El bibliocausto chileno: cuando los libros se convirtieron en peligro público

Exposición "Libros quemados, escondidos y recuperados a 40 años del golpe"

En medio del temor reinante en los días posteriores al golpe, miles de obras fueron quemadas, algunos por sus propios dueños en sus patios y chimeneas, y otros por los militares. Como en la emblemática quema realizada el 23 de septiembre de 1973 tras el allanamiento de las torres de San Borja en Santiago, que registraron fotógrafos nacionales y extranjeros, y cuyas imágenes pueden verse en la exposición que se inaugura este lunes en la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP.

por MARCO FAJARDO

Cuarenta años después, Rosa Lloret se sigue quebrando cuando recuerda lo que pasó aquel día de abril de 1974. “Yo vivía en La Reina, en la calle Simón Bolívar. Nos allanaron (soldados) de la Academia de Guerra (Aérea, AGA). El que estaba a cargo de la operación era un coronel (Edgard) Ceballos”, hoy procesado por la muerte del general Alberto Bachelet. Llegaron todos de civil.

Era un sector rural y ella vivía con varios familiares. Además tenía ocho meses de embarazo. Su esposo era arquitecto y miembro del MIR, y habían recibido a un dirigente del grupo. También a un médico argentino que había huido de su país.

Aquel día “la gente que iba llegando (a casa) se la llevaban a la pieza de atrás y uno sentía cómo les pegaban. Esa noche se quedaron a dormir como unos diez (soldados)”. Posteriormente los militares no sólo se llevaron a su esposo, al hijo de 16 años de éste y al hermano adolescente de Rosa, sino incluso a otras personas que aquella jornada fueron a comprar huevos a su casa. Además se instalaron por dos meses en su casa. “Y si alguien llamaba por teléfono yo debía decir que vinieran a casa…”, recuerda.

En ese periodo “se robaron todos los libros que había. Teníamos una estantería completa. Libros de historia, de política, una enciclopedia, novelas, poesía… mi marido leía mucho. Se los fueron llevando de a poco”.

Rosa Lloret
Foto: Javier Liaño

La historia no termina allí. Un mes y medio después, de medianoche, Lloret fue llevada vendada para ser interrogada a un lugar que luego reconocería como la AGA. “Me llevaron a una habitación donde había como una tarima, una mesa larga y muchas personas con máquinas de escribir, y miro y en la entrada estaban arrumbados los libros de mi casa, botados. ¿Los libros los quemaron?, ¿los botaron a la basura?, nunca supe”, señala. A las cuatro de la mañana la llevaron de vuelta a su casa.

Ceballos volvió varias veces a casa, señalando a Lloret que si “cooperaba” él podía liberar a su marido. Ella se negó. Su esposo, luego de la AGA, estuvo en la Penitenciaría y en el campo de concentración de Ritoque. Finalmente, fue liberado tras un año y medio de prisión. Se fueron al exilio a España, Francia y Argelia. Lloret volvió recién en 1982.

Su historia es una de las tantas que salió a la luz durante la preparación de la inédita muestra “Biblioteca recuperada: Libros quemados y escondidos a 40 años del golpe” a inaugurarse hoy en la biblioteca Nicanor Parra  (Vergara 324, Metro Los Héroes) de la Universidad Diego Portales.

Allí se expondrán libros donados y prestados por instituciones y privados en una exposición “en torno a la prohibición y destrucción de libros durante la dictadura desarrollada como una estrategia de anulación y negación de la cultura chilena”, según la UDP.

“Allí donde se queman libros, al final también se quema personas”, escribió el autor alemán Heinrich Heine en su tragedia “Almansor” (1821). Tras el golpe militar, “todos los chilenos tuvieron que mirar sus bibliotecas con la sospecha de qué puede incriminarme, pensando en que los que allanaban no eran gente demasiado instruida”, explica Leonor Castañeda, encargada de la museografía de la muestra curada por Ramón Castillo, director de la Escuela de Arte de la UDP.

En la mira no sólo estaban autores como Marx o Mao Tse-tung o cualquier libro de la editorial Quimantú. Castañeda destaca que los soldados quemaban libros de “cubismo” porque creían que estaban relacionados con Cuba, textos de física como “La resistencia de los materiales” y ejemplares de “La serie roja”, un libro de medicina.

Por eso, en medio del temor reinante en los días posteriores al golpe, miles de libros fueron quemados, algunos por sus propios dueños en sus patios y chimeneas, y otros por los militares. Como en la emblemática quema realizada el 23 de septiembre de 1973 tras el allanamiento de las torres de San Borja en Santiago, que registraron fotógrafos nacionales y extranjeros, y cuyas imágenes pueden verse en la exposición.

Otros libros fueron enterrados o escondidos en desvanes y entretechos. O se les tachó el nombre del autor con tempera negra, les arrancaron sus primeras hopas y se les cambiaron las tapas para camuflar su contenido, como ocurrió con ejemplares de la académica del Pedagógico Eliana Dobry, madre de la escritora Carla Guelfenbein, que tras ser detenida por la DINA en 1975 se exilió en Londres.

Voluspa Jarpa, una de los artistas participantes en la muestra, entiende la quema como “un hecho histórico concreto pero también como una metáfora del apagón cultural que se lleva a cabo como una operación política que para mí tenía dos objetivos: uno bélico y que consiste en humillar públicamente a los vencidos al quitarles el derecho a la lectura y la reflexión, y el otro es transformar el pensamiento cultural y crítico en un elemento que pasa a ser prohibido y riesgoso”.

Ramón Castillo y Leonor Castañeda
Foto: Javier Liaño

PASADO PRESENTE

En la muestra, los relatos sobre lo ocurrido con los libros también son exhibidos en videos (donde pueden verse entre otros al actor Julio Jung o el periodista Manuel Cabieses), acompañando los libros expuestos o en artefactos como las sillas de la artista Lorena Zilleruelo, que permiten al espectador sentarse a escuchar las historias. En total, la muestra también incluye obras de los artistas Alfredo Jaar, Patricia Israel, Alberto Pérez y Camilo Yáñez, de los fotógrafos Naúl Ojeda, Marcelo Montecino, David Burnett, Juan Domingo Politi, y de los camarógrafos Pablo Salas, y los hermanos Leopoldo y Ricardo Correa.

La exposición también revela que a pesar del tiempo transcurrido, muchos temores siguen presentes. Castillo cuenta que un particular donó un libro que había enterrado en su jardín, pero no quiso dejar sus datos personales, ya que trabaja en el barrio alto y teme que por su acción pueda perder su trabajo.

“Con cada una de las personas que nos ha ido contando en qué condiciones o en qué circunstancias escondió, quemó o guardó libros, terminas descubriendo que un libro no es sólo un objeto físico, sino un símbolo, un objeto que cuenta otra historia, que ya no es la de su lectura, sino su historia como objeto”, dice el curador.

http://www.elmostrador.cl/cultura/2013/08/26/el-bibliocausto-chileno-cuando-los-libros-se-convirtieron-en-peligro-publico/

Cheyre y el límite moral

EL general (R) Juan Emilio Cheyre debió renunciar a la presidencia del Servel, tras haber sido moralmente cuestionado por “guardar silencio” sobre su participación en la entrega a un convento de un niño cuyos padres fueron asesinados por una patrulla militar, luego del golpe de Estado. Una acusación en realidad extraña, ya que es difícil imaginar a alguien buscando el ocultamiento deliberado de un hecho que está consignado públicamente en el Informe Rettig, y sobre el cual declaró en el proceso judicial todas las veces que fue requerido en calidad de testigo, siendo al final declarado inocente por la Corte Suprema.

Cheyre es hoy quemado en la pira pública, pero no llegó solo a las altas responsabilidades que ha ejercido hasta la fecha. Gobiernos y parlamentarios de la Concertación participaron con sus decisiones y sus votos en su nombramiento como comandante en jefe del Ejército y, más recientemente, como consejero del Servel. Muchos de ellos alegan hoy haber desconocido los antecedentes del caso, pero esos antecedentes estaban a disposición de quien quisiera revisarlos. Sin ir más lejos, la transcripción de su testimonio en ese y otros procesos está desde hace largo tiempo en la página web del Poder Judicial, por lo que cuesta imaginar que presidentes de la República, ministros de Estado y senadores que promovieron su carrera institucional y su cargo actual no tuvieran a la vista esa información. Y si así fue, su falta de seriedad a la hora de ejercer sus atribuciones merece hoy también un serio reproche moral.

Con todo, el linchamiento público de Cheyre expone un asunto mucho más de fondo: el intento de ciertos sectores políticos de atribuirse el rol de censores morales respecto de conductas del pasado y del presente. No importa que la justicia establezca la inocencia de una persona en un crimen horrendo; tampoco importa que esa persona haya decidido aportar a su esclarecimiento sin recibir reproche legal alguno. Menos importa aún que Cheyre haya hecho un esfuerzo genuino, valorado en su momento por todos los sectores, para que el Ejército reconociera responsabilidades institucionales en la violación de los DD.HH. y se comprometiera a un ‘nunca más’. Hoy día es precisamente ese ex comandante en jefe el que es puesto en la categoría del oprobio, mientras aquellos que promovieron su carrera pública y aplaudieron con entusiasmo sus esfuerzos de reconciliación, guardan en su mayoría silencio o se suman al coro de lo que ahora aparece como políticamente correcto.

El límite moral es por definición algo complejo de establecer y hay que tener un piso muy sólido para salir impúdicamente a disparar a la bandada. Del mismo modo, el drama y los horrores vividos en Chile durante la dictadura merecen, al menos por respeto a las víctimas, un tratamiento serio y responsable. No es algo que pueda desempolvarse cada cuatro años, siempre ad portas de un proceso electoral. La conmemoración de los 40 años del golpe es un momento que debiera llamar a una reflexión serena y profunda sobre las causas del quiebre de nuestra democracia, lo cual no implica dejar de seguir comprometidos con la necesidad de esclarecer los crímenes y de sancionar a sus responsables. Pero el caso de Cheyre no se inscribe en ese proceso. Al contrario, muestra una falta de rigor y de matices que no contribuye en nada a la sanación de una sociedad que, precisamente por la magnitud del daño a la que fue sometida, tiene derecho a que sus representantes asuman de otro modo sus responsabilidades individuales y colectivas. El ‘cara a cara’ que esta sociedad aún tiene pendiente exige como mínimo que el límite moral sea autocríticamente asumido por todos los actores de nuestra historia reciente. 

http://voces.latercera.com/2013/08/25/max-colodro/cheyre-y-el-limite-moral/

La sinuosa línea roja

de Héctor Soto, periodista

¿Por dónde vamos a hacer correr la frontera de la culpabilidad histórica? Puesto que nunca nos pusimos de acuerdo como sociedad en esta materia, se suponía que la línea la trazaban los tribunales. El caso Lejderman-Cheyre prueba que ya no es así. Ahora están entrando al juego otras variables. La cosa no sólo se volvió más líquida. También más impredecible e incontrolable.

Lo que deja claro es el desenlace del episodio que involucró esta semana al general (R) Juan Emilio Cheyre es que la línea se continúa corriendo. Lo que está en discusión ahora no son los delitos que puedan haberse cometidos. Aquí, en ese caso concreto, no los hubo y, sin embargo, el escándalo estalló igual. El problema, dicen, no es jurídico sino moral. Okey: es impresentable que las figuras que ocupan cargos de relevancia en el andamiaje institucional chileno estén tocadas, así sea lateralmente, por las briznas malsanas y tóxicas de la duda. Es mejor entonces que Cheyre renuncie a la presidencia del consejo directivo del Servel, pero lo que nadie entiende es de qué modo un reparo que lo debilitó ahora como presidente, sin embargo, no lo debilitará en el futuro como integrante de ese mismo consejo.

Bueno, tampoco la controversia gira esta vez en torno a lo que el militar hizo. Lo que se le enrostra, más bien, es lo que dejó de hacer, y no hay que ser muy perceptivo para advertir que si es por eso, dentro de semejante lógica, todos podemos llegar a ser culpables. Las omisiones de suyo no son cuestionables. Sí lo son, desde luego, cuando existe el deber de actuar, y no está claro, en función de los antecedentes que hasta ahora se han divulgado, que lo que el general hizo cuando era un teniente sea menos de lo que razonablemente estaba llamado a hacer en ese momento.

Al margen de consideraciones jurídicas y éticas de mayor o menor refinamiento intelectual, lo que está detrás de esta polémica son dos cosas.

La compulsión de la pureza

La primera, por plantearlo así, tiene que ver con la insaciable erótica de la pureza, de efectos devastadores no sólo en los tiempos medievales. Aplicada a la política, la pureza puede dar lugar a engendros monstruosos. En el entendido de que a Chile le costó mucho salir de la edad de las tinieblas, y que se impone una profilaxia severa para evitar las infecciones que supuso ese período, toda autoridad, toda persona, toda biografía que esté salpicada o implicada en los desafueros de entonces debe rendirse o dar un paso al costado.

En la república de los puros no hay cabida para los que están manchados. Deben renunciar, deben retirarse, deben replegarse en la expiación, ya sea porque una sentencia judicial se la impuso ayer, una sospecha bien instalada lo recomiende hoy o un linchamiento mediático lo exija el día de mañana. Con eso, los incordios debieran terminar. El problema, claro, es que no terminan. Tal como el jet set cree que nunca somos lo suficientemente ricos y lo suficientemente flacos para quedarnos tranquilos, nunca tampoco somos lo suficientemente puros para dar las purgas por terminadas. Ayer fueron los hechos. Hoy las omisiones. Mañana podrían ser los pensamientos. El cuento, entonces, es de nunca acabar.

Sin llorar

La segunda variable que aquí está en juego es política y se traduce en una correlación que no por brutal es menos certera. Vale todo lo que debilita a tu adversario y sirve todo lo que fortalece a los que piensan como tú. Así es la política, así ha sido siempre y esto es sin chistar. Estamos en un año electoral y nadie tiene muy claro qué y cuánto podría inclinar este episodio la balanza en uno u otro sentido.

Como nadie lo sabe, es sano que corra el agua, que fluyan las verdades y que estas cartas se jueguen. El problema es que en la operación pueden pasar a pérdida detalles que no son tan detalles. Porque las culpas en ese tablero tienden a igualarse. Lo mismo un violador de los derechos humanos que un sujeto que procuró resguardarlos. Lo mismo un militar que se negó en su momento a reconocer los abusos cometidos por el Ejército que quien los asumió y estableció como doctrina institucional el “nunca más”.

Relato e identidad

Cuando las personas no pueden con el peso de su propia historia e identidad, suelen ir al siquiatra. Cuando eso mismo les ocurre a los países, el asunto no es tan simple. Es difícil para las sociedades tenderse en el diván. Por eso, por lo general, sus traumas terminan rebotando por circuitos muy alambicados.

No obstante que a Chile, en general, le ha ido bastante bien en los últimos 30 años, obviamente el cuento que nos hemos forjado de nuestra trayectoria sería mucho más épico y mucho más redondo si se hubiesen cumplido algunas condiciones o algunas utopías coherentes con el alto concepto que nos gusta tener de nosotros mismos.

Habría sido lindo que la democracia chilena no se hubiera venido abajo antes del 11 de septiembre del 73. Habría sido hermoso que los militares -vaya uno a saber cómo- hubieran tomado el poder sin gran fractura del Estado de derecho. Habría sido bueno para todos que se hubieran respetado los derechos humanos. Habría sido fantástico que la modernización económica hubiera partido con los gobiernos democráticos. Habría sido sano un período de régimen militar bastante más corto.

Es como para condolernos. Pobre Chile. Nada fue así. Estamos condenados a la impureza y el meztizaje en todo. En la estrategia de desarrollo, en la constitución, en la transición política, en   la memoria cívica. Todo terminó mucho menos epico y más de medias tintas de lo que hubiéramos querido.

Como el listado de sueños imposibles puede alargarse hasta la eternidad, y como desgraciadamente casi nunca las cosas son como nos hubiera gustado que fueran -entre otras cosas, porque esta sociedad se volvió completamente loca a comienzos de los años 70, y en eso desde luego que unos son más culpables que otros-, una manera rápida de zanjar el tema y de salir con la conciencia limpia a flote es imputarle la responsabilidad de lo ocurrido al otro. En la medida que otro o muchos otros sean los culpables, nuestra integridad queda a salvo. En la medida en que podamos seguir identificando victimarios, seguiremos teniendo asegurada nuestra confortable condición moral de víctimas.

Así están las cosas. Revueltas aunque acotadas. La situación, claro, podría ser peor y es bueno tenerlo presente. El golpe nos va a seguir penando. La duda es si encapsulándolo como una experiencia histórica excéntrica y perversa, si aislándolo de todo lo que ocurrió antes y de lo que vino después, no estamos forzando más de la cuenta la historia, el sentido común y la máquina para dar por resuelta la ecuación. R

http://voces.latercera.com/2013/08/24/hector-soto/la-sinuosa-linea-roja/

+SOBRE EL AUTOR

Abogado por formación y periodista por oficio, ha ejercido por décadas la crítica de cine y fue editor de las revistas Capital, Mundo Diners y Paula. En la actualidad es editor asociado de Cultura de La Tercera y también columnista político del diario. Dirige el Diplomado de Escritura Crítica de la UDP y es panelista del programa Terapia Chilensis de radio Duna. Es autor del libr

La Responsabilidad de Cheyre, Parte II (“Entrevista a Eliana de Jesús Rodríguez” & “Misión Cumplida”).

“Vi el odio desatado por el señor Cheyre y sus acompañantes”

Publicado por: Rodrigo Mundaca Rojas en 25 agosto, 2013

Presentamos la segunda del especial “La Responsabilidad de Cheyre” (ver parte 1), elaborado por nuestro amigo Arnaldo Pérez Guerra (Liberación) sobre las vinculaciones del militar con violaciones a los D.D.H.H. al momento de asumir la comandancia en jefe del ejército¹. Acá nos encontramos de frente al horror, cuando el testimonio de Eliana Rodríguez lo ubica en un contexto violentas detenciones, violación y tortura.

«Cheyre destruyó nuestras vidas»

El testimonio de Eliana de Jesús Rodríguez Dubó acusa a Juan Emilio Cheyre, el flamante comandante en Jefe del Ejército. Eliana, detenida el 6 de octubre de 1973, señala al entonces teniente Cheyre, junto a otros dos oficiales, como parte del piquete de soldados que allanó su casa, la tomó prisionera y, luego, en el Regimiento Nº 2 Arica de La Serena la torturó y violó por más de un mes.

-¿Por qué la detuvieron? ¿Qué le decían?

“Cheyre me decía que me había ‘buscando en muchos lugares y, por fin, había logrado ubicarme’. Me acusaba de ser comunista. Le hice ver que no lo era. Se enfureció y me golpeó, delante de mis hijos. Los militares entraron a mi casa como en un asalto. Todos eran del Regimiento Nº 2 Arica de La Serena. Por orden de Cheyre, destruyeron la puerta, vidrios de las ventanas, muebles, etcétera. Rodearon la población y la manzana. Juan Emilio Cheyre, en ese entonces teniente, era el jefe del grupo”.

-¿Qué ocurrió durante el allanamiento de su casa?

“En la casa estaba mi familia: mi esposo, mis 5 hijos -sus edades fluctuaban entre 1 y 12 años-, mi madre enferma. Mis hijos lloraban y gritaban, mientras los militares me insultaban tratándome de ‘maraca’, ‘puta’, ‘concha de su madre’. Destrozaban enseres y la loza la tiraban al piso. Con sus metralletas y yataganes rompían ventanas y muebles. Los libros de una pequeña biblioteca junto al comedor, fueron quemados en el patio. No conformes con lo destrozado, procedieron a cavar hoyos en el patio ‘buscando armas’.

Cheyre les dijo: ‘rompan el living porque ahí deben haber armas guardadas’. Les dio la orden para que en el patio quemaran los libros y buscaran armas. Mis hijos estaban totalmente aterrorizados… Vi el odio desatado por el señor Cheyre y sus acompañantes. Junto con los insultos me tiraron al suelo y comenzaron a patearme, me levantaban para volverme a tirar al suelo, mientras esto sucedía a mi esposo también lo golpeaban pero con la parte trasera de las metralletas. A mi madre y a mis hijos los tenían apuntados con sus metralletas, presenciando todo esto.

A mi esposo lo golpearon. Para ellos era ‘un imbecil’ y ‘un huevón’, porque no sabía ‘la puta que tenía por esposa’. A mí me trataron de la peor manera. Estaban furiosos. Él más furioso era Cheyre. Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo le dijeron al teniente que ‘no había nada en la casa’. Eso lo enfureció y arreció sus golpes e insultos en mi contra. La sangre de las narices me saltó y mojó el pecho producto de los golpes. A mi madre no le hicieron nada.

Me llevaron amarrada con las manos en la espalda, la vista vendada. Habían rodeado todo pues pensaban que ‘podía huir hacia otras casas’. Se llevaron a mis dos hijas más pequeñas… Yo quedé detenida en el Regimiento de La Serena que comandaba Ariosto Lapostol Orrego”.

“Cheyre dio la orden de fusilarme”

-En el Regimiento Nº 2 Arica la torturaron…

“Sí. Ahí empezó lo más horrible. Padecí el mismo ‘tratamiento’ que se le dio a miles de personas. Fui violada para que confesara mi militancia y los nombres de la dirección del Partido Comunista en la región. Me aplicaron electricidad en los senos, debajo de las uñas de pies y manos, en la vagina… Fui arrojada a una celda de castigo de donde era sacada para ser llevada a las sesiones de tortura. Permanecía sin alimentos ni agua. Bebía la que se acumulaba en los rincones con orina y restos de fecas. Juan Emilio Cheyre Espinosa dio orden para que se me fusilara ‘en vista que no delataba a nadie’. El falso fusilamiento se efectuó. Dijo ‘saquen a esta maraca afuera y mátenla’. Yo había vivido el infierno y ¿sabes qué pensé? Que la muerte era un alivio. Estaba en medio de toda esa mugre, en un calabozo sucio, húmedo y oscuro, sin ver luz. Salía sólo para ser torturada, golpeada y violada”.

-¿Vio a otros prisioneros políticos? ¿Supo del paso de la Caravana de la Muerte?

“Yo no era la única prisionera en el regimiento. No pude ver a los demás, porque todos estábamos con la vista vendada. Pero escuché a otros, sobre todo hombres. Luego me llevaron a la cárcel de mujeres en El Buen Pastor, de calle Balmaceda a cargo de religiosas. Le pregunté a una de las monjas, qué fecha era. Una monja me miró extrañada. Dijo: ‘¿pero, cómo no sabe el día en que estamos?’. ‘Es noviembre de 1973′, me dijo. Allí me di cuenta que estuve prácticamente un mes siendo torturada. Mientras permanecí en las celdas de castigo ocurrió la Caravana de la Muerte, al mando del general Sergio Arellano Stark. Fue horrible. Escuché que ‘habían ido a buscar a los prisioneros a la cárcel’. Los torturadores hablaban, decían: ‘¿trajeron a los tales por cuales de allá, de la cárcel?’. ‘Sí’, decía uno. ‘¿Y los van a dar de baja?’, decía otro. ‘¡Claro que sí, eso hay que hacer. Hay que matar a todos estos que envenenaron la mente de la gente!’.

-¿Los torturadores eran las mismas personas que la habían detenido?

Sí. Polanco, Ojeda, Osvaldo Pincetti Gac. Cheyre, también, por supuesto. Él estaba ahí… Después me trasladaron a la cárcel de La Serena. Estuve allí incomunicada. Me sacaban amarrada y con la vista vendada para ir otra vez a la tortura en el regimiento”.

-¿Un militar que la custodiaba le entregó un papel con los nombres de los torturadores?

“Me trasladaron a la cárcel en calidad de castigada y aislamiento, sin embargo, siempre era llevada al regimiento para proseguir con los interrogatorios. A la tercera semana de diciembre de 1973, me levantaron la incomunicación. Un militar que me acompañaba me entregó en un papel escrito los nombres de aquellos que me habían torturado. Dijo: ‘alto, alto… Ustedes, córtenle las amarras’. Uno de los custodios le manifestó: ‘No tengo cuchillo’. Me imagino que fue él quien me cortó las amarras. Me puso por escrito el nombre de los torturadores y me dijo: ‘señora, yo no he participado en esto… No olvide nunca esos nombres’”.

-¿Ud. no sabe quién es él?

“Después, con el tiempo, supe quién era. Pero no quiero nombrarlo. No quiero causarle algún problema a él y su familia”.

-Ud. señala que fue violada y le aplicaron electricidad al interior del Regimiento Nº 2 Arica de La Serena…

“Sí. Ese fue el ‘tratamiento’ que me dieron. Me violaron y aplicaron corriente en partes de mi cuerpo por casi un mes. Esas vejaciones las sufrieron muchas mujeres. Lo que sucede es que aún existe el miedo a confesarlo, sobre todo el acto de la violación. Miedo y vergüenza por nuestras familias. Muchas mujeres no quieren que sus esposos sepan algo tan atroz.

Las personas que me torturaron eran las mismas que ‘asaltaron y rompieron’ mi casa y me detuvieron. Ellos integraban el grupo de tortura: Cheyre, Polanco, Ojeda y Pincetti Gac, conocido como el Profesor o doctor Destino. Él hipnotizaba a los prisioneros y participaba de las sesiones de tortura. Pincetti tenía un programa en la radio. En su programa ‘veía el destino y futuro’ de los auditores. La gente lo llamaba para saber cómo les iba a ir ese día o cómo solucionar sus problemas afectivos. Esa era ‘su área’. Por eso se lo conoce como Profesor, Destino o doctor Tormento…”.

Dinamitado en su casa

-Sus dos hijas más pequeñas también fueron detenidas…

Sí. Natacha, de un año y 9 meses, y Yelena, de 3 años y 6 meses. Luego, permanecí con ellas en la cárcel. Mi familia me buscó durante dos meses, el mes que estuve en el regimiento y, después, el mes de incomunicación. Mi madre, que estaba muy enferma, se agravó y falleció, mientras yo estaba en la cárcel”.

-¿Qué sucedió con su esposo, también lo detuvieron?

“No, a él no. Sólo lo golpearon e insultaron. Le dieron de patadas y culatazos y lo dejaron libre. El propio Cheyre dijo ‘que era un tal por cual, que no sabía nada’”.

-A Ud. la acusaron de pertenecer al Partido Comunista.

“Sí, entre otras cosas. Yo pertenecía a otro partido, el Partido Socialista. Pero nunca, tampoco, se los dije. ¿Sabe por qué?, si les decía mi militancia me habrían torturado más y más. Si les hubiera dicho que pertenecía a un grupo de la dirigencia del Partido Socialista, me habían preguntado muchas más cosas. Nunca les dije a qué pertenecía. Siempre negué la militancia comunista, porque en realidad no la tenía, a pesar de que conocía a muchos compañeros, ninguno de ellos fue por mí a la cárcel. Ninguno fue golpeado por mi culpa”.

-¿Cómo llegaron a su casa?

“No lo sé. Lo único que pienso es que alguien de mi población me delató. Los militares buscaban comunistas. Esa era su ‘tarea’, eliminarlos, destrozarlos”.

-Ud. denuncia que el dirigente socialista Daniel Acuña Sepúlveda fue dinamitado por militares en 1979.

“Sí. Cuando salí de la cárcel. Tres o cuatro años después, fui a la casa de Daniel Acuña, dirigente socialista de 69 años. Vivía en una parcela que estaba a la subida de Tierras Blancas. Fui a saludarlo y proponerle que nos fuéramos al exilio. Él me dijo que no podía hacerlo ‘porque se había casado con la hermana de un capitán del Regimiento’. Le dije a Daniel que eso no lo iba a eximir de que un día vinieran a su casa y lo llevaran detenido. Le hablé de las torturas. Me dijo que ‘nada de eso le iba a suceder’.

Un día de agosto de 1979, de madrugada, el empleado que tenía, un viejito que trabajaba con su hijo la parcela, apareció en mi casa gritando y llorando. Ellos vivían en un rincón bien alejado de la casa principal. Vino a buscarme y me golpeó la puerta desesperado. Me decía ‘señora Eliana, levántese. Asaltaron la casa de don Daniel. Y no sé si está vivo o muerto’. Hay muchas cosas extrañas en la muerte de Daniel Acuña. Su esposa no estaba en la casa, y su hijo huyó herido, aunque después fue detenido al llegar al Hospital. Tenía heridas de bala”.

-Ud. entró a la casa de Acuña. ¿Qué pudo ver?

“Sí, entré a su casa. Estaba todo completamente destrozado. Todo hecho pedazos. Sangre en todas partes. Tuve que pasar por sobre la puerta. La habían sacado a la fuerza. Estaba hecha pedazos, los vidrios, y todo lo que había sido su sueño. Todas sus pertenencias. Los muebles despedazados. Fui al dormitorio y no quedaba nada. Sus restos estaban repartidos en las murallas y piso. Al viejo -tenía 69 años- lo amarraron a su cama y lo dinamitaron”.

- Ud. acusa a Juan Emilio Cheyre en las detenciones de José Rodríguez Torres (1º noviembre 1973), José Rodríguez Acosta, (padre del anterior, 8 noviembre 1973), Bernardo Lejderman Konoyoica y María Ávalos Castañeda (matrimonio argentino-mexicano, 8 diciembre 1973). Ellos fueron asesinados por militares del Regimiento Nº 2 Arica de La Serena. El entonces teniente Cheyre era el “ayudante” del comandante del regimiento Ariosto Lapostol. También Ud. menciona al estudiante de la Universidad de Chile, Bernardo Cortez y a Santoni. Ambos no figuran en el Informe Rettig… y a Jorge Vásquez Matamala (16 septiembre 1973), que sí figura, pero asesinado por carabineros.

“Todos ellos son personas que detuvo el grupo formado por Cheyre, Ojeda, Polanco, Pincetti y otros. Los militares actuaban muchas veces en conjunto con Carabineros de la zona. Ellos detuvieron a estas personas. Santoni y Bernardo Cortez, me imagino que fueron ejecutados. Ellos no figuran en el Informe Rettig, es cierto. Lo único que sé de ellos dos es que fueron detenidos por ese grupo comandando por Cheyre.

Santoni era un profesional. No recuerdo su nombre. De Bernardo sí me recuerdo. Era estudiante de la Universidad de Chile, y un joven muy participativo. Fue detenido por este mismo grupo.

Pienso que Cheyre y sus dos ayudantes, Polanco y Ojeda, se dedicaron a eliminar las cabezas de los partidos de la izquierda, para que nunca más se volvieran a reestructurar, para sembrar el miedo. Sin duda existen muchos más casos que no conocemos aún”.

-¿Qué opina que Juan Emilio Cheyre sea hoy el nuevo comandante en Jefe del Ejército? Su denuncia pública, Ud. la realizó hace varios años.

“A mí me parece realmente horroroso que un ser tan siniestro como él sea capaz de dirigir el Ejército de Chile. Es cierto que Augusto Pinochet ya lo hizo, por lo que no es extraño. Es asqueroso. No sé cuándo el Ejército va a lograr sacar a todos esos criminales. El dictador lo premió con una estadía en Sudáfrica y Europa, porque Cheyre hizo su trabajo a cabalidad. Él destruyó nuestras vidas”.

«Misión cumplida»

El cuestionado comandante en Jefe del ejército, Juan Emilio Cheyre Espinosa, proviene de una familia militar. Su padre, Emilio Cheyre Toutin, se desempeñó como director de la Escuela Militar, de Inteligencia y, como civil, en Investigaciones, siendo, además, embajador de Chile en Portugal, durante la Unidad Popular.

La familia militar mantiene su tradición. Cheyre está casado con María Isabel Forestier Ebensperger, hija del general (r), ex vice comandante en jefe y ministro de Defensa de Pinochet, Carlos Forestier Haensgen, quien fuera comandante de la VI División del Ejército en 1973. Forestier está acusado de graves violaciones a los derechos humanos, siendo responsable de fusilamientos, desapariciones, y actos represivos en la I Región. Procesado por Caravana de la Muerte y Pisagua; el suegro de Cheyre sigue siendo “socio” del ex director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, en una empresa de seguridad.

Cheyre Espinosa ha seguido una meteórica carrera militar y académica. Es licenciado en Ciencias Militares y magister en Ciencias Políticas, con mención en Relaciones Internacionales, además posee un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Augusto Pinochet le destinó en la Escuela de Infantería, en la Militar, y fue comisionado a Sudáfrica y en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Durante la dictadura ejerció el mando en los regimientos de Infantería Nº 4 Rancagua y Nº 23 Copiapó, y en la Academia de Guerra del Ejército.

En 1987, al mando del Regimiento Copiapó, Cheyre fue nombrado por Pinochet, Intendente de la III Región, cargo que desempeñó hasta el fin de la dictadura. Fue allí donde estrechó vínculos con el círculo político del dictador. En 1996, también por instrucciones de Pinochet, coordinó el “encuentro académico” realizado en El Escorial, España, donde se reunió una delegación militar, representantes del PS y asesores del ex dictador -en ese momento comandante en Jefe del ejército-, próximo a asumir como Senador Vitalicio. Esa reunión de “diplomacia secreta y garantías”, sin duda selló el destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, la institucionalidad y la presidencia de Lagos. Allí terminó el veto del ejército a los políticos socialistas.

Durante la detención del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte en Londres, el comandante en Jefe, Ricardo Izurieta Caffarena lo destinó a cumplir la misión de “enlace” entre Pinochet y el ejército. Juan Emilio mantuvo un aplicado contacto con Pinochet durante el proceso. Pocos recuerdan que fue mencionado como uno de los redactores de al menos una de las cartas que el ex dictador envió a los chilenos mientras se encontraba detenido.

Cheyre es Profesor Militar de Escuela, en las asignaturas de “Técnica y Táctica de Infantería”, y Profesor Militar de Academia, en las asignaturas de “Historia Militar y Estrategia” y “Táctica y Operaciones”. Como oficial subalterno se le destinó a diversas Unidades militares entre ellas: el regimiento de Infantería de Montaña Nº 11 Caupolicán, la Escuela de Infantería, la Escuela Militar y el Regimiento de Artillería Nº 2 Arica. Es en este último, que se le nombra como uno de los oficiales que remató a los ejecutados de la Caravana de la Muerte, al mando del general (r) Sergio Arellano Stark.

En 1981, Cheyre fue destinado a Sudáfrica, donde se graduó como Oficial de Estado Mayor del Staff College del Ejército Sudafricano. Regresando a Chile se desempeñó como Profesor de la Academia de Guerra del Ejército, donde permaneció hasta 1986. Al año siguiente, ejerció el mando del regimiento de Infantería Nº 4 Rancagua en Arica, y hasta 1990, comandó el regimiento de Infantería Nº 23 Copiapó. Se desempeñó como Director de la Academia de Guerra del Ejército durante el gobierno de Patricio Aylwin.

Durante 1995 y 1996, Cheyre asumió como Jefe de la Misión Militar de Chile en España y Agregado Militar y de Defensa en ese país, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El año 2001 asume la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército. Es miembro de la Academia de Historia Militar y del Instituto Geopolítico de Chile. Entre sus publicaciones se menciona: “Interpretación Político-Estratégica” y “Medidas de Confianza Mutua, Casos de América Latina y el Mediterráneo”. Como docente ha dictado las asignaturas de “Estrategia”, “Teoría del Conflicto” y temas vinculados a Seguridad y Defensa en las Academias de Guerra del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, además de clases en la Universidad Católica y Gabriela Mistral. Se le considera un “intelectual” y un “modernizador” en el Ejército.

Entre sus “condecoraciones y medallas” destaca la del Presidente de la República de Chile en los grados de “Oficial” y “Caballero”, Estrella Militar de las Fuerzas Armadas en el grado de “Gran Estrella al Mérito Militar” y la soberbia “Misión Cumplida”, otorgada de manos del propio Pinochet. ¿Misión cumplida de qué?

(¹) Los artículos son del año 2002 y fueron publicados en El Siglo.

http://fugadetinta.cl/vi-el-odio-desatado-por-el-senor-cheyre/

La Responsabilidad de Cheyre, Parte I: Violaciones a los Derechos Humanos, Cambio de Ilusión & Niños Ejecutados (Arnaldo Pérez Guerra, Liberación).

Publicado por: Rodrigo Mundaca Rojas en 24 agosto, 2013

A propósito de la conmemoración de los 40 años desde el Golpe Militar y la renuncia de Cheyre a la cabeza del SERVEL producto de cuestionamientos públicos luego del impacto del caso Lejderman (cara a cara televisivo mediante), recuperamos un especial escrito por nuestro amigo Arnaldo Pérez Guerra respecto a la responsabilidad del militar al momento de asumir la comandancia en jefe del ejército¹. El presente acopio de información es vital para comprender los cuestionamientos a Juan Emilio Cheyre y su vinculación con violaciones a Derechos Humanos, a pesar del aparente “blanqueamiento” de su imagen durante los gobiernos de la Concertación y la Alianza.

El general Juan Emilio Cheyre finalizará su periodo como comandante en Jefe del ejército el 2006. Se mencionó a Cheyre, cuando asumió, como un representante de la “doctrina Izurieta” y la “modernización institucional”. El gobierno hablaba de una “normalización institucional” de las relaciones entre el Ejército y la sociedad democrática, iniciada desde la comandancia en Jefe de Ricardo Izurieta. Sin embargo, existen denuncias -aún no aclaradas-, sobre la participación de Cheyre en graves violaciones a los derechos humanos. 

Uno de los ‘plus’ de Cheyre es su “actitud frente al desacato judicial de Pinochet” en el Caso Caravana de la Muerte. Ricardo Izurieta y Cheyre -su hombre de confianza-, se entrevistaron con Pinochet en enero de 2001. En su parcela de Los Boldos, Bucalemu, el ex dictador habría recibido la notificación de que “debía someterse a lo que resolvieran los tribunales, a riesgo de perder el respaldo del Ejército”. Por lo menos, esa es la versión de la mayoría de la prensa.

Pinochet se negaba a realizarse los exámenes médicos, pues sabía que no sería declarado loco, a pocos días del Informe de la Mesa de Diálogo. No es descabellado pensar que en esa reunión entre Pinochet, Izurieta y Cheyre, se le garantizó al Comandante en Jefe “benemérito” que su caso se resolvería por esa vía. La única salida para Pinochet era ser declarado “loco o demente”.

Quizá esa reunión sirvió para que Pinochet dejara atrás sentimentalismos y adoptara una postura pragmática. Finalmente, luego de los exámenes y las oscuras maniobras del gobierno, la justicia y algunos peritos, Pinochet fue “sobreseído”.

El curriculum profesional de Cheyre no deja de sorprender. Sin embargo, hay puntos oscuros. Cheyre está casado María Isabel Forestier, hija del general (r), ex vice comandante en jefe y ex ministro de Defensa de Pinochet, Carlos Forestier Haensgen. Forestier ejerció como comandante de la VI División del Ejército en 1973. Era responsable del campo de prisioneros de Pisagua, de triste recuerdo, y además, jefe de zona en Estado de Sitio e Intendente de la provincia de Tarapacá. Está acusado de violaciones a los DD.HH. Se le indica como responsable de fusilamientos y desapariciones, además de otros actos represivos en la I Región. Está procesado por Caravana de la Muerte y Pisagua; además, es “socio” de Manuel Contreras Sepúlveda -el ex director de la DINA- en una empresa de seguridad.

No es menos cierto que Cheyre tiene una importante trayectoria profesional y académica. Ingresó a la Escuela Militar en 1963 y, entre 1977 y 1979, fue alumno de la Academia de Guerra del Ejército. Egresó como oficial del Estado Mayor. Fue, además, profesor de la Academia de Guerra en Historia Militar y Táctica y Operaciones. Posee, también, un magíster de Ciencias Políticas con mención en Relaciones Exteriores, y un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Se le menciona como un “intelectual” en el Ejército, y tiene méritos: domina el inglés y francés, y es experto en esgrima, natación, esquí y paracaidismo militar.

En 1981, Cheyre fue enviado a Sudáfrica a proseguir estudios. Sudáfrica vivía el apartheid y la brutal represión a la población negra. Las relaciones con Chile eran óptimas y la nación africana facilitaba a oficiales chilenos y agentes de servicio represivos, preparación y cobertura para actividades secretas. No pocos agentes de la DINA y CNI se “especializaron” allá.

Fue designado por Augusto Pinochet Ugarte, en 1987, Intendente de Atacama. También estuvo al mando de unidades militares como los regimientos de Rancagua y Copiapó. Además, de director de la Academia de Guerra y comandante del Comando de Institutos Militares.

En la década de los 90, Cheyre fue agregado militar en España y, en diciembre de 2000, pasó al Estado Mayor. Como delegado de Ricardo Izurieta, permaneció en Londres durante el juicio a Pinochet, asumiendo “el control de permanente monitoreo de la salud de Pinochet”, señala La Nación.

Diplomacia “secreta”

Ricardo Lagos, un día después de recibir de Izurieta la quina de la que debía salir su sucesor, llamó al ministro de Defensa, Mario Fernández, ordenándole resolver con estricto apego a la nómina los ascensos a generales y los llamados a retiro. Fue una señal de respaldo de Lagos al “desempeño” de Izurieta. Antes de 24 horas, el Presidente le pidió a Fernández que lo citara junto a Juan Emilio Cheyre. Cheyre era “el nuevo comandante en Jefe del Ejército”.

Para el gobierno, es el general “más capacitado”, que destaca por su “formación intelectual” y “carácter estrictamente profesional”. Se le nombra como uno de los precursores de las “modernizaciones en salud y educación” de la institución. Lagos hacía un gesto de “gratitud”. Sus palabras lo testimonian. “Esta decisión significa en lo esencial dos cosas. Primero, el reconocimiento a los méritos militares e intelectuales del general Cheyre. Y también, un reconocimiento de lo que el país y el Ejército le debe al general Izurieta, ya que bajo su mando la institución inició un tremendo esfuerzo de profesionalismo, modernización y eficiencia”, señaló apenas se conoció la noticia. La designación era un secreto a voces.

Juan Emilio Cheyre cobró notoriedad cuando “cumplió junto a otros altos oficiales una misión de primerísima importancia ordenada por el propio Pinochet. En 1996, el ex dictador veía acercarse el final de su carrera militar y preparaba su inserción en el Senado. Cheyre organizó junto al embajador Alvaro Briones, socialista, un encuentro en Madrid entre la plana mayor del PS y una delegación militar”, señala Punto Final en su última edición (Nº 515). El 30 de mayo de 1996, se efectuó la reunión en el Hotel Victoria Palace de El Escorial, en España. Allí departieron dirigentes del PS, asesores de Augusto Pinochet y oficiales de ejército. Todos participaban del seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset: “Las FF.AA. y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile”.

El embajador Alvaro Briones (PS) y el propio Cheyre, en ese momento, agregado militar en España, fueron los anfitriones. En la reunión se selló “el destino de Cheyre” y, quizá, también el de Lagos.

El entonces ministro de Obras Públicas, conversó con el asesor de Pinochet, Sergio Rillón; el ex canciller, embajador y luego defensor del dictador, Hernán Felipe Errázuriz; el coronel Carlos Molina Johnson; el director de la Academia de Guerra, coronel Jaime García; y el comandante del Regimiento Maipo, coronel José Piuzzi. Por el Partido Socialista participaron el senador Jaime Gazmuri; el ex ministro Enrique Correa y Camilo Escalona.

Allí se habló, sin duda, del destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, de la institucionalidad y lo que venía: Lagos sería elegido Presidente de la República. Allí terminó, también, el veto del ejército a los “políticos socialistas”. Fue un encuentro de diplomacia secreta, de acuerdos y garantías.

Hijo de la dictadura

Cheyre se relacionó estrechamente con el equipo político de la dictadura. En 1988, Pinochet lo nombró Intendente en la III Región, antes del plebiscito. Un cargo importante para asegurar la continuidad de la dictadura. En esa época, Cheyre diría: “El triunfo del SI debiera ser una constante en todos los sectores (…). Una victoria del NO es una hipótesis no factible. Los chilenos no somos locos”. Hoy, el nuevo Comandante en Jefe, aparece como signo de “continuidad” y como oficial “comprometido con la democracia”. Pero Cheyre, y otros, son oficiales formados en el pinochetismo. Para los militares, la democracia debe ser “vigilada”.

Pesan sobre él, graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, no aclaradas. La abogada Pamela Pereira (PS) señala como “prueba de blancura” de Cheyre que cuando fue cuestionado por su participación en el caso Caravana de la Muerte en La Serena, se presentó “voluntariamente ante el juez Guzmán”. No es el único caso en el que se lo involucra. Se ha mencionado su actuación en actos represivos y la participación en tareas de exhumación de víctimas, en 1978, cuando el Ejército y la CNI coordinaron la remoción de restos, pues lo ocurrido en Lonquén, “no podía repetirse”.

La doble desaparición de restos de ejecutados, como está acreditada en Chiuío, ocurrió a lo largo y ancho del país. Y se menciona a Cheyre como uno de los que “coordinó” estas operaciones, en conjunto con el subdirector de la CNI Fernando Arancibia Reyes, hermano del ex almirante y actual senador UDI, Jorge Arancibia.

En 1985, Cheyre se negó a entregarle a un juez la lista de oficiales asignados a la CNI. El juez investigaba el asesinato de Paulina Aguirre Tobar (MIR). Siendo Intendente de la III Región, en 1988, se lo menciona como encubridor de torturas. También está citado como “inculpado”, en la muerte de dos menores en 1973, en Coquimbo, que investiga el juez Guzmán.

“Cheyre remató prisioneros”

El ex oficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos, en su declaración ante el juez Juan Guzmán (26/12/1999), inculpa a Cheyre. Rodríguez señala una conversación con sus compañeros -los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio Lafourcade Jiménez-, que le relataron cómo los oficiales que viajaban en el helicóptero Puma fusilaron, por órdenes del general (r) Sergio Arellano Stark, a 15 prisioneros políticos que permanecían detenidos en la cárcel de La Serena.

En el helicóptero Puma viajaban el general Sergio Arellano Stark -jefe de la misión delegada por Pinochet-, Pedro Espinoza Bravo, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton, Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Carlos López Tapia. Antonio Palomo Contreras, sólo realizó la “Caravana” por el sur. A estos oficiales se agregaron dos clases de la Escuela de Infantería.

La Caravana de la Muerte o del “buen humor”, como fue conocida en el Ejército, se paseó por Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica.

Pedro Rodríguez señala que Arellano Stark se reunió con el comandante del Regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y que “ordenó revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados. (…) El fiscal militar, mayor de Carabineros de apellido Cazanga, le entregó los antecedentes”. Arellano y los integrantes de la Caravana de la Muerte se reunieron con el comandante Lapostol y determinaron traer desde la Cárcel de La Serena a los 15 presos. Arellano citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva: “(estos últimos) oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos. (…) Inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió”.

Rodríguez inculpa a varios de los oficiales que debieron dar “el tiro de gracia”, entre ellos Juan Emilio Cheyre Espinoza. Los cuerpos fueron trasladados en un camión del regimiento hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en la fosa común y tapados con cal. Al día siguiente, la Caravana de la Muerte siguió con destino al norte.

Muertes y torturas

Rodríguez -que, a fines de los ’80, fue ayudante del ex jefe operativo de la CNI Alvaro Corbalán Castilla-, también entrega datos sobre el asesinato de José Segundo Rodríguez Torres y su hijo, José Rodríguez Acosta, ejecutados el 1 y 8 de noviembre de 1973, en el mismo regimiento.

José Rodríguez Acosta fue detenido el 30 de octubre de 1973 por personal de la sección de Inteligencia del regimiento, a cargo del entonces capitán Fernando Polanco Gallardo, el sargento Silva y el cabo 1º Fernández. También participaba allí Osvaldo Pincetti Gac, el doctor “Tormento”.

“Pincetti fue el encargado de hipnotizar a José Rodríguez hijo. Este joven fue interrogado y ejecutado en el regimiento Arica -señala Rodríguez-, y se dio como explicación que en un traslado interno dentro de la unidad intentó fugarse, ante lo cual se le dio muerte en su huída, al tratar de recapturarle, hecho que no fue así por cuanto todos los traslados de las personas detenidas que me tocó presenciar o custodiar como oficial de guardia de la época lo hacían con la vista vendada y manos atadas. (…) Por haber trabajado como secretario de fiscalía, me cercioré que (el joven ejecutado) no tuvo un proceso ajustado a derecho”.

José Rodríguez Acosta, su padre, fue al regimiento para saber el paradero de su hijo. Quedó detenido y fue ejecutado al día siguiente.

También entrega detalles del asesinato de Bernardo Lejderman Konoyoica (argentino) y María del Rosario Avalos Castañeda (mexicana): “Un informante llegó hasta la unidad de Inteligencia del regimiento Arica de La Serena, manifestando que esta pareja portaba armas y explosivos con los que pretendían abandonar el país”. El matrimonio se encontraba en la ciudad de Vicuña. Fueron ejecutados por oficiales del Regimiento Arica, al mando del capitán Polanco: “Se supo que sin mediar enfrentamiento alguno fueron ejecutados. Lo que se le manifestó a la opinión pública fue que se habían suicidado”, declara el ex oficial. “Estos hechos deben haber estado en conocimiento del comandante del regimiento, Ariosto Lapostol, ya que todos los movimientos de esta unidad y órdenes a cumplir eran privativos de él”.

El ayudante del comandante Lapostol era el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, hoy flamante comandante en Jefe del Ejército.

Cambio de ilusión

Para la Concertación, la llegada de Cheyre a la comandancia en jefe del Ejército se produjo “sin traumas y en total concordia, debido a la continuidad de los equipos de confianza construidos por el sucesor de Pinochet y a que está garantizada la vigencia del proceso de profesionalización”. La oposición coincide.

El Presidente Lagos señaló que con su designación “se asegura la continuidad en las tareas profesionales que son indispensables para el fortalecimiento de la institución y, por ende, del país”.

Cheyre concluirá su período el 2006 cuando ya se haya elegido un nuevo Presidente de la República. Entre sus tareas “institucionales” estará defender la autonomización de las FF.AA. respecto del poder político, la doctrina de Seguridad Nacional, la Constitución pinochetista que los define como “garantes de la institucionalidad”, además de los proyectos de modernización que están en marcha. No se debe olvidar, el Consejo de Seguridad Nacional, los presupuestos garantizados con que cuentan y los recursos de la Ley del Cobre o “su equivalente”. Un aspecto central será la aun vigente “inamovilidad de los comandantes en jefe” y el proceso de ascensos de los altos oficiales.

La profesionalización del Ejército costará al país más de 300 millones de dólares. Los “gestos” en el caso Prats serán difíciles. La segunda antigüedad en la institución, ocupando la jefatura del Estado Mayor, será el general Roberto Arancibia Clavel, hermano del agente DINA, Enrique Arancibia Clavel, condenado a prisión perpetua en Argentina por el asesinato del ex comandante en jefe Carlos Prats. Arancibia Clavel, hasta ahora era jefe del DINE.

El gobierno destaca que este es el primer cambio de mando del Ejército realizado “en base a la Constitución y sus períodos reglamentarios”. Ya nadie recuerda que vivimos bajo una “normalidad de facto”, con una Constitución impuesta, a sangre y fuego, por una dictadura. Eso no está en la agenda de Juan Emilio Cheyre, pues tampoco lo está en la de los políticos de gobierno.

La “normalización” del Ejército en la “sociedad democrática” no es tal, pues en nuestro país no hay “normalización” ni “sociedad democrática”.

“Gestos”

En una solemne ceremonia en la Escuela Militar el general Ricardo Izurieta entregó el mando. Se despidió diciendo que “una nación aprende de sus experiencias pero no contribuye a su bienestar y cohesión cuando traspasamos de generación en generación los conflictos y las diferencias. (…) En ese sentido pienso que el esfuerzo que hemos emprendido y la actitud del Ejército sólo podrán ser dimensionadas en la perspectiva del tiempo. (…) Sinceramente espero que la voluntad de avanzar en el reencuentro nacional se imponga por sobre todas las diferencias que separaron a los chilenos en el pasado”. Agregó, sin más, que “para el Ejército es imperativo, y también creo que para todo el país, dar vuelta las páginas de los eventos del pasado que aún nos dividen”.

La ceremonia estuvo presidida por el Presidente Ricardo Lagos. Entre los invitados estaban -por primera vez-, los hijos de los ex comandantes de la institución, Carlos Prats y René Schneider. Lo que fue entendido como un “gesto” democrático. Otro “gesto” fue que el ex comandante en jefe, benemérito, del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, se excusó de asistir. Se pudo ver a sus hijos Lucía Pinochet Hiriart y Marco Antonio.

La misión era matar

“Ariosto Lapostol condujo al general Arellano a la pequeña oficina en que cumplía su labor el fiscal militar, mayor de carabineros Manuel Cazanga Pereira. (…) Se instalaron en la oficina del comandante con los antecedentes de los detenidos. Junto a ellos ingresaron el fiscal Cazanga, el ayudante del comandante Lapostol, teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, y el mayor Marcelo Moren Brito. Moren era todavía el segundo comandante del Regimiento Arica, pero estaba en servicio…”. Página 122.

“El general Sergio Arellano fue quien ordenó a los oficiales del regimiento para que dieran el tiro de gracia. Se supo que el capitán Mario Vargas fue muy mal tratado por el general Arellano Stark, porque se negó a dispararle al prisionero que le correspondía rematar. (…) Los oficiales que participaron en estos hechos son los siguientes: capitán Mario Vargas Maguiles, teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza; teniente Jaime Ojeda Torrent; subteniente Hernán Valdebenito Bugman; subteniente Mario Larenas Carmona; subteniente Guillermo Raby Arancibia; subteniente Julio Lafourcade Jiménez; mayor en retiro de apellido Délano; y el mayor de sanidad Guido Díaz Pacci…”. Páginas 126-127.

“Cuatro días antes de ser asesinado en la cancha de tiro del regimiento Arica, el 12 de octubre de 1973 un Consejo de Guerra dictó en La Serena en la causa rol 4-73, una sentencia de 20 años de presidio en contra del secretario regional de la Central Unica de Trabajadores y militante del MAPU, Carlos Alcayaga Varela, acusado de guardar material explosivo en su casa de Vicuña. El Consejo lo presidió el comandante Ariosto Lapostol, y lo integraron además el comandante Oscar Arriagada; el mayor Tomás Manríquez; el capitán Mario Vargas Maguiles; el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, y los auditores Francisco Alvarez y Florencio Bonilla…”. Página 133.

“A su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, el comandante Lapostol le ordenó que fuera al diario local El Día y avisara que en la primera página del día siguiente miércoles 17 de octubre debería ser publicado un bando que se entregaría para informar de la muerte de los quince prisioneros ‘por fusilamiento’. Cuando ya se acababa la luz del día de aquel martes 16 de octubre de 1973, un camión militar y un piquete de soldados al mando del capitán Vargas entró al cementerio para cumplir las órdenes impartidas por el comandante Lapostol. Luego de ser identificados por un oficial civil e inscritos en el registro del cementerio, los quince cuerpos fueron echados a una fosa de boca cuadrada de 2.30 por 2.30 metros y cerca de siete de profundidad, que se ubicaba en el patio Nº4 y que estaba destinada al depósito de desechos hospitalarios. Encima de los cuerpos vaciaron sacos de cal…”. Página 138.

“Sí, yo presencié los fusilamientos, pero no participé en ellos. Nosotros no interveníamos directamente en los fusilamientos, sólo los presenciábamos. (…) Tengo que expresar que en todas las ciudades que fueron visitadas por la comisión (la Caravana de la Muerte, NDR), las ejecuciones fueron realizadas por el personal de las respectivas unidades, y no por los integrantes de la comitiva del general Arellano. (…) Los integrantes de la comisión no participábamos en los fusilamientos. Eramos como ministros de fe…” (Declaración ante el juez Juan Guzmán del coronel (r) Marcelo Moren Brito). Página 143.

“Con las primeras luces del lunes 9 de noviembre de 1998, parte de lo pedido por los organismos de Derechos Humanos y los familiares, comenzaba a hacerse realidad. En el patio Nº4 del cementerio municipal de La Serena, el equipo de la Unidad de Identificación de Santiago del Servicio Médico Legal, comenzaba las excavaciones para intentar exhumar los quince cuerpos que se buscaban. El trabajo fue duro y lento. En los primeros metros extrajeron una gran cantidad de huesos de fetos, desechos de material quirúrgico como pinzas, bolsas de suero y agujas desechables, y 12 cuerpos que no correspondían a las características de los que se buscaban. Llegado a la profundidad de unos seis metros, el día 11 de noviembre apareció el primero de ellos. En tres capas y en total desorden fueron apareciendo los otros catorce. (…) El lentísimo trabajo recién concluyó el sábado 14 de noviembre y los esqueletos fueron llevados al Instituto Médico Legal de La Serena. (…) Allí estaban las pruebas imborrables. Trece de los quince prisioneros habían sido violenta y reiteradamente golpeados con objetos contundentes antes de morir, lo que les produjo fracturas y lesiones en muchas de sus costillas y pelvis. Uno de ellos tenía el cráneo fracturado por los golpes. Diez de ellos tenían uno o más impactos de bala en el cráneo además del tórax. El resto presentaba los balazos en el tórax y otros huesos…”. Página 149.

(Párrafos del libro La misión era matar. El juicio a la Caravana Pinochet-Arellano, del periodista Jorge Escalante Hidalgo. Publicado por Editorial LOM, en agosto de 2000.)

Niños ejecutados

El ejército niega que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en la IV Región, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001, contra el general (r) Augusto Pinochet, interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, ejecutados tras el golpe militar de 1973.

Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios de Impuestos Internos.

“Qué saben ustedes”

La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Nelson Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí. No llegaron a sus hogares, lo que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron por parejas para buscarlos. Se vieron obligados a infringir el Toque de Queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.

Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas habitualmente. A los pobladores les habían dicho que ahí “se podían producir atentados extremistas”. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 “Arica” de La Serena.

Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que revisaron el auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte, en “caso de moverse o alarma”. Permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango. Luego, un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada, y se sometió a las familias de los menores a “arresto domiciliario”. Toda la población fue allanada por militares armados, quienes los interrogaron sobre “la desaparición de los menores” y “qué sabían de eso”.

Balas militares

Los padres de los menores eran trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados.

Se efectuaron intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales “expertos en rastreo”. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.

En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.

“Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad”, señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era “a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo”, y agregando que “esos proyectiles los usan sólo el Ejército”. Sin embargo, el médico les señaló que “no podía certificar esa causa de muerte”. “Efectivamente el certificado señala ‘causa de muerte indeterminada’”, agrega Gutiérrez.

En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol, y va dirigida contra Augusto Pinochet y “todos los que resulten responsables”. También se cita a Osvaldo Pincetti, que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento “Arica”.

Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. “Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de ‘inculpado’. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso”, señala Hugo Gutiérrez.

Lapostol, Moren y Cheyre

El ex comandante del Regimiento “Arica” de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano.

El año pasado, señaló a Canal 13: “Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano”. Sin embargo, Lapostol confirmó que “los ejecutados fueron elegidos por Arellano”.

En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Luis Manuel Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark.

Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento “Arica”.

(¹) Los artículos son del año 2002 y fueron publicados en El Siglo.

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