Gobierno Chileno Vuelve a Cuestionar Asilo a Galvarino Apablaza

El gobierno chileno hizo una presentación para cuestionar la decisión argentina de dar asilo al ex guerrillero trasandino. Sin embargo, fuentes diplomáticas argentinas desmintieron que se trate de un nuevo reclamo para expulsarlo, como publicaron varios medios de prensa, a ambos lados de la cordillera. Embajada chilena contrató uno de los abogados más costosos de la plaza.

 

Mientras crecen las versiones sobre el inminente regreso a Chile de su embajador en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar, la relación diplomática entre la Casa Rosada y La Moneda sumó un nuevo dato erróneo sobre la situación judicial del ex guerrillero trasandino Galvarino Sergio Apablaza Guerra.

Ayer, a los dos lados de la Cordillera de los Andes, varios medios periodísticos afirmaron que el gobierno de Sebastián Piñera había radicado una nueva presentación judicial para obtener la extradición de Apablaza. Pero lo cierto es que la representación diplomática chilena contrató al costosísimo abogado conservador Héctor Mairal para cuestionar en los Tribunales Contenciosos del fuero federal porteño, la decisión administrativa del gobierno argentino que concedió el refugio político al ex militante trasandino que vivió más de 30 años en la clandestinidad.

“No es un nuevo pedido de extradición, sino una presentación que ataca judicialmente la medida del asilo”, aclaró una alta fuente diplomática que sigue el derrotero del caso desde hace siete años.

El escrito, que lleva la firma de Mairal, no habla en ningún momento de un segundo pedido de extradición, sino de una impugnación judicial amparada en el artículo 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549. La norma permite la presentación de un recurso de nulidad contra cualquier acto administrativo que lleve adelante el Estado Nacional.

En este caso, el cuestionamiento está dirigido a la Resolución 1729/2010 de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), que resolvió beneficiar  a Apablaza con la Ley 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado. La decisión fue adoptada hace menos de un año, y establece que “ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

La decisión de la comisión, que tiene a su cargo la relación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), dejó sin efecto un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dio vía libre para la extradición de Apablaza, en caso de que el gobierno argentino decidiera tomar la decisión política de otorgar el refugio.

Contra todos los pronósticos del gobierno chileno, la Casa Rosada dio el visto bueno para la firma de la Resolución 1729, un acto administrativo que significó un duro revés legal para el gobierno de Sebastián Piñera.

Casi un año después de su aplicación, el embajador Zaldívar contrató al buffet Marval, O’Farrell & Mairal, considerado uno de los estudios más grandes, antiguos e influyentes del país, que tiene a Héctor Mairal como su principal especialista en derecho administrativo.

Pero los laureles del abogado se oscurecen al revisar sus antecedentes políticos.

En la década de 1970 fue socio de Guillermo Walter Klein, el abogado que a partir de 1976 se desempeñó como secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía conducido por José Alfredo Martínez de Hoz.

Klein y Mairal son dos viejos amigos. Nacieron en 1936 y 1938, y tal como lo hicieron en los ’70 con el estudio Klein & Mairal ahora integran costosísimos estudios de abogados.

Esos antecedentes fueron los que llevaron al embajador Zaldívar a contratar a Mairal y lanzar una ofensiva legal dentro de los tribunales. El caso fue abierto en junio y engrosará un expediente cuya resolución “llevará años”, debido a las impugnaciones que presentarán los representantes del Estado Nacional.

De un modo u otro, el caso llegará al máximo tribunal argentino, cuyos miembros ya se expidieron sobre el tema de fondo cuando habilitaron la extradición de Apablaza que, finalmente, quedó sin efecto por el refugio concedido. El nuevo repechaje administrativo buscará anular esa decisión del Estado, pero no tiene que ver con el pedido de extradición que la Cancillería chilena envió a sus pares argentinos hace varios años.

Ese expediente, aunque les cueste asumirlo, está cerrado.

Fuente: Tiempo Argentino

El asilo político a Sergio Apablaza

Esta nueva embestida en el caso Apablaza deja una vez más en claro que la institucionalidad chilena continúa maniatada a las apetencias del pinochetismo, con su legislación ‘antiterrorista’ y tribunales militares.

Galvarino Sergio Apablaza Guerra, (a) Salvador, fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), creado en los ’80 por el Partido Comunista de Chile para desgastar a la dictadura de Pinochet. Después del golpe, padeció la cárcel y la tortura.

Expulsado de su país, viajó al Panamá de Torrijos para luego asentarse en Cuba. Formó parte de la guerra de liberación en Nicaragua como miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luego del triunfo de la revolución viajó clandestinamente a Chile para engrosar las filas del FPMR.

Estando en la Argentina, en 2004 fue detenido a pedido de las autoridades chilenas, acusado sin pruebas de haber participado del secuestro de un empresario y de la muerte del senador pinochetista Jaime Guzmán. Su detención se produjo dos días antes de que el entonces presidente Ricardo Lagos diera a conocer el Informe sobre prisión política y tortura.

En julio de 2005, el juez Claudio Bonadío rechazó el pedido de extradición, al considerar que los crímenes eran de carácter político.

Apablaza solicitó el reconocimiento del status de refugiado según la Convención Internacional de la ONU, debido a la existencia de una persecución política en su contra.

En septiembre de 2010 la Corte Suprema de Justicia argentina concedió la extradición, pero la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) –integrada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y distintos órganos del Estado argentino– reconoció a Salvador la calidad de refugiado. De esta forma, la extradición naufragaba definitivamente, aunque las consecuencias de esa decisión se prolongarían en el tiempo.

Numerosos fueron los planteos realizados por las autoridades chilenas, que recrudecieron con Sebastián Piñera como presidente, al frente de una coalición de derecha integrada por el brazo político del pinochetismo, la Unión Democrática Independiente (UDI), de la que Guzmán fue fundador.

Como jugada política de alto voltaje, enviaron emisarios a la Argentina para reunirse con opositores políticos, logrando declaraciones de los diarios La Nación y Clarín y de dirigentes como Mauricio Macri, Julio Cobos y Eduardo Duhalde. Agregando mayor presión al tema ya candente, por medio del sitio Leakymails se difundieron correos electrónicos de los funcionarios de la Conare, adjuntados a notas en las que se criticaba al gobierno argentino y se reivindicaba el Estado de Derecho en Chile.

El 18 de agosto pasado, los integrantes de la Comisión designada para elaborar las listas de víctimas de la dictadura de Pinochet, denominada Valech II, se reunieron con Sebastián Piñera para entregarle un nuevo informe, que contempla 10 mil nuevos casos.

Piñera se percató de que, al aparecer Apablaza entre las víctimas, se ratificaban las causales por las que fue reconocido como refugiado en la Argentina y sobrevendrían las quejas de la UDI, que ha hecho de su fundador el paradigma de la víctima.

De inmediato, dirigentes de esa tendencia criticaron la inclusión de Apablaza en el Informe.

El presidente de la UDI, Juan Coloma, amenazó con recurrir a la justicia, y dijo que “más allá de lo que pueda haber vivido, está siendo requerido en Chile por el asesinato de un senador y sería impresentable que no respondiera por este crimen… es absurdo que un prófugo de la justicia por asesinato pueda estar percibiendo simultáneamente una indemnización”.

“El primer requisito es ponerse a disposición de los tribunales por un crimen”, agregó.

Por su parte, el portavoz de la Corte Suprema de Chile, Jaime Rodríguez Espoz, se mostró sorprendido por la aparición de Apablaza en el informe, y se pronunció por la posibilidad de que en alguna instancia esa decisión sea revisada. Otros dirigentes aseveraron que sólo una vez que la justicia determine la inocencia de Apablaza, este podría reclamar una indemnización, revirtiendo un principio básico de todo Estado de Derecho, que dice que el Estado debe probar la culpabilidad y no el imputado su inocencia.

Esta nueva embestida en el caso Apablaza deja una vez más en claro que la institucionalidad chilena continúa maniatada a las apetencias del pinochetismo, con su legislación “antiterrorista” y tribunales militares, y con un sistema binominal de exclusión política por el que la derecha se asegura la mitad del gobierno.

La fuerte presión que sobre las instituciones ejerce el pinochetismo, al punto de que el portavoz de la Corte Suprema opinó de modo similar que la UDI, evidencia que en Chile no existen condiciones para garantizar un juicio imparcial.

El gobierno chileno está integrado por sectores para los que la legalidad no interesa y no dudan en desconocer la calidad de víctima de crímenes de lesa humanidad, si con ello fortalecen su discurso de persecución política contra quienes se opusieron a la dictadura y ponen a uno de sus máximos cómplices civiles en el lugar de víctima.

Debe agregarse la inconsistencia de la Corte Suprema de Justicia argentina –a excepción del juez Zaffaroni– que decidió conceder la extradición, desoyendo cuestiones medulares sobre la vigencia de los Derechos Humanos, la ausencia de pruebas contra Apablaza y el grave peligro de que en Chile se vulneren sus derechos y garantías, debido a la existencia de un sistema judicial dócil a las bravuconadas de la UDI.

Mientras el gobierno de Piñera es cuestionado por la muerte de un estudiante y por la educación elitista, las presiones del pinochetismo ratifican que el refugio político fue un acto de justicia. De quedar Apablaza al margen del listado de víctimas de la dictadura, Chile se verá expuesto a una nueva condena internacional.

Rodolfo Yanzón

Abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
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