Está preso en un recinto que cuenta con canchas de tenis, jardines, TV cable, cabañas y sitios para hacer asados. “Es que no entienden que es otro tipo de gente”, dice la vocera de los presos militares.
“No voy a morir en la cárcel”, aseguró ayer el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. Claro que el “Mamo” no se refería a una cárcel cualquiera. Cuando él habla de su presidio, lo hace pensando en el Penal Cordillera; el recinto donde tiene acceso a internet y a TV cable, donde recibe a sus familiares en el horario que sea, y donde puede celebrar asados con los demás internos.
El penal, ubicado al interior del Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolen, está equipado con cinco cabañas, las que cuentan con dormitorios, sala de estar, cocina y baño. Además de teléfono y televisión de pago. En su entorno, los recluidos tienen a su disposición jardines, salas de juego, canchas de tenis y barbacoas para los asados que celebran cada tanto.
El régimen de visitas también es distinto al resto de penales, todos los días sus familiares pueden visitarlos en horarios poco limitados, de 10 a 17 horas. 36 gendarmes resguardan a la decena de ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos que allí residen. La proporción es de cerca de seis funcionarios de Gendarmería por cada preso.
La DINA VIP
El ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia durante la dictadura comparte el Penal Cordillera con otras estrellas de la represión. Quien fuera el primer director de la CNI, que sucedió a la DINA, Odlanier Mena, está recluido ahí por el asesinato de tres jóvenes socialistas en Arica. El año pasado causó revuelo luego que se le otorgara el beneficio de salida dominical y fuera observado paseando en el mall Parque Arauco junto a su familia.
El torturador Miguel Kassnoff cumple condena por varios casos de violaciones a los derechos humanos y el 2011 generó polémica luego que en la Municipalidad de Providencia autorizaran un homenaje a su persona. En mayo de este año volvió a la palestra luego que se filtrara que Gendarmería le había otorgado un permiso para viajar a Temuco a visitar a su hija enferma.
En abril del 2041 terminaría de cumplir su condena el coronel (r) del Ejército, Pedro Espinoza, quien está condenado a 46 años de presidio por el secuestro calificado y homicidio en contra de Carlos Prats y Sofía Cuthbert. Además, está procesado en otras 46 causas. El también torturador de la DINA, Marcelo Moren Brito, está condenado a 158 años por secuestro y homicidio calificado.
Este ramillete es parte de los presos del Penal Cordillera, donde las condiciones de la reclusión contrastan violentamente con la realidad de los presos comunes.
El privilegio
Según el informe elaborado por la comisión de Reducción de Condenas de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que presidió la Ministra Amanda Valdovinos, el Penal Cordillera debiera ser cerrado y sus presos trasladados a Punta Peuco.
El grupo se constituyó para proponer medidas que apostaran a la reducción de presos en la cárceles, ésto debido a la situación de hacinamiento que viven la mayoría de los penales. Luego de recorrer varios recintos carcelarios, el informe de los magistrados fue categórico sobre la situación de los penales para militares: “Los 82 funcionarios destinados al Centro Penitenciario Punta Peuco no guarda relación con los 44 internos que cumplen condena en dicho establecimiento, al que podrían incorporarse de manera satisfactoria los que purgan penas en el Penal Cordillera”.
Si se compara el número de gendarmes destinados a cuidar a los militares condenados, con aquellos que se ocupan de los presos comunes, el resultado es escandaloso. Por ejemplo, en la ex Penitenciaria hay 400 gendarmes, según indicaron en la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, para vigilar a 5.456 reclusos. 0,01 gendarmes por preso. En el Penal Cordillera hay 36 para 10 internos. 3,6 por condenado.
Las diferencias se manifiestan también en el nivel de hacinamiento y en las condiciones higiénicas en que sobreviven los reos comunes. El citado informe de la comisión de Reducción de Condenas, repasa la situación de quienes habitan la calle 3B de la ex Penitenciaria, donde están destinados homosexuales, portadores de VIH y personas con deterioro psiquiátrico: “En esta unidad penal, llamó la atención que quienes se encuentran en la calle 3B – por su condición de homosexuales – se no dijo, no concurren a la escuela ni a talleres y que luego de su encierro, a las 5 de la tarde, no pueden acceder a los servicio higiénicos, ni cuentan en sus celdas ocupadas hasta por 5 individuos, con una taza de baño en su interior, debiendo defecar en bolsas”.
“No pueden entender que éste es otro tipo de gente…”.
La vocera de los presos militares, Bernardita Huerta Dunsmore, se negó a conversar con este medio, pero entregó su punto de vista a través de un correo electrónico, donde manifestó que todas las mejoras hechas a los penales Cordillera y Punta Peuco ha sido fruto de inversiones privadas “el Estado no ha gastado un peso”,manifestó.
Según dijo quien representa a los condenados por violaciones a los derechos humanos, los reclusos militares son distintos al resto de prisioneros: “Sabía usted que en el penal Punta Peuco se construyó en los últimos 3 meses una biblioteca que es una maravilla. Es la mejor biblioteca que existe en todos los penales de Chile, y quizás la única. A gendarmería no le costó un peso. Todos los materiales, la mano de obra, todo fue financiado por privados. Tiene más de 2.000 textos. Y otra diferencia. Los presos, piden los libros prestados, los leen y los devuelven. No vienen rayados, no los destruyen. La diferencia central, y eso es lo que muchos no pueden entender, es que ésta es otro tipo de gente”.
La vocera sigue con su argumentación y agrega que los familiares de los militares pueden visitarlos con tranquilidad, algo que no sucedería en otros penales, además índica que los recintos han sido mejorados desde que se entregaron: “Nunca se dice que en Cordillera y Punta Peuco, a diferencia de otros penales, el suelo está impecable, sin un papel botado, la gente no escupe en el suelo. Adentro no se consume drogas. No se ingresan licores, no hay teléfonos celulares, no se delinque. En Cordillera o Punta Peuco nunca ha habido un muerto o un herido en reyertas internas, nunca se queman los colchones, no hay motines, y los gendarmes circulan con total confianza, sabiendo que nadie los va a agredir. Cordillera y Punta Peuco son quizás los dos únicos penales de Chile que cada año están mejor y no peor. Nadie destruye, nadie raya. Las personas, con la ayuda de sus familiares, de muchos privados, realiza mejoras”.
“Que cumplan condena como el resto de los chilenos”.
El diputado PPD integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Tucapel Jiménez, es hijo del dirigente de la ANEF del mismo nombre asesinado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, en 1982. En conversación con El Dínamo el legislador aseguró que “(en la comisión) hemos analizado varias veces este tema y nunca hemos logrado entender porque hay tantos beneficios para estos criminales. Las desigualdades en este país se manifiestan hasta en la hora de cumplir condenas”.
“Han tenido todo tipo de beneficios, desde los procedimientos, salían cuando querían, una vez pillaron a Álvaro Corbalán comprando verduras. Son cárceles cinco estrellas. Hemos peleado para que haya igualdad ante la ley”, manifiesta el parlamentario, quien asevera que hasta el momento no ha existido voluntad político para cambiar la situación.
“Con voluntad política ésto se puede cambiar, es de esperar que los 40 años sirvan para eso. Yo solo pido que ellos cumplan condena igual que el resto de los chilenos”, remata el diputado.
LOS NUMERITOS DE CORBALÁN
El ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, está recluido en el otro recinto habilitado para los torturadores de la dictadura, Punta Peuco, el que actualmente registra una población de 48 presos. Claro que el ex funcionario no siempre ha cumplido sus condenas, varias perpetuas por diversos crímenes, en ese lugar.
El 2012 se reveló un informe de Gendarmería que afirmaba que el 2010 Corbalán, el mismo hombre que intentó arrancarse de la Justicia disfrazado de monja, estuvo 108 días en el Hospital Militar, supuestamente aquejado por diversos males. Ésta situación se repitió el 2011, cuando se internó por 52 días. ¿Sus enfermedades? dos días hospitalizado por una carie, tres para hacerse un examen de sangre, 20 para revisarse los ojos, y así un largo etcétera. En su momento dirigentes de los derechos humanos afirmaron que Corbalán utilizaba el recinto de salud como oficina.
Incluso, se comprobó que Corbalán fue uno de los organizadores del homenaje a Pinochet que se realizó el 2012 en el Teatro Caupolican, y esas gestiones fueros realizadas desde el recinto médico.
El año pasado el entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand, aseguró que envió un oficio a Gendarmería para que se restringieran las estancias del ex CNI en el Hospital.
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