En Suecia un diario de derecha denominó la propuesta de la nueva constitución chilena como "la más moderna del mundo", la "más verde y más igualitaria". 

https://www.dn.se/varlden/chile-rostar-om-varldens-modernaste-grundlag/

Sobre la informacion falsa respecto del Plesbicito

 

BBC Mundo publica especial de la “brutal” campaña de desinformación en Chile sobre la propuesta de nueva Constitución

Destaca asimismo algunas de las confusiones más difundidas y la profunda diferencia entre la Constitución vigente y la nueva propuesta

«Noticias falsas» y otras formas de «contaminación informativa»

Importante señalar que esta situación no es nueva, sectores defensores de la actual Constitución y del modelo imperante, durante todo el proceso de la Convención Constitucional han sido activos en la generación de un debate mezclado entre la difusión de mentiras y afirmaciones parciales o completamente incorrectas, incluyendo campañas de desprestigio.

“La desinformación encuentra espacio en el marcado interés por el nuevo texto y en la profunda diferencia entre los modelos que representan la Constitución vigente y la nueva propuesta”.

Publicación BBC Mundo

«Brutal»: ese es el término que emplea el investigador Sebastián Valenzuela para describir y comparar la desinformación en torno al texto.

Compartimos publicación de British Broadcasting Corporation BBC Mundo

La «brutal» desinformación sobre la nueva Constitución propuesta para Chile (y algunas de las confusiones más difundidas)

• Paula Molina
• Chile, especial para BBC News Mundo

Aunque la campaña electoral comienza el 5 de agosto, el debate sobre la eventual nueva Constitución, y los efectos de un triunfo del «apruebo» o el «rechazo» se han tomado el debate en medios y redes chilenas, junto a preocupaciones ciudadanas como la seguridad o la inflación.

La desinformación encuentra espacio en el marcado interés por el nuevo texto y en la profunda diferencia entre los modelos que representan la Constitución vigente y la nueva propuesta.

En ese contexto, las distintas interpretaciones, y las opiniones y posturas a favor o en contra de su contenido conviven con las «noticias falsas» y otras formas de «contaminación informativa», como denomina el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo al fenómeno global que incluye propagación de información errónea, contenido falso creado en forma deliberada para causar daño (desinformación) e información maliciosa (basada en hechos reales, pero manipulados).

El aspecto más problemático, plantea Valenzuela, profesor de la Universidad Católica de Chile, es que la desinformación se usa no sólo para generar confusión sobre la propuesta sino como herramienta de ataque.

«Cuando se dice que no hay protección a la propiedad privada en el texto de la Convención, no se espera que la gente lo crea, porque es cosa de ir a mirar el texto. Eso se promueve para generar una reacción emocional, para que quien reciba el mensaje diga: ‘¿Viste?, no protegen el derecho a la propiedad, te van a quitar tus cosas’. Estamos en un momento muy crispado en el que la desinformación se usa para crispar mucho más», describe a BBC Mundo Valenzuela, quien ha analizado la desinformación en Chile frente al estallido social del 2019, la pandemia y las distintas etapas de la Convención Constitucional.

«Es la desinformación como medio para aumentar la animadversión, la polarización, la sensación visceral contra alguien o contra algo», advierte.

Que permitirá «el aborto hasta los nueve meses de embarazo», que arriesga el derecho a la propiedad, o que se está inscribiendo a inmigrantes para votar «apruebo» son algunos de los mensajes desmentidos por instituciones, autoridades, la academia, medios y sitios dedicados a chequear información.

Sí hay derecho a propiedad

El académico Carlos Peña, columnista y rector de la Universidad Diego Portales ha sido una de las voces que ha llamado a la ciudadanía a analizar el texto por sí misma y a aclarar lo que describe como «interpretaciones tendenciosas».

Sobre el aborto, por ejemplo, el texto a votar establece el derecho a interrumpir el embarazo, precisando que se regulará por ley.

En una columna publicada en el diario El Mercurio el 15 de julio, Peña distingue entre la autonomía de la decisión y «el lapso en que esa autonomía puede ejercerse». La propuesta no impide que la ley genere un sistema de plazos que proteja a la madre «o al nasciturus», dice el académico, «que es, por lo demás, lo que habitualmente ocurre en el derecho comparado».

No es cierto tampoco que se elimine la educación privada en el país.

La propuesta define un Sistema Nacional de Educación que incluye instituciones creadas «o reconocidas» por el Estado. Peña precisa que, si bien «privilegia la educación provista por el Estado», la educación privada puede derivar de otros derechos fundamentales, como la autonomía o la libertad religiosa, que resguarda también la objeción de conciencia.

La propiedad sí es un derecho en la Constitución recién escrita: «Toda persona, natural o jurídica tiene derecho de propiedad» se lee, de lo que solo quedan fuera bienes que «la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas» (como glaciares, humedales o alta montaña) o se declaren «inapropiables» (como agua, aire, mar territorial o playas).

El escrito expresa que nadie puede ser privado de una propiedad, a menos que una ley ordene una expropiación «con base fundada» que deberá ser indemnizada «a precio justo», con la opción de reclamar ante tribunales.

El «precio justo» no es una expresión inventada en este texto, sino un concepto de larga data incluido en el Código Civil chileno. Tampoco la opción de expropiación, que también está presente en la Constitución de 1980, «por causa de utilidad pública o de interés nacional». La posibilidad de expropiación sí plantea un desafío ante otro mandato constitucional: la restitución de la propiedad de tierras indígenas.

No desaparece la salud privada

Aunque la Convención que redactó la propuesta ya se disolvió, también ha sido complejo distinguir en el debate entre las distintas mociones que fueron planteadas y discutidas, y las que efectivamente fueron incluidas en el texto ya que contaron con los votos necesarios para ello.

Es el caso de la propiedad de los fondos de pensiones reunidos en las aseguradoras privadas, llamadas AFP en Chile. Sí es efectivo que durante la discusión convencional se descartó una iniciativa popular que planteaba el carácter «inalienable» de esos ahorros, pero eso no implica que el nuevo texto consagra la pérdida de esos fondos. El texto plantea que toda persona tiene derecho a la seguridad social, que el Estado define la política que la norma, y que la ley establecerá un sistema de seguridad social público.

Sobre las aseguradoras privadas de salud, llamadas Isapres en el país, éstas no desaparecen con el nuevo texto: aunque perderán la opción de recibir las cotizaciones de salud obligatorias de la ciudadanía (pues ellas sólo se pueden destinar por ley a un fondo solidario) el texto dice que se creará un Sistema Nacional de Salud «que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados».

No sólo el texto: también el plebiscito

El clima de desinformación a pocas semanas del plebiscito ha sido advertido tanto por el Presidente Gabriel Boric como por el Servicio Electoral (Servel), órgano autónomo que fiscaliza las elecciones en Chile, entre otras instituciones.

El Servel por ejemplo, cuenta con un archivo de mensajes falsos y sus desmentidos.

En el repositorio se leen posteos que aseguran que en el plebiscito votarían personas recién llegadas al país procedentes de Venezuela o Haití, suponiendo que sus votos serán por el «apruebo»: el Servel precisa que se requieren 5 años de residencia para participar en una elección en Chile, además de 18 años cumplidos y ninguna condena a pena aflictiva.

Según los últimos datos electorales, más de 15 millones de personas están habilitadas para votar en el plebiscito constitucional. Entre ellas, la comunidad migrante con mayor número de votantes proviene de Perú (más de 167.000). La segunda es originaria de Colombia y llega a poco más de 68.000.

En otro de los posteos desmentidos se sostiene que no habrá multas para mayores de 60 años que no voten en el plebiscito, para desincentivar su participación, suponiendo que la mayoría de esa población está por el «rechazo»: el Servel precisa que el sufragio en el referendo es obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile, sin límite de edad.

El alcance de la desinformación

Una investigación desarrollada entre enero de 2016 a diciembre del 2018 en Estados Unidos y publicada el 2020 en la revista Science Advances concluye que «si bien la circulación deliberada de información falsa con el objetivo de crear confusión y discordia es intolerable en principio», el consumo de noticias en Estados Unidos está dominado por los medios informativos, ya sea online o en televisión, y las «fake news» apenas suman un 1% del consumo total de noticias en el país.

La investigación abre una interrogante sobre el alcance real de la desinformación y sus efectos.

«El volumen de exposición a desinformación en Chile es mucho más alto que el de Estados Unidos», dice Valenzuela a partir de los estudios que realizaron usando la misma metodología empleada en Norteamérica para analizar la elección de Trump.

«En Chile la desinformación se cuela por todas partes», sostiene Valenzuela a partir de los estudios hechos en el país.

«En Estados Unidos y en Europa occidental hay muchos sitios que puedes definir como de «fake news», que imitan el formato periodístico sin pretensión de objetividad. Yo he estudiado el caso de México y Chile y no hay sitios como esos, o son muy pocos. No existen productores claros de «fake news». Esa es una particularidad del país».

Sin embargo, «a diferencia de lo que ocurrió con el estallido o con el covid, la desinformación sobre el texto constitucional ha sido una producción a nivel de élites, de personas con posiciones de poder económico, político, intelectual. Eso explica por qué ahora se discute tanto el tema: porque esta vez ha sido más claro identificar a sus fuentes», plantea el académico.

«Pero una cosa es que yo vea desinformación, y otra cosa es que yo crea lo que estoy viendo», refina.

«En el caso de Chile, la cifra de gente que cree en la desinformación es bastante baja. Las personas son muy escépticas y eso compensa un poco el riesgo. Por supuesto, siempre se puede hacer el punto de que, mientras más ves algo, te ves expuesto, se te hace más difícil contrarrestarlo. Pero al menos la foto que nosotros tomamos es que, aunque hay mucha desinformación dando vuelta, hay también mucha desconfianza sobre ella», concluye.

En este panorama, una de las principales dudas de la opinión pública chilena a esta hora se remite a qué dice y qué no dice la propuesta de nueva Constitución. Pero al menos una porción de la ciudadanía ha optado por ir a la fuente directa: el libro «Propuesta definitiva de una nueva Constitución», de 178 páginas y que también se puede consultar online, se cuenta entre los libros de no ficción más vendidos en el país a principios de julio, por sobre best sellers internacionales como «Hábitos Atómicos» o «Astrofísica para gente apurada» de Neil Degrasse Tyson.

https://www.elciudadano.com/actualidad/bbc-mundo-publica-especial-de-la-brutal-campana-de-desinformacion-en-chile-sobre-la-propuesta-de-nueva-constitucion/07/22/

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-brutal-desinformacion-sobre-la-nueva-constitucion-propuesta-para-chile-y-algunas-de-las-nid22072022/

Razones para el Voto del Pesbicito Constitucional La voz de la gente

 

Decisión de voto y heurística del Rechazo

No es sólo el cálculo racional lo que determina el voto. Asociaciones de ideas, emociones y otros «atajos mentales» pueden explicar el resultado del reciente plebiscito constitucional en Chile, según explica en esta columna para CIPER un académico de Filosofía.

Los resultados del plebiscito de salida del pasado domingo serán tema de estudio por años. ¿Cómo es posible que la ciudadanía haya cambiado tanto de parecer entre un plebiscito (25.10.2020) y el otro (4.09.2022)? ¿A quién o a quiénes hay que culpar de esta oportunidad perdida? Estas son preguntas de difícil resolución, y no pretendo en esta columna resolverlas. Solo quiero plantear una hipótesis, que, como toda hipótesis, requiere datos empíricos para validarse correctamente. La idea es sencilla: ante una pregunta compleja, como la constitucional, el votante necesita asociaciones de ideas que le permitan tomar decisiones sin contar con toda la evidencia necesaria.

A estos atajos mentales, conscientes e inconscientes, se les llama ‘heurísticas’, y los utilizamos para poder decidir rápidamente o en situaciones de complejidad. La mayoría de esas heurísticas venían favoreciendo al menos desde hace un año al Rechazo, lo que explicaría en parte su triunfo arrollador.

Partamos por establecer que la del plebiscito era una decisión compleja. Una decisión compleja tiene muchas variables que se relacionan de formas no evidentes; a veces, de manera causal; otras, de forma independiente o interdependiente, y que deben ser evaluadas de conformidad a escalas de valores que se deben «pesar» unas frente a otras.

Según Daniel Kahneman, este tipo de decisiones (complejas, con falta de evidencia o cruzadas por sesgos de todo tipo) se hacen utilizando la heurística. Hay gente que vota como votan los demás de su círculo social, o como votan los referentes a los que siguen. Hay quienes tienen aversión natural al cambio o buscan la novedad; quienes son de una línea o quienes varían de elección en elección. Las heurísticas son guías, carteles luminosos que nos indican el camino a seguir. La gente toma decisiones, entonces, no tanto por cálculo de costo-beneficio, sino por asociaciones de ideas que le parecen más apropiadas, proceso en el cual las emociones juegan un papel fundamental.

Pensemos en una elección simple: quieres comprar un helado y hay dos sabores para elegir: vainilla o chocolate. En ese caso, la elección es simple porque solo es necesario manejar una variable: ¿nos gusta más el helado de vainilla o el de chocolate? Pero la decisión se va complejizando si se agregan más variables, por ejemplo: el precio del helado de vainilla es ligeramente superior, a veces el chocolate te cae mal, la vainilla nunca te ha gustado mucho, el de vainilla lo venden en cono y el de chocolate en vaso, el de vainilla está un poco derretido respecto al de chocolate, etc. ¿Cómo decidir acá? Es necesario poner a competir diversas escalas de valores y determinar qué nos interesa más y qué estaríamos dispuestos a sacrificar.

La pregunta «¿Aprueba usted el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional?» es mucho más compleja que lo anterior. Las escalas de valores en competencia se dan entre cientos de artículos, a lo que hay que sumarle otros elementos como la evaluación de los convencionales, la falta de tiempo o disposición para leer el texto, la falta de conocimientos para comprenderlo a cabalidad, además de la situación política, social, económica y cultural que rodea al proceso. En estricto rigor, es imposible tomar una decisión totalmente «racional» al respecto. La «teoría de la elección racional», que postula que los seres humanos escogemos haciendo cálculos de costo-beneficio para la toma de decisiones, se vuelve acá completamente inadecuada.

Visto así, las diversas heurísticas favorecieron al Rechazo. El Apruebo pasó a formar parte de un set de ideas que vienen a la baja: estallido social, revuelta, vandalismo, gobierno de Gabriel Boric, inseguridad, conflicto en la Araucanía, entre otros. Los convencionales pusieron también de su parte: desde los disfraces a las peleas, la exclusión de la derecha y los episodios folclóricos, su comportamiento se fue asociando a falta de seriedad y credibilidad. El texto, por último, tampoco ayudó: la proliferación de conceptos e instituciones a veces incomprensibles generó una natural aversión al cambio, una sensación de que éramos sujeto de un experimento científico. Todo lo anterior fue exacerbado, como era de esperarse, por una campaña de derecha que hizo uso de la desinformación y las interpretaciones torcidas.

Frente a la papeleta, entonces, la gente echó mano a la heurística de la disponibilidad: aquellas ideas que se le venían a la mente con cada una de las opciones fueron las determinantes. La suerte quedó echada allí contra el Apruebo.

Es de esperar que tengamos ahora un nuevo proceso constituyente. Si aquello ocurre, el éxito estará determinado por el nuevo texto, pero no solo por él. Las imágenes y emociones que genere el proceso serán aún más importantes. Sólo si hay diálogo auténtico, empatía, credibilidad, seriedad y moderación es posible que las heurísticas jueguen esta vez a favor de la propuesta.  

https://www.ciperchile.cl/2022/09/09/decision-de-voto-yheuristica-del-rechazo/

Cómo la política identitaria corrompió el proceso constituyente

«Estamos ante un concepto de nicho que antes solo desempeñaba un papel en los estudios culturales. Fue ese mundo y sus ideas, sin embargo, el que acabó dando forma al texto. Este ha sido un dolor de cabeza para las izquierdas del mundo entero, que han dejado de priorizar la preocupación por las carencias materiales. Junto con perder el norte, han perdido así a sus históricos votantes.» Columna de Opinión para CIPER.

El estrepitoso fracaso de la Convención Constituyente clama hoy por explicaciones. Las necesitamos para comprender, y también para que un nuevo proceso evite hundirse por los mismos vicios que marcaron al órgano que primero presidió Elisa Loncón y luego María Elisa Quinteros. Un lugar primordial entre esas explicaciones corresponde a la política de la identidad, esa peculiar priorización de las agendas étnicas y de género sin la cual nuestro momento no se puede entender.

Que tal orientación estuviera presente, no tiene nada de sorprendente. En primer lugar, porque hoy es un elemento que se observa también en crisis políticas de diversas latitudes; pero además porque ya las reglas para elegir convencionales empujaban a su fuerte presencia. Desde el primer minuto esta mentalidad comenzó a tomarse la agenda: mucho antes de iniciar siquiera el debate, cuando se discutía aún cómo regular el uso de la palabra, la primera propuesta de la mesa fue que se hiciera según «criterios de paridad, plurinacionalidad, pluralismo, plurilingüismo y acción afirmativa». Un texto nacido de este ambiente difícilmente podía ser muy distinto del que acaba de ser rechazado.

En efecto, para quien busque comprender la política identitaria quizá no haya un fenómeno más digno de estudio que la Convención y su resultado. El texto completo acabó atravesado por la categorización en género y etnia. En su singular pretensión de estar a la vanguardia, todo —hasta la neurodivergencia (art. 29)— terminó convertido en identidad. Y por si algún grupo era olvidado, se creaba además el «derecho a la identidad». Pero más allá de su omnipresencia, ¿en qué sentido esta mentalidad marcó la propuesta constitucional? En lo que sigue atenderemos al modo en que este fenómeno marcó nuestra comprensión de la democracia y de la diversidad, nuestra posibilidad de articular un proyecto común, nuestra atención a las víctimas de la historia y, finalmente, nuestra capacidad de diálogo. Porque no fue solo anécdota, show o performance lo que la política identitaria llevó a la Convención, sino una mirada determinante para todo el proceso.

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DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN: Partamos, pues, por la manera en que se ha alterado nuestra comprensión de la democracia. Lo primero que salta a la vista ahí es la idea de representación que suele acompañar a esta mentalidad. No en vano se repitió por meses que estábamos ante la instancia más representativa de nuestra historia democrática. En realidad, lo que irrumpía era un nuevo tipo de representación, una lógica corporativa que choca con la tradicional representación democrática. Es eso lo que también se plasmó en el texto; por ejemplo, en los llamados a que el Estado adopte «medidas para la representación de diversidades y disidencias de género» (163.3) y en los escaños reservados «a nivel nacional, regional y comunal» (162.1). Una propuesta como esa amenazaba con convertir a cada órgano colegiado en una pequeña réplica de la Convención. Nadie duda de que estamos viviendo una crisis de la intermediación, pero es muy dudoso que el camino para superarla pase por la representación de identidades que aquí se hizo presente y que se buscó perpetuar. En este sentido nada fue más revelador que el resonante rechazo que la propuesta constitucional recibió en las comunas con mayor población indígena: esto no los representaba a ellos.

Pero no se trata del único modo en que esta mentalidad afecta a la democracia. De una manera igualmente significativa, el identitarismo socava el papel de los partidos políticos en la vida democrática. El punto bien puede ilustrarse con un episodio narrado por Mark Lilla en El regreso liberal: hubo un momento, nota, en que la página web del Partido Demócrata (EE. UU.) no incluía un programa político unificado, sino diecisiete programas distintos. Así, aunque hubiera una estructura organizacional compartida, su discurso estaba disgregado en las diecisiete identidades que de algún modo convivían en el seno del partido. Aquí hay una lección fundamental. La democracia requiere partidos políticos, pero en su lugar la política identitaria ofrece movimientos. Esos mismos movimientos son los que en el último acto de la Convención cantaban que «el pueblo unido avanza sin partidos». El canto se hacía eco de un asunto de fondo: la virtual omisión de los partidos en el texto constitucional propuesto, cuando lo que se requería era precisamente hacerse cargo de sus deficiencias para fortalecerlos.

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DIVERSIDAD Y PLURALISMO: Consideremos un segundo punto. Si la política identitaria afecta nuestra comprensión de la democracia, no tiene nada de extraño que también lo haga con nuestra comprensión de la diferencia. ¿Cómo lo ha hecho? En primer lugar, convenciéndonos de que recién ahora la diversidad del país se vuelve visible. Antes, se dice, la teníamos escondida. ¿Pero es cierta esta afirmación? Chile ha sido siempre un país plural. Reconocer ese hecho no significa pintar color de rosa nuestro pasado. Muchas injusticias solo se han reparado en el camino y otras están por reparar. Pero con toda su desigualdad, este sí ha sido un país plural. ¿Cómo, entonces, es que se ha instalado el discurso de una diversidad recién descubierta, que solo ahora esté siendo reconocida? La explicación se encuentra en el hecho de que aquí hay distintas concepciones del pluralismo en juego. O importan, por decirlo de otro modo, distintos tipos de diversidad. Puede haber mucho interés por respetar las minorías étnicas y sexuales; otra cosa es que se sepa dialogar con diferentes visiones políticas, intelectuales o religiosas. No hay razón, cabría apuntar, por la que se deba levantar aquí una disyuntiva. Pero el hecho es que la política de la identidad la crea, pues con frecuencia reduce las visiones a la condición identitaria en juego (como minoría étnica o sexual se debe pensar de un cierto modo, mientras las visiones de otros son reducidas a factores culturales que las explican).

Es crucial atender a estos distintos tipos de diversidad, pues cada concepción del pluralismo tiene su propio modo de imaginar las vías por las que la diversidad ha de plasmarse en las instituciones. Es cosa de ver la relación de cada una de estas mentalidades con las instituciones de la sociedad civil. Cuando se valora de modo claro la pluralidad de visiones de mundo, se busca también que éstas encuentren expresión en distintas instituciones, que haya una sociedad civil compuesta por organizaciones de muy variada inspiración. Donde, en cambio, reina la política identitaria, lo que preocupa es más bien la diversidad interna de cada institución. El punto puede ilustrarse con una propuesta que en su momento hiciera la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención, según la cual debía garantizarse la «presencia de la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos o privados». Otro tanto cabe decir respecto de cómo las propuestas sobre paridad excedían el campo político para llevarla a «todos los espacios públicos y privados» (6.3). Esta diversidad interna de las asociaciones, no estará de más decirlo, ciertamente puede ser provechosa en muchas instancias. Pero conviene notar que como concepción básica del pluralismo estos dos modelos chocan, pues la preocupación por la diversidad interna de las instituciones bien puede acabar haciéndolas más parecidas entre sí. Es lo que William Galston ha llamado «la paradoja de la diversidad». Quien quiere una sociedad civil plural no puede tener por norte irrestricto la diversidad interna de sus instituciones.

Pero hay aquí un ingrediente adicional, que estuvo lejos de recibir la atención que merecía a lo largo del último año: la concepción identitaria de la diversidad no solo entraña problemas para el conjunto de la comunidad política, sino que además genera una imagen distorsionada de aquellos grupos a los que se busca hacer justicia. El caso más patente, sin duda, es la tendencia a describir a los pueblos indígenas como si una misma identidad o cosmovisión caracterizaran a cada miembro de un pueblo (como lo sugerían los arts. 11 y 34). Se trata de una flagrante fosilización de las culturas y su efecto podía notarse ya en campaña: el mapuche que no adhiriera al texto propuesto era tratado en la discusión como un «yanakona». Como lo señalara Douglas Murray a propósito de una discusión análoga, la pertenencia a una minoría étnica pasa así a depender de que uno «haga suyos unos agravios, unos principios políticos y unas plataformas electorales ideadas por otros». Nadie duda hoy de que tenemos una deuda con los pueblos indígenas, pero hay un desafío fundamental en canalizarla de un modo que reconozca la pluralidad de visión de mundo, económica y política que reina en ellos. En síntesis, el mantra del órgano más representativo de la diversidad del país falló tanto por lo que se refiere a la representación como por lo que se refiere a la diversidad.

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UNIDAD, COHESIÓN, PROYECTO COMPARTIDO: No todo se agota en el problema de la diversidad. Así como se esperaba que el proceso y el texto reflejaran bien una sociedad variopinta, había también una tarea fundamental en relación con la unidad del país. No se trata de vivir en ilusiones respecto del grado de unidad o consenso que puede alcanzar una sociedad moderna. Pero, precisamente, porque en tales sociedades la cohesión es baja, es crucial que se pueda preservar y fortalecer lo que hay de proyecto común de país. Incluso si la meta es ser una sociedad pluralista, ello pasa en parte por efectivamente ser una sociedad. Y también aquí el identitarismo genera dificultades. Después de todo, una de sus consecuencias es la multiplicación de las luchas facciosas, con cada grupo subdividiéndose con nuevas pretensiones de pureza. Nada de eso se cura con una «marcha de todas las marchas». Algo de esta mentalidad se refleja también cuando en vez de afirmar la ciudadanía universal con sus derechos se levanta estos de un modo parcelado. Así ocurrió, por ejemplo, con el reconocimiento a los niños (26.1) o a las personas mayores (33.1) como titulares de derechos, en lugar de incluirlos en el reconocimiento universal de los derechos de las personas. Incluso si la colección de grupos con derechos fuera exhaustiva, los méritos de esta enumeración de particularidades son dudosos cuando se los contrasta con lo logrado por el universalismo.

En ese mismo contexto pueden entenderse las recurrentes discusiones en torno a la idea de nación y los símbolos patrios. Aquí cabe recordar no solo la interrupción del himno en el acto inaugural, sino también el elenco de banderas identitarias —de regiones, etnias y diversidad sexual— con que se celebró el primer mes de la Convención. Un convencional propuso entonces —sin éxito— que se sumara a este elenco una bandera cristiana. El hecho es bastante revelador: en este ambiente también una religión con aspiración universal puede terminar reducida a una particularidad más en búsqueda de reconocimiento. Pero ningún panteón exhaustivo de identidades puede sanar la ausencia de símbolos compartidos. Y en los meses siguientes esos símbolos fueron puestos en cuestión de maneras que conviene recordar. Para algunos convencionales, en efecto, la independencia del país nos remitía a una historia de exclusión que no cabe celebrar. Incluso se propuso un preámbulo que se refería a la independencia subrayando su «contexto histórico excluyente» (en pretendido contraste con la refundación inclusiva del 18 de octubre de 2019). Vale la pena notar los paralelos con el «proyecto 1619» lanzado hace tres años por el New York Times, el cual buscaba reemplazar 1776 como fecha de nacimiento de la nación, procurando instalar como verdadera fecha de inicio la llegada de los primeros esclavos en 1619. La meta era obvia y explícita: presentar la esclavitud como el verdadero hito fundante de la república, a cuya luz su historia debe ser entendida. En esto, como en otras materias, los convencionales simplemente importaban un lente de la academia norteamericana, y uno de muy dudosa pertinencia.

En efecto, no es sano revisionismo histórico lo que se encuentra tras ese episodio norteamericano o en nuestra Convención, sino más bien lo que Pascal Bruckner ha llamado la «hitlerización del pasado». Después de todo, no hay nada nuevo en reconocer que una mancha atraviesa toda la historia humana, ni cabe negar que el racismo y la exclusión sean algunas de sus manifestaciones. La singularidad de nuestro momento se encuentra más bien en la incapacidad de mirar al pasado con una visión agradecida a la vez que se reconocen sus crímenes y tragedias. De ahí se sigue un rasgo más preocupante: la creencia en que ahora sí podremos levantar algo libre de esta mancha. La contracara de la denuncia del pasado, como vemos con frecuencia, son las pretensiones de pureza de los denunciantes. Por lo mismo, más de un autor ha notado el contraste entre esta política identitaria y el movimiento de los derechos civiles. La fuerza del discurso de Martin Luther King residía precisamente en que se tomaba lo de la ciudadanía universal más en serio que el Estados Unidos blanco [más en textos ya citados de Murray y de Lilla]. MLK apuntaba a un futuro en que importara no el color de la piel sino el contenido del carácter. No denunciaba los principios fundadores del país como inherentemente racistas, sino que exigía acabar con la discriminación racial en coherencia con dichos principios. El contraste con el identitarismo contemporáneo no podría ser más patente.

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VICTIMISMO: Lo anterior nos permite pasar a aquel rasgo de la política identitaria que tal vez más presente estuvo en nuestro proceso: el victimismo. Fue este el lente bajo el que la historia completa del país era reducida a pura opresión y despojo (el acto de «abortar Chile», en Valparaíso, fue solo su expresión más grotesca). ¿Qué rasgos caracterizan al victimismo? Uno de sus problemas es la tendencia a nivelar problemas de muy distinto calibre: cuando todo escollo en el camino es tratado como opresión, cualquier injuria menor puede ser tratada como equivalente con graves atrocidades. En contraste con la cultura de la dignidad, en la que ciertas ofensas pueden ser ignoradas, aquí reina la preocupación por la «microagresión». Si nuestra sociedad tiene problemas de intolerancia, aquí se encuentra una de sus manifiestas raíces: la recíproca tolerancia supone que haya males que no nos parezcan imperdonables, que puedan ser sobrellevados. Si, en cambio, se nos invita a mirar todo el pasado y presente como opresión intolerable —si también nuestra concepción de daño se amplía sin límite—, se vuelve difícil encontrar razones para tolerar [ver Manning y Campbell].

El problema del victimismo, apurémonos en subrayar, no es reconocer que el orden social tiene víctimas. Obviamente las tiene, pero la verdadera pregunta es si se corresponden de modo tan estricto con el actual catálogo de identidades. Las mujeres han cargado con un peso distinto de los hombres, y en los pueblos indígenas se concentra una parte importante de las injusticias del país. ¿Pero nos permite esto juzgar de modo adecuado sobre casos concretos? ¿Es Kena Lorenzini una víctima? ¿Son víctimas los hermanos Ancalaf? Porque si no lo son, debemos preguntarnos por el modo en que este discurso favorece precisamente a opresores que saben navegar en las aguas de la cultura victimista.

Además, si todos somos víctimas, las verdaderas víctimas se nos vuelven una vez más invisibles. No es nada de extraño que el Sename, protagonista de nuestra discusión pública cinco años atrás, dejara de merecer atención prioritaria. Si la tarea es volver visibles a las víctimas, los méritos de esta mentalidad son ampliamente discutibles. Este problema se refleja de modo elocuente en la referencia de la propuesta constitucional a los «grupos históricamente excluidos». A estos se les debía brindar acceso preferente a la educación superior (37.7) y al Estado le habría correspondido garantizar de modo especial su participación e incidencia política (153.2). Esto puede sonar muy bien, y muchos lo ven como un pertinente llamado a poner en primer lugar a los desaventajados. Pero, ¿quiénes son los grupos históricamente excluidos? La lista es medianamente conocida: personas de pueblos originarios, migrantes, miembros del «pueblo tribal afrodescendiente», etc. ¿Cabría imaginar en tal lista a los pobres? La respuesta es negativa, precisamente porque no constituyen un grupo identitario. La verdad es que incluso los chilenos residentes en el extranjero están más cerca de entrar en esa categoría.

De modo análogo, en el articulado sobre justicia se recogía el enfoque interseccional (arts. 311 y 343): se instalaba así la idea de que hay todo un sistema de opresiones que desmontar, un sistema en el que raza y género pueden pesar tanto o más que la condición económica. Hay pocas materias, en efecto, que ilustren tan bien hasta qué extremos el delirio identitario condujo los destinos de la Convención. Después de todo, estamos ante un concepto de nicho que antes solo desempeñaba un papel en los estudios culturales. Fue ese mundo y sus ideas, sin embargo, el que acabó dando forma al texto. Este ha sido, recordemos, un dolor de cabeza para las izquierdas del mundo entero, que han dejado de priorizar la preocupación por las carencias materiales. Junto con perder el norte, han perdido así a sus históricos votantes. Hay, desde luego, quienes creen que se puede compatibilizar ambas agendas, la del cambio social y la de la concepción identitaria de la diversidad. Pero también es posible que estemos ante dos concepciones morales distintas y que se deba aprender a escoger entre ellas. Eso no significaría, desde luego, desatender a las minorías étnicas o sexuales, pero sí significa preguntarse por las categorías y el lente adecuado para considerarlas.

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LA AUSENCIA DE DELIBERACIÓN: Cerremos tocando una última vía por la que el identitarismo dañó nuestro proceso. Como ha notado Lilla, una consecuencia de esta mentalidad es el recurrente hablar «como x» o «en cuanto x». Se habla como miembro de un grupo identitario. Pero ese modo de hablar siempre espera una validación de la propia posición al margen del argumento. El cuestionamiento, que siempre vendrá desde la perspectiva «no-x», queda así descartado de plano. Algo de eso hubo también en nuestro proceso. Esta no fue, desde luego, la única razón por la que faltó deliberación política genuina en nuestra Convención, pero es uno de los motivos de su ausencia. No hay modo de conducir un intercambio racional cuando al frente se tiene una identidad en vez de un argumento. El debate político razonado supone un tipo de comunicación que la política identitaria imposibilita. Así es como a lo largo del proceso entero hubo posiciones tratadas como blindadas a la crítica. Y así fue cómo se selló, lamentablemente, su destino: no solo se dificultó la deliberación dentro de ella, sino que la cámara de eco así generada terminó aislando a la Convención de la ciudadanía.

¿Qué hacer? ¿Cómo salir de esto? Del diagnóstico crítico respecto de la política identitaria no se sigue ningún simplista consenso entre sus críticos: liberales, conservadores y socialistas explican de modo distinto el surgimiento de la mentalidad identitaria, y por lo mismo ofrecerán también salidas distintas. Unas tradiciones acentuarán la primacía de la voluntad individual sobre las categorías identitarias, otras acentuarán la destrucción de lo común por la fragmentación identitaria; unos atenderán a las condiciones materiales (y virtuales) bajo las que esta mentalidad se difunde, mientras otros notarán el trasfondo teológico, la comprensión de los grupos humanos a la luz de una singular transformación de las ideas de inocencia y pecado colectivo. Pero comoquiera que uno integre estas visiones u opte entre ellas es un hecho de importancia capital que aquí hay un diagnóstico compartido, y que hay recursos en nuestras distintas tradiciones intelectuales y políticas para salir de la condición en la que estamos. Eso supone, sin embargo, tomarse en serio las lecciones aprendidas y enfrentar una mentalidad que por mucho tiempo nos seguirá acompañando. Porque lo derrotado esta semana en las urnas no solo es una inspiración fundamental en sectores del gobierno, sino que reina en nuestra vida cultural y académica. Ningún plebiscito borrará por sí solo esa realidad.

https://www.ciperchile.cl/2022/09/06/politica-identitaria-y-proceso-constituyente