Un rechazo transversal ha generado la decisión del Ministerio del Interior de aplicar la Ley Antiterrorista y sindicar a mapuches como responsables del incendio forestal que, el pasado día miércoles, cobró la vida de siete brigadistas de una empresa subcontratista.
Organizaciones y comunidades denuncian que no existen las pruebas.
POR ESTEBAN ACUÑA / AZKINTUWE - TEMUKO, WALLMAPU - 06 / 01 / 12
Tras la serie de incendios forestales que han afectado a sectores rurales del País Mapuche, el Gobierno no pareciera estar concentrado en las víctimas sino en “descubrir” a los supuestos culpables mapuches. Para el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y el Intendente Andrés Molina, estos hechos son intencionales y detrás de ellos estaría involucrada la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), entidad que no ha reivindicado su autoría en los siniestros y no registra en su accionar la quema indiscriminada de plantaciones.
Las organizaciones mapuches aseguran que la aplicación de la Ley Antiterrorista -invocada por el Presidente Sebastián Piñera- apunta directamente en contra de su pueblo, a pesar de que no existen las pruebas que demuestren que ellos están detrás del siniestro que ha arrasado con más de 3 mil hectáreas de bosques y pastizales y cobró la vida de siete brigadistas en Carahue. Esto, han señalado diversos dirigentes, además de irresponsable sería un agravio.
“El Gobierno no ha trepidado para transformarse en los mayores racistas en contra de nuestro pueblo mapuche. El señor (Sebastián) Piñera y el señor (Rodrigo) Hinzpeter se han desesperado, porque sin tener ningún antecedente fehaciente que permita visualizar responsables (del fatal incendio de Carahue), ellos ya colocaron una querella para la aplicación de la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche. Eso lo rechazo absolutamente y pienso que es una declaración de guerra para nuestro pueblo”.
Esas fueron las palabras de Santos Millao, presidente nacional de la organización mapuche Admapu, consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indigena (Conadi) y concejal de Purén, luego de que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, junto al Intendente presentaran una querella invocando a la Ley Antiterrorista por el incendio que afectó al fundo Casa de Piedra. “Son nuestros hermanos, son gente nuestra” agregó el consejero, refiriéndose a los fallecidos, mientras enviaba condolencias a sus familias.
La ex vocera de los presos políticos mapuche de la CAM, Natividad Llanquilleo, declaró por su parte en Televisión Nacional de Chile (TVN) que “esto viene a justificar lo que se pretendía justificar hace tiempo en la zona, que es la aplicación de la Ley Antiterrorista y la militarización de varias comunidades”, y agregó que “este gobierno está encontrando el argumento, tal como lo hicieron los anteriores gobiernos de forma brutal, para aplicar la Ley de Seguridad del Estado”, concluyó.
Por su parte, la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae) rechazó las imputaciones del gobierno, señalando directamente una actitud racista de las autoridades del gobierno central. La entidad, que se constituyó en el marco del conflicto educacional en Chile y agrupa a estudiantes de ese pueblo originario, afirmó en una declaración que dichas denuncias se relacionan con un "aprovechamiento político" efectuado por "sectores ligados a la empresa forestal Mininco".
"Pretender atribuir gratuitamente y sin ningún medio de prueba que los incendios forestales que afectan a las regiones de la Araucanía y del Biobío fueron efectivamente causados por mapuche nos parece una de las formas más bajas para deslegitimar las justas demandas de nuestra nación (mapuche) y una actitud de racismo en su conjunto", señala la organización.
"El manejo mediático de la situación se enmarca en un proceso de criminalización de la protesta social mapuche, por lo que se visualiza una eventual ola de represión tal como la que se encuentra instalada actualmente en los territorios de Quepe y Ercilla", añade la nota. Según la principal organización mapuche estudiantil, la búsqueda de culpables de los siniestros pasa por alto "la excesiva plantación de árboles exóticos como el pino y el eucaliptus, así como también las precarias condiciones de trabajo de los brigadistas, todo esto de responsabilidad de las empresas".
En tanto, el Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, calificó como "irrespetuosas" para las organizaciones y comunidades del Pueblo Mapuche las acusaciones del Ejecutivo, toda vez que "generan una innecesaria alerta en la sociedad chilena y perturban la atención acerca de las verdaderas causas de estos siniestros en lugares que se han plagado de plantaciones forestales exóticas y que buscan encubrir verdaderas responsabilidades".
La organización lamentó la muerte de los brigadistas, "enviamos nuestro Newen de fortaleza a las familias de estas personas", alertando sobre las precarias condiciones laborales en que realizan su labor. "Apoyamos a las organizaciones sindicales de trabajadores forestales y de funcionarios públicos chilenos del área forestal y de bomberos, que han denunciado las precarias condiciones de trabajo en que laboran, la disminución de los presupuestos para estas oficinas públicas y la eliminación constante de trabajadores estatales en estos rubros", indicó.
Hinzpeter desmentido
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, no dudó en vincular directamente a la organización Coordinadora Arauco Malleco (CAM) con los incendios en Carahue. “Hace pocos días se incendió un helicóptero destinado a apagar el fuego. Y ese atentado terrorista fue reivindicado por la CAM. A partir de eso uno puede conjeturar y decir quién está detrás de otros incendios que pueden ser intencionales (…) estos tipos de atentados definitivamente ameritan el carácter de acto terrorista”, manifestó Hinzpeter en declaraciones a la prensa, refiriéndose al hecho ocurrido en la madrugada del 30 de diciembre.
Las palabras del ministro del Interior desataron reacciones inmediatas en la propia Moneda; de hecho, hoy el ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, tuvo que desmentir las declaraciones de su homólogo, diciendo que “no hay que vincular a los mapuches con los incendios” porque eso “lo tiene que determinar la justicia”. Al respecto, el diputado por Temuco, René Saffirio (DC), manifestó su malestar frente al hecho de que Hinzpeter haya invocado la Ley Antiterrorista.
“Es realmente sorprendente que a menos de 24 horas de la muerte de los siete brigadistas el Gobierno ya esté atribuyendo responsabilidades sin que se haya realizado la investigación de rigor, desconociendo, además, los informes que han entregado Bomberos y que señalan, como posible causa del incendio, actividades relativas a la producción de carbón”, aseguró el parlamentario y ex alcalde de Temuco.
Versión de bomberos
El comandante de Bomberos de Carahue, Héctor Rebolledo, descarta que esto se trate de un “ataque terrorista” como causa del incendio forestal. Para él -que hace 6 años vivió un incendio con características similares en el sector- los siniestros se originaron por la quema que hacen particulares para obtener carbón. A partir del lunes -agregó- su institución está combatiendo incendios en la zona. “Desde el día que se informó del incendio permanece el antecedente de que el foco se produjo debido a que un grupo de personas estaría haciendo carbón en el sector”, aseguró Rebolledo.
Tanto Rodrigo Hinzpeter como Andrés Chadwick se han encargado de desmentir la versión de bomberos. “Esa fue la impresión de un comandante de bomberos de Carahue, que se refería a incendios de Los Laureles y no a la zona de la tragedia en la que murieron siete brigadistas, en Casa Piedra”, aseguró el vocero, quien agregó que “los focos de los incendios, fueron focos que no surgieron de la naturaleza, sino que de forma intencional”, insistió.
El diputado de Temuco, René Saffirio, dijo que “Hinzpeter ha rociado bencina en una región donde aún ignoramos la causa real del incendio, auto atribuyéndose facultades jurisdiccionales exclusivas y excluyentes del poder judicial. No cabe duda que se trata de una estrategia comunicacional, donde la línea argumental del Gobierno es hablar de terrorismo”.
Para el senador Alejandro Navarro del Movimiento Amplio Social (MAS), “es impropio acusar a las comunidades mapuches sin haber investigado (…) Hinzpeter comete los mismos errores que en el Caso Bombas; un gobierno serio espera que el Ministerio Público investigue”, aseguró.
El senador Jaime Quintana (PPD), advirtió que “la presunción de los delitos terroristas requiere de una investigación con todas las garantías necesarias (…) no tengo ninguna duda que hubo apresuramiento (en la decisión que tomó el titular del Interior)”, y agregó que él estuvo ayer en la zona de la catástrofe y que no se trata de zonas de reivindicación mapuche, sino de campesinos pobres.
Por otro lado, el senador Alberto Espina (RN) respaldó la tesis del Gobierno de que el incidente fue intencional. “Es lógico y razonable que el Gobierno interponga una querella criminal… hoy nadie pondría en duda que es un acto terrorista”, sostuvo. En ese sentido, el diputado del mismo partido, José Manuel Edwards, aseguró que el incendio es “evidentemente intencional. Los últimos actos de la Coordinadora Arauco Malleco nos hacen pensar que son potenciales sospechosos”, declaró.
Pero frente a las críticas, Hizpeter inisiste. “El Gobierno no tiene más deber que poner estos antecedentes -que según ellos permitirían confirmar que detrás de los incendios existen organizaciones mapuche- en manos de quien corresponde, en este caso la justicia, para que a través de un fiscal y un juicio justo se establezcan las responsabilidades que correspondan”, sentenció.
Para el alcalde de la comuna de Carahue, Pedro Vera, el accionar del Ministro del Interior fue “irresponsable”, ya que -aseguró- el municipio cuenta con más antecedentes que el Gobierno y Hinzpeter no se acercó a hablar directamente con él, sino que solo llegó a la ciudad para interponer la querella invocando la Ley Antiterrorista, retirándose minutos despúes en helicóptero.
“Dudo que organizaciones mapuches estuvieran detrás del incendio, dado que nunca han tenido problemas con las comunidades y cada vez que ha surgido un conflicto lo han arreglado conversando”, aseguró. Palabras a las que se sumó el dirigente de la Asociación Newen Pu Lafkenche -que agrupa a ocho comunidades del sector-, Moisés Vilchez, ya que, según él, nunca han existido acciones parecidas en la comuna. Lo que quiere el Gobierno -indicó- es desvirtuar sus demandas.
Natividad Llanquilleo, expuso que una de las razones que pudo influir en los incendios forestales es la falta de agua en la región, ya que “la seguía que está viviendo esta zona, especialmente por la invasión que han protagonizado las forestales con plantaciones de pino y eucaliptus, ha producido que muchas comunidades estén o van a estar sin agua durante esta temporada”.
http://www.azkintuwe.org/20120106_001.htm
