para asaltar retenes y cuarteles militares y permitir la invasión de fuerzas desde Argentina, en la región de Los Lagos.

En otro proceso, Rol N° 568-1974, dirigido contra Orlando González Barrientos y Alejandro Omar Iturra Pérez, los acusados fueron condenados a 20 años de presidio por el delito de ingreso clandestino al país con la intención de atentar contra la seguridad interior del Estado, “hecho perpetrado en una fecha no determinada de la segunda mitad del año 1974 en la zona cordillerana de Lago Rupanco”.

En el Consejo de Guerra de Osorno, presidido por Ballesteros en contra un grupo de 16 personas que intentaron rearticular a la Juventud Socialista de la Región de Los Lagos  entre diciembre de 1975 y enero de 1976 ocurrió algo similar. Según la sentencia, los imputados acordaron darle vida al PS en la clandestinidad, organizando personas ‘adictas’ al PS, juntado “armamento, literatura marxista, panfletos del Comité Central, manuales de seguridad y otros elementos de propaganda política”. Se les imputaron delitos de asociación ilícita, tenencia y porte ilegal de armas de fuego y espionaje. Esto último porque dos de ellos “extrajeron y escribieron secretos militares y otros datos del Regimiento de Ingenieros N° 4 ‘Arauco’ para su entrega al enemigo”.

Algunos imputados recibieron 10 años de presidio por el delito de espionaje, y 10 años y un día por tenencia y porte ilegal de armas.

Más allá del absurdo contextual de los delitos imputados, contrasta la severidad de las penas con la magnanimidad que muestra Ballesteros ante los violadores de derechos humanos, sostienen sus críticos. Ello, dicen, le hará un enorme daño a la imagen del Poder Judicial. Sobre todo, sostiene un abogado de DD.HH. “porque no ha sido suficientemente reconocido el papel positivo que este poder jugado – incluso más que el del mundo político- en la plena vigencia de los derechos humanos como doctrina de Estado en nuestro país.”

Con todo, hay un elemento adicional que se debe considerar al evaluar la posible llegada de Rubén Ballesteros a la Presidencia de la Corte. El debería dejar de integrar la Sala Penal, que es la incumbente sobre todos estos temas. Como Presidente, tendría el poder simbólico de la vocería política del Poder Judicial, pero en términos de funcionamiento operativo del organismo, es poco o nada lo que cambia, aunque sí es  importante para el impasse que actualmente vive el gobierno.

La opinión de sus pares

 La Corte Suprema es un mundo cerrado, lleno de códigos y maneras de proceder, que resultan desconocidos para la opinión pública, dice una fuente muy cercana a la institución. Los ministros, dice, cuando los eligen, entran a una especie de hermandad que tiene una cultura corporativa muy consciente de ser la cabeza de un Poder del Estado,  sin otra manera de  expresar su fuerza “que actuar buscando el equilibrio”.

Están además, dice, generalmente “entrelazados por una historia muy común, proveniente de su pertenencia a las Cortes de Apelaciones o juzgados de regiones, donde crean vínculos personales, relaciones y compromisos” muy propios de un ámbito profesional que debe trabajar “deliberando”.

Ello marca las llamadas trenzas internas, cruzadas por mundos conservadores apegados a valores religiosos y  otros al laicismo masónico, pero que tienen poco espacio para la intransigencia colectiva.  De ahí que atribuir al bulto la elección de un cargo a una operación política externa no resulta muy creíble, incluso en un caso como el de Ballesteros, dada la cantidad de elementos en juego.

Las necesidades de los externos, en este caso las relaciones con el Gobierno, puede ser un factor, incluso importante, pero la Corte Suprema tiene su propia manera de contar sus votos y realizar la gestión corporativa del tribunal supremo. Y la lealtad interna transversal es un valor a considerar.

Entre esas señas, el principio de la precedencia para elegir al Presidente del Tribunal, que dura dos años en sus funciones, es una regla de respeto implícito,  pero que en esta oportunidad, si se elige a Rubén Ballesteros, no se estaría cumpliendo.

Sin embargo existen explicaciones plausibles que explicarían por qué el acuerdo interno de omitirla se produciría. Después de Milton Juica, le siguen en antigüedad Adalis Oyarzún y Jaime Rodríguez Espoz, este último el Vocero de la Corte Suprema, cargo un tanto desperfilado en su funcionamiento. Ambos son de 1937, es decir, cumplen 75 años de edad el 2012. Si fueran elegidos, cualquiera de los dos, debería alargar su permanencia por el tiempo que dure la presidencia. El cuarto es Rubén Ballesteros Cárcamo quien es de 1939. Luego de él, para enero del 2014, estaría Sergio Muñoz, el ministro más joven pues recién el año 2032 cumplirá los 75 años y a continuación Hugo Dolmesch.

Todo indica que el arreglo interno, dado el especial momento que vive el Poder Judicial, se orientaría a vigorizar una línea de continuidad e independencia, y que de acuerdo a la lista de antigüedades en la estructura superior de la Corte, no parece extraño  que asuma Ballesteros. Además de su posición en el cuadro de antigüedad, que favorecería el tiraje a la chimenea, tendría el perfil que permitiría mejorar el vínculo con el gobierno, dado que está muy lejano a la sospecha de ser simpatizante de la oposición.

Esa postura le daría mayor capacidad de juego al Poder Judicial, toda vez que ya Milton Juica le rayó claramente la cancha al gobierno y ahora se debe buscar un momento de consolidación. En todo caso, sostienen, no necesariamente se producirá unanimidad. Sobre todo por el segundo eventual candidato desplazado, Jaime Rodríguez Espoz, quien es considerado un buen ministro, tal vez demasiado conservador, pero muy identificado con el proceso de renovación del Poder Judicial en años pasados.

En un escenario tan complejo, las obsesiones del ministro Hinzpeter con los jueces parecen “las de un joven y novato abogado sin mucha perspectiva todavía de cómo funcionan los poderes superiores del Estado” dice un ex ministro del Tribunal Constitucional. El lío para el gobierno es que lo que desordena el ministro del Interior en el campo jurisdiccional rebota directamente en La Moneda, porque el de Justicia no tiene –al menos por el momento- capacidad para arreglarlo.

Santiago Escobar  /  El Mostrador.
www.reflexionyliberacion.cl
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DECLARACION DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS - RAMA CHILENA

La ASOCIACIÓN AMERICANA de JURISTAS - RAMA CHILENA, ante la elección de Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, que se realizará hoy lunes 19 deédiciembre de 2011, a las 14 horas, declara su oposicion absoluta a la nominación del ministro Rubén Ballesteros Cárcamo por haber desechado siempre el enjuiciamiento del dictador genocida Augusto Pinochet Ugarte por sus crímenes contra la humanidad: 1.200 detenidos desaparecidos y 2.000 ejecutados sin juicio.

No puede la Corte Suprema de Chile ser presidida por quien defendió siempre a un "hostes humani generis", o sea a un "enemigo del género humano".

Ramón Vargas Heyer, Presidente

Juan Subercaseaux Amenábar, Secretario

Santiago, 19 de diciembre de 2011.

La Historia Oculta del Régimen Militar

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