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miércoles, 27 de febrero de 2013

Ya se dieron a conocer las imágenes de los últimos minutos con vida del sindicalista Juan Pablo Jiménez


24Horas mostró el video registrado por las cámaras de seguridad de la empresa Azeta, donde se puede observar cuando el dirigente sindical recibió un balazo, solo cinco minutos después de llegar a su oficina. Además de la hipótesis de una bala loca, no se descarta un asesinato.
La noche del lunes se conoció el video registrado por la cámara de seguridad de la empresa contratista de Chilectra, Azeta, que captó los últimos minutos con vida de Juan Pablo Jiménez, el dirigente sindical que recibió un balazo en las instalaciones de San Joaquín.

El noticiero 24Horas de TVN, mostró las imágenes, en que aparece Jiménez caminando hasta su oficina. Sólo pasaron cinco minutos hasta que un balazo lo mató.

Además de la hipótesis de la "bala loca" informada en primera instancia por la PDI, hoy el Ministerio Público no descartó que se trate de un asesinato.

Raúl Guzmán, fiscal de jefe Zona Metropolitana Sur, señaló que "los peritos ya están trabajando con el vídeo para tratar de aportar con una mayor claridad en cuanto a las imágenes, ya que si bien sitúan la hora, el lugar, se puede ver a la persona que fallece en el lugar, es necesario precisar algunas otras cosas más".


http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130226/pags/20130226092248.html

Informe PDI detecta "manipulación" en bitácora del Shoa tras tsunami


Se detectó que en el libro de guardia se borró con corrector un texto y se puso “alerta de tsunami”.
por Leslie Ayala y Sebastián Labrín



La Fuerza de Tarea Reservada de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja con la fiscal Solange Huerta, detectó en su segundo informe -entregado el martes al Ministerio Público- la manipulación de una bitácora que registró las actuaciones de la guardia del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) durante la emergencia de la madrugada del 27/F.
Los policías realizaron una serie de toma de declaraciones a testigos que acudieron esa noche al organismo en busca de información tras el terremoto. En una de las conclusiones, la PDI revela que en el libro “Bitácora de Cabo de Guardia” se estableció que “dicha bitácora fue modificada (...) presenta una obliteración de escrituras mediante el empleo de líquido corrector blanco”.
El informe detalla que en la hora 03.40 hay un texto que señala “Emergencia alerta de tsunami”; el texto original -según las pericias- y que fue modificado dice: “03.55 Zafarrancho”. Esta última palabra, según la jerga naval, se pone cuando se advierte a la tripulación de una embarcación para salvar situaciones de emergencia.
Los policías le tomaron declaración al cabo Rodrigo Moreno, quien esa madrugada estaba en la guardia. Este reconoce su letra y señala que manipuló la información por una orden del sargento Nelson Retamales (jefe de guardia). Sin embargo, este último fue enfático en señalar que no dio esa orden, descartando de plano haber sabido de esta adulteración, y asegura que “esa situación hubiera sido relevante para su servicio -dice-, por cuanto sería contradictorio con la información que entregó durante la madrugada de que no había alerta de tsunami”.
Junto con destacar esta contradicción de testimonios, que deberán ser valorados ahora por la Fiscalía Occidente, la PDI ratifica que el Shoa, pese a contar con información desde Carabineros de Valparaíso y de la Primera Zona Naval, bajó la alerta de maremoto.
Se detalla, en el documento, que a las 05.16 horas la Primera Zona Naval le informa sobre el maremoto que había afectado hace 40 minutos a la isla Robinson Crusoe. “El Shoa, sin haberse comunicado con Juan Fernández; es decir, sin tener información de terreno y no habiendo llegado la información de la estación de marea (...), continuó con el estado de cancelación de tsunami, sin considerar la posibilidad de decretar una nueva alerta o alarma de tsunami para el resto del país al recibir esta información”, dice la conclusión de este informe.
En la causa están imputados tres funcionarios del Shoa: el ex director Mariano Rojas, el ex asesor Andrés Enríquez y el ex jefe de turno de esa repartición Mario Andina. Respecto de quién tenía mayor expertise, tras analizar las hojas de vida, la PDI concluye que el capitán de Fragata Enríquez era la persona con “mayor conocimiento y especialización en tsunamis”.

http://diario.latercera.com/2013/02/07/01/contenido/pais/31-129340-9-informe-pdi-detecta-manipulacion-en-bitacora-del-shoa-tras-tsunami.shtml

27-F: Informe de la PDI detectó que militares manipularon la bitácora del Shoa tras el tsunami




La Fuerza de Tarea Reservada de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja con la fiscal Solange Huerta, detectó una manipulación en la bitácora que registró las actuaciones de la guardia del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) durante la emergencia de la madrugada del 27/F. La PDI reveló que en el libro “Bitácora de Cabo de Guardia” se estableció que “dicha bitácora fue modificada, presentando una obliteración de escrituras mediante el empleo de líquido corrector blanco”.

El informe detalla que en la hora 03.40 hay un texto que señala “Emergencia alerta de tsunami”; el texto original fue modificado por: “03.55 Zafarrancho”. Esta última palabra, según la jerga naval, se pone cuando se advierte a la tripulación de una embarcación para salvar situaciones de emergencia. Los policías le tomaron declaración al cabo Rodrigo Moreno, quien esa madrugada estaba en la guardia. Este reconoce su letra y señala que manipuló la información por una orden del sargento Nelson Retamales (jefe de guardia). Como no podía ser de otra forma, este último fue enfático en señalar que no dio esa orden

Junto con esta contradicción de la Armada, la PDI ratificó que el Shoa pese a contar con información desde Carabineros de Valparaíso y de la Primera Zona Naval, ellos bajaron la alerta de maremoto. En la causa están imputados tres funcionarios del Shoa: el ex director Mariano Rojas, el ex asesor Andrés Enríquez y el ex jefe de turno de esa repartición Mario Andina. Respecto de quién tenía mayor expertise, tras analizar las hojas de vida, la PDI concluye que el capitán de Fragata Enríquez era la persona con “mayor conocimiento y especialización en tsunamis”.


¿MÁS CLARO IMPOSIBLE QUIENES SON LOS ÚNICOS CULPABLES DEL DESASTRE DEL 27F NO?


http://www.gamba.cl/?p=36438

27F ¿La reconstrucción como ejercicio de derechos u oportunidad para el lucro?

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Arquitecto. Coordinador y fundador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile.






A pesar de que el Estado chileno tiene los recursos suficientes (luego de años de crecimiento económico sostenido), existe la percepción de que hay una barrera ideológica que impide que las autoridades asuman una posición desde un Estado garante de derechos, y frente a eso prefieran reproducir y profundizar el modelo de Estado subsidiario con el único objetivo de reducirlo, dándole protagonismo al sector privado y no a los actores sociales. En este sentido la cooperación público-privada ha sido la tónica. De hecho, debiéramos hablar para el caso del proceso de reconstrucción en Chile, en algunos casos de cooperación privada-pública, poniendo en primera posición al sector privado.


Desde el minuto de afrontar la emergencia han existido cuestionamientos e investigaciones sobre la relación “incestuosa” entre sector público y privado. Algunas casos han sido: el sobrepago (1) de las viviendas de emergencia o “mediaguas”;  la falsa ayuda humanitaria (2) ingresada al país por una de las cadenas más grandes de supermercados, pertenecientes a uno de los grupos económicos más poderosos del país, llamado Cencosud; el sobreprecio pagado por un puente mecano, por el Ejercito (3), entre otros escándalos salidos a la luz pública.
El proceso de reconstrucción ha sido cuestionado también por planes realizados por empresas privadas con conflictos de interés en los territorios y sin licitaciones públicas. Pero quizás el caso más emblemático de relación de complicidad entre el sector público de vivienda y ciudad y el sector privado, ha sido la antigua relación entre el Minvu y la Cámara Chilena de Construcción (CchC). Hay indicios que la CchC en la década de 1960 habría participado en el diseño del Minvu. Así como su protagonismo en la definición de las políticas subsidiarias instaladas desde 1975 hasta hoy, de las cuales las grandes empresas de la construcción organizadas en el CchC han sido unas de las más grandes beneficiarias. El poder y la influencia de la CchC ha quedado en evidencia en el proceso de reconstrucción desde 2010. Presiones políticas secretas al Minvu, para aumentar los “incentivos” a las empresas, que sólo se han llegado a conocer a través de filtraciones o investigaciones de la prensa.

LA RECONSTRUCCIÓN COMO EXCUSA

Unos de los hechos más dramáticos de la instalación de la política urbana neoliberal hace 30 años debe ser la erradicación forzada de más 150.000 pobladores en Santiago (4). Esta cifra nos parece conservadora, porque se basa en un estudio de 1984, claramente el alcance de esta política segregadora debe haber afectado a muchos más pobladores. “The state, with its monopoly of violence and definitions of legality, plays a crucial role in backing and promoting these processes”.(Harvey :35) (5)
Vemos entonces como se replica la política de vivienda subsidiaria, que expulsa a los pobres a las periferias y genera ciudades segregadas, dejando a los pobladores afectados desarraigados de sus lugares de origen, donde mantenían redes y tejidos sociales, además de poder acceder a servicios públicos e infraestructura inexistente en las periferias.
Se trató de “erradicaciones, pero con metralleta, fusiles y subiendo a los pobladores a camiones. Hasta 1973 y luego también, las comunas que más campamentos tenían o asentamientos informales, eran Las Condes, Santiago Centro y Quinta Normal. Hubo una erradicación planificada, una política de Estado de expulsión, como el “apartheid sudafricano”, de sacar a los pobres de algunos sectores de la ciudad para “limpiar” y crear las condiciones para el mercado de suelo, y que así se generaran todos los desarrollos inmobiliarios que vinieron después y eso trae como resultado la “guetización” o construcción de toda la periferia pobre del sur de Santiago: La Granja, La Pintana, Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Maipú y todo el norte y norponiente de Santiago: Quilicura, Conchalí, Renca, Cerronavia… Estos cambios legales, estructurales y políticos que empiezan desde 1979 en adelante, se ven reflejados física y socialmente en la ciudad… Es el origen de los altos niveles de segregación que tenemos hoy en Santiago”. (Pulgar, 2010) (6)
“Uno de los criterios para erradicar fue el de las potencialidades inmobiliarias de los lugares que se habían ocupado: sobre esa base se despejaron grandes zonas, sentándose las bases para un desarrollo inmobiliario que abarca desde los años noventa a la fecha. Otro de los criterios de las erradicaciones fue reordenar el espacio político urbano y dispersar a los pobladores, que habían sido un actor social y movilizador importante…Erradicar no significaba trasladar a todos los pobladores a una nueva localización, sino dispersarlos en distintos lugares de la ciudad”. (Rodríguez, 2009)
Una parte importante de los “erradicados” fue “beneficiario” de las viviendas sociales subsidiadas, “la localización de estas casas de 24m2 en comunas periféricas de bajos recursos agregan a la pobreza y hacinamiento, el desarraigo y el aislamiento”. Otro grupo ni siquiera recibió vivienda y fueron abandonados en sitios eriazos o canchas de fútbol de la periferia donde debieron reconstruir sus campamentos. En muchos casos los habitantes de un mismo campamento fueron trasladados a diferentes puntos geográficos, ubicados a grandes distancias, demostrando así el objetivo de “atomizar y desarticular a los pobladores”(Hechos Urbanos, 1984). (7) « Ce que l’accumulation par dépossession permet, c’est la libération d’un ensemble d’actifs (force de travail comprise) à  un coût très réduit (dans certains cas égal a zéro)». (Harvey, 2010:177) (8)
Hoy en pleno proceso de reconstrucción vemos como estos procesos de expulsión de los pobladores de la ciudad se están replicando. Los casos más emblemáticos en la región del Bíobío son las poblaciones Villa Futuro de Chiguayante y Aurora de Chile de Concepción. Un agravante para el caso de ambas es que no fueron directamente afectadas por el terremoto (a excepción de un edificio de la Villa Futuro), sino que se trata de “falsos” damnificados del 27F, escándalo que le costó el puesto a la ex Intendenta de la región.  Lo paradójico es que hoy estos pobladores son damnificados de la propia política habitacional y de la especulación, dado que han comenzado a demoler sus barrios.
Además de los casos de los centros históricos de Talca y Curicó, así como los bordes costeros de Constitución y Dichato, aunque en menor medida. En el caso de Talca impresiona visitar los barrios del centro y darse cuenta como a 3 años del 27F en los terrenos que habitaban pobladores empobrecidos, pero bien localizados, empiezan a emerger torres de departamentos y condominios de casas de alto valor. Desarrollándose un proceso conocido como gentrificación, es decir, cambio del nivel socioeconómico de los habitantes, pero en este caso facilitado por el terremoto y la no-reconstrucción.
Vemos entonces como se replica la política de vivienda subsidiaria, que expulsa a los pobres a las periferias y genera ciudades segregadas, dejando a los pobladores afectados desarraigados de sus lugares de origen, donde mantenían redes y tejidos sociales, además de poder acceder a servicios públicos e infraestructura inexistente en las periferias. Al parecer los “desastres socio-naturales” como maremotos, terremotos o incendios se utilizan como oportunidades para “limpiar” terrenos de sus habitantes originales y darles plusvalías para el mercado inmobiliario. Esto se ve reflejado en las mismas declaraciones del ministro de Vivienda, quién destaca como un logro de la reconstrucción “la vitalidad del sector privado”, pero a costa de los de siempre, los pobres de la ciudad.
Frente a este panorama renacen procesos de organización y resistencia desde los territorios, que demandan el derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, ambos protegidos por instrumentos del derecho humano internacional, en tratados ratificados por Chile. El desafío  ahora es como diseñamos una nueva política urbana, que sea capaz de resguardar los barrios y sus habitantes y evitar estos procesos de expulsiones, ya sean por el mercado o por las propias gestiones de los actores del Estado. El enfoque del derecho a la ciudad y desde la justicia espacial es una alternativa, ya que plantean la función social de la ciudad, y la espacialización de la justicia social, respectivamente.
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[1] Vargas, Vanessa . “Informe de Contraloría detecta sobrepagos en mediaguas”. Diario El Ciudadano. 04.01.2011. 
[2] Urquieta, Claudia. “CDE se querella en caso Cencosud por falsa ayuda humanitaria ingresada tras el terremoto”. Diario El Mostrador. Disponible en línea en:
[3] Peralta, Gustavo. ”Fuerzas Armadas señaladas por corrupción”. Diario El Ciudadano. 31.01.2011
[4] Hechos Urbanos, boletín de información y análisis.  Santiago de Chile : Centro de Documentación SUR, V. 35, agosto, 1984.  Obtenido desde Sitiosur.cl.
[5] Harvey, David. Neoliberalism as Creative Destruction. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. DOI: 10.1177/0002716206296780 2007; 610; 21
[6] Pulgar, Claudio. La ciudad neoliberal en Chile: entrevista de Stephan Barthel a Claudio Pulgar. En Vivienda al Día. Blog del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 2010.
[7] Hechos Urbanos, boletín de información y análisis.  Santiago de Chile : Centro de Documentación SUR, V. 35, agosto, 1984.  Obtenido desde Sitiosur.cl.
[8] Harvey, David. Le Nouvel Impérialisme. Les Prairies Ordinaires. Paris. 2010. Titre original: The New Imperialism. Oxford University Press. 2003.


http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/02/27/27f-la-reconstruccion-como-ejercicio-de-derechos-u-oportunidad-para-el-lucro/

La Historia Oculta del Régimen Militar

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