Publicado el 16 Septiembre 2013
ESCRITO POR CRISTHIE MELLA*
Existen actividades y profesiones que involucran por definición el servicio a las personas. Las llamadas “disciplinas humanistas” y “sociales” suponen la vocación de ayuda y búsqueda del bienestar tanto individual como colectivo. En tal sentido, el irrestricto apego a las normas éticas como principio fundamental del ejercicio profesional se presenta como un imperativo ineludible. Desde esta lógica, diferentes colegios profesionales han elaborado códigos de ética que recogen esta necesidad de regulación y que orientan cualquier actuación.
En nuestra historia país no tan lejana, muchos profesionales de estas disciplinas debieron desempeñarse en condiciones extremadamente difíciles, en un contexto sociopolítico que no pocas veces puso en jaque la ética profesional. Durante la dictadura muchísimos médicos, profesores, psicólogos, abogados, jueces, hicieron decisiones bajo un entramado férreamente controlado por las fuerzas represivas de la época. Sin duda, que el trabajo de muchos se transformó en un esfuerzo aún mayor del que cabía esperar, toda vez que la vida misma estaba en juego.
Desgraciadamente, hubo profesionales que claudicaron los principios éticos, algunas veces tal vez anulados por el terror, otros sin embargo, fueron presa de concepciones desdibujadas y distorsionadas del ser humano y el ideario de sociedad que se impuso bajo la fuerza. Bajo este marco fue que algunos médicos y psicólogos pusieron su conocimiento técnico a disposición del aparato represivo en los tiempos de la dictadura militar para llevar a cabo las maniobras de terror que dejaron miles de víctimas.
El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech, 2005) ha acreditado la participación de médicos y profesionales de la salud en el asesoramiento de prácticas de tortura con detenidos políticos, siendo crucial en los episodios de aplicación de descargas eléctricas, donde la “labor profesional” se orientó a supervisar niveles de voltaje administrados, y, tal como lo han revelado las propias víctimas con sus testimonios recientes, experimentar con los niveles de tolerancia de sus cuerpos, práctica absolutamente contraria a procurar el bienestar y la salud.
Ante estas revelaciones, el colegio médico de Chile se constituye en el primer gremio profesional en condenar la participación de sus colegas en este tipo de actuaciones. Al respecto, las propias víctimas han logrado identificar a algunos médicos y también enfermeras que colaboraron activamente con los agentes de la represión en nuestro país. También se hizo parte hace algunos años en la denuncia y sanción pública, el Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, el que sancionó a tres miembros de la orden por participar en la producción de noticias falsas, cuyo caso emblemático lo constituye el montaje conocido como Operación Colombo o Caso de Los 119, orquestado por los servicios de inteligencia de la dictadura militar en junio de 1975, que hizo aparecer a las víctimas como muertas en enfrentamientos, en circunstancias que habían sido asesinados por agentes del gobierno.
Sin duda, que estas acciones, que aunque muchas veces solo puedan quedarse en el plano de lo simbólico, contribuyen a establecer la verdad y restituir tanto las confianzas como el compromiso del mundo profesional hacia una ética humanista, defensora de la vida y de la dignidad de las personas.
Existe aún, sin embargo, otro ámbito disciplinar que merece atención y que ha sido poco visibilizado. Diferentes testimonios de testigos de la época y también diferentes investigaciones periodísticas han revelado las actuaciones de profesionales del ámbito de la psiquiatría y psicología –de manera paradojal las disciplinas más directamente vinculadas a la salud mental. Específicamente, el gremio de psicólogos ha evitado investigar y referirse a las denuncias y testimonios que vinculan al profesional Hernán Tuane Escaff, reconocido psicólogo para los tiempos de la dictadura y quien mantuvo y desarrolló diversas actuaciones al servicio de ese gobierno.
El colegio de psicólogos ha argumentado la dificultad para acreditar los hechos en que este profesional aparece sindicado. No obstante, existen testimonios de ex prisioneros políticos y hasta de un ex agente de la CNI –Andrés Valenzuela– que establecen clara vinculación de psicólogos en el trabajo de asesoramiento de la DINA Y CNI. Respecto de Tuane, su colaboración con el gobierno era pública para la época, por lo cual fue identificado por algunos prisioneros durante los interrogatorios ejecutados en centros de tortura. Se sabe que mantuvo un cargo de importancia en la secretaría general de Gobierno durante los primeros años de la dictadura. Su área de especialización declarada parece ser la criminología por cuanto aparece ligado a Policía de Investigaciones (PDI). Dentro de su trayectoria profesional se encuentra el haber dictado cursos de capacitación para este organismo, capacitaciones que según sus propias palabras, estaban orientadas a introducir el rigor científico en las técnicas de interrogatorio. Esta actividad laboral, le habría significado el cuestionamiento de sus alumnos de la cátedra de “Técnicas de Tratamiento Psicológico”, en su calidad de docente en la carrera de Psicología de la Universidad de Chile, hecho que aparece mencionado en la prensa de la época.
Sin embargo, pasa a ganar reconocimiento público desde su participación destacada en uno de los casos -en la época llamado policial- más oscuros de nuestra historia. Se trata del secuestro, desaparición, y asesinato de un niño de tan solo seis años de edad: Rodrigo Anfruns Papi. A más de 33 años de ocurrido, el caso aún es motivo de investigación, pese a haber sido cerrado por los tribunales en tres ocasiones. La razón por la que la familia aún presiona para su esclarecimiento se relaciona con la multiplicidad de enigmas y preguntas sin respuesta que quedan aún rondando, en donde el psicólogo Tuane aparece involucrado. Quienes conocen el caso, saben que Rodrigo en junio del año 1979 desaparece misteriosamente del antejardín de la casa de su abuela para aparecer muerto en un sitio eriazo luego de 11 días de intensa búsqueda, encontrándose el cuerpo en un lugar ampliamente registrado en forma previa. Esta contradicción fue esclarecida en el año 2011 cuando un ex carabinero que participó de la búsqueda confesó a la madre de Rodrigo haber visto a agentes de la CNI depositar el cuerpo del niño, horas previas al hallazgo del cadáver.
Consta en la información del caso y en expediente judicial de la causa –que estuvo misteriosamente extraviado– que el Sr. Tuane colaboró como asesor directo de la policía en la investigación del hecho y fue él quien, supuestamente mediante hipnosis, recibiera la confesión del único inculpado, el entonces adolescente de 16 años Patricio Pincheira, quien en su condición de menor de edad termina siendo declarado sin discernimiento y derivado a una institución de menores de la época. En declaraciones recientes, Pincheira relata haber sido interrogado y sometido a apremios ilegítimos y amenazas por parte de la policía, como maniobras para obligarlo a confesar algo que él no había hecho.
Tuane, a propósito de su rol protagónico en la resolución del caso, escribe un libro titulado "Rodrigo: Una interpretación criminológica", publicado por Editorial Planeta Chilena, en 1982. Sin embargo, su planteamiento nunca ha sido acogido por los familiares de la víctima. Paola Papi, madre del niño, ha sido enfática en señalar que ese texto le parece una validación de la versión oficial del caso, la que hoy aparece cuestionada. Respecto de Tuane y sus declaraciones, en el fallo de la corte de Apelaciones de Santiago del uno de abril de 2010 se concluye que en su declaración constan marcadas contradicciones, como por ejemplo la obtención de un dibujo de Pincheira con escritura en inglés, en circunstancias que el niño no manejaba ese idioma. Estos antecedentes permiten introducir serias sospechas respecto del grado de participación que le pudiera caber en la distorsión de la verdad en un caso altamente sensible y para el que se maneja la tesis del móvil político.
Otros antecedentes de su trayectoria ligada a la dictadura se relacionan con el asesoramiento en materia de manejo y manipulación de la opinión pública. Su nombre aparece en una serie de documentos caratulados como "Campaña de penetración sicológica masiva", los cuales fueron encontrados en un subterráneo de La Moneda en el año 2004. Estos documentos, con firma de Tuane, tienen data del 19 de noviembre de 1973 y fueron dirigidos a la Junta militar bajo el título “Sobre la necesidad de realizar una campaña psicológico-masiva tendiente a destruir el marxismo como ideología”. En definitiva corresponde a un trabajo encargado en el contexto del cargo que este psicólogo desempeñaba en el Departamento de Relaciones humanas de la Secretaría General de Gobierno. En estos escritos Tuane y sus colaboradores sugirieron el temor de que militantes y dirigentes políticos de la Unidad Popular comenzaran a ganar espacios entre los habitantes, fundamentalmente "por la vía pacífica”, ante lo cual sugerían la necesidad de llevar adelante una campaña de adoctrinamiento de la población. Esta operación tenía como objetivo mantener a la población bajo "la amenaza de castigos angustiosos" para que vieran al gobierno militar "como única solución al problema llamado marxismo". Expresa Tuane en estos escritos: “La campaña tiene como objetivo fundamental actualizar los factoresneurotizantes que traumatizaron al ciudadano Chileno durante el régimen de la UP.”
Bajo este esquema es posible visualizar la utilización de conocimientos derivados de la psicología social tales como herramientas de persuasión que fueron puestos al servicio de un diseño ideológico que buscaba legitimar el orden dictatorial impuesto. Sin duda se pueden leer reminiscencias de la maquinaria persuasiva de quien fuera artífice de propaganda de Hitler, el icónico Goebbels. Los principios doctrinarios aplicados por Tuane son los mismos, persuadir mediante la manipulación psicológica con el objetivo de introducir una ideología en la población y así obtener el apoyo irrestricto. Sin duda, una psicología muy lejana al ideario del bienestar colectivo y de promoción de la dignidad de las personas. Es por ello que, en una época como la que vivimos, en que poco a poco como país y sociedad hemos comenzado a asumir estas verdades largamente negadas y manipuladas, se hace urgente fijar los parámetros del actuar ético en pos de educar a las nuevas generaciones y garantizar que nuestra dolorosa historia de ignominia y salvajismo no se vuelva a repetir. Solo la memoria nos puede librar de incurrir en el camino traumático que transitáramos durante tantos años. En mi calidad de psicóloga, profesional de la salud mental y habiendo ejercido la docencia universitaria miro con preocupación y espanto las malas prácticas que involucran la utilización del conocimiento disciplinar para fines contrarios al servicio a las personas y a la promoción de sus derechos esenciales. Señalo enfáticamente que la disciplina de la psicología no puede estar al servicio de ideologías contrarias al desarrollo integral del ser humano ni prestarse para validar y legitimar el poder, menos por la vía de causar sufrimiento a personas, en circunstancias que precisamente debemos apuntar al alivio del sufrimiento humano y la promoción de sus derechos fundamentales.
Cristhie Mella, Psicóloga especialista en Psicología Forense (Middlesex University, Londres). Académica.
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