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sábado, 24 de septiembre de 2011

Piden Utilización de Robots y Submarinos a Control Remoto para Encontrar Restos de Detenidos Desaparecidos




Alicia LiraUna carta al Ministro de Defensda, Andrés Allamand, en la que le solicita la utilización de las mismas tecnologías de última generación que se usaron para buscar los cuerps de las víctimas del accidente aéreo de Juan Fernández, para encontrar los restos de los más de dos mil detenidos desaparecidos, dirigió la Presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus.



Señor

Andrés Allamand Zavala

Ministro de Defensa Nacional

Presente



Señor Ministro:

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, nos dirigimos a usted, como ciudadanos chilenos y chilenas conmovidos por el accidente de aviación en la isla Juan Fernández, que enlutó al país con 21 víctimas.

Nosotros, hemos vivido la situación dramática de perder a un ser querido en situaciones trágicas y por eso expresamos nuestra solidaridad con las familias y la esperanza que la búsqueda de víctimas en el fondo marino sea exitosa y finalice con el hallazgo de todos, para que las familias puedan encontrar la tranquilidad y vivir su duelo.

La llegada de los robots y submarinos auto guiados, de nueva generación -que para la tranquilidad de los familiares y el país han tenido importantes resultados- han permitido encontrar restos que pueden significar establecer la identidad de las víctimas y la verdad de lo sucedido recientemente en la Isla.

Por lo anterior, le solicitamos a usted, en nuestra calidad de Familiares de Víctimas del Terrorismo de Estado en nuestro país, que por 38 años hemos buscado  la verdad en el caso de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos, que con esta nueva tecnología se rastree el fondo marino de las costas de Quintero. Pues en esa zona se encontraron los rieles en que iban atadas las víctimas de la dictadura que fueron tirados al mar desde helicópteros militares, hechos que quedaron establecidos en la investigación judicial llevada por el Ministro Juan Guzmán.

Esperando una acogida favorable, le saluda atentamente a Ud.

Alicia Lira Matus

Presidenta -  AFEP


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Mireya Baltra: Pinochet Asesinó a Orlando Letelier Por su Exito en Aislar Económica y Moralmente a la Dictadura




En 1975 la tiranía de Augusto Pinochet activó la Operación Cóndor para exterminar a sus adversarias y adversarios políticos dentro y fuera de Chile. El plan se ensañó especialmente con la militancia que se había refugiado en Brasil y los países del Cono Sur. Pero fue mucho más lejos, como lo demostró el asesinato -mediante la detonación de un carro-bomba en pleno corazón de Washington- del intelectual Orlando Letelier hace 35 años, el 21 de septiembre de 1976.


El líder socialista Orlando Letelier fue ministro de Relaciones Interiores, de Relaciones Exteriores y de Defensa –en ese orden– del presidente Salvador Allende. Fue capturado durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y transitó por varios centros de tortura durante un año, hasta que por gestiones internacionales fue deportado a Venezuela.

En diciembre de 1975 viajó a Washington. Allí se estableció como docente universitario y libró una intensa campaña de denuncia de los crímenes de Pinochet. Además, apoyado en su prestigio y en importantes relaciones forjadas por años, comenzó a buscar la condena política de sectores progresistas, con el objeto de ganar apoyo para aislar económicamente al régimen criminal impuesto por la propia Casa Blanca y la derecha chilena. Esa fue la razón de mayor peso para asesinarlo, afirmó en entrevista con el Correo del Orinoco, Mireya Baltra, quien fue ministra del Trabajo de Allende.

Baltra comentó que en el exilio Letelier “realmente forjó un gran ministerio de relaciones exteriores para apoyar la causa democrática de nuestro pueblo.

El planteó y varias veces lo expresó, la necesidad de aislar económicamente a la dictadura”.

“A mí me tocó conversar dos veces con él, una de ellas en México, invitados por el presidente Luis Echeverría, que estuvo junto a la causa de nuestro pueblo. Allí él (Letelier) planteó la necesidad de que cada uno de nosotros nos transformáramos en activistas para aislar a la dictadura del apoyo económico, político o de cualquier otro tipo”.

La ministra de Allende afirma que Letelier buscaba “volcar al revés” los apoyos que pudiera tener Pinochet “para desestabilizar a la dictadura en cuanto al componente externo, ya que en Chile estaba creciendo, desarrollándose, la lucha de resistencia antifascista. No se puede olvidar el papel que él cumplía para trabajar y fomentar la resistencia. ¡Era un hombre peligroso para la dictadura! Se transformó en el principal enemigo de la dictadura fascista de Augusto Pinochet.

-¿Por eso que fue el primer objetivo del Plan Cóndor?

-Exactamente, porque los fascistas acá (en Chile) seguramente medían, analizaban cómo cada país también iba estudiando y poniendo en duda ese apoyo internacional que quería Augusto Pinochet para su dictadura. Él cumplió ese papel, yo diría de supra ministro de relaciones exteriores por los contactos que tenía en el propio Estados Unidos con los sectores más democráticos de ese país, que habían cumplido y cumplían en el Gobierno estadounidense un papel importante.

Además del cerco político y moral que intentaba levantar en torno del tirano, Letelier desnudaba crudamente al régimen que usurpó al Gobierno popular en Chile. Así lo señala Baltra cuando afirma que era un gestor de relaciones también en el sentido de hacer visible lo que pasaba en su país al “llevar la experiencia chilena al contexto internacional, en un momento en que nuestro país se debatía contra una dictadura feroz, que asesinaba, exiliaba, torturaba, y la reacción de este pueblo fue un proceso muy rápido en el tiempo, creando todos estos puntos diferentes de resistencia, y evidentemente allí se vinculaba la lucha”.

-Nuestros pueblos estaban angustiados por el destino de Chile. ¿Sabían en Chile que había esa resistencia? ¿El pueblo de Chile estaba consciente de eso?

-Nos sentíamos aislados, pero también había canales. Después del golpe, aquí en Chile la resistencia fue creciendo y el apoyo que venía desde el exterior creó un manto de protección solidario.

Nosotros trabajábamos desde el exterior también coordinado con Katy Allende, que era la hija del presidente Salvador Allende, que lamentablemente falleció. Con todos esos nexos se iba tejiendo un gran apoyo desde el punto de vista financiero para el movimiento sindical, de delegaciones que entraban clandestinamente, que venían de Comisiones Obreras de España, de Francia, y de organizaciones sindicales de muchos países.

Baltra comenta que esos enlaces y contactos que iban y venían les permitían a las luchadoras y los luchadores chilenos abrir diversos canales por los que fluía apoyo económico. “Y hay que tenerlo claro: allí trabajó también Orlando Letelier, en estos puntos que yo te digo, en que se juntan la Confederación Internacional de Sindicatos Libres y la Central Mundial de Trabajadores de concepción cristiana, junto con la Federación Sindical Mundial, que en ese entonces era la representante del mundo socialista y de los países emergentes. Por los caminos más diversos, las tres centrales sindicales estaban de acuerdo en ese apoyo. Hubo una concordancia, una unidad para asegurarle el apoyo a esta lucha de resistencia que no se conocía, pero que existía.

Noticias para la resistencia antifascista

-¿Cómo fue para usted la noticia del asesinato de Letelier?

-Yo estaba exiliada en Checoslovaquia, y lo supimos por la prensa. Fue un golpe muy grande porque él trabajaba en algo que poco se conoce: con Katy, la hija de Salvador Allende, que estaba a cargo del Comité de Solidaridad Antifascista Chileno-Cubano, hacía un informativo de las noticias del interior de Chile.

“Ojalá que se hubiesen conservado cada una de esas noticias, que vinculaban no sólo a los chilenos exiliados, sino también a los medios informativos, a los gobiernos y al conjunto político de cada país.

Para mí esa información constituyó una riqueza muy grande, porque teníamos a mano el conocimiento de lo que pasaba en Chile y de cómo se organizaban los familiares de detenidos y desaparecidos, que fue el primer embrión de la lucha antifascista en la resistencia del pueblo chileno”.



http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4824:mireya-baltra-pinochet-asesino-a-orlando-letelier-por-su-exito-en-aislar-economica-y-moralmente-a-la-dictadura&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

Ridículo Mundial: UDI Propone Canjear a Otilio Romano por Galvarino Apablaza


Un fiscal argentino pidió hoy la captura internacional del juez Otilio Romano, quien gestiona en Chile una solicitud de refugio mientras la justicia local lo busca como procesado por delitos de represión cometidos en la dictadura. En una prueba de los extremos del ridículo a que puede llegar la arrigante derecha chilena, el senador de la UDI, Víctor Pérez, propuso canjear a Romano con Galvarino Apablaza.


El fiscal de la Cámara Federal de Mendoza, Omar Palermo, elevó el pedido de captura con prisión preventiva ante el juez Walter Bento, quien deberá responder en los próximos días a la solicitud, precisó el abogado Pablo Salinas, uno de los querellantes en la causa que investiga a Romano por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.

"Confiamos en que el lunes o martes próximo el juez va a resolver sobre el pedido de captura internacional", sostuvo Salinas.

Romano, suspendido en sus funciones por el proceso que se sigue en su contra, solicitó en Chile que se le conceda el estatus de refugiado, lo que le permite recibir una visa temporal de ocho meses hasta que se resuelva su petición, confirmaron fuentes oficiales del país vecino.

Según explicaron fuentes del Ministerio del Interior, a los solicitantes de refugio se les entrega una visa temporal de ocho meses hasta que se define su situación, de acuerdo con la Ley de Protección al Refugiado.

Después de que se conociera su salida de Argentina, un juez citó a Romano para que se presentara ante los tribunales de Mendoza por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos durante la dictadura en Argentina, cuando era fiscal de la provincia de Mendoza.

El plazo de su citación se cumplió el pasado miércoles sin que se conociera el paradero del juez, lo que llevó a los querellantes de la causa a pedir su captura internacional.

A raíz del proceso judicial en su contra, el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de la designación y control de jueces, suspendió por unanimidad a Romano el pasado 25 de agosto, un día después de que éste viajara a Santiago de Chile.

En tanto, en Santiago el diputado comunista Hugo Gutiérrez entregó hoy en el Palacio de la Moneda una carta dirigida al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la que solicita que el juez Romano sea expulsado del país.

"En esa carta le hago ver que nuestro país suscribió la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe de manera explícita otorgar refugio político a una persona que está involucrada en violaciones a los derechos humanos", declaró el parlamentario.

Por su parte, un senador de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, propuso acordar con el Gobierno argentino un intercambio entre el juez Otilio Romano y Galvarino Apablaza, radicado en Argentina desde 1993.

El secretario general de la Unión Demócrata Independiente, Víctor Pérez, manifestó que "si la justicia argentina quiere al juez Otilio Romano debe entregar a Galvarino Apablaza a la justicia chilena":

"Los gobiernos a través de la vía diplomática tienen la opción de expulsar a un ciudadano de otro país y, en este caso, se podría analizar la situación si el gobierno argentino deja de proteger al asesino del senador Jaime Guzmán. En Chile está impune el crimen de un senador de la República, porque el responsable es protegido por Argentina ".

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que se evaluará si corresponde o no otorgar asilo político al juez argentino Otilio Roque Romano, requerido por la justicia argentina por violaciones a los derechos humanos:

"Si un ciudadano pide refugio el país tiene que analizar esta situación y la legislación específicamente asigna a Extranjería la tuición del análisis de la situación particular. Para eso se le otorga una visa de permanencia por ocho meses, donde en ese plazo tendrá que evaluarse si corresponde o no corresponde entregar refugio".

El subsecretario sostuvo que la visa de residencia por ocho meses se le entregó a Romano el 1 de septiembre, fecha en la cual no figuraba en la lista de buscados por Interpol.

"No estamos para dar opiniones, estamos para hacer cumplir la ley", respondió el subsecretario cuando se le preguntó sobre la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el juez argentino.



http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4652:ridiculo-mundial-udi-propone-canjear-a-otilio-romano-por-galvarino-apablaza&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

Diputado Hugo Gutiérrez: “Piñera no Puede Dar Asilo Político a un Violador de Derechos Humanos”

El diputado y abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, señaló que es inaceptable que el gobierno de Sebastian Piñera le haya dado asilo político al ex juez argentino Otilio Romano, requerido por la justicia trasandina por 103 causas de violaciones a los derechos humanos, perpetradas durante la dictadura militar de ese país.


Consultado sobre el tema, el diputado Gutiérfrez señaló:

“El gobierno de Piñera debió haber expulsado de inmediato a Otilio Roque Romano tan pronto que  tuvo conocimiento de su estada  en Chile, evitando que él concretara su solicitud de refugio por cuanto no corresponde  que se le  otorgue, dado que él esta acusado de crimines de lesa humanidad y de acuerdo al convenio 51 de las Naciones Unidas, no procede el refugio para una persona que esta acusado, imputado o procesado por crímenes de lesa humanidad”.

Al ser consultado Hugo Gutiérrez por la propuesta de la UDI, de intercambiar a Otilio Romano por Galvarino Apablaza, respondió:

“La sola pretensión o planteo de la alternativa demuestra la inmoralidad de las autoridades de este  gobierno de Piñera, especialmente Víctor Pérez, senador UDI, quien  ha dicho que el intercambio seria posible. Esa es una actitud claramente gansteril, que lo que pretende es una especie de intercambio de prisioneros y eso es contrario a nuestro ordenamiento jurídico”.

“Lo que me preocupa es cual fue la reflexión que  hizo Otilio Romano para pensar que  en Chile, él iba a encontrar asilo, refugio, alberge, que lo llevó a concluir a que en un gobierno de derecha podía estar mas protegido que  en cualquier otra parte del mundo”.

“Creo que  Romano tiene que haber concluido de que en nuestro  país,  dado el gobierno de derecha que  tenemos podía estar protegido, lo que contradice los principios que  rige a la comunidad nacional e  internacional”.

Frente a la permanencia de 8 meses en Chile de el ex juez, argentino, Otilio romano, hasta que se resuelva su situación,  lo que podría generar una nueva  tensión diplomática con Argentina, señaló:

“Creo que lo que va a ocurrir durante este período es que el gobierno de manera torpe a creado una animadversión de parte de la comunidad nacional e internacional en contra del gobierno de Piñera, por estar dándole protección a un violador de derechos humanos que esta siendo buscado en argentina por 103 casos de lesa humanidad”. 


http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4674:diputado-hugo-gutierrez-pinera-no-puede-dar-asilo-politico-a-un-violador-de-derechos-humanos&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

Exigen Expulsión de Juez Argentino, por Violación de Derechos Humanos



Otilio RomanoEl diputado Hugo Gutiérrez, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, demandó al gobierno la expulsión inmediata del juez argentino Otilio Romano, quien huyó a Chile desde su país, donde enfrenta numerosas causas por violaciones a los derechos humanos. Está procesado por delitos de secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes de detenidos desaparecidos, cometidos durante la dictadura argentina, entre 1976 y 1979.


El 24 de agosto pasado, y en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, ingresó al país el juez mendocino Otilio Romano Ruiz, quien es investigado en Argentina por 103 delitos de lesa humanidad y un magistrado argentino le dio plazo para retornar o se iniciará el proceso de captura internacional.

El magistrado abandonó Mendoza con un amigo abogado justo un día antes de que el Consejo de la Magistratura -integrado por representante del Ejecutivo, parlamentarios y abogados- revisara su caso y resolviera suspenderlo de sus funciones hasta que termine el juicio en su contra.

Romano está procesado como partícipe delitos que van desde secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes hasta el archivo de la causa por la apropiación de una hija de desaparecidos, ilícitos cometidos durante los primeros años de la dictadura argentina, entre 1976 y 1979.

Se suman los cargos por no haber denunciado o investigado evidentes violaciones a los derechos humanos de los que habría tenido conocimiento por los detenidos o por visitas a los centros de detención como el D2 -Departamento de Policía de Mendoza-y la U9 de La Plata, y haberse basado en testimonios bajo tortura para promover causas por la llamada "ley antisubversiva".

La acusación y suspensión fueron votadas en forma unánime por los 12 integrantes del Consejo de la Magistratura, que representan a distintos sectores del país y fuerzas políticas.

Opinión de diputado Hugo Gutiérrez

“A la luz del Encuentro internacional de DD.HH. -donde van a concurrir parlamentarios de varios países latinoamericanos y también activistas de derechos humanos-, tenemos el especial encargo de los fiscales y jueces de DDHH. argentinos que ellos solicitan -y nosotros también- al presidente de la república que expulse de nuestro territorio de la nación a Otilio Romano Ruiz un juez argentino que está procesado por 103 violaciones a los DD.HH. en concreto delitos de lesa humanidad que van desde secuestros, detenciones ilegales, apropiaciones de menores”, señaló el parlamentario.

“Delitos que son gravísimos y no puede este sujeto estar en nuestro territorio y tiene que ser expulsado a fin de que la justicia argentina proceda a su ajusticiamiento en conformidad al Estado. Lo que se sabe es que él huyó de Argentina el día que la magistratura lo suspendía de sus funciones para efecto de ser juzgado como corresponde por los crímenes de lesa humanidad que había cometido. Y habría ingresado vía línea aérea argentina a nuestro país concluyó Gutiérrez.

El abogado querellante Diego Lavado solicitó el lunes al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza recabar datos acerca del paradero del juez en Chile, con el fin de solicitar la captura internacional en los próximos días. "Se escapó a Chile para evitar ser detenido. En Argentina no se puede detener a un juez mientras tenga fuero", comentó Lavado.

El titular de ese tribunal, Walter Bento, decidió darle plazo para retornar a Mendoza, el que vence hoy a las 13:00 horas. De no presentarse, el juez arriesga ser desaforado y que se solicite su captura internacional. Además, se resolvió averiguar su paradero en Chile e informar al Consejo de la Magistratura, que fue el que lo suspendió, en caso de no volver a Argentina.




http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4635:exigen-expulsion-de-juez-argentino-por-violacion-de-derechos-humanos-&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

Justicia Argentina Expidió Orden de Captura Internacional para Juez Otilio Romano


La Justicia argentina ordenó la captura internacional del juez argentino Otilio Romano, que huyó a Chile al ser suspendido en su cargo por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983). El mismo personaje al cual este Gobierno le concedió asilo temporal, en flagrante violación del derecho internacional.


El pedido de captura fue dispuesto por el juez Walter Bento, de la provincia argentina de Mendoza (oeste), quien sin embargo supeditó esta solicitud a que Romano sea destituido como magistrado.

“Romano está suspendido como juez y sin goce de salario, pero Bento entiende que, hasta que no sea destituido, tiene fueros”, dijo a Efe el abogado Pablo Salinas, uno de los querellantes en la causa que investiga a Romano por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar.

El letrado anticipó que tanto él como el fiscal general de Mendoza, Omar Palermo, apelarán la decisión de Bento pues, a su juicio, Romano perdió sus fueros al momento de “fugarse” a Chile.

Salinas dijo que un tribunal de alzada deberá expedirse sobre esta apelación en un plazo de una semana.

“Si nos da la razón, la orden de captura será enviada a Chile”, señaló.

El Consejo de la Magistratura de Argentina, organismo encargado de la designación y remoción de jueces, resolvió el jueves pasado “suspender el pago de haberes” (salario) a Romano.

Se trata de un paso intermedio hacia el juicio de remoción de Romano que el consejo planea iniciar antes de fin de año.

Romano, juez de la provincia de Mendoza, fue suspendido el 25 de agosto, pero un día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.

Interpol comunicó la novedad hace una semana a Bento, quien, después de que se conociera la salida de Argentina de Romano, le citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile.



http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4767:justicia-argentina-expidio-orden-de-captura-internacional-para-juez-otilio-romano&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

Gobierno Chileno Vuelve a Cuestionar Asilo a Galvarino Apablaza



El gobierno chileno hizo una presentación para cuestionar la decisión argentina de dar asilo al ex guerrillero trasandino. Sin embargo, fuentes diplomáticas argentinas desmintieron que se trate de un nuevo reclamo para expulsarlo, como publicaron varios medios de prensa, a ambos lados de la cordillera. Embajada chilena contrató uno de los abogados más costosos de la plaza.

 

Mientras crecen las versiones sobre el inminente regreso a Chile de su embajador en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar, la relación diplomática entre la Casa Rosada y La Moneda sumó un nuevo dato erróneo sobre la situación judicial del ex guerrillero trasandino Galvarino Sergio Apablaza Guerra.

Ayer, a los dos lados de la Cordillera de los Andes, varios medios periodísticos afirmaron que el gobierno de Sebastián Piñera había radicado una nueva presentación judicial para obtener la extradición de Apablaza. Pero lo cierto es que la representación diplomática chilena contrató al costosísimo abogado conservador Héctor Mairal para cuestionar en los Tribunales Contenciosos del fuero federal porteño, la decisión administrativa del gobierno argentino que concedió el refugio político al ex militante trasandino que vivió más de 30 años en la clandestinidad.

“No es un nuevo pedido de extradición, sino una presentación que ataca judicialmente la medida del asilo”, aclaró una alta fuente diplomática que sigue el derrotero del caso desde hace siete años.

El escrito, que lleva la firma de Mairal, no habla en ningún momento de un segundo pedido de extradición, sino de una impugnación judicial amparada en el artículo 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549. La norma permite la presentación de un recurso de nulidad contra cualquier acto administrativo que lleve adelante el Estado Nacional.

En este caso, el cuestionamiento está dirigido a la Resolución 1729/2010 de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), que resolvió beneficiar  a Apablaza con la Ley 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado. La decisión fue adoptada hace menos de un año, y establece que “ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

La decisión de la comisión, que tiene a su cargo la relación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), dejó sin efecto un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dio vía libre para la extradición de Apablaza, en caso de que el gobierno argentino decidiera tomar la decisión política de otorgar el refugio.

Contra todos los pronósticos del gobierno chileno, la Casa Rosada dio el visto bueno para la firma de la Resolución 1729, un acto administrativo que significó un duro revés legal para el gobierno de Sebastián Piñera.

Casi un año después de su aplicación, el embajador Zaldívar contrató al buffet Marval, O’Farrell & Mairal, considerado uno de los estudios más grandes, antiguos e influyentes del país, que tiene a Héctor Mairal como su principal especialista en derecho administrativo.

Pero los laureles del abogado se oscurecen al revisar sus antecedentes políticos.

En la década de 1970 fue socio de Guillermo Walter Klein, el abogado que a partir de 1976 se desempeñó como secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía conducido por José Alfredo Martínez de Hoz.

Klein y Mairal son dos viejos amigos. Nacieron en 1936 y 1938, y tal como lo hicieron en los ’70 con el estudio Klein & Mairal ahora integran costosísimos estudios de abogados.

Esos antecedentes fueron los que llevaron al embajador Zaldívar a contratar a Mairal y lanzar una ofensiva legal dentro de los tribunales. El caso fue abierto en junio y engrosará un expediente cuya resolución “llevará años”, debido a las impugnaciones que presentarán los representantes del Estado Nacional.

De un modo u otro, el caso llegará al máximo tribunal argentino, cuyos miembros ya se expidieron sobre el tema de fondo cuando habilitaron la extradición de Apablaza que, finalmente, quedó sin efecto por el refugio concedido. El nuevo repechaje administrativo buscará anular esa decisión del Estado, pero no tiene que ver con el pedido de extradición que la Cancillería chilena envió a sus pares argentinos hace varios años.

Ese expediente, aunque les cueste asumirlo, está cerrado.

Fuente: Tiempo Argentino



El asilo político a Sergio Apablaza


Esta nueva embestida en el caso Apablaza deja una vez más en claro que la institucionalidad chilena continúa maniatada a las apetencias del pinochetismo, con su legislación ‘antiterrorista’ y tribunales militares.

Galvarino Sergio Apablaza Guerra, (a) Salvador, fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), creado en los ’80 por el Partido Comunista de Chile para desgastar a la dictadura de Pinochet. Después del golpe, padeció la cárcel y la tortura.

Expulsado de su país, viajó al Panamá de Torrijos para luego asentarse en Cuba. Formó parte de la guerra de liberación en Nicaragua como miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luego del triunfo de la revolución viajó clandestinamente a Chile para engrosar las filas del FPMR.

Estando en la Argentina, en 2004 fue detenido a pedido de las autoridades chilenas, acusado sin pruebas de haber participado del secuestro de un empresario y de la muerte del senador pinochetista Jaime Guzmán. Su detención se produjo dos días antes de que el entonces presidente Ricardo Lagos diera a conocer el Informe sobre prisión política y tortura.

En julio de 2005, el juez Claudio Bonadío rechazó el pedido de extradición, al considerar que los crímenes eran de carácter político.

Apablaza solicitó el reconocimiento del status de refugiado según la Convención Internacional de la ONU, debido a la existencia de una persecución política en su contra.

En septiembre de 2010 la Corte Suprema de Justicia argentina concedió la extradición, pero la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) –integrada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y distintos órganos del Estado argentino– reconoció a Salvador la calidad de refugiado. De esta forma, la extradición naufragaba definitivamente, aunque las consecuencias de esa decisión se prolongarían en el tiempo.

Numerosos fueron los planteos realizados por las autoridades chilenas, que recrudecieron con Sebastián Piñera como presidente, al frente de una coalición de derecha integrada por el brazo político del pinochetismo, la Unión Democrática Independiente (UDI), de la que Guzmán fue fundador.

Como jugada política de alto voltaje, enviaron emisarios a la Argentina para reunirse con opositores políticos, logrando declaraciones de los diarios La Nación y Clarín y de dirigentes como Mauricio Macri, Julio Cobos y Eduardo Duhalde. Agregando mayor presión al tema ya candente, por medio del sitio Leakymails se difundieron correos electrónicos de los funcionarios de la Conare, adjuntados a notas en las que se criticaba al gobierno argentino y se reivindicaba el Estado de Derecho en Chile.

El 18 de agosto pasado, los integrantes de la Comisión designada para elaborar las listas de víctimas de la dictadura de Pinochet, denominada Valech II, se reunieron con Sebastián Piñera para entregarle un nuevo informe, que contempla 10 mil nuevos casos.

Piñera se percató de que, al aparecer Apablaza entre las víctimas, se ratificaban las causales por las que fue reconocido como refugiado en la Argentina y sobrevendrían las quejas de la UDI, que ha hecho de su fundador el paradigma de la víctima.

De inmediato, dirigentes de esa tendencia criticaron la inclusión de Apablaza en el Informe.

El presidente de la UDI, Juan Coloma, amenazó con recurrir a la justicia, y dijo que “más allá de lo que pueda haber vivido, está siendo requerido en Chile por el asesinato de un senador y sería impresentable que no respondiera por este crimen… es absurdo que un prófugo de la justicia por asesinato pueda estar percibiendo simultáneamente una indemnización”.

“El primer requisito es ponerse a disposición de los tribunales por un crimen”, agregó.

Por su parte, el portavoz de la Corte Suprema de Chile, Jaime Rodríguez Espoz, se mostró sorprendido por la aparición de Apablaza en el informe, y se pronunció por la posibilidad de que en alguna instancia esa decisión sea revisada. Otros dirigentes aseveraron que sólo una vez que la justicia determine la inocencia de Apablaza, este podría reclamar una indemnización, revirtiendo un principio básico de todo Estado de Derecho, que dice que el Estado debe probar la culpabilidad y no el imputado su inocencia.

Esta nueva embestida en el caso Apablaza deja una vez más en claro que la institucionalidad chilena continúa maniatada a las apetencias del pinochetismo, con su legislación “antiterrorista” y tribunales militares, y con un sistema binominal de exclusión política por el que la derecha se asegura la mitad del gobierno.

La fuerte presión que sobre las instituciones ejerce el pinochetismo, al punto de que el portavoz de la Corte Suprema opinó de modo similar que la UDI, evidencia que en Chile no existen condiciones para garantizar un juicio imparcial.

El gobierno chileno está integrado por sectores para los que la legalidad no interesa y no dudan en desconocer la calidad de víctima de crímenes de lesa humanidad, si con ello fortalecen su discurso de persecución política contra quienes se opusieron a la dictadura y ponen a uno de sus máximos cómplices civiles en el lugar de víctima.

Debe agregarse la inconsistencia de la Corte Suprema de Justicia argentina –a excepción del juez Zaffaroni– que decidió conceder la extradición, desoyendo cuestiones medulares sobre la vigencia de los Derechos Humanos, la ausencia de pruebas contra Apablaza y el grave peligro de que en Chile se vulneren sus derechos y garantías, debido a la existencia de un sistema judicial dócil a las bravuconadas de la UDI.

Mientras el gobierno de Piñera es cuestionado por la muerte de un estudiante y por la educación elitista, las presiones del pinochetismo ratifican que el refugio político fue un acto de justicia. De quedar Apablaza al margen del listado de víctimas de la dictadura, Chile se verá expuesto a una nueva condena internacional.

Rodolfo Yanzón

Abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
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Nuevo General Director de Carabineros Declaró por Desaparición de Agente de la DINE


El nuevo general director de Carabineros, Gustavo González Jure, tuvo que declarar ante la Justicia el año 2003 en el marco de una investigación por la desaparición del agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Guillermo Jorquera. El general asume formalmente este jueves su cargo, tras haber sido anunciado hace una semana como sucesor de Eduardo Gordon.
Según informa este jueves La Tercera¸ González -entonces coronel- prestó testimonio el 29 de abril de 2003 y sólo por esa oportunidad, descartando finalmente la Justicia cualquier nexo suyo con el caso. Guillermo Jorquera fue detenido el 23 de enero de 1978 cuando intentaba asilarse en la embajada de Venezuela. Ese día estaba de punto fijo en el lugar el cabo Carlos Garrido, quien en 2002 declaró que tras impedir su ingreso, González Jure "informó esta situación por radio y se llevó al sujeto a la comisaría" de Providencia, siendo éste entregado luego a efectivos del Ejército.

En su declaración, González dijo no recordar el episodio. Por este caso, la Corte Suprema condenó en 2008 como autor de secuestro calificado al general en retiro Héctor Orozco Sepúlveda, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

"Lo mejor es preguntar al tribunal si yo tengo alguna participación en este asunto", respondió González al ser consultado sobre el asunto, según consigna La Tercera.

El general asume formalmente este jueves su cargo, tras haber sido anunciado hace una semana como sucesor de Eduardo Gordon.


La Historia Oculta del Régimen Militar

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