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sábado, 4 de febrero de 2012

DESDE 1974 SE SABE QUE PINOCHET ES NARCOTRAFICANTE


Contreras (el de la DINA) insiste en que el coronel Gerardo Huber no solo fue asesinado por saber demasiado de los contrabandos de armas del ex dictador, si no también por conocer la producción de cocaína negra en Talagante.

Por Orlando Silva Lagos

Las acusaciones del asesino Manuel Contreras Sepúlveda, quien fue jefe del escuadrón de la muerte institucional llamado DINA, quien sostiene que la dictadura y el tráfico de drogas fueron yuntas, son acusaciones ciertas y esta colusión delictiva datan del año 1974, afirma el abogado Eduardo Contreras, uno de los principales querellantes en contra de Augusto Pinochet.

Agrega que esto no es extraño “porque estamos en presencia de un delincuente que no es menor….Hacia fines de 1974 ya en la prensa de Panamá se publicaron artículos relativos a la vinculación” de Pinochet con el tráfico de cocaína. Los hechos posteriores son de dominio público, como que en instalaciones químicas del Ejército, se destilaron drogas, la participación del asesinado químico de la DINA, Eugenio Berríos en esta actividad criminal y el establecimiento de redes de distribución por canales cuasi oficiales”.

El abogado no tiene dudas de que “la fortuna de Pinochet se amasa con la venta de drogas”, por lo que estamos ante “un delincuente que no sólo cometió violaciones a los derechos humanos, si no que también mantuvo cuentas secretas en bancos extranjeros”, sin embargo en conversación con ClariNet, aclara que este ingente patrimonio tuvo “su origen en el robo de los bienes de los presos políticos y de los detenidos desaparecidos, en el uso para su enriquecimiento de los fondos reservados y luego, acude al tráfico de armas y al tráfico de drogas. Es decir, Pinochet es un delincuente de tomo y lomo”.

En tanto, el fiscal contra el narcotráfico, Héctor Barros, interrogó el martes a Contreras Sepúlveda, en el penal Cordillera, donde este cumple condena, en el marco de la “denuncia calumniosa” interpuesta por Marco Antonio Pinochet, hijo del ex dictador, contra de quien fue jefe de los servicios secretos dictatoriales entre 1974 y 1978.

Contreras se vio involucrado en esta intrincada y sórdida madeja judicial, la que comenzó con afirmaciones de un ex espía del Ejército, el antiguo mayor Abel Sepúlveda Gutiérrez, quien aseguró que el ex general era amigo y confidente del coronel Gerardo Huber Olivares, ultimado en 1992, cuando Pinochet aún era comandante en jefe del Ejército, para evitar que declarara a raíz del contrabando de armas a Croacia que en ese momento estaba en guerra con Serbia.

Por esta razón, el magistrado encargado del caso, Claudio Pavez decidió tomar una declaración a Contreras en la cárcel de lujo donde cumple condena por la desaparición del militante del MIR, Miguel Ángel Sandoval.

El ex jefe de la DINA habló tanto, que el juez le pidió un informe por escrito. Allí el asesino en uniforme, dijo que el caso de Huber era similar al de quien fue químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagrado, muerto para silenciarlo por saber demasiado, como los planes para envenenar el agua potable de Buenos Aires en 1978 o el homicidio del ex presidente Eduardo Frei padre. Contreras testificó por escrito que Berríos era quien fabricaba la llamada cocaína negra, difícil de detectar, en el Complejo Químico del Ejército en el suburbio capitalino de Talagante, indicando que la droga era vendida por el hijo menor, Marco Antonio y por el empresario de origen sirio Edgardo Bathich, y distribuida en Europa por el tío político de éste, el traficante de armas y drogas Monser al Kassar. Toda la operación, según Contreras, contó con la autorización de Pinochet y con el silencio que se le impuso a Huber, quien habría sido asesinado no sólo por estar vinculado al tráfico de armas antes mencionado, sino por el conocimiento que tenía de las operaciones de droga que hacía Marco Antonio Pinochet.

El fiscal Barros debe investigar si la denuncia hecha por Contreras es verídica y sobre esa base resolver si continúa adelante con la indagatoria. Pero, la cosa es más tenebrosa aún, porque Contreras se ha reservado su papel en todo el embrollo.

Los datos que van saliendo a luz, indican que a fines de 1973, 19 supuestos traficantes de cocaína, en realidad delincuentes comunes con un relieve muy doméstico, fueron entregados a la DEA estadounidense en un montaje publicitario para dar la impresión que el gobierno de Salvador Allende había protegido el narcotráfico, que en realidad estaba en pañales. Sin embargo, en 1974, la DINA aprovecha esas detenciones, toma contacto con los pocos de los 19 supuestos narcos chilenos que habían sido encarcelados en Miami y establece sus propias redes de distribución de droga, tanto es así que en pocos años la DEA encuentra cocaina en un avión de guerra enviado a Estados Unidos para reparaciones, en un barco de la Marina que tomó parte en maniobras en el Pacífico frente a California y en un avión comercial de LAN, en ese tiempo empresa estatal, que volaba entre Santiago y Miami.

Esto acaba con el papel de la DINA en el tráfico de alcaloides y tal vez, por el enojo que le produjo haber sido sacado del negocio, según se especula, Contreras denuncia que el tema quedó en manos de Pinochet Hiriart y de su socio Batich, quien ya estuvo procesado por importar camionetas y camiones usados desde Brasil, en cuyos motores se encontró coca.

En el interrogatorio del martes, Contreras ratificó ante el fiscal Héctor Barros, que la familia Pinochet se enriqueció mediante el narcotráfico. "Efectivamente, ratificó sus dichos", dijo el funcionario del Ministerio Público. El abogado explicó que el ex jefe de la criminal Dirección de Inteligencia Nacional fue interrogado “en su calidad de imputado” por la querella del hijo menor del ex dictador. Contreras reiteró todo lo que había dicho por escrito al juez Pavez.

El jueves el fiscal Barros se constituyó nuevamente en el penal Cordillera para interrogar a Contreras y recibir un disco compacto con información que prometió el pasado martes el ex director de la DINA.
De acuerdo con los antecedentes obtenidos, el CD contiene la entrevista que prestó el narcotraficante estadounidense Iván Baramdyka a Televisión Nacional a mediados de los ’90. Este último fue extraditado a EEUU, debido a las actividades de tráfico de drogas en las que estaba involucrado. Fue el mismo que vinculó a Bathich y los Pinochet con la cocaína y el tráfico internacional de armas.
Baramdyka llegó a Chile en 1985 con un pasaporte falso a nombre de Trinidad Moreno. Su contacto en nuestro país era un funcionario del consulado chileno en Los Ángeles, Federico Silva Pizarro. Ex marine, Baramdyka fue extraditado de Chile en 1993, pero antes de que el FBI se lo llevara, se preocupó de dejar su historia grabada en video que, entre otras acusaciones, asegura que los colombianos compraban éter y acetona producidos en el Complejo Químico del Ejército (CQE) en Talagante.
Manuel Contreras, asimismo, contraatacó y le indicó al fiscal Barros que debiera citar al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, para obtener más información sobre las drogas y los Pinochet.
Herrera Jiménez estuvo clandestino en Uruguay entre 1991 y 1992, al igual que el químico de la DINA Eugenio Berríos, a quien Contreras sindica como el fabricante de la cocaína que traficaban Bathich y Marco Antonio en el CQE.
Pero no es todo, el ex jefe de la DINA aseguró que otro de los que sabe de su denuncia es Augusto Pinochet Hiriart, quien a mediados e los ’80 estuvo como agregado consular en Los Ángeles, donde Baramdyka, el narco estadounidense, inició sus relaciones para entrar a Chile e iniciar su negocio ilícito.
ClariNet     


 http://www.clarinet.cl/index2.php?option=content&task=view&id=2274&pop=1&page=0

Involucran a Pinochet en tráfico de drogas


Asegura ex jefe policiaco que Augusto Pinochet y familia obtuvieron beneficios del tráfico de drogas y armas

SANTIAGO DE CHILE, Chile, jul. 9, 2006.- El ex jefe de inteligencia de la dictadura militar chilena, general en retiro Manuel Contreras, aseguró que Augusto Pinochet y su familia obtuvieron su millonaria fortuna gracias al tráfico de drogas y armas.

La edición digital del diario chileno La Nación precisó este domingo que "la fortuna amasada por el ex dictador se debe al tráfico de drogas realizado por su hijo Marco Antonio junto al empresario chileno de origen sirio Edgardo Bathich".
En esas operaciones también habría participado, según informó el oficial en retiro a la justicia chilena, el químico Eugenio Berríos, quien trabajaba para la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), aparato represor de la dictadura (1973-1990) que dirigió Contreras.
Contreras entregó hace unos días un informe al juez Claudio Pavez, quien investiga el crimen en 1992 del ex agente de inteligencia, el coronel Gerardo Huber, donde vincula a la familia Pinochet con ese crimen y con actividades ilícitas, indicó La Nación.
El diario indicó que el juez Pavez interrogó a Contreras por el crimen de Huber porque éste había pertenecido a la Dina mientras el primero se desempeñaba como jefe de ese órgano de inteligencia, desarticulado en la década de los 70.
Contreras, quien estuvo 11 años en prisión por el crimen del ex canciller Orlando Letelier en Washington en 1976, cumple en la actualidad condena en una cárcel militar por la desaparición de un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en 1975.
Según el rotativo, el magistrado le pidió a Contreras un informe de la muerte de Huber, quien desapareció en forma misteriosa en enero de 1992 y su cuerpo fue encontrado semanas después, sobre temas vinculados a Pinochet y su fortuna de unos 27 millones de dólares.
La Nación acotó que Contreras "asegura en su informe que cuando Huber se hizo cargo del Complejo Químico del Ejército, a mediados de los 80, el químico de la Dina Eugenio Berríos, junto a otro `cocinero', se encargaban de elaborar cocaína `negra' o `rusa'".
"La fórmula para fabricarla era mezclar el alcaloide con sulfato ferroso y otras sales minerales para ayudar a que éste se impregnara del pigmento, de modo que se adhiriera a distintas superficies y careciera del tradicional olor que permite detectarla", acotó.
Contreras dijo, según la fuente, que "la elaboración de cocaína en el recinto del Ejército fue autorizada por la más alta autoridad del mismo Pinochet, donde trabajó Berríos. En esta actividad habrían participado Marco Antonio Pinochet y Edgardo Bathich".
Berríos fue asesinado por agentes de la Dina en Uruguay en 1993, donde se encontraba oculto, ayudado por militares de ese país, para evitar declarar ante la justicia chilena sobre las operaciones de inteligencia del aparato represor.
Añadió que la producción "era enviada a Estados Unidos y Europa, donde el pariente político de Bathich, el famoso traficante internacional de armas y drogas Monser Al Kassar, la distribuía para posteriormente enviar remesas a distintas cuentas".
Un informe del Senado estadunidense divulgado en 2004 precisó que Pinochet y su familia tenían millonarias cuentas secretas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, recursos por al menos 27 millones de dólares cuyo origen es investigado por la justicia.
El ex colaborador de Pinochet también dijo en su informe que éste "usó una segunda vía para enriquecerse: el uso de los fondos reservados del Ejército, los que eran depositados en varias cuentas y cuyos intereses iban a parar a su erario personal".
El ex senador vitalicio se encuentra procesado en Chile por fraude tributario, ya que en sus declaraciones de ingresos evitó colocar los millonarios depósitos que mantenía en varias cuentas bancarias extranjeras bajo otras identidades.
Contreras, según el diario chileno, señaló que Huber se comunicó antes de su muerte con un juez y "en una extensa declaración informal le contó los detalles de lo que ocurría en el Complejo Químico del Ejército y la forma en que se exportaba la cocaína".
El fallecido coronel del Ejército también habría detallado en su declaración judicial "los manejos financieros del clan Pinochet en torno al tráfico de drogas y armas".




 http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/549542.html

EL PRIMO DEL TRAFICANTE SIRIO, EL HERMANO DEL PRESIDENTE DE LA UDI, EL HIJO Y EL SOBRINO DEL GENERAL (R) PINOCHET


En 1992 no existía legislación específica para el combate del lavado de dinero y, aunque las autoridades estaban seguras de que la empresa de chatarra se dedicaba a estos menesteres, los involucrados fueron condenados por fraude al fisco y evasión tributaria.

Lunes 13 de junio de 2005

La amistad entre Marco Antonio Pinochet, Luis Undurraga Finlay y el empresario de ascendencia siria Edgardo Bathich Villarroel es tan antigua y estrecha que data desde fines de los '70 y principios de los '80.
Entre 1986 y 1989, Undurraga Finlay se desempeñó como gerente de la sociedad de Bathich que antecedió a Chile Focus Motores. Así lo reconocieron ambos, pero por separado, en entrevista dada por Undurraga a La Segunda en 1992 y por Bathich al periodista Manuel Salazar, para su libro "Traficantes y Lavadores", en 1996.
Según consigna el libro "La Delgada Línea Blanca", de los periodistas Rodrigo de Castro y Juan Gasparini, "en esos años Marco Antonio Pinochet y Edgardo Bathich eran amigos y socios". La publicación jamás ha sido desmentida, por el contrario Augusto Pinochet Hiriart reconoció en una entrevista a Europa Press que su hermano había tenido negocios con Edgardo Bathich. Pese a que Marco Antonio anunció querella en 1999, cuando la misma información fue citada por el diario "Clarín" de Argentina, la acción judicial nunca se concretó.
El menor de los Pinochet Hiriart tenía en esa fecha la representación en Chile de las lanchas Chaparral, que administraba en la misma dirección en que funcionaba Bathich Motoren, esto es en Av. Américo Vespucio 01313, La Cisterna. La propiedad pertenecía entonces a Edgardo Bathich.

GLOBALIZANDO EL NEGOCIO
A partir de 1990, Bathich decidió profesionalizar e internacionalizar el negocio dedicado formalmente a la importación de chatarra y le encargó al abogado Héctor Novoa Vásquez (quien había constituido las sociedades madres panameñas del consorcio en 1986), hermano del actual presidente de la UDI y senador Jovino Novoa, que se hiciera cargo del asunto.
El primer trabajo que Novoa realizó para el empresario fue la eliminación de su partida de nacimiento de su primer nombre, Yamal, para no atraer la atención por su ascendencia árabe, cuenta Salazar en su libro. Después, se encargó de transformar la empresa en una sociedad anónima cerrada y en integrar a nuevos socios.
Fue en esos años que Bathich se asoció a Alex Jacob Neder, hijo del general de la Fuerza Aérea Elías Jacob Helo y sobrino del entonces popular Mago de la Polla Gol. Otro de los socios de Focus Chile Motores que llegó a Chile a principios de los '90 fue el colombiano Jesús Ochoa Vásquez, pariente de los hermanos Ochoa del Cartel de Medellín.
Novoa Vásquez, socio de la oficina de abogados de los Eluchans Urenda, fue presidente de Focus Chile Motores. Tramitó ante el Comité de Inversiones Extranjeras el ingreso a Chile de 4 millones de dólares de un inversionista extranjero al que él representaba. Más tarde, llegado el momento de declarar ante la Justicia, Novoa tuvo graves inconvenientes para identificar al capitalista extranjero de Focus Chile Motores, entregando varias versiones contradictorias.
La detención de Bathich en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, en junio de 1992, junto a su pariente, el mundialmente conocido traficante de drogas y armas residente en Marbella Monzer Al Kassar, posó los ojos de las autoridades chilenas en las empresas del hasta entonces ampliamente conocido personaje de las noches santiaguinas.
En ese entonces, en Chile no existía legislación específica para el combate del lavado de dinero y, aunque las autoridades estaban seguras de que la empresa de chatarra se dedicaba a estos menesteres, no quedó otra que procesar a los involucrados por fraude al fisco y millonaria evasión tributaria.
El proceso culminó recién en agosto de 2002, con la ratificación de la Corte Suprema a la condena a 600 días de cárcel y el pago de 174 millones de pesos a cada uno, dictadas contra Jacob Neder, Novoa Vásquez y otros ocho implicados.
En tanto, Edgardo Bathich no apeló a su sentencia, idéntica a la de su socio y abogado, ratificada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en junio de 2001.
Ésta no es la única relación que ha mantenido el representante en Chile del narcotraficante sirio Monzer Al Kassar con la familia Pinochet. Bathich también fue socio de Luis Arturo Pinochet Campos, primo hermano de Marco Antonio e hijo de Luis Arturo Pinochet Ugarte, en la propiedad de la discoteque César, ubicada en Playa Amarilla, en Concón, referente de la noche porteña y el consumo de drogas, al igual que Gente en Santiago, según consignan los registros del Diario Oficial. Además, ambos aparecen como socios en la empresa B P Inversiones Ltda.

 http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050612/pags/20050612212807.html

El último divorcio

El "Mamo" le jaló la cadena este año al ahora fallecido dictador y lo acusó de haberse enriquecido gracias a las presuntas actividades de su hijo Marco Antonio y el empresario Edgardo Bathich: el narcotráfico.

Domingo 17 de diciembre de 2006
Jorge Molina Sanhueza
En la vida siempre hay momentos para decir basta. Esta fue sin duda la máxima que aplicó este año el general (R) y ex director de la DINA, Manuel Contreras, cuando en un informe enviado a una causa judicial acusó a Pinochet, su ex jefe, de haberse enriquecido con el narcotráfico que realizaba su hijo Marco Antonio junto al empresario de origen sirio Edgardo Bathich y quien fuera el químico de su servicio, Eugenio Berríos.
Sus dichos fueron la reacción esperada a una negación constante de Pinochet respecto a la responsabilidad militar que tenía por sobre Contreras y que en 2005 se hizo patente en un careo decretado por el ministro Víctor Montiglio en el marco del caso Operación Colombo. En la oportunidad el ex dictador, usando esa frase para el bronce, aseguró no acordarse de nada. Si a ello se le suma el descubrimiento de las millonarias cuentas en el Banco Riggs, el escenario para que Contreras contraatacara era sólo cosa de tiempo.
Cuerdas que se cortan
El documento donde Contreras contó su verdad está incoado en el proceso que sustancia actualmente el ministro Claudio Pavez de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por el homicidio del coronel del Ejército Gerardo Huber Olivares. Este último, antes de aparecer con un tiro en la cabeza en las aguas del río Maipo el 20 de febrero de 1992, se vió involucrado en el tráfico de armas a Croacia que llevó a cabo Famae en diciembre de 1991, una de las aristas que explica la fortuna del ex dictador y algunos de sus colaboradores.
Pero había también otras razones para que Contreras abriera su caja de Pandora. Huber había pertenecido a la DINA en los años posteriores al golpe militar del 73 como jefe de la inteligencia en la IX y X Región, cumpliendo también labores en Punta Arenas y Santiago.
El "Mamo" le tenía un profundo aprecio, según relató el ex espía del Ejército mayor (R) Abel Sepúlveda Gutiérrez quien reemplazó a Huber en las labores de inteligencia en el sur del país. "Huber era muy amigo del general Contreras... a mí me lo contó el propio Gerardo", testimonió Sepúlveda al juez Pavez.
El subnormal
Contreras conocía de sobra historia judicial y conspirativa de los últimos 16 años de democracia cuando decidió hablar. Entre los hechos que la componían estaba la llamada "Operación Silencio" -iniciada en abril de 1991- destinada a sacar a los militares involucrados en casos de violaciones de los derechos humanos fuera del país para evadir la acción de la justicia y sobre todo la que afectó a un cercano colaborador suyo: el asesinado químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo. Por eso cuando Contreras escribió que su ex jefe había hecho parte de su fortuna con la venta de drogas hecha por su hijo Marco Antonio, conocía al dedillo qué decir, cómo decirlo y a qué parte del clan Pinochet debía llegar para dar la estocada.
Vale recordar que Contreras fue condenado como el autor intelectual del homicidio del ex canciller Orlando Letelier ocurrido en Washington en 1976. La investigación la llevó el ministro instructor de la Corte Suprema Adolfo Bañados, un juez de hierro que a fines de los 70 le correspondió indagar los muertos encontrados en los hornos de Lonquén.
Cuenta la historia que Bañados mantuvo siempre una relación "tirante" con Contreras durante la tramitación de esta causa. Nunca se lo dijo a nadie, pero un ex ministro del máximo tribunal asegura que el magistrado consideraba un "subnormal" al ex jefe de la DINA. Y hay un hecho que lo revela por completo. Fue en este mismo proceso donde apareció la figura de Eugenio Berríos Sagredo, ya que habiendo trabajado para la Brigada Mulchén de la DINA, había fabricado el gas sarín con el fin de asesinar a Letelier. Sabiendo que Berríos era buscado por Bañados, no sólo Contreras, sino también Pinochet se dieron a la tarea de salvar el bache en el camino. El ex dictador llamó en octubre de 1991 al entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general Hernán Ramírez Rurange, para que enviara a Uruguay a Berríos y ahí lo escondiera.
Pero no todo salió como Contreras pensaba. Berríos apareció muerto con dos tiros en la cabeza en abril de 1995 en una playa cercana a Montevideo, la capital de la república oriental.
El chef molecular
En 2006 con ese contexto histórico, político y personal, Contreras escribió en el informe entregado al juez Pavez sus ya clásicas teorías conspirativas sobre la participación de la CIA en el atentado contra el ex canciller Orlando Letelier; también aprovechó la oportunidad para decir cómo el ex dictador usó la estructura institucional para enriquecerse de manera ilícita. Aseguró que su antiguo protegido, el coronel Huber, cuando a fines de los '80 comandaba el Complejo Químico del Ejército de Talagante, tuvo que proteger la fabricación de "cocaína negra", llamada también "cocaína rusa", que fabricaba Berríos en ese recinto junto a otro "cocinero". La fórmula para fabricarla era mezclar el alcaloide con sulfato ferroso y otras sales minerales para ayudar a que éste se impregnara del pigmento, de modo que se adhiriera a distintas superficies y perdiera el tradicional olor que permite a los perros detectarla, sistema incluso usado en la actualidad por los traficantes de droga colombianos.
La fabricación del alcaloide, según lo relatado por Contreras fue autorizada por la más alta autoridad del Ejército, participando en ella Marco Antonio Pinochet y el empresario Edgardo Bathich. La producción era enviada luego a Estados Unidos y Europa, donde el pariente político de Bathich, el famoso traficante internacional de armas y drogas Monser Al Kassar, la distribuía para posteriormente enviar remesas a las distintas cuentas que el clan Pinochet mantenía en el viejo continente y EEUU.
Pero Contreras quiso ir más allá con Pinochet, a ese lugar dónde la información se transforma en poder real. Fue así como reveló también cómo usando los fondos
reservados del Ejército, las compras y ventas de armas, aumentó su erario personal, llegando a señalar que "era un hecho comentado por altas autoridades del Ejército de la época y se llegaba a decir que hasta sus tataranietos serían inmensamente ricos".
Refracción y reverberancia
Cuando el informe se hizo público a través de La Nación Domingo el 9 de julio pasado, la hecho recorrió el mundo entero. Muchas páginas de libros sobre crimen organizado transnacional y la dictadura militar se habían escrito que revelaban estos hechos, pero siempre debieron esperar su momento de gloria cuando Contreras hablara del tema.
Y así sucedió. Las voces no tardaron en tratar de desmentir el hecho porque se trataba de sólo una disputa entre dos perros de la guerra. Sin embargo, tanto Huber como Berríos eran hombres de Contreras y hay lealtades con los subalternos que en el ámbito militar nunca se olvidan. Por eso el adagio que se repite entre los detectives que conocen de cerca a Contreras por haberlo investigado en diversos procesos por violaciones de los derechos humanos es claro: "Siempre que se trate de defender a un amigo dice la verdad, cuando tiene que asumir su responsabilidad es otro tema".
El fiscal antimafia
Las palabras de Contreras no agradaron a Marco Antonio Pinochet. Tampoco a Bathich. Ambos se querellaron en contra el ex jefe de la DINA, investigación que enmarcada en la reforma procesal penal recayó en manos de un fiscal del Ministerio Público Sur. El elegido fue nada menos de Héctor Barros, el fiscal jefe de crimen organizado, que combate a las mafias de narcotraficantes a quienes ha propinado duros golpes en el último tiempo. Barros, un hombre reposado, minucioso observador y fino oyente, inició la investigación para confirmar o descartar las palabras de Contreras.
En la carpeta que maneja el prosecutor declaró Marco Antonio y Bathich quienes argumentaron que todo lo señalado por Contreras era una farsa.
Sin embargo, como manda la lógica de cualquier indagatoria, Barros interrogó a Contreras. Este último confirmó, en primera instancia, todos sus dichos, pero agregó un detalle: el ex agente de la DINA, Armando Fernández Larios, quien participó en toda la fase preoperativa para el crimen de Letelier habría sido interrogado en Sao Paulo por la Drug Enforcement Administration (DEA) acerca de las actividades de narcotráfico del hijo de Pinochet. Estos dichos se confirman con un informe de la embajada de Estados Unidos en Chile, desclasificado en julio de 2000 que da cuenta de un intento de negociación del ex jefe de la DINA con un intermediario de la legación diplomática. El documento señala que Contreras, a cambio de que el país del norte bajara la presión por el caso Letelier, ofrecía entregar información sobre las actividades en el narcotráfico de "un hijo de Pinochet y de Armando Fernández Larios".
También aparecen las declaraciones del ex marine norteamericano y narcotraficante Ivan Baramdyka quien aseguró que en Chile conoció a Bathich y que gracias a él se vinculó a una red de protección de la CNI para llevar adelante sus actividades. Antes de terminar la diligencia, Contreras le dijo a Barros, que si deseaba tener otro testigo de sus dichos que buscara al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez. Este último, ex agente de la DINE, fue sacado de Chile en septiembre de 1991, en el marco de la misma Operación Silencio que permitió a Berríos salir de Chile.
Herrera Jiménez, a esa fecha, estaba inculpado de ser el autor material del crimen del camionero Mario Fernández, ocurrido en La Serena a mediados de los 80's. También era el principal sospechoso de haber asesinado al líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1982, por el cual terminó siendo condenado a cadena perpetua. El mayor (R) también estuvo clandestino en Uruguay y, de hecho, se encontró con Berríos en Montevideo. Algo pasado de tragos, Berríos comenzó a hablar de cosas que a Herrera Jiménez no le interesaba a escuchar, dijo a sus cercanos, como la fabricación de drogas con Marco Antonio, entre otros negocios.
Así cuando se enfrentó a Barros, no tuvo más que decirle lo que Berríos le había relatado a principios de los 90 en la República Atlántica. El círculo de un secreto a voces nuevamente volvía a cerrarse. Contreras se cobró los años de silencio que mantuvo para proteger a Pinochet y aplicó la máxima de la mafia siciliana: "La venganza es un plato que se come mejor frío".
La muerte de Eugenio "Hermes" Berríos
Este proceso es tramitado por el ministro en visita Alejandro Madrid. Está acreditado que el químico de la DINA Eugenio Berríos fue asesinado por miembros de la DINE en Uruguay entre enero y junio de 1993. Que Berríos fabricaba drogas y que sus relaciones más cercanas eran narcotraficantes. Que fabricó gas sarín para la DINA en los 70. Que existen presunciones para establecer que, eventualmente, habría participado en la aún no resuelta muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. En este caso están procesados por asociación ilícita los ex directores de laDINE generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias; el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el teniente coronel (R) Manuel Pérez. Por secuestro están encausados Ramírez, Rodríguez, Lillo, Pérez y los oficiales uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. Además, Covarrubias lo está por secuestro con homicidio. Por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, el oficial (R) Mario Cisternas, junto a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva. Y por obstrucción a la justicia, Madrid procesó a Emilio Rojas, ex agregado cultural de Chile en Uruguay entre 1990 y 1993. El último encausado por asociación ilícita por el secuestro de Berríos es el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) brigadier (R) Manuel Provis. LN

El coronel que le pena al ejército


Jorge Molina Sanhueza La Nación 

El homicidio del coronel Gerardo Huber, perpetrado en febrero de 1992, forma parte de una compleja trama que incluye otros casos judiciales, como la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos y la venta ilegal de armas a Croacia. El magistrado arremeterá esta semana con nuevos interrogatorios a ex agentes de inteligencia militar. ¿Se aproxima el final de la madeja?

Cuando este viernes 23 el ministro en visita Claudio Pavez, que tramita el proceso por la muerte del coronel Gerardo Huber Olivares, llegó hasta el hotel militar de Providencia, sabía que se encontraría con un duro entre los duros. Y así fue. Tuvo cara a cara, por primera vez desde que Huber fue encontrado muerto en febrero de 1992 en el lecho del río Maipo, al segundo hombre de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) de la época, el general (R) Víctor Lizárraga. La estrategia del magistrado era contrastar la versión entregada el martes 20 por su subordinado, el entonces jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brigadier (R) Manuel Provis Carrasco, sobre varios aspectos. El primero era saber cómo se dirigió el operativo de búsqueda de Huber en el Cajón del Maipo cuando desapareció en enero de 1992, en momentos en que arreciaba la investigación del entonces ministro Hernán Correa de la Cerda sobre la venta ilegal de armas a Croacia. No era para menos, porque apenas Huber se extravió, el BIE silenció a todos sus familiares para que no hablaran con Investigaciones ni menos mencionaran el nombre de Augusto Pinochet, quien estaba en esos días en su parcela de El Melocotón. Esta prohibición corrió también para los parientes de Pinochet. Pero Provis cometió un error estratégico en su testimonio ante Pavez respecto de otro episodio, relacionado con un viaje que hizo junto a Lizárraga a Linares, donde en marzo de 1992 estaba escondida Clina Polloni, la cuñada de Huber, junto al hijo de éste. 

UN ERROR DETERMINANTE 

Polloni declaró en el proceso que Provis amenazó al hijo de Huber, quien habría visto cómo su padre quemaba papeles relacionados con el tráfico de armas a Croacia. La mujer no tomó en cuenta a Provis, pero Lizárraga le ofreció ayuda sicológica para el menor, a través de un hermano suyo de profesión sicólogo, también ligado al Ejército. El error de Provis fue decir que llegó hasta Linares porque en esa ciudad había una médium que tenía información sobre el paradero de Huber, según confidenció una fuente del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Si de lógica judicial se trata, es altamente probable que el ministro Pavez no haya creído ni un centímetro la versión de Provis. Tampoco la de Lizárraga, si es que éste confirmó esos dichos; así se configuraría un acuerdo tácito para entregar información al juez. Según los antecedentes obtenidos por La Nación, Lizárraga mantuvo las declaraciones que había entregado en ocasiones anteriores por oficio y desconoció cualquier vinculación con la muerte de Huber y con el caso Armas. Lizárraga está también relacionado con el caso de Tejas Verdes, que sustancia el ministro Alejandro Solís. Además, ocupó el cargo de jefe del Comité Asesor que tenía Pinochet, entre 1994 y 1998. Provis, en tanto, estuvo en la DINA y también en el CNI. Pero Pavez es un viejo sabueso. Desde su cargo de juez del crimen, fue el primero que aplicó una sanción a traficantes de animales a mediados de los ’90. También intervino la población La Legua combatiendo a los narcotraficantes y, desde principios de este año, es el magistrado que, junto a su colega Roberto Contreras, entrega las autorizaciones para que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) realice sus labores secretas. No es un aparecido y pretende llegar hasta el final con este caso que ya caratuló como homicidio, luego de interrogar a varios peritos criminalistas que confirmaron esa hipótesis. 

EL FRENTE ORIENTAL 

Pavez sabe que, para reducir el número de posibilidades tácticas en su investigación, debe abarcar, como si fuera un pulpo, una serie de indagatorias paralelas que se relacionan con la muerte de Huber. Las pistas se las entregaron dos oficiales de Ejército en retiro. El primero fue el capitán Pedro Araya, condenado a cinco años de prisión en el proceso del caso armas. Araya declaró que, antes de efectuar la operación comercial, hubo una reunión del alto mando del Ejército donde se discutió desde qué unidades militares se sacarían los pertrechos. En esa operación participaron, según Araya, los entonces generales Richard Quass, director de Operaciones del Ejército; el jefe de Material de Guerra, general Florencio Tejos; el comandante de Institutos Militares, general Jaime Concha; el comandante en jefe de la II División de Ejército, general Guido Riquelme; el director de Famae, general Guillermo Letelier Skinner, y el general Carlos Krumm, director de Logística del Ejército. Estas declaraciones abrieron una caja de Pandora que el general (R) Carlos Krumm, cuando fue interrogado por Pavez, no pudo eludir: reconoció su participación en la reunión y aseguró que Pinochet fue quien dio la orden para efectuar la venta de armas a Croacia. Ambos "detalles" abrieron dos nuevos flancos para el ministro. El primero se resolvió pidiendo a la justicia militar las copias del expediente del caso armas tramitado por Sexta Fiscalía Militar de Santiago y que será apelado el próximo 27 de septiembre en la Corte Marcial por el CDE, donde solicitará que se reabra el caso y se designe un ministro en visita civil de este tribunal castrense. 

"AYUDA HUMANITARIA" 

Este proceso judicial se refiere a la venta ilegal de armas a paramilitares croatas en 1991, en momentos álgidos de la guerra de los Balcanes, cuando había embargo. Todo habría pasado inadvertido si el cargamento bélico, caratulado como "ayuda humanitaria", no hubiera sido descubierto en Budapest. Era diciembre de 1991. En enero del 92, Huber, entonces encargado de las compras de armamento en el exterior para el Ejército chileno, fue arraigado por el ministro Hernán Correa de la Cerda y citado a declarar. Huber le dijo al magistrado que nada tenía que ver en los pormenores ilícitos de la venta y que su superior, el general Carlos Krumm, le ordenó traspasar a Famae al sargento (R) Ramón Pérez para que ayudara al capitán Araya en la exportación de los pertrechos militares. A su vez, Araya inquirió detalles a Huber sobre cómo realizar la exportación y sobre qué papeles se necesitaban en aduanas. Huber aseguró que ninguno de los documentos que se usaron en la operación comercial provino del Departamento de Adquisiciones en el Exterior, que él dirigía. Dijo además que la única persona que podía dar cuenta del origen era el jefe de Material de Guerra, general Florencio Tejos, el mismo que concurrió a la reunión del alto mando para hacer posible la venta ilícita de armamento. "Él puede decir de qué unidad viene ese material", declaró Huber. FALTA EL MÓVIL El ministro Pavez tiene claro que la muerte de Huber está relacionada con este proceso judicial. Sin embargo, debe encontrar el motivo por el cual fue asesinado. Falta el móvil, y es allí donde aparece el segundo acápite que el juez cree haber encontrado para seguir armando la telaraña. Con esta línea de investigación, Pavez solicitó piezas específicas del expediente por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, que tramita el ministro Alejandro Madrid Crohare en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pavez sabe que en este último expediente hay una investigación realizada por el detective de confianza del juez Madrid, Nelson Jofré Cabello, sobre los vínculos comerciales de algunos agentes de la DINE que estuvieron de una u otra manera relacionados con Huber y Berríos. La indagatoria fue hecha por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac) y se realizó para saber si los agentes que sacaron de Chile al químico ex agente de la DINA con destino a Uruguay, donde fue asesinado, pudieron haber recibido premios en dinero por la operación. En el proceso de Berríos se dan varios elementos similares en tiempo y circunstancia con la muerte de Huber. Fue sacado de Chile por la Unidad Especial de la DINE. Sabía demasiado sobre el caso Letelier, que se tramitaba a principios de los ’90, porque había trabajado fabricando gas sarín junto a Michael Townley en la casa que la DINA tenía en Lo Curro. Berríos, además, estaba vinculado con grupos de narcotraficantes y con agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Era un sujeto peligroso para el Ejército de aquellos años. 

NUEVAS COINCIDENCIAS 

Berríos, en todo caso, no fue el único agente involucrado en violaciones de los derechos humanos sacado del país en la llamada "Operación Silencio". Esta maquinaria para obstruir la justicia había comenzado en abril de 1991 con la salida del entonces capitán Luis Arturo Sanhueza Ross (Ramiro Droguett o "El Güiro"), vinculado a la muerte del dirigente del MIR Jécar Neghme, entre otros casos. Le siguió Carlos Herrera Jiménez, el autor material de la muerte de Tucapel Jiménez en septiembre del mismo año. Y en octubre, Berríos. La lógica que sigue el ministro Pavez es que Huber, al conocer mayores detalles -por ahora desconocidos- de la operación de armas a Croacia, pudo haber temido por su vida y querido salir del país, o bien la DINE planificó sacarlo, como en los casos anteriores. Aquí surgen nuevas coincidencias. Por ejemplo, la empresa de aduanas que operó con Famae para trasladar las armas fuera de Chile fue Main Cargo. Aparentemente, desde que estalló este caso a principios de los ’90, se pensaba que su dueño era Sergio Pollmann Muller, quien fue recientemente absuelto por la justicia militar. Sin embargo, en los registros de Dicom aparece su esposa, Marianne Cheyre Stevenson. La mujer es, a su vez, hermana de Juan Carlos Cheyre, dueño del restaurant Les Assassins, donde se reunía Eugenio Berríos a principios de los ’90 con prestamistas, narcotraficantes y ex agentes de la DINA. Los hermanos tienen una relación de parentesco lejana con el actual comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. 

LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Otra de las aristas que maneja el magistrado también se relaciona con los últimos días de Huber antes de morir. El asesinado coronel debía realizar un viaje a Israel para acreditar la compra del sistema de lanzacohetes múltiple LAR, desarrollado por ese país. Y debía hacerlo junto a otro militar que también trabajó cerca de Pinochet a principios de los ’70 y que ya ha declarado en algunos casos de derechos humanos, según dijo una fuente judicial. Este diario conoce su identidad y su grado militar mucho antes de que Pavez asumiera este caso, pero se la reserva mientras continúen las diligencias judiciales que debe realizar el juez. En todo caso, su declaración ya consta en el proceso, dijeron fuentes del CDE. Este último oficial en retiro se relaciona, a la vez, con Lizárraga, ya que éste estaba en Israel al momento de la desaparición de Huber y viajó de inmediato a Chile, según consta en la hoja de Policía Internacional donde se detallan sus entradas y salidas del país, de acuerdo a una fuente consultada en Interpol. De allí que se vincule con otro testimonio, esta vez del compañero de labores de Huber cuando éste era jefe del Complejo Químico del Ejército en Talagante: el coronel (R) Francisco Schafausser. Schafausser entregó en 2003 una teoría sobre el caso en el proceso: que los asesinos de Huber podrían ser agentes secretos chilenos "residentes" en el exterior. Sin embargo, el magistrado, la última vez que lo interrogó, tuvo la impresión de que venía al proceso a buscar información más que a entregarla. En otras palabras, no se sabe para quién trabaja. A esa percepción se unió la presentación que hizo el CDE de San Miguel solicitando protección policial para la abogada María Inés Horvitz y para Eugenio Palacios Labbé. La razón de la petición se funda en que la noche del lunes 12 de septiembre, mientras Palacios Labbé veía en su hogar el programa "Enigma", de TVN, sobre el caso Huber, Schafausser le llamó por teléfono diciendo: "Desde ahora ni usted ni yo podremos dormir tranquilos". Esto fue interpretado como una amenaza velada, lo que derivó en que el Departamento de Inteligencia Electrónica de Investigaciones debió realizar un "barrido" a los celulares de la familia de Huber, como también a la casa de su viuda, Adriana Polloni. Esta semana el ministro Pavez, siguiendo la lógica jerárquica en el caso armas, a su vez relacionado con la muerte de Huber, debiera interrogar al general (R) Guillermo Letelier Skinner, quien a principios de los ’90 era el jefe de Famae. Letelier aparece también relacionado con las millonarias cuentas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs y otras entidades financieras en Estados Unidos y Europa. Por esta razón, el pago que se hizo por las armas ilegales a Croacia a principios de los ’90 bien puede tener una comisión escondida, tal como sucedió con los tanques Leopard y la compra de los Mirage para la Fuerza Aérea, entre otros, que terminaron en los bolsillos del ex dictador. Huber sabía demasiado, pero no vivió para contarlo. 


http://www.lafogata.org/05latino/latino9/chi_28-1.htm

El asesinato del Coronel Huber y su relación con el tráfico ilegal de armas del ejército chileno


En febrero de 1992, a un mes de conocida la venta de armas a Croacia, fue asesinado el coronel Gerardo Huber por manos de militares. El motivo, según detallan las investigaciones de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, fue la predisposición a cooperar en el juicio contra los responsables del tráfico ilegal de armas.
El sitio web Cambio21 relata en un reportaje, que el coronel (R) y ex agente de la Dina, Gerardo Huber Olivares, fue asesinado a distancia con un tiro en la cabeza por un “sniper” -o francotirador- altamente capacitado, utilizando un rifle de alto poder y precisión. Para ello fue convencido mediante ‘engaño’ -el 29 de enero de 1992- a que concurriera al puente El Toyo en el sector de San Alfonso, del Cajón del Maipo.
El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Claudio Pavez, afirmó que el móvil detrás del homicidio del coronel (r) del Ejército Gerardo Huber, en 1992, era ocultar el tráfico de armas a Croacia.
“Se trató de silenciarlo, porque hubo muchas operaciones, muchas actividades tendientes a evitar que Huber declarara y que concurriera a los tribunales, y después que fueron fracasando una tras otra se llegó a la instancia final, (en) que muere Huber”, sostuvo.
Desde su cargo, el oficial tuvo conocimiento de la operación encubierta para sacar armamento institucional por orden de Augusto Pinochet y enviarlo a Croacia a través de traficantes internacionales y la colaboración de la Fábrica de Armamento y Maestranza del Ejército (Famae).
Al comprobar Huber que era acosado con intenciones de hacerlo desaparecer por su disposición para colaborar en el proceso por este tráfico de armas, se ocultó en una casa del sector de San Alfonso. En la investigación se estableció que la operación para eliminar a Huber correspondió a aquellas ocurridas durante la década de los noventa dirigidas desde la inteligencia del Ejército.
ARMAS A CROACIA Y LA COFRADÍA
En enero de 1992, en plena transición, se encontró en un terminal aéreo de Hungría un avión con dos grandes containers repletos por toneladas de armamento. El destino del arsenal era Croacia, país en guerra con Yugoslavia. Había prohibición de las Naciones Unidas de interferencia en ese conflicto.
La operación fue realizada por “La Cofradía”, algo así como la sucesora de la “Operación Cóndor”, cuya misión era proteger a los elementos de seguridad que estaban siendo buscados por distintos países por crímenes de lesa humanidad. La operación de tráfico de armas a Croacia era una forma de financiamiento, la cual contaba con 6 millones de dólares en ganancias y 370 toneladas de armamento en venta.
CONDENA A LOS RESPONSABLES
El general (R) Víctor Lizárraga Arias, ex subdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), fue sentenciado a cinco años de cárcel por homicidio calificado y a otros cinco por asociación ilícita, mientras que el brigadier (R) Manuel Provis Carrasco, recibió cuatro años por el homicidio y cuatro por integrar la asociación ilícita.
Fueron absueltos el ex jefe de la Dine, general (R) Eugenio Covarrubias y el ex director de Logística del Ejército y jefe de Huber, general (R) Carlos Krumm. Por su parte, el coronel Julio Muñoz Bustamantefue condenado a 300 días de prisión como encubridor y fue absuelto de la asociación ilícita.
En febrero de 1992 y tras 20 días desaparecido en el Cajón del Maipo, el entonces jefe del Departamento de Exportaciones del Ejército, coronel Gerardo Huber, fue encontrado sin vida en un montículo del ríoMaipo y con un disparo en su cabeza. Tres meses antes del hecho se había detectado el armamento exportado ilegalmente por Famae a Croacia.
Por David Abrigo Bilbao
El Ciudadano

El crimen de un coronel en plena democracia: la viuda de Gerardo Huber, Adriana Polloni, asegura a Cambio21: "Siempre supimos que fue un asesinato". Tres militares en retiro condenados por el crimen


En febrero de 1992 y tras 20 días desaparecido en el Cajón del Maipo, el entonces jefe del Departamento de Exportaciones del Ejército, coronel Gerardo Huber, fue encontrado sin vida en un montículo del río Maipo y con un disparo en su cabeza. Tres meses antes del hecho se detectó el armamento exportado ilegalmente a Croacia.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el homicidio del coronel de Ejército Gerardo Huber Olivares.

El abogado Ciro Colombara, se mostró medianamente satisfecho con la sentencia mientras la viuda del malogrado coronel Huber, Adriana Polloni, dijo estar satisfecha con las condenas, pero a su juicio, aún queda por encontrar al autor material del homicidio. "Estamos tranquilos porque son 18 años de espera, pero se ha hecho justicia".

En conversación con Cambio21 reconoció que aún falta lo que dictamine la Corte Suprema, "por eso estamos más tranquilos porque queremos llegar al final de todo esto".

Agregó estar contenta con el trabajo de la justicia, "porque nosotros desde un principio siempre supimos que fue un asesinato y no un suicidio como decían".

En esa línea indicó que "hemos esperado tanto tiempo por la verdad que poco a poco está saliendo a la luz, sé que aún falta quién tramó todo esto, pero nunca vamos a perder las esperanzas".

"Esperamos que alguien noble se de cuenta del daño que hicieron y que pueda relatar lo que sucedió ese día y por qué le hicieron eso a mi esposo", sentenció la viuda.

Los condenados

Los condenados son el general (R) Víctor Lizárraga Arias, ex subdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), sentenciado a cinco años de cárcel por homicidio calificado y otros cinco por asociación ilícita, y  el brigadier (R) Manuel Provis Carrasco, sentenciado a cuatro años por el homicidio y cuatro por integrar la asociación ilícita.

Fueron absueltos el ex jefe de la DINE, general (R) Eugenio Covarrubias y el ex director de Logística del Ejército y jefe de Huber, general (R) Carlos Krumm. Por su parte, el coronel Julio Muñoz Bustamante fue condenado a 300 días de prisión como encubridor y fue absuelto de la asociación ilícita.

En febrero de 1992 y tras 20 días desaparecido en el Cajón del Maipo, el entonces jefe del Departamento de Exportaciones del Ejército, coronel Gerardo Huber, fue encontrado sin vida en un montículo del río Maipo y con un disparo en su cabeza. Tres meses antes del hecho se habpia detectado el armamento exportado ilegalmente por Famae a Croacia.

Cómo fue el crímen de Huber y por qué

El coronel (R) y ex agente no operativo de la DINA Gerardo Huber Olivares fue asesinado a distancia con un tiro en la cabeza por un "sniper" o francotirador altamente capacitado,  utilizando un rifle de alto poder y precisión. Para ello fue convencido mediante "engaño" -el 29 de enero de 1992- que concurriera al puente El Toyo en el sector de San Alfonso del Cajón del Maipo.

Su asesinato correspondió a una "conspiración" en la que participaron altos oficiales en servicio activo del Ejército en ese entonces, con el fin de "neutralizar a Huber como si fuese un enemigo" para proteger a "generales de su institución" involucrados en el tráfico de armas a Croacia descubierto en diciembre de 1991.

Desde su cargo, el oficial tuvo conocimiento de la operación encubierta para sacar armamento institucional por orden del dictador Augusto Pinochet y enviarlo a Croacia a través de traficantes internacionales y la colaboración de la Fábrica de Armamento y Maestranza del Ejército (Famae).

Al comprobar Huber que era acosado con intenciones de hacerlo desaparecer por su disposición para colaborar en el proceso por este tráfico de armas, se ocultó en una casa del sector de San Alfonso. En la investigación se estableció que la operación para eliminar a Huber correspondió a aquellas ocurridas durante la década de los noventa dirigidas desde la inteligencia del Ejército.

El autor material del crimen nunca ha logrado ser identificado.
Los antecedentes fueron establecidos por el juez Claudio Pavez en el auto de procesamiento por el homicidio de Huber dictado en contra de tres generales, un brigadier y un coronel, todos en retiro.

La Historia Oculta del Régimen Militar

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