Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

jueves, 11 de noviembre de 2010

A Jovino el diablo le pasa la factura

JOVINO Novoa, senador y presidente de la UDI.
Una ofensiva mediática, como pocas en los últimos años, se puso en práctica para desacreditar algunas de las declaraciones de Gema Bueno, la joven que figura como una de las principales testigos en la investigación que realiza el magistrado Sergio Muñoz en relación con una red dedicada al abuso y explotación de menores, entre otros delitos.
La operación parece tener como objetivo principal recomponer la imagen pública del senador Jovino Novoa, muy deteriorada tras haber sido señalado por Gema Bueno como uno de los hombres que intimó con ella en una casa de El Arrayán, propiedad del empresario Claudio Spiniak, donde se realizaban desenfrenadas y aberrantes orgías con la participación protagónica de adolescentes de ambos sexos.
Gema Bueno ha descrito con detalles sorprendentes varias características anatómicas del dirigente de la UDI, que sólo pudo haber conocido tras haber observado prolijamente, y en más de una ocasión, el cuerpo desnudo del político.
La mujer recuerda una marca en el hombro, la distribución pilosa, ciertas manchas en sus genitales, la forma de sus piernas y de su vientre, describe minuciosamente sus manos, su pene, el grosor de su barba, el aroma de su perfume, el modo de andar, su forma de hablar, entre otras características que sólo ha escuchado el juez Muñoz.
Si la muchacha miente, es posible inferir dos alternativas: una, que conoció a un socías del senador gremialista; la otra, que alguien le describió centímetro a centímetro la geografía del cuerpo de Novoa.
¿Es posible suponer que detrás de descripciones tan precisas también exista una conspiración o complot para comprometer al ex subsecretario del Interior de la dictadura?

El hermano
del senador

Nada es descartable hasta que el ministro Muñoz no revele los resultados de su investigación. Ese instante marcará el inicio de una nueva serie de análisis y especulaciones sobre un proceso que al parecer ocupará la atención del país durante todo el año.
En cualquier caso, el papel de Gema Bueno ha sido sólo uno de los aspectos que ha tenido que examinar el juez Muñoz para desentrañar la oscura red tejida por Spiniak y varios de sus más cercanos colaboradores, vinculados al comercio carnal con adolescentes, la prostitución y las drogas.
Otro aspecto poco conocido, que también roza al senador Novoa, es la relación que tendría su hermano, el abogado Héctor Novoa Vásquez, con la denominada “red Spiniak”.
Héctor Novoa adquirió cierta connotación pública a mediados de los 90, cuando apareció vinculado en negocios con el llamado “rey de la chatarra”, Edgardo Bathich, y algunos colombianos presuntamente relacionados con el narcotráfico.
El juez Muñoz, según informó El Mercurio, ha inquirido personalmente a Spiniak sobre sus relaciones con el hermano del senador de la UDI.

Complot en las sombras
La publicitada detención de Spiniak, amplificada interesadamente por Carabineros a través del canal 13 de TV a fines del año pasado, fue seguida por la difusión pública de los rumores que implicaban a los senadores Novoa y Carlos Bombal, de la UDI, y al demócrata cristiano Andrés Zaldívar, como participantes en las inusuales “fiestas” organizadas por el dueño del exclusivo gimnasio Go Fitness & Spa.
En la puesta on the record de los rumores participaron periodistas de diferentes medios, entre ellos TVN, Chilevisión, Plan B y radio Biobío, además de la diputada de RN, Pía Guzmán, de reconocida labor en la lucha contra pedófilos y pederastas.
Los dichos de la diputada, quien no mencionó nombres, produjeron el efecto de un mazazo demoledor en el corazón del gremialismo, que reaccionó aseverando ser víctima de un complot urdido para dañar al partido, a la Alianza por Chile y, principalmente, a la candidatura presidencial de Joaquín Lavín.
En esa operación, según la UDI, habrían participado integrantes de algunas ONGs, menores presuntamente abusados, ciertos parlamentarios del PPD -Guido Girardi, María Antonieta Saa y Antonio Leal-, además de periodistas y otros profesionales cercanos al tema de la explotación sexual de niños.
La UDI ha sospechado también de Sebastián Piñera, a quien creen informado previamente de los rumores y culpan de no haber hecho nada para impedir que la diputada Pía Guzmán formulara sus polémicas declaraciones.

La primera fuente
La primera mención de los nombres de los senadores es uno de los aspectos que ha concentrado el interés del ministro Sergio Muñoz en las últimas semanas. Para intentar precisar cuál fue la fuente inicial, tomó declaraciones a casi una docena de periodistas de los más diversos medios, quienes escucharon y/o hicieron públicas las identidades de los parlamentarios.
Y es aquí donde la UDI concentra sus sospechas de complot. Varios de sus dirigentes conocen en profundidad los mil modos de generar un rumor, transformarlo en “trascendidos de prensa”, y no dejar huellas visibles en la operación.
Saben también que casi todos los medios tienen (o tenían) un especial cuidado en no divulgar nombres vinculados a un rumor no confirmado, particularmente si es una destacada figura pública.
Es de suponer que los periodistas citados por el juez Muñoz se ampararon en el secreto profesional, para no identificar sus fuentes, por lo que el magistrado posiblemente debió tratar de reconstituir las reuniones, entrevistas y llamados telefónicos realizados por los profesionales de la prensa en aquellos días.
Si logra identificar a la “primera fuente”, el ministro -conocido por lo acucioso de su trabajo- estará en condiciones de esclarecer la eventual manipulación de los medios de prensa para enlodar a los senadores mencionados. Y ello podría resultar en una inducción calculada y planificada, o en una simple conducta irresponsable que contó con la complicidad de periodistas y editores, los que a su vez transgredieron normas de ética profesional.

demonios
de la tentacion

A fines de los años 80, tanto las policías como los funcionarios de algunas ONGs, advirtieron el aumento del comercio sexual infantil. En la Plaza de Armas, en los alrededores del cerro Santa Lucía, en Plaza Italia, en Providencia, en algunas rotondas aledañas al centro, niños y niñas ofrecían servicios sexuales de todo tipo a las más variadas tarifas.
Los teléfonos públicos ubicados a metros de la Catedral de Santiago servían como improvisados buzones de mensajes a la creciente demanda de “carne fresca”. Al mediodía y tras el término de la jornada laboral vespertina, los adolescentes eran llamados a oficinas o departamentos de cita, subidos discretamente a lujosos vehículos o conducidos a residencias más alejadas.
Pero en esos años, salvo algunos balbuceos de denuncia en cierta prensa, todo ocurría con disimulo y nadie se inquietaba mayormente.
A comienzos de los 90, la renaciente clase política debutaba en el Congreso y algunos jóvenes diputados empezaban a disfrutar de fama y prestigio social. En las filas de la derecha, el senador Jaime Guzmán se esforzaba por llamar al orden a varios de sus discípulos con sobredosis de vanidad o aires de seductores que presagiaban una posible infidelidad conyugal. En RN, en el PPD, en el PS y en la DC también se experimentaba el reencuentro con el poder y el halagador e inesperado éxito de los políticos con el sexo femenino. No obstante, en la mayoría de los casos, nunca pasó más allá de algún ocasional desliz o de un amorío furtivo. Todo ello, además, con la comprensión, tolerancia o indiferencia de la opinión pública, mucho más preocupada de sus roles como políticos que de sus devaneos amorosos.

Todo es publicable
Desde el año 2002, en cambio, los chilenos empezaron a conmoverse con los abusos sexuales a menores. Algunas redes dedicadas a la pornografía infantil, denuncias de relaciones incestuosas y abusos contra menores perpetrados por sacerdotes, en Chile y en el extranjero, abrieron ventanas a los patios de la perversión, instalada en la vecindad de los barrios pobres o acomodados, en medio de una sociedad moderna y liberal ansiosa de nuevos placeres y experiencias intensas.
Los medios de comunicación, a su vez, decidieron introducirse en los dormitorios, en los guardarropas y en las camas de las figuras públicas. “Es lo que la gente quiere”, argumentaron ciertos editores, pidiendo más y más escándalos a sus periodistas. Las cámaras y micrófonos ocultos reemplazaron al trabajo metódico y riguroso de los reporteros; las declaraciones explosivas y las acusaciones personales, suplantaron a la entrevista profunda y meditada.
En este escenario, mediático y populista, bajo la consigna de “nos preocupamos de los problemas reales de la gente”, es que a la UDI le estalló en la cara el más vulgar, escabroso y deleznable de los temas: el abuso de menores en situación irregular.

El gremialista duro
Lo sorprendente es que los otros senadores mencionados por la prensa en estos meses (Bombal, Zaldívar, Nelson Avila y Carlos Cantero) hayan optado por mantener un perfil bajo, reafirmando su integridad moral y diluyendo paulatinamente las acusaciones en su contra. En palabras simples, la gente les cree. ¿Por qué no ocurre lo mismo con Jovino Novoa?
En primer lugar, porque las declaraciones de Gema Bueno apuntan en su contra. Y en segundo lugar, pareciera ser que su imagen de pinochetista intransigente, de gremialista duro, de ex funcionario mercurial, de enemigo de sus aliados, de poco simpático y lejano a la gente, le está pasando la peor de las facturas.
Novoa no tiene nada de lo que poseen Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín, Jaime Orpis o incluso Patricio Melero, que parece esforzarse para hablar duro y golpeado. Novoa se quedó en el gremialismo que se oponía a la Unidad Popular, que se mudó a Mendoza para ayudar a la “resistencia democrática” y que después pasó por ciego, sordo y mudo en la investigación para aclarar el asesinato de Tucapel Jiménez.
No pocos son los analistas y observadores políticos que han considerado que es un retroceso para la UDI haber puesto a Jovino Novoa en la presidencia, cuando el partido aún no sale de la UTI. Creen que ha sido un gesto de lealtad y respaldo exagerado y riesgoso, pues ocurra lo que ocurra con la investigación del juez Muñoz, y aunque se realicen las más rebuscadas intervenciones cosméticas para lavar su imagen, en el inconsciente colectivo Jovino Novoa desde hace rato que es culpable.

Las nuevas explicaciones
Al cumplirse casi seis meses con el caso Spiniak cotidianamente en las portadas de los diarios y en los titulares de los noticieros de televisión, los costos para la UDI, para muchos de sus dirigentes, para la Alianza por Chile y para la candidatura de Joaquín Lavín han sido considerables. La afiebrada reacción de su presidente, Pablo Longueira, le costó el cargo, tras una operación política feroz que reveló el verdadero carácter autoritario y arbitrario del modo de hacer política del candidato presidencial derechista y de sus más cercanos asesores.
Hasta ahora se conoce el estancamiento de Lavín en las encuestas, y el desplome de la candidatura de Raúl Alcaíno a la alcaldía de Santiago. Pero pronto empezarán a publicarse las evaluaciones en las comunas, en los distritos y en las circunscripciones senatoriales.
Es en los sectores populares de las zonas urbanas y rurales donde conviven las mujeres pobladoras con el abuso de menores, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar y la drogadicción. Muchas de ellas fueron el plus electoral que llevó a la UDI a transformarse en el primer partido del país, mujeres modestas que se alejaron del PDC y de la nueva Izquierda más liberal y vanguardista.
Allí la UDI clavó sus banderas, para mostrar cómo no eran ciertas las ofertas de quienes llegaban de los barrios más acomodados, se bajaban de modernos vehículos, bien vestidos, para hablar de progresismo, y crecer con equidad.
Las convencieron de que los únicos capaces de darles más progreso, trabajo, vivienda, salud y educación eran los candidatos de la derecha, verdaderos representantes de la moral y de las buenas costumbres, que sabían cómo se multiplica el dinero y se invierte en el bien común. Ahora los candidatos de la UDI tendrán que salir nuevamente a buscar electores, pero esta vez lo más probable es que tengan que dar otras explicaciones, bastante más complicadas



http://www.puntofinal.cl/565/jovino.htm

Mercancía a bajo precio


La red del millonario empresario Claudio Spiniak llevaba al menos diez años funcionando. En febrero del año pasado, un niño lo denunció a Carabineros por violación. No pasó nada. En diciembre del mismo año le encontraron una cantidad considerable de drogas, armas con silenciador -que no son precisamente defensivas- y videos pornográficos, donde aparecían escabrosas escenas con menores. Se inició entonces un proceso en su contra por narcotráfico y porte ilegal de armas. No hubo cargo por delitos sexuales. Y Spiniak quedó en libertad. La investigación a cargo de la jueza Eleanora Domínguez fue inoperante, pero ordenó nuevamente detener al empresario el 30 de septiembre, el mismo día -curiosamente- en que el caso sería abordado en el programa Contacto, de Canal 13. En esta oportunidad, se sumó al proceso los delitos de estupro, facilitación de la prostitución y producción de material pornográfico con menores. Hasta ahí, el caso pudo pasar como uno más de los hechos “policiales” que causan revuelo momentáneo para luego quedar en el olvido. Como ocurrió con el pedófilo Paul Schäffer, nunca encontrado por las policías, y Colonia Dignidad, que sigue existiendo pese a todas las pruebas de horrorosas violaciones contra los derechos humanos cometidas en su interior.
Sin embargo, bastó que se sembrara la duda sobre la participación de políticos -“dos de la Alianza por Chile y uno de la DC”, según la diputada RN Pía Guzmán- en las depravadas y morbosas fiestas con menores organizadas por Spiniak, para que se desatara un torrente de reacciones virulentas, querellas y anuncios de más querellas, que van y vienen.
Lo positivo ha sido la designación de un ministro en visita, Daniel Calvo, y que -ahora sí- todo el mundo se declare escandalizado, aunque eso no garantice necesariamente que se llegue a develar toda la verdad. En la oscura telaraña que rodea a Spiniak se ha aludido a empresarios, políticos y carabineros. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), al hacerse parte en la causa que investiga el ministro Calvo, dejó en claro que esta maquinaria de explotación sexual cae en la categoría de “crimen organizado”, lo que implica la existencia de una red de protección.
Entrevistada en radio Cooperativa, Clara Szczaranzski, presidenta del CDE, afirmó que en una organización de este tipo, suelen estar involucrados funcionarios de grado menor y autoridades administrativas tanto públicas como privadas. “Estamos frente a una empresa criminal que recluta, recoge, obliga, paga -según los casos- niños, para ponerlos al servicio de diversiones sexuales de otras personas”, señaló.
Osvaldo Torres, director de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu), entidad que ha efectuado investigaciones y denuncias sobre pornografía en internet con uso de niños, sostiene que Chile no es ajeno al comercio sexual infantil, cuyas redes criminales a nivel mundial mueven miles de millones de dólares. “Hay gente que está ganando mucho dinero con esto, que sirve potencialmente para corromper a agentes policiales e investigadores del poder judicial. Cuánto poder tienen estas redes y cuánta corrupción hay, es lo que esperamos se aclare en este proceso llevado por un ministro en visita que está demostrando eficiencia”. Hasta el cierre de esta edición, había seis procesados, entre ellos Felipe Silva Navarrete, mozo de la 37ª Comisaría de Carabineros de Vitacura, quien se desempeñaba como proxeneta. Aparte de Spiniak, sólo uno de los procesados era de relativa connotación: el empresario Winston Michelson, ya comprometido en otro proceso por la muerte de un travesti el año pasado, a causa de ingestión excesiva de drogas.
FARANDULA POLITICA
La UDI, herida en el alma por los rumores con nombre y apellido que afectan la honra de los senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal -también se rumoreaba que Spiniak sería uno de los financistas del partido de Joaquín Lavín-, denunció un supuesto complot y lanzó dardos en distintas direcciones, que comenzaron a desintegrarse con tanta facilidad como las “fuentes” de la diputada Guzmán. La UDI se lanzó principalmente contra los periodistas Mario Aguilera, de TVN, y Víctor Gutiérrez, de Chilevisión, como también contra José Valdivia, director del programa adolescente de la Fundación Margen, que acoge a la mayoría de los menores que denunciaron a Spiniak. Pero no sólo el directorio de TVN respaldó al director ejecutivo, a la directora de prensa y al departamento de prensa del canal, sino que el Colegio de Periodistas, los sindicatos de periodistas de El Mercurio, Copesa y radio Cooperativa, El Siglo y radio Nuevo Mundo rechazaron las acusaciones del presidente de la UDI, Pablo Longueira. Es más, el Colegio de Periodistas resaltó “la valiosa labor de los profesionales de los medios de comunicación que han contribuido, veraz y éticamente, para abordar las denuncias en contra de grupos de poder que se esconden en redes fácticas para cometer gravísimos delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, principales víctimas de hechos tan condenables y que requieren la enérgica acción de la justicia”.
Ni a José Valdivia, a quien le sacaron a relucir un pasado vinculado al FPMR, ni a la Fundación Margen les preocupa una querella, venga de donde venga. “La derecha actúa en forma desesperada, cree que todavía está en dictadura y que puede hacer lo que quiere -dice Valdivia-. Es cierto que tiene gran poder, dinero e influencia, pero ha sido muy irresponsable, porque si tuviera la intención de ‘resolver los problemas de la gente’, que en este caso son los niños y niñas en condición de explotación sexual, no deberían eludir el problema tratando de buscar culpables donde no los hay”.
A la Fundación Margen sí le inquieta la falta de presupuesto para seguir cumpliendo una labor que muy pocos asumen: hacerse cargo del drama de los niños que crecen en absoluto desamparo, expuestos a las drogas y a la explotación sexual de mafias que negocian con sus cuerpos, para satisfacer los deseos cada vez más depravados de quienes gozan de dinero y de poder. Son niños pobres, anónimos, que pueden desaparecer sin que nadie los reclame. De hecho, en el entorno de Spiniak hay dos menores que parece habérselos tragado la tierra.
LA PEOR FORMA
DE MALTRATO
Un primer estudio realizado este año por el Servicio Nacional de Menores (Sename), en convenio con la OIT y ejecutado por la Universidad Arcis, reveló que en el país hay alrededor de 3.700 niños de 12 a 15 años explotados sexualmente. El 80% son niñas y 20% varones. Se considera que esta cifra es una estimación, porque la encuesta se efectuó sólo en las regiones Metropolitana, de Tarapacá, Valparaíso y Biobío, a partir de lo cual se hizo una proyección nacional. Además, se realizó en seis meses, tiempo que los especialistas en el tema consideran breve como para penetrar una realidad que se quiere mantener oculta. Según el “servicio” -y la voluntad del cliente- los menores reciben un pago de quinientos o mil pesos, o algún objeto de poco valor. En la red de Spiniak se ha hablado de treinta a cien mil pesos por participar en las orgías en que los niños eran objeto de las peores aberraciones.
En la búsqueda de instituciones que trabajen directamente con estos menores, PF sólo encontró programas especializados en las fundaciones Margen y Arasi, y en las corporaciones Raíces (ONG) y Opción. En todas ellas se trabaja con mínimos recursos y, por lo mismo, el alcance y efecto es limitado frente a la dimensión y complejidad del problema.
“El niño no se prostituye, es prostituido por un adulto -afirma Denis Araya, directora de la Corporación Raíces-. Hay diferencia; el niño no opta, no decide ‘voy a prostituirme para ganar dinero’, que por lo demás no es dinero fácil, hay que ver lo que ha vivido para darse cuenta que de fácil no tiene nada. Esta es la peor forma de maltrato de la infancia. El niño pasa a ser una mercancía, un objeto desechable, que se usa y se bota”. Explica que la explotación sexual comercial es multicausal. Intervienen la pobreza, la disfuncionalidad, el abandono, el maltrato, el abuso sexual temprano. “Son niños altamente vulnerados y solos como un dedo”, dice. Y agrega que se trata de una patología social que desde hace muy pocos años se está considerando como tal en Chile.
Raíces hizo un estudio en 1997 con 43 niñas de un promedio de 13 años, víctimas de explotación sexual en la comuna de Huechuraba. Luego, el Sename les encargó un plan piloto de reparación del daño con niños que se encontraban en centros de esa institución. Y han seguido adelante, ahora con 50 menores, la mayoría niñas. “A los chicos de la calle les cuesta mucho conectarse con la realidad de lo que han vivido, porque es muy doloroso. Por eso, separan la emoción del pensamiento, y sólo cuando se conectan con el dolor y expresan su rabia se dan cuenta que ellos no son culpables de lo que viven, que ha habido aprovechamiento de parte de esos desgraciados que profitan de ellos”, dice indignada la directora. El proceso de reparación es muy lento, con avances y retrocesos. Consiste en restablecer la confianza y autoestima en el niño, y algún lazo familiar, aunque sea remoto.
En esta corporación se la jugaron por la aprobación de la ley de pornografía, elaborada por el abogado Hernán Fernández y Fundación Arasi, que surgió a raíz del impacto periodístico provocado por el programa Contacto al denunciar la red de pedofilia Paidós, el año pasado. Como no había figura legal para condenar a los implicados en pedofilia, éstos quedaron libres. A este proyecto de ley, patrocinado por los diputados Pía Guzmán y Patricio Walker, se le incorporaron disposiciones contenidas en otra iniciativa legal sobre explotación sexual infantil que había presentado María Antonieta Saa, hace más de dos años. El proyecto estaba durmiendo en el Senado hasta que cayó Spiniak en septiembre. Sólo entonces, el Ejecutivo le dio prioridad. Y se aprobó, reincorporando medidas que habían sido rechazadas anteriormente, como la sanción penal al “cliente” y considerar a la introducción de objetos en la vagina y el ano como violación. “La ley es un avance importante, aunque hay cosas que se deben mejorar. Por ejemplo, la pena máxima al explotador sexual, que es apenas de tres años y un día -señala Denis Araya-. Lo que nos angustia es la farándula que se armó a nivel político, en la cual se pierde lo fundamental, que es la protección de los niños y sus derechos. Nos indigna que la UDI acuse a una institución como Margen de inducir a los niños a decir no sé qué cosa, ¡hay que tener hartos cojones para apoyar y acompañar a los chicos en estas circunstancias, prácticamente sin recursos! Todo esto asusta a los niños, porque se están enfrentando a gente poderosa, que tiene mucha plata. Hay que pensar en lo que ocurre con los traficantes de cocaína, donde siempre el culpable termina siendo un portero u otro personaje insignificante”.
LEVANTAR LA VOZ
La Fundación Margen, creada en 1993, cuenta en su directorio con el vicario Alfonso Baeza Donoso y la diputada María Antonieta Saa. La preside Herminda González y es dirigida por la socióloga Teresa Lastra, ambas con una rica experiencia en la organización y protección de derechos de las trabajadoras sexuales. Hace seis años se creó el área adolescente y desde entonces funcionó como un lugar diurno donde los chicos pasaban el día. En la noche pernoctaban en una casa de acogida del Hogar de Cristo. “Se procura habilitar a los adolescentes, vale decir, que vuelvan a confiar en otros y en ellos mismos -dice Teresa Lastra. Luego de un largo proceso se logró formar tres educadores que han desarrollado un trabajo entre pares. Creemos que ha sido ese proceso el que facilitó que los adolescentes denunciaran la red Spiniak de explotación sexual. De no haber habido esa confianza, difícilmente hubiesen hablado ya que eso es parte de un secreto que no develan a cualquiera, porque se sienten culpables”. Para la socióloga, por ahora, “lo más importante es abrir espacios que les permitan levantar la voz, en este país donde no todas las voces se escuchan de la misma manera”.
José Valdivia enfatiza que trabajan con los criterios de la Convención de los Derechos del Niño, “en el sentido que ellos tienen que ser parte de su problemática, con oportunidades y libertad para opinar. Nuestra metodología se basa en la no violencia, lo que significa que no podemos obligarlos a nada”. De los cinco adolescentes que se han hecho parte del proceso, sólo tres siguen a cargo de la institución. Dos de ellos fueron violados hace diez años por Spiniak. “Incluso uno fue torturado, lo amarraron de pies y manos, y lo violaron entre varios”, denuncia.
Valdivia señala que han continuado recibiendo nuevas denuncias de otros menores sobre redes diferentes a la de Spiniak. Muestra una carta escrita a mano que se apronta a entregar al ministro en visita y lee una parte en voz alta: “Yo sé que mi vida está en peligro, porque cuando yo fui víctima de violación de un político cochino con otra persona me amenazaron con pistola...”.
EL LADO FEO
Fermín Montes, trabajador social del Centro de Protección Infanto Juvenil Lo Espejo, de la Corporación Opción, recuerda que casos como el de Spiniak no son nuevos en Chile. “Explotan cada cierto tiempo, y la clase política y la gente de poder se activan. Pero Colonia Dignidad viene de los años 60 y sigue ahí. Las instituciones del Estado no hacen lo que debieran y las policías, que fueron capaces de destruir organizaciones políticas y sociales durante la dictadura, no actúan frente a la pedofilia y la droga. Falta voluntad política, y todo se olvida. Pero los niños que piden plata en las micros o en la calle es algo permanente y cotidiano, la parte fea de la sociedad, lo que no se quiere ver”.
Para Claudia Fischer, asistente social de la misma institución, la experiencia de la dictadura demostró que pueden formarse instituciones organizadas para tapar, con otros horrores, actividades ilícitas que mueven mucho dinero. “La gente que actuó en esa época todavía está entre nosotros y puede repetir ese modelo para protegerse de sanciones sociales y penales. A la vez, es un riesgo para las víctimas, para quien los descubra o devele estas situaciones”, dice. Y destaca que un método tradicional de tortura ha sido la agresión y el abuso sexual.
El Estado y la sociedad chilena tampoco están preparados para prevenir y enfrentar el problema. Más allá de la reparación y de las leyes penales, Claudia echa de menos “una ley de protección, una política y una estructura mancomunada que permita abordar la familia y las condiciones de desarrollo integral de los niños en forma más coordinada, lo que debe incluir salud, educación y recreación”. Sobre todo, agrega, porque la mayoría de los menores en riesgo provienen de familias en condiciones de pobreza y marginación escolar, social y cultural, que se reproducen de generación en generación.
En el plano cultural, “muchas veces me encuentro con gente que duda si una lola de 13 ó 14 años, que es seducida, tiene alguna responsabilidad. Comentan que ‘a ella le gustó’ o que ‘lo provocó’. Honestamente, por razones biológicas, es probable que a muchos niños el contacto sexual le pueda gustar, porque se trata de partes del cuerpo especialmente sensibilizadas. Además, en un ambiente hostil, de maltrato, que venga alguien a hacerle un poco de cariño a un niño o niña -aunque sea este tipo de cariño- puede resultar placentero. Pero el adulto es el responsable, es quien tiene las herramientas para discriminar y poner límites. En ese sentido, socialmente, aún no nos hacemos responsables de resguardar y respetar a los niños”. En el centro de Lo Espejo se han obtenido buenos resultados al trabajar con los niños con equipos multidisciplinarios que aplican un enfoque sociohistórico y sicológico. Sin embargo, la tendencia actual es enfatizar más el área sicológica.
Por su parte, Denis Araya hace notar la necesidad de mayor integración y participación de los ministerios de Salud y Educación en el tratamiento del problema. “Hay ámbitos que no están cubiertos, como la salud mental y física de los niños -señala-. Y en la situación escolar hay que buscar alternativas distintas, porque no se le puede pedir a un niño de la calle que esté diez horas al día encerrado en un colegio”.
Como en muchas cosas, la clave es la voluntad. Humana y política
PATRICIA BRAVO

Niños de la calle

Moisés Carrasco, de 21 años y monitor durante tres años de la Fundación Margen, no tiene que pensarlo mucho cuando se le pregunta por qué hay niños ejerciendo el comercio sexual. “Por necesidad. Porque piensan que es el único medio de solución o de salvación para tener algo de dinero que los pueda hacer valer como personas en algún momento”.
El mismo vivió una infancia en lo que se ha llamado “situación de riesgo”. Las carencias económicas y la enfermedad de la madre obligó a sus progenitores a internar a los tres hijos menores -de un total de cinco- en la Fundación Mi Casa. Moisés tenía 7 años cuando entró en esa institución y egresó a los 12. “Llegué sin saber lo que era la suma, la resta y la multiplicación, no sabía nada y ahí aprendí a leer, a escribir. Me desenvolví mejor como persona, me afirmé conductualmente”.
También aprendió de dolores ajenos.
“En la fundación conocí a una persona que jamás ha recibido ayuda de nadie y que ha tenido subidas y bajadas en su vida. Su familia le dio vuelta la espalda, ha tenido muchos desgarros con sus padres. Su papá fue... un criminal. No tengo palabras para decir lo que sentí cuando supe que él había abusado a su mamá, y ella nació por eso. Y más encima era esposo de una tía y también se había metido con otra persona más. Era terrible su historia, en un momento lloramos juntos... Tenía 16 años. Ella se prostituyó desde los 7 años más o menos y fue muchas veces violada. Le pasaron demasiadas cosas”.
Una vez fuera de la institución, Moisés fue apoyado por un trabajador social y distintas instituciones -Génesis, Opción- que trabajaban con niños en la calle, “pero que no ejercían el comercio sexual ni habían desertado de sus casas, sino que habían abandonado la escolaridad y pasaban la mayor parte del tiempo en la calle... Porque hay que distinguir entre niños ‘de’ la calle y niños ‘en’ la calle. Fui creciendo, fui monitor, hacía talleres en conjunto con personas de Opción que me ayudaban con materiales sobre las drogas. Yo había aprendido muchas cosas y quería ayudar a otros niños. Quise seguir estudiando, principalmente sobre explotación sexual, porque yo tuve un amigo en la Fundación Mi Casa al que su mismo padre lo abusó. Y después conocí demasiadas cosas en Margen. Me dio lata ver que había menores abusados sexualmente. Ahora se dan cuenta que hay personas que utilizan a un menor, a un ser viviente, como si fuera un objeto, sin vida. En todos los países se aprobó la liga de los derechos del niño, donde se dice ‘yo necesito tener protección’. ¿Pero qué pasa cuando el menor sale a la calle? Las caletas son espacios donde se puede desenvolver la pedofilia y la prostitución de menores”





La Historia Oculta del Régimen Militar

Donde Están?

Entradas populares

¡TERMAS DE POLLOQUERE Y SURIRE EN PELIGRO!