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sábado, 31 de diciembre de 2011

Controversial agencia FEMA asiste a gobierno chileno para mitigar incendio en Torres del Paine


Por Matías Rojas | 31-12-2011 - 10:26 | Valoración: 0

El presidente Sebastián Piñera ha anunciado que el gobierno chileno recibirá la cooperación de la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) para mitigar el colosal incendio que ya afecta a más de 11 mil hectáreas en Torres del Paine.

El Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la Patagonia chilena, se ha visto afectado por un siniestro desde el día martes. La evolución del fuego llevó este viernes al gobierno a decretar como “zona de catástrofe” a la provincia de Última Esperanza.
Torres del Paine es declarado zona de catástrofe



"Hemos decidido declarar zona de catástrofe la provincia afectada y solicité al ministro de Agricultura (Luis Mayol) y la ministra del Medio Ambiente (María Ignacia Benítez) viajen y puedan coordinar en persona todas las medidas necesarias", manifestó el presidente Piñera luego de dirigir el Comité de Contingencia junto al director nacional de la Onemi, Vicente Núñez, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y autoridades del Estado Mayor Conjunto.

Ante la crisis, el mandatario ha comunicado públicamente haber tomado contacto con “la organización FEMA en Estados Unidos, que es especialista en este tipo de situaciones”. El anuncio se enmarca en acuerdos de cooperación ya suscritos entre Chile y Estados Unidos, firmados en marzo de 2010. 

“Como parte de su visita a Washington para acompañar al Presidente Sebastián Piñera a la Cumbre sobre Seguridad Nuclear, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, firmó una Carta de Intención en materia de cooperación entre el Gobierno de Chile y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA)”, reportó la embajada estadounidense a inicios del año pasado.

El sitio web de la sede diplomática informó que el acuerdo será válido por 5 años y permitirá “iniciar un proceso de intercambio de experiencias e información”. La firma fue abrazada por el ministro Moreno al declarar que el tratado hará que el país pueda “conocer el marco jurídico organizacional de la entidad, sus atribuciones, metodología y mecanismos de alerta temprana, prevención, mitigación reconstrucción en materia de catástrofe”, temas que “nos interesa conocer para aplicar en Chile”.

No obstante, las acciones de FEMA no han estado exentas de críticas en Estados Unidos, especialmente por su manejo de la crisis del Huracán Katrina que sucumbió a Nueva Orleans en 2005. En tal oportunidad, fuerzas militares violaron los derechos de autodefensa de estadounidenses al entrar a sus casas con ametralladoras en mano y confiscar sus armas, generando un invasivo ambiente de ley marcial.
Irrupción de militares durante Huracán Katrina en 2005 (inglés)



“Numerosos funcionarios estatales y locales en Louisiana han acusado a FEMA de empeorar la situación con burocracia y una respuesta vacilante inmediatamente después de que Katrina impactara las costas de Louisiana, Mississippi y Alabama”, reportó el L.A. Times en 2005.

En septiembre pasado, medios estadounidenses acusaron a la agencia federal de impedir que bomberos controlaran las llamas de un incendio que consumía a más de 48 mil hectáreas en el estado de Texas. Según The Gonzales Cannon, funcionarios federales llegaron a la escena y asumieron el mando de la operación bajo la premisa de que “funcionarios locales nunca hicieron una petición formal para ofrecerse como voluntarios”.

El animador radial de Texas, Alex Jones, sostiene que la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias (FEMA) es únicamente un instrumento del gobierno federal para restar soberanía a las autoridades locales e instituir progresivamente un estado policial bajo la figura de la “emergencia nacional”.
Extracto del documental "Estado Policial 4: El ascenso de FEMA"



Actualmente, FEMA está íntimamente ligada al Depto. de Seguridad Interior (Homeland Security), el cual se formó en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Esta organización ya ha proporcionado un marco institucional para la activación de campos de concentración en EE.UU. luego de la presentación en el Congreso del Acta de Centros Nacionales de Emergencia (o HR 645), en el año 2009. La ley mandata el establecimiento de “centros de emergencia nacional” a ser ubicados en instalaciones militares con el propósito de proveer “albergue temporal, asistencia médica y humanitaria a individuos y familias sin hogar debido a una emergencia o un desastre importante”, según la legislación.

Temores de que la función de estas instalaciones pueda también extenderse a la reclusión de enemigos políticos, ha despertado enormemente la atención de defensores de las libertades civiles en Estados Unidos. Las alarmas comenzaron en 1987 durante las audiencias de Irán-Contra, cuando el coronel Oliver North fue consultado por el Senado sobre un programa denominado Rex 84. El plan, ideado por North y el entonces subdirector de “preparación nacional” de FEMA, John Brinkerhoff, proponía la detención de más de 21 millones de “negros americanos” en el escenario de un levantamiento de activistas de color en EE.UU.

Infowars.com reporta que el programa era “un reservado simulacro desarrollado por el gobierno federal para suspender la Constitución, declarar ley marcial, designar comandantes militares que se apoderaran de los gobiernos estatales y locales, y detener a grandes números de ciudadanos estadounidenses que fuesen indicados por el gobierno como ‘amenazas para la seguridad nacional’”.

Bajo la figura de la emergencia nacional, el caso chileno no se encuentra tan alejado del escenario formulado por FEMA.

En relación a las facultades que el decreto de zona de catástrofe proporcionaría a Sebastián Piñera ante la crisis en Torres del Paine,Cooperativa informa: “El marco legal chileno permite que se establezca una serie de Estados de Excepción, los cuales son invocados en situaciones especiales, para atribuirle mayores poderes administrativos al Presidente de la República con el fin de enfrentar calamidades públicas que afecten a parte o a la totalidad del país.”

El Estado de Catástrofe, reporta el medio, debe ser determinado por los ministros del Interior y Defensa de acuerdo a lo estipulado por la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción Constitucional. Tal facultad permite que las autoridades mencionadas, en este caso el presidente Piñera, el ministro Andrés Allamand y el ministro Rodrigo Hinzpeter, puedan ejercer poderes como: restringir las libertades de locomoción y de reunión; disponer requisiciones de bienes; establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

En otras palabras, una suspensión de muchas garantías constitucionales de los chilenos.

No sólo bastó incorporar a William Bratton al Ministerio del Interior y permitirle insinuar que las “leyes chilenas son un obstáculo” para "combatir la delincuencia". La cooperación de FEMA con el gobierno chileno sólo viene a acentuar el compromiso de esta administración con modelos represivos del extranjero, cubiertos bajo el discurso de la seguridad y el orden.

El caso de Torres del Paine es un ejemplo muy minúsculo de lo que un Estado de Excepción a gran escala podría eventualmente infligir sobre la ciudadanía chilena. Ante eso, podemos estar seguros de que FEMA se encontrará plenamente preparada para brindarnos una “solución”.
Convenio de FEMA con el gobierno de Chile (descargar más abajo)








http://verdadahora.cl/controversial_agencia_fema_asiste_a_gobierno_chileno_para_mitigar_incendio_en_torres_del_paine.html

martes, 27 de diciembre de 2011

Mientras todos celebraban Navidad Gobierno aprobó ley que criminaliza las Manifestaciones Sociales




Tal como lo hicieran con el Royalty, donde el gobierno le regaló el cobre a los extranjeros mientras todos estabamos pendientes del rescate de los 33 mineros, ahora en plena Navidad el gobierno aprobó sin que nadie se enterara el proyecto que criminaliza las manifestaciones sociales.
Como bien señala el sitio www.libertaddeexpresión.cl, esta ley acaba de ser aprobada por la comisión sin cambios, y reemplaza el tipo penal del delito de desórdenes públicos, contenido en el artículo 269 del Código Penal, por una nueva figura que sanciona con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años los siguientes actos realizados dentro de una manifestacion social.
- A quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia.
- A quienes paralicen o interrumpan algún servicio público.
- A quienes invadan u ocupen viviendas, oficinas, colegios, establecimientos educacionales y religiosos
- A quienes alteren la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes.
- A quienes atenenten de cualquier manera  en contra de la autoridad o sus agentes (Carabineros)
- Y lo más grave, la confiscación por parte de Carabineros de cualquier tipo de material audiovisual que se haya captado durante las marchas.
Por poner un ejemplo, pueden meter presos a dirigentes los de la Confech por llamar a las marchas, a los alumnos que se tomen su colegio y a cualquier persona que detenga el tráfico. Sin olvidar por supuesto que ya no habrá imagenes de los abusos policiales ya que te quitarán la cámara.
Esta ley es un papelón del gobierno, no por nada muchos expertos la catalogan así, ya que busca dar respuestas criminales a problemas sociales y políticos. ¿Que es lo que quieren? ¿Meterlos presos a todos? Tendrán que empezar a construir más cárceles.
¿Este es el gobierno de derecha que querían? Ahí lo tienen...

 http://www.gamba.cl/?p=14849

miércoles, 21 de diciembre de 2011

El general de Carabineros Cristián Llévenes

El general de Carabineros Cristián Llévenes, involucrado en una denuncia por tortura del lonko Víctor Marilao



¿Cuál es la política institucional de Carabineros de Chile en relación al alto mando? El general Cristián Llévenes Rebolledo ha sido trasladado como Jefe de Zona desde la Novena Región a la misma función en la Región de Magallanes, por decisión del director, General Eduardo Gordon. Sin embargo en la investigación que se sigue por el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío, la defensa lo acusa de obstrucción de la justicia por presentar pruebas consideradas un montaje para encubrir la ejecución extrajudicial del joven luchador social mapuche. El abogado Jaime Madariaga solicitó al fiscal militar de Angol someter a proceso al entonces jefe de la IX zona de carabineros general Llévenes - diplomado en Sociología, con mención en Manejo de Crisis - y al prefecto de Malleco Iván Bezmalinovic, luego de conocerse el informe del Instituto Médico Legal. La pericia revela que los impactos de perdigones en el chaleco antibalas del carabinero asesino, fueron posteriores al incidente investigado.
El lonko Víctor Marileo (autoridad tradicional de la comunidad precordillerana “Juan Quintrileo”, sector Pitrelawe) sindica al alto oficial Llévenes como responsable de la tortura sufrida por él en febrero de 2003 en la Segunda Comisaría de Temuco. El alto oficial llegó a la Región de la Araucanía el año 2000, luego de haber sido comisario en Magallanes, desempeñándose en la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial y luego en la Segunda Comisaría de Temuco, hasta llegar a la jefatura de zona, según su curriculum institucional. En conversación telefónica sostenida con esta periodista, el lonko Marileo ratificó su testimonio, entregado el 10 de diciembre de 2008 en el Seminario “El pueblo mapuche y la criminalización de sus demandas”, convocado por el Centro de DDHH de la Universidad Central, la Red Iberoamericana de Jueces y la Comisión Etica Contra la Tortura, en Santiago de Chile. Estas fueron las palabras de Víctor Marileo en el Día Internacional de los Derechos Humanos:
“He sido molestado y golpeado por carabineros. A mí me torturaron en la segunda comisaría de Temuco, me esposaron y no hicieron caso de mi calidad de lonko. Me torcieron el brazo, el (entonces) mayor Cristian Llévenes lo ordenó y al carabinero le pasaron un lazo y me lo pusieron en el cuello, así se me cayeron los brazos. Me golpearon con un palo y me quebraron tres costillas. El mayor Llévenes ahora es general de la zona de la Araucanía, y está a cargo de todos.
Yo creo que no se respetan los ddhh de los mapuche. Los parlamentarios en el Senado están sacando una ley para proteger de los insultos a carabineros por el problema mapuche. Quiero contar aquí que está militarizada la comunidad en que yo vivo. Y estoy condenado a una medida cautelar, yo tengo prohibición de ingresar al predio que reivindicamos en el fundo Roble Huacho de la Forestal Masisa, y no puedo salir del país. Siempre estoy controlado por carabineros, ellos están instalados a 100 metros de mi casa. Hay un zorrillo, y dotación policial, ellos filman todo lo que hago. Para la forestal soy un peligro. Pero son ellos los que sacan los recursos de mi familia y dejan un desierto en la comunidad. Ahora sé que piensan quemar con líquido (plaguicida) en las plantaciones, con eso matan todos los remedios, ya no hay plantas medicinales, ahora sólo hay pino y eucalipto. Ya contaminaron el agua, secaron las napas.
Nosotros estábamos preparándonos para impedir que ellos vuelvan a plantar y entonces fue cuando me acusaron de robo de madera, pero eso fue un montaje. Siempre la forestal y la policía buscan la forma de encarcelarme, han hecho operativos contra mi vida. Es satánico. Sobornaron a otro peñi para que declarara contra mí, siendo que soy un lonko, y un lonko en una comunidad es un guía a quien se respeta, es un hombre que da confianza, que tiene una visión, no puede atormentar a su comunidad. Me detuvieron de nuevo el 30 de octubre de 2007, cuando una camioneta de la forestal pasaba por el camino vecinal donde estábamos en la protesta. Carabineros tiró bombas y balines. Yo me acerqué a los carabineros a mediar, pero al llegar me atropellaron con sus dos carros, y me gritaban: ‘Mereces la muerte, a los indios como tú hay que matarlos’. Me vio después un médico muy racista. Me torturaron en la comisaría para desorientarme, quedé con rotura de cabeza y rostro. Fue entonces que dijeron ‘Vamos a tener que matar un mapuche’ y lo hicieron poco después, el 3 de enero de 2008, cuando asesinaron a Matías Catrileo. “

Caseta en lugar del rewe

Víctor Marileo es lonko de la comunidad autónoma Juan Quintremil, del sector Pitrelawe ubicado en la comuna de Padre Las Casas, a pocos km de Temuco, en la zona precordillerana. Con indignación revela: “La forestal ordenó que carabineros nos quemara el rewe ceremonial que nosotros teníamos instalado a la entrada del fundo y ahora instalaron allí una caseta de vigilancia. Nosotros el 26 de agosto estuvimos bloqueando la entrada por unas horas e hicimos una carta a la intendenta Nora Barrientos y a la gerencia de la Forestal Masisa pero no tenemos respuesta. Nadie nos quiere escuchar. Denunciamos que los acuerdos alcanzados en 8 años de conversaciones no se cumplen y las tierras siguen usurpadas.”

¿Qué consecuencias tiene eso para la comunidad?

La juventud se va a la ciudad porque vivimos una situación de pobreza extrema por la drástica reducción de nuestro espacio territorial. Nuestra comunidad está dispuesta al diálogo con la autoridad y con la forestal, pero no tenemos respuesta, nos dijeron que nos iba a recibir el sr. Marifil de CONADI pero con lo que está pasando ahora, creemos que no se va a hacer nada, todo está muerto.


¿Cuál es su situación procesal actual?
Tengo que presentarme el 22 de octubre en el juzgado de garantía en Temuco. Me acusan de manejar mi camión con una licencia errónea. Pero cuando me detuvieron los carabineros, en junio de este año, me acusaron por ‘transportar madera robada’ a la forestal Masisa. El camión yo lo cargué por encargo de una lamngen (señora), y los carabineros de inmediato me interceptaron en el camino, creo que me tienen pinchado el celular. La carga era de madera nativa y era un flete que yo hacía, en la forestal no hay madera nativa, todo eso yo se lo comprobé al juez. Ellos saben eso, pero siempre quieren tenerme controlado, me consideran peligroso. También en esta área detuvieron en mayo a Marcelo Garay, un periodista que venía a reportear lo que nos pasa en la comunidad, le quitaron todos sus materiales y lo mismo hicieron al día siguiente con el comunicador social Jorge Serey Baeza que vive muy cerca de aquí y tampoco recupera todavía su computador y todo lo que se llevaron.

¿Qué pasa con sus tierras?

Nosotros explicamos en la carta a la autoridad que desde el 2001 nosotros estamos tratando de recuperar la tierra, usurpada en tiempos de la dictadura. Primero lo hicimos con la forestal Millalemu, en 2004 se lo planteamos a la forestal Terranova S.A., y desde el 2007 hasta hoy, el conflicto es con la forestal Masisa. Todo se remonta históricamente a la llegada de los primeros colonos, como Juan Searle, Guido Sirotti y otros. Las tierras en litigio se encuentran anexadas al ex fundo Roble Huacho, actualmente en poder de Masisa y fueron tierras legalmente reconocidas de acuerdo a los deslindes naturales, que incluían las tierras históricas, que no fueron contempladas. Nosotros fuimos expulsados de nuestro propio territorio. Tenemos a nuestro favor los antecedentes históricos y legales.”

No más “responsabilidad social”

Masisa se especializa en tableros (placas), madera aserrada, puertas y molduras. Según su sitio web, cuenta con la certificación ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001. La forestal Masisa (ex Millalemu- Terranova) integra al holding "Nueva" ligado anteriormente al magnate suizo Stephan Schmidheiny. El año 2005 la Fundación Prohumana (Chile) consideró a Masisa como una de las 10 empresas destacadas por su Responsabilidad Social, junto a Gerdau Aza, Asociación Chilena de Seguridad, Mc Donald´s, y Nestlé, entre otras. Las tierras en conflicto con la comunidad autónoma Juan Quintremil estaban en comodato hasta el año 2007, en un acuerdo adoptado anteriormente a la espera del subsidio fiscal para la compra de tierras. Pero ese año, la trasnacional impidió con resguardo policial el ingreso de los comuneros mapuche a la tierra después de la tala del bosque. Así lo denunció ese año Aucán Wilkaman, dirigente del Consejo de Todas las Tierras, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, según se registra en una entrevista realizada por Alberto Dufey del periódico digital SwissLatin www.swisslatin.ch

El acuerdo de 1999

Aucán Huilcamán recuerda que en 1999 llegó a un acuerdo con 'Terranova' que pertenecía al magnate suizo del cemento y el amianto, Stephan Schmidheiny, con cartel de filántropo en América Latina.
En la nota de Swiss Latin, Huilkaman da su interpretación sobre el cambio de postura de los suizos, afirmando: “Pensamos que se trata de intereses nacionales, de personas ajenas a los suizos, porque vecino a la forestal se encuentran los predios de Hernán Büchi, otro empresario de origen suizo y ex ministro de Pinochet, el predio de Angel Délano, otro ex ministro de Pinochet, y el predio de Luisa Durán, la esposa del ex presidente Ricardo Lagos. Pensamos que por ese lado vienen las presiones, pues son familias poderosas en el país. Si Masisa transfiere tierra a las comunidades, sus tierras pueden también hacer parte del mismo proceso de recuperación después”.
En la entrevista concedida a Aucán Huilcamán, él asevera que cuando Schmidheiny llegó a Chile, recibió por parte de la dictadura militar 120.000 hectáreas de tierras mapuches, compradas en un remate. Sostuvo entonces:
“Tal vez él no estaba informado, pero compró tierras con un problema histórico y con aval del Estado chileno que ha participado de esa práctica de usurpación. Ahora si no hay diálogo, es lo que trataré de restablecer aquí, las comunidades seguirán su camino de lucha...”, adviertió entonces.



Tapa del Diario El Pinguino del dia 21/12/2011 


lunes, 19 de diciembre de 2011

Sistema de inteligencia en la mira: Los movimientos sociales ante La ley 19974, la ANI y el gobierno de Chile.


26 August, 2005

Sistema de inteligencia en la mira: Los movimientos sociales ante La ley 19974, la ANI y el gobierno de Chile.

Con la polémica de “espionaje” dirigida a comunidades Mapuche Williche de Chiloé en relación a los terrenos adquiridos por el empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera, sigue pasando inadvertida una escalofriante Ley que no solo involucra al movimiento Mapuche sino a todo movimiento social en Chile. Lo que se ha conocido hasta el momento solo sería la punta del Iceberg de un oscuro actuar de inteligencia con amplias facultades de agentes secretos civiles y militares.
MAPUEXPRESS
Se filtró a la prensa porque estaba relacionado con Sebastián Piñera, poderoso empresario y candidato presidencial por Renovación Nacional. Se pensó inicialmente que se trataba de “espionaje político”, sin embargo el espionaje estaba apuntado a las comunidades Williche de Chiloé, las mismas cuya organización ancestral se encuentra reconocida por la propia Ley indígena Nº 19.253 y cuyas aspiraciones territoriales se encuentran formalmente incorporadas por la comisión de Trabajo Autónomo Mapuche en el marco de la mesa de verdad histórica y nuevo trato ante el gobierno.
Piñera adquirió al magnate estadounidense Jeremiah Henderson 123.000 hectáreas, terrenos que abarcan más del 18 % de la llamada isla grande de Chiloé, especialmente en el sector Sur. Su compra ha desatado ásperas polémicas, ya que en gran parte de estos terrenos comunidades Williche establecidas principalmente cerca de que Quellón, se han visto en peligro de ser expulsadas, las mismas que reclaman derechos sobre estos terrenos.
La posición de reclamo de las comunidades williche en Chiloé se basan en títulos originales de dominio en el valor de los Títulos Realengos otorgados entre 1823 y 1826, por orden del Decreto Real de Hacienda Nacional de la corona española, pero además ante la promesa del propio estado de Chile de respetar la propiedad indígena, promesa que fue hecha en el año 1826 cuando Chiloé se incorporó al estado chileno mediante la firma del Tratado de Tantauco. Gran parte de estos terrenos reconocidos se encuentran usurpados y que se encuentran hoy en “posesión” del empresario Piñera con títulos superpuestos.
Este legítimo reclamo de las comunidades, hecho con pleno fundamento jurídico, despertó en la inteligencia de seguridad chilena bajo el mandato del gobierno de intervenir vía espionaje a través de la policía de investigaciones, quien reconoció y justificó su actuar a través de una declaración pública, donde la institución dijo que, "desde el 2003 la Policía de Investigaciones de Chile realiza monitoreos constantes al conflicto social que se radica en las regiones VIII, IX y X, relacionado con demandas de posesión de tierras de pueblos originarios". Y se agrega que “el objetivo es anticiparse a hechos delictivos que pudieran afectar el orden social en esas zonas del país”.
El que se haya involucrado a Piñera, despertó en toda la clase política diversas reacciones, una de ellas, a su correligionario de Partido y senador, Alberto Espina, el mismo que ha exigido reiteradamente la aplicación de leyes especiales en contra de las protestas Mapuche, señalando en una entrevista a canal 13 ..”en democracia Investigaciones no puede andar haciéndole monitoreos a la gente" y "no se le filtran documentos a la Policía".
Al parecer la clase política que reclama hoy, como la de Espina, se olvida que esta facultad de “monitorear la gente” forma parte de amplias facultades de un poder encubierto: La agencia Nacional de Inteligencia, creada por Ley 19974, votada y aprobada en el Congreso, cuya fecha de publicación fue el 2 de octubre del año 2004 y que tiene por objeto establecer y regular el Sistema de Inteligencia del Estado. Sus normas se aplican a toda la actividad de inteligencia y contrainteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema.
Dicho cuerpo normativo establece que los organismos integrantes del Sistema de inteligencia , sin perjuicio de su dependencia, deberán relacionarse entre sí mediante el intercambio de información y de cooperación mutuas que establecen la ley. Los organismos de inteligencia que actualmente operan en Chile y que se encuentran intercomunicados son: La Agencia Nacional de Inteligencia; La Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y Las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
¿Quién vigila a los vigilantes?
La Ley 19.974 otorga amplias facultades “operativas” a los agentes de inteligencia en Chile, convirtiéndose en un poder encubierto, por lo demás, peligroso a lo que aún se ha denominado “la eterna transición hacia la democracia”.
El sistema de inteligencia en Chile, opera a través de un Comité de Inteligencia, que está integrado por los jefes de los organismos que componen el Sistema. Las reuniones de dicho Comité está presidida por el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, El abogado Gustavo Villalobos, quien ya tiene un amplio repertorio como ex director de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi). Villalobos, también estuvo vinculado durante los tiempos de la dictadura militar a la Vicaría de la Solidaridad. Como abogado de la Vicaría fue jefe de su Departamento Jurídico.
La Dispi -conocida a principios de los ''90 como "la Oficina''''- fue creada después del atentado contra Jaime Guzmán, durante el gobierno de Aylwin, y su primer director fue otro abogado, Isidro Solís, quien fue sucedido en el cargo por Mario Papi, el antecesor de Villalobos, que asumió como su encargado en 2001. A la Dispi se le ha vinculado una serie de personajes políticos concertacionistas, varios de los cuales cumplen labores diplomáticas en embajadas. Otros en materia indígena, fueron relacionados con el intervencionismo en la CONADI por el caso Ralco (1998 – 2000) y por las supuestas “infiltraciones” al movimiento mapuche, como fue el caso de Lenin Guardia y Humberto López Candia, funcionarios de inteligencia de los gobiernos de la concertación, hoy presos por haber enviado cartas bombas a la embajada de Estados Unidos en el 2002.
El Movimiento Mapuche ante los afanes de “neutralización” por parte de los sistemas de inteligencia ha sido blanco del abc en el campo de las desmovilizaciones y que son empleadas en las políticas públicas del estado luego de definiciones estratégicas. Estas son: La represión, que ha sido la constante histórica hacia el Pueblo Mapuche empleada a través del terror físico y psicológico, persecución y encarcelamiento; La seducción, empleada a través de las fases de negociación por medio de “programas sociales”; y por último, la cizaña, para aquellos que no cayeron ni en la una ni en la otra, generando conflictos y manipulaciones artificiales entre sus lideres y dirigentes, los que muchas veces ni siquiera se preguntan desde donde se originó el rumor o el comentario, causando quiebres y desconfianzas entre ellos. Al hablar del actual sistema de inteligencia, lo que salta a la mente es el carácter secreto de las fases de su ciclo de producción implica, cuyo secreto a su vez apunta hacia métodos y técnicas que vulneran, la mayor de las veces, los derechos individuales ciudadanos consagrados en el ideario democrático: la privacidad.
El comprobado ejercicio de “inteligencia” hacia las comunidades williche de Chiloé y que se filtrara a la prensa, no es más que la punta del iceberg del modus operandi en Chile, que no solo sobrexpone y atropella a movimientos y organizaciones sociales, sino que además transgrede normas fundamentales como la propia Constitución política en su artículo 5º… “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”...
Funciones de la Agencia Nacional de Inteligencia: ANI- Recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional, con el fin de producir inteligencia y de efectuar apreciaciones globales y sectoriales, de acuerdo con los requerimientos efectuados por el Presidente de la República; - Elaborar informes periódicos de inteligencia, de carácter secreto, que se remitirán al Presidente de la República y a los ministerios u organismos que él Determine; - Proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica del Estado; - Requerir de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como de la Dirección Nacional de Gendarmería, la información que sea del ámbito de responsabilidad de estas instituciones y que sea de competencia de la Agencia, a través del canales técnicos. Los mencionados organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes en los mismos términos en que les sean solicitados; - Requerir de los servicios de la Administración del Estado comprendidos en el artículo 1° de la ley Nº 18.575 los antecedentes e informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, como asimismo, de las empresas o instituciones en que el Estado tenga aportes, participación o representación mayoritarios. Los mencionados organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes en los mismos términos en que les sean solicitados, a través de la respectiva jefatura superior u órgano de dirección, según corresponda; - Disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales; - Disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia, con el propósito de detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos nacionales o extranjeros, o sus agentes.
Facultades de los agentes de Inteligencia
La Ley 19974 otorga atribuciones inéditas y sin precedentes a las agencias de inteligencia en Chile, regulados por esta normativa y centralizados a través de la ANI.
Esta Ley, otorga procedimientos especiales cuando las “agencias” consideran que determinada información es estrictamente indispensable para el cumplimiento de los objetivos del Sistema y no pueda ser obtenida de fuentes abiertas. Para esto, pueden utilizar procedimientos de obtención de información exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo, según se establece en la norma, para “resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico”. Para este fin “subjetivo”, se otorgan las siguientes facultades: -a) La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas; - b) La intervención de sistemas y redes informáticos; c) La escucha y grabación electrónica incluyendo la audiovisual, y d) La intervención de cualesquiera otros sistemas tecnológicos destinados a la transmisión, almacenamiento o procesamiento de comunicaciones o información.
Si bien los puntos b) y d) se limitan a autorizaciones judiciales por medio de la Corte de apelaciones, los puntos restantes quedan al libre criterio de los agentes de inteligencia, pudiendo ser intervenido cualquier ciudadano(a) en Chile.
Amplias facultades para infiltraciones de agentes encubiertos en movimientos sociales
Tanto los directores o jefes de los organismos de inteligencia militares o policiales, sin necesidad de autorización judicial, podrán disponer que uno de sus funcionarios, en el ámbito de las competencias propias de su servicio y en el ejercicio de las actividades, oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia a que se refiere esta ley. Para tal objetivo podrá introducirse en organizaciones sospechosas de actividades consideradas por ellos como “criminales” o potencialmente “peligrosas”. La facultad a que se refiere comprende el disponer el empleo de agentes encubiertos, y todos aquellos actos necesarios relativos a la emisión, porte y uso de la documentación destinada a respaldar la identidad creada para ocultar la del agente.
Asimismo, los directores o los jefes de los organismos de inteligencia del Sistema podrán recurrir, sin necesidad de autorización judicial, al uso de informantes, entendiéndose por tales, a las personas que no siendo funcionarios de un organismo de inteligencia, le suministran antecedentes e información para efectuar su proceso de inteligencia .
La acción de las agencias de inteligencia en Chile (civiles y militares) y del Gobierno, reafirman la posición de seguir manteniendo al movimiento social mapuche que reclama el reconocimiento y ejercicio de derechos, como el territorial, de definirlo y perseguirlo como “organizaciones criminales”, lo que, con la aplicación de la ley 19974 explica del porqué el gobierno no ha seguido insistiendo con la aplicación de leyes especiales como la antiterrorista o de seguridad interior del estado, debido a que mantiene un nuevo instrumento fáctico, con mayores facultades fuera de las propias normas fundamentales “chilenas”, como la privacidad de las personas, para socavar las legítimas protestas sociales.
El propio subsecretario del interior, Jorge Correa Sutil, explicó a Renovación Nacional que “el sujeto de investigación no es Piñera, el sujeto de investigación es algo que obviamente se hace con completa licitud y con pleno respaldo legal en democracia: investigar la posible aparición de un conflicto, de una confrontación de intereses que pudiera tener un impacto en el orden público nacional”, en este caso, el blanco, que “accidentalmente” se supo, fueron las comunidades williche de Chiloé a quienes se les atropelló su dignidad y paradójicamente el gobierno le pide disculpas a Piñera.
Noticias relacionadas
25 Agosto, 2005 / Organización Meli Wixan Mapu en Santiago: Exige renuncia del director de policía de Investigaciones / Las indagaciones realizadas por parte de policía de investigaciones a comunidades huilliches sin una previa orden del Tribunal competente, pone de manifiesto la violación expresa que se hace en contra de organizaciones, comunidades y dirigentes mapuche de la Isla de Chiloé, en materia de protección sobre los derechos fundamentales que tienen todas las personas, señala la organización. / leer mas»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=462

http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=181

jueves, 15 de diciembre de 2011

CDE interpone querella que involucra a Cencosud en fraude

Jueves 15 de diciembre 2011 18:17 hrs.



El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra todos los que resulten responsables, debido a la falsa ayuda humanitaria que llegó al país después del terremoto.
Cabe señalar que los envíos en su oportunidad le permitieron a la empresa Cencosud (entonces dueña de supermercados Jumbo), ahorrar más de 1 millón 183 mil dólares en impuestos.
El organismo estatal pidió aclarar el rol de la subsecretaría del Interior del actual Gobierno después de la querella interpuesta en el caso Cencosud, debido al ingreso de 183 camiones desde Argentina con mercancía rotulada como “ayuda humanitaria”, que contenía pañales, leche, fideos y sacos de dormir, que no fue donada a los damnificados por el terremoto.
El Consejo de Defensa del Estado estableció que esa mercadería “le permitió fraudulentamente a esa empresa acogerse a una ley de excepción y liberarse ilegalmente de una serie de obligaciones aduaneras referidas a la fiscalización”.

O’higgins y Talca son las Regiones más contaminadas por los Transgénicos de la Familia Von Baer.



"Cada día más millonaria y ustedes más contaminados... #jijiji"
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Adelantándose a un nuevo revés representado por un segundo fallo adverso, todas las empresas exportadoras de semillas transgénicas –entre ellas la dinastía von Baer- se desistieron el viernes 9 de diciembre del recurso de ilegalidad planteado contra el Consejo en la causa civil N° 3496, presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Consejo de Transparencia. Ya no podrán mantener el secreto sobre la ubicación de sus cultivos, completándose así el triunfo ciudadano social y ambiental sobre Monsanto y sus socios chilenos.
Por más de dos décadas ellos mantuvieron en secreto la ubicación de estos cultivos impidiendo la fiscalización social y seguimiento a los impactos negativos en contaminación y salud generados por los semilleros transgénicos de exportación. El padre de la designada senadora von Baer, Erick von Baer había encabezado recientemente otra petición ante el Tribunal Constitucional de Chile en ese sentido, denegada por esa instancia antes del desistimiento de Monsanto, la mayor productora de transgénicos de exportación en Chile.
El año 2010 el Consejo para la Transparencia había acogido favorablemente la demanda de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile) en la decisión N°A59-09, ordenando al SAG entregar la ubicación exacta de los cultivos transgénicos. Pero Monsanto y la mayoría de los productores de transgénicos apelaron de esa decisión.
Monsanto se desistió del recurso de ilegalidad el 16 de noviembre de este año, debido a lo cual SAG se vio forzado a cumplir la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, entregando el 29 de noviembre de 2011 a María Elena Rozas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, la información solicitada originalmente en 2009. Ese año Pioneer, INIA y la Universidad Católica facilitaron la información solicitada. María Elena Rozas señala al respecto:
“Después de casi tres años logramos transparentar la información. El nuevo cuadro significa, a juicio de RAP-Chile, que cualquier particular puede ahora dirigirse al SAG para solicitar la ubicación de los cultivos de las empresas que mantienen semilleros de exportación. Así se podrá investigar de manera seria las consecuencias de una actividad que se mantenía en las sombras y cuyos resultados más preocupantes ya están a la vista con lo ocurrido en la apicultura, que sufre grave daño por la contaminación del polen con transgénicos”.
Los dueños de semilleros transgénicos
En la temporada 2008-2009, en orden de importancia por extensión de cultivos, están -luego de Monsanto y Pioneer- las empresas Massai, GreenSeed, Curimapu, y Hytech. Entre los productores de mayor influencia y presencia política, destaca el padre de la designada senadora Ena von Baer, y cabeza de la dinastía familiar, Erick von Baer, que produce raps transgénico en la región de la Araucanía. Los cultivos transgénicos más importantes en el país son los de maíz y soya, seguidos por raps o canola.
Actualmente, las comunas de Chile más contaminadas por los impactos del maíz transgénicos y plaguicidas –que integran ese paquete tecnológico- son Chimbarongo (Región de O’Higgins) y San Clemente (región del Maule). En el sur, primeras en el ranking de contaminación por transgénicos y plaguicidas las comunas de Los Angeles (región del BioBio) y Vilcún (Región de la Araucanía), con canola o raps transgénico.
La lista completa de productores de esa temporada la conforman: Agrícola Purutun Ltda., Sociedad AGrosearch Ltda, Agrícola Nacional S.A.C e I. CIS Semillas S.A.; Fundación para el Desarrollo Frutícola FDA, Agrícola Green Seed Ltda., Hytech Production Chile S.A., Mansur Agricultural Services S.A., Massai Agricultural Services S.A., Monsanto Chile S.A., Agrícola Huenchuñir y Hueche Ltda (Agrícola New Seed), Temuco, Nilo Lizama Arias, Erik Von Baer Von Lochow, Semillas Generación 2000 ltda, Semillas Pioneer Chile Ltda, Semillas Tuniche Ltdaj, Ventria Bioscience, Juan Enrique Gebauer Burmester, Semillas KWS Chile Ltda, Semillas Limagrain de Chile Ltda, Agrícola Oaken Seeds Ltda, Pinto y Gajardo S.A., Semameris Ltda.


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La Historia Oculta del Régimen Militar

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