Secciones

Buscamos Editores - Participa - Colabora

Mostrando entradas con la etiqueta Embarazadas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Embarazadas. Mostrar todas las entradas

sábado, 31 de agosto de 2013

A 40 AÑOS DEL GOLPE: LOS NIÑOS VIOLENTADOS

A 40 años del Golpe: Los Niños violentados

27 AGOSTO, 2013

A 40 AÑOS DEL GOLPE: LOS NIÑOS VIOLENTADOS

Los recientes hechos noticiosos derivados del caso de Ernesto Lejderman, el hijo de ejecutados políticos que en 1973, a los dos años de edad, presenció la muerte de sus padres y luego fue entregado por el entonces teniente Juan Emilio Cheyre a un convento, ha despertado preguntas. ¿Hubo más niños víctimas directas o indirectas de violencia política en esos años? ¿Qué pasó con ellos? La Comisión Valech acreditó que 2.200 menores sufrieron prisión o tortura durante la dictadura. Tres de esos niños, que hoy son adultos, hablan por primera vez en la prensa sobre las secuelas de esa vivencia.
Por Alejandra Carmona y Gabriela García / Fotografía: Álvaro de la Fuente
Sábado 31 de agosto 2013.
Debajo de su escritorio en su departamento en Ñuñoa, la documentalista Macarena Aguiló (42) tiene un pequeño baúl de madera, un baúl que le pertenece desde que era niña y que alguna vez sirvió para guardar sus juguetes. Hoy, en cambio, contiene recuerdos de la infancia: cartas, algunos cassettes, fotografías en blanco y negro donde aparece celebrando su tercer cumpleaños, y otras, junto a sus padres Margarita Marchi y Hernán Aguiló, ambos militantes del MIR. “Son tesoros emotivos, queridos”, dice.

Macarena Aguiló actualmente trabaja en un documental biográfico sobre su secuestro. En 1975 cuando fue detenida e interrogada por agentes de la DINA: querían saber dónde se escondía su padre, Hernán Aguiló, jefe militar del MIR. Ella nada sabía. Tenía 3 años de edad.
Hasta 2010, cuando Macarena estrenó El edificio de los chilenos, –el documental que cuenta la vida de los niños, como ella, que quedaron a cargo de tutores sociales en Cuba, a fines de los 70, mientras sus padres volvían a Chile a pelear contra Pinochet–, abrió numerosas veces ese baúl. Ahora necesita tenerlo cerca nuevamente, porque está trabajando en un nuevo documental biográfico sobre el secuestro y detención que vivió en 1975, cuando tenía 3 años, a manos de agentes de la DINA. “Es doloroso mirar ese episodio de mi infancia, pero necesario. Tengo 42 años y mi niñez sigue inspirando tantas preguntas que aún no tienen respuesta. Necesito saber quiénes son los responsables de lo que me pasó. Que se haga justicia”, dice.
En febrero de 1975 ella estaba en El Tambo, en San Vicente de Tagua Tagua, en casa de unos tíos –pues su madre estaba detenida– cuando la DINA irrumpió violentamente: querían saber sobre su padre, Hernán Aguiló, jefe militar del MIR y clandestino desde el Golpe. Como su tío no colaboró se lo llevaron detenido. Y tomaron al resto de los integrantes de la casa como rehenes en su propio domicilio: Macarena, su tía embarazada y su primo de dos años, convivieron durante tres semanas con los militares en condiciones que ella no logra recordar con nitidez, pero sí con sensaciones físicas: cada vez que intenta evocar ese recuerdo, le sobreviene un intenso dolor de estómago. “Lo que sí me acuerdo es que me pegué fuertemente en la cabeza y tuve un tec cerrado. Fui trasladada por estos hombres hasta el consultorio donde me asistieron”, dice.
“Son pocos los recuerdos, pero son fuertes. Me veo cayendo de una litera y llorando en el suelo. Siendo obligada a comer y a hacer pipí en una letrina. O en un patio, deseando saltar la pandereta. ¿Qué otras cosas viví que no soy capaz de recordar? Eso me pertuRba”, dice la documentalista Macarena Aguiló, que estuvo detenida cuando tenía 3 años.
Luego de esas tres semanas en que convivieron con miembros de la DINA, los militares trasladaron a Macarena y a su tía a Villa Grimaldi. Allí la interrogaron a cambio de dulces. Querían que les dijera dónde estaba su padre. Pero ella, que era una niña, no sabía nada. Ese mismo día la llevaron a la casa de su nana, Elsa, en el paradero 1 de Vicuña Mackenna. Elsa era su regazo vital. “En esa casa se instalaron otra vez, hasta que armaron un operativo para sacarme de ahí. Recuerdo vagamente que dos hombres y una mujer me metieron a un auto. Fue a fines de marzo de 1975. Luego desaparecí por 21 días”, cuenta Macarena.
No recuerda si le taparon la vista. Pero tiene la sensación de haber ido completamente a oscuras hasta el hogar Nº 1 de menores de Carabineros, que estaba ubicado en Manuel Montt con Irarrázaval. Tiene flashes, fragmentos que ha tenido que ir dilucidando con largos trabajos terapéuticos que le ayudaron a ligar esas imágenes con la angustia, el desamparo y el miedo, sensaciones que desde muy joven la asaltan de improviso.



Macarena Aguiló guarda algunos recuerdos de su niñez que la ayudan a recordar, como esta imagen en la que aparece en la loza del aeropuerto de Chile con su tío, a punto de tomar el avión que la llevará a Francia, donde se reencuentra con su madre, un año después de su secuestro. “Siento que he ido reconstruyendo de a pedacitos mi vida, y que solo terminando con la impunidad podré cerrarla”, dice la documentalista.
“Son pocos los recuerdos, pero son fuertes para mí. Me veo cayendo de una litera y llorando en el suelo por mucho rato. Me veo siendo obligada a comer y a hacer pipí en una letrina, o me veo en un patio, deseando saltar la pandereta. Son imágenes que me perturban porque denotan que tuve cierta conciencia de que estaba detenida. ¿Qué otras cosas viví que no soy capaz de recordar? A veces convivo armónicamente con esa pregunta, pero otras me derrumba”, dice.
Macarena fue inapetente hasta los 9 años y presentó estitiquez hasta hace 20. Pero, además, durante su infancia y adolescencia despertó muchas veces angustiada por una pesadilla recurrente: soñaba que se caía al vacío y no llegaba nunca al suelo. Despertaba sudando. “Luego, en mi juventud, ya no solo soñaba, pero sí me pasaba que me tropezaba fácilmente en la calle. Cuando me reconocieron como victima en la Comisión Valech, en 2004, me permití sentir lo que viví de chica. Me refiero a un vacío absoluto, un sentimiento de no tener piso, porque me lo quitaron a los 3 años, cuando recién se estaba instalando”, señala.
Macarena ahora sufre de vértigos. Cuando tuvo a su segundo hijo, Alonso, hace cinco años, tenía la impresión de que en cualquier momento se le podía caer de los brazos. Y ahora, cada vez que van al parque a jugar, ella se marea cuando su hijo se columpia.
“La maternidad me ha hecho dialogar conmigo, es un ir y venir de información donde es inevitable comparar a mis hijos con la niña que fui. Pero a la vez me invita a movilizar mis traumas hacia algún lado”, dice.
Cuando su primer hijo, Bruno (16) cumplió 3 años, la misma edad en que Macarena fue detenida, a ella le pasaron cosas. Un día, mientras lo miraba jugar tuvo una visión: se lo imaginó grande y preguntándole sobre su historia. Y decidió que no podía llegar a ese momento de brazos cruzados. Por eso, en 2001, presentó una querella por secuestro contra Augusto Pinochet y quienes resultasen responsables de su detención y secuestro. Aunque se reconoció el delito, fue sobreseída en 2006 por la Corte de Apelaciones de Santiago porque según el documento, “no se recabaron suficientes antecedentes para procesar a algún responsable o cómplice”. Macarena aún tiene la esperanza de poder reabrirla y lograr justicia.
“Siento que he ido reconstruyendo de a pedacitos mi vida, y que solo terminando con la impunidad podré cerrarla. En mi querella se reconoce el delito pero no se hace nada por saber quiénes fueron. Si yo no entregaba antecedentes, la causa no avanzaba, porque no se investigó a fondo. Intenté dar con testigos, pero no los encontré. Intenté reconstruir lo sucedido, pero mis recuerdos no fueron suficientes. Hoy, necesito que mis hijos vivan en una sociedad donde haya verdad, por eso estoy también haciendo esta película, para reflexionar sobre una reparación que aún no llega”.
HERIDA INVISIBLE
En el año 2004 la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura –también llamada Comisión Valech, presidida por el fallecido obispo Sergio Valech– visibilizó por primera vez que durante la dictadura hubo niños chilenos prisioneros o sometidos a violencia política clasificable en la definición de tortura. Y el segundo informe, en 2011, amplió esa información, sumando nuevos casos. “De los más de 38 mil casos que fueron calificados en ambas instancias, 2.200 eran menores de 18 años al momento de su detención”, señala María Luisa Sepúlveda, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech. Pero, se presume que son más.
“La comisión tiene el mérito de haber puesto un piso, que es un desde, de cuántos niños fueron prisioneros o sufrieron algún tipo de tortura. Pero ese número no da cuenta de la totalidad. Sabemos que hubo más: casos que no declararon. O que lo hicieron en otras organizaciones de derechos humanos y no en la Comisión Valech”, señala Lorena Fries, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el custodio de los documentos que recopiló la Comisión Valech.
Según los testimonios recogidos en las dos instancias de la Comisión Valech, en muchos casos los menores fueron violentados con el objetivo de obligar a sus padres a entregar a otros. O fueron utilizados como un método de tortura cuando sus padres se negaban a hablar.
Para definir qué calificaba como tortura, la comisión utilizó conceptos del derecho internacional y de las convenciones de Naciones Unidas y de la OEA sobre tortura, que señalan que “tortura” es cualquier acto que provoque dolor físico o mental y que haya sido cometido por un agente del Estado contra una persona con el fin de obtener confesiones, anular su personalidad o intimidarla.
“Hasta antes de la Comisión Valech, para contabilizar prisioneros políticos o personas torturadas, los niños eran sumados a los casos de sus padres. Para ir a declarar a la comisión fue requisito que las personas se acercaran individualmente y ahí nos empezamos a dar cuenta de que quienes habían sido niños al momento de la violencia política, pedían entrevistas independientemente del caso de sus padres. Junto con ello se sumó la carta de una niña que vivía en Estados Unidos. Ella tenía una depresión y los médicos que la trataban la atribuían a las torturas que recibió su madre cuando ella aún estaba en su vientre. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que también teníamos que considerar en el informe, como individuos afectados, a los niños en gestación”, relata María Luisa Sepúlveda.
Los informes de la comisión, al contrario de lo ocurrido con el informe Retting sobre Detenidos Desaparecidos, no incluyen testimonios. Solo acreditan nombres. Esto, porque la ley 19.992, de diciembre de 2004, estableció que la totalidad de los documentos y testimonios aportados por las víctimas son secretos por un plazo de 50 años, periodo en que ninguna persona, autoridad ni juzgado puede acceder a ellos. “Hoy ni yo tengo acceso a los archivos. Están bajo siete llaves en el Instituto de Derechos Humanos. Se hizo por preservar la dignidad y la privacidad de los declarantes”, dice María Luisa Sepúlveda.
Eso ha dificultado que esto se sepa. Especialmente porque pocos de estos casos han llegado a la Justicia y ninguno ha recibido condena. “La comisión no solicitó antecedentes de identidad de los agentes represores y, aunque algunos declarantes los identificaron, la mayoría no”, explica María Luisa Sepúlveda. Como no ha habido visibilización ni justicia, los niños violentados han sido las víctimas menos reconocidas y menos reparadas. Su proceso ha sido solitario.
UNA IMAGEN TORMENTOSA
Cuando su hija cumplió nueve años, la ingeniera Ninoska Henríquez (46), se miró al espejo y sintió angustia.
“Ese año fue muy complicado para mí. No quería que ella tuviera nueve años, ¡no quería! No quería que ella sintiera mi dolor. Yo siempre quise que cumpliera luego los 10. Que esa edad, la edad que a mí me cambió la vida, a ella se le pasara volando”, confiesa en un hilo de voz.
Ninoska tenía 9 años cuando un grupo de agentes de la DINA entró violetamente a la casa de Quintero donde vivía con sus abuelos, Bernardo Araya –diputado del PC– y María Olga Flores. Fue el 2 de abril de 1976. Se la llevaron a ella, sus abuelos, su hermano Vladimir (15) y su primo Eduardo (9).
Ninoska Henríquez tenía 9 años cuando fue detenida junto a sus abuelos. Recuerda haber dormido en literas, haber sido obligada a ingerir unas pastillas celestes y a contestar preguntas. También recuerda una imagen que hasta hoy la atormenta: “Vi que a mi abuelo lo tenían colgando de los brazos, pendiendo de un palo. A mi abuela la tenían sentada en una silla”.
Ninoska recuerda el trayecto casi de memoria. Mientras a sus abuelos les cubrieron los ojos con cinta adhesiva para que no miraran el camino, a ella le ordenaron taparse la cara con el poncho que llevaba puesto y, que sin embargo, le permitió ver el destino final: una casa blanca de dos pisos; un sitio que después describiría con detalles en las primeras denuncias que presentó su familia ante la Vicaría de la Solidaridad.
De los dos días en cautiverio recuerda haber dormido en literas, haber sido obligada a ingerir unas “pastillas celestes” y a contestar preguntas. Y también una imagen que hasta hoy la atormenta: “Nos subieron a la pieza y al entrar pude ver que a mi abuelo lo tenían colgando de los brazos, pendiendo de un palo. A mi abuela la tenían sentada en una silla”, recuerda. Después de ese episodio, sus abuelos pasaron a formar parte de los detenidos desaparecidos en Chile. Las vidas del resto de la familia de Ninoska se separaron para siempre después de la detención.


Ninoska Henríquez hizo crisis cuando su hija cumplió 9 años; le sobrevino una angustia espantosa. Ella tenía esa edad cuando fue detenida con sus abuelos, que eran comunistas. Esa experiencia le ha dejado numerosas secuelas. A pesar de eso, nunca ha querido hacerse una terapia porque cree que las heridas hay que llevarlas puestas.
Tras su detención, a Ninoska la dejaron sola en una calle del sector Las Rejas. Para protegerla y evitar que nuevamente pudiera pasarle algo, conocidos de su familia la escondieron un tiempo en un convento. También vivió clandestina, con familias amigas de sus padres. Incluso, con solo 9 años, usó un nombre falso: Nina Romero Sandoval.
La abogada Carmen Hertz, precisa que el caso de Ninoska es emblemático: “Es uno de los primeros casos en que se acredita el secuestro de niños. A través de su relato y el de sus hermanos fue posible conocer otro recinto clandestino de la DINA, el cuartel Venecia, del que no teníamos antecedentes”, cuenta. El testimonio de Ninoska fue calificado por la Comisión Valech.
A casi 37 años de ese hecho, Ninoska sigue teniendo pesadillas con ese momento. “Sueño con mi abuelo muy lejos de mi abuelita, pero el sueño se interrumpe y despierto llorando”, cuenta.
LA VOZ DEL CUERPO

El neurosiquiatra y siquiatra infantil Jorge Barudy ha asistido a muchos de los niños que sufrieron violencia política durante la dictadura. Desde 2006 viaja desde España, donde reside, para reunirse con los 20 miembros que integran la agrupación de Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura de Valparaíso, creada en 2005. Los escucha por horas y escudriña la mejor forma de enfrentar su infancia golpeada.
“Los adultos que hemos atendido no tenían recuerdos nítidos de lo que les había sucedido antes de comenzar el trabajo terapéutico de reconstrucción de la memoria, pero sí tenían un malestar síquico crónico y una cantidad de otros síntomas que difícilmente podrían explicar”, dice. Otros padecían de amnesias parciales o totales de lo que les aconteció, lo que se explica por el desarrollo de reacciones disociativas, que corresponden a un mecanismo de protección que posee el cerebro humano para escapar de la angustia y el horror que se desencadena cuando los menores vuelven a estos recuerdos”, afirma.
El siquiatra explica que se trata de pacientes que llegan a la terapia con dificultad, incluso para validar ante sí mismos su condición de víctimas. Esto está desarrollado en la literatura. “Se ha demostrado que hasta los cuatro o cinco años es muy difícil para los niños conservar recuerdos nítidos de lo que les pasó, pero eso no significa que no exista una memoria; lo que sucede es que lo que queda registrado en el cerebro son las sensaciones y emociones de lo vivido”, señala Barudy.
“Por eso, para elaborar su trauma y superarlo, es fundamental hablarlo, verbalizarlo para que exista, para que tome cuerpo y se vuelva real. Para llegar a sanar son años de terapia, para sacar esos fantasmas, apropiarte de tu historia por más dolorosa que sea”, agrega.
EL SILENCIO DEL PADRE

A Patricio Ibacache (42) no le gusta recordar. Es tímido. Le cuesta relacionarse. No se ha casado ni tiene hijos. Nunca se ha enamorado.
Hace 10 años llegó por primera vez a terapia sicológica. Entró a una de las salitas del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y trató de buscar las razones de por qué nunca ha logrado amar a una mujer.
“Tómame la mano con fuerza”, le dijo Lorena, la sicóloga, ese día de septiembre de 2003. “Mírame, ¿qué sientes?”, insistió, intentando ablandar su timidez. Pero él no sentía nada más que el mismo temor que lo atraviesa cada vez que tiene que hablar de sí mismo.
“Tengo miedo de contar quién soy y qué viví cuando era un niño. Tengo miedo a que me rechacen o me juzguen”, le dijo a Lorena en esa primera sesión. Patricio cree que su dificultad para la intimidad tiene que ver con un momento preciso de su vida que recuerda con retazos de imágenes.
“Se ha demostrado que hasta los cuatro o cinco años es muy difícil para los niños conservar recuerdos nítidos de lo que les pasó, pero eso no significa que no exista una memoria; lo que sucede es que lo que queda registrado son las sensaciones y emociones de lo vivido”, señala el siquiatra Jorge Barudy.
El 14 de septiembre de 1973, cuando tenía dos años y seis meses, su papá, Sergio (su nombre ha sido cambiado por petición del entrevistado), obrero de una metalúrgica dedicada a construir viviendas sociales durante la Unidad Popular, fue a su empresa a ver cómo seguiría funcionando su turno. No tenía con quién dejar a Patricio, así es que partió con él en brazos. Al llegar a la empresa lo detuvieron junto al niño y a decenas de compañeros de trabajo, a los que interrogaban buscando armamento.
Desde ese momento y por casi dos semanas, la mamá de Patricio, Margarita (su nombre también ha sido cambiado) dejó los pies en la calle buscando a su esposo y a su hijo. Recorrió tenencias de carabineros, hospitales, la Cruz Roja y la Intendencia de la Quinta Región. Finalmente, después de 14 días, encontró a su hijo en la base aeronaval de El Belloto, que estaba operando como campo de prisioneros políticos.
El niño corría por una sala de 50 metros cuadrados. Estaba sucio, con el mismo buzo que llevaba puesto cuando desapareció con su padre. Para comprobar que el niño era “suyo”, tuvo que revelar que el pequeño tenía un lunar, del porte de un poroto, bajo el glúteo derecho.
“Mi hijo tenía quemaduras de cigarrillos en los brazos. Es lo que usaron para que su papá hablara y dijera dónde estaban las armas, de las que jamás supo nada”, cuenta, 40 años después, Margarita llorando, mientras su hijo la abraza.

Patricio Ibacache tenía 2 años y seis meses cuando fue detenido junto a su padre. Su madre lo buscó por 14 días en hospitales, la Cruz Roja y la Intendencia de Valparaíso. Cuando lo encontró, tenía quemaduras de cigarrillos en los brazos. Así sus captores hicieron hablar a su padre.
Patricio aún conserva las marcas de esos cigarrillos en sus brazos. Son piquetes blancos que se asoman sobre la piel. Pero las heridas que más daño le han causado son invisibles. No tiene amigos. No tiene pareja. “Si me preguntan sobre mi niñez todo se me bloquea. Hasta ahora he sido incapaz de contar lo que me pasó”, dice. Cuando una polola ha querido saber algo más, todo se arruina. El año pasado fue a una entrevista de trabajo, le preguntaron por su infancia y no fue capaz de entregar detalles.
Mientras Patricio habla, su papá –que en 1973 llegó tres meses después que él a su casa, lacerado por los golpes– se pasea de un lado a otro en el comedor de su hogar, en Villa Alemana. Durante toda la conversación, escucha y observa, pero no dice ni una palabra.
Así ha sido durante estos últimos 40 años. Nunca ha hablado con su hijo de lo que pasó en la base de El Belloto.
Pero la conversación moviliza algo en él. Semanas después de esta entrevista, le dijo a Patricio que quería contarle algo. Tras 40 años, Patricio se enteró de los nombres de los torturadores de su padre. Sergio se los escribió en un papel.
Patricio aún no ha decidido qué hacer con esa información.

viernes, 30 de agosto de 2013

TODAS ÍBAMOS A SER REINAS: La historia de las mujeres embarazadas que hizo desaparecer la dictadura


Nicole Drouilly no sabe qué pasó con su hermana Michelle (24), menos cuál fue el destino del hijo que esperaba, un embarazo que llegaba a los cuatro meses cuando la represión de la dictadura abortó su futuro. -Mi hermana estudiaba Servicio Social –cuenta Nicole-. Estaba haciendo la práctica en el Inacap. Eran momentos terribles en Chile. Ella y su marido, ambos militantes del MIR, vivían bajo la constante amenaza de la detención. Jacqueline se había quedado embarazada en más de una oportunidad, pero desgraciadamente había sufrido pérdidas. Ella confiaba que esta vez eso no sucedería, ya que estaba por completar los 4 meses. A sus colegas del Inacap les había dicho que ella y su marido estaban muy contentos e ilusionados, a pesar de las circunstancias.

Jaqueline Paulette Droully Yurich fue detenida el 30 de octubre de 1974. Según los testigos que la vieron por última vez con vida, agentes de la DINA la sacaron junto a su esposo de Cuatro Álamos con paradero desconocido. Su familia nunca más volvió a saber de ella. Es una de las nueve mujeres que ha contabilizado la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; mujeres que desaparecieron en manos de los órganos represivos del Estado aunque estaban embarazadas. Después que estallara el caso Lejderman, la AFDD envió una carta al ex comandante del Ejército, Juan Emilio Cheyre, donde lo emplaza a entregar antecedentes sobre el paradero de los hijos de estas mujeres.


HISTORIAS ROBADAS

Entre los nombres de mujeres embarazadas al momento de su detención, que registran las agrupaciones se encuentra Cecilia Miguelina Bojanic Abad, quien fue detenida junto a su esposo Flavio Oyarzún el 2 de octubre de 1974. Tenía 5 meses de embarazo. Hay sospechas de que ambos fueron trasladados a Colonia Dignidad.

- María Cecilia Labrin Lazo (25), una asistente social, fue secuestrada el 12 de agosto de 1974 y llevada a la casa de torturas de la DINA de Londres 38.

- Nalvia Rosa Mena Alvarado (20) fue secuestrada junto con su esposo Luis Emilio Recabarren González y su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González el 29 de abril de 1976. Tenía 3 meses de embarazo.

- Reinalda del Carmen Pereira Plaza (29) tenía 6 meses de embarazo al momento de su detención el 15 de diciembre de 1976. Hay quienes han señalado que mientras ella era torturada se podía ver a su bebé moviéndose en el vientre.

- Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra (27) fue detenida el 15 de diciembre 1976. Tenía 6 meses de embarazo.

- Michelle Peña Herreros (27), estudiante de Ingeniería, tenía más de 8 meses de embarazo. Fue detenida el 20 de junio de 1975 y llevada a Villa Grimaldi, donde fue vista por última vez con vida.

- Diana Arón (24). Cuando fue detenida estaba embarazada de 3 meses y medio.

- Gloria Lagos Nilsson, madre de tres hijos y embarazada de 3 meses. Fue vista en septiembre de 1974 en Cuatro Álamos. La hija de Gloria Lagos, Marcela Meza, responde estas preguntas desde su computador en Suecia, cuando acaba de terminar de ver el segundo capítulo de “Chile: las imágenes prohibidas”, de CHV. Para ella, a pocos días que se cumplan 39 años desde su desaparición (el 26 de agosto) ese dolor parece hoy más palpable. “Las lágrimas no borrarán nunca el horror vivido”, dice y recuerda la última vez que pensó que su madre podría haber alcanzado a dar a luz a un niño.


“TODAS ÍBAMOS A SER REINAS”

El año 2002, la siquiatra del Codepu, Paz Rojas, estuvo a cargo de la investigación “Todas Íbamos a ser Reinas”, un libro que daba cuenta de la historia de 10 mujeres detenidas desaparecidas embarazadas. La siquiatra cuenta que no sólo se hizo un trabajo con la familia más directa, sino que con las personas que estuvieron presas con ellas y hubo algunos casos en que los familiares sospechan que pudo haber nacido un niño. “Es el caso de María Cecilia Labrín. Trabajando mucho con su madre años después de esto, ella recibió antecedentes de que el hijo pudo haber nacido”, cuenta Rojas.

Otro de los embarazos de término probable, es el de Michelle Peña Herreros, que tenía más de 8 meses al momento de su detención. “Es muy probable que el niño sí nació. La madre de ella muchas veces recibió recados de diferentes personas que iban a su casa y ellos le decían que había nacido un niño de Michelle, pero no había más familia de ellas en Chile”, cuenta la siquiatra, quien también asegura que el silencio y la falta de información ha sido un obstáculo que nunca ha aflojado.

Según la doctora Rojas muchos de los responsables no han hablado nunca, pero “todos sabemos quiénes las detuvieron y hacia dónde las llevaron. Esa gente tiene que saber algo del destino final de ellas, y no se ha hecho justicia sobre eso”. Para la doctora, el Estado nunca se ha hecho cargo de ésta y de otras situaciones de vulneración de los derechos humanos en dictadura. “Fuera de hacer el listado de la comisión Rettig, puso los nombres y antecedentes mínimos, pero no se nombraron responsables y esa no es una crítica de mi parte, sino universal. En cualquier parte del mundo se ponen las víctimas, pero también los responsables; y acá eso nunca pasó”.

Marcela Meza, que cuando detuvieron a su madre tenía 8 años, cuenta que además del proceso aún abierto por la muerte de Carolina, comenzará una demanda civil contra el Estado: “Jamás podremos describir enteramente lo que ha significado la ausencia de mi madre, las secuelas emocionales son para toda la vida. Si a esto le adjuntamos la indiferencia política que ha imposibilitado los procesos legales, la impotencia se vuelve una emoción latente y constante”.

http://www.gamba.cl/todas-ibamos-a-ser-reinas-la-historia-de-las-mujeres-embarazadas-que-hizo-desaparecer-la-dictadura/

martes, 27 de agosto de 2013

Las mujeres embarazadas que hizo desaparecer la dictadura

27 DE AGOSTO DE 2013
Otra incógnita que abrió el caso Cheyre

El caso Lejderman no sólo sacó al presidente del consejo directivo del Servel de su cargo, también recordó preguntas guardadas por décadas, como la falta de información que ha rodeado la desaparición de nueve mujeres que estaban en estado de gravidez al momento de ser secuestradas. Algunos de sus familiares recibieron pistas después de sus detenciones y ciertas abuelas murieron creyendo que sus nietos habían nacido.

Nicole Drouilly no sabe qué pasó con su hermana Michelle (24), menos cuál fue el destino del hijo que esperaba, un embarazo que llegaba a los cuatro meses cuando la represión de la dictadura abortó su futuro.
-Mi hermana estudiaba Servicio Social –cuenta Nicole-. Estaba  haciendo la práctica en el Inacap. Eran momentos terribles en Chile. Ella y su marido, ambos militantes del MIR, vivían bajo la constante amenaza de la detención. Jacqueline se había quedado embarazada en más de una oportunidad, pero desgraciadamente había sufrido pérdidas. Ella confiaba que esta vez eso no sucedería, ya que estaba por completar los 4 meses. A sus colegas del Inacap les había dicho que ella y su marido estaban muy contentos e ilusionados, a pesar de las circunstancias.
Jaqueline Paulette Droully Yurich fue detenida el 30 de octubre de 1974. Según los testigos que la vieron por última vez con vida, agentes de la DINA la sacaron junto a su esposo de Cuatro Álamos con paradero desconocido. Su familia nunca más volvió a saber de ella.
Es una de las nueve mujeres que ha contabilizado la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; mujeres que desaparecieron en manos de los órganos represivos del Estado aunque estaban embarazadas. Después que estallara el caso Lejderman, la AFDD envió una carta al ex comandante del Ejército, Juan Emilio Cheyre, donde lo emplaza a entregar antecedentes sobre el paradero de los hijos de estas mujeres.
Otro de los embarazos de término probable, es el de Michelle Peña Herreros, que tenía más de 8 meses al momento de su detención. “Es muy probable que el niño sí nació. La madre de ella muchas veces recibió recados de diferentes personas que iban a su casa y ellos le decían que había nacido un niño de Michelle, pero no había más familia de ellas en Chile”, dice la siquiatra, quien también asegura que el silencio y la falta de información ha sido un obstáculo que nunca ha aflojado.
“El drama de los hijos que pudieron haber nacido en prisión y sobre los cuales nunca hemos sabido nada está siempre presente en forma especial en nuestra demandas”, dice Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Hoy cobra relevancia por el caso de Ernesto Lejdermann, ya que este chico pudo haber desaparecido al igual que los hijos de las madres desaparecidas que hayan logrado dar a luz”.

HISTORIAS ROBADAS

Entre los nombres de mujeres embarazadas al momento de su detención, que registran las agrupaciones se encuentra Cecilia Miguelina Bojanic Abad, quien fue detenida junto a su esposo Flavio Oyarzún el 2 de octubre de 1974. Tenía 5 meses de embarazo. Hay sospechas de que ambos fueron trasladados a Colonia Dignidad.
María Cecilia Labrin Lazo (25), una asistente social, fue secuestrada el 12 de agosto de 1974 y llevada a la casa de torturas de la DINA de Londres 38.
Nalvia Rosa Mena Alvarado (20) fue secuestrada junto con su esposo Luis Emilio Recabarren González y su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González el 29 de abril de 1976. Tenía 3 meses de embarazo.
Reinalda del Carmen Pereira Plaza (29) tenía 6 meses de embarazo al momento de su detención el 15 de diciembre de 1976. Hay quienes han señalado que mientras ella era torturada se podía ver a su bebé moviéndose en el vientre.
Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra (27) fue detenida el 15 de diciembre 1976. Tenía 6 meses de embarazo.
Michelle Peña Herreros (27), estudiante de Ingeniería, tenía más de 8 meses de embarazo. Fue detenida el 20 de junio de 1975 y llevada a Villa Grimaldi, donde fue vista por última vez con vida.
Diana Arón (24). Cuando fue detenida estaba embarazada de 3 meses y medio.
Gloria Lagos Nilsson, madre de tres hijos y embarazada de 3 meses. Fue vista en septiembre de 1974 en Cuatro Álamos.
La hija de Gloria Lagos, Marcela Meza, responde estas preguntas desde su computador en Suecia, cuando acaba de terminar de ver el segundo capítulo de “Chile: las imágenes prohibidas”, de CHV. Para ella, a pocos días que se cumplan 39 años desde su desaparición (el 26 de agosto) ese dolor parece hoy más palpable. “Las lágrimas no borrarán nunca el horror vivido”, dice y recuerda la última vez que pensó que su madre podría haber alcanzado a dar a luz a un niño:
-Hace un par de años aparecieron antecedentes de personas que estaban buscando su identidad. El año pasado el Servicio Médico Legal se contacta conmigo y se crea una confusión muy dolorosa. Aparentemente mi madre cumplía los requisitos (junto a otras cinco mujeres detenidas desparecidas) de haber dado a luz a uno de estas personas. El SML necesita muestras de sangre para determinar ADN. El caso de los posibles nacimientos se mezclan con la necesidad de tener pruebas para el banco de ADN. Yo viajo con urgencia con esa esperanza ciega de que quizás, quizás… mi prueba de sangre pueda clarificar y determinar si mi madre era la madre biológica de los que buscaban. Un día antes de volver me hicieron saber que no.
Marcela cree que su madre fue asesinada antes de un posible nacimiento. “Hay testimonios que cuentan que la vieron muy torturada y su embarazo estaba en el primer trimestre. Intelectualmente parece imposible que la mantuvieran viva hasta su término. Emocionalmente siempre existirá la incertidumbre, siempre”, dice.
Mireya Garcia dice que si los hijos, al menos, de Michell Peña y Cecilia Labrín nacieron, “necesariamente están en manos de genocidas, pero no tenemos cómo probar nada”.

LA FRAGILIDAD DE LA MEMORIA

El año 2002, la siquiatra del Codepu, Paz Rojas, estuvo a cargo de la investigación “Todas Íbamos a ser Reinas”, un libro que daba cuenta de la historia de 10 mujeres detenidas desaparecidas embarazadas.
La siquiatra cuenta que no sólo se hizo un trabajo con la familia más directa, sino que con las personas que estuvieron presas con ellas y hubo algunos casos en que los familiares sospechan que pudo haber nacido un niño. “Es el caso de María Cecilia Labrín. Trabajando mucho con su madre años después de esto, ella recibió antecedentes de que el hijo pudo haber nacido”, cuenta Rojas.
Otro de los embarazos de término probable, es el de Michelle Peña Herreros, que tenía más de 8 meses al momento de su detención. “Es muy probable que el niño sí nació. La madre de ella muchas veces recibió recados de diferentes personas que iban a su casa y ellos le decían que había nacido un niño de Michelle, pero no había más familia de ellas en Chile”, cuenta la siquiatra, quien también asegura que el silencio y la falta de información ha sido un obstáculo que nunca ha aflojado.
Según la doctora Rojas muchos de los responsables no han hablado nunca, pero “todos sabemos quiénes las detuvieron y hacia dónde las llevaron. Esa gente tiene que saber algo del destino final de ellas, y no se ha hecho justicia sobre eso”.  Para la doctora, el Estado nunca se ha hecho cargo de ésta y de otras situaciones de vulneración de los derechos humanos en dictadura. “Fuera de hacer el listado de la comisión Rettig, puso los nombres y antecedentes mínimos, pero no se nombraron responsables y esa no es una crítica de mi parte, sino universal. En cualquier parte del mundo se ponen las víctimas, pero también los responsables; y acá eso nunca pasó”.
Marcela Meza, que cuando detuvieron a su madre tenía 8 años, cuenta que además del proceso aún abierto por la muerte de Carolina, comenzará una demanda civil contra el Estado: “Jamás podremos describir enteramente lo que ha significado la ausencia de mi madre, las secuelas emocionales son para toda la vida. Si a esto le adjuntamos la indiferencia política que ha imposibilitado los procesos legales, la impotencia se vuelve una emoción latente y constante”.

http://www.elmostrador.cl/pais/2013/08/27/las-mujeres-embarazadas-que-hizo-desaparecer-la-dictadura/

sábado, 3 de marzo de 2012

Leonidas Isabel Díaz fue ejecutada en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973.


Leonidas Isabel Díaz fue ejecutada en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973. Tenía 14 años y seis meses de embarazo. (Fotografía: www.memoriaviva.com)
 Leonidas Isabel Díaz, una niña de 14 años que estaba embarazada ASESINADA POR UN GRUPO MILITAR EN PUENTE BULNES 
“Abrí un frigorífico y vi a Verdejo, con la cara y el pecho hecha tira por las balas. Abrí otro y vi a la muchacha. Su cuerpo estaba cortado y su bebé de seis meses de gestación estaba al lado, todavía atado al cordón umbilical. El bebé no tenía balas. El vientre de la muchacha estaba destrozado por las balas, pero no le pasó nada al bebé,” relató Rodríguez. Luego encontró a otros dos amigos que habían sido detenidos con su hermano: Jaime Bastías y Luis Toro
RELATO DE UNO DE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS GOLPE DE ESTADO , CHILE 1973

Elizabeth LEONIDAS Diaz Diaz

(el nombre  Elizabeth LEONIDAS CONTRERAS es incorrecto)

En la madrugada del 14 de octubre de 1973, ocho personas son ejecutadas por efectivos de Carabineros. Ellos eran:

- Alfredo Andrés MORENO MENA, 23 años, obrero;

- Luis Miguel RODRIGUEZ ARANCIBIA, 23 años, feriante;

- Luis Alberto VERDEJO CONTRERAS, 26 años, comerciante;

- Elizabeth LEONIDAS CONTRERAS, estudiante de 14 años de edad, quien se encontraba embarazada;

- Jaime Max BASTIAS MARTINEZ, 17 años, obrero;

- Luis SUAZO SUAZO, 20 años, pintor de automóviles;

- Domingo de la Cruz MORALES DIAZ, 20 años, electricista; y

- Luis TORO.

En horas de la tarde del 13 de octubre de 1973, una patrulla de carabineros llegó a la Quinta de Recreo “Los Sauces de Puente Alto”, procediendo a detener, ante testigos, a las personas arriba individualizadas. Fueron llevados a la 20ª Comisaría de Puente Alto y de allí los condujeron a la 4ª Comisaría de Santiago.

En la madrugada del 14 de octubre de 1973 fueron subidos a un jeep, siendo llevados a orillas del río Mapocho a la altura del Puente Bulnes. En este lugar y, ante testigos, los obligaron a descender del vehículo. Les gritaron que arrancaran y de inmediato, comenzaron a dispararles.

Los familiares encontraron, con posterioridad, los cadáveres en el Instituto Médico Legal. En los protocolos de autopsia consta que los cuerpos fueron encontrados en el río Mapocho a la altura del puente Bulnes y que murieron a bala.

Estando acreditada la detención, el lugar, fecha y causa de sus muertes, esta Comisión ha adquirido la convicción que Alfredo Moreno, Luis Miguel Rodríguez, Luis Alberto Verdejo, Elizabeth Leonidas, Jaime Max Bastías, Luis Suazo y Luis Toro fueron ejecutados por agentes del Estado, constituyendo este hecho una grave violación a los derechos humanos.
(Informe Rettig)
 

Martes 5 de agosto de 2003  La Nación
Sobreseen caso de ejecutados de Puente Alto
El ministro Daniel Calvo dictó ayer el sobreseimiento definitivo en el caso de la muerte de seis personas en Puente Alto, hecho ocurrido en octubre de 1973, y en el que se encontraba como único procesado el carabinero en retiro, Rubén Osvaldo Barría Igor. La resolución del magistrado establece el sobreseimiento de dicho proceso “por encontrarse prescrita la acción penal”, dejando sin efecto la encargatoria de reo.
Barría se encontraba procesado por los presuntos delitos de sustracción de menores con homicidio en perjuicio de Leonidas Díaz Díaz y Jaime Bastías Martínez, de 14 y 17 años al momento de su ejecución, además de secuestro con homicidio en contra de Alfredo Moreno Mena, Luis Rodríguez Arancibia, Luis Verdejo Contreras y Luis Suazo Suazo, y del delito de secuestro de Luis Abraham González Plaza, de 19 años al momento de los hechos, y único sobreviviente.
Detenidos por ebriedad
El grupo fue detenido por personal de Carabineros el 12 de octubre de 1973 en la vía pública por los delitos de desórdenes callejeros y ebriedad. Los jovenes y niños fueron trasladados durante la jornada a la Segunda Comisaría de Puente Alto, derivados luego a la Cuarta Comisaría de Santiago y luego a la Tenencia “Rogelio Ugarte”, desde donde fueron sacados y ejecutados en las riberas del río Mapocho durante las horas del toque de queda, a la altura del Puente Bulnes.
Pero, el magistrado estimó que “no existen antecedentes que permitan presumir que los ilícitos que le han sido imputados a Barría sean de aquellos que se denominan crímenes de guerra, genocidio o agresión, los cuales según la doctrina impedirían acoger la prescripción penal”, indica la resolución. Junto con sobreseer ese proceso, se acogió la prescripción de la acción civil requerida en contra del fisco de Chile.
2 de Febrero 2007  El Mostrador
Corte ordena indemnización para sobreviviente de represión militar
Tribunal determinó que el Estado es responsable de un operativo efectuado el 12 de octubre de 1973, que terminó con la muerte de siete jóvenes, de entre 14 y 26 años, y del que sólo una persona escapó con vida. Además, dispuso una reparación de $ 200 millones para las familias de cuatro de las víctimas, mientras que el oficial a cargo de la patrulla fue sentenciado a 16 años de presidio.
En un fallo que podría marcar precedentes desde el punto de vista judicial por la reparación monetaria en casos de crímenes de la dictadura, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de $ 65 millones a un sobreviviente de una ejecución política realizada por efectivos de Carabineros el octubre de 1973.
En resolución unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino, integrada por los ministros Jorge Dahm, Manuel Antonio Valderrama y el abogado Francisco Tapia, sentenció al Fisco a cancelar la suma antes señalada a Luis Abraham González Plaza, quien fue la única persona que sobrevivió a una ejecución extrajudicial practicada por policías el 12 de octubre de 1973, en una de las riberas del río Mapocho.
El tribunal ordenó pagar otros $ 200 millones a los familiares de cuatro jóvenes que murieron fusilados por la policía –los parientes de otras tres víctimas no presentaron demandas-, al tiempo que sentenció al oficial de Carabineros Rubén Osvaldo Barría Igor a 16 años de presidio efectivo.
El fallo revocó una decisión del entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Daniel Calvo Flores, que el 4 de agosto de 2003 había desestimado la condena al aplicar la prescripción del delito de homicidio y, además, negado el pago de la consiguiente indemnización al estado chileno.
La resolución aplica los Convenios Internacionales de Ginebra para declarar que los delitos de homicidio son imprescriptibles tanto en el ámbito penal, como en el civil.
Derecho Internacional obliga al pago
En el caso de González Plaza, el fallo establece que como consecuencia de las balas que se alojaron en su cuerpo lo dejaron con una inflamación de tejido óseo conocida como osteomielitis escapular derecha deriva de una bala que se alojó en su cuerpo y que luego fue extraída.
“La reparación en este último caso ha de tener especialmente en consideración, no sólo las penurias que ha debido soportar la víctima al padecer de los sufrimientos a la comisión del delito sino de las secuelas posteriores (...) en la especie, el Estado de Chile en cuanto a que los hechos por los que la víctima sufre daño, provienen de la actuación de funcionarios de Carabineros de Chile, el cuerpo armado de policía encargado del orden”, afirma la sentencia.
En el tema de la reparación civil, el fallo asegura que no se pueden aplicar las normas de Código Civil que data de 1855, pues los Convenios de Ginebra, de 1949, establecieron que son imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos en el ámbito penal, lo que se debe ampliar al ámbito de la justicia civil.
“Tratándose de crímenes de guerra, en cuya virtud es imprescriptible la acción penal, no es posible desconocer la naturaleza unitaria del proceso penal, por la que, consecuentemente con la sanción que corresponde aplicar en virtud de las normas penales, ha de establecerse naturalmente la sanción civil, toda vez que el daño ha sido declarado y que fundamenta la primera, ha de repararse en virtud de la segunda, pues la fuente de las obligaciones es la mismas”, agrega.
Tarde fatal en la quinta de recreo
La historia de Luis Abraham Plaza González podría ser una de las más emblemáticas de la dura represión que se aplicó luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y en la que agentes del estado creyeron que tenían carta blanca para realizar toda clase de delitos sin que fueran sancionados y sin tener justificación aparente.
Plaza, en ese entonces de 19 años, estaba a las cuatro de la tarde del viernes 12 de octubre de 1973, junto a unos amigos en la quinta de recreo “El Sauce”, ubicada en la comuna de Puente Alto, cuando violentamente ingresó al local una patrulla de cuatro carabineros en la que iba Rubén Osvaldo Barria Igor y se llevó detenidas a varias personas, que aparentemente no tenían ninguna vinculación con actividades políticas.
Los detenidos fueron llevados en primer término a la Segunda Comisaría de Puente Alto, donde no se hizo registro de su ingreso, y luego trasladados hasta la Cuarta Comisaría de Santiago, ubicada en calle Chiloé de Santiago, donde tampoco se deja huella oficial de su pasado.
Más tarde, los condujeron a la Tenencia Rogelio Ugarte, desde donde siete jóvenes, de entre 14 y 26 años, fueron llevados hasta el Puente Bulnes para ser ejecutados entre la noche del 13 de octubre y la madrugada del día siguiente.
Las víctimas de la represión policial fueron: Leonidas Isabel Díaz Díaz (14 años); Jaime Max Bastías Martínez (17); Luis Abraham González Plaza (19); Luis Suazo Suazo (20); Alfredo Andrés Moreno Mena (23); Luis Miguel Rodríguez Arancibia (23) y Luis Alberto Verdejo Contreras (26), todos ejecutados con ráfagas de balas en el tórax y el cráneo.
Los integrantes de la patrulla, antes de comenzar a disparar, les dijeron a los jóvenes que corrieran del lugar, pero las ráfagas disparadas hicieron casi imposible la fuga, y algunos de los cuerpos cayeron luego de ser abatidos al cauce del río Mapocho. Sólo Luis Plaza logró sobrevivir, porque dos cuerpos inertes le cayeron encima y “amortiguaron” las balas que se dispararon para asegurarse de la muerte, luego de los primeros disparos.
Un aspecto final que cabe recordar al momento de evaluar la brutalidad del crimen cometido es que a la fecha de los hechos la mayoría de edad legal se cumplía a los 21 años, por lo que en la práctica los policías dispararon en contra de cuatro menores de edad que sólo habían ido a divertirse a una quinta de recreo

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Detenidas desaparecidas que estaban embarazadas ¿DONDE ESTAN SUS HIJOS?



La irracionalidad pudo más: durante la dictadura militar las llevaron detenidas estando embarazadas y las hicieron desaparecer junto con sus hijos. Nada se sabe de esos niños, que hoy serían veinteañeros.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) registra nueve casos de mujeres embarazadas cuya suerte se desconoce. Este año se inició una campaña para ubicar a sus hijos, eventualmente nacidos en cautiverio, que contempló una línea telefónica. Sin embargo, según Graciela Zúñiga, integrante de la AFDD, “la campaña no funcionó, en parte debido a nuestras carencias, a limitaciones tan simples como la imposibilidad económica para sacar más afiches. Aun así, tenemos mucha paciencia. Hemos estado treinta años buscando y exigiendo. Tal vez nos queden otros treinta años para poner en el tapete la situación de las detenidas desaparecidas embarazadas”.
Imaginar a mujeres embarazadas detenidas desaparecidas es algo que conmueve e impacta, especialmente en Latinoamérica donde la imagen de la madre es muy fuerte. Para la AFDD es un desafío: “De alguna forma, este tema rompe un discurso patriarcal que a nosotras mismas nos hace hablar de ‘detenidos desaparecidos’, aunque somos una organización principalmente de mujeres. Nos olvidamos de las 75 mujeres detenidas desaparecidas y de las nueve embarazadas: no las reivindicamos; son luchadoras de Izquierda, se olvida su historia con roles protagónicos dentro de la sociedad”, señala Graciela.
Los casos de mujeres embarazadas detenidas desaparecidas son complejos y el impacto en las familias es brutal. “En cierta forma, las madres de ellas se sienten abuelas, piensan en nietos de más de veinte años y cada antecedente falso les genera nuevos dolores”, dice la encargada de recursos de la AFDD.
Hasta ahora, los resultados de la búsqueda han sido nulos. “Hemos escuchado mil historias del paradero de los hijos, pero no tenemos ninguna prueba que nos permita seguir el hilo -dice Graciela-. Hay antecedentes sobre Colonia Dignidad, pero está claro que realizar investigaciones adentro es como entrar en la dimensión desconocida. Además, varios casos fueron sobreseídos. No se puede afirmar fehacientemente que los hijos nacieron. Y si hubo partos, los funcionarios médicos que habrían atendido esos alumbramientos no han roto su pacto de silencio”.
Viviana Díaz, ex presidenta de la AFDD, también lamenta los escasos avances judiciales y señala que “nunca se consideró a la madre con el hijo, como si el hijo no importara. Pero era un ser vivo que estaba en el vientre de la madre”. De ahí la importancia de la campaña.
Uno de los referentes en esta lucha de la AFDD fue la Agrupación de Abuelas de Detenidos Desaparecidos, de Argentina. Los militares argentinos entregaron clandestinamente en adopción a cerca de dieciséis hijos de detenidas desaparecidas, y algunos fueron descubiertos tras largas investigaciones. En Chile, la inquietud por la búsqueda de esos hijos es de más larga data que en Argentina, pero también ha sido más lenta. Se ha perdido un tiempo valioso, aunque todavía no es demasiado tarde: después de más de 25 años las abuelas y familiares se han agrupado, se han reabierto procesos y una orden judicial ha llevado a investigar un hogar de menores.
ESPERANZA Y MEMORIA HISTORICA
Olivia Saso, 77 años, es la madre de la embarazada desaparecida Cecilia Labrín. Habla con preocupación de los posibles hijos nacidos en reclusión: “Tengo referencias de que mi nieta nació en cautiverio el 5 de marzo y pesó 3 kilos 200.
Es decir, tengo datos concretos. Me sentí muy ilusionada con ella, mi primera nieta. En 1975 tuve una reunión con el ministro del Interior, general César Benavides; me dijo que mi hija dio a luz. Después anónimamente me avisaron que a Cecilia la llevaron a un control de maternidad en el Hospital Barros Luco. Aunque siempre me han dicho que no se pueden hacer investigaciones judiciales sin nombres concretos, creo que es posible que los torturadores adoptaran a los hijos de las detenidas, como sucedió en Argentina. Además, no es descabellado suponer que una mujer con siete u ocho meses de embarazo haya tenido su hijo”.
En este drama afectivo las posiciones pueden ser contrapuestas. Por ejemplo, Graciela Zúñiga dice que si se basa en su sensibilidad femenina no cree que existan hijos de detenidas desaparecidas. “Yo soy pareja de Alvaro Barrios, un detenido desaparecido del MIR. Desde mi convicción de mujer, desde mis ovarios, siento que las embarazadas detenidas desaparecidas no tuvieron sus hijos, debido a la brutalidad con que se aplicaron las torturas.

Pienso que esas chiquillas murieron junto con sus hijos, pero es una opinión muy personal y sé que puede herir sentimientos. Y si los hijos efectivamente nacieron, no creo que a ellas las hayan ingresado en los hospitales con sus nombres verdaderos”, acusa.
Por su parte, el dolor, la esperanza y la ternura de madre y abuela de la señora Olivia Saso la hacen pensar en una hija y una nieta vivas. “Para mí, aunque soy católica, creo que no tienen perdón de Dios. Mi corazón sangra cuando hablo de mi hija, es una tortura que creo tenemos todas las mamás de detenidos desaparecidos. Yo, al principio, estaba medio loca, veía una niña pequeña por ahí y le miraba la carita. Era una verdadera sicosis. Aunque eso pasó, no dejo de recordar el cumpleaños de mi nieta, que en estos momentos tendría 27 años y sería mi nieta mayor. Ella, en mi corazón y en mi casa, está viva y presente. Aunque no la conocí, le puse Daniela y creo que puede estar viva. Si es así, lo único que quiero es que la familia que la crió le haya inculcado valores y la quiera como nosotros la hubiéramos querido”, susurra la hoy bisabuela y matriarca de un hogar de ocho personas de la comuna de La Reina.
Para Graciela Zúñiga, lo principal es el rescate de la memoria histórica. “Nosotros tenemos que reivindicar la memoria de todas nuestras víctimas. Como feminista, creo que debemos reivindicar la maternidad y le pido a la sociedad un poco de coherencia. Si la maternidad es tan valiosa, asumamos una parte de nuestra historia que es extremadamente negra, fea y dolorosa. Se puede reivindicar el nombre de estas mujeres con gestos pequeños: una calle en el barrio donde vivieron, una maternidad que lleve sus nombres, una sala cuna en el lugar donde trabajaron”.
Por su parte, Olivia Saso se muestra crítica frente a la “fiebre de memoria de los treinta años”. Que los medios de comunicación muestren los horrores de la dictadura es, para ella, “simplemente un mea culpa y no que estén realmente interesados en dar una respuesta completa”. Sin embargo, se manifiesta esperanzada en los jóvenes. “La mayoría de los estudiantes de servicio social no conoció a Cecilia -quien también optó por esa carrera-, pero le hacen homenajes y me llaman para que les hable de ella. Los veo comprometidos e interesados. Yo estoy orgullosa de lo que hacía mi hija, trabajaba en las poblaciones y siempre sacaba un paquetito de alimentos de mi casa y me decía ‘gorda, ellos no tienen nada’. Eso recién lo entiendo hoy. A esos jóvenes les digo que mi hija no en vano dio su vida. Y aunque suene extraño, yo no quiero un hueso suyo. Ella vive entera, y aunque me digan que soy ilusa sueño con que un día va a tocar el timbre de mi casa”.
Graciela Zúñiga afirma que aún falta dimensionar lo sucedido con las embarazadas desaparecidas. Por eso, la AFDD pidió que se designe un juez con dedicación exclusiva en el caso de estas mujeres. Viviana Díaz dice: “Queremos que quienes torturaron a Michelle Peña digan si su hijo murió en las torturas, o si ese niño o niña fue a manos de sus aprehensores. Todavía mantengo la esperanza de que alguno de los torturadores se decida a decir qué pasó con ellas. Más de alguna guagua debió nacer en cautiverio, y tal vez hoy sean jóvenes que no saben de su situación”

LUIS KLENER HERNANDEZ

RECUADRO 1

Una familia destruida
En este carnaval de horrores no sólo hay detenidas desaparecidas embarazadas. También hay cuatro mujeres embarazadas que fueron ejecutadas: Beatriz Elena Agüero, de 26 años; Sonia Norambuena Cruz, de 34; Alva Guida Grandón, de 29, y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, militante del MIR de 25 años, quien tenía tres meses de embarazo cuando fue asesinada.
Mónica Pacheco era hija de campesinos y ejercía como profesora básica en un colegio de Quilicura. Se casó con Roberto Gallardo Moreno, también ejecutado político. Su suegra, Ofelia Moreno, hoy de 78 años, la recuerda con cariño, igual que a los otros cuatro familiares ejecutados por la dictadura: su esposo Alberto Gallardo Pacheco, militante comunista de 62 años; su hijo Roberto Gallardo Moreno; su hija Catalina Ester Gallardo Moreno (29), y el esposo de ésta, Juan Rolando Rodríguez Cordero (31), militantes del MIR.
Mónica y Roberto se conocieron en la Acción Católica, el año 70. “En su matrimonio hubo un tremendo letrero de Cristianos por el Socialismo y pensé que eran socialistas -dice Ofelia Moreno-. Pero después los diarios dijeron que eran miristas”. Ella recuerda que en 1973 a Roberto le pedían el certificado del servicio militar, por eso ingresó al ejército. Le ordenaban cosas con las que no estaba de acuerdo, pero a fines del 73 logró que lo dieran de baja. “El año 75 nos llevaron a todos detenidos y ahí empezó el drama”, señala Ofelia. Al quedar en libertad, comenzó a buscar a sus familiares. “A las tres semanas me dijeron en la Vicaría que fuera a buscar los cuerpos de mi hijo, mi hija y mi nuera”. Mónica Pacheco fue asesinada con tres meses de embarazo. “Su cuerpo estaba completamente desfigurado”, recuerda Ofelia.
Agrega que en la operación participó el general Ernesto Baeza, entonces director de Investigaciones. “El nos detuvo y me dejó libre después. El general Baeza mandó a mi familia a Villa Grimaldi y levantó la calumnia de que eran extremistas. Tuve un comparendo con él, y mintió todo. Me dejó como una loca, pero cuando íbamos en el ascensor no subió en el mismo piso, sino más abajo. Mi nieta lo vio, se enfureció y empezó a gritarle ‘¡Asesino!’, en su cara. ¡Ese es mi único alivio!”


OTRO ARTICULO MAS
Historias de vida y muerte
Todas las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas eran menores de 30 años. En la actualidad, sus hijos tendrían entre 25 y 28 años. Cuatro de ellas eran miristas, dos eran comunistas, dos socialistas y una del Mapu. Seis de ellas fueron apresadas con sus parejas. En total, quedaron siete hijos huérfanos.
Cecilia Bojanic Abad tenía 23 años, era secretaria y estaba embarazada de cuatro meses y medio. Se había casado con Flavio Oyarzún Soto (27), también detenido desaparecido. Ambos militaban en el MIR. Fueron detenidos el 2 de octubre de 1974 por agentes de la Dina que los condujeron a José Domingo Cañas y luego a Cuatro Alamos, desde donde desaparecieron. El día de la aprehensión, detuvieron a Cecilia junto a su hijo de un año y medio. La subieron a un automóvil para llevarla a la casa de su hermana Ximena, donde apresaron a Flavio y abandonaron al menor. El hijo que esperaba debería haber nacido en febrero de 1975.
Tres de las embarazadas desaparecidas eran asistentes sociales de la Universidad de Chile. La primera en desaparecer fue María Cecilia Labrín Saso, militante del MIR con dos meses de embarazo. Fue detenida por la Dina el 12 de agosto de 1974, en presencia de su madre y sus hermanas. Aunque se encontraba en cama porque su embarazo presentaba complicaciones, le dijeron que sólo deseaban hablar con ella por su trabajo en la Corvi. María Cecilia se levantó y los acompañó a la 23 Comisaría de Carabineros de La Reina. Su madre, Olivia Saso, insistió en acompañarla, pero no la dejaron. Como no retornaba, la madre acudió esa noche a la 23 Comisaría de Carabineros donde le informaron que no sabían nada al respecto. Fue a otras comisarías y a Investigaciones: tampoco encontró respuesta. Dos días después de ser detenida, María Cecilia fue llevada hasta el domicilio de Sergio Vesely Fernández, militante del MIR buscado por la Dina. Allí la recibió la madre de éste, quien declaró que la acompañaba un civil y que tenía los ojos llorosos. La joven abrazó a esta mujer y el desconocido la sacó del lugar. Cuando en noviembre de 1992 Marcia Alejandra Merino Vega empezó a entregar información relacionada con detenidos desaparecidos, dijo que María Cecilia Labrín estuvo en Londres 38, donde fue torturada y luego trasladada a Cuatro Alamos. Su madre sostiene que nació una niña durante el cautiverio.
Otra asistente social embarazada era Elizabeth Mercedes Rekas Urra, de 27 años, con un hijo en gestación de cuatro meses. Trabajaba en el Metro y estaba casada con Antonio Elizondo. Eran militantes del Mapu y fueron detenidos por la Dina el 26 de mayo de 1976. Dos días antes habían aprehendido al hermano de Elizabeth, quien fue interrogado en Villa Grimaldi por las actividades de su hermana. Por un relato de un fugado de Colonia Dignidad existe información no confirmada de que habría estado allí. Su hijo debería haber nacido en octubre de 1976.
Jacqueline Droully fue detenida el 30 de octubre de 1974, con tres meses de embarazo. Cursaba cuarto año de la carrera de trabajo social y es la única que aparece en la nómina de los “119”. Según antecedentes de Amnistía Internacional, el gobierno alemán e Investigaciones, los 119 detenidos desaparecidos habrían estado en Colonia Dignidad. Sin embargo, todas las investigaciones para comprobarlo han fracasado. Si nació, el hijo de Jaqueline tendría hoy 27 años.
Gloria Esther Lagos Nilsson, secretaria, casada y madre de tres hijos, estaba embarazada de dos meses al momento de su detención. Militaba en el MIR y fue secuestrada por la Dina en su domicilio, el 26 de agosto de 1974, en presencia de su hijo de 10 años. Antes habían detenido a su pareja. Se sabe que estuvo en Cuatro Alamos. Su caso fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda, en junio de 1981.
Michelle Marguerite Peña Herreros era estudiante de ingeniería en la Universidad Técnica del Estado, y militante socialista. Estaba embarazada de ocho meses y medio cuando fue detenida por la Dina el 20 junio de 1975. Hay antecedentes imprecisos de un eventual alumbramiento. Su madre sostiene que en los primeros días de julio de 1975 nació un niño en la maternidad del Hospital de la Fach y, según un estudio del Codepu, Michelle “pudo ser recluida en el antiguo hospital del pulmón ubicado en el Cajón del Maipo”. Fue detenida en su casa junto a Ricardo Lagos Salinas, dirigente socialista en la clandestinidad. Se sabe que estuvo en Villa Grimaldi. Igual que en otros casos, el sumario fue sobreseído temporalmente, pero su familia presentó una denuncia ante organismos internacionales. Michelle había nacido en Francia y su madre huyó de la España republicana derrotada.
Nalvia Rosa Mena Alvarado era militante de las Juventudes Comunistas. Tenía 20 años al momento del secuestro; estaba casada con Luis Emilio Recabarren González y ya tenían un hijo de dos años y medio. Nalvia tenía tres meses de embarazo cuando fue detenida por la Dina junto a su esposo, su cuñado y su suegro, el 29 de abril de 1976. Ella y su hijo pasaron a buscar a Luis Emilio a su lugar de trabajo para volver juntos al hogar, pero los dos adultos nunca llegaron a destino mientras el menor fue abandonado cerca de su casa por un sujeto que se movilizaba en taxi. Testigos señalan que pese a los gritos y súplicas de Nalvia, los captores la golpearon en el vientre y la subieron en estado inconsciente al vehículo en que se movilizaban.
Reinalda del Carmen Pereira Plaza era hija única y esperaba su primer hijo. Tecnóloga médica y militante del Partido Comunista, fue detenida el 15 de diciembre de 1976 y debería haber dado a luz en marzo de 1977. Igual que a otras siete personas, la detuvieron brutalmente en la vía pública. Había salido a buscar trabajo y a hacerse exámenes médicos. Cerca de las 20.30 horas sorpresivamente se detuvo un automóvil, la redujeron y la metieron al auto no sin antes golpear su cabeza contra el borde de la puerta. El ministro Carlos Cerda logró que testigos reconocieran que en los hechos estuvo presente el agente Roberto Fuentes Morrison, alias “El Walli”. El juicio por detención fue sobreseído definitivamente mediante la aplicación de la Ley de Amnistía. El informe de la mesa de diálogo señaló que los restos de Pereira estarían en la cuesta Barriga, “pero muy a nuestro pesar tenemos que decir que ese fue un informe falso”, dice hoy Graciela Zúñiga.
Gloria Ximena Delard Cabezas habría salido de Chile tras una acción planificada por su padre médico. En 1977, a los 23 años, fue apresada en Buenos Aires, donde estudiaba economía. Estaba casada con Roberto Cristi, tenía tres hijos y un embarazo de tres meses. Fue secuestrada junto a su esposo, ambos eran militantes del MIR. Tras la detención, dos de sus hijos fueron enviados a orfanatos y su hija Victoria quedó bajo la protección del obispo de Neuquén. Ex presos políticos señalan que Gloria y su esposo fueron llevados al centro de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Gloria habría dado luz a una niña. Las abuelas de la Plaza de Mayo recolectaron estos antecedentes e iniciaron una búsqueda hasta ahora sin resultados.
La primera investigación sobre las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas la realizó un equipo del Codepu, en 1992. El libro Todas íbamos a ser reinas relata la vida de estas nueve mujeres. Fue el primer indicio de que algunas de ellas fueron llevadas a Colonia Dignidad y que otras podrían haber dado a luz en hospitales como el Barros Luco o el de la Fach.
Quienes quieran obtener más información sobre este tema pueden hacerlo en la dirección electrónica www.memoriaviva.org. Y quien tenga antecedentes verificables, que los comunique al Codepu




http://www.puntofinal.cl/551/embarazadas.htm

La Historia Oculta del Régimen Militar

Donde Están?

Entradas populares

¡TERMAS DE POLLOQUERE Y SURIRE EN PELIGRO!