Martes 19 De Febrero 2013
Paul Schäfer logró, a través de cuatro décadas, que se desestimaran los graves cargos de pedofilia y de violaciones a los derechos humanos en su contra. De esta forma se convirtió en uno de los criminales más protegidos de la historia del delito en Chile. Hoy, cuando se conoce por sentencia judicial que cuando más se abusó de niños fue entre 1993-1997, se percibe con mayor fuerza la responsabilidad de aquellos que protegieron a la Colonia durante la democracia. Aquí nombres y acciones.
“Que de los hechos establecidos que configuran los ilícitos de abuso sexual y violación se puede advertir que si bien se identifica sólo a un sujeto como autor de los mismos, el que actualmente está muerto, claramente resulta la participación de otros sujetos que por actos anteriores o simultáneos cooperaron con él en la ejecución de los hechos; y la de otros que con conocimiento de la perpetración de los crímenes o simple delitos o de los actos ejecutados para llevarlos a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervinieron con posterioridad a su ejecución ocultando o proporcionando la fuga al culpable, o acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los malhechores, sabiendo que lo son, aún sin conocimiento de los crímenes o simples delitos determinados que hayan cometido, o suministrándoles auxilios o noticias para que se guarden, precavan o salven”, afirma el fallo.“De la prueba reseñada en los motivos precedentes puede concluirse —fundamentalmente porque todas apuntan en la misma dirección, proporcionando informaciones precisas y, por lo mismo, convincentes, acordes con otras (por ejemplo, las pericias médico legales) que verificaron los abusos sexuales— que Hopp, Seewald, Kurt Schnellenkamp, Dennys Alvear y Mücke eran los directivos de Villa Baviera y que, como tales, constituyeron en ese lugar una especie de instituto que Paul Schäfer nominó “internado intensivo”, al cual asistían niños de localidades vecinas que eran reclutados por Mücke y Alvear, haciendo firmar a los padres de los menores un compromiso donde se establecía que los niños estarían a cargo de algunos personeros de la agrupación, lo que no ocurrió, privándolos de un sistema educacional reglamentario. Además debe concluirse que tal organismo permitió a Paul Schäfer violar a algunos de ellos y a otros abusarlos sexualmente, en un modus operandi que generalmente comenzaba con tocaciones en los genitales de los menores cuando este sujeto los bañaba en el servicio aledaño a la habitación que ocupaba en la casa de huéspedes de la Villa, y que continuaba -con algunos de ellos- en el dormitorio de ese individuo donde hacían pernoctar a los ofendidos. Los menores del internado eran dirigidos por Gunter Schaffrick, quien trasladaba a los menores hasta la residencia de Schäfer, lo que también hizo en algunas oportunidades el acusado Uwe Cöllen. Dicho internado intensivo funcionó durante los años 1995 a 1997, y durante su vigencia se produjeron la mayoría de los ataques sexuales a las víctimas, sin perjuicio de que con anterioridad a ésa época, durante los encuentros de fines de semana que se desarrollaban en la Villa, también se reportaron ataques de esa índole”. Sentencia de enero de 2013
En junio del 2000 se incautaron en Villa Baviera una serie de escritos sobre la contingencia nacional. Los documentos, calificados de muy importantes, fueron entregados al juez de Parral. En cuanto a quiénes realizaron dichos análisis, los investigadores afirmaron que poseían nombres, los que serían puestos en conocimiento del magistrado. Pero las identidades de quienes efectuaron dichos informes fueron acalladas.
Una telaraña socio-política y judicial quedó en evidencia. Se trata de una red de protección construida a partir de comienzos de los ’60 y que se amarró durante la dictadura con las visitas de los uniformados, como el propio Pinochet y familiares, del mandamás de la DINA y su hijo.
No sólo los militares visitaron el enclave germano. Un grupo de líderes del naciente movimiento gremialista, surgido en el alma mater de la Pontificia Universidad Católica, encabezado por Jaime Guzmán, fueron asiduos visitantes del fundo “El Lavadero”, donde realizaban sus seminarios políticos e ideológicos.
Guzmán y el gremialismo, antecedente político de la UDI, apoyaron la persecución de sus oponentes políticos. Las estrategias para alcanzar dicho objetivo fueron en sucesivas reuniones de análisis realizadas a partir de la década del `70 en Colonia Dignidad. En ellas participaron un grupo de jóvenes estudiantes y titulados de la Universidad Católica, que con el tiempo se convertirían en destacados políticos, académicos y empresarios.
Entre éstos, el actual senador Hernán Larraín; el analista del CEP, Arturo Fontaine Talavera; el arquitecto y docente de la Universidad Mayor, Alberto Hardessen; el abogado y socio de la firma Vial y Palma Abogados, Manuel José Vial; el empresario y Director de Terranova S.A., Juan Carlos Méndez.
El colono José Efraín Vedder, quien desde niño fue abusado por el pedófilo Paul Schäfer, afirmó en La Nación Domingo que “Hernán Larraín llegó a la Colonia cuando era un estudiante, de la mano de Jaime Guzmán. Larraín ayudó al doctor Hopp a formar la comunidad Perquilauquén. También visitaron la Villa los periodistas Claudio Sánchez y Esteban Montero. Por supuesto que todos los gobernadores, intendentes y carabineros de la zona fueron amigos de la Colonia”.
Vedder sostuvo que el senador de la UDI formó parte de la red “Corporación de Amigos de Colonia Dignidad”, cuya misión era impedir cualquier investigación en el enclave germano. Recordó que cuando miembros de la Colonia realizaron una huelga de hambre para protestar por los allanamientos en busca del pederasta Schäfer, los senadores Hernán Larraín y Bruno Siebert se hicieron presentes para pedir a los colonos que desistieran de su protesta.
Consultado sobre la identidad de los políticos que visitaban el fundo “El Lavadero”, el (ahora ex) senador Jaime Naranjo indicó que “los parlamentarios de la VII Región estaban ahí muy presentes, el diputado Sergio Correa, el senador Hernán Larraín, sólo por citar ejemplos”. Añadió que el ex ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, Jaime del Valle, en una entrevista publicada en La Segunda en la década del `90, admitió que los miembros del movimiento gremial iban a la Colonia Dignidad.
La (entonces) precandidata presidencial de la Concertación, Soledad Alvear, afirmó que en su calidad de ministra del gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió presiones de la derecha en favor de Colonia Dignidad. Alvear recordó que “me tocó como ministra de Justicia recibir a varios parlamentarios, hoy de oposición, que iban a defender a Colonia Dignidad”.
LAS QUEMANTES FIRMAS
En 1991, cuando el Presidente Aylwin presentó la cancelación de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, hubo 17 parlamentarios de la UDI y RN -casi todos, excepto Sebastián Piñera- que recurrieron ante el Tribunal Constitucional para alegar la inconstitucionalidad del decreto del ministerio de Justicia que declaraba disuelta la persona jurídica Sociedad “Benefactora y Educacional Dignidad”.
Entre las firmas figuran el actual presidente del Senado, Sergio Romero, y los senadores Sergio Fernández, Mario Ríos, Sergio Diez, Olga Feliú, Bruno Siebert, William Thayer y Santiago Sinclair. También fue suscrito por Jaime Guzmán y Sergio Onofre Jarpa. El requerimiento fue rechazado, pero dejó de manifiesto cuán poderosa era la red de apoyo de Schäfer, que permitió la impunidad en Villa Baviera.
En 1994, otros personeros de la oposición formaron “un grupo de amigos” a favor del hospital y la escuela de Villa Baviera. Entre ellos se encontraban el entonces recientemente elegido senador por la zona, Hernán Larraín; los diputados Carlos Bombal, Evelyn Matthei, Andrés Chadwick, Jaime Orpis y Juan Antonio Coloma, entre otros.
Existe una declaración de 1996 en que 15 parlamentarios de derecha -entre ellos, Hernán Larraín, Mario Ríos y Sergio Fernández- reclaman por un operativo de Investigaciones que pretendía detener a “un anciano de cerca de 80 años, que además sufre la pérdida parcial de la visión”. En 1998, los mismos parlamentarios votaron en contra de una comisión investigadora para esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese recinto durante el régimen militar.
LOS CIVILES ULTRA
Los vínculos de Schäfer con Patria y Libertad, el grupo civil armado de ultra derecha que surgió en Chile en la década de los `60, fueron fáciles. La Colonia ofrecía a los conspiradores de ese grupo facilidades y secreto. Allí podían reunirse a planificar sus actos de sabotaje y sus acciones nacionalistas. Roberto Thieme reconoció frente a las cámaras que los miembros de Patria y Libertad recibieron sistemáticamente entrenamiento militar en Colonia Dignidad durante el período 1970-73. Incluso el abogado Pablo Rodríguez, uno de los líderes más activos de este movimiento que llamaba a derrocar por las armas al Gobierno de Salvador Allende, se entrenaba allí.
Los líderes de Colonia Dignidad continuaron apoyando a los de Patria y Libertad después del derrocamiento de la Unidad Popular y brindaron al régimen militar apoyo financiero, logístico, económico y político. Thieme terminó la entrevista calificando de una vergüenza que los mismos que usufructuaron de esta gente, ahora se laven las manos, no enfrenten la verdad, se alegren de la caída del pedófilo y persistan en la mentira de “no saber nada” de los horrores ocurridos durante 17 años y del activo involucramiento de Schäfer y sus adláteres en ellos.
LOS PODERES DE ESTADO
El conflicto no resuelto entre el Estado de Chile y la facción germana refugiada en Villa Baviera se refleja en 18 informes de distintas instituciones públicas que, desde 1968, fueron emitidos con resoluciones concretas para abordar integralmente el statu quo. Sin excepción, uno a uno han quedado sumidos en el fracaso.
Entre ellos, los emitidos por cinco comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados entre 1968 y 1997; aquellos de dos ministros de Corte en visita de 1989 y 1996; dos del Consejo de Defensa del Estado de 1969 y 1991; y uno surgido de una sesión especial del Parlamento alemán en 1988, al que hay que agregar el acuerdo del Bundestag de mayo de 2002, que propuso a Chile una serie de medidas específicas para abordar conjuntamente el problema, ninguna de las cuales se implementó. A esto hay que añadir un informe del Registro Civil y otro del Servicio de Impuestos Internos, en los que se abordan los ilícitos cometidos por la dirigencia alemana en estos dos ámbitos.
Por años siguen abiertos y sin resolverse unos 60 procesos civiles y criminales por 20 delitos diferentes en contra de unos 30 altos dirigentes de Colonia Dignidad. Todos estos expedientes están abiertos, pero sin resoluciones definitivas, trabados por razones burocráticas, tráfico de influencia, pérdida de expedientes, cambio de jueces, o vistas de causas no puestas en tabla por meses y años en las cortes, entre los motivos más conocidos.
Este tipo de organizaciones cuenta con un gran aparato jurídico que, utilizando al máximo las características propias del sistema procesal penal antiguo, ha logrado entrabar los procesos. Sólo en contra de la policía, hay más de 86 recursos presentados por los abogados de la Colonia por sus intervenciones al interior de Dignidad.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán González, dictó el 14 de diciembre de 2000 una sentencia absolutoria en favor del segundo hombre del enclave alemán, el Dr. Harmut Hopp, argumentando que no hubo ilegalidades en la adopción de un menor. Tras esa resolución, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio Nacional de Menores y otros querellantes apelaron, acción que fue rechazada por el tribunal de alzada maulino, instancia que el 9 de septiembre de 2002 mantuvo la absolución a Hopp.
Dicho fallo llevó al abogado querellante, Hernán Fernández, a interponer un recurso de casación en el fondo para que la Corte Suprema emitiera su opinión. La Segunda Sala del Máximo Tribunal, integrada por los ministros Enrique Cury, Milton Juica, Jaime Rodríguez y los abogados integrantes Fernando Castro y Emilio Pfeffer, consideraron que no existiría delito, puesto que a la época en que debieron ocurrir los hechos considerados como delictuales no existía ley que los sancionara, por lo que debía rechazarse el recurso.
El 22 de septiembre de 2004, la Corte Suprema absolvió definitivamente al jerarca de la ex Colonia Dignidad del delito de adopción ilegal por el que había sido encausado en el 2000.
En el pasado, hubo reportajes de Canal 13 que fueron verdaderas operaciones comunicacionales. José Miguel Villouta criticó duramente el eufemismo usado en el programa “Contacto” para referirse al apoyo de la derecha a Colonia Dignidad, cuando la conductora, Mercedes Ducci, hablaba de “autoridades de la época” o “cierta prensa”. El iconoclasta conductor de TV escribe en su página que “Villa Baviera contaba con el apoyo a brazo partido de Jovino Novoa, Hernán Larraín, Jaime Guzmán, Pinochet y El Mercurio”.
El prefecto (R) Luis Henríquez, ex subdirector y ex jefe de inteligencia de la Policía de Investigaciones, quien por más tiempo dirigió las pesquisas relacionadas al enclave germano, afirma que “la red de protección -que incluía a fiscalizadores, parlamentarios, jueces, industriales, personajes públicos y sacerdotes- todavía funciona, aunque hoy más debilitada”.
Por otro lado, un juicio iniciado por Colonia Dignidad contra del decreto Nº 143 del ex Presidente Patricio Aylwin, mediante el cual se caducó la personalidad jurídica a la “Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad” el 31 de enero de 1991, todavía está pendiente en las cortes.
Reportaje publicado en 2005
http://elperiodistaonline.cl/de_archivo/2013/02/red-de-proteccion-a-colonia-dignidad-los-contactos-de-schafer/
El miércoles, el dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, llegó hasta la oficina del juez Mario Carroza en compañía del abogado Miguel Alex Schweitzer, quién también defendió a Augusto Pinochet en Tribunales.
