Las privatizaciones de la dictadura

La privatización de empresas durante la dictadura de Augusto Pinochet provocó al Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares según el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, a partir de datos aportados por la Contraloría General de la República

La comisión no investigó las privatizaciones realizadas por los gobiernos de la Concertación que incluyen las empresas de agua potable y un sinnúmero de otras actividades económicas y sobre todo la privatización o extranjerización de la empresa estatal ENDESA por la que el grupo estatal ENDESA español pagó 500 millones de dólares por el control de un patrimonio equivalente a unos 10 mil millones durante el gobierno de Ricardo Lagos. Ni la entrega del control y propiedad con contratos leoninos de Emos; ESSBIO y otras empresas de suministro de agua potable; ni la semi privatización de los ferrocarriles; las carreteras; las cárceles y otras realizadas en los distintos gobiernos de la Concertación.

También el informe no señala que dichas „privatizaciones“ son simples órdenes del FMI que en Chile ha podido actuar con amplia libertad, mientras sus políticas „privatizadoras“ fracasaban escandalosamente en Argentina y en Europa.

Es decir, el informe no pone en duda la eficacia y el valor económico social de dichas „privatizaciones“ sino que acentúa el „robo“ realizado por la dictadura al dañar el patrimonio estatal directo en 6.000 millones de dólares.

El daño causado por las „privatizaciones“ concertacionistas en costo social, en traslado de los costos a la población por las „privatizaciones“ de las comunicaciones, el agua; y la electricidad no es mencionado por la Comisión ad hoc del parlamento chileno.

Tampoco se habla del daño que alcanza a unos 20 mil millones de dólares anuales causado por la “privatización” de la gran y la mediana minería nacional.

La Comisión tiene por objeto evidente „posicionar a la Concertación como un referente aceptable para la izquierda“, como señaló un diputado en Valparaíso.
El documento concluyó que el fisco entregó 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar.
Apenas el 20 por ciento de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en poder de campesinos. La superficie perdida por el Estado a manos de funcionarios y terratenientes pinochetistas equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana.
La investigación parlamentaria estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado en septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. El informe determinó que por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares.
La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a 261,9 millones de dólares.
Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con la misión de sanearla. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El negocio ha sido muy ’sano’ para él.
El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa, a la que está vinculado el senador independiente relacionado al partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Cariola. La UDI, el partido del candidato presidencial Joaquín Lavín, está conformado por cuadros civiles del régimen militar, que hoy pretenden distanciarse del anciano dictador.
En octubre de 1982, José Yuraszeck, hoy connotado dirigente de la UDI, ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa que el dirigía en nombre de todos los chilenos. El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones. Negocio redondo.
La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares.
En los años 80, la propiedad del diario ‘La Tercera’ era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del Banco Osorno. El grupo Copesa hoy controla los diarios ‘La Tercera’, ‘La Cuarta’ y ‘Diario Siete’, la revista ‘Qué Pasa’ y las radios ‘Duna’ y Zero. El actual presidente del Banco del Estado, Javier Etcheverry afirma que la operación significó un perjuicio de 273 mil UF para el patrimonio del Banco.
El informe de los diputados dice que: ‘Fue legal vender sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociarán cuando se necesitaba. Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura’.

Lo que no dicen los diputados en su informe es que si bien esos manejos fueron „legales“, no fueron legítimos y por lo tanto carecen de validez realmente legal.

¿Cómo p8ede ser „legal“ un traspaso de propiedad sancionado por un gobierno que en si es ilegítimo e ilegal?.
La Comisión concluyó que: los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los tecnócratas que las planearon desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) o fueron interventores de empresas estatales; como Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna luego que se crearan las AFP.
Las conclusiones de la Comisión se enviaron al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales y se oficie a Corfo para que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un ministro en visita. La Comisión sugiere al Contralor de la República el inicio de sumarios y pedir al ministro Vicepresidente de la Corfo que exija indemnizaciones.
Este proceso privatizador fue posible sólo por la existencia de una dictadura que tuvo su propia legalidad y que ‘no consideró éticamente reprochable que funcionarios de Corfo, pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas’. Las consecuencias de este saqueo de la propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias para todos los chilenos. La aparición de ciertos grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en factor principal de la actual concentración del poder económico y político y de la mala distribución de ingresos existente en el país, que tiene a millones en trabajadores percibiendo salarios miserables, jubilaciones indignas o simplemente sufriendo una humillante cesantía.
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, resumió muy acertadamente el carácter de estos cambios de propiedad.
“La privatización -escribió- es una realidad sencilla: todo lo que hay que hacer es regalar los activos a los amigos, y esperar favores a cambio"

http://elchileno.cl/world/nacional/841-las-privatizaciones-de-la-dictadura.html

Los Matte se ahorraron $7.080 millones en contribuciones por terreno en La Dehesa

SII LES PERMITIÓ PAGAR CONTRIBUCIONES COMO TERRENO AGRÍCOLA DURANTE 10 AÑOS

Por : CIPER en Reportajes de investigaciónPublicado: 14.01.2013

Hace un año, los hermanos Matte Capdevila vendieron el terreno llano más grande del sector oriente de Santiago. Esas 42 hectáreas del exclusivo barrio de La Dehesa fueron incluidas en 2002 en el Plan Regulador de Lo Barnechea dentro de la zona urbana, pero sus dueños lograron que el SII las siguiera catalogando como agrícolas durante 10 años más, lo que les permitió pagar sólo $2,3 millones anuales por impuestos territoriales. Tras la venta del predio se sinceró su valor: US$ 96 millones. Ahora se sabe que, bajo su verdadera tasación, las contribuciones anuales que debe pagar son de $885 millones.

Vea además:

“La historia tributaria del terreno que vendieron los Matte en La Dehesa”

“El sistema tributario chileno está diseñado para favorecer a unos pocos” (Columna del experto tributario Francisco Saffie)

Hace exactamente un año, los hermanos Eliodoro, Jorge y María del Pilar Matte Capdevila cerraron un negocio redondo. Luego de que su padre Eliodoro Matte Larraín se los donara en julio de 2010, los tres hermanos vendieron el mayor terreno sin construir en el sector oriente de Santiago: 42 hectáreas planas en el corazón del exclusivo barrio La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea. A pesar de que en su entorno las transacciones inmobiliarias bullían y las construcciones surgían a borbotones, el predio de los Matte se mantenía como una suerte de islote bucólico donde pastaban libremente un par de vacas y tres caballos. La presencia de los animales justificaba que el terreno fuese considerado como “agrícola” para efectos tributarios, con una tasación de apenas $237 millones. Amparados en esa condición, los Matte pagaban sólo 2,3 millones en contribuciones. Pero cuando lo vendieron, el precio fue bastante superior: US$ 96 millones.

A pesar de que desde 1994, de acuerdo con las normas del Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), el terreno ya tenía aptitud habitacional y que desde 2002 formó parte de la zona urbana en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Lo Barnechea, el Servicio de Impuestos Internos (SII) aceptó una solicitud de los Matte para que se le siguiera considerando “agrícola”. Por esa razón, y aunque para comienzos de 2012 ya tenía todas las redes viales, eléctricas y sanitarias operativas, costeadas con fondos públicos de la Municipalidad de Lo Barnechea (vea el artículo publicado por CIPER el 20 de enero de 2012), los Matte pagaron un impuesto territorial irrisorio, como si ese enorme terreno fuera equivalente a una pequeña vivienda DFL2 de 50 metros cuadrados.

Gracias a la excepción con que fue favorecido por el SII, el predio estuvo en “engorda” hasta el 4 de enero de 2012, cuando fue vendido en los US$96 millones –muy por encima del valor de un predio agrícola– al consorcio inmobiliario conformado por Enaco y Moller-Pérez-Cotapos. Con esa transacción, por la cual los hermanos Matte no pagaron ningún tipo de impuesto (vea reportaje publicado en El Mostrador), se sinceró el uso urbano del paño de 42 hectáreas. De acuerdo a las normas de edificación que afectan al predio, ahí podrán construirse unas 390 viviendas unifamiliares, además de 88 edificios de hasta cuatro pisos de altura. Lo que no se sabía entonces era cuánto pagaban los antiguos dueños en contribuciones ni la inmensa diferencia con lo que pagan los actuales propietarios, ahora que el terreno es considerado urbano.

CIPER revisó documentos públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) que dan cuenta no sólo de la abismal diferencia entre las contribuciones que los antiguos y actuales dueños han pagado por el predio, sino que también permiten dimensionar lo que el Fisco dejó de ganar entre 2002 y 2012 debido a la decisión del SII de acoger la solicitud de los Matte para mantener el destino “agrícola” de su terreno.

MILLONARIA PÉRDIDA FISCAL

Aunque el PRC de Lo Barnechea declaró en 2002 que las 42 hectáreas de los Matte en La Dehesa tenían aptitud urbana plena, el entonces dueño del predio, Eliodoro Matte Larraín, logró a través de sus abogados que el SII lo mantuviera catalogado como terreno de uso agrícola. Así lo resolvió el juez del tribunal tributario de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente el 25 de febrero de ese mismo año.

Aunque en rigor era un sitio eriazo por estar en medio de una zona urbana, las pocas cabezas de ganado que los Matte Capdevila mantenían allí hicieron la diferencia. Según la ley vigente, los sitios eriazos pagan dos veces más contribuciones que los terrenos construidos. Una medida que las autoridades aplicaron a contar desde 2006 para desincentivar su abandono. Aún así, al de los Matte nunca se le aplicó el alza, porque las vacas y los caballos sirvieron para justificar su uso agrícola ante el SII y así obtener los beneficios tributarios correspondientes.

A diferencia de un terreno urbano, uno de uso agrícola resulta mucho más barato en términos de impuestos. No tanto por cómo se calculan las contribuciones a pagar, sino por la gran diferencia entre el valor de la tasación fiscal entre cada tipo de predio. Por ejemplo, de acuerdo a la información disponible en el SII, para el segundo semestre de 2011, el avalúo fiscal vigente para las 42 hectáreas agrícolas de los hermanos Matte era de casi $237,5 millones. Si se considera que las contribuciones de los bienes raíces agrícolas se calculan aplicando la tasa del 1% anual sobre el avalúo fiscal afecto, el impuesto anual que debían pagar los entonces dueños hasta el momento de la venta bordeaba los $2,375 millones. En cuatro cuotas, alrededor de $600 mil cada una. Uno de los documentos que revisó CIPER da cuenta de ello. Hasta el momento de la venta, a comienzos de 2012, los Matte Capdevila cancelaron por concepto de impuesto territorial un monto de $603.536. Pero con la venta en US$ 96 millones, se transparentó la verdadera naturaleza del uso de ese suelo.

Actualmente, ese mismo terreno está tasado por el SII en $33.198.152.234. Eso significa que sólo por pasar a considerarse como un paño urbano –como debería sido desde 2002–, aumentó casi 140 veces el valor de su avalúo fiscal. Con ese dato, resulta evidente la abismal diferencia entre lo que los hermanos Matte Capdevila imponían y lo que los nuevos dueños pagan por el mismo terreno.

A fines del año pasado, el SII le aplicó al predio dos cuotas suplementarias que superan los $440 millones de pesos semestrales. Ese cobro extra se le hizo a los nuevos dueños para regularizar las contribuciones no cobradas durante 2012 por el reavalúo fiscal del terreno. Ese cambio implica que desde 2013, cada una de las cuotas trimestrales que los nuevos dueños deberán cancelar al Fisco será de aproximadamente unos $221 millones. Lo anterior se traduce en un impuesto anual total de poco más de $885 millones, casi 370 veces más que lo que cancelaban los antiguos propietarios. Bajo esas cuentas, y considerando que la sobretasa del 100% en las contribuciones comenzó a aplicarse desde 2006, lo que los Matte Capdevila dejaron de pagar al Estado entre 2002 y 2012, alcanzaría al menos unos $7.080 millones.

Este artículo fue publicado inicialmente con un error en el cálculo de las contribuciones. La versión corregida se publicó a las 15:20 del lunes 14 de enero. Pedimos disculpas por el error.

http://ciperchile.cl/2013/01/14/los-matte-se-ahorraron-7080-millones-en-contribuciones-por-terreno-en-la-dehesa/

DELINCUENTES: Familia Matte evadió más de 7 mil millones de pesos en contribuciones

Un nueva investigación de Ciper Chile reveló que la multimillonaria familia Matte, dejó de pagar más de siete mil millones de pesos en contribuciones de un extenso terreno en La Dehesa, gracias a que consiguió que el Servicio de Impuestos Internos lo mantuviera como agrícola, pese a que estaba en el Plan Regulador de Lo Barnechea como urbano.

El terreno de 42 hectáreas, fue vendido hace un año en 45.283 millones de pesos (96 millones de dólares) pese a que gracias a la calificación de espacio agrícola por parte del SII estaba tasado solo en 237 millones de pesos. Parte del artículo señala:

“Esas 42 hectáreas del exclusivo barrio de La Dehesa fueron incluidas en 2002 en el Plan Regulador de Lo Barnechea dentro de la zona urbana, pero sus dueños lograron que el SII las siguiera catalogando como agrícolas durante 10 años más, lo que les permitió pagar sólo 2,3 millones de pesos anuales por impuestos territoriales. Ahora se sabe que, bajo su verdadera tasación, las contribuciones anuales que debe pagar son de 885 millones de pesos”.

“Aunque para comienzos de 2012 ya tenía todas las redes viales, eléctricas y sanitarias operativas, costeadas con fondos públicos de la Municipalidad de Lo Barnechea, los Matte pagaron un impuesto territorial irrisorio, como si ese enorme terreno fuera equivalente a una pequeña vivienda DFL2 de 50 metros cuadrados”.

HORST PAULMANN PAGANDO EN PATENTES LO MISMO QUE UN CARRO DE SOPAIPILLAS

LOS LUKSIC EVADIENDO IMPUESTOS

EDMUNDO PEREZ YOMA ROBANDO AGUA

LOS CHADWICK EVADIENDO CONTRIBUCIONES

ANGELINI ADUEÑÁNDOSE DEL MAR CHILENO

PIÑERA ESTAFANDO UN BANCO

Y TODA LA DERECHA ENRIQUECIÉNDOSE CON LAS PRIVATIZACIONES DE PINOCHET

¿Siguen creyendo el cuento de “Los millonarios tienen dinero porque trabajaron”? Para que existan millonarios, tiene que existir pobres a quienes explotar. Esta es la desigualdad que genera el Capitalismo. Este esta es la desigualdad que increíblemente, defiende la UDI.

ACÁ PARA LEER EL ARTÍCULO COMPLETO

http://www.gamba.cl/delincuentes-familia-matte-evadio-mas-de-7-mil-millones-de-pesos-en-contribuciones/

Matías Asun, Director de Greenpeace: 'Chile Tiene las Ciudades más Contaminadas del Planeta'

Escrito por Leonardo Garetto

Martes, 13 de Agosto de 2013 20:42

La cabeza chilena de la organización ambiental más importante del mundo es optimista, pero muy crítico al hablar del panorama medioambiental del país. Le pide a los políticos actuar en los temas de sustentabilidad; critica a los grandes grupos económicos que monopolizan los recursos naturales, y dice que los santiaguinos se acostumbraron a la contaminación y que por eso ya no se discute el tema.

¿Cuál ha sido la evolución de los movimientos sociales con respecto a los temas medioambientales?

Ha evolucionado para bien. De la movilización y la furia, hemos pasado a propuestas más concretas y alegres, respecto de qué cosas estamos demandando. Los movimientos sociales por definición, no hacen los cambios, los exigen y en un sistema democrático, las elecciones son las que colocan a las autoridades en posiciones de poder. Lo que estamos buscando es que esas personas que están en esas posiciones , que participan o no  de partidos políticos, tomen las decisiones que hace rato estamos esperando. Particularmente en temas de sustentabilidad, energía y desarrollo limpio. Todo el mundo ya sabe que las opciones de energía renovable no convencional en este país, las opciones geotérmicas, solares, etc., incluso eólicas, son opciones viables para Chile. Somos un país muy rico en opciones renovables y en desarrollo limpio. Sin embargo, hay dos problemas, primero, no vemos la voluntad de parte del poder político en cambiar las reglas del juego para tener  un mercado eléctrico más equitativo, justo y limpio. Y en segundo lugar, vemos que la legislación para la conectividad eléctrica, pasa muchas veces por encima de los derechos de las personas que han vivido por siglos en esos lugares.

¿En qué situación está hoy día Hidroaysén? ¿Qué creen que va a pasar?

Hidroaysen está muerto, pero es un zombie. Mientras empresas multimillonarias como Colbún, que depende del grupo Matte; y  como ENDESA, que tiene capturado a costo cero los derechos de agua de todo el país, sigan manejando monopolios junto con todo el mercado eléctrico del país, vamos a seguir enfrentando la situación que hoy en día tenemos. Más del 20% del presupuesto de las familias más pobres del país, se va destinado a pagar la cuenta de la luz, lo que significa que el mercado eléctrico hoy en día empobrece a la gente. Más aún, subsidia el desarrollo de las inversiones más potentes del país. Cuando las mineras quieren consumir más energías, sube el costo de la luz de todos nosotros.

¿Y es ahí donde entra el tema de la matriz energética?

Sin lugar a dudas. Las temáticas de matriz energética, son importantes. La gente ya entendió que un cambio de un día para otro, no es posible. No se pueden apagar las termoeléctricas de un día para otro. Lo que estamos buscando son decisiones de largo plazo, con voluntad. La matriz energética significa mucho más que la discusión habitual sobre la electricidad:  significa discutir seriamente, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la energía para el transporte, dependemos fundamentalmente de combustibles fósiles. Y sin lugar a dudas, necesitamos también  inversiones en infraestructura, para sostener una energía diversa. Y en particular, una energía que se usa todos los días. Energía metabólica humana, mover las patitas para andar en bicicleta, andar en triciclo, etc.  Eso es una energía no convencional, que no se conoce y que es fundamental, y que hoy día le permite, tanto en el campo como en la ciudad, a miles de personas a llegar a sus trabajos.

¿Qué opinas  de que en Santiago la contaminación no sea una discusión política de primer nivel?

Yo creo que nos hemos acostumbrado. Chile es un país incompleto en muchos sentidos, y actividades como la que presenciamos en Populusaurio hace algunos días, tienen que ver con exigir terminación fina en los detalles. Está bien que hayamos reducido brechas de equidad, no puede ser que la salud pueda ser solo para quienes puedan pagarla. No me refiero solo al sistema de salud, me refiero de qué efectivamente, los pobres hoy en día, están enfrentados con mucha mayor probabilidad, a ser más pobres porque les van a hacer una termoeléctrica al lado. Y la chimenea los contamina. Las comunidades de Puchuncaví, Coronel, Lota, Tocopilla, son casos muy claros de contaminación en donde nos hemos ido acostumbrando, durmiendo. Eso no puede seguir pasando. Lo que tenemos que hacer es recuperar la confianza en el otro, la posibilidad de coordinarnos y trabajar en conjunto, y exigir lo que parece ser justo. El derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente limpio, el derecho de una vida justa, el derecho de ser feliz.

Particularmente sobre el tema de la contaminación de Santiago. ¿Qué pasa que la gente ni los políticos ni el gobierno lo discute? Se puede firmar por una ballena pero no se firma por mejorar el aire de la capital.

Yo tengo la impresión que se hace muy difícil por la multiplicidad de factores que hoy día están incidiendo en la contaminación a la calidad del aire. Hay un montón de contaminaciones que no conocemos. Miles de formas de hacer desagradable el medio ambiente. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la multiplicidad de factores, y la incapacidad de tener una mesa de trabajo coordinada entre las múltiples instituciones que tendrían que ver esto. Hoy día Chile no cuenta con sistemas de planificación urbana y eso hace muy difícil establecer mecanismos de mecanización, por ejemplo, los efectos que tienen las grandes industrias. Se han hecho avances, por cierto, pero esos avances son parciales y requieren estar constantemente corrigiéndolos. El Transantiago fue un avance, pero vemos que los buses en realidad son camiones, y que las emisiones son muy altas. Chile tiene de las ciudades más contaminadas del planeta y tiene que ver con que no hay una legislación, no hay una entidad de control que permita que se venda leyes certificadas. Y esa sería una medida de mitigación parcial, lo que necesitamos es que se modifique la estructura de calefacción de esa ciudad, y eso supone transferencia de fondos, subsidios, fomento de la industria, información.

Greenpeace versus el mundo

¿Cuales son las peleas que está dando Greenpeace en este momento?

A escala global, estamos trabajando en la protección del Ártico. Es una zona particularmente delicada y relevante para el equilibrio de los sistemas globales. Lo que queremos hacer es echar a las petroleras del Ártico, y declararlo un territorio libre: no queremos que ese sitio sea para la proliferación de armamento nuclear, no queremos que sea una zona de guerra, no queremos que sea una zona de exploración petrolera, no queremos que sea una zona sobre pesca. Necesitamos protegerlo, y eso supone convencer a múltiples naciones, para que lleven la demanda a Naciones Unidas. Es una campaña a largo plazo y estamos juntando firmas en salvaelartico.org. Más de 3 millones y medio de personas ya nos están apoyando y vamos a empezar con las actividades ahora. En el caso chileno, estamos trabajando en una ley de glaciares. Chile tiene un 87% de las reservas de agua de América Latina. El agua de los glaciares sirve para mantener vivos los valles sobre todo en zonas de sequía. Es cierto que los glaciares no siempre aportan toda el agua de los ríos, mucha viene de la nieve, que se conserva por lo glaciares. Por lo tanto Chile necesita una reforma a la Constitución, para declararlos bienes públicos primero, y en segundo lugar, una revisión profunda del código de aguas y la estructura por la cual hemos distribuido los derechos de agua del país, para garantizar que todos tengamos acceso al agua en el futuro cercano.
“Lo peces no conocen fronteras, el medio ambiente no tiene fronteras. Lo sabe cualquier persona con sentido común, menos las que gobiernan a veces”.

Y en ese mismo sentido, ¿en qué está la defensa de los océanos?

La campaña por la defensa de los océanos de Greenpeace lleva muchísimo tiempo, más de 20 años. Nuestra propuesta tiene que ver fundamentalmente, en declarar santuario parte de las aguas marinas internacionales. Esta cuestión es fundamental, porque lo peces no conocen fronteras, el medio ambiente no tiene fronteras. Lo sabe cualquier persona con sentido común, menos los que gobiernan a veces. Es muy preocupante, porque efectivamente,  existen barcos gigantes que están pasando por las costas del país que vienen de otras latitudes. Esto mismo pasa en Africa, pasa en todo el mundo. Y esos barcos están explotando a niveles industriales, y que no puede llamarse pesca. Eso es un delito. Estamos trabajando para que esas áreas sean declaradas patrimonio de la humanidad también, y sean santuarios marinos consagrados por todas las naciones del mundo.

Y englobando todo lo anterior, ¿que crees tú que le falta a Chile para ser un país sustentable?

Escuchar a la sociedad civil. Hoy vemos muchos cambios, vemos un espíritu de renovación mucho más claro desde las propias personas, que de las autoridades políticas. Efectivamente, cuando uno revisa ferias como Populusaurio, los movimientos medio ambientales, están  a la par de aquellos que exigen equidad de género, superación de la pobreza, igualdad en el trato entro hombres y mujeres. Hoy día el tema medio ambiente, esta efectivamente instalado. Pero a la hora de los que hubo, en el discurso político, yo veo con mucha preocupación, este discurso que dice que hay que conciliar desarrollo con crecimiento económico. Sustentabilidad con crecimiento económico no se pueden conciliar, no hay desarrollo sin sustentabilidad. Es una condición básica del desarrollo. Sacrificar nuestro hábitat, para poder tener mejor hábitat, es un sin sentido. No tiene sentido ser rico, el dinero no se come. Y el caso más claro es Barrick. Las comunidades se vienen quejando hace años por la sequía y ahora Barrick usa un montón de agua. La situación es inaceptable.

¿Y en qué situación se encuentra Pascua Lama?

Pascua Lama está absolutamente detenido. Es muy interesante lo que está pasando con los sindicatos de Pascua Lama: le están reclamando a la gerencia que por irresponsables y mediocres en su trato medioambiental, están a punto de perder sus trabajos. La realidad es esa. Pascua Lama es una empresa, un emprendimiento de Barrick Gold, es una empresa que ha sido sancionada en todo el planeta por violación a los derechos humanos, por contaminación, por tráfico, por contratar mercenarios, etc. Es terrible. Está dentro del ranking de las peores empresas del planeta. Las personas interesadas pueden ingresar al sitio, que está en inglés, que se llama The Banking Barrick, o a la página web www.Greenpeace.cl donde acabamos de lanzar un informe denunciando todas las asquerosidades que Barrick ha hecho contra sus mismos socios, ocultándoles información, respecto de las fallas gravísimas medioambientales que han cometido en el proyecto. La verdad es que Barrick está detenida, pero hay una solución paradójica. Porque está detenido, pero la orden es construir todas las obras de mitigación que estaban comprometidos en la resolución de calificación ambiental. Entonces, está detenido para construir las obras que faltan. Vamos a estar ahí, vamos a estar enfrentándolos una vez más, y cada vez que sea necesario, hasta que empresas como Barrick sean sancionadas y expulsadas del país.

¿Qué esperas tú de los programas de gobiernos presidenciales sobre el tema ambiental?

Varias cosas. La primera es que se tomen en serio este asunto que hemos venido señalando, que es muy poco conocido, y que a la gente podrá parecerle todavía novedosos, pero sobre todo el tema de protección de glaciares. Este asunto, la verdad, requiere con urgencia que nos pongamos las pilas. Un segundo tema tiene que ver con aprovechar los potenciales de energía renovable no convencional que tiene Chile. Un tercer tema tiene que ver, sin lugar a dudas, con la distribución de los recursos y con la posibilidad de que esos recursos generen riquezas, y no aumente la dificultad. Estoy hablando fundamentalmente de cuestiones como la pesca, como la agricultura, en donde las grandes empresas están generando tremendas ganancias a costa de las comunidades. Y en tercer lugar, algo que parece muy relevante, pero sobre todo, políticas de fomento de la sustentabilidad a nivel de consumo. Si somos consumidores, a veces, más que ciudadanos, entonces consumamos responsablemente. Necesitamos más información y sobre todo, fomento decidido, no sólo informativo. Queremos cuestiones en serio, en ese sentido. Y quizá lo último, estandarización macro de aquellos indicadores que nos sirven para defender la calidad del medio ambiente, porque eso es lo que está en la Constitución. Es de las pocas cosas que esta Constitución consagra, el derecho a un medio ambiente limpio.

¿Eres optimista frente a esto?

Siempre.

Fuente: Sentidos Comunes

http://www.diarioreddigital.cl/index.php/entrevista/51-entrevista/587-matias-asun-director-de-greenpeace-chile-tiene-las-ciudades-mas-contaminadas-del-planeta

La Moneda bajo la lupa internacional por aplicación de la Ley Antiterrorista en el conflicto mapuche

14 DE AGOSTO DE 2013

Ante organismos internacionales gobierno apuesta por refutar duras críticas de relator ONU

El sábado partió rumbo a Ginebra el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda con una tarea nada fácil: defender lo hecho por el gobierno de Piñera en materia indígena y refutar las acusaciones del relator. Participará en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y fue acompañado por el director de la Conadi, Jorge Retamal, el jefe de Asuntos Indígenas, Matías Abogabir, y el delegado presidencial en Isla de Pascua, Carlos Yancaqueo. Todos pondrán el acento en el avance que —asegura el gobierno— se ha registrado en el respeto y conservación de la cultura indígena.

Las definiciones presidenciales en la derecha, el escándalo del fracaso del mejor censo de la historia y otros temas que se tomaron la agenda estos días ayudaron a eclipsar uno de los principales talones de Aquiles del gobierno: la forma en que enfrenta el conflicto mapuche. La muerte de Rodrigo Melinao la semana pasada —donde aún no se descarta que Carabineros esté libre de responsabilidades— tensionó una vez más el clima, todo en medio de cuestionamientos internacionales a la aplicación de la Ley Antiterrorista como herramienta para erradicar la violencia en la zona.

La visita e informe del relator de Naciones Unidas, Ben Emmerson, quien estuvo durante quince días en Chile, fue un verdadero traspié para La Moneda, ya que estaba invitado precisamente por el gobierno. Nunca se reunió —aunque cuando llegó en julio se anunció— ni con el ministro el Interior, Andrés Chadwick, ni con el canciller, Alfredo Moreno. Lo recibió el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries.

Antes de partir, Emmerson dio a conocer un duro informe sobre la normativa vigente para aplacar el conflicto mapuche, en el que conminó al Ejecutivo a suspender la aplicación de la Ley Antiterrorista, ya que con ella el Estado de Chile —precisó— discrimina repetidamente a los mapuches al aplicarles una legislación “de una manera confusa y arbitraria que termina generando una verdadera injusticia”. Agregó que La Araucanía y Bío Bío tienen una situación “extremadamente volátil”, que puede “escalar aceleradamente a un estado de desorden y violencia”, porque la policía chilena “sistemáticamente apela al uso excesivo de la fuerza”.

El martes 6, menos de una semana después que se difundiera ese informe, fue asesinado Rodrigo Melinao. “Que el pueblo, escuche, mataron a un mapuche”, rezaban los gritos en la manifestación que ese día se realizó en el centro para reprochar el homicidio. Murió por un balazo en el tórax, al interior de una parcela en la zona de Ercilla. Bastante acento se puso en el hecho de que desde el 24 de julio se encontraba prófugo de una condena de 5 años y un día de presidio por el delito de incendio de bosques. Desde el primer momento, las miradas cayeron en Carabineros, aunque en La Moneda aseguraron que no había responsabilidad policial e incluso, en privado, se comentaba que el tipo de arma con la que se mató a Melinao está descontinuada hace muchos años de la institución.

Pero la familia de Melinao insiste en señalar a Carabineros. El sábado fueron sus funerales a los que llegaron más de 4 mil personas para despedir al joven de 26 años, instancia en que se insistió en la tesis de intervención policial y el presidente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, apuntó al gobierno como responsable de la violencia en la zona: “Aquí hay guardias forestales, hay grupos que han amenazado que van a hacer uso de las armas de fuego, pero también esto ha sido respaldado por el Gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, en varias oportunidades ha señalado la legítima defensa, que implica el uso de armas de fuego”.

El relator especial Ben Emmerson dio a conocer un duro informe sobre la normativa vigente para aplacar el conflicto mapuche, en el que conminó al Ejecutivo a suspender la aplicación de la Ley Antiterrorista, ya que con ella el Estado de Chile —precisó— discrimina repetidamente a los mapuches al aplicarles una legislación “de una manera confusa y arbitraria que termina generando una verdadera injusticia”. Agregó que La Araucanía y Bío Bío tienen una situación “extremadamente volátil”, que puede “escalar aceleradamente a un estado de desorden y violencia”, porque la policía chilena “sistemáticamente apela al uso excesivo de la fuerza”.

A diferencia de lo que sucedió con el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay, quienes murieron quemados en su casa en Vilcún en el mes de enero, en el caso de Melinao no se vio el despliegue ni el énfasis que sí se mostró entonces, cuando hubo fuertes declaraciones desde La Moneda anunciando todo el rigor de la ley para los responsables e incluso, cortes de carreteras en el sur como protesta de algunos agricultores. Es más, pasaron varios días antes que el Ministerio del Interior —a través de la Intendencia de la IX Región— se querellara contra quienes resultaren responsables de la muerte de Melinao.

Para algunos una muestra de racismo, para otros es lisa y llanamente un doble estándar que explica las evidentes diferencias que hay en el Ejecutivo para abordar la muerte violenta de una persona, dependiendo si es mapuche o empresario. En esos días, Mónica Quezada —madre de Matías Catrileo asesinado el 2008 en un enfrentamiento con el GOPE— puso el acento en este punto: “Cuando mataron al Matías no salió nadie dando declaraciones de que era horroroso, o sea más que doble estándar ellos muestran su real cara. Vienen con todo su despliegue tras la muerte de los agricultores “y esas cosas efectivamente (demuestran) cómo es que no funciona para todos igual”.

Los días siguientes a la muerte de Melinao se registraron varios enfrentamientos, quema de camiones en Ercilla y barricadas.

El viernes el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió con representantes del gremio de camioneros, para reforzar la seguridad en La Araucanía y aseguró de paso que, si los antecedentes lo ameritan, “no descartamos invocar la Ley Antiterrorista en la zona”.

GALLITO EN GINEBRA

Es que lejos de sentir incomodidad con las críticas internacionales sobre el manejo del conflicto mapuche, la administración Piñera defiende a raja tabla su accionar en la zona, sin importarle los cuestionamientos por el acento represivo. Es más, en estos días se optó por refutar al relator Emmerson, a quien el propio Chadwick consideró de una visión sesgada, que tiene “graves y serios y errores en la información como en el fundamento que invoca”.

Es más, el ministro hace solo unos días recalcó que “Chile tiene una Ley Antiterrorista con estándar internacional, aprobada en democracia y respaldada por el Congreso” y junto con asegurar que la normativa es “menos rigurosa que las que tienen países desarrollados como Francia, Estados Unidos y España”, acusó al relator de cometer “un acto de discriminación” al criticar a Chile en este ámbito.

El sábado partió rumbo a Ginebra el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, con una tarea nada fácil: defender lo hecho por el gobierno de Piñera en materia indígena y refutar las acusaciones del relator.

Baranda participará en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y fue acompañado por el director de la Conadi, Jorge Retamal, el jefe de Asuntos Indígenas, Matías Abogabir, y el delegado presidencial en Isla de Pascua, Carlos Yancaqueo. Todos pondrán el acento en el avance que —asegura el gobierno— se ha registrado en el respeto y conservación de la cultura indígena.

Pero claramente el objetivo es hacer descargos, tratar de hacer un gallito en Ginebra para poner sobre la mesa lo que La Moneda considera han sido sus aciertos en materia indígena y las políticas sociales desplegadas en la zona, con lo cual equilibraría la acusación de que “militariza y criminaliza” las demandas y la realidad del mundo mapuche.

“Vamos a hacer las refutaciones frente al informe del relator que estuvo de visita”, reconoció Chadwick el viernes pasado y, tras agregar que “existen las instancias donde hacer valer nuestra posición, dijo que en “la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas se verá el informe de Chile y el tema de La Araucanía estará sobre la mesa”.

EL OTRO EXAMEN

El cómo salga parado Chile esta semana en Ginebra no es la última prueba que deberá pasar el gobierno en esta materia. En Enero —a dos meses de dejar La Moneda— debe sortear el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, que se realiza cada cuatro años y que en su última versión se discutió y aprobó el 2009.

Tres países son seleccionados para conducir el examen, que el Estado de Chile debe responder, elaborado en base a consultas realizadas por diversos gobiernos. El año 2009 las preguntas vinieron de Alemania, Argentina, Dinamarca, Hungría, Letonia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa y Suecia.

El conflicto mapuche, sus implicancias y la crítica a cómo el Estado de Chile desarrolla el tema no es un punto negro sólo para un gobierno de derecha, aunque la faceta represiva resulta más sensible. En el informe del 2009, Chile acogió las recomendaciones que dio Naciones Unidas de “proseguir los esfuerzos para resolver los problemas de los pueblos indígenas, en particular las cuestiones de la tierra y velar por que la Ley Antiterrorista (Ley Nº 18314) no menoscabe sus derechos”.

Asimismo aceptó “abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista a actos vinculados con las reclamaciones no violentas de los pueblos indígenas” y además, “adoptar las medidas necesarias para impedir que se proscriban o penalicen las actividades o reivindicaciones sociales legítimas”.

Es más, se acogió lo recomendado en cuanto a “reforzar la noción de que la Ley Antiterrorista debe circunscribirse a su ámbito de aplicación, sin hacerse extensiva a los actos no violentos de reivindicación de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos”.

Chile entonces quedó de revisar “la Ley Antiterrorista y su aplicación, de modo que no pueda hacerse de ella un uso abusivo para perseguir a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso”.

Precisamente, qué se ha cumplido, cuánto y cómo es lo que se someterá a evaluación en enero.

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/08/14/la-moneda-bajo-la-lupa-internacional-por-aplicacion-de-la-ley-antiterrorista-en-el-conflicto-mapuche/