24 DE FEBRERO DE 2010
Los exhortos, según la Corte, llegaron a Chile el lunes y en ellos el magistrado de la Audiencia Nacional española pide que se notifique e interrogue a la viuda del dictador, Lucía Hiriart, de una querella por blanqueo de capitales.
La Corte Suprema estudia dos exhortos enviados por el juez español Baltasar Garzón, que busca indagar a familiares y colaboradores de Augusto Pinochet por blanqueo de dinero, informaron hoy fuentes judiciales.
Los exhortos, según la Corte, llegaron a Chile el lunes y en ellos el magistrado de la Audiencia Nacional española pide que se notifique e interrogue a la viuda del dictador, Lucía Hiriart, de una querella por blanqueo de capitales.
La querella fue presentada en Madrid por la española Fundación Salvador Allende y está dirigida además contra el presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo; el ex gerente en Nueva York de dicho banco, Hernán Donoso, y el ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken, quienes también deberían ser notificados e interrogados.
La acción judicial se deriva del descubrimiento de cuentas secretas que Pinochet mantenía en el Riggs Bank de EE.UU. y en otros bancos extranjeros, que dio lugar en Chile a un juicio para determinar el origen de la fortuna del dictador, fallecido en diciembre de 2006.
En 2007, la Fundación Salvador Allende pidió en España la persecución penal de quienes colaboraron con el ocultamiento de los supuestos fondos ilícitos del general, después que el Riggs Bank reconoció que había ocultado 9 millones de dólares en cuentas secretas y aceptó pagarle esa suma.
Según la investigación, Pinochet acumuló algo más de 26 millones de dólares en esas cuentas, de los que 20 millones no tienen justificación legal.
Al morir, el general estaba procesado en este caso por fraude tributario y uso de pasaportes falsos, además de desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
Garzón, además, dispuso que los querellados paguen, en conjunto, una fianza de 77.348.374 dólares y señaló que de no hacerlo en un plazo de diez días, los tribunales embarguen sus bienes y bloqueen sus cuentas por la cantidad mencionada más un tercio, según fuentes judiciales.
Esos montos, según asegura el juez español en los exhortos, son pedidos en el caso de que, al finalizar el proceso, la justicia acoja las demandas.
El magistrado solicita que se interrogue a todos los querellados, “con asistencia de abogados, sobre los hechos que se imputan en la querella”, según un pliego de preguntas que se adjuntará.
Asimismo, pidió que se permita la presencia de un representante de la parte querellante durante los interrogatorios, “si la legislación chilena lo permite”.
Según el procedimiento, será la II Sala Penal de la Corte Suprema la que decida si acoge o no los exhortos, previo informe de la fiscal Mónica Maldonado, cuyas conclusiones no son vinculantes y suponen solo una recomendación para los jueces que resolverán.
En caso de que la solicitud de Garzón sea aceptada, las diligencias serán realizadas por el juez Manuel Antonio Valderrama, actual encargado del juicio sobre la fortuna de Pinochet.
Hace algunos meses, cuando se anunció en España que Garzón enviaría las cartas rogatorias, Valderrama advirtió que en Chile no se indaga el blanqueo de capitales en este caso.
La abogada Carmen Hertz, querellante contra Pinochet, dijo a radio Cooperativa que espera que “en el marco de la legislación internacional” los exhortos de Garzón sean tramitados “como corresponde”.
Mientras la familia y abogados de Pinochet han guardado silencio, el diputado derechista Iván Moreira calificó de “persecución política contra una mujer de 87 años la gestión de Garzón, “que lo único que busca es protagonismo, ya que en su país cada día está más desprestigiado”.
