Familiares de víctimas del 27-F viajarán a Santiago para analizar compensaciones anunciadas por Sebastián Piñera

Los habitantes de Constitución recibirán compensaciones económica, ofrecimiento que los abogados de los afectados valoraron. Por su parte, el alcalde de Constitución dijo que acompañará a los vecinos de su ciudad.

Los familiares de las víctimas del terremoto y tsunami del 27-F viajarán a Santiago con el fin de analizar los detalles de las propuestas de la reparación que fue anunciada por Sebastián Piñera durante la gira de la reconstrucción.

Esto se debe a que el miércoles recién pasado, Piñera afirmó en Constitución que "hay conversaciones para que cuando corresponda el Estado asuma su responsabilidad y busque aliviar, mitigar, compensar" a los familiares de las víctimas.

Ante el anuncio, el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela (pro UDI), expresó que "el Presidente se comprometió a no abandonarnos. En los próximos días hablaremos y yo mismo acompañaré a las familias a Santiago si es necesario para seguir con lo que creemos que es justo que es ayudar a quienes quedaron a la deriva, huérfanos, porque perdieron a sus seres queridos".

Según lo establecido por Cooperativa, Alfredo Morgado, abogado de algunas de estas familias, valoró el anuncio y se refirió respecto a la forma en que debería llevarse a cabo el proceso: "A nuestro juicio, sin descartar ninguno de ellos, el organismo idóneo es el Consejo de Defensa del Estado, porque se va a poder evaluar caso a caso en relación a cada víctima o desaparecido y además evaluarse en las indemnizaciones, reparaciones a las familias de las víctimas de acuerdo al grado de parentesco".

Por su parte, Raúl Meza, otro de los representantes de los afectados, pidió que Piñera reciba a los familiares: "En razón a que el camino que se opte para la reparación sea el más adecuado en razones de tiempo y forma, esperamos que el Presidente nos reciba en audiencia. Quiero recordar que la Presidenta Bachelet recibió a los abogados y familiares de las víctimas y esperamos que el Presidente Piñera haga lo mismo".

Pese al ofrecimiento del Presidente de la Republica, no todos los parientes de las victimas del terremoto buscan compensación económica. Ejemplo de esto es Ángela Bravo, quien perdió a cuatro familiares por el derrumbe del edificio Cerro O'Higgins de Concepción y aseguró: "No nos ha preocupado mucho el tema de compensación. Andamos buscando como familia, como vecinos, que se haga justicia en lo que pasó acá que es muy diferente a lo que pasó en la Isla Orrego. Acá fue falla humana que se podría haber evitado si hubiese habido gente consiente en construir una casa digna. Quiero que se haga justicia, que se que se encuentren culpables, nada de lo que me ofrezcan me va a devolver a mi familia".

http://ww.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130228/pags/20130228094802.html



¿Compensación económica = Justicia?, Suena a toma esta guita y no jodas mas. Quizas tenga que existir compensacion pero si no viene acompañada de justica, carcel para los responsables que por accion u omision favorecieron en aumentar el desastre es solo una coima.
El Shoa manipulo documentos, no le dieron la importancia a lo que sucedia, se comprobo que miembros de los servicios de seguridad llevaban adelante saqueos, pretendieron culpar a Bachelet de todo solo para no tenerla de contrincate en la sproximas elecciones y la gente continua esperando una casa y una solucion ante todas las perdidas que sufrieron.

Informe PDI detecta "manipulación" en bitácora del Shoa tras tsunami

Se detectó que en el libro de guardia se borró con corrector un texto y se puso “alerta de tsunami”.

por Leslie Ayala y Sebastián Labrín

La Fuerza de Tarea Reservada de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja con la fiscal Solange Huerta, detectó en su segundo informe -entregado el martes al Ministerio Público- la manipulación de una bitácora que registró las actuaciones de la guardia del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) durante la emergencia de la madrugada del 27/F.

Los policías realizaron una serie de toma de declaraciones a testigos que acudieron esa noche al organismo en busca de información tras el terremoto. En una de las conclusiones, la PDI revela que en el libro “Bitácora de Cabo de Guardia” se estableció que “dicha bitácora fue modificada (...) presenta una obliteración de escrituras mediante el empleo de líquido corrector blanco”.

El informe detalla que en la hora 03.40 hay un texto que señala “Emergencia alerta de tsunami”; el texto original -según las pericias- y que fue modificado dice: “03.55 Zafarrancho”. Esta última palabra, según la jerga naval, se pone cuando se advierte a la tripulación de una embarcación para salvar situaciones de emergencia.

Los policías le tomaron declaración al cabo Rodrigo Moreno, quien esa madrugada estaba en la guardia. Este reconoce su letra y señala que manipuló la información por una orden del sargento Nelson Retamales (jefe de guardia). Sin embargo, este último fue enfático en señalar que no dio esa orden, descartando de plano haber sabido de esta adulteración, y asegura que “esa situación hubiera sido relevante para su servicio -dice-, por cuanto sería contradictorio con la información que entregó durante la madrugada de que no había alerta de tsunami”.

Junto con destacar esta contradicción de testimonios, que deberán ser valorados ahora por la Fiscalía Occidente, la PDI ratifica que el Shoa, pese a contar con información desde Carabineros de Valparaíso y de la Primera Zona Naval, bajó la alerta de maremoto.

Se detalla, en el documento, que a las 05.16 horas la Primera Zona Naval le informa sobre el maremoto que había afectado hace 40 minutos a la isla Robinson Crusoe. “El Shoa, sin haberse comunicado con Juan Fernández; es decir, sin tener información de terreno y no habiendo llegado la información de la estación de marea (...), continuó con el estado de cancelación de tsunami, sin considerar la posibilidad de decretar una nueva alerta o alarma de tsunami para el resto del país al recibir esta información”, dice la conclusión de este informe.

En la causa están imputados tres funcionarios del Shoa: el ex director Mariano Rojas, el ex asesor Andrés Enríquez y el ex jefe de turno de esa repartición Mario Andina. Respecto de quién tenía mayor expertise, tras analizar las hojas de vida, la PDI concluye que el capitán de Fragata Enríquez era la persona con “mayor conocimiento y especialización en tsunamis”.

http://diario.latercera.com/2013/02/07/01/contenido/pais/31-129340-9-informe-pdi-detecta-manipulacion-en-bitacora-del-shoa-tras-tsunami.shtml

27-F: Informe de la PDI detectó que militares manipularon la bitácora del Shoa tras el tsunami

VÍA LA TERCERA:

La Fuerza de Tarea Reservada de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja con la fiscal Solange Huerta, detectó una manipulación en la bitácora que registró las actuaciones de la guardia del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) durante la emergencia de la madrugada del 27/F. La PDI reveló que en el libro “Bitácora de Cabo de Guardia” se estableció que “dicha bitácora fue modificada, presentando una obliteración de escrituras mediante el empleo de líquido corrector blanco”.

El informe detalla que en la hora 03.40 hay un texto que señala “Emergencia alerta de tsunami”; el texto original fue modificado por: “03.55 Zafarrancho”. Esta última palabra, según la jerga naval, se pone cuando se advierte a la tripulación de una embarcación para salvar situaciones de emergencia. Los policías le tomaron declaración al cabo Rodrigo Moreno, quien esa madrugada estaba en la guardia. Este reconoce su letra y señala que manipuló la información por una orden del sargento Nelson Retamales (jefe de guardia). Como no podía ser de otra forma, este último fue enfático en señalar que no dio esa orden

Junto con esta contradicción de la Armada, la PDI ratificó que el Shoa pese a contar con información desde Carabineros de Valparaíso y de la Primera Zona Naval, ellos bajaron la alerta de maremoto. En la causa están imputados tres funcionarios del Shoa: el ex director Mariano Rojas, el ex asesor Andrés Enríquez y el ex jefe de turno de esa repartición Mario Andina. Respecto de quién tenía mayor expertise, tras analizar las hojas de vida, la PDI concluye que el capitán de Fragata Enríquez era la persona con “mayor conocimiento y especialización en tsunamis”.

¿MÁS CLARO IMPOSIBLE QUIENES SON LOS ÚNICOS CULPABLES DEL DESASTRE DEL 27F NO?

http://www.gamba.cl/?p=36438

27F ¿La reconstrucción como ejercicio de derechos u oportunidad para el lucro?

CLAUDIO PULGAR PINAUD

Arquitecto. Coordinador y fundador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile.

A pesar de que el Estado chileno tiene los recursos suficientes (luego de años de crecimiento económico sostenido), existe la percepción de que hay una barrera ideológica que impide que las autoridades asuman una posición desde un Estado garante de derechos, y frente a eso prefieran reproducir y profundizar el modelo de Estado subsidiario con el único objetivo de reducirlo, dándole protagonismo al sector privado y no a los actores sociales. En este sentido la cooperación público-privada ha sido la tónica. De hecho, debiéramos hablar para el caso del proceso de reconstrucción en Chile, en algunos casos de cooperación privada-pública, poniendo en primera posición al sector privado.

Desde el minuto de afrontar la emergencia han existido cuestionamientos e investigaciones sobre la relación “incestuosa” entre sector público y privado. Algunas casos han sido: el sobrepago (1) de las viviendas de emergencia o “mediaguas”;  la falsa ayuda humanitaria (2) ingresada al país por una de las cadenas más grandes de supermercados, pertenecientes a uno de los grupos económicos más poderosos del país, llamado Cencosud; el sobreprecio pagado por un puente mecano, por el Ejercito (3), entre otros escándalos salidos a la luz pública.

El proceso de reconstrucción ha sido cuestionado también por planes realizados por empresas privadas con conflictos de interés en los territorios y sin licitaciones públicas. Pero quizás el caso más emblemático de relación de complicidad entre el sector público de vivienda y ciudad y el sector privado, ha sido la antigua relación entre el Minvu y la Cámara Chilena de Construcción (CchC). Hay indicios que la CchC en la década de 1960 habría participado en el diseño del Minvu. Así como su protagonismo en la definición de las políticas subsidiarias instaladas desde 1975 hasta hoy, de las cuales las grandes empresas de la construcción organizadas en el CchC han sido unas de las más grandes beneficiarias. El poder y la influencia de la CchC ha quedado en evidencia en el proceso de reconstrucción desde 2010. Presiones políticas secretas al Minvu, para aumentar los “incentivos” a las empresas, que sólo se han llegado a conocer a través de filtraciones o investigaciones de la prensa.

LA RECONSTRUCCIÓN COMO EXCUSA

Unos de los hechos más dramáticos de la instalación de la política urbana neoliberal hace 30 años debe ser la erradicación forzada de más 150.000 pobladores en Santiago (4). Esta cifra nos parece conservadora, porque se basa en un estudio de 1984, claramente el alcance de esta política segregadora debe haber afectado a muchos más pobladores. “The state, with its monopoly of violence and definitions of legality, plays a crucial role in backing and promoting these processes”.(Harvey :35) (5)

Vemos entonces como se replica la política de vivienda subsidiaria, que expulsa a los pobres a las periferias y genera ciudades segregadas, dejando a los pobladores afectados desarraigados de sus lugares de origen, donde mantenían redes y tejidos sociales, además de poder acceder a servicios públicos e infraestructura inexistente en las periferias.

Se trató de “erradicaciones, pero con metralleta, fusiles y subiendo a los pobladores a camiones. Hasta 1973 y luego también, las comunas que más campamentos tenían o asentamientos informales, eran Las Condes, Santiago Centro y Quinta Normal. Hubo una erradicación planificada, una política de Estado de expulsión, como el “apartheid sudafricano”, de sacar a los pobres de algunos sectores de la ciudad para “limpiar” y crear las condiciones para el mercado de suelo, y que así se generaran todos los desarrollos inmobiliarios que vinieron después y eso trae como resultado la “guetización” o construcción de toda la periferia pobre del sur de Santiago: La Granja, La Pintana, Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Maipú y todo el norte y norponiente de Santiago: Quilicura, Conchalí, Renca, Cerronavia… Estos cambios legales, estructurales y políticos que empiezan desde 1979 en adelante, se ven reflejados física y socialmente en la ciudad… Es el origen de los altos niveles de segregación que tenemos hoy en Santiago”. (Pulgar, 2010) (6)

“Uno de los criterios para erradicar fue el de las potencialidades inmobiliarias de los lugares que se habían ocupado: sobre esa base se despejaron grandes zonas, sentándose las bases para un desarrollo inmobiliario que abarca desde los años noventa a la fecha. Otro de los criterios de las erradicaciones fue reordenar el espacio político urbano y dispersar a los pobladores, que habían sido un actor social y movilizador importante…Erradicar no significaba trasladar a todos los pobladores a una nueva localización, sino dispersarlos en distintos lugares de la ciudad”. (Rodríguez, 2009)

Una parte importante de los “erradicados” fue “beneficiario” de las viviendas sociales subsidiadas, “la localización de estas casas de 24m2 en comunas periféricas de bajos recursos agregan a la pobreza y hacinamiento, el desarraigo y el aislamiento”. Otro grupo ni siquiera recibió vivienda y fueron abandonados en sitios eriazos o canchas de fútbol de la periferia donde debieron reconstruir sus campamentos. En muchos casos los habitantes de un mismo campamento fueron trasladados a diferentes puntos geográficos, ubicados a grandes distancias, demostrando así el objetivo de “atomizar y desarticular a los pobladores”(Hechos Urbanos, 1984). (7) « Ce que l’accumulation par dépossession permet, c’est la libération d’un ensemble d’actifs (force de travail comprise) à  un coût très réduit (dans certains cas égal a zéro)». (Harvey, 2010:177) (8)

Hoy en pleno proceso de reconstrucción vemos como estos procesos de expulsión de los pobladores de la ciudad se están replicando. Los casos más emblemáticos en la región del Bíobío son las poblaciones Villa Futuro de Chiguayante y Aurora de Chile de Concepción. Un agravante para el caso de ambas es que no fueron directamente afectadas por el terremoto (a excepción de un edificio de la Villa Futuro), sino que se trata de “falsos” damnificados del 27F, escándalo que le costó el puesto a la ex Intendenta de la región.  Lo paradójico es que hoy estos pobladores son damnificados de la propia política habitacional y de la especulación, dado que han comenzado a demoler sus barrios.

Además de los casos de los centros históricos de Talca y Curicó, así como los bordes costeros de Constitución y Dichato, aunque en menor medida. En el caso de Talca impresiona visitar los barrios del centro y darse cuenta como a 3 años del 27F en los terrenos que habitaban pobladores empobrecidos, pero bien localizados, empiezan a emerger torres de departamentos y condominios de casas de alto valor. Desarrollándose un proceso conocido como gentrificación, es decir, cambio del nivel socioeconómico de los habitantes, pero en este caso facilitado por el terremoto y la no-reconstrucción.

Vemos entonces como se replica la política de vivienda subsidiaria, que expulsa a los pobres a las periferias y genera ciudades segregadas, dejando a los pobladores afectados desarraigados de sus lugares de origen, donde mantenían redes y tejidos sociales, además de poder acceder a servicios públicos e infraestructura inexistente en las periferias. Al parecer los “desastres socio-naturales” como maremotos, terremotos o incendios se utilizan como oportunidades para “limpiar” terrenos de sus habitantes originales y darles plusvalías para el mercado inmobiliario. Esto se ve reflejado en las mismas declaraciones del ministro de Vivienda, quién destaca como un logro de la reconstrucción “la vitalidad del sector privado”, pero a costa de los de siempre, los pobres de la ciudad.

Frente a este panorama renacen procesos de organización y resistencia desde los territorios, que demandan el derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, ambos protegidos por instrumentos del derecho humano internacional, en tratados ratificados por Chile. El desafío  ahora es como diseñamos una nueva política urbana, que sea capaz de resguardar los barrios y sus habitantes y evitar estos procesos de expulsiones, ya sean por el mercado o por las propias gestiones de los actores del Estado. El enfoque del derecho a la ciudad y desde la justicia espacial es una alternativa, ya que plantean la función social de la ciudad, y la espacialización de la justicia social, respectivamente.

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[1] Vargas, Vanessa . “Informe de Contraloría detecta sobrepagos en mediaguas”. Diario El Ciudadano. 04.01.2011. 

[2] Urquieta, Claudia. “CDE se querella en caso Cencosud por falsa ayuda humanitaria ingresada tras el terremoto”. Diario El Mostrador. Disponible en línea en:

[3] Peralta, Gustavo. ”Fuerzas Armadas señaladas por corrupción”. Diario El Ciudadano. 31.01.2011. 

[4] Hechos Urbanos, boletín de información y análisis.  Santiago de Chile : Centro de Documentación SUR, V. 35, agosto, 1984.  Obtenido desde Sitiosur.cl.

[5] Harvey, David. Neoliberalism as Creative Destruction. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. DOI: 10.1177/0002716206296780 2007; 610; 21

[6] Pulgar, Claudio. La ciudad neoliberal en Chile: entrevista de Stephan Barthel a Claudio Pulgar. En Vivienda al Día. Blog del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 2010.

[7] Hechos Urbanos, boletín de información y análisis.  Santiago de Chile : Centro de Documentación SUR, V. 35, agosto, 1984.  Obtenido desde Sitiosur.cl.

[8] Harvey, David. Le Nouvel Impérialisme. Les Prairies Ordinaires. Paris. 2010. Titre original: The New Imperialism. Oxford University Press. 2003.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/02/27/27f-la-reconstruccion-como-ejercicio-de-derechos-u-oportunidad-para-el-lucro/

Piñera: “93% de las viviendas destruidas en el terremoto ya está en manos de las familias”

26 de febrero de 2013 - 13:12 | Por: El Dínamo 

El mandatario hizo estas declaraciones en el acto de inauguración y entrega de la villa Horizonte, en Dichato, donde también aseguró que la reconstrucción ha avanzado en un 87%.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, inauguró en Dichato la Villa Horizonte, en el marco de las actividades de su “gira de la reconstrucción”, que conmemora un año más del terremoto y posterior maremoto que afectó a cinco regiones del país el 27 de febrero de 2010.

Junto con recordar la magnitud del sismo – “una de cada tres escuelas fueron destruidas, más de 100 hospitales fueron dañados,  cientos de edificios fueron afectados”  - el mandatario subrayó la importancia de sacar lecciones de lo sucedido, porque “cuando uno no lo hace está condenado a repetirlos”.

Según Piñera, ”el 93% de las viviendas destruidas ya están en manos de las familias, siendo habitadas o en pleno proceso de reconstrucción“.

El presidente destacó el avance de la reconstrucción haciendo un paralelo con Japón, país que “se demoró diez años en reconstruir después de un terremoto y pasó por tres años de recesión”, aseguró

“Dichato pudo ser la historia de un pueblo maravilloso arrasado por el  mar, que nunca se recuperó, pero gracias a ustedes, los dichatinos, este pueblo volvió a ponerse de pie, gracias a su esfuerzo” manifestó el mandatario. “Estamos viviendo un nuevo Dichato“, acotó.

“Hemos avanzado un 87% en la reconstrucción”, dijo Piñera, indicando además que “nos queda aún un 13% por avanzar, y por eso tenemos derecho a sentirnos orgullosos, pero no a bajar los brazos ni a desviar el rumbo”, añadió.

El presidente finalizó su intervención recordando al ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, “que quedan 13 mil  a 14 mil viviendas por construir, de modo que el 11 de marzo de 2014 podremos decir con orgullo a nuestro compatriotas que cumplimos“, expresó.

http://www.eldinamo.cl/2013/02/26/pinera-93-de-las-viviendas-destruidas-en-el-terremoto-ya-esta-en-manos-de-las-familias/

Sismología elimina 11 estaciones de monitoreo a tres años del 27F

Lunes 25 febrero 2013 | 7:49 · Actualizado: 7:51

Publicado por Erasmo Tauran | La Información es de Emilia Aguilar 

La red sismológica de la Universidad de Chile, una de los principales fuentes de información que recibe la Onemi, redujo en 11 sus estaciones de medición, totalizando 63 a lo largo del país.

Las razones que explican esta disminución, son el robo de sus piezas en algunos puntos de monitoreo, y por otra parte, la antigüedad de algunos de los artefactos.

Esta situación preocupa al Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, ya que según consignó su director, Mario Pardo, al diario La Tercera, esta cantidad no es suficiente para la cobertura en todo el país.

Pardo agregó que se firmó un convenio con la Onemi que contempla un traspaso de fondos de 3 mil 800 millones de pesos para mejorar y modernizar los equipos, pero que se generó un retraso en la puesta en marcha del proyecto.

Ante esto, el director de la Onemi, Ricardo Toro, aclaró que el convenio está dentro de los plazos y durante esta semana deberían terminar los trámites en la Contraloría.

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Ricardo Toro agregó que estos fondos están destinados para que el Servicio Sismológico conforme un centro con mayor personal, que funcione las 24 horas y pueda reforzar el actual sistema de monitoreo de temblores.

http://www.biobiochile.cl/2013/02/25/sismologia-elimino-11-estaciones-de-monitoreo-a-tres-anos-del-terremoto-del-27f.shtml

Vocera de damnificados por terremoto: La reconstrucción es una gran mentira

Así lo dijo en Cooperativa Lorena Arce, del Movimiento por una Reconstrucción Justa.

Dirigenta acusó "show mediático" del Ejecutivo en las cifras que entregan.

Cooperativa.cl  

Lorena Arce, coordinadora y vocera del Movimiento por una Reconstrucción Justa, acusó que la reconstrucción tras el terremoto es "una tremenda mentira", ya que la campaña del Gobierno sólo se ha enfocado en aldeas y campamentos, y no en el resto de los afectados.

"Cuando hablamos de los afectados del terremoto, estamos hablando de Dichato, de Llico, de Talca, de Constitución, estamos hablando que la reconstrucción es una tremenda mentira", recalcó Arce a El Diario de Cooperativa.

"Cuando ellos hablan de reconstrucción se enfoca en un 10 por ciento que está principalmente en campamentos, pero dejan de lado a la gente que tenía sitios residentes, a los que son arrendatarios, dejan de lado a las zonas rurales y a los que tuvieron alguna segunda residencia: esa clase media que era de Chillány son principalmente profesores y que con los años habían podido sacar una segunda casa de verano, también quedan de lado", manifestó Arce

La dirigenta señaló que el Gobierno enfoca su 100 por ciento de reconstrucción en el 10 por ciento que significan aldeas y campamentos, pero "el 90 por ciento de los afectados del terremoto" eso no está.

"El show mediático que estamos viendo en Dichato es un show que tiene como fin tapar la no reconstrucción", manifestó Arce, quien dijo que su organización planea actividades para conmemorar el segundo aniversario del terremoto que azotó el centro sur del país.

Cero entrega

La dirigenta aseguró que la entrega de viviendas en Dichato es "cero. (...) No hay ninguna vivienda construida en Dichato, entregada absolutamente a nadie" y que en el campamento El Molino se han entregado 210 subsidios pero "a ninguno le han entregado casa".

Arce indicó que las únicas dos poblaciones construidas son Miramar y El Sauce, que "tampoco han sido entregadas", pero su situación es diferente ya que son "platas con seguro" ya que "eran poblaciones nuevas, entonces ahí no es plata de la reconstrucción".

http://www.cooperativa.cl/vocera-de-damnificados-por-terremoto-la-reconstruccion-es-una-gran-mentira/prontus_nots/2012-02-14/080145.html

Revelan documentos en que Armada se acoge a ‘Código Militar’ para no entregar información sobre 27F

Viernes 14 enero 2011 | 17:37

Luego de que contáramos que la Armada se negó a entregar información relevante acerca una evacuación que realizó 4 días después del terremoto y que estaba destinada sólo a familiares del personal naval, La Radio tuvo acceso exclusivo a los documentos que emitió la institución, donde explica por qué no dio a conocer ciertos datos. También, pudimos conocer la resolución del Consejo para la Transparencia que obliga a la Marina a romper el silencio en un plazo de 15 días hábiles a contar del 30 de diciembre.

Buque Aquiles | Armada.cl

Tal como relatamos en el artículo publicado ayer, 4 días después del terremoto y posterior tsunami, se realizó una evacuación desde la Base Naval de Talcahuano hacia Valparaíso, destinada exclusivamente a familiares del personal naval, quienes abordaron el buque Aquiles de la Armada. Una vez conocido el hecho, un ciudadano -que pidió resguardar su nombre- solicitó a la institución informar los criterios en torno a la decisión, pero ésta sólo dio a conocer una parte de la información, escudándose en el “Código militar”. Esto motivó a que el Consejo para la Transparencia acogiera un recurso de amparo en contra de la Marina que podría revertir la situación.

La persona en cuestión solicitó conocer:

1. La cantidad de personas clasificadas como muertos, heridos ó desaparecidos (ya sea planta, a contrata, honorarios) al servicio de la Armada de Chile que perecieron entre el día 27 y 28 de febrero del año 2010, identificando la causa de su fallecimiento.

2. El número de personas abordo del barco Aquiles, que viajó desde Talcahuano a Valparaíso, llegando el día miércoles 03 de marzo 2010

3. La cifra de personas abordo diferenciada entre tripulantes, personal de la Armada, familiares de personal de la armada y personas no identificadas como familiares de personal naval.

4. Cuál fue el procidimiento usado por la Armada para determinar las personas que podían abordar este viaje específico.

5. Quién es el oficial que estaba a cargo de seleccionar a aquellas personas que podían abordar.

6. Quién es el oficial que entregó las instrucciones en cuanto al procedimiento de selección de pasajeros.

7. Tener copia de todo documento justificativo de este viaje.

La respuesta de la Armada al requerimiento de este ciudadano llegó el 25 de agosto de 2010, a través de una carta firmada por el Jefe de la Oficina de Transparencia de la Armada, el capitán de navío Luis Longhi. En ésta se da respuesta sólo a algunos de los requerimientos, omitiendo otros.

Esencialmente se relata que hubo 2 fallecidos, un obrero a trato que vivía fuera de la base y la cónyuge embarazada de un sargento.

Asimismo, que hubo 106 viviendas de la Base Naval de Talcahuano que quedaron totalmente destruidas, afectando a 426 personas y que “por lo anterior y con el fin de que el personal naval pudiera dedicarse de forma exclusiva a cumplir con las tareas de mantención del orden público, contención de la emergencia de la ciudad de Talcahuano y la Base Naval, se determinó que el personal afectado por la catástrofe, que tuviera familiares en la Quinta Región o algún lugar donde su grupo familiar pudiera permanecer los evacuara hacia Valparaíso, en el buque Aquiles”.

A ello, el texto añade que 260 familiares, 106 tripulantes y 15 miembros de la Armada abordaron la nave, y que no se tiene registro de personas no identificadas como familiares.

Sin embargo, en relación a quien seleccionó a las personas y quien determinó el procedimiento, sólo se limitaron a acogerse al llamado Código de Justicia Militar, es decir, el que hace referencia a documentos secretos “cuyo contenido se relaciona con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público o la seguridad de las personas”.

Extracto documento

Descarga aquí el documento de la primera respuesta de la Armada.

No conforme con la respuesta por no explicar cómo se estableció el criterio de evacuación; no revelar el nombre de las personas responsables de la medida; ni entregar el respaldo de los documentos que justificaran el viaje, el solicitante dio a conocer la situación al Consejo para la Transparencia. A raíz de esto, la Armada emite una segunda respuesta esta vez firmado por el Comandante en Jefe de la institución y dirigido al Director General del Consejo.

Al respecto del reclamo, el órgano naval informó que las instrucciones las dio el Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval en mérito de las atribuciones de su mando y que es irrelevante dar el nombre de las personas que hayan ejecutado la tarea.

Extracto Documento

Luego, en el documento, se vuelve a reiterar que se acogerán al Código de Justicia Militar, asegurando que esto concuerda con la denegación de entrega los datos solicitados.

Extracto

Descarga aquí el documento completo.

Tras esto fue que el Consejo para la Transparencia decidió acoger el recurso de amparo a favor del ciudadano que pidió esta información, en virtud a que:

La Armada ha indicado que ‘no posee registro de la información solicitada’. Sin embargo, no ha expuesto argumento alguno que justifique, la existencia de registros respecto de algunas personas embarcadas y la falta de ellos.

Asimismo, que “si bien la Armada se ha limitado a indicar que dispone de registros sobre parte de lo requerido, atendido el tenor de la respuesta del órgano es dable inferir que la ausencia del registro respecto del número de personas no relacionadas laboral o familiarmente con la Armada o su personal se funda en que, en definitiva, no se habrían embarcado éstas últimas personas, no relacionadas con personal de la Armada”.

También agrega que se infiere que el criterio utilizado por el organismo para determinar las personas que embarcarían el buque fue “priorizar la evacuación de familiares de miembros de la Armada”.

Y que a una conclusión similar puede arribarse a partir de la revisión de las características técnicas de laembarcación, toda vez que el sitio electrónico de la Armada de Chile, en su sección “unidades navales, señala que el Buque AP-41
Aquiles ‘tiene acomodaciones para 150 oficiales, 90 tripulantes y 250 pasajeros’, lo que presupone una capacidad de 355 personas, la cual se encontraría colmada con los 381 pasajeros de los cuales, dio cuenta el organismo en su respuesta.

Por ello, el Consejo resolvió requerir al Comandante en Jefe de la Armada de Chile:

a) Informar al reclamante la identidad y cargo grado del oficial de la Armada encargado de seleccionar a las personas que podrían embarcar al Buque Aquiles y de aquel que dio las instrucciones relativas al procedimiento de selección de pasajeros.

b) Hacer entrega al reclamante de los documentos:

- Aquellos en que conste el registro de las personas a bordo del Buque Aquiles durante el viaje indicado, que sirvieron de base para elaborar la respuesta del organismo, y precisar su respuesta inicial al solicitante, indicando si se embarcó o no en el Buque Aquiles personas no vinculadas a la Armada de Chile.

- Aquellos que den cuenta del procedimiento de asistencia o rescate que efectuó el Buque Aquiles y las acciones efectuadas para el embarque de las personas transportadas por dicho buque, y en caso que tales documentos no existan o no obren en su poder, lo declare expresamente, informando de ello al reclamante

- Todo otro cuyo contenido verse sobre el viaje individualizado por el reclamante y que haya sido elaborado por la Armada de Chile.

c) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Informar el cumplimiento de esta decisión al Consejo para la Transparencia.

Descargue aquí el documento del Consejo de Transparencia

Ahora, queda esperar que antes del plazo establecido -que se cumplirá dentro de poco- la Armada responda al requerimiento y entregue la información solicitada. De no ser así, el caso incluso podría llegar a la Justicia.

http://www.biobiochile.cl/2011/01/14/revelan-documentos-en-que-armada-se-acoge-a-codigo-militar-para-no-revelar-informacion-sobre-27f.shtml