La Represión Política en Chile - EPÍLOGO - FUENTES

• «Dónde están», Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 1978, Santiago, Chile.
• «Lonquén», Máximo Pacheco Gómez, Editorial Aconcagua, Colección Lautaro.
• «Yumbel. Cuando los muertos vuelven a su tierra», Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.
• «Presos políticos desaparecidos en Chile», Casa de Chile, México, 1977.
• Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Centro de Documentación.
• Diversos documentos Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
• Diversos documentos Agrupación de Familiares Ejecutados.
• Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Departamento de Registro y Comunicaciones, Departamento de Documentación.
• «Cinco años de gobierno militar en Chile, 1973-1978», Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad.
• «Trabajo social. Una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos», Santiago, abril de 1980.
• «Desarrollo de las acciones del Gobierno Militar en contra de los disidentes políticos», Informe Sherer, anexo 2, Comité de Cooperación para la Paz en Chile, Departamento Penal, Información Penal, Boletín Informativo 3 /74, 8 de abril de 1974, Santiago, Chile.
• Diversos documentos emitidos por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, 1973-1974.
• «Los derechos humanos a la luz del ordenamiento internacional. Situación actual y perspectivas», Santiago, 24 y 25 de agosto de 1978, Comisión II: Libertad y justicia.
• Vicaría de la Solidaridad. Un año de labor, enero de 1977.
• Roberto Garretón: «Las leyes secretas en Chile», Revista Chilena de Derechos Humanos, primer trimestre de 1985, segunda época, número 1, Santiago, Chile.
• «La práctica de la tortura en Chile durante la vigencia de la Constitución política de 1980», Comisión Nacional contra la Tortura.
• «Search» Búsqueda. A Documentation and Research Centre on Disappeares Prisoner in Latin America, March 1985.
• «Colonia Dignidad. Fundo modelo en Chile, un campo de torturas de la DINA», Amnesty International.
• «Por una cultura de vida, basta de muertes», Informe del Vicario de la Solidaridad a los agentes pastorales de la Iglesia de Santiago», julio de 1984.
• «La tortura en el Chile de hoy. Experiencias médicas», Juan Puebla, Rosalía Fuentes, Ediciones Huichape, Mimeo, Santiago, diciembre de 1981.
• Informe del Consejo Económico y, Social. Protección de los Derechos Humanos en Chile: A/311253, 8 de octubre de 1976; A/32,1227, 29 de septiembre de 1977: A/38/385, Add. 1, 22 de noviembre de 1983.
• Comisión de Derechos Humanos. Naciones Unidas, XL período de sesiones: E/~CN.41,1984,'7. 9 de febrero de 1984.
• Cuestiones de los derechos humanos en Chile. Informe del experto sobre la cuestión de la suerte de las personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce en Chile, designado de conformidad con lo dispuesto a la resolución 11 (XXXV) de la Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, E ~ CNA/1 36 5, 2 de febrero de 1980.
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, VI período de sesiones, año 1976, febrero 1977.
• Informe de la visita a Chile de don Louis Pettiti, abogado del Tribunal de Apelaciones de París y presidente designado del Colegio de Abogados, y don Bernard Andreu, abogado del Tribunal de Apelaciones de París, anexo XV, A/32/227.
• «Trainin- of foreign military personnel by the United States, Fiscal vears 1950-197%, en Michael T. Klare/Cynthia Arnson (con lielia Millerand y Daniel Volman), «Supplying repression. U.S. Support for aUthoritarian reg¡mes abroad», 1.P.S. Institute for Policy Studies, Washington, D.C., 1981, p. 48.
• Solidaridad, revista quincenal de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago.
• Revista Qué Pasa, 30 de noviembre de 1983; febrero de 1976.
• Revista Análisis, 17 al 31 de julio de 1984.
• Revista Ercilla. 11 de julio de 1979; 2 de octubre de 1973.
• Revista Vea, 4 de octubre de 1973; 28 de septiembre de 1973.
• Revista Hoy, 2 de enero de 1979; 19 de diciembre de 1978; 27 de febrero de 1979; 8 de mayo de 1979.
• Revista Mensaje. enero-febrero de 1980.
• Diarios consultados del período: «El Mercuri^ «La Tercera de la llora», «Las Ultimas Noticias», «La Segunda», «El Tarapacá», «La Estrella de lquique», «El Día», «Crónica», «El Sur», Fortín Mapocho.
• Informe mensual Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad (varios años).
• Informe mensual situación de los derechos humanos en Chile, Comisión Chilena de Derechos llumanos (varios años).

Los dibujos que aparecen en las páginas de este libro fueron realizados por un ex prisionero politico.

La Represión Política en Chile - EPÍLOGO - CIFRAS DE LA REPRESIÓN

1. La generalidad de las estimaciones hace ascender a más de 30.000 los muertos habidos con ocasión del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, si bien ellas varían en cuanto a las cifras exactas dadas las características del país y el pánico provocado por la represión. En todo caso, el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de 1985 señaló que el golpe militar «utilizó con ese propósito (el aplastamiento de toda posible resistencia) todos los recursos a su disposición, incluyendo los métodos de violencia más extremos». El embajador norteamericano en Santiago en la fecha del golpe, don Nathaniel David, escribió al respecto años después: «Las estimaciones acerca del número de gente muerta durante o inmediatamente después del golpe varían desde menos de 2.500 a más de 80.000. Una lista de 3.000 a 10.000 muertos cubre las estimaciones más fiables.»
2. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el cuadro de detenciones practicadas por la policía de Carabineros y el Servicio de Investigaciones (que no contempla las detenciones propiamente políticas realizadas por cuerpos militares y/o de seguridad) entre los años 1970 a 1980 fue el siguiente:

Año	Carabineros	Investigaciones	Total
1970	-	-	539.521
1971	-	-	553.196
1972	493.967	64.775	558.742
1973	459.455	65.096	524.551
1974	667.859	84.706	752.565
1975	806.304	87.694	893.998
1976	915.47	108.660	1.024.137
1977	999.060	113.607	1.112.667
1978	850.999	90.615	941.614
1979	783.884	81.125	865.009
1980	748.616	74.642	823.258
1981	714.067	66.855	780.922

Como puede verse, entre 1973 y 1974 las detenciones aumentaron en un 43,4 por 100, en un 70,4 en 1975, en un 95,2 en 1976 y en un 112,1 por 100 en 1977 respecto de las practicadas en el año 1973. Con posterioridad, las detenciones decrecieron, pero se mantuvieron por sobre un 50 por 100 más, anualmente, de las contabilizadas para 1973. Se trata, reiteramos, solamente de las detenciones cumplidas por las fuerzas de policía, por lo que quedan fuera la mayor parte de aquellas propiamente políticas a cargo de servicios de inteligencia (DINA, CNI o servicios específicos de las Fuerzas Armadas) y las decenas de miles de detenciones practicadas en allanamientos masivos efectuados por fuerzas militares. Cifras tan elevadas ilustran la «normalidad» de la vida cotidiana de Chile y muestran a la vez la represión sistemática a que es sometida la población, ininterrumpidamente sujeta, por otra parte, a diversos regímenes de excepción.

3. En mayo de 1975, el Ministerio del Interior reconoció que en Chile había 41.359 personas detenidas por estado de sitio. Al 6 de febrero de 1976, esa misma fuente indicó que «habían sido detenidas 42.486 personas».
4. Se ha estimado en cerca de 2.000 los casos de detenciones seguidas de desapariciones practicadas en el país entre 1973 y 1976. De ellos 668 casos han sido documentados por la Vicaría de la Solidaridad, estimándose que el resto no ha sido registrado por temor, por haberse producido los hechos en zonas rurales, por disolución de grupos familiares, etc. Ninguno de los recursos de amparo en favor de detenidos desaparecidos tuvo, en definitiva, éxito. En 1948 se produjo otro caso, apareciendo la víctima, Juan Antonio Aguirre Ballesteros, un joven activista católico, muerto meses más tarde. En 1985 se denunció otro caso de detención seguida de desaparición, el de Sergio Ruíz Lazo, exiliado que había ingresado clandestinamente a Chile. Y en septiembre de 1987 desaparecieron cinco personas, jóvenes vinculados a la organización comunista.
5. En los últimos años las muertes producidas por la represión (en manifestaciones, supuestos enfrentamientos, abusos de poder, etc.) fueron las siguientes: 1983, 96; 1984, 80; 1985, 66, y 1986, 58. Total, 300 muertes.

Entre el 11 de marzo de 198 1, fecha de vigencia de la actual Constitución, y el 1 de enero de 1983 murieron 84 personas.
En el curso del presente año, hasta fines de octubre, se habían producido al menos 25 víctimas fatales, considerando los 12 asesinados los días 15 y 16 de junio en el curso de la llamada «Operación Albania» efectuada en Santiago por la CNI en presencia, según informó la prensa, de un fiscal militar.

7. Los homicidios frustrados (entendiendo Por ellos las heridas de bala en las circunstancias señaladas en el número anterior) fueron, según datos de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1.222 entre el 11 de marzo de 1981 y el 31 de diciembre de 1986.

Las cifras de la tortura son particularmente difíciles de precisar, por el efecto intimidatorio que el tormento tiene sobre las víctimas. En todo caso, se encuentra abundantemente documentada la aplicación masiva e indiscriminada de tortura a miles y miles de personas en los meses siguientes al golpe militar.
La Vicaría de la Solidaridad procesa estas cifras sólo desde 1979, y desde 1982, la Comisión Chilena de Derechos Humanos. De acuerdo a estas fuentes el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1985 da el siguiente panorama:

Año	Denuncias formalizadas	Estimadas
1979	143	-
1980	91	-
1981	68	-
1982	57	123
1983	77	434
1984	100	294
Totales	536	851

Para 1985, la Comisión Chilena de Derechos Humanos contabilizó 168 casos de tortura y 255 para el año 1986, estimándose más o menos en una vez y media las producidas realmente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 1985: «La sólida evidencia recogida por la CIDH... le permite constatar que la práctica de la tortura no ha sido el resultado de excesos individuales cometidos por miembros de los organismos de seguridad ni un fenómeno tolerado ante la indiferencia o debilidad de otras instituciones chilenas; por el contrario, la tortura ha sido y es una política deliberada del gobierno de Chile ejecutada durante todo el período iniciado el 11 de septiembre de 1973.»
La aplicación de tortura a partir de 1985 muestra una tendencia al aumento y a la crueldad. «Monstruos» ha llamado el juez indiviRené García Villegas a los torturadores de la CNI, cuya dualización le ha sido negada por dicho cuerpo represivo, y que, sin embargo, el magistrado ha detectado en el curso de la investigación de más de 30 querellas por torturas interpuestas contra la Central Nacional de Información. La investigación ha desencadenado una campaña de amedrentamiento contra el juez, que debió recibir protección policial.
La convicción de la brutalidad de la tortura llevó el 11 de noviembre de 1983 a Sebastián Acevedo, trabajador de la construcción, a prenderse fuego ante la catedral de Concepción reclamando de la CNI la entrega de dos de sus hijos que llevaban hasta la fecha tres días desaparecidos. En homenaje a Sebastíán Acevedo y al sacrificio de su vida tomó su nombre un Movimiento contra la Tortura que ha desplegado una admirable labor de denuncia.

8. Amedrentamientos. Mediante secuestros, amenazas, seguimientos ostensibles, interferencias telefónicas y otros recursos se despliega una permanente campaña de amendrentamiento a dirigentes sociales, religiosos, activistas de derechos humanos, periodistas y políticos. En 1984 los amedrentamíentos graves fueron 554; en 1985 superaron los 430. En 1986 llegaron a 559, entre los cuales se anotan 109 acciones de amedrentamiento contra defensores de derechos humanos.

Según el diario «La Epoca», de 22 de noviembre de 1987, entre enero y septiembre de 1987 hubo 722 denuncias por amenazas graves hechas por la Acción Chilena Anticomunista, el Comando Nacionalista de Combate y otros grupos que tienen la tolerancia cuando no la orientación del gobierno. Este aumento de la intimidación contra la disidencia ha hecho que, según el diario, alrededor de 500 personas inicien mensualmente trámites para salir de Chile como refugiados políticos.

9. Las detenciones contabilizadas por la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, a contar desde 1979, fueron las siguientes: 1979, 1.325; 1980, 1.129; 1981, 911; 1982, 1.789; 1983, 15.077; 1984, 39.440; 1985, 8.946, y 1986, 33.665.

El notable incremento de las detenciones a partir de 1983 se explica por las manifestaciones y la agitación multitudinarias que comienzan a generalizarse a partir de ese año.

10. La Comisión Chilena de Derechos Humanos describió así los allanamientos masivos contra las poblaciones de la periferia de Santiago: «En dichas acciones participaron regulainente efectivos militares con uniformes de combate, arniados y con sus rostros pintados, efectivos de Carabineros y agentes de Investigaciones y de la CNI. En algunas oportunidajes se hicieron Presentes efectivos de la Fuerza Aérea.»

»Las áreas poblacionales eran cercadas desde tempranas horas de la madrugada, prohibiéndose el ingreso y salida de personas desde el interior; en algunas ocasiones se cortaba el suministro de energía eléctrica y los teléfonos' por lo que los pobladores quedan n la más absoluta indefensión respecto del accionar de estos ejercitos de ocupación. Estos ingresaban al interior de las viviendas que eran allanadas con violencia, destruyendo los modestos enseres de los pobladores y luego Procedían 'a hacer destrozos en los inmuebles, levantanjo los pisos y haciendo excavaciones en los patios (en busca de armas y/o propaganda).
»Posteriormente, procedían a sacar de sus hogares a todos los varones entre los dieciséis ni los sesenta años de edad. Todos eran trasladados a sitios eriazos, lugares municipales (estadios) o públicos (plazas) donde debían Permanecer a la intemperie en tanto sus antecedentes eran chequeados. Esto resulta especialmente duro en los meses de otoño e invierno (marzo a septiembre) cuando los pobladores debían soportar las inclemencias del tiempo, el frío y la lluvia.» (Informe correspondiente al año 1986, CCHDH.)

11. Situación de los medios de comunicación. En la reciente reunión de la Sociedad Interarnericana de Prensa (SIP), realizada en Santiago del 16 al 20 de noviembre de 1987, el periodista chileno Emilio Filippi señaló: «En Chile no existe libertad de prensa. A la ya abundante legislación restrictiva, 34 leves coaccionan la libertad de prensa, se ha sumado ahora la promulgación de una nueva ley, que establece la censura a determinadas informaciones y opiniones. Se ha anunciado oficialmente, además, la promulgación de otra ley de prensa que se teme tenga adicionales y graves restricciones al ejercicio del Periodismo.»

Agregó Filippi: «Continúan los procesos en contra de periodistas, algunos de los cuales han sufrido o sufren penas de cárcel, en virtud de leves que coartan la libertad de expresión. Varios periodistas han sufrido y sufren amenazas que ponen en peligre, sus vidas y aún no se conocen las pesquisas destinadas a establecer quiénes son los autores e instigadores del asesinato del periodista José Carrasco Tapia, asesinado hace ya más de un año.»
A título de ejemplo, digamos que las agresiones a periodistas denunciadas en 1986 de acuerdo a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, fueron: Secuestro y, asesinato, 1 ; amenazas de muerte, 19; heridos por la policía, 2; otras agresiones, 3; abusos de poder, 10; detenciones, 11; procesados, 12; exonerados, 47.
Y las agresiones en el mismo año a los medios de comunicación: Allanamientos y asalto de locales, 2; clausuras y suspensiones, 15; requisiciones, 12; suspensiones, 7; prohibiciones o suspensiones de emisiones radiales, 4.
En Chile, como se sabe, la televisión se encuentra rígidamente controlada por la dictadura.

12. Existe una tendencia al aumento de los presos políticos, en su inmensa mayoría jóvenes:

Situación legal	1985	1986
Procesados:
En cárceles	267	462
En libertad provisional	630	580
Condenados:
En cárceles	47	49
Con reclusión nocturna	1	5
Con pena remitida	51	43
Total	1.016	1.139

13. Es difícil calcular con precisión la magnitud del exilio producido por el golpe y el régimen militar consiguiente, a partir de 1973. Según información manejada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, solamente en los dos primeros año del gobierno militar 20.000 chilenos tuvieron que exiliarse por motivos políticos (véase Informe correspondiente a 1985). A ellos hay que sumar decenas de miles que salieron por motivos económicos o imposibilidad de vivir en el país. La Iglesia Católica estima en cientos de miles los afectados por situaciones de exilio forzoso o voluntario. A partir de 1983, ante el incremento de la represión, nuevos contingentes de chilenos abandonaron la patria (v. número 8).

La Represión Política en Chile - CAPÍTULO IV - EJECUCIONES (p. 2)

2ª Parte

6. Personas ejecutadas en allanamientos a viviendas particulares, lugares de trabajo o allanamientos masivos a poblaciones en los que la persona es ejecutada. Los familiares, vecinos o compañeros de trabajo presencian la ejecución o encuentran posteriormente el cadáver en el Instituto Médico Legal. A veces hay explicaciones oficiales muy confusas sobre la muerte, como resistencia al ser detenido, tenencia de armas o simplemente equivocación. En la mayoría de los casos, empero, los familiares tropiezan con una cortina insuperable de silencio.

Ricardo Lagos Reyes; Carlos Lagos Salinas; Sonia Ojeda Grandón
Fecha de muerte: 16 de septiembre de 1976. Relato de la nuera
Chillán
El día 16 de septiembre, a las once de la mañana, fuerzas de Carabineros llegaron a la casa con una orden de allanamiento. Comenzaron inmediatamente a destrozar muebles, a desvalijar la casa y en un momento determinado empezaron a golpear, insultar y a vejar a Sonia. Yo estaba en Santiago y el relato de lo ocurrido me lo hizo uno de los choferes de los camiones de mi suegro, que había llegado ese día de Osorno y que se encontraba en la bodega en ese momento. El pudo escuchar los gritos, los insultos y la orden del oficial de que fueran sacados al patio y fusilados. Dice que él vio cuando Sonia se abrazaba a mi suegro y Carlos también. Sonia estaba embarazada, tenía cerca de cinco meses de embarazo. Después de haberla disparado, un carabinero se acercó y vio que el vientre de ella se movía. El carabinero salió corriendo, espantado. Mi suegro no murió instantáneamente; murió en el hospital.
Sonia y Carlos murieron en el patio. Fueron envueltos en sacos y pretendían enterrarlos en unos hoyos que hicieron en el campo, pero alguna gente se opuso y lograron que los enterraran en el cementerio.
Pedro Labra Saure. Relato de la hermana
Fecha de muerte: 11 de febrero de 1975
Santiago
«El 9 de febrero de 1975 yo estaba con mi marido y hermanos en casa de mi padre en El Quisco. Allí nos avisan de que en la noche anterior había habido un tiroteo en la casa de Santiago y que de Pedro no se sabía nada. Nos vinimos inmediatamente a Santiago.
»Cuando yo Regué a la casa estaba este gran cuadro no más, sangre y nada más que sangre. La puerta estaba perforada alrededor de la chapa. Tenía como cuatro o cinco impactos de bala. Al abrir hay un pasillo; toda la muralla estaba con hoyos de los impactos de las balas. Yo encontré cinco casquillos, de metralleta punto treinta, según me dijeron, y un pedazo de hueso y un botón de pijama ensangrentado, hecho trizas.
»Dicen que como a las tres o cuatro de la mañana llegaron a la casa unos autos con alrededor de doce personas, que saltaron la reja. Los vecinos oyeron los disparos y después vieron que sacaban a mi hermano arrastrándolo y oyeron que se quejaba mucho. Lo subieron a un «Peugeot». Eso fue alrededor de veinte minutos después de haber saltado la verja.
»Después empezó toda esta cosa de la búsqueda, de saber qué había pasado con él. Fui a todas partes, a todos los hospitales, porque me imaginaba que en algún lugar podría estar, porque yo sabía que se estaba muriendo, sabía que estaba muy grave. Entonces el lunes le dije a mi esposo que por qué no iba a la Morgue; yo no me atrevía. Allí lo encontró el día 11. Le habían hecho la autopsia: tenía una bala a la altura del esternón, otra en el estómago y otra a la altura de la cadera, y el brazo derecho hecho trizas.
Nos autorizaron a retirarlo un viernes y lo enterramos el sábado.
Cristián Leandro Garrido Queulo, veintidós años de edad, estudiante
Fecha de muerte: 18 de septiembre de 1983
Santiago
Fuente: «Por una cultura de vida, basta de muerte». Informe del Vicario de la Solidaridad a los agentes pastorales de la Iglesia de Santiago, julio de 1984
El sábado día 10 de septiembre de 1983, alrededor de las tres de la madrugada, en circunstancias que se encontraba en el interior del domicilio de Segundo Leiva Jerez, lugar donde se había estado celebrando un cumpleaños (población San Gregorio, comuna de La Granja), llegó un furgón de carabineros de la 13.11 Comisaría, procediendo un oficial -acompañado de otro policía a sacarlo desde el interior del inmueble, golpeándolo con su luma y puntapiés. En la calle -cuando el furgón se había retirado y sólo estaba el oficial con su acompañante- el castigo físico por parte del oficial prosiguió. Un hermano pudo apreciar que estando Cristián tirado en el suelo recibió una andanada de golpes, especialmente en la cabeza. Consumada la agresión, los policías dejaron a la víctima y procedieron a llevarse detenido a Segundo Leiva Jerez hasta el recinto de la 13 a Comisaría, desde donde salió en libertad a las siete de la mañana del domingo 11 de septiembre de 1983.
Cristián Garrido, gravemente herido, fue conducido por su hermano a su casa -calle 8 Oriente 8288, población San Gregorío-, en donde permaneció hasta las 8,15 horas de la mañana, momento en que se sintió mal por las lesiones que tenía, siendo llevado al Hospital Sótero del Río. Desde allí lo enviaron en ambulancia al Instituto de Neurocirugía, quedando hospitalizado con diagnóstico de traumatismo encefalocraneano cerrado con coágulos en el cerebro, producto de golpes con elementos contundentes, aparte de la rotura del cuero cabelludo y hematomas en diversas partes del cuerpo. En dicho Instituto falleció el 18 de septiembre de 1983.
Su hermano, Jorge Ignacio Garrido Queulo, con fecha 14 de septiembre de 1983, interpuso denuncia por el delito de violencias innecesarias causando lesiones graves a la víctima, en contra de los funcionarios de carabineros que lo golpearon, la que fue ampliada -con fecha 26 de septiembre del mismo año- al delito de violencias innecesarias causando la muerte. La causa rola con el número 961-83, y actualmente se encuentra en etapa de sumario.
De los antecedentes del proceso se desprende que se encubre a los autores de la muerte, en especial a un mayor de carabineros. Aún no hay reos en la causa; además se han solicitado múltiples diligencias para identificar a los autores.
 

7. Personas cuyos cadáveres son encontrados en la vía pública, lechos de los ríos, campo abierto, Instituto Médico Legal, etc., después de que sus parientes trataran infructuosamente de encontrarlos en sitios de reclusión.

Vicente Clement Hechenleitner. Relato de la esposa y del sacerdote Ronaldo Muñoz
Fecha de muerte: 16 de septiembre de 1973
Santiago
«A él lo tomaron detenido el 14 de septiembre de 1973, cuando iba a la industria. El no llegó a la hora que habíamos convenido juntarnos; así que fui a la industria como a la una de la tarde. Me acerqué y conversé con la gente que me conocía, y me dijeron: "El estuvo aquí; cuando vio que lo iban a detener, arrancó y se subió arriba de una micro. Lo bajaron y se lo llevaron a la industria. Usted no sabe, señora, los gritos que se sentían desde afuera." Después lo sacaron en un furgón como a las cuatro de la tarde. Yo fui a la comisaría más cercana; me dijeron que no estaba allí, que podía ir a buscarlo al Estadio Chile. Lo busqué por más lugares el día 15 y no lo encontré. El día 16 apareció su cadáver en el paradero 4 de Vicuña Mackenna. Allí, en el Zanjón de la Aguada, lo encontró el sacerdote Ronaldo Muñoz, quien avisó a los padres, relatando lo siguiente: "Venía en bicicleta cuando más o menos en la mitad de las dos calzadas encontré un cuerpo con las ropas muy desordenadas. Tenía varios impactos de bala, varias en el tórax y en el vientre. Había un charco de sangre alrededor. La vestimenta, como decía, se encontraba muy desordenada. Estaba con la camisa abierta y en parte también los pantalones; no tenía cinturón. Al registrarlo un poco para ver si tenía algún papel o documento que me permitiera identificarlo encontré el carnet, de esos plastificados, y que se encontraba con una perforación de más o menos el tamaño de una moneda y manchado de sangre y con una dirección en la calle Lira. En ese momento yo estaba bastante impactado por este hallazgo. Me había tocado ver en otros lugares de Santiago varios cuerpos, incluso grupos de cadáveres ametrallados, pero ésta era la primera vez que me encontraba en la situación de tener que acercarme y, en cierta forma, de tomar una responsabilidad al respecto."
»... Yo no lo vi, no me dejaron, a pesar de que yo quería mucho verlo y vestirlo. Era lo único que yo pedía. Un primo de él, médico, me dijo: "No te preocupes, que vas a entrar conmigo.", Él entró primero, y cuando salió venía muy mal. Muy pálido, me dijo: "No puedes entrar; no debes verlo.»
»Mis padres pidieron hacer una misa en la capilla del cementerio, pero no nos dejaron. Nos prohibieron hacer misa. La orden era sacarlo y enterrarlo rápidamente.»
Raúl Santana Alarcón. Relato de la esposa
Fecha de muerte: Aproximadamente últimos meses del año 1973
Osorno
«Se entregó en la casa de un capitán de nombre Fernández el 17 de septiembre de 1973, cuando supo que lo andaban buscando. "Nada he hecho, no te preocupes", me dijo. Lo busqué después por todas partes durante bastante tiempo. Hacía el recorrido; empezaba por la Primera Comisaría, pasaba a la Cárcel, a Investigaciones, al Hospital, al Estadio Español. Fui a Rahue, a Ovejerías, y así todos los días. Yo ya no daba más, y en ninguna parte tenía respuesta de dónde estaba mi esposo.
»El día 27 de septiembre fui a la Comisaría porque quería hablar con el capitán Fernández. Me lo negaron y me dijeron que me fuera; que mi esposo estaba muerto y que me fuera si no quería que me pasara lo mismo que a él. Me apuntaron con un arma. Así que no me quedó otra cosa que volver a la casa. Y desde ese momento yo ya pensé que mi esposo estaba muerto y no pude hablar nunca con el capitán Fernández. Nunca conseguí hablar con él.
»Después empecé a encontrar personas con las cuales él estuvo detenido en la Comisaría de Rahue; porque de la casa del capitán Fernández fue llevado a la Tercera Comisaría de Rahue.
»El 12 de enero de 1974 salió en el diario que se habían encontrado dos cuerpos en el río Pilmaiquén. Unos familiares me avisaron de que uno de ellos parecía ser mi esposo y que además tenía sus documentos. Entonces fui al Instituto Médico Legal, donde me dijeron que como era viernes y ya tarde no podía entrar, y que el sábado estaba cerrado. Les dije que quería saber si los cadáveres estaban allí, porque me habían avisado que uno de ellos era el de mi marido. Me dijeron que estaba allí, pero que el lunes iban a ser enterrados en la fosa común. Yo insistí en que tenía que verlo. Me dijeron que volviera el lunes muy temprano. Así fue cómo lo reconocí.
»Al cadáver le faltaban los dos brazos, la parte de los muslos; estaban las canillas, el tórax y la cabeza. El médico me dijo que los cuerpos habían sido regados con cal y que por eso no les quedaba carne; pero yo lo reconocí por la ropa y porque a él le faltaba un diente, un colmillo del lado izquierdo.
»Después tuve que hacer los trámites para poder sepultarlo. Me costó bastante convencer al juez, que era una mujer. Finalmente, me dio permiso, pero me dijo: "Hazlo callada; no avises a nadie; solamente a los familiares..."
»Así que le dimos sepultura el 15 de enero de 1974.
Juan Alsina y Hurtos (sacerdote)
Fecha de muerte: Aproximadamente, septiembre de 1973
Santiago
(Datos sacados del libro de Ignacio Pujadas «Juan Alsina, Chile en el corazón», Ediciones Sígueme, Salamanca, España, 1978.)
«Juan Alsina fue detenido en su lugar de trabajo en el Hospital San Juan de Dios el día 19 de septiembre de 1973 y llevado posteriormente al Internado Barros Arana, que había sido condicionado para reclusión de detenidos. Estos hechos fueron testimoniados por funcionarios del hospital y por un soldado, quien fue el que avisó a la parroquia de San Bernardo que el sacerdote estaba detenido en ese lugar. Al día siguiente desde la parroquia se inicia la búsqueda, dirigiéndose al Arzobispado y al Consulado de España para pedir ayuda. Al cabo de siete días se recibe en la Parroquia de San Bernardo la llamada del Consulado comunicándoles que el cadáver de Juan Alsina había sido encontrado en el Instituto Médico Legal. En ese lugar, donde fueron a reconocerlo el 27 de septiembre en compañía del embajador de España en Chile, se les comunicó que el jueves 20 había llegado un camión de cadáveres y que a Juan lo habrían encontrado en el río Mapocho, a la altura del Puente Bulnes.
»Nos dijeron que había sido muerto en un tiroteo; que el tipo de bala que tenía era del calibre punto treinta, de las que usa el ejército. La explicación que daban es que Juan había sido detenido y que la patrulla que lo custodiaba había sido detenida por un grupo de extremistas, y que en el tiroteo debió haber muerto Juan. No se explican cómo el cuerpo había ido a parar al río Mapocho.
»Nos costó bastante reconocer el cadáver, por la cantidad de cuerpos que había. Al día siguiente fue sepultado en el Cementerio Parroquial de San Bernardo, con una inscripción que dice: "Si e4 grano de trigo muere, da muchos frutos."»
 

8. Muertes por artefactos explosivos.

A partir de 1980 se empieza a aplicar en el país una nueva forma de asesinato, denominada «la violencia del terrorismo», por el Gobierno Militar y por los medios de comunicación adictos al régimen.
Los familiares se enteran de la muerte a través de titulares que dicen: «Identifican a mujer que murió en la explosión», o «Bomba hizo volar a un terrorista», en circunstancias de que, en ocasiones, la persona había sido arrestada poco antes del supuesto hecho.
En algunos casos la identificación de la persona muerta es difícil, porque con el impacto de los explosivos el cuerpo queda prácticamente irreconocible. En otros la explicación oficial es confusa y alude a un supuesto enfrentamiento.
Ultimamente se han producido varias muertes de este tipo en Valparaíso, Concepción y Santiago.
María Loreto Castillo Muñoz. Testimonio de su cónyuge.
Fecha de muerte: 17 de mayo de 1984
Santiago
Días después de contradictorias versiones oficiales acerca de las circunstancias de la muerte de María Loreto Castillo, su cónyuge, Héctor Muñoz Morales, entregó directamente un relato de los hechos en conferencia de prensa efectuada el día 4 de junio.
Como se recordará, primero se dijo que la víctima era una extremista muerta al intentar colocar un artefacto explosivo. También se dijo que podría ser la víctima inocente de una explosión causada por extremistas.
Héctor Muñoz desmiente esas especulaciones: «El miércoles día 16 de mayo me encontré con Jorge Muñoz en una plaza. Él andaba con un amigo. Conversamos un rato y pasamos a comer a un restaurante. En eso entran tres tipos. Jorge me dice que los encuentra raros. Bromeamos. Después me voy a la casa, donde llegué como a las 10,30 de la noche. Converso con mi señora, le damos comida a los niños, los acostamos. Como se había acabado el pan decidimos ir a comprar al Callejón Lo Ovalle con Valparaíso. De vuelta veníamos por Abranquil con Callejón Lo Ovalle cuando se bajan unos tipos desde un auto pequeño que estaba estacionado. Llevaban brazaletes amarillos y armas en la mano * Un tipo flaco, con bigotes, cara huesuda, pelo crespo negro, me pone una metralleta en el cuello y me tira contra la muralla. Otros cuatro tipos corren desde Callejón Lo Ovalle con Abranquil. Una "Subarú" rápidamente se atraviesa con una puerta abierta. Me tiran adentro, y siento que cae mi señora al lado. Me di vuelta para protestar, pero uno de los tipos me pone una rodilla en la espalda y me amenaza. Me ponen una cinta adhesiva en los ojos y esposas en las manos. El furgón empieza a andar. No sé cuánto tiempo después, quizá media hora, llegamos a una parte que tenía un portón. Entramos. Subimos unos cinco escalones, bajamos varios más. Llegamos a una sala grande. Se escucha a mucha gente, tenían puesta la radio cooperativa. Me toman los tipos, me sacan el carnet, las esposas, la plata, todo. Me llevan por una escalera de peldaños altos. Llegamos a una pieza chica, que tenía una especie de camilla de madera con una colchoneta arriba. Me sientan arriba y empiezan a preguntarme nombres que no conozco. Me acusan de poner bombas en el Metro y otras partes, lo cual yo negaba. Me dieron golpes en la cabeza con la mano, en los oídos. De pronto entra un tipo que andaba con unos papeles en la mano. Habla despacio. Uno me coge, me saca para abajo, de nuevo me ponen el reloj, el carnet' las llaves, la plata. Me suben a la "Subarú". Siento que a mi lado está mi señora de nuevo. Toco su rebeca. No hablamos nada. Me dicen que vamos a ver una casa que les deberé decir quién es su dueño. Pero de pronto paran el vehículo, me bajan, me tiran al suelo. Empezamos a subir por un cerro. Yo sentía maleza rozar mis piernas. Cuando me doy cuenta que no habla ninguna casa y que me iban a matar, empiezo a forcejear y a gritar que no me maten a mí ni a mi señora. Me ponen un hierro en la cabeza, siento una especie de disparo y pierdo el conocimiento. Cuando lo recupero no tenía las esposas ni la venda. Hacia abajo veo que está mi señora de espaldas y un tipo le tiene una rodilla en el pecho y le está pegando con un hierro en la cabeza y en la cara. Me desmayo de nuevo. Luego siento que me están arrastrando hacia arriba, hasta los pies de una torre de alta tensión. Veo que están arrastrando a mi señora para abajo. Me pegan en la cabeza y de nuevo pierdo el sentido. Cuando recupero el conocimiento siento un fuerte olor a quemado. Veo que ya no hay nadie, pero como a cinco centímetros de mi cuerpo hay una caja con explosivos que tiene la mecha prendida. Me asusto, tomo la mecha y tiro la caja cerro arriba. Trato de arrancar hacia abajo, pero no fue mucho lo que corrí. Estaba muy mareado. Cruzo un canal. Salgo del lugar y trato de pedir ayuda. Nadie me abre la puerta. Cuando llego a una plaza me caigo. Sigo andando, hago parar un taxi en una esquina. No para. Llega una "juanita" de carabineros. Por miedo no les dije lo que me pasó, sino que me habían asaltado. Los carabineros me dejan en un poste, y pierdo de nuevo el conocimiento. Despierto en el hospital. Estuve -allí cuatro días. Salgo del hospital el 21 de mayo. Estuve en casa de un familiar, y cuando me siento bien voy a la Vicaría a pedir protección. La última vez que vi a mi señora, María Loreto Castillo, unos tipos la estaban pegando en el cerro. Después supe que la habían encontrado muerta por una bomba en Quinta Normal. También supe que había muerto ese mismo día (madrugada del 17 de mayo) Jorge Muñoz en un supuesto enfrentamiento.
(Fuente: «Por una cultura de vida, basta de muerte», informe del Vicario de la Solidaridad a los Agentes Pastorales de la Iglesia de Santiago, Santiago de Chile, julio 1984, Arzobispado de Santiago.)
Iris Yolanda Vega Bizama, Alberto Eugenio Salazar Briceño
Fecha de muerte: 23 de junio de 1979
Concepción
Iris Yolanda Vega, de veintinueve años, cónyuge de Ogam Esteban Lagos Marín, desaparecido, madre de un hijo de corta edad. Alberto Salazar Briceño, de treinta y cuatro años, ex detenido político que hasta abril de 1976 estuvo cumpliendo condena en la cárcel de Concepción.
El 23 de junio de 1979, encontrándose ambos en calle Maipú frente a los estudios de Radio Nacional, mueren despedazados por una bomba.
Yolanda Vega participaba en la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y en agosto de ese año había tomado parte en una huelga de hambre de diez días para exigir noticias de sus parientes.
Los diarios culparon a la pareja de tratar de colocar una bomba en los estudios de la emisora, recogiendo declaraciones formuladas en conferencia de prensa por el general Luis Prussing, intendente de la Octava Región.
La investigación judicial desmintió dicha versión oficial, llevando en cambio a presumir fundadamente que se trató de un acto terrorista efectuado por terceros en contra de las víctimas.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, don Luis Rodríguez Salvo, culminó su investigación sobreseyendo temporalmente la causa y determinando que la muerte de las dos víctimas mediante la acción de un artefacto explosivo «reviste las características de un homicidio homicilio,» sin embargo, no encontró antecedentes suficientes para inculpar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor.
Por esa misma fecha se homicidio la tramitación de la querella por los desaparecidos de Laja y San Rosendo, exhumándose los cadáveres en la fosa de Yumbel.
Daniel Acuña Sepúlveda. Relato del hijo en querella por homicidio
La Serena
Los diarios titulan «enfrentamiento» y aluden al estallido de una granada que habría portado Acuña, el ex secretario regional del Partido Socialista en La Serena. Señalan que ello sucedió cuando las fuerzas de seguridad intentaban realizar un allanamiento en la quinta de Acuña, en los alrededores de la ciudad.
«... Al percatarse de la presencia de las fuerzas policiales, Acuña lanzó una bomba que estalló sin alcanzar a los efectivos de seguridad. Luego trató de huir y estalló un segundo artefacto que le causó la muerte instantáneamente. »
El comunicado emitido en Santiago no es más explícito. Sólo agrega que al ingresar los efectivos de seguridad a la casa encontraron en el cuarto de baño los restos de una persona víctima de la explosión.
«Su hijo, Roberto Acuña, fue impactado por una bala y está internado grave en la Asistencia Pública del Hospital Regional de La Serena, incomunicado.»
El comunicado oficial agregó el párrafo habitual en estos casos: «Al efectuar el allanamiento, Carabineros, que hizo el operativo, encontró en la vivienda de Acuña explosivos y material de propaganda marxista ... »
En este caso uno de los protagonistas quedó vivo.
Declaración de Roberto Enrique Acuña Aravena, cuando comparece ante el fiscal, y posteriormente en la presentación de la «querella en contra de los que resultan responsables como autores, como cómplices o encubridores de los delitos de homicidio calificado de mi padre don Daniel Acuña Sepúlveda, homicidio frustrado perpetrado en mi contra, violación de domicilio, hurto de dinero y especies pertenecientes a mi padre y a mí ... »:
«Tengo un negocio de fuente de soda en Tierras Blancas, a una distancia de unos mil metros de mi casa. En la madrugada del lunes 13 de agosto pasado me retiré de allí más o menos entre las 01,30 a 01,45 horas, por lo que creo que llegué a mi domicilio unos diez minutos más tarde. Me preparé un café y en seguida me fui a dormir. Desperté por el sonido del timbre que está situado en el portón de la entrada principal de la parcela. No recuerdo la hora exacta, pero estimo que debe haber sido entre las 04,30 a 05,00 horas.
»Cuando desperté encendí la lámpara de mi velador y salí de mi dormitorio; al dirigirme hacia la puerta que da a la terraza vi a mí padre en su dormitorio, sentado en la cama y en actitud de colocarse algún tipo de calzado. Le dije que yo iría al portón de la parcela para ver quiénes llamaban, sin que él me respondiera nada. Salí a la terraza, pero no recuerdo sí encendí el farol que allí existe y me dirigí hacia el portón que queda a una distancia calculo de treinta metros. Cuando me quedaban más o menos seis a ocho metros, sentí caer a unos dos o tres metros a mi lado izquierdo un objeto del tamaño de una caja de fósforos, negro, con una lucecita naranja encima y que se destacaba sobre el pasto amarillo. Sorprendido, pregunté: "¿Quién es?", a lo que me contestaron: "Carabineros", junto con un balazo que hizo blanco en el lado izquierdo de mi abdomen. Unida con el estampido sentí como que una mano muy fuerte me hubiera dado un gran pellizco en el abdomen, a la vez que sentía correr un líquido caliente por la pierna derecha; junto con ello grité y recuerdo haber utilizado una frase parecida a " ¡Ay, me pegaron un balazo! " junto con lo anterior trastabillé sin llegar a caerme. Aprovechando el impulso del propio desequilibrio y el desnivel del terreno que allí existe me dirigí en sentido del Matadero de La Serena. Luego de dos trancos largos originados por el traspiés, y cuando recuperaba el equilibrio, sentí una ráfaga de metralleta a mi espalda, la que me pareció doble porque me dio la impresión de que fue de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. En seguida de esto continué caminando y atravesé un cerco de cañas, y continué atravesando dos potreros de la parcela nuestra, con lo que llegué al antiguo camino de La Serena a Ovalle y de ahí me encaminé hacía la población Vista Hermosa, y para en seguida, cortando calles, llegar a la casa de mi prima.
»En el hospital me dieron los primeros auxilios. Me interrogaron y alrededor de las cuatro de la tarde me intervinieron quirúrgicamente, haciéndome transfusiones de sangre.
»Del quirófano me llevaron a la sala de recuperaciones. Un oficial de carabineros y dos sargentos se encontraban allí. Discutieron enfermeras con carabineros, pretendiendo éstos permanecer junto a mí. Desde una sala contigua me impuse que estaba incomunicado.
»Por la tarde apareció el fiscal militar y me interrogó. Luego de lo cual me levantó la incomunicación. El mismo fiscal me informó de la muerte de mi padre y me dijo que se me acusaba de lanzar una bomba a carabineros.
»Un funcionario de la Fiscalía Militar me notificó el día 19 de agosto la encargatoria de reo "por tenencia ilegal de explosivos". El lunes 20 de agosto presenté una solicitud de libertad incondicional y libertad bajo fianza en subsidio, la que fue denegada.
»Pensando y repensando los hechos, creo que los atacantes no me siguieron de inmediato debido a que el artefacto que me lanzaron no explotó al instante y ello hizo que sólo atinaran a dispararme a mayor distancia para perseguirme.
»En el sector del portón se encontraron colillas de cigarrillos en un número superior a quince, lo que demostraría que la acción de los atacantes fue fríamente premeditada.
»Luego del ataque en mi contra, los agresores penetraron en la parcela, ingresando a la casa donde se encontraba mi padre solo.
»En nuestra casa y parcela no había ningún explosivo ni armas de ninguna especie. Un revólver calibre 22, deportivo, que mi padre poseía lo compró con la autorización competente.
»Mi padre fue acribillado a balazos en el closet que existía en el baño, donde al parecer se habría escondido; luego, una vez muerto o herido de muerte, lo trasladaron al dormitorio, puesto que en esta habitación hasta hoy se conservan residuos de gran cantidad de sangre.
»Los atacantes destruyeron totalmente el closet de madera para borrar y hacer desaparecer las evidencias del homicidio. Se llevaron los proyectiles usados y sus vainas y cartuchos; el closet lo hicieron desaparecer por cuanto seguramente daba cuenta de los balazos.
»Los ganchos donde colgaron los trajes se doblaron en su extremo, de lo que se infiere que mi padre se cobijó en el closet cuando los agresores penetraban en la parcela a punta de pistola, y al recibir los balazos cayó afirmado de las ropas.
»Luego los victimarios, creyendo que no dejaban mayores señales de su acción, reingresaron el cuerpo de mi padre al baño y en el sitio donde precisamente estaba el closet le pusieron un explosivo en la región abdominal, lugar donde se presume tenía un mayor número de balas, con objeto de destruir la evidencia.
»El cuerpo de mi padre fue destrozado en el tronco y el cráneo por el explosivo y las balas. Fue difícil identificarlo posteriormente.
»Sin embargo, las manos estaban intactas, lo que descarta absolutamente el suicidio, por cuanto no es verosímil que una persona en pijama que se autoelimina con un explosivo no use sus manos para operar el artefacto y reciban éstas algún efecto de una explosión que fue capaz de romperle el cráneo y el cuerpo. Tampoco es verosímil que una persona que se va a suicidar tome la precaución de dejar a salvo sus ropas.
»No explica el suicidio la circunstancia de haberse desangrado después en el dormitorio y haberse eliminado con explosivo en el baño, lugar donde quedó el cadáver.
»Los delincuentes usaron para limpiar la sangre del dormitorio una colcha rosada que estaba sobre la cama y que posteriormente se llevaron; pero con el natural nerviosismo con que debieron actuar dejaron residuos de la sangre, según he relatado.»
La Intendencia de la IV Región dio a conocer a los medios informativos una declaración oficial que fue reproducida íntegramente en el diario «El Día», de La Serena, en su edición del 14 de agosto. Ella manifiesta que fue «personal de seguridad» el que ingresó en la parcela de mi padre y allanó el lugar en la madrugada del día 13 de agosto.
«Se dice, por otra parte, en el comunicado que yo habría lanzado hacia el portón un artefacto explosivo en circunstancias de que ni en el portón ni sus cercanías hay vestigios ni efectos de explosivos. Existen dos lugares, a unos diez metros del portón, con signos de sendos objetos que explotaron, los que fueron lanzados de fuera hacia adentro de la parcela con objeto de eliminarme.»
En el sector del jardín aún pueden apreciarse los efectos de las ráfagas de metralletas o balazos en los cactus, e indican la trayectoria de los disparos.
Igualmente se pueden apreciar los impactos en sectores externos, e internos de la casa, y se han encontrado balas y vainas que fueron accionadas e inclusive un detonante de fabricación francesa y otros elementos que no llegaron a ser recogidos por los agresores.
Un proyectil encontrado tiene restos de sangre de Daniel Acuña, lo que permitirá establecer que fue asesinado con anterioridad a la explosión.
La bala que tiene sangre de Daniel Acuña se encontró en un hoyo dejado por haberse arrancado el closet, y la respectiva vaina se encontró detrás del pedestal del lavatorio, de lo que se infiere que los disparos al closet se efectuaron a una distancia aproximada de un metro del cuerpo de la víctima.
De lo anterior se infieren los siguientes hechos, fácilmente comprobables, no obstante los esfuerzos de los victimarios por destruir las evidencias:

1. Existencia de un manchón de sangre de la víctima de más de 60 centímetros de diámetro en el suelo del dormitorio, a más de dos metros del lugar de la explosión.
2. La desaparición del closet, que sólo se justificaría por el afán de los asaltantes de borrar las huellas del crimen.
3. Los trajes dejados sobre la cama, a unos cuatro metros del lugar donde estaba el closet, circunstancia que no tiene una explicación lógica.
4. Los ganchos de los trajes muestran signos de haber cedido por haberse apoyado en ellos la víctima mientras caía acribillada.
5. La colcha rosada de la cama desapareció luego de haber sido usada para enjuagar la sangre de la víctima In el dormitorio.
6. La inexistencia o escasísima sangre de la víctima en el lugar de la explosión.
7. Las manos de la víctima quedaron ilesas.
8. La bala con sangre y restos de la víctima encontrada en el hoyo quedado al haber sido arrancado uno de los pilares del closet desaparecido.
9. Impactos de bala en la pared de concreto que quedaba detrás del closet que desapareció.
10. Impactos de balas lanzadas desde fuera de la vivienda.
11. La inexistencia de señales de explosivos en el portón y proximidades.
12. La inexistencia de armas en la casa, como lo confirma el intendente regional, señor Serre (edición el día 4 de agosto), diciendo que «se rastreó la casa y no se encontraron armas».

El 1 de marzo de 1981 la ministro en visita se declara incompetente para seguir conociendo estos antecedentes, los que deberán ser remitidos al Segundo juzgado Militar de Santiago.

9. Muertes en presuntos enfrentamientos. Personas que, según la versión oficial, habrían fallecido a consecuencia de enfrentamientos armados con las fuerzas de orden y/o habían sido detenidas con anterioridad al hecho que hemos catalogado como «presuntos enfrentamientos». La explicación de las autoridades, las declaraciones de los servicios de seguridad, las noticias de los medios de comunicación señalan que estas personas habrían muerto en acciones de resistencia, asaltos o sabotajes.

Alberto Recaredo Gallardo, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez
Fechas de muerte: 18 y 19 de noviembre de 1975
Santiago
El miércoles 19 de noviembre de 1975 el gobierno emitió un comunicado (NOTA 8) que informaba acerca de un presunto enfrentamiento en Rinconada de Maipú entre seis «extremistas» y efectivos de la Dirección de Inteligencia Nacional y del Servicio de Investigaciones. Igualmente daba a conocer otro enfrentamiento, acaecido un par de días antes, en el que habría muerto otra persona pariente de tres de los «extremistas» de Rinconada de Maipú. El comunicado, reproducido por la prensa, señalaba:
«Completada la investigación se ha podido concluir que los extremistas muertos son: Mónica del Carmen Pacheco, alias Miriam, perteneciente al MIR, de veintiséis años de edad, profesora de educación básica de la Escuela 457 de Quilicura, casada con Roberto Gallardo Moreno, alias Juan, también del MIR, quien resultó muerto en el tiroteo registrado en la Escuela número 51 el lunes pasado; Catalina Ester Gallardo Moreno, perteneciente igualmente al MIR, de treinta años de edad, hermana de Roberto Gallardo Moreno; Manuel Lautaro Reyes Garrido, perteneciente asimismo al MIR; Alberto Gallardo Pacheco, perteneciente al proscrito Partido Comunista; Luís Andrés Gangas Torres, alias Jaime o Lucho Cárcamo, perteneciente al MIR, adiestrado en Moscú, y Pedro Blas Cortés Geldres, alías Marcos, perteneciente al Partido Comunista.»
El día 20 de noviembre, Isabel Gallardo Moreno presenta un recurso de amparo en favor de Alberto Gallardo, Catalina Gallardo y Mónica Pacheco, en el cual se narran los hechos tal como ocurrieron:
«El día 18 de noviembre, alrededor de las once de la mañana, llegó hasta mi casa mi hermana Catalina a contarme su angustia por la desaparición de mi hermano, que no había llegado a casa la noche anterior. Se refería a mi hermano Roberto Gallardo Moreno. Catalina permaneció durante todo el día en mi casa.
»A las siete de la tarde llegó mi cuñada Mónica Pacheco, esposa de mi hermano Roberto, quien también estaba preocupada por la suerte de su esposo, ya que no sabía nada de él... A las diez de la noche llegaron a la casa seis individuos vestidos de civil y armados con metralletas... Procedieron a llevarnos detenidas a las tres y a mi sobrino Alberto Rodríguez, de seis meses. Señalo a V.S. Iltma. que mi cuñada Mónica Pacheco se encontraba embarazada de tres meses. Inmediatamente nos subieron a una patrullera de Investigaciones (auto «Chevy» de color negro, con una placa del Servicio estampada en la puerta). Nos llevaron al Cuartel de General Mackenna y a la entrada vimos a mi padre, Alberto Gallardo Pacheco; a mi madre, Ofelia,Moreno Aguirre; a mi hermano, Guillermo Gallardo Moreno, y a mi sobrina, Viviana Gallardo Magallanes, de nueve años de edad, hija de Guillermo.
»Cuando entramos nos separaron. A mi cuñada Mónica Pacheco la dejaron en el primer piso y a todos los demás nos llevaron al subterráneo. Allí estábamos sin poder hablar todos en el pasillo, menos mi hermano Guillermo, a quien estaban interrogando, y mi padre, a quien llevaron a una pieza solo.
»Luego que mi hermano Guillermo salió del interrogatorio nos sacaron a una pieza y se llevaron a mi hermana Catalina y a mi cuñada Mónica. A ellas se las interrogó por espacio de hora y media aproximadamente; nosotros sentimos sus gritos y el revuelo que ello causaba en los funcionarios del Servicio.
»... Terminados los interrogatorios nos sacaron de esa pieza y en el pasillo divisé a mi cuñada y el abrigo de mi hermana tirado en un rincón... Como a las cinco de la mañana sentí que llamaban a un Juan Gallardo, por lo cual salí de la pieza y pude divisar a mi padre...
»A las 8,45 horas del, miércoles día 19 de noviembre fuimos dejados en libertad esta recurrente, mi madre, Ofelia Moreno; mi hermano, Guillermo Gallardo; la hija de éste, Viviana, y el hijo de Catalina, Alberto Rodríguez. Antes se nos informó que mi hermano Roberto Gallardo había fallecido la noche del lunes en el enfrentamiento de la Escuela número 51 y que mi padre, mí hermana y mi cuñada habían sido puestos a disposición de la DINA.
»Mi padre era una persona de sesenta y cinco años y al momento de ser detenido se desempeñaba como empleado en la imprenta Latino. Mi cuñada estaba embarazada de tres meses. Mi hermana andaba siempre con su hijo, pues tenía que amamantarlo. ¿Es posible que estas personas hayan fallecido en un enfrentamiento en los cerros de Rinconada de Maipú? Más aún, ¿cómo nuestra familia se puede explicar el comunicado de la DINA si a las cinco de la mañana del miércoles 19 yo vi a mi padre por última vez en el Cuartel General de Investigaciones?
»Ahora bien, si esto ha ocurrido con las tres personas señaladas, ¿qué seguridad tenemos de que la muerte de mi hermano Roberto haya ocurrido efectivamente en el enfrentamiento del lunes 17 en la Escuela número 5l? Sin embargo, no recurrimos de amparo por él porque no nos consta su detención ... »
Con fecha 16 de febrero de 1976 el recurso de amparo fue rechazado. El día 11 de diciembre fue permitido retirar los cadáveres del Instituto Médico Legal. Sólo se permitió ver sus rostros, que presentaban el siguiente aspecto:

• Alberto Gallardo Pacheco. Tenía en el lado derecho un gran hematoma de color rojo-morado y otro en diferentes partes de la cara; el costado derecho, notablemente hinchado.
• Roberto Gallardo Moreno. Su cara se encontraba maquillada. Los ojos no parecían reales; daba la impresión de que estaban pintados o algo extraño que es difícil de explicar.
• Catalina Gallardo Moreno. No tenía ojos y de una de sus sienes salía un hueso. En la sien derecha tenía una salida de proyectil.
• Mónica Pacheco Sánchez. Tenía la cara con manchas y señales de haber sido quemada con cigarrillos en las mejillas.

Los certificados de defunción señalan sólo las heridas de bala.
Luis Andrés Gangas Torres
La madre de Luis Andrés Gangas Torres relató así el incidente que culminó con el asesinato de su hijo:
«El miércoles día 19 de noviembre, a las tres de la mañana, fueron detenidos en su domicilio las siguientes personas: doña Ester Torres (madre de Luis Andrés) y sus hijos Renato, Mauricio y Francisco Javier Gangas Torres, de veinticuatro, dieciocho y veinte años, respectivamente.
»Las personas que efectuaron el arresto no exhibieron orden alguna y descerrajaron la chapa de la puerta de calle. Terminado el allanamiento, preguntaron por Luis Andrés, que no vivía con su madre. Luego vendaron los ojos de las cuatro personas, las subieron a un vehículo y se las llevaron a Villa Grimaldi. Separaron a los hijos de la madre y se les comenzó a interrogar. Ella escuchó sus gritos y un individuo que la vigilaba la amenazó con idéntico tratamiento si ella no indicaba el paradero de su hijo.
»Ella, confiando en que la justicia daría la oportunidad de defenderse a Luis Andrés sí estaba complicado en algún asunto político, y ante los sufrimientos de sus hijos, decidió revelar a la DINA el lugar donde se encontraba Luis Andrés.
»Los condujo a la casa de su madre. Allí se dio cuenta de que la manzana estaba rodeada por innumerables personas y vehículos. Penetraron violentamente dentro de la casa y tomaron preso a Luis Andrés.
Luis Andrés y su madre fueron introducidos en un auto. En el trayecto a Villa Grimaldi se interrogó al joven sobre su militancia política. Negó ser militante del MIR y haber portado armas. Cuando llegaron a Villa Grimaldi, Luis Andrés Gangas fue llevado a un lugar aparte. Ester Torres con sus tres hijos fue llevada a Cuatro Alamos, y Luis Andrés dejado en Villa Grimaldi.»
(Testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Informe 1976.)
Leandro Arratia Reyes
Fecha de muerte: 18 de enero de 1981
Santiago
Desapareció de su casa el viernes día 16 de enero. La madre de Arratia presenta un recurso de amparo el lunes día 19, pero ya es tarde. Ese mismo día, grandes titulares de los diarios de Santiago anuncian: «Abatido extremista en enfrentamiento a tiros» («La Nación»); «Extremista muerto en tiroteo» («El Mercurio») '
Los textos de la noticia no difieren mucho. Aunque el muerto no ha sido identificado, se le vincula con el MIR.
«... Efectivos de seguridad abatieron en1a madrugada de ayer a un extremista que se resistió a un allanamiento en la casa asignada con el número 651 dé la calle Ricardo Santa Cruz..., abrió fuego con un fusil ametrallador marca «Aka», de procedencia soviética.... tras un nutrido intercambio de disparos, el subversivo cayó muerto en el lugar. Al realizarse la revisión del inmueble la policía encontró abundante munición, dos bombas, panfletos, un mimeógrafo, un equipo de microfilms, estopines y otros elementos para la fabricación de explosivos.»
La diferencia más marcada entre los diarios «El Mercurio» y «La Nación» es que el primero dice que un efectivo de seguridad fue herido levemente, en tanto que el otro afirma que «ningún funcionario del CNI fue alcanzado por los proyectiles».
Al día siguiente los periódicos identificaban al individuo, relatando con lujo de detalles el enfrentamiento y agregando que el extremista había sido entrenado en Cuba y la URSS, donde había participado en cursos de entrenamiento de guerrillas.
La madre de Leandro, enterada por la prensa de la muerte de su hijo, desiste del recurso de amparo y solicita la designación de un ministro en visita.
«La versión oficial de la Central Nacional de Informaciones que habla de un supuesto enfrentamiento no es digna de crédito, y existen importantes elementos que permiten a lo menos dudar de su veracidad. Por lo demás, no es la primera vez que ello ocurre en los últimos meses. En efecto, según se expresó en el escrito del recurso de amparo, nuestro hogar, en que vivía mí hijo, fue allanado por cinco agentes de la Central Nacional de Informaciones el miércoles día 14 de enero en la madrugada. En esa ocasión Leandro Abraham se encontraba presente y se identificó como corresponde; por lo demás, el motivo de allanamiento era precisamente interrogarle.
»El resto de los habitantes de la casa también fueron sometidos a preguntas, y de ello dan fe esta recurrente, mi hija Sonia Arratia Reyes y los menores Leandro Luis, de diez años; Isabel Verónica, de doce (ambos hijos de Leandro Arratia); Susana Ramírez Arratia, de catorce años, y Paola Ramírez Arratia. Los agentes de la CNI se movilizaron en ese entonces en un vehículo "Peugeot".
»De ser efectivos los supuestos cargos señalados ahora por la CNI -que tuvo entrenamiento guerrillero en Cuba y Rusia-, ¿por qué el día 14 de enero pasado les bastó con hacerle algunas preguntas y luego se retiraron?
»Mi hijo vivía en el extranjero hasta el mes de octubre de 1980, fecha en que regresó al país, dada la necesidad de reunirse con la familia, que se encontraba toda en Santiago: tanto su salida del país como su regreso en la fecha indicada se realizaron normalmente, y así consta en sus documentos. No tenía por qué esconderse.
»¿Es posible pensar que una persona cuya casa ha sido allanada por la CNI va a andar provista de metralleta en los días inmediatamente posteriores? Mi hijo tenía su domicilio en mi casa, ubicada en Nahuelbuta 1441, comuna de Conchalí, y jamás lo tuvo en el domicilio que señala la versión de la CNI, esto es, Ricardo Santa Cruz, 651.
»Hago presente lo señalado en la información del diario "La Tercera", del día 19 de febrero: vecinos del sector declararon que esa casa estaba deshabitada por lo menos desde hacía tres meses.
»Por lo expuesto, es dable señalar que la versión de un supuesto -enfrentamiento" producto del cual habría fallecido el amparado de autos, no es digna de crédito.»

10. Asesinatos masivos.

Esta situación exhibe similitudes con hechos descubiertos en Lonquén, Laja, Mulchén y otros citados. En los dos primeros casos las víctimas son arrestadas en septiembre de 1973. En Lonquén, asesinadas la misma noche de la detención; en el caso de Laja, días después de la detención. Llevados a pleno campo, los ametrallan a sangre fría, enterrándoseles en lugar desconocido. Los familiares los buscan por diversos lugares durante años sin perder la esperanza de encontrarlos con vida. Se presentan recursos de amparo que son rechazados, querellas por presunta desgracia que quedan sobreseídos. Finalmente, con la presentación de querella por delito de homicidio v con el nombramiento de un ministro en visita, los casos son aclarados. Los cadáveres son exhumados; sus familiares reconocen los cuerpos. Los culpables son amnistiados.
Mulcbén
Fundos: Carmen Maitenese, Pemehue y El Morro.

• Miguel Albornoz Acuña
  Carmen Maitenes
• Alberto Albornoz González
  Pemehue
• Alejandro Albornoz González
  Carmen Maitenes
• Daniel Albornoz González
  Carmen Maitenes.
• Felidor Albornoz González
  Pemehue
• José Albornoz González
  Carmen Maitenes
• Luis Godoy Sandoval
  Carmen Maitenes
• Fernando Gutiérrez Ascencio
  Pemehue
• Juan Laubra Brevis
  El Morro
• Juan Roa Riquelme
  Pemehue
• Florencio Rubilar Gutiérrez
  Carmen Maitenes
• José Liborio Rubilar Gutiérrez
  Carmen Maitenes
• José Lorenzo Rubilar Gutiérrez
  Carmen Maitenes
• Gerónimo Sandoval Medina
  Pemehue
• Domingo Sepúlveda Castillo
  El Morro
• Eduardo Vidal Aedo
  El Morro
• Celsio Vivanco Carrasco
  El Morro
• José Yáñez Durán
  El Morro

Fechas de muerte: 5, 6 y 7 de octubre de 1973.
Todos ellos eran obreros agrícolas domiciliados en los Fundos Carmen Maitenes, Pemehue y El Morro, comuna de Mulchén, provincia del Bío-Bío. Todos eran obreros contratados por la Corporación Nacional Forestal, CONAF.
Carmen Maitenes
El 6 de octubre, alrededor de las 15,00 horas, se comenzó a oír un fuerte ruido de galopes de caballos, por lo que los lugareños se asomaron a las puertas y vieron un grupo de aproximadamente diez uniformados, compuesto por militares y carabineros de Mulchén, y cinco civiles, todos armados. Los uniformados venían armados con pistolas y revólveres, metralletas y fusiles automáticos, todo armamento de guerra del Ejército.
Ante la presencia de familiares y otros habitantes del fundo procedieron a secuestrar a los campesinos, habitantes del predio, a quienes sacaron de sus casas o hicieron prisioneros fuera de ellas.
El grupo armado portaba una lista de nombres de campesinos del lugar, que al parecer habían obtenido en el allanamiento al local del Sindicato Campesino en Mulchén.
Los secuestrados fueron conducidos a la administración del fundo. Los captores ordenaron a sus familiares que permanecieran en sus casas, pues sí no serían muertos en el acto.
Dentro de la administración del fundo fueron obligados a tirarse al suelo boca abajo, con las manos en la nuca, mientras los uniformados se paraban en sus espaldas, enterrándoles las espuelas y golpeándolos con las culatas de sus armas. Después se les obligó a golpearse duramente entre ellos, hermanos contra. hermanos, padres contra hijos, todo ello acompañado de amenazas, insultos y sarcasmos. A continuación fueron sacados de la administración y obligados a ponerse de cara contra la pared, realizando sus captores varios simulacros de fusilamiento.
Cerca de las 19,00 horas fueron liberados dos hermanos, quienes narraron a sus familiares lo que allí estaba ocurriendo. Su madre se desesperó y quiso correr a las casas patronales a rescatar al marido y a su otro hijo. Tuvieron que contenerla a la fuerza, por temor de que fuera asesinada.
Aproximadamente a las 23,00 horas los habitantes del fundo Carmen Maitenes escucharon ráfagas de disparos provenientes de las casas de la administración y luego un silencio absoluto.
Los uniformados pidieron en una de las casas algunas palas, con las que cavaron una fosa, sepultando los siete cadáveres en un lugar ubicado a 200 metros de la casa administración del fundo, entre un estero y un cercado de alambres.
«Los uniformados impidieron que nos acercáramos a ese lugar, señalando que sería muerto de inmediato quien lo hiciera. Agregaron que seríamos vigilados permanentemente. » Sin embargo, los familiares de los Rubilar Gutiérrez se aproximaron al lugar y pudieron comprobar que había tierra y piedrecillas sueltas sobre las cuales se habían depositado matas de pasto para disimular la remoción de la tierra.
«Estos hechos nos dejaron tan atemorizados de correr la misma suerte de nuestros familiares, que nunca más intentamos acercarnos al lugar y excavar para verificar si efectivamente allí habían sido sepultados los nuestros.»
Fundo Pemehue
El domingo 7 de octubre de 1973 llegó al fundo Pemehue la banda delictual ya descrita.
A Alberto Albornoz Sánchez lo secuestraron desde su casa, esposándolo con las manos atrás. A su cónyuge la obligaron a permanecer en la casa, amenazándola de muerte si salía.
A Gerónimo Humberto Sandoval Medina lo secuestraron desde su casa y en presencia de sus familiares. Los delincuentes le obligaron a trotar delante de ellos, atemorizándolo con aplastarlo con las patas de los caballos. Su madre intentó seguirlo para conocer el lugar adonde sería llevado, pero sólo alcanzó a caminar unos pocos pasos. Un militar le ordenó que se volviera, amenazándola con sus armas. Toda la familia fue forzada a permanecer en su casa. Tanto fue así, que debían ir en cuclillas a buscar agua al arroyo sin levantar la cabeza, pues sus movimientos eran vigilados desde lo alto de un cerro.
Juan de Dios Roa, Fernando Gutiérrez y Felidor Albornoz fueron secuestrados en sus domicilios en circunstancias parecidas.
Los cinco aprehendidos fueron encerrados en la casa de administración del fundo, donde fueron torturados. Posteriormente les llevaron hacia el río Renaico.
El parcelero de Los Guindos, don Juan Angel Segura, vio que los militares se dirigían con los cinco secuestrados por la ribera del río hacia el este. Al percatarse los aprehensores que éste se encontraba allí, le obligaron a taparse los ojos, escuchando pocos minutos después una fuerte descarga de fusilería. Instantes después vio volver a los militares sin los detenidos. Por temor a sufrir similar suerte no se aproximó donde había sucedido el hecho,
Durante todo el día los familiares escucharon ruidos de disparos, por lo que presumieron que sus seres queridos estaban siendo asesinados.
Tres días después, cuando se fueron del sector los victimarios, los familiares se atrevieron a salir de sus casas para buscar a los secuestrados. Cuando caminaban por el interior de un bosque fueron avistados por don Juan Angel, quien buscaba una oveja extraviada por las orillas del río Renaico. Este les dijo que sus perros habían encontrado cuatro cadáveres, semítapados con algunas piedras pesadas que los homicidas habían hecho rodar. Los cuerpos presentaban visibles huellas de torturas y numerosos impactos de balas. Por el tiempo transcurrido estaban destrozados parcialmente y comidos por perros y roedores. El cadáver de Sandoval Medina tenía un brazo cortado a la altura del codo. Los troncos de los árboles del sector presentaban numerosos impactos de balas.
En el mismo lugar, con gran temor, los familiares cavaron una fosa de más de un metro de profundidad hasta que los palos y picotas tocaron una gran piedra que servía de plataforma a una improvisada sepultura.
Allí colocaron los cuatro cuerpos, tapándolos con tierra y enmarcando el lugar con piedras. Un tronco de árbol y estas piedras quedaron señalando la ubicación de esta improvisada sepultura, que los familiares hicieron denodados por el dolor y el miedo. Todo esto fue presenciado por don Juan Angel.
Más al interior del bosque, en la planicie de un pequeño monte, fue encontrado el quinto cadáver por su madre y un hijo de Juan de Dios. Los restos correspondían a la parte inferior del cuerpo y un trozo superior de la columna vertebral. El resto no se encontró. El cadáver fue identificado por los restos de ropa y por encontrase a pocos metros la cédula de identidad intacta.
El hijo y su madre cavaron una pequeña fosa y lo sepultaron. Hicieron una cerca de madera de un metro de alto aproximadamente que, junto con señalar el lugar de la tumba, impidiera que los animales desenterraran el cadáver y terminaran de devorarlo.
El Morro
En los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973 el grupo mencionado detuvo y asesinó a cinco personas en la localidad de El Morro. Sus cuerpos fueron encontrados en el lugar «La Playita», observándose que tenían las manos atadas a la espalda y numerosos impactos de armas de fuego. Las aguas del Renaico arrastraron los cadáveres de algunas de las víctimas.
(Fuente: Extracto de querella criminal de 21 de noviembre de 1979 y fallo dictado por el ministro en visita el 29 de diciembre de 1980.)

11. Muertes en situaciones de manifestaciones masivas y protestas

Estas ocurren en un marco diferente al expuesto con anterioridad. Son producto de lo que podríamos denominar represión colectiva, tendente a paralizar las expresiones cada vez más generalizadas de oposición al régimen. Estas comienzan a llevarse a efecto a fines de 1982, asumiendo características más definidas y masivas en el transcurso de 1983. Esto lleva al régimen a la búsqueda de una nueva modalidad de represión, que se caracteriza por el ejercicio de una violencia desmesurada e indiscriminada en contra de una población indefensa, cuya actuación en las llamadas «jornadas de protesta» no va más allá de tocar cacerolas o levantar barricadas hechas con maderas, ramas, neumáticos prendidos fuego u otros objetos».
Familias completas gritan o cantan en las esquinas o alrededor de la barricada expresando su repudio al gobierno. A lo más, al aparecer las fuerzas del orden, lanzan piedras u otros objetos contra ellas.
Con ocasión de estas manifestaciones de protesta se efectúan en forma reiterada las siguientes prácticas:

• Operativos efectuados por la Central Nacional de Informaciones, conducentes a la detención de dirigentes sociales y poblacionales, con el propósito de atemorizar y paralizar a los posibles manifestantes.
• Intenso patrullaje aéreo y terrestre, con tropas en posición de combate, como forma de amedrentamiento de la población.

Con ocasión de la protesta de agosto de 1983, el gobierno desplazó a Santiago 18.000 efectivos del Ejército con uniforme y armamento de guerra, concentrándolos en los barrios populares.
Se emplean profusamente bombas lacrimógenas. Algunas de ellas son lanzadas al interior de los hogares. Balas de guerra, perdigones, balines de acero y de goma, son disparados directamente al cuerpo de los manifestantes, causando numerosas heridas e incluso la muerte de decenas de personas.

MUERTES DURANTE LAS PROTESTAS DE 1983 Según edad de las víctimas (Mayo a diciembre)
Edad (años)	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Total
Hasta 18	-	2	-	6	-	2	2	2	14
De 19 a 25	1	3	2	7	9	3	-	3	28
De 26 a 35	-	1	-	9	2	1	1	-	14
De 36 a 45	-	-	-	2	1	-	-	-	3
De 46 a 55	-	-	-	5	-	-	-	-	5
Sin datos	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Total	1	6	2	31	12	6	3	5	66
Mujeres, 11; hombres, 55.
Fuente: «Por una cultura de vida, basta de muertes», informe del Vicario de Solidaridad a los agentes pastorales de la Iglesia de Santiago. julio de 1984.

Relación de los casos
José Sergio Osorio Vera, veintisiete años de edad, comerciante (ex cabo del Ejército)
Fecha de muerte: 11 de agosto de 1983
(Fuente: «Por una cultura de vida, basta de muerte», op. cit.)
El día 11 de agosto de 1983, alrededor de las 20,00 horas, la víctima se aprestaba a acostarse en su domicilio de calle Pomaire, 269, Villa La Reina, comuna de La Reina, cuando en el sector comenzó a sentirse un intenso ruido de cacerolas. Algunas piedras cayeron en el techo de su casa. La víctima optó por llamar a los militares que custodiaban el sector desde el día anterior, a algunos de los cuales conocía desde la época en que había sido cabo en el Ejército. Se asomó al antejardín e hizo señas a un militar que transitaba por el Pasaje número 3, pidiéndole que se acercara. Este mutar le ordenó que lo hiciera él. No bien abrió la reja de la casa, el militar le ordenó alzar las manos y dirigirse a la esquina de la calle Pomaire con el Pasaje 3. En ese lugar había más militares, los que le obligaron a caminar hacia el Poniente por el Pasaje 3. Segundos después se sintieron unos disparos en el lugar en que se encontraba la víctima. Luego se logró establecer que fue llevado al Hospital Militar, donde llegó sin vida, para ser remitidos sus restos al Instituto Médico Legal bajo la denominación «NN».
La cónyuge de la víctima, doña Eliana Verónica Morales Rodríguez, interpuso denuncia ante la Primera Fiscalía Militar por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte en contra de los efectivos del Ejército responsables de los disparos, causa que lleva el número 650-83.
La causa fue sobreseída temporalmente a finales de abril de 1984, estableciéndose la identidad de uno de los imputados, el cabo del Ejército Juan Torres Zurita. No obstante declaración de testigos, peritajes e informes médicos, nunca hubo reos en la causa. Del sobreseimiento se apeló a la Corte Marcial, estando pendiente la vista del recurso.
Oscar Omar Durán Torres, diecisiete años, obrero en paro
Fecha de muerte: 9 de octubre de 1983
(Fuente: «Por una cultura de vida, basta de muerte», op. cit.)
El 9 de septiembre de 1983, alrededor de las 23,00 horas, en circunstancias de que la víctima se encontraba con unos amigos en la esquina de las calles Recoleta con Pincoya, comuna de Conchalí, fue agredido por un número aproximado de diez funcionarios de Carabineros de la dotación del Retén La Pincoya, los que, sin mediar provocación alguna, procedieron a castigarlo con patadas, puñetazos, lumas y particularmente con armas blancas y estoques. La víctima recibió cuatro heridas cortantes de extrema gravedad, quedando tirado en la vía pública, mientras los carabineros se alejaron del lugar sin prestarle auxilio. La víctima fue trasladada al Hospital José Joaquín Aguirre, donde debió ser intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades, extirpándosele gran parte del hígado. Sin embargo, y producto de las graves heridas recibidas, no logró restablecerse, falleciendo el 9 de octubre de 1983 en la Unidad de Tratamientos Intensivos del señalado Hospital.
La madre de la víctima, doña Angélica Torres Espinoza, interpuso denuncia ante la Segunda Fiscalía Militar, con fecha 14 de septiembre de 1983, en contra de los carabineros de la Comisaría de Pincoya, por el delito de violencias innecesarias, causando lesiones graves, denuncia que fue ampliada con fecha 13 de octubre del mismo año al delito de violencias innecesarias con resultado de muerte. La causa tiene el número 949-83 en la Fiscalía señalada. Con fecha 12 de abril de 1984 el fiscal dio por concluida la investigación, recomendando sobreseer la causa en virtud de no haber determinado la individualización de los responsables. Actualmente la causa está en poder del juez militar para pronunciarse sobre el aludido dictamen.

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NOTA 8.El canal de Televisión Nacional dio un reportaje en el que se filman los cerros de Rinconada de Maipú, la acción de patrullas militares en estos cerros, junto con emitir el comunicado del Gobierno.