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miércoles, 11 de septiembre de 2013

A 40 años del golpe Osorno sigue dividido

Jueves 12 septiembre 2013 | 14:04 · Actualizado: 14:04
En Osorno, dos caras de una misma moneda. Es lo que se aprecia, sin mayor análisis, respecto a uno de los acontecimientos históricos más trascendentales de Chile. Un hecho que, tras 40 años, se traduce todavía en una barrera que sigue dividiendo a gran parte de los chilenos.
Dos protagonistas osorninos y contrarios de este suceso narran, en parte, lo que significó para ellos el golpe militar y, en ellos, se vislumbra igualmente las 2 posiciones que sigue manteniendo la ciudadanía.
La crónica es de Carolina Gatica.


QUE PINOCHET SE VAYA, MAMÁ



Bombardearon La Moneda y bombardearon a un país entero. Un país que no sólo estaba hecho de allendistas y pinochetistas, militares y guerrilleros, políticos y artistas clandestinos. Debajo de todo, abriéndose espacio entre las temblorosas piernas de un Chile aterrorizado, estaban ellos, jugando a la guerra, a la pelota, a las muñecas. Los infantes de una nación oscurecida, los que nunca pudieron ser niños.
                                                                           Por Carlos Said y Francisco Solís.

Fotografías: Museo de la Memoria / Fondo Pidee
La mañana del 11 de septiembre de 1973 fue trágica para Chile, y eso lo sabemos todos. Probablemente nuestros abuelos, tíos y padres nos contaron cómo fue ese despertar, escuchar al presidente por la radio, asustarse por el bombardeo. Probablemente los miramos con sorpresa, admiración y curiosidad, y nos imaginamos qué habría sido de nosotros en ese escenario. Pero probablemente nunca hemos pensado que también, ese día, había niños en medio de las balas.
Tal es el caso de Javiera Parada, la estudiante de 10 años cuyo padre, José Manuel Parada, fue raptado violentamente por agentes del Estado, antes de ser degollado y tirado en la carretera. En otra bullada detención, el joven Carlos Fariña Oyarce, de 13 años, fue sacado de su cama el 13 de octubre de 1973 y llevado por militares en un auto, siendo encontrados sus restos en agosto de 2000, cerca de Pudahuel y con varios impactos de bala.
Más allá de lo noticioso, hubo decenas de casos similares. Según cifras del Museo de la Memoria, unos 6.477 menores de 21 años fueron víctimas directas o indirectas del régimen militar, mientras que 415 fueron asesinados o están desaparecidos. A pesar de estos datos, el golpe fue dramático para todos los menores de esa época, en mayor o menor medida.
“Nosotros lo vimos. Lo vivimos. Fuimos allanados el 12 de septiembre, no pudimos salir, estábamos sitiados” dice Ana Farías (48). Con apenas ocho años en 1973, fue testigo de cómo las armas intentaban, bajo cualquier condición, aplastar la razón. “Había francotiradores en mi edificio, teníamos las tanquetas abajo y los soldados que disparaban. Me acuerdo que por alto parlante decían que por cada francotirador se iba a disparar a la torre entera, entonces teníamos que estar de guata… para mí fue muy fuerte”, recuerda.
Ana, al igual que otros miles de niños, se familiarizó con los tanques, los toques de queda, la censura y la tortura cuando aún no aprendía a hacerse las trenzas.  “Vivíamos en un mundo muy politizado. Entonces teníamos perfectamente claro lo que significaba un golpe. Nos llevaron a todos los niños de las torres a los estacionamientos subterráneos, ahí vivimos esos días, y vimos cómo caían las armas por los incineradores”, dice.
Ver imposible una infancia normal y feliz es sólo una parte del problema. La vida en comunidad también se vio trastocada, y los niños comenzaron a notar diferencias y a defender lo que creían como verdadero. “Yo estaba en tercero básico y todas sabíamos quiénes eran momias y quienes no, habían peleas políticas entre nosotros”, comenta Ana Farías, quien recuerda “los comentarios en el colegio de algunas niñas que estaban contentas porque se había acabado la UP. Pero fueron los comentarios de esa semana y, después, todos calladitos”.
El miedo se instaló como regla de vida y forma de relación social obligada. De un momento a otro, no todos eran amigos, no se podía saludar a algunos tíos, no era conveniente juntarse con el niño de la esquina porque los papás podían andar en algo. “Yo no tengo ningún amigo de juventud que no sea de izquierda… Fue una segmentación que se dio desde el golpe hacia adelante. Eso es lo que más marca la infancia, la división” sentencia Ana, con la melancolía de imaginarse una vida que, sin duda, pudo ser más feliz.
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REALIDADES ESCONDIDAS

Llegado el golpe y sus consecuencias, la vida de los chilenos cambió radicalmente. Si bien hubo quienes no sufrieron pérdidas personales, muchos compatriotas vivían sumidos en el miedo, no sólo por ellos, sino que por sus hijos.
La Comisión Valech certificó que 27.255 personas fueron víctimas de prisión política y tortura, uno de cada 500 chilenos de la época. De ellos, 1.069  eran menores de edad que estuvieron en un centro de detención, solos o con sus padres, y 11 fueron niños que nacieron en prisión.
En ese contexto es que se crea, en 1979, la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), con el objetivo de entregar asistencia física y psicológica a todos los menores que presentaron trastornos derivados de los efectos de la dictadura.
María Rosa Verdejo, secretaria ejecutiva de la organización, señala que las consecuencias más comunes no eran físicas, sino que emocionales. “Eran niños cuya emoción constante fue el miedo. El miedo cruzó a todos los niños durante la dictadura. Miedo a que les pase algo a ellos o a sus padres, ese es el trauma mayor”, dice.
Sin embargo, no olvida que muchos menores sí fueron atacados sin mediar su inocencia. “La tortura psicológica la vivieron todos. Las torturas físicas las conocemos a partir de la época de las protestas, porque los niños también participaron, y eran golpeados o baleados”, cuenta.
¿Hasta qué punto los agentes de la dictadura creyeron poder exterminar un pensamiento, un espíritu compartido, una forma de ver el mundo? ¿Hay acaso algo más deplorable que atacar a un niño?
Verdejo conoce casos dramáticos. Con su mente en el pasado, rememora a Alex, un chico que tenía dos años cuando fue la Operación Albania y cuya madre “arrancó con él por los techos, luego de que mataran a su padre. A él lo tuvimos en la casa hogar y lo llevamos a ver a su mamá a la cárcel. Era muy chiquito y hasta se le cayó el pelo”, dice.
A pesar de ser una realidad difícil de imaginar, en la actualidad hay otros miles de niños que sufren situaciones no tan diferentes. Desde 2007, la Fundación Pidee está trabajando con menores y jóvenes de Tirúa, localidad marcada por el eterno conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Verdejo cuenta que “la situación allá es muy traumática, porque hay niños golpeados, heridos con balines y con sus domicilios allanados”.
La secretaria de Pidee es categórica sobre los efectos de estas políticas en la infancia y destaca que “tanto lo que ocurrió en dictadura, como lo que ocurre ahora con el pueblo mapuche no se sabe, porque no se visibilizan los traumas que se generan en la niñez con estas políticas de Estado”.
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LOS NIÑOS DESAPARECIDOS

Si bien la realidad de los niños en la dictadura de Pinochet es poco conocida más allá de los casos icónicos, este no es el caso en todos los países. En Argentina, la organización de Abuelas de la Plaza de Mayo, nacida durante la última dictadura militar, es la que se encarga de relocalizar a los niños secuestrados y desaparecidos por los organismos de terror del Estado.
“Se calcula que son 500 los niños secuestrados con sus padres o bien nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención”, declaran en esta organización. Además, informan que ya han identificado a 109 personas que fueron entregadas en adopción ilegalmente, el último de ellos, hijo de padres chilenos.
Las abuelas, al igual que muchas organizaciones pro Derechos Humanos, fueron perseguidas durante los años de dictadura y su labor se hizo complicada, principalmente por tener, según ellas mismas, “la espalda de la sociedad”. Luego de buscar ayuda en el extranjero y llegado el fin de la dictadura, esta organización se convirtió en un ícono internacional de la lucha por los derechos humanos.
En Chile, recién durante estos meses se han conocido algunos casos de niños que fueron entregados en adopción ilegalmente por militares. El más conocido es el de Ernesto Lejderman, que fue llevado por el ex comandante Juan Emilio Cheyre a un hogar, luego de que sus padres murieran enfrentados con una patrulla militar.
Existen otras denuncias, como la de la talquina Prosperina Godoy, quien dice que sus gemelas fueron robadas al momento de nacer, o la de Gladys Pérez, en Calama, a quien le dijeron que su hijo nació muerto. Sí se sabe que 11 mujeres dieron a luz en la cárcel al estar detenidas por causas políticas, mientras que hay cuatro casos de embarazadas en los que sus cuerpos nunca aparecieron y por lo tanto se desconoce si sus hijos están vivos.
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El informe secreto de Pinochet sobre los crímenes


Por : Mónica González en Reportajes de investigaciónPublicado: 10.09.2013


Una investigación ordenada por el general Augusto Pinochet y realizada entre marzo y abril de 1976 por su ministro de Defensa, general Herman Brady, sobre los “juicios instruidos contra personal del Ejército por abuso de sus funciones” revela episodios desconocidos de la violencia indiscriminada después del Golpe, agrega numerosas víctimas que no aparecen consignadas en el Informe Rettig y demuestra que las autoridades del régimen conocieron los crímenes y sepultaron sus huellas.

En marzo de 1976, Augusto Pinochet ordenó investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus tropas. Así, como suena. El anuncio de la visita de una delegación de parlamentarios demócratas norteamericanos, la inminente reunión de la OEA (en junio) en Santiago además de las crecientes condenas a Chile por la violación a los derechos humanos provocaron la insólita decisión. Ordenó informar y sus subordinados lo hicieron. En un extenso documento se detallan 93 casos de asesinatos, violaciones a mujeres y torturas. Lo que devolvieron las fiscalías militares no fue del agrado del entonces presidente de la Junta Militar. No era presentable. El informe ordenado por Pinochet desapareció. Nadie más supo de su existencia.
El general lo pidió en cuanto se enteró de la visita a Chile de los congresales estadounidenses Toby Moffett, George Miller y Tom Harkin. Y peor: los extranjeros pedían una audiencia con Pinochet para plantearle las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en Chile. Pinochet estaba frenético. Todavía repercutían los ecos del reportaje publicado sólo días antes por The New York Times revelando, por primera vez, las discrepancias en la Junta Militar en torno al poder de Pinochet y de la DINA, y también frente el conflicto mayor: los plazos para la llamada “normalización” del país.
General Gustavo Leigh
El influyente diario norteamericano no inventó la crónica. Sus reporteros obtuvieron una detallada información de lo que ocurrió en la sesión de la Junta Militar del 5 de enero de 1976. Fue el general Gustavo Leigh quien abrió el fuego. Con un tono más agudo que el habitual en esos días de soterrado conflicto con el presidente de la Junta, le pidió que levantara el Estado de Sitio y dictara un Acta Constitucional resguardando los derechos ciudadanos. Pero no se quedó ahí. Hizo una pausa y con voz más alta y enérgica pidió que el coronel Manuel Contreras fuera sacado de la dirección de la DINA. Mendoza, como era su costumbre, calló y agachó la vista. Y Pinochet, rojo de ira, optó por la salida más conveniente: dio por terminada la sesión. La prensa nacional nada informó.
En esos precisos días la batalla entre la DINA y la DIFA (Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea) se había agudizado. Con despliegue de armas los hombres de ambas reparticiones se disputaban en las calles su botín de guerra: los prisioneros que más tarde figurarían en la nómina de detenidos desaparecidos. Y en ese preciso mes de marzo, Contreras iniciaba su plan más ambicioso.
En la tranquila calle Doctor Charlin (N° 1475) de Providencia, la DINA instalaba un cuartel tan secreto como sus cárceles. Desde allí se estructuraría el sistema de financiamiento de los batallones de la “Operación Cóndor”, el plan de coordinación con los servicios de Seguridad de las otras dictaduras del Cono Sur. En ese mismo mes de marzo, el general Jorge Rafael Videla asumía como jefe de la dictadura en Argentina. Días más tarde, Contreras se haría ungir en escritura pública –con la firma del Ministro de Economía y del director ejecutivo de la Corfo– como presidente de la Pesquera Chile. Más de 30 empresas y millones de dólares del presupuesto nacional –que salían en partidas secretas– alimentarían el terrorismo internacional.
Pinochet no estaba dispuesto a ceder poder ni a licenciar a Manuel Contreras. Tampoco podía desafiar a los parlamentarios estadounidenses y menos a los delegados a la crucial reunión de la OEA que se desarrollaría en Santiago. Ambas cosas más la delación interna de los crímenes podían hacerle perder los 25 millones de dólares que el FMI acababa de otorgarle y los 150 millones más que le anunciaba el BID.
Por eso uno de sus más estrechos aliados, el general Raúl Benavides, ministro del Interior, organizó un inusual y sorprendente “acto de desagravio” a su jefe. El 27 de enero de 1976 ocho mil soldados desfilaron desafiando la “afrenta del enemigo”. Toda una parafernalia destinada a demostrar a los “dubitativos” del régimen la férrea unidad en torno a su único conductor: Pinochet.
Pero la única guerra que libraba los hombres de Pinochet era contra chilenos. Mientras algunos se envolvían en una burbuja disfrutando con la Unión Española como único líder del fútbol local y repletaban los cines para conmoverse con los sufrimientos de Papillón, en esas precisas horas, decenas de ciudadanos yacían torturados y moribundos en las cárceles secretas de la DINA. Lo que se vivía en muchos sectores del país eran los efectos de un Ejército de ocupación.
9 de marzo de 1976. Ese día Pinochet le envió un oficio “secreto” –ver facsímil– a su ministro de Defensa, general Herman Brady, pidiéndole con extrema premura “una información completa de las Fiscalías, Consejos de Guerra y/o Juzgados Institucionales” con los procesos instruidos contra militares “frente a denuncias hechas por particulares por posibles infracciones a los artículos 150 del Código Penal o 330 del de Justicia Militar, según corresponda; o con arreglo a lo prevenido en la legislación general del país y en especial en el artículo 1° del Decreto Ley N°1.009 del 8 de mayo de 1975”.
Bajo el enunciado “numerosas personalidades han solicitado audiencia al Presidente de la República para plantearle entre otras materias, sus inquietudes sobre la aplicación práctica en la protección a los derechos humanos”, se pidió un resumen con ítems precisos de causas cuyo desglose pudiera ser usado por Pinochet para mostrar frente a los demócratas de Estados Unidos los castigos ejemplarizadores que el Ejército había llevado a cabo en todo el país para controlar todo abuso de poder.
De su puño y letra, Pinochet tarjó –en otro documento, un borrador– que la información era requerida frente a la “próxima visita de tres congresales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”. Lo cambió por “necesidad de conocer estado de procesos e investigaciones a funcionarios que se han propasado en sus atribuciones”.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gustavo Álvarez, debió transmitir la urgencia de Pinochet a Brady.
Brady le respondió a Pinochet el 30 de abril. El enunciado del escrito –rotulado también como “SECRETO”– señalaba los verdaderos objetivos del informe: “Remite antecedentes solicitados por el Presidente de la República y otros solicitados por la Delegación de Chile ante la Conferencia de la O.E.A.”
La comisión chilena ante la OEA había pedido información acerca de cinco casos, además de estadísticas. Entre ellos figuraban el baleo de la doctora Sheila Cassidy y la muerte de Dagoberto Pérez.
El contenido de la investigación desarrollada por el Ejército –que entrega información y detalla el contenido de 93 procesos en la Justicia Militar– llegó a las manos del general Pinochet. Leerlo es casi como leer los informes de un Ejército de ocupación que comete todo tipo de tropelías sin límite: asesinatos, torturas, robos, desaparecidos y violaciones a niñas de sólo 12 ó 14 años.
La mayoría de las víctimas del informe no se encuentran incluidas en el documento oficial de la Comisión Rettig. También, en las nóminas de Brady aparecen ciudadanos “N.N.” que fueron ejecutados y cuya desaparición nunca fue denunciada.
La lista de Brady contiene el detalle de 93 juicios que la Justicia Militar tuvo en sus manos por crímenes cometidos por uniformados y que en su amplia mayoría terminaron sin condena. Un informe que fue sepultado en el escritorio de Pinochet un día de abril de 1976.
Muerto por abrir la puerta. De entre las causas por “homicidio” que informa el Juzgado Militar de Santiago a Brady, varias merecen ser transcritas.
General Herman Brady durante su juramento
Bajo el ROL N °502-73 se encuentra el proceso iniciado el 24 de octubre de 1973: “El 23 de octubre de 1973, alrededor de las 23.15 horas, Miguel Estol Mery fue muerto en el interior de su domicilio ubicado en Avenida Manquehue Sur N° 600, por una ráfaga de fusil SIG que lo alcanzó en la región mamaria superior externa derecha y en el flanco derecho del abdomen. El autor de los disparos fue el cabo Víctor Muñoz, integrante de una patrulla compuesta por personal de la Academia Politécnica Militar, la que, en cumplimiento de órdenes superiores, ubicaba en ese domicilio a Miguel Estol hijo, quien días antes había tenido un altercado con un subteniente de esa unidad. El señor Estol, al sentir ruidos en el exterior, salió afuera y al ver a los militares se paralogizó y regresó corriendo al interior de su casa siendo impactado por el citado cabo en los momentos en que trataba de cerrar la puerta de su morada”.
La denuncia fue presentada por el abogado Álvaro Larraín. El dictamen de la justicia: condena a 5 años y un día por el delito de violencia innecesaria causando la muerte. Pero la sentencia definitiva fue otra: “Absuelve por no haber convicción de haberse cometido un hecho delictivo”. Dictamen aprobado por el comandante en jefe de la II División de Ejército.
Miguel Estol no figura en el Informe Rettig.
La marihuana mata. Tampoco figura en el Informe Rettig el caso de Orlando Zambrano Sepúlveda, muerto de un disparo el 28 de abril de 1974 a manos de una patrulla del Regimiento Buin, cuando –según la misma investigación que registra el parte–, se encontraba en calle Muñoz Gamero esquina de Andrés Olivar, a las 15:30 horas, en compañía de otros nueve jóvenes.
El parte que consigna el juicio ROL N°474-74 dice: “A esa hora una llamada telefónica al Regimiento Buin, denunció que un grupo de más de 10 personas se hallaba fumando marihuana” en la mencionada esquina. El joven Zambrano falleció en la persecución.
El caso fue sobreseído. La justicia militar dictaminó que el hecho no era constitutivo de delito.
Arrancando el cuero cabelludo. Hay escenas de salvajismo. El 3 de abril de 1974, se inició una investigación (ROL N°514-74) a partir de un parte enviado por la 5ª Comisaría de Carabineros el 25 de marzo de ese año. Los policías habían encontrado en un sitio eriazo de Américo Vespucio Norte esquina Recoleta los cuerpos sin vida de Jorge Sandoval Astorga y Carlos Estay Miranda.
El parte policial es conciso pero aterrador: “El día anterior, los sujetos habían sido interceptados en General Gamboa esquina Cardenal Caro por una patrulla de soldados que viajaban en un bus E.T.C. quienes les cortaron el pelo y arrancaron el cuero cabelludo al fallecido Estay”.
La denuncia se centró –formalmente– contra una patrulla de la Fuerza Aérea y fue sobreseída temporalmente “por no haber indicios para acusar de autor a determinada persona”. El sobreseimiento fue confirmado más tarde. Ninguno de los dos asesinados figura en el Informe Rettig como víctimas de violencia.
Cantar era delito. Otra de las víctimas que no figura en el Informe Rettig es Manuel Segundo Palma Henríquez. Su juicio por homicidio lleva el ROL N°756-74 y fue iniciado el 8 de agosto de 1974.
El parte enviado por la Tenencia Roosevelt el 30 de diciembre de 1973, señala que ese día a las 09.30 horas, a raíz de una llamada telefónica, el cabo José S.S. junto al carabinero Luis J.O. se constituyeron en la ribera norte del río Mapocho, frente al Campamento Tania. En el lugar, se encontraba el cadáver de Palma Henríquez, con heridas a bala en distintas partes del cuerpo. El parte policial consigna: “La madre del difunto señala que el día anterior, Segundo Palma fue sacado desde el interior de su casa por militares debido a que se encontraba cantando a viva voz y diciendo garabatos. Los militares no fueron identificados”.
El caso también fue sobreseído.
EL SUBTENIENTE LOCO. La locura como causal de ineptitud para ser juzgado no es monopolio de Pinochet. También lo era un año después del Golpe militar. Así lo estableció la justicia militar en el proceso caratulado con el ROL N°890-74, iniciado el 12 de noviembre de 1974, a partir de la detención de Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres “por presuntas injurias proferidas contra las FF.AA. y la H. Junta de Gobierno”.
Ambos detenidos fueron llevados hasta el Cuartel de la Sub-Agrupación “Yungay”, donde quedaron detenidos. Al día siguiente, dice el informe, “asumió servicio como Oficial de Guardia el subteniente de reserva Juan Martínez Oyaneder, quien impuesto de la existencia de los dos detenidos mandó traerlos a su presencia y sin motivo racional aparente les causó lesiones que en definitiva les causaron la muerte. Acto seguido, procedió a enterrarlos en una fosa que él mismo había cavado. Se encuentra establecido que el oficial se hizo asesorar por el sargento 2° de reserva Gustavo Marambio Olmos y los soldados conscriptos Arcadio Lobos Cisterna y Luis Castro Guajardo, quienes violentaron físicamente a los detenidos produciéndoles -–en opinión del Fiscal Instructor– lesiones de carácter leves”. El Consejo de Guerra condenó a 15 años y un día a Martínez por homicidio calificado. Sus subalternos se llevaron 60 días de arresto militar como cómplices.
La sentencia, sin embargo, terminó ordenando nuevas diligencias “relativas al estado psíquico del acusado Martínez” y terminó sin condenas.
MILITARES QUE DENUNCIAN. Las aberraciones no son exclusivas de Santiago. En el Juzgado Militar de Concepción, la muerte de José Tiznado Aguayo, el 16 de junio de 1974 y denunciada por un cabo 2° del Ejército, también fue sobreseída. El juicio lleva el ROL N°858-74, no tiene mayores precisiones, salvo la identificación del “autor”. Tiznado tampoco aparece en el Informe Rettig.
Y existe otro proceso, más extraño. Iniciado por el jefe de la 2ª comisaría de Carabineros de Chanco en funciones el 21 de noviembre de 1973. El policía denunció el homicidio de Juan Villaseñor Jara (juicio ROL N°11-73) e identificó a los soldados José Sepúlveda Vergara y Raúl Aguilar Oyarce como los autores. El fiscal del caso, a juzgar por la sentencia que propuso, estaba por sancionar aunque fuera tibiamente los hechos:
“Solicita se condene a los soldados a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autores de la muerte de Juan Villaseñor Jara, en circunstancias que los soldados lo sorprendieron conduciendo un vehículo con luces apagadas y lanzarlo encima de los soldados”. Pero el Consejo de Guerra absolvió a los militares.
Tuvieron que pasar los años para que el Informe Rettig le hiciera justicia a Villaseñor: “Tenía 37 años, era casado y tenía dos hijos. Era buzo submarino, pequeño industrial de la zona y militante de la Democracia Cristiana. El 21 de noviembre de 1973 transitaba en su vehículo en mal estado, había tenido un altercado. Estas personas dispararon a la cabina, resultando el conductor con un impacto en la cabeza sin salida de proyectil que le provocó su muerte instantánea, constituyendo este hecho un abuso de poder”.
SANCION EN ESCUDOS. En Talca se desarrolló un juicio que llama la atención. Bajo el ROL N° 024-74, se registra el proceso seguido por la Fiscalía de Ejército de esa ciudad y que tuvo como denunciante al Comisario Subrogante de la 3° Comisaría de Talca. El fiscal pidió condenar a Jaime Puebla, a la época capitán de Ejército, como autor del delito de lesiones graves a Jaime Achurra García; y a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio como autor del delito de homicidio de Francisco Silva Parot”.
El Consejo de Guerra condenó a Puebla a “una multa de E° 600 (escudos) por lesiones y a 3 años de presidio por homicidio. No se remite la pena. Resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército”.
Silva Parot tampoco aparece en la nómina de víctimas de violencia política en el Informe Rettig.
EXTRAÑO CUMPLIMIENTO DEL DEBER. El comandante en jefe de la III División, no actuó de la misma manera en otro juicio cuya víctima no está incluida en el Informe Rettig. Se trata del proceso que aparece bajo el ROL N° 232/74, iniciado el 20 de marzo de 1974, en el que aparece como denunciante el subteniente del Grupo de Artillería N°3 Silva Renard, Marcelo Palma Fontana.
El fiscal pidió sobreseer definitivamente la causa “respecto de la muerte a bala ocasionada a Hugo Gómez H., por el cabo 2° del Ejército José Romero Fuentes, por haber actuado en actos propios del servicio en cumplimiento del deber”. La resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército fue sobreseer temporalmente la causa.
FALSEANDO LA HISTORIA. Uno de los juicios que grafica cómo actuaba la justicia militar de la época, es el que da cuenta del homicidio de Oscar Arros Yáñez, de Concepción. Bajo el ROL N° 797/75, y con fecha 30 de noviembre de 1975, el resumen del fiscal indica: “Da cuenta del accidente ocurrido en operativo practicado por personal del CIRE de Concepción (el que dirigía en calidad de subrogante  el capitán de fragata Hugo González D’Arcangeli), causando la muerte de Oscar Arros Yánez al tratar éste último de arrebatarle el arma que portaba Arturo Calderón Passalacqua. En el forcejeo se disparó un tiro impactando a Arros. Se solicita sobreseer total y definitivamente la causa a favor del funcionario Arturo Calderón en razón de hallarse el autor exento de responsabilidad criminal”.
Y así lo hizo el comandante en jefe de la III División del Ejército. Pero el Informe Rettig cuenta otra historia: “Arros, de 27 años, casado, una hija, era estudiante de la Universidad Técnica del Estado y trabajaba como tornero en la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR). Militante del MIR, fue detenido en su lugar de trabajo el 26 de septiembre de 1975 por agentes de la DINA y llevado al Estadio El Morro de Talcahuano. El 28 de septiembre su cuerpo fue encontrado en la morgue del Hospital de Lota Bajo con evidencias de haber sido torturado y con impactos de bala”.
MUERTO EN LA OSCURIDAD EN VALDIVIA. En Valdivia, la situación no fue distinta. En la causa ROL N° 1.601/73, iniciada el 30 de noviembre de 1973, se dice en el resumen de la vista del fiscal:
“El día 28 de noviembre de 1973, el subteniente Marcos Aguirre, condujo la patrulla a su mando, compuesta por un SG. y un SLC., hacia el domicilio de Domingo Pérez San Martín, a quien sacaron de su casa, siendo golpeado y falleciendo al día siguiente a consecuencia de las lesiones descritas en los informes médicos. La Fiscalía pide que se le aplique al inculpado 541 días de presidio menor en su grado medio”.
El Consejo de Guerra sobreseyó a Aguirre “en consideración a que éste (el civil) adoptó una actitud rebelde y agresiva contra el personal militar, y como huyó hacia la oscuridad, el personal de la patrulla se abalanzó sobre él y lo redujo golpeándolo con las culatas de los fusiles”.
Pérez San Martín tampoco aparece en el Informe Rettig.
DESAPARECIDO. Ya en febrero de 1975 el Juzgado Militar de Valdivia ocupó la palabra “desaparecido” para iniciar un proceso por la “presunta muerte de Cardenio Ancura Manquean y otros desaparecidos durante los Operativos Militares efectuados durante el mes de octubre de 1973 en Lago Ranco”.
El juicio lleva el ROL N° 27-75 y tiene como denunciante a María Marian. El resumen del fiscal concluyó que, agotada la investigación “no ha sido posible establecer la comisión de delito alguno ni de responsabilizar a persona determinada”. El comandante de la IV División refrendó el fallo.
En el Informe Rettig, Cardenio Ancura Manquean tuvo su espacio. “Casado y con 4 hijos, era agricultor y también trabajaba como lanchero. Militante del PS, participó activamente del proceso de Reforma Agraria. Fue detenido por Carabineros de Lago Ranco y trasladado a la Tenencia de la localidad. De allí fue sacado el 16 de octubre junto a otras tres personas por efectivos de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada. Lo subieron a bordo del vapor Laja y lo ejecutaron, lanzando su cuerpo al lago con dos de sus compañeros. Los cadáveres nunca fueron encontrados”.
SINTESIS MORTAL. Una de las referencias más pequeñas del informe “secreto” -sólo 8 líneas- tiene relación con el juicio ROL N° 27-74. Textual:
“Fecha inicio: 23 de enero de 1974. Tribunal Instructor: Fiscalía Letrada de Valdivia. Tribunal Sentenciador: IV Juzgado Militar Valdivia. Individualización denunciante: Jefe Estado Mayor IV División. Individualización del denunciado: N.N. Resumen (vista) de los hechos: En operativo dispuesto por la superioridad fueron dados de baja los extremistas: Victoriano Matus Hermosilla, N.N., Manuel Paillán y N.N.”
Ni Paillán ni Matus aparecen en el Informe Rettig. Los otros dos “extremistas” N.N. tampoco.
LA HUELLA DE CHENA. En 1974, Rosa Silva Veliz denunció ante el II Juzgado Militar la detención de su marido, Franklin Antonio Valdés Valdés, contador administrador del Sanitario El Pino. La denuncia formó la causa ROL N°274-74. Valdés fue detenido en el hospital por una patrulla militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el teniente Pedro Pablo Montobane y conducido al Campamento Chena donde habría sido muerto días después, según relata la denunciante basada en el testimonio de otros detenidos.
El cadáver fue conducido al Instituto Médico Legal, donde se le practicó la autopsia, la que concluye como causa de la muerte “estado asfíctico”. Los hechos habrían ocurrido entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 1973”.
El dictamen de la justicia militar decretó el sobreseimiento temporal de la causa por no haber convicción de haber cometido el delito. En el Informe Rettig, Franklin Valdés sí aparece: “Murió de un estado asfíctico provocado por agentes del Estado”.
UN CAPITAN SIN JUICIO. El capitán de Ejército Sergio Valenzuela González se fue a retiro en junio de 1988 sin que jamás tuviera que responder por la muerte de Eliseo Segundo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza. Así lo dispuso la Fiscalía de Ejército de Valdivia.
El fiscal del caso estableció que Jara Ríos y Muñoz Apablaza murieron “a consecuencia de los proyectiles disparados por personal militar, en circunstancia que eran interrogados por el capitán Valenzuela y se dieron a la fuga”. Pidió el sobreseimiento definitivo. Y así se hizo. Pero la investigación de la Comisión Rettig estableció otra cosa: ambos fueron ejecutados el 27 de octubre en el fundo California.
EL TROZO QUE FALTA EN EL INFORME RETTIG. La muerte de Víctor Hugo Carreño Zúñiga no ocupa más de diez líneas en este informe oficial. Pero entrega la información que falta a lo que consigna el Informe Rettig para este joven de 21 años, soltero y presidente regional de la Juventud Socialista de Valdivia. En la Comisión de Verdad y Justicia se concluyó que Carreño “fue detenido el 4 de octubre de 1973, en su domicilio por personal del Ejército. Fue ejecutado el 5 de octubre durante horas de toque de queda”.
En el juicio que se abrió en Valdivia, y que lleva el ROL N°1.480/73 y tiene como fecha de inicio el 5 de octubre de 1973, el resumen del fiscal concluye: “El fallecimiento de Víctor Hugo Carreño se debió a que trató de huir del vehículo militar que mandaba el subteniente Alejandro Kraemer Pinochet, por lo que la patrulla le disparó. Se pide su sobreseimiento”.
El jefe militar de la zona aprobó su sobreseimiento.
SIN SENTENCIAS NI HUELLAS. El primer juicio del catastro con mención al delito de homicidio está registrado en la Fiscalía Militar de Calama. La víctima es Raimundo Bello S., y el acusado el cabo 2° del Ejército Martín Salamanca, del Regimiento N°15 de Calama. No hay sentencia y Bello no aparece en el Informe Rettig.
LOS NOMBRES QUE SE AGREGAN. El 17 de noviembre de 1975, la fiscalía letrada de Antofagasta inició juicio por el homicidio de Óscar Armando Leiva Jiménez. La denuncia la interpuso el CIRE de Antofagasta en contra del capitán de Ejército Luis Besamat Morales. Pero en 1976 no hubo resolución. En el Informe Rettig se estableció que Leiva, de 27 años, fotógrafo, era militante del MIR y fue ejecutado en casa de familiares por “un funcionario de Carabineros”.
Entre las víctimas por otros casos de homicidio que aparecen consignadas en estos juicios y que no aparecen en el Informe Rettig, figuran Luis Humberto Ferrada Piña, muerto el 4 de diciembre de 1973, en calle Buenaventura esquina Azteca, en Punta Arenas.
Los juicios dan cuenta de nuevas víctimas y atropellos, pero también revela que en esos días de terror hubo militares y carabineros que se atrevieron a denunciar la violencia y a sus autores y que pidieron justicia. Todo ello fue sepultado un día de abril de 1976.
VIOLACIONES  
Un capítulo aparte merecen los juicios por violación. De los 90 juicios a los que pudimos acceder, hay más de 20 por ese delito y casi todos terminan sobreseídos. Ninguna de las víctimas ha sido jamás reconocida como tal.
La causa N°370-74 del 25 de enero de 1974 se inicia con un parte de la tenencia Peñalolén, que informa que ese día “M.M.G., de 14 años, fue interceptada a las 13.00 horas en calle Sánchez Fontecilla por una patrulla de cinco militares que viajaban en un jeep y a viva fuerza la subieron al vehículo trasladándola al interior del Aeródromo Eulogio Sánchez en donde la introdujeron a una casa deshabitada y procedieron a violarla uno por uno”.
Al principal acusado, Carlos Mondaca Cabello, la justicia militar lo sobreseyó del delito de violación y sólo lo castigó con 30 días de arresto por “negligencia en el cumplimiento de su puesto de vigilante”.
La impunidad de los militares en esos días la comprobó dramáticamente A. Flores, de 31 años. A la 1 de la madrugada del 3 de junio de 1974, la mujer  “pidió ayuda a personal uniformado que cubría servicios en la Plaza Chacabuco, para ser trasladada a la casa de su madre. Subió a un bus militar en el que viajaban 15 uniformados. El bus se habría dirigido por Avenida Hipódromo Chile en dirección al Poniente y en una población con calles no pavimentadas el vehículo se detuvo y a viva fuerza habría sido violada sucesivamente por no menos de 4 a 5 uniformados… Posteriormente se la habría abandonado en Avenida Independencia casi esquina Cotapos”. Así se relatan los hechos en el juicio caratulado bajo el ROL N° 605-74.
La causa fue sobreseída “por no haber convicción de haberse perpetrado el delito”.
Las menores de edad no merecieron mayor compasión. Bajo el ROL N° 615-74, se relata el siguiente caso de violación (parte N° 292 de la 12ª Comisaría de Carabineros, del 5 de mayo de 1974). “M. González, de 14 años, habría sido violada el 2 de mayo. Ese día, como a las 23 horas, en el paradero 21 de Vicuña Mackenna, se puso a esperar micro para ir a su casa y fue llevada en un jeep con seis militares uniformados a quienes no conocía. Los militares la llevaron a la ex Radio Luis Emilio Recabarren y como a las 4 de la mañana fue violada por la fuerza por un militar que según sus posteriores averiguaciones sería el cabo Díaz. En ese lugar fue retenida 4 días, la hacían lavar ollas siendo violada en cada ocasión. El informe médico legal de fecha 8 de mayo acredita la desfloración en fecha reciente, no más de 6 a 8 días a la fecha del examen”.
La denuncia es contra “uniformados militares Regimiento N° 7 de Puente Alto”. Pero el dictamen sobreseyó el caso.
Igual suerte corrió la menor Rossana G.F:, de sólo 12 años. Su padre, Juan G., empleado y cuyo domicilio aparece consignado, denunció que su hija fue violada por dos militares del Regimiento N° 2 Motorizado Santa Rosa, cuyos nombres entrega, el 29 de junio de 1974. El juicio ROL N° 662-74, finaliza con un sobreseimiento.
Al mes siguiente, el 10 de julio de 1974, sería Rosa S.S., de 25 años, la que sería “violada por dos militares en servicio y armados los que la detuvieron en su domicilio y la llevaron a otro domicilio en Avenida Cerrillos, donde procedieron a agredirla y violarla”. Así se relatan los hechos en un juicio (Rol n° 671-74) que sólo tiene 10 líneas y que finaliza con otro sobreseimiento.
Los juicios por violación se suceden con abismante sordidez en los relatos en Iquique (el autor es un cabo de Ejército y el denunciante la Prefectura de Carabineros de Iquique); en Antofagasta (el autor y la víctima están identificados y no hay sentencia a pesar de haberse iniciado el juicio en noviembre de 1974), y en Santiago varios. En todos ellos la sentencia fue “absolución”, ratificada por los comandantes de las respectivas divisiones.
Valdivia no fue la excepción. Y uno de los casos referidos retiene la atención:
“Causa N°64/74. Individualización Denunciante: R.M. Iturra”.
Ofreció ir a dejarla a su domicilio y en el trayecto se desvió de la ruta y luego de ser intimada con armas de fuego, ocho militares la violaron, uno de los cuales, el SL J. Maldonado, posteriormente se suicidó en su unidad. Se solicita sobreseimiento total y definitivo”.
Resolución Cdte en Jefe IV D/E. Dictó sobreseimiento total y definitivo”.
Dicho y hecho.
*Este reportaje fue publicado el año 2000 en el diario electrónico El Mostrador

Así mataron al presidente chileno

Fecha: 10/12/1986Rubén Adrián VALENZUELA


La fotografía del cuerpo sin vida del presidente Salvador Allende, publicada ahora por primera vez, revela que ni se suicidó con un tiro de metralleta en la cabeza ni sus asesinos le cambiaron la ropa tras abatirlo. El mismo jersey que vestía mientras, pistola en mano, recorría los distintos puntos de La Moneda asediada es el que se puede apreciar en este documento inédito que los militares golpistas publicaron en un informe interno confidencial del Ejército de Tierra. El doctor Osear Soto, el canciller Clodomiro Almeyda, el senador Erick Schnake, el embajador Nathaniei Davis y la viuda de Allende, Hortensia Bussi, expresan en las páginas 40 y 41 de este mismo reportaje su opinión sobre la autenticidad del excepcional documento gráfico que publicamos.

Una ráfaga de metralleta disparada a bocajarro puso fin, el 11 de septiem bre de 1973, a la vida del presidente constitucional de Chile, doctor Salvador Allende Gossens. Luego, la Junta Militar golpista, encabezada por Pinochet, diría que el mandatario se había suicidado utilizando una metralleta regalo del primer ministro cubano, Fidel Castro Ruz.
La verdad, sin embargo, es que Allende fue asesinado fría y premeditadamente por órdenes del propio Pinochet. El encargado del montaje posterior —que comenzó a desbaratarse apenas unas horas después— era un oscuro detective con grado de subcomisario que, pocas semanas antes, había hecho su solicitud de ingreso en el Partido Socialista-
Allende nunca llegó a tener en sus manos, durante el asalto al palacio presidencial de La Moneda, la mencionada metralleta —que en realidad era un fusil automático— y así lo prueban las fotos que acompañan este reportaje, en una de las cuales se puede ver al asesinado mandatario mientras recorre La Moneda, minutos antes del bombardeo del palacio por aviones de la fuerza aérea de Chile. El arma que se ve en manos de Allende es una pistola, aparentemente una "Walter PPK", y no una metralleta como la que lleva quien precede al médico presidencial Danilo Bartulín.
Muerto Allende, no hubo médico forense para practicar su autopsia ni emitir el informe correspondiente. El encargado de esta tarea fue el subcomisario Pedro Espinoza, quien utilizando una terminología aparentemente legalista habló de la "herida de tipo suicida" del Presidente. Nadie, que se sepa, ha podido demostrar que Espinoza tuviera estudios de Medicina ni de Anatomopatología y, en cambio, sí peritos belgas que han estudiado la información sobre la muerte de Allende han dicho que "es evidente que el arma presuntamente usada por el Presidente para su "suicidio", fue puesta allí después de muerto éste."
Añaden los expertos belgas que, "51 efectivamente este arma se hubiese usado como dicen los informes de la Junta Militar chilena, el estampido habría arrancado la metralleta de las manos del Presidente al primer disparo y —puesto que fueron dos las descargas mortales— el segundo habría dado en cualquier otro punto, destrozando su cara y cráneo".
Según el informe preparado por Pedro Espinoza, el Presidente tenía el arma suicida en- tre sus manos y él mismo yacía sentado en un sillón, levemente inclinado hacia un costado. Los peritos belgas discuten también este dato y dicen que en ningún caso es posible que el cuerpo de un suicida quede sentado después de utilizar un arma del calibre como la que supuestamente se halló en manos de Salvador Allende. "Habría saltado hacia atrás, con mucha violencia y, cuando menos, no hubiese quedado sentado con el arma entre las manos", aseguran.
Pero no sólo los estudios de los belgas desmienten la farsa de Pinochet y sus secuaces. Las transcripciones de las conversaciones que el 11 de septiembre de 1973 intercambiaron por radio los militares (publicadas en exclusiva por interviú n.°539), dejan en claro que los golpistas siempre tuvieron la intención de asesinar al Presidente y con él a toda su familia. La idea de ofrecerle un avión a Allende para que, con sus más íntimos, se dirigiera a cualquier punto del globo, era
sólo una patraña:
—Que se caiga ese avión... —se le oye decir, claramente, a Pinochet.
—¿Cómo que se caiga?
—Que se caiga, que lo bombardeen, que tenga un accidente... Cualquier cosa, pero hay que matar a ese marxista conchesumadre.
Lo que no estuvo en los planes de los golpistas, sin embargo, fue que el Presidente Allende decidiera quedarse en el Palacio de Gobierno a defender con su vida el mandato del pueblo. Y, mucho menos, que, tras presentar fiero combate, resultara herido y que uno de los asaltantes de La Moneda le rematara en el suelo, con un ráfaga de metralleta que le cruzó el pecho desde el hombro hasta el abdomen, hasta casi cercenarlo.
Preocupados por justificar ante el mundo lo injustificable, Pinochet, Leigh, Mendoza y Merino montaron la trama del suicidio intentando, además, vincularlo con el regalo que Fidel Castro le había hecho meses antes. Pero se les escapó otro detalle y es que, mientras el cuerpo sin vida del mandatario yacía en uno de los salones de La Moneda, un equipo de televisión, con el entonces coronel Pedro Ewin a la cabeza, filmaba una película en la recién bombardeada Casa Presidencial de la calle Tomás Moro. Allí, junto con exhibir las ropas íntimas del Presidente (pretendían convencer al país de una supuesta vida lujuriosa de Allende), mostraron licores, obras de arte, víveres y armas. Entre estas últimas estaba la mencionada metralleta, con una dedicatoria que el improvisado animador de televisión leyó ante las cámaras.
El programa se emitió la misma noche del 11 de septiembre, cuando los chilenos aún no habían sido oficialmente informados de la muerte de su Presidente. Es obvio que la mencionada arma no podía estar en dos sitios a la vez, al menos, claro que la hubieran quitado del sitio en el cual yacía Allende "suicidado.
Veinticuatro horas tardaron los chilenos en enterarse de la muerte de su Presidente. En todo ese tiempo los militares intentaron montar una versión creíble de su crimen pero al no hallarla —"Este gallo— dijo Pinochet a sus secuaces —Hasta
pa'morir dio problemas— optaron por poner el cadáver del mandatario en un ataúd forrado de zinc y lo soldaron para que nadie, ni siquiera su viuda, pudiera abrirlo.
Enrique Huertas, funcionario de Intendencia del Palacio Presidencial a quien no se podía acusar de político o activista peligroso, puesto que se trataba de un empleado de carrera, fue fusilado el mismo día 11 de septiembre. Su pecado fue haberse convertido, involuntariamente, en el único testigo que vio el momento en que el general Palacios disparaba sobre el cuerpo tambaleante del Presidente Allende.
El Presidente les había ordenado a sus más cercanos colaboradores —entre ellos a su asesor político, el profesor valenciano Joan E. Garcés— que abandonaran La Moneda para evitar más muertes inútiles. Quería que sólo permanecieran a su lado aquéllos que estuvieran dispuestos a combatir y supieran manejar las pocas armas que aún había allí. Tras apasionadas discusiones, Allende convenció a los que se negaban a obedecerle que era preferible salir para contarle al mundo lo que allí había sucedido. "Y usted puede hacerlo mejor que nadie", le dijo al español Joan Garcés.
Osear Soto, uno de los médicos personales del Presidente, dice que salían todos del recinto, mientras se oía avanzar desde la primera planta un piquete militar que disparaba sin cesar hacia el sitio en que, suponían, estaban Allende y sus leales. Enrique Huertas, que marchaba detrás del doctor Soto, se volvió de pronto al oír los disparos en el salón que acababan de dejar y, con voz desencajada se unió de nuevo a la. columna que bajaba a entregarse a los golpistas: "Han
matado al Presidente —dijo Huertas—. Le han disparado a bocajarro".
En el recinto al que llevaron prisioneros a los colaboradores de Allende, Huertas contó a sus compañeros lo que alcanzó a ver cuando abandonaban La Moneda y sus palabras las ratificó Arturo "Pachi" Guijón, quien al parecer también pudo
ver la arremetida final de los militares contra el Presidente.
El ex senador socialista —hoy exiliado en España— Erick Schnake dice que, en el campo de prisioneros al que les llevaron, "El "Pachi" nos contó a todos que había visto cómo mataban al presidente. Después se retractó y recuperó la libertad, en tanto que a Enrique Huertas le fusilaron y ni siquiera su cuerpo le fue posible recuperar a su viuda... Nosotros pensamos que el "Pachi" Guijón llegó a un acuerdo con los golpistas porque más tarde le permitieron vivir en Chile sin ningún problema".
No habían retirado aún las trincheras de sacos de arenas del cuartel general de Investigaciones de Chile (la policía civil), cuando en septiembre de 1973 el general Ernesto Baeza Michaelsen recibió en su despacho al autor de este artículo. Guardaba el militar, en una caja fuerte que hasta pocas semanas antes había sido la de Alfredo Joignant, las fotos del cuerpo sin vida de Salvador Allende.
Las sacó y puso sobre su mesa de trabajo, diciendo que muy pocas personas habían tenido acceso a esos documentos y que nunca, mientras él pudiera evitarlo, serían publicados. —^¿Ni siquiera para aclarar cómo murió el Presidente?—¿Usted cree que podrían aclarar algo?, respondió/preguntó, al tiempo que comenzaba a barajarlas, una tras otra.
Eran doce o quince fotos en formato 18x24 centímetros y las primeras mostraban el cuerpo de Allende, desnudo de la cintura hacia arriba, con la ropa arremangada alrededor del cuello. Una hilera de impactos le cruzaba el pecho en diagonal, desde el centro hacia el hombro. La cara era una masa sanguinolenta y poco menos que irreconocible. No fue posible ver más, porque el general, recogiéndolas rápidamente, volvió a guardarlas, esta vez en un cajón de su mesa, casi enfrente de su pecho:
—No debió ser así... Yo tenía órdenes para ofrecerle un avión en el que se fuera del país con toda su familia pero... me insultó y no quiso negociar. Lo que Baeza no dijo en ese momento fue que al día siguiente del golpe, el 12 de septiembre de 1973, al enterarse por la prensa golpista de la versión que Pinochet quería dar sobre la muerte del Presidente, presentó su renuncia no sólo a la Dirección de Investigaciones, sino al Ejército y a su cargo como portavoz en los primeros actos de la Junta Militar golpista. El motivo de su renuncia fue la ofuscación que le produjo lo que él llamó "una cobardía", cuando se enteró que Pinochet había desautorizado la orden suya de que peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones (entre los que aparecía como jefe el ya citado Pedro Espinoza) inspeccionaran el cadáver de Allende.
Esta primera discrepancia de Baeza con Pinochet (superada como se verá más tarde, pero no por muchos años) obligó a todos los actores del drama a postergar por muchas horas la subida del telón sobre la muerte de Allende. Incluso uno de los hasta entonces más populares locutores de la TV, César Antonio Santis contaría más tarde cómo, desde el cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de Santiago (de la que era y es voluntario) veían incendiarse La Moneda sin que les dieran la autorización para acercarse. Obviamente los golpistas estaban desarrollando, nerviosamente, las conversaciones que les permitirían ponerse de acuerdo en una versión, más o menos común, del "suicidio" de Allende.
Eugene M. Propper, fiscal norteamericano en el llamado "Caso Letelier", logró establecer en 1980 que el autor material de los disparos sobre el cuerpo tambaleante del presidente Allende fue el teniente ayudante del general Palacios, Rene Riveros, quien años más tarde aparecería implicado en el asesinato en Washington del ex canciller socialista de Chile, Orlando Letelier. Riveros, que para su misión en Washington usó un pasaporte falso de nombre de Juan Williams Rose (ver
interviú n.° 127, de octubre de 1978), era el día del golpe el oficial de órdenes del general Palacios y en una publicación interna del Ejército de Tierra contaría, meses después, que al llegar a la planta superior, en la que más tarde harían aparecer el cuerpo de Allende, "un emboscado disparó sobre el general, hiriéndole en una mano".
Al abatir al defensor del palacio presidencial, los soldados corrieron hacia el salón desde el cual habían salido los disparos, encontrándose con el cuerpo, malherido, de Allende:
—¡Mi general! —gritó un soldado—. ¡Es el Presidente!
—¡En este país ya no hay más Presidente! —gritó Riveros, al tiempo que descerrajaba una ráfaga de su FAL sobre el cuerpo caído del mandatario.
Este pasaje; sin embargo, es descrito así por el fiscal Propper y su asociado Taylo Branch en el libro "Laberinto", que juntos escribieron tras investigar la trama del asesinato de Letelier: "Tras consultar por radio con Pinochet, que se encontraba en su puesto de mando, Baeza ordena que las fuerzas de élite del Regimiento de Infantería realicen un nuevo asalto [al palacio de la Moneda], apoyados por ocho tanques Sherman. "Fuerzas de Infantería entran en La Moneda. Pequeños grupos suben escaleras arriba, a través del humo, cubriéndose con el fuego de sus armas. Un rubio teniente chileno. Rene Riveros, se encuentra, repentinamente, enFrentándose a un civil armado, ataviado con un jersey de cuello alto. Riveros vacía medio cargador de su arma en el cuerpo del Presidente de Chile, matándole al instante, con una hilera de heridas que van de la ingle a la garganta."
Como quiera que sea, dos versiones distintas dan como autor de los disparos mortales contra Allende al teniente Riveros, aunque una tercera dice que fue el propio Palacios quien remató al Presidente que, según el instigador de su muerte, Augusto Pinochet "hasta pa morir dio problemas".
Lo cierto es que, con el paso de los años, hasta la versión "oficial" de Arturo "Pachi" Guijón está siendo corregida, ahora por el propio embajador de los Estados Unidos en Chile, en el tiempo de Allende, Nathaniel Davis. Este, en una nota a pie de página en su libro de reciente aparición "Los dos últimos años de Salvador Allende", dice que investigando la forma cómo murió el Presidente, en julio de 1984, en Nueva York, entrevistó al general Javier Palacios, "quien dice que' Guijón le había asegurado, en el día del golpe, que no había visto que Allende se pegara un tiro [como afirmaría luego con gran beneplácito de la Junta golpista], pero que oyó disparos y volvió atrás".
Frente a todas estas evidencias, las palabras que el general Baeza pronunciara ante el autor de este reportaje, en septiembre de 1973, cuando, tras mostrar las fotos del mandatario asesinado, le pedí un pronunciamiento acerca de cómo había muerto realmente Salvador Allende: "Los mejores secretos de la Historia —dijo con insospechada dimensión— siempre terminan por desvelarse".
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/asi-mataron-al-presidente-chileno


El preso VIP: Estos son los lujos que hasta hoy goza Manuel Contreras en la cárcel

11 de septiembre de 2013 - 17:54 | Por: 

Está preso en un recinto que cuenta con canchas de tenis, jardines, TV cable, cabañas y sitios para hacer asados. “Es que no entienden que es otro tipo de gente”, dice la vocera de los presos militares.

/EFE“No voy a morir en la cárcel”, aseguró ayer el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. Claro que el “Mamo” no se refería a una cárcel cualquiera. Cuando él habla de su presidio, lo hace pensando en el Penal Cordillera; el recinto donde tiene acceso a internet y a TV cable, donde recibe a sus familiares en el horario que sea, y donde puede celebrar asados con los demás internos.
El penal, ubicado al interior del Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolen, está equipado con cinco cabañas, las que cuentan con dormitorios, sala de estar, cocina y baño. Además de  teléfono y televisión de pago. En su entorno, los recluidos tienen a su disposición jardines, salas de juego, canchas de tenis y barbacoas para los asados que celebran cada tanto.
El régimen de visitas también es distinto al resto de penales, todos los días sus familiares pueden visitarlos en horarios poco limitados, de 10 a 17 horas. 36 gendarmes resguardan a la decena de ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos que allí residen. La proporción es de cerca de seis funcionarios de Gendarmería por cada preso.

La DINA VIP

El ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia durante la dictadura comparte el Penal Cordillera con otras estrellas de la represión. Quien fuera el primer director de la CNI, que sucedió a la DINA, Odlanier Mena, está recluido ahí por el asesinato de tres jóvenes socialistas en Arica. El año pasado causó revuelo luego que se le otorgara el beneficio de salida dominical y fuera observado paseando en el mall Parque Arauco junto a su familia.
El torturador Miguel Kassnoff cumple condena por varios casos de violaciones a los derechos humanos y el 2011 generó polémica luego que en la Municipalidad de Providencia autorizaran un homenaje   a su persona. En mayo de este año volvió a la palestra luego que se filtrara que Gendarmería le había otorgado un permiso para viajar a Temuco a visitar a su hija enferma.
En abril del 2041 terminaría de cumplir su condena el coronel (r) del Ejército, Pedro Espinoza, quien está condenado a 46 años de presidio por el secuestro calificado y homicidio en contra de Carlos Prats y Sofía Cuthbert. Además, está procesado en otras 46 causas. El también torturador de la DINA, Marcelo Moren Brito, está condenado a 158 años por secuestro y homicidio calificado.
Este ramillete es parte de los presos del Penal Cordillera, donde las condiciones de la reclusión contrastan violentamente con  la realidad de los presos comunes.

El privilegio

Según el informe elaborado por la comisión de Reducción de Condenas de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que presidió la Ministra Amanda Valdovinos, el Penal Cordillera debiera ser cerrado y sus presos trasladados a Punta Peuco.
El grupo se constituyó para proponer medidas que apostaran a la reducción de presos en la cárceles, ésto debido a la situación de hacinamiento que viven la mayoría de los penales. Luego de recorrer varios recintos carcelarios, el informe de los magistrados fue categórico sobre la situación de los penales para militares: “Los 82 funcionarios destinados al Centro Penitenciario Punta Peuco no guarda relación con los 44 internos que cumplen condena en dicho establecimiento, al que podrían incorporarse de manera satisfactoria los que purgan penas en el Penal Cordillera”. 
Si se compara el número de gendarmes destinados a cuidar a los militares condenados, con aquellos que se ocupan de los presos comunes, el resultado es escandaloso.  Por ejemplo, en la ex Penitenciaria hay 400 gendarmes, según indicaron en la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, para vigilar a 5.456 reclusos. 0,01 gendarmes por preso. En el Penal Cordillera hay 36 para 10 internos. 3,6 por condenado.
Las diferencias se manifiestan también en el nivel de hacinamiento y en las condiciones higiénicas en que sobreviven los reos comunes. El citado informe de la comisión de Reducción de Condenas, repasa la situación de quienes habitan la calle 3B de la ex Penitenciaria, donde están destinados homosexuales, portadores de VIH y personas con deterioro psiquiátrico: “En esta unidad penal, llamó la atención que quienes se encuentran en la calle 3B – por su condición de homosexuales – se no dijo, no concurren a la escuela ni a talleres y que luego de su encierro, a las 5 de la tarde, no pueden acceder a los servicio higiénicos, ni cuentan en sus celdas ocupadas hasta por 5 individuos, con una taza de baño en su interior, debiendo defecar en bolsas”.

“No pueden entender que éste es otro tipo de gente…”.

La vocera de los presos militares, Bernardita Huerta Dunsmore, se negó a conversar con este medio, pero entregó su punto de vista a través de un correo electrónico, donde manifestó que todas las mejoras hechas a los penales Cordillera y Punta Peuco ha sido fruto de inversiones privadas “el Estado no ha gastado un peso”,manifestó.
Según dijo quien representa a los condenados por violaciones a los derechos humanos, los reclusos militares son distintos al resto de prisioneros: “Sabía usted que en el penal Punta Peuco se construyó en los últimos 3 meses una biblioteca que es una maravilla. Es la mejor biblioteca que existe en todos los penales de Chile, y quizás la única. A gendarmería no le costó un peso. Todos los materiales, la mano de obra, todo fue financiado por privados. Tiene más de 2.000 textos. Y otra diferencia. Los presos, piden los libros prestados, los leen y los devuelven. No vienen rayados, no los destruyen. La diferencia central, y eso es lo que muchos no pueden entender, es que ésta es otro tipo de gente”.
La vocera sigue con su argumentación y agrega que los familiares de los militares pueden visitarlos con tranquilidad, algo que no sucedería en otros penales, además índica que los recintos han sido mejorados desde que se entregaron: “Nunca se dice que en Cordillera y Punta Peuco, a diferencia de otros penales, el suelo está impecable, sin un papel botado, la gente no escupe en el suelo. Adentro no se consume drogas. No se ingresan licores, no hay teléfonos celulares, no se delinque. En Cordillera o Punta Peuco nunca ha habido un muerto o un herido en reyertas internas, nunca se queman los colchones, no hay motines, y los gendarmes circulan con total confianza, sabiendo que nadie los va a agredir. Cordillera y Punta Peuco son quizás los dos únicos penales de Chile que cada año están mejor y no peor. Nadie destruye, nadie raya. Las personas, con la ayuda de sus familiares, de muchos privados, realiza mejoras”.

“Que cumplan condena como el resto de los chilenos”.

El diputado PPD integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Tucapel Jiménez, es hijo del dirigente de la ANEF del mismo nombre asesinado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, en 1982. En conversación con El Dínamo el legislador aseguró que “(en la comisión) hemos analizado varias veces este tema y nunca hemos logrado entender porque hay tantos beneficios para estos criminales. Las desigualdades en este país se manifiestan hasta en la hora de cumplir condenas”.
“Han tenido todo tipo de beneficios, desde los procedimientos, salían cuando querían, una vez pillaron a Álvaro Corbalán comprando verduras. Son cárceles cinco estrellas. Hemos peleado para que haya igualdad ante la ley”, manifiesta el parlamentario, quien asevera que hasta el momento no ha existido voluntad político para cambiar la situación.
“Con voluntad política ésto se puede cambiar, es de esperar que los 40 años sirvan para eso. Yo solo pido que ellos cumplan condena igual que el resto de los chilenos”, remata el diputado.

LOS NUMERITOS DE CORBALÁN

El ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, está recluido en el otro recinto habilitado para los torturadores de la dictadura, Punta Peuco, el que actualmente registra una población de 48 presos. Claro que el ex funcionario no siempre ha cumplido sus condenas, varias perpetuas por diversos crímenes, en ese lugar.
El 2012 se reveló un informe de Gendarmería que afirmaba que el 2010 Corbalán, el mismo hombre que intentó arrancarse de la Justicia disfrazado de monja, estuvo 108 días en el Hospital Militar, supuestamente aquejado por diversos males. Ésta situación se repitió el 2011, cuando se internó por 52 días. ¿Sus enfermedades? dos días hospitalizado por una carie, tres para hacerse un examen de sangre, 20 para revisarse los ojos, y así un largo etcétera. En su momento dirigentes de los derechos humanos afirmaron que Corbalán utilizaba el recinto de salud como oficina.
Incluso, se comprobó que Corbalán fue uno de los organizadores del homenaje a Pinochet que se realizó el 2012 en el Teatro Caupolican, y esas gestiones fueros realizadas desde el recinto médico.
El año pasado el entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand, aseguró que envió un oficio a Gendarmería para que se restringieran las estancias del ex CNI en el Hospital.
http://www.eldinamo.cl/2013/09/11/el-preso-vip-estos-son-los-lujos-que-hasta-hoy-goza-manuel-contreras-en-la-carcel/

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