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sábado, 12 de octubre de 2013

Justicia rechaza procesar a ex general del Ejército por secuestro

21 DE AGOSTO DE 2010

A Sinclair, que entonces era el segundo en el mando del Ejército y mano derecha de Augusto Pinochet, se le atribuye haber asistido a la reunión en la que se decidió la suerte de los cinco detenidos.

La justicia resolvió no procesar al ex general de Ejército Santiago Sinclair en el “caso de los cinco”, como se le llamó al secuestro de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Fuentes judiciales dijeron este sábado que los ministros (jueces especiales) Joaquín Billard, Cornelio Villarroel y Dobra Luksic no encontraron nuevos antecedentes para sostener la causa.
Sinclair, ex vicecomandante en jefe del Ejército y senador designado por Augusto Pinochet, fue procesado en julio de 2008, por el juez Mario Carroza, como presunto coautor del homicidio y lanzamiento al mar de cinco opositores a la dictadura militar en 1987.
La resolución también afectó al ex general Hugo Prado, que fue jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y al coronel en activo Marcos Bustos, a los que imputó el mismo delito.
Los tres oficiales fueron acusados por los asesinatos de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, todos ellos integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido Comunista.
El 10 de octubre de 2009 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el encausamiento de Sinclair, pero la causa volvió a los tribunales tras una petición de procesamiento que habían realizado el Consejo de Defensa del Estado y el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior.
Según la investigación, en una reunión previa al crimen se decidió que los cinco militantes del FPMR, que permanecían en un centro de torturas de los organismos represivos, fueran lanzados al mar desde un helicóptero del Ejército.
A Sinclair, que entonces era el segundo en el mando del Ejército y mano derecha de Augusto Pinochet, se le atribuye haber asistido a la reunión en la que se decidió la suerte de los cinco detenidos.
El proceso conocido como “causa de los cinco” es considerado emblemático por la comunidad de defensa de los derechos humanos, pues se trata de uno de los últimos crímenes de la dictadura.
Sinclair, hoy de 82 años, ocupó el segundo puesto de mando en el ejército por detrás de Pinochet hasta 1989, y fue miembro en ese período de la Junta Militar, integrada por los jefes de las distintas armas del Ejército y que detentaba el Poder Legislativo.
Después de la restauración de la democracia en 1990, Sinclair fue designado senador en representación del Ejército, hasta 1997.
http://www.elmostrador.cl/pais/2010/08/21/justicia-rechaza-procesar-a-ex-general-del-ejercito-por-secuestro/

lunes, 30 de septiembre de 2013

Agustín Edwards ante el juez Carroza: “No recibí dinero de la CIA”

30 de septiembre de 2013 - 08:22 |

El miércoles y por más de una hora, Edwards prestó declaración ante el magistrado Mario Carroza en calidad de testigo por la causa que lleva sobre los gestores del golpe de Estado de 1973. Aquí la ronda preguntas que enfrentó el dueño de El Mercurio.

/ Agencia UnoEl miércoles, el dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards,  llegó hasta la oficina del juez Mario Carroza en compañía del abogado Miguel Alex Schweitzer, quién también defendió a Augusto Pinochet en Tribunales.

En el piso 14 del edificio de Tribunales de Familia y por más de una hora, Edwards declaró ante el magistrado en calidad de testigo por la causa que lleva el juez sobre los instigadores del golpe de Estado de 1973. Además, se le consultó sobre su rol en la llamada Operación Colombo, luego que los diarios de su holding se hicieran parte del montaje que disfrazó el asesinato de 119 miristas de “enfrentamientos entre ellos” con el inmortalizado titular de La Segunda en esa ocasión “Exterminados como ratones”.

En conversación con El Dínamo, el abogado querellante Eduardo Contreras comentó que la lista de personas que deberá declarar ante el magistrado es extensa y que en ella figuran nombres como Pablo Rodríguez, el abogado Hermógenes Pérez de Arce, el cura Raúl Hasbún, Manuel Fuentes, Sergio Onofre Jarpa, Sergio Fernández, Federico Willoughby, entre otros. “Luego vendrán los careos con diversas personas a las que, además del Informe Church, les consta la participación dolosa, como autores del golpe, de todos estos sujetos que hasta ahora no han sido procesados ni encarcelados como legalmente corresponde”, comentó Contreras.

Por otra parte, y respecto al tenor del interrogatorio, según fuentes de Tribunales, las preguntas del juez Carroza giraron en torno al financiamiento de la CIA a El Mercurio, los viajes al extranjero que en esa época hizo Edwards, y la injerencia que él tenía en la línea editorial del periódico y de sus otros medios asociados, como el vespertino La Segunda, específicamente sobre la omisión de las violaciones a los derechos humanos y la elaboración de montajes periodísticos.

 El Dínamo pudo acceder a la minuta de preguntas realizada a Edwards, las interrogantes fueron leídas por el juez. Aquí parte del documento:

“Si es efectivo que una vez conocidos los resultados de la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970, que daba por ganador a  Salvador Allende, el señor Edwards viajó prontamente esos días a Estados Unidos”.

“Si es efectivo que, en razón de dicho viaje, el día 14 de septiembre de 1970 en dependencias del hotel Madison en Washington, el citado se entrevistó con el señor Richard Helms, director de la CIA Central de Inteligencia Americana, por su sigla en inglés, según relata el informe desclasificado de la CIA en el 2008”.

“Si es efectivo que a su vez el señor Helms gestionó una entrevista con carácter de urgente luego de esta primera entrevista con el director de la CIA, con Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos y con Henry Kissinger, consejero de seguridad nacional, como así lo consigna la denominada evidencia 96 del año 1975 incorporada al informe Church que tenía como objetivo investigar las actividades encubiertas de la CIA en el extranjero”.

“Si es efectivo si a la fecha de septiembre de 1970, ya mantenía una relación con esa agencia de inteligencia norteamericana, la CIA”.

“Si es efectivo como lo afirma en sus memorias el general Vernon Walters, director adjuntos de la CIA, periodo 1972-1975 nombrado por el presidente R. Nixon, que usted “era el principal recurso de la CIA en toda América Latina”.

“Si es efectivo como lo afirman los archivos desclasificados de la CIA y el propio Informe Church, que en la reunión sostenida con el director de la CIA, junto a Henry Kissinger y el presidente Nixon, se acordaron los ejes para la desestabilización del gobierno del presidente Allende, lo que contemplaba la variante de un golpe militar y junto con esto el financiamiento del diario El Mercurio como principal medio de propaganda y difusión de las ideas y posiciones contrarias al gobierno y proclives a un golpe de Estado”.

“Si es efectivo que El Mercurio y demás medios pertenecientes a esta cadena de diario pudo mantenerse sobrevivir e incluso proyectarse a nivel nacional durante el periodo 1970-1973 con los dineros suministrados por la CIA de los EE.UU., como así lo afirman los archivos desclasificados de la CIA. Si puede indicar el total de las sumas percibidas y de los que dan cuenta los organismos norteamericanos”.

“Si es efectivo  que durante todos los años que duró la dictadura El Mercurio jamás consignó en sus páginas alguna denuncia relativa a las graves violaciones a los Derechos Humanos que se cometían en el país y que fueron establecidas fehacientemente en los informes relativos a la muerte y desaparición de personas, conocido como el informe Rettig y el informe respecto de la Comisión de prisión política y torturas cometidas por agentes del Estado, conocido como el informe Valech”.

“Si es efectivo que en contraposición a esta omisión en materia de defensa de los derechos humanos, El Mercurio participó de la difusión de los montajes periodísticos realizados por los organismos de seguridad y de inteligencia de Régimen militar como son el caso de los 119 desaparecidos en el marco de la denominada Operación Colombo y que atribuía la muerte de 119 militantes del MIR a muertes provocadas por rencillas internas”.

Las respuestas
Respecto a su viaje a Estados Unidos,  El Mercurio asegura que Edwards manifestó que -previo a las elecciones de 1970- tanto él como su familia fueron objetos de amenazas. Debido a ello su familia viajó a Argentina y él se trasladó a Estados Unidos, luego de asumir Allende. En ese país dijo que  residió en la casa de Donald Kendall, entonces presidente de Pepsico y que gracias a ese vínculo trabajó hasta 1975 en Frito Lay.

Ante el juez Carroza, Edwards afirmó que en una oportunidad el presidente Richard Nixon llamó a Kendall y en el transcurso de la conversación le preguntó por él, ante lo cual el norteamericano le contó al mandatario que estaba residiendo en su casa. Edwards dijo que tras ese diálogo fue invitado a una cita con Richard Helms y Henry Kissinger en Washington, oportunidad en que le consultaron por la situación política del país. El empresario insistió en que en esos días no estaba en ciernes la posibilidad de un golpe de Estado. Ni tampoco una oferta de ayuda económica para El Mercurio. “No recibí dineros de la CIA”, sostuvo ante ante el magistrado.

Edwards también aseguró que no tuvo incidencia en la línea editorial del diario mientras vivió en Estados Unidos y que tampoco participó de la gestión editorial a su regreso en 1975, cuando se hizo cargo de los negocios familiares.


http://www.eldinamo.cl/2013/09/30/el-interrogatorio-que-enfrento-agustin-edwards/










lunes, 16 de septiembre de 2013

Las razones de la ministra de la Corte Suprema para no investigar la masacre de Laja en 1973

Viernes 6 septiembre 2013 | 10:27 · Actualizado: 13:34
Publicado por Carolina Reyes | La Información es de Fabián Polanco

Inexperiencia, temor a sus superiores y miedo es la explicación de la ministra Egnem para no investigar la masacre de Laja en 1973 y esconder el parte de Carabineros sobre el hallazgo de 18 cuerpos enterrados ilegalmente, incluso alterando registros judiciales.
Para el golpe militar Rosa Egnem era secretaria del Juzgado de Yumbel. La magistrada titular era Corina Mera. En octubre, sin embargo, esta última dejó a su subalterna como jueza subrogante, justo el día que un oficial de Carabineros ingresó un parte policial sobre el hallazgo de 18 cuerpos en el fundo San Juan, los que habían sido ejecutados en los días posteriores al 11 de septiembre.
Mera ordenó a Egnem, hoy ministra de la Corte Suprema, guardar la denuncia en la caja fuerte. La magistrada subrogante, además, borró del libro de ingreso -donde se estampa la apertura de una causa- la recepción del parte, aunque tiempo después volvió a registrarlo.
La inhumación ilegal nunca se investigó, sino hasta 1978, cuando la Corte de Apelaciones de Concepción nombró a José Martínez Gaensly ministro en visita para investigar un rumor que circulaba en el sector de Laja sobre la ejecución de 19 funcionarios de Ferrocarriles y de la papelera CMPC cinco años antes. Fue el magistrado el que encontró las osamentas, aunque ahora estaban en la fosa común del cementerio de Yumbel.
A poco de abrir el sumario, el ministro Martínez fue obligado a declararse incompetente y entregar la causa a la justicia militar, al determinar que los asesinatos habían sido perpetrados por personal de Carabineros. El fiscal castrense luego aplicó la Ley de Amnistía y el caso se cerró hasta 2005, cuando fue reabierta y entregada al ministro Carlos Aldana, quien hoy tiene procesados por homicidio calificado a 10 ex carabineros.
Hoy cuando el Poder Judicial está emplazado a reconocer las omisiones en que incurrieron jueces en la protección de derechos fundamentales durante la dictadura, sale a la luz el caso de Laja-San Rosendo y el rol de la ministra Egnem, cuyo acto llevó a que familiares de las víctimas tengan, hasta hoy, que seguir esperando por la verdad y la justicia.
Aquí extractos de la declaración de Rosa Egnem ante el ministro José Martínez, interrogada sobre la negativa de investigar la inhumación ilegal de los ejecutados:
“(La jueza Mera me dijo: ‘va a tener que recibir usted este parte, porque yo a partir de hoy día salgo con licencia médica’ No recuerdo bien si esa licencia duró dos o tres días. En esa época yo llevaba solamente seis meses de ejercicio en dicho tribunal y mi experiencia en él era muy poca, además de que dada la personalidad de la señorita Mera mi temor reverencial hacia ella siempre fue más de lo normal…”.
Yo leí el parte donde se daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres que fueron encontrados en un fundo…, decía además que los cadáveres carecían de identificación y que estaban tapados con cal. La verdad es que me asusté, pero tampoco me atreví a decir nada a la señorita Mera…
“Le pregunté (a la jueza Mera) qué iba a hacer yo con el parte y ella me dijo ‘colóquele ‘instrúyase sumario y dese orden de investigar’, guárdelo en la caja de fondos y veremos en unos días lo que hacemos‘…”.
“La señorita Mera volvió a sus funciones y lo primero que hice fue entregarle el parte…, pero me dijo ‘déjelo no más en la caja de fondos y no lo saque de allí’. Pero en el intertanto yo había ingresado, sin consultarle, en el libro de ingreso, ese parte, y cuando ella me ordenó que lo dejara guardado, le conté que lo había ingresado… Me dijo ‘¿qué va a pasar cuando pidan (desde la Corte de Apelaciones de Concepción) cuenta del estado de la causa?’. Yo me asusté y lo borré del libro de ingreso…, pero recuerdo también que después volví a colocar en el mismo lugar en el cual había borrado, el mismo ingreso…, pues me arrepentí de haberlo borrado antes…”.
A continuación revisa la declaración de Rosa Egnem ante el ministro José Martínez por el caso Laja-San Rosendo:




viernes, 13 de septiembre de 2013

AL FIN: Traidor Agustín Edwards será citado en investigación que busca procesar a los instigadores del Golpe



Luego que agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos presentaran una querella para dar cuenta de las personas que estaban en conocimiento de este alzamiento militar. El ministro en visita Mario Carroza inició una investigación para dilucidar quienes fueron los instigadores del golpe de Estado de 1973 y con cuánta anterioridad se comenzó a gestar el derrocamiento de Salvador Allende.

Es por ello que el magistrado ordenó como primeras diligencias interrogar en calidad de testigo a Carlos Altamirano, ex secretario general del PS. En tanto, Carroza ordenó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI “ubicar y entrevistar” como testigos a Agustín Edwards Eastman y al abogado y fundador de Patria y Libertad Pablo Rodríguez Grez. Al respecto señaló: “se busca llegar al fondo, el Golpe no es obra sólo y exclusiva de las FF.AA., sino que a una conjura fraguada antes de que Allende asumiera el gobierno”.


martes, 10 de septiembre de 2013

Amnistía Internacional reclamó al gobierno chileno que derogue la ley que impide juzgar a los militares





En vísperas del 40 aniversario del cruento golpe militar de Augusto Pinochet,Amnistía Internacional (AI) reclamó hoy al gobierno de Chile la derogación de la ley de amnistía que otorga impunidad a los miembros del régimen.


La organización de defensa de los derechos humanos, con sede en Londres, hizo llegar al Ejecutivo chileno un pedido firmado por más de 25.000 personas que exige la abolición de esa ley de 1978, que exime de responsabilidad a las personas que cometieron abusos entre 1973 y 1978.
"Es inaceptable que 40 años después del golpe militar haya obstáculos a la búsqueda de justicia"
Guadalupe Marengo

Además, pide que se tomen medidas para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas, muchas de las cuales aún siguen desaparecidas cuatro décadas después del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

"Es inaceptable que 40 años después del golpe militar todavía haya obstáculos a la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Chile", declara en un comunicado la subdirectora del programa para las Américas, Guadalupe Marengo, que reproduce la agencia EFE.

"La ley de amnistía continúa protegiendo de procesamientos a violadores de los derechos humanos, hay aún largos retrasos en los procesos judiciales y las sentencias no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos", añade en tono de queja.

La organización también exigió que los juicios a militares y fuerzas de seguridad se tramiten en tribunales civiles. 


viernes, 6 de septiembre de 2013

Milton Juica, ministro de la Suprema, y el mea culpa judicial por DD.HH.:

“Es una mentira del porte de una catedral los que dicen que no sabían lo que estaba pasando”

El magistrado, quien culminó con la investigación judicial del 'caso Degollados', entra en el tema de las culpas de la Justicia que hoy se abordará en el Pleno de la Suprema. “Mucha gente tenía miedo, para otros les era indiferente, otros creían que era bueno que pasara y otros estaban convencidos que la represión debía ser más fuerte aún”, señala. Y cree, eso sí, que ahora se ha avanzado tanto que “si Pinochet estuviera vivo, seguramente estaría condenado”.

El Presidente Sebastián Piñera en una entrevista el fin de semana pasado, fustigó a los tribunales de justicia por su papel en la dictadura: “Hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas”. Una deuda que sigue latente, porque la judicatura de esos años no defendió a las personas detenidas, torturadas o asesinadas. Por lo mismo, y en un gesto no menor, la Asociación de Magistrados ayer pidió perdón “a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena” porque, en su mayoría, los jueces —durante los 17 años de represión— miraron para el techo. Es más, en el pleno de hoy el máximo tribunal analizará la declaración y emplazamiento que les hicieron los magistrados en este tema.
Pero no todos los jueces hicieron oídos sordos. El ministro Milton Juica tuvo en sus manos dos causas emblemáticas —el ‘caso Degollados’ y Operación Albania— y siempre ha tenido una visión crítica de lo que hizo la mayoría de sus pares en dictadura, lo que le valió el veto de la derecha en 1998 para ascender a la Corte Suprema, el cual logró romper el 2001 y ser, incluso, presidente del máximo tribunal.
A la hora de los balances por los 40 años del Golpe Militar, su análisis es certero: “Al poco tiempo era clarísimo que había una represión total, que había detenciones totalmente ilegales, una tortura permanente (…) los tribunales consultaban al Ministerio del Interior, éste decía que la persona no estaba detenida y si lo estaba, que era en virtud del estado de sitio. Bastaba ese informe para aceptar que era así”.
-¿Cree que la ciudadanía perdonó al Poder Judicial?
-No es un problema de perdón, sino de críticas más que justificadas. Esperaban que sus derechos fundamentales fueran mejor asegurados y no lo obtuvieron. A las autoridades no se les perdona, se les critica y juzga por lo que hicieron y no hicieron y, en la época más difícil de la dictadura, la gente no tuvo tutela judicial en la defensa de sus derechos fundamentales. Aquí hay mucha gente que dice que no sabía lo que estaba pasando y eso es una mentira del porte de una catedral. Todas las personas que vivieron en esos años, sobre los 15, 16, 18 años, sabían perfectamente que se estaba viviendo una situación atroz. Una persona medianamente informada, con discernimiento, no podía ignorar lo que estaba sucediendo.
-¿Se refiere a nivel país o solamente al Poder Judicial?
-¡A todos! No sólo al Poder Judicial. Nadie puede decir que esto de los desaparecidos era mentira, que las torturas eran mentira, que las casas de seguridad eran mentira, una persona mínimamente informada estaba consciente de lo que pasaba. Lo que sucede es que mucha gente tenía miedo, para otros les era indiferente, otros creían que era bueno que pasara y otros estaban convencidos que la represión debía ser más fuerte aún. Tengo un documento, que siempre lo he guardado (toma una carpeta de su escritorio, la revisa y saca un papel) ¡es brutal!, es del año ‘78, la declaración del comité permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, dice: “Lamentamos tener que decir que hemos llegado a la convicción de que muchos, sino todos los detenidos desaparecidos, han muerto al margen de toda ley”. A mí me parecía que había que actuar y eso era investigando.
En la medida que los tribunales están ejerciendo sus funciones en esas causa, no hay impunidad. Eso no significa que todas vayan a tener un resultado positivo, nadie puede asegurar una sentencia ganada.
-¿Hubo mucha frustración por las trabas para avanzar en las causas?
-Asumí la causa de los degollados que llevaba el ministro (José) Cánovas que había jubilado, dije que iba a poner todas mis capacidades en el conocimiento de los hechos, investigué todo lo que pude, hice todo lo que pude y hubo un buen resultado. En la investigación que hizo Carlos Cerda hubo probablemente una gran frustración, todo lo que había hecho le fue dejado sin efecto por los tribunales de la época, pero sirvió de fuente para muchos procesos y ministros en visita, porque era un expediente que determinó comportamientos y nombres. Después aparece Sergio Muñoz que hace una investigación extraordinaria y remece todo.
-Por los 40 años del Golpe los mea culpa están a la orden del día en todos los sectores…
-Estos mea culpa debieron haberse producido mucho  antes, dicen ahora lo que debieron haber creído 20 o 30 años atrás.
-¿Ha habido justicia y verdad o hay una tarea pendiente?
-Todavía hay casos que están en investigación, pero que existan tareas pendientes no significa que haya un cierto grado de impunidad. El tiempo es muy delicado en materia penal, pero es importante para llegar a la verdad. Hay una conducta permanente de la jurisdicción actual de llegar hasta los últimos resultados y sancionar a quienes deben serlo. El Poder Judicial actual ha tenido mejores resultados que cualquier otro país de la región en materia de DD.HH.
-A veces parece más una respuesta para salir de las críticas…
-Casi todos los países de América Latina tuvieron una dictadura y una política de exterminio. Aquí no ha habido ánimo para perdonar legislativamente, los tribunales han considerado que los principios de DD.HH. establecidos en Tratados Internacionales rigen y, por lo tanto, su afán de investigación, de descubrir la verdad, de sancionar a los responsables se ha mantenido. Tenemos 29 ministros en visita, 216 sentencias se han dictado y 143 con sentencia ejecutoriada.
-¿No hay impunidad entonces?
-En la medida que los tribunales están ejerciendo sus funciones en esas causa, no hay impunidad. Eso no significa que todas vayan a tener un resultado positivo, nadie puede asegurar una sentencia ganada.
-¿Y la sensación colectiva de que no se ha castigado a los culpables se debe a que Augusto Pinochet murió sin ser condenado?
-Sólo en un caso demostró que estaba en situación mental —la demencia subcortical— y se le aceptó el sobreseimiento, pero murió con causas pendientes, porque con posterioridad empezó a demostrar que, a pesar de haber sido declarado inimputable, se comportaba como una persona con plena capacidad mental, con actividades de una persona normal, por lo que en los siguientes procesamientos no hubo esa clemencia. Él estaba procesado cuando murió y si estuviera vivo, seguramente estaría condenado.

TIRA Y AFLOJA

-Usted lo vivió ¿Está vigente el veto de la derecha a los jueces de causas de DD.HH.?
-Encuentro la expresión veto muy fuerte. La oportunidad que tiene el Senado de hacer el análisis sobre la idoneidad de un ministro es válida, lo que me parece tergiversa el sentido constitucional es que se consideren las razones de un tribunal para decidir sobre un conflicto. Eso entra en lo más importante que tiene un juez, su independencia, significa que el ministro supremo futuro tiene que pensar muy bien lo que va a resolver para no enemistarse y eso es lo grave.
-Algunos casos…
-¡El mío! Fui el primer caso en que se rechazó la designación del Presidente, en circunstancia que no había ningún reproche de mi conducta moral ni profesional, reunía todos los requisitos, no había ningún pero en mi carrera. Es lícito que haya presumido que se tuvo en consideración la manera como yo enfrentaba el derecho, especialmente en la protección de las garantías constitucionales.
-Y eso sigue vigente…
-Ahí están los casos de Carlos Cerda y Alfredo Pfeiffer, se les rechazó por su manera de entender el derecho, esa es la realidad.
-En la Corte Suprema hay quienes critican que el Senado esté involucrado en la designación…
-Los nombramientos siempre han sido complejos. Siempre se utilizó el sistema mixto, previsto para Presidentes que duraban seis años y así se podían producir hipotéticamente los equilibrios ideológicos. Cuando se planteó la modificación la Corte informó que no debía alterarse el sistema, porque podía haber politización.
-Este año el tema de los ascensos ha sido complejo…
-Todos los gobiernos se han demorado y hay demora porque, al final, tiene que haber un acuerdo político. Cuando se producen divergencias de carácter político pueden verse afectados quienes tienen una mayor relevancia jurídica respecto de quienes no tienen ninguna, porque crean menos problemas. Lo que me preocupa es que por este tira y afloja alguien que está en el mismo grado, en el mismo merecimiento, se le prive de ascender por una cuestión contingente.
-El presidente Piñera tiene una quina que tiene el nombre del juez Cerda nuevamente ¿hay un clima más favorable para su ascenso?
-No quiero dar una opinión, no me parece prudente. Solamente diré que todas las personas que están en una quina, si fue propuesta por la Corte Suprema, es merecedora de ocupar el cargo que está vacante.
-¿Comparte la idea que el compromiso absoluto de los jueces con la defensa de los DD.HH. sea requisito para ascender a la Suprema?
-No voy a cometer la imprudencia de decir que un colega está equivocado y espero que también me consideren a mí como opinión válida. La idoneidad moral de las personas es lo que interesa, pero puntos de vista tenemos todos y en materia de DD.HH. hay reglas básicas fundamentales que recoge el derecho internacional, que son superiores a cualquier opinión.
-¿Y si un juez denegó justicia?
-Habría que ver si lo hizo o no. La denegación de justicia es no hacer justicia, no hacer nada, pero si conociendo un  asunto resuelve de una manera determinada, no está denegando justicia, sino que aplicando lo que cree que es la justicia.

jueves, 5 de septiembre de 2013

Piñera criticó actuación de la Justicia y la prensa durante la dictadura



El Poder Judicial "no estuvo a la altura", afirmó el Mandatario en conversación con corresponsales extranjeros.
Aseguró que los medios de la época "podían haber investigado la realidad con más rigor".

El Presidente Sebastián Piñera afirmó que ni el Poder Judicial ni la prensa hicieron todo lo que debían para frenar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, de cuyo inicio se cumplen 40 años el próximo miércoles.
"El Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos. Pudo haber hecho mucho más, porque por mandato constitucional le correspondía cautelar los derechos de las personas y proteger las vidas, por ejemplo, acogiendo los recursos de amparo que rechazó en forma tan masiva", dijo Piñera en un encuentro con corresponsales.
"También pienso que los medios de comunicación podían haber investigado la realidad en materia de derechos humanos con mucho más rigor, con mucha más profundidad y no quedarse con la versión oficial del Gobierno militar", agregó.
A juicio del Mandatario, "toda la sociedad pudo haber hecho mucho más".
subirDistintas responsabilidades
"Aquí hay responsabilidades de distinta naturaleza", reflexionó el Presidente, quien puntualizó que "las responsabilidades penales son individuales, deben ser juzgadas por los tribunales de justicia y así esta ocurriendo", en alusión a los cerca de 60 antiguos agentes de la represión que cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad.
"Estoy seguro de que si tuviésemos la oportunidad de volver atrás la historia, todos actuaríamos distinto y mejor", afirmó Piñera.
"Los que contribuyeron al quiebre de la democracia no lo habrían hecho, y los que cometieron o toleraron las violaciones a los derechos humanos, habrían cambiado sus conductas", sentenció.
En ese caso, según el Mandatario, "la sociedad entera levantaría su voz con mucha más fuerza para evitar los atropellos a los derechos humanos, que fueron sistemáticos, reiterados y muy graves".
"Perdón" de los magistrados
Piñera, quien convocó para el próximo lunes un acto oficial en memoria de los 40 años del golpe militar que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al presidente Salvador Allende (al que no asistirá la oposición), hizo una invitación "a todo el país" para reflexionar sobre aquellos dramáticos hechos.
"El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más", señaló esta organización, que admitió que con sus acciones, los jueces "contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período".
Sin embargo, el portavoz de la Corte Suprema de Chile, Hugo Dolmestch, manifestó que"fue un acierto que la Corte apoyara el golpe militar" y aseguró que nunca ha escuchado que dentro del Tribunal Supremo se haya hablado de pedir perdón por su actuación.
En declaraciones a CNN Chile, Dolmestch sostuvo que si la Corte Suprema no hubiera actuado así, el Gobierno de la Unidad Popular que encabezaba Salvador Allende habría conducido a Chile a "una dictadura absoluta".
A fines de 1977, el dictador Augusto Pinochet ordenó la clausura de la red regional de Cooperativa, que logró salvar sólo las estaciones de AM de Santiago, Valparaíso y Temuco.
Luego a partir de 1983, Cooperativa sufre frecuentes clausuras parciales por su reportes sobre violaciones a los derechos humanos, que también motivaron un bloqueo comercial y financiero y la imposibilidad de acceder a nuevas concesiones y tecnologías, hasta las agresiones a los estudios y torres de transmisión y las amenazas a sus responsables y trabajadores.
Respuesta del Colegio de Periodistas
El presidente del Colegio de PeriodistasMarcelo Castillo, valoró la "buena intención" de las palabras del Jefe de Estado, pero afirmó que no comparte el criterio planteado por el Mandatario.
"Él sabe perfectamente bien que son los medios de comunicación que lo apoyan hoy día, Consorcio Periodístico S.A. (Copesa) y El Mercurio S.A.P., quienes no sólo omitieron la realidad de lo que pasaba en materia de violación de los derechos humanos", describió Castillo.
El profesional agregó que "también estos medios de comunicación, en distintas circunstancias, fueron cómplices en la medida que se prestaron para montajes informativos de situaciones en que fueron asesinadas personas".
Castillo recordó además que en el año 2008 el Colegio de Periodistas pidió un perdón institucional en nombre de quienes no hicieron lo que correspondía o no hicieron lo suficiente y recalcó que el gremio tiene cerca de 40 mártires en dictadura y que los medios que se pusieron del lado de la verdad sufrieron la persecución del régimen.
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/pinera-critico-actuacion-de-la-justicia-y-la-prensa-durante-la-dictadura/2013-09-05/121627.html

lunes, 2 de septiembre de 2013

Milton Juica y el activismo judicial: “Eso es un eslogan para afectar la independencia del Poder Judicial”

2 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Ministro de la Suprema responde a críticas de libro de Libertad y Desarrollo

La crítica no es nueva, es más, es una de las razones de fondo de la tensión que bajo la administración de Sebastián Piñera ha existido en mayor o menor grado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La diferencia es que ahora está plasmada en el último libro de Libertad y Desarrollo (LYD) —centro de pensamiento vinculado a altos personeros de la dictadura militar, como Hernán Büchi y Carlos Cáceres— “Activismo Judicial en Chile: ¿Hacia el gobierno de los jueces?”, donde se establece que algunos magistrados dictan sus fallos basados en argumentos que van allá de lo meramente jurídico. Algo que el ministro y ex presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, desmiente tajantemente: “No veo ningún juez que se suba a una tribuna política, que asuma una posición ideológica-política ni tampoco uno que declare en su sentencia, una posición política respecto de un tema judicial”.
El tema del activismo no es un críptico debate académico ni judicial, sino que atraviesa soterradamente lo que han sido las relaciones de este gobierno con los tribunales, donde las críticas públicas desde el Presidente Piñera para abajo han marcado estos años. Basta recordar las opiniones negativas que esgrimía el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, contra el actuar de los jueces, que llevó a una categórica y pública respuesta del pleno de la Corte Suprema, hace casi un año exacto, reclamando por el intento político de interferir en la independencia de los tribunales.
El ministro Juica tiene una respuesta, aunque considera que todo el cuestionamiento tiene su razón de ser en intentos evidentes por querer influir en la independencia de los Tribunales de Justicia: “El Poder Judicial no se deja amedrentar por el otro activismo, el contrario, el que quiere imponer su voluntad a los jueces y eso, ni ahora ni nunca, va a ocurrir”, sentenció.”
Es en ese contexto, que casos judiciales emblemáticos han sido puestos como ejemplo del supuesto activismo judicial: el estrepitoso fracaso del ‘caso Bombas’ el 2012, el caso de Luciano Pitronello, fallos en materia medio ambiental y sentencias favorables a los consumidores. El libro de LyD recoge gran parte de esta lista para sustentar su advertencia, que consistiría en un intento de los magistrados por reemplazar las reglas jurídicas cuando se estiman injustas, sumado a una tendencia a judicializar controversias en diferentes áreas, unido al hecho que los jueces estén abandonando la idea de sujeción a la ley con que trabajaban antes y que ahora los tribunales deben lidiar con actores organizados, como activistas, grupos de interés y medios de comunicación con líneas editoriales definidas.
La respuesta desde tribunales no se hizo esperar. Para cada uno de estos puntos, el ministro Juica tiene una respuesta, aunque considera que todo el cuestionamiento tiene su razón de ser en intentos evidentes por querer influir en la independencia de los Tribunales de Justicia: “El Poder Judicial no se deja amedrentar por el otro activismo, el contrario, el que quiere imponer su voluntad a los jueces y eso, ni ahora ni nunca, va a ocurrir”, sentenció.
Explicó que las reformas a la Constitución de 1980 han generado condiciones para que “existan acciones que puedan impugnar actividades de la administración del Estado y eso no lo establecieron los tribunales, sino que fue a través de los órganos legislativos en un sistema de modernización, en que cuando existe la afectación de una garantía, de un derecho, de un bien de alguien, puede ser discutido ante el derecho que tiene toda persona de ir a un tribunal de justicia”.
Es más, Juica precisa que lo que sucede actualmente, que no se puede desconocer “y no porque los jueces lo hayan querido, es que tenemos una sociedad muy interesada en que las políticas públicas sean transparentes y convenidas con la sociedad civil”.
El libro —de los abogados José Francisco García coordinador de Políticas Públicas de LyD y Sergio Verdugo, investigador del Centro de Justicia Constitucional de la UDD— plantea que en materia de energía y medio ambiente la nueva jurisprudencia ambiental, especialmente tras el fallo que paralizó la central Termoeléctrica Castilla, se generó una alta incertidumbre regulatoria, lo que impacta en el desarrollo de proyectos para satisfacer la demanda energética del país. En este punto, se recalca que la jurisprudencia del Poder Judicial en materia ambiental sufrió un cambio significativo —en esta línea— a partir del 2009.
Este activismo, según el libro, alcanza también el ámbito de la salud, lo que se demuestra en cifras. Se precisa que en el año 2007 los recursos de protección contra las alzas de los planes de Isapres llegaban a 737, al año siguiente aumentaron a 5 mil 193, mientras que el 2010 fueron 7 mil 368 y el 2012 se dispararon a 43 mil 407. García y Verdugo precisan que lo grave de este tipo de activismo no es el diagnóstico sobre el sistema de salud, sino el hecho de que los jueces perciban que ellos están en condiciones técnicas de realizar dicho diagnóstico con precisión y que estimen que ello otorga un fundamento jurídico suficiente para resolver casos concretos.
Se considera que el “activismo judicial” refleja un desconocimiento en la asignación de roles de los jueces dentro del sistema político y, por lo mismo, se advierte que puede tener impacto en la separación de poderes, en la capacidad de las autoridades electas para llevar adelante sus programas, la legitimidad democrática de las decisiones y el carácter técnico de medidas adoptadas mediante procedimientos complejos. Lisa y llanamente se plantea que los jueces carecen de la legitimidad democrática y las competencias técnicas para tomar decisiones de política pública, porque su rol es controlar su legalidad, no diseñarlas o evaluar sus méritos.
Para García y Verdugo, el activismo judicial tiene su origen intelectual en los 60’s, en un grupo de académicos que formaron a un grueso de los actuales jueces en ejercicio y que postulaban —según afirman— que el derecho no podía ser una traba a la transformación social, por lo que había que buscar los resquicios que lo permitieran, siendo heredero directo de la filosofía de los resquicios legales utilizada durante del gobierno de la UP. En esa línea, advierten de la tentación de “algunos jueces de utilizar las sentencias como vehículo de reforma social” creyendo que con ello avanzan “en ciertas ideas sobre lo que estiman es lo justo”.
Sin embargo, en opinión de Juica, toda la argumentación que se ha puesto sobre la mesa para justificar la existencia de dicho activismo “son sólo eslóganes que no reflejan la realidad práctica de los conflictos que se resuelven en los tribunales de justicia (…) es un eslogan, como tantos para, de alguna manera, afectar la independencia del poder judicial, como por ejemplo el eslogan de la puerta giratoria”.
El ministro considera una “contradicción” las críticas en materia medioambiental cuando “precisamente lo que se judicializó fue la política ambiental. No solamente se hizo, sino que se crearon Tribunales Ambientales y ¿para qué se crean?, ¿para controlar a la gente? No, sino para controlar al Estado en sus políticas ambientales. Entonces parece un contrasentido hablar de activismo judicial”.
Tajante, Juica añade que es a los tribunales a los que se les pone en la situación de resolver un conflicto y es dentro de su competencia, que lo hacen. El punto es que “por mucha deferencia que tenga el Poder Judicial con los otros poderes del Estado, pero no puede ir más allá de tener que aceptar como bueno lo que se resuelva a nivel político y administrativo, en la medida que esa actividad puede ser impugnada por las partes afectadas a través de recursos y acciones”.
http://www.elmostrador.cl/pais/2013/09/02/milton-juica-y-el-activismo-judicial-eso-es-un-eslogan-para-afectar-la-independencia-del-poder-judicial/

domingo, 1 de septiembre de 2013

Justicia cierra caso contra General (r) del Ejército imputado por fraude al fisco vinculado al caso Riggs

01/09/2013 |
El General en retiro del Ejército, Jorge Gualda Salinas, quedó libre de cargos en el caso donde se apuntaba al enriquecimiento ilegal del dictador Augusto Pinochet, con dineros guardados en dicho banco

Las acusaciones en contra del ex General Gualda lo sindicaban como responsable de falsear la información contemplada en facturas por reparaciones de aeronaves, desde donde se habría gestado un enriquecimiento ilícito del militar con fondos públicos, según informa radio Bíobío.

El abogado del general en retiro, Juan Carlos Cánepa, se mostró conforme por este fallo, pues no solo se comprobó que no hubo fraude al Fisco, sino que habrían espacios legales que no vuelven un ilícito que la información de las facturas no sea la misma que la de las compras o contrataciones efectuadas.

El abogado Cánepa además indicó que se logró demostrar no sólo la inocencia de su representado, sino que no está vinculado en lo absoluto con el Caso Riggs, hecho que aún se investiga, mientras que la causa en contra del ex general Jorge Gualda está archivada

martes, 6 de agosto de 2013

Caso Riggs: Consejo de Defensa del Estado inicia gestiones para demandar a herederos de Augusto Pinochet

06/08/2013 |
Según la indagación penal que cerró el ministro Manuel Antonio Valderrama, se determinó que del dinero entregado a Pinochet en gastos reservados como Jefe de Estado, US$ 690.576 habrían sido destinados a fines personales y US$ 1.501.727 se desconoce dónde están.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) comenzó las primeras gestiones preparativas para presentar en el futuro una demanda civil indemnizatoria, con el fin de recuperar los dineros fiscales del patrimonio del fallecido general (r) Augusto Pinochet que serían platas fiscales.

Según publica hoy "El Mercurio", estas acciones se realizaron antes que de que se cerrara la investigación del caso Banco Riggs.
Con esta demanda, el organismo del Estado pretende recuperar unos US$ 17.866.000 que, de acuerdo a un peritaje de la Universidad de Chile, no se encuentran justificados y se desconoce su origen.

Según la indagación penal que cerró el ministro Manuel Antonio Valderrama, se determinó que del dinero entregado a Pinochet en gastos reservados como Jefe de Estado, US$ 690.576 habrían sido destinados a fines personales y US$ 1.501.727 se desconoce dónde están.

Los gastos reservados que no están en duda, porque fueron utilizados para cuestiones públicas, son US$ 2.175.990.

Por eso solicitó la apertura del testamento que se realizó el 4 de julio de 2012 para determinar cuál es el patrimonio real y quiénes son los herederos, para poder en el futuro demandar civilmente responsabilidades a ellos.

El CDE ahora pidió que se ordenara notificación a los herederos, y solo en el caso de uno de ellos no se ha logrado encontrar el domicilio. Las acciones civiles se iniciarán una vez que se dicte la sentencia en el caso penal que sustancia el juez Valderrama.

La principal beneficiaria es su esposa, Lucía Hiriart, que percibirá el 51,8% de todos los bienes y dineros de Pinochet. Un 7,14% del patrimonio, en tanto, le corresponderá a cada uno de los cincos hijos del matrimonio: Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline. El fallecido general además benefició en su testamento a 12 de sus 25 nietos y a cinco bisnietos, quienes se repartirán parte del 12,5%, aunque algunos recibirán más que otros.

http://ww.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130806/pags/20130806084739.html

Abogada: Nunca sabremos el verdadero enriquecimiento ilícito de Pinochet

Carmen Hertz consideró "un escándalo" que la causa se haya cerrado sin procesar a miembros de su familia.
Dijo que al juez Manuel Valderrama le faltó coraje y en los últimos años el CDE no "hizo nada".

PublicadoLunes 5 de agosto de 2013 | Autor: Cooperativa.cl


La abogada Carmen Hertz, una de las querellantes del llamado caso Riggs, referido a las cuentas secretas de Augusto Pinochet, consideró como "un escándalo" la decisión del ministro en visita Manuel Valderrama de cerrar la investigación sin procesar a ningún miembro de la familia del dictador.
"A lo largo de todos estos años de investigación, comenzando con el informe que entrega el subcomité de investigaciones del Senado (de Estados Unidos), que son dos -uno general y otro centrado en Augusto Pinochet- queda en evidencia que Pinochet se enriqueció ilícitamente a lo largo de los 17 años en que fue dictador en este país y con posterioridad, porque lo siguió haciendo durante toda la década de los 90", dijo Hertz a Cooperativa.
Pinochet "armó toda una trama de operaciones, que significa cuentas secretas a nombre de alias ('Daniel López' o 'John Long') en diversos bancos repartidos a lo largo del mundo, particularmente el Banco Riggs, el Banco Espirito Santo, el Citybank, el propio Banco de Chile, el Bank of America, entre otros; (también) crea una trama de sociedades espejo en paraísos fiscales, como en Islas Vírgenes, en Bahamas y en Islas Caimanes".
Bajo este esquema "hubo desvío de millones de fondos reservados del Ejército y de la Presidencia de la República a cuentas secretas que se pusieron o a nombre de Pinochet o a nombre de sus secretarios privados, que también usaban chapas"
Todo esto está acreditado a lo largo de la investigación de estos años, especialmente hasta el año 2008, cuando asume el ministro Valderrama", explicó la jurista, que se mostró crítica ante la gestión del magistrado.
"Aquí hay una causa que tiene más de 330 tomos, en la cual no se están investigando bolitas de dulce, sino hechos graves que no se siguieron investigando, como saber los montos que Pinochet recibió de las coimas por las transferencias de armas que realizó Famae, porque eso no se atrevió a tocarlo nadie más", advirtió la magistrada.
"En la arista de coimas por transferencia de armas se encuentran acreditadas irregularidades que no siguieron siendo investigadas, porque para investigar esa trama hay que tener mucho coraje y mucha independencia, que sí la tenía el ministro Carlos Cerda" y le faltó a Valderrama, opinó Hertz en Una Nueva Mañana.
subirLa influencia de los "poderes fácticos"
La abogada recordó que "Carlos Cerda procesó a todos los hijos de Pinochet y a su viuda, y los procesó porque estaba acreditado en la causa que había transferencias de plata, dineros que sacaron de las cuentas secretas, y estos procesamientos fueron dejados sin efecto por razones formales, nunca por razones de fondo".
"La familia, el clan Pinochet cometió muchos ilícitos", agregó la jurista, que consideró "un escándalo" que esto "no sea sancionado", porque "fuimos esquilmados por Pinochet y por su clan –porque la plata del Fisco sale de todos nosotros-" y "todo Chile sabe que (aquél) está en los bolsillos de su parentela".
Hertz también criticó al Consejo de Defensa del Estado, "organismo que por ley tiene que velar por el patrimonio fiscal, y que en los últimos años no ha hecho nada" por este caso.
Dijo que ni siquiera tiene "certeza" de que el CDE vaya a apelar a la decisión de Valderrama, "dada la nula actividad de los últimos años, particularmente desde el año 2010".
"¿Para qué nos vamos a engañar? En un país en que los poderes fácticos siguen actuando y actuaron a tope durante los 90 y durante la década del 2000 por cierto que nunca vamos a saber cuál fue el verdadero enriquecimiento ilícito de Pinochet y el destino de estas platas", lamentó la querellante.

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/augusto-pinochet/patrimonio/abogada-nunca-sabremos-el-verdadero-enriquecimiento-ilicito-de-pinochet/2013-08-05/130146.html

Nieto de Pinochet por caso Riggs: “el daño que se le hizo a la familia fue tremendo, lo pasamos muy mal”

Luego que este lunes se cerrara la investigación sobre el Caso Riggs y las platas mal habidas del exdictador Augusto Pinochet, su nieto, Rodrigo García Pinochet, defendió la labor de su abuelo y acusó una persecución política con la familia del militar.

“Pasamos por grandes acusaciones de todo tipo, incluso se encarceló a toda la familia. se habló de tráficos de armas, y finalmente se comprueba que la familia no tenia ninguna responsabilidad y que esos ilícitos no eran tales” dijo García Pinochet en una entrevista con el canal CNN Chile
este lunes.
El cierre de la investigación, que duró nueve años, dejó sin responsabilidad alguna a la familia de Pinochet aunque culpó a los generales (r) Ramón Castro y Jorge Ballerino, quienes abrieron la primera cuenta de Pinochet en el banco Riggs, bajo el nombre de “John Long”; el general (r) Sergio Moreno Saravia, procesado por malversación de caudales y estafa, tras haberle traspasado a Pinochet 23.721 dólares correspondientes a gastos reservados desde la cuenta que mantenía en el Banco Riggs; y los coroneles en retiro Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan MacLean, quienes en calidad de secretarios privados cumplieron distintas funciones, como transferir dinero, abrir cuentas y cobrar cheques con el fin de ocultar los dineros malhabidos.
Respecto al proceso, el nieto del exdictadora dijo que se trató de una persecusión política a la familia Pinochet. “El daño que se le hizo a la familia, fue tremendo. lo pasamos muy mal. ¿quién repara eso?” y agregó que el caso se cerró sin parientes juzgados porque “esto es un caso político”.
Además, García Pinochet justificó la existencia de las cuentas falsas de Augusto Pinochet por la existencia de “una persecusión política” arguyendo que en Chile no podría haber declarado esos dineros.
Cabe destacar que el Consejo de Defensa del Estado y los abogados defensores tienen 15 días para pedir la reapertura de la causa y nuevas diligencias.
http://www.theclinic.cl/2013/08/05/nieto-de-pinochet-por-caso-riggs-el-dano-que-se-le-hizo-a-la-familia-fue-tremendo-lo-pasamos-muy-mal/


Cómo Lucía Pinochet Hiriart aseguró su vida robando en el ex Instituto de Seguros del Estado (ISE)

El escandaloso desvalijamiento del desaparecido Instituto de Seguros del Estado (ISE) y como hasta un primo de Augusto Pinochet, sacaron espectaculares tajadas.
Inés Lucía Pinochet Hiriart, se puede decir que resultó damnificada por la chuña de privatizaciones que realizó la dictadura, ya que ella fue durante varios años privilegiada comisionista del Instituto de Seguros del Estado (ISE) y sin tener que mover un dedo, menos pararse de su escritorio, ganó cientos de millones de pesos anualmente, es decir, aseguró una existencia cómoda y vitalicia. Esto, porque le pagaban las comisiones automáticamente y si se toma en cuenta que todas las instituciones fiscales, por ley, debían asegurarse en el ISE es cosa de sacar cuentas cuánta plata recibió.
Desgraciadamente lo bueno no es eterno y el chorro de dinero se le acabó cuando su padre, el dictador genocida Augusto Pinochet, privatizó el ISE.
Es una larga historia esta que figura en los anales de la sinvergüenzura nacional. Comenzó a gestarse cuando el afanoso Mario Gutiérrez Ugarte, coronel jubilado del ejército, pero afortunadamente (para él) primo de Augusto, también trabajaba en el ISE. Como era “avispado” Marito, como le decía su tía, mamá de Augusto, formó en 1982 una banda para saquear al Instituto, lo más discretamente posible.
Recordemos que fue en el segundo gobierno (1952-1958) de otro militar, Carlos Ibáñez del Campo cuando se creó el Instituto de Seguros del Estado, que centralizó las operaciones de aseguramiento del entonces vigoroso aparato estatal.
Era pues una mina de oro, cuando cayeron allí los Pinochet y sus allegados. Se calcula que entre 1982 y 1983, sentaron las bases para echarse al bolsillo, en moneda de hoy, unos 620.000 millones de pesos por concepto de comisiones literalmente regaladas y jamás merecidas.
En 1980, las autoridades militares permitieron al ISE operar a través de corredores independientes homologados, lo que aprovechó Marito Gutiérrez Ugarte para pasar de pobre, a rico.
Al constatar que, gracias al primo, pasaban desapercibidas las operaciones como la que le brindó un acogedor departamento de 140 metros en El Golf, Marito, como le decían en la familia, se subió por el chorro.
Como primer paso estableció una nómina de corredores exclusivos cuya misión no era captar clientes nuevos, sino explotar el mercado cautivo y obligado de las instituciones estatales. Los primeros afortunados fueron Carlos Hidalgo Rojas, domiciliado en Punta Arenas, y la intermediadora de seguros Pérez Artaso Ltda. Luego se sumó Patricio Mora Contreras, de Temuco, y a inicios de 1983 el club se sella con Storil Ltda. y Metrópoli Ltda. Storil, creada el 27 de diciembre de 1982, tenía dos socios de coherente currículum en materia de utilización de fondos estatales puestos a su alcance por mérito familiar: Inés Lucía Pinochet Hiriart (90%) y su consorte de la época, Jorge Aravena Vergara (10%).
Para estimularlos en su difícil tarea de acumular millones, Marito Gutiérrez les ofreció comisiones más de tres veces por encima del valor de mercado. Mientras las empresas privadas pagaban entonces el 10% a los corredores, Gutiérrez remuneraba entre 30 y 35% a parientes y amigos. Y en caso de seguros contra incendio, la comisión de los afortunados corredores que no corrían ni un metro, llegaba a 50% frente a 20% en el mercado. Y mientras seguros La Previsión, por ejemplo, pagaba 5,3% por la venta de seguros adicionales contra terremotos, el ISE le pagaba a su selecto club diez veces más.
El ISE además pagaba el arriendo de las oficinas de sus corredores exclusivos y destinó, a cargo fiscal, a 11 de sus funcionarios a trabajar para ellos sin recibir sueldo extra.
Y estos pobres eran los encargados de vigilar los seguros de empresas públicas como el Metro de Santiago, Corfo, Enacar, CAP, LAN-Chile, Ferrocarriles del Estado, la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, y la Caja de Previsión de Empleados Particulares, entre otras muchas.
Por ejemplo, en un solo caso, el Metro, en 1983, los afortunados corredores comisionistas recibieron más de 40 millones de pesos (comprobantes de egreso 050806 y 050804 del ISE, ambos fechados el 18 de mayo de 1983). De ellos, poco más de 20 millones de pesos fueron para Carlos Hidalgo y Storil, es decir Lucía, la modesta Lucía, agarró su tajadita.
Días antes del pago, los esforzados corredores de Lucía habían protestado por los atrasos en estos pagos. Interrogado por la Contraloría, el director general del Metro, Ludolf Lausen Kuhlmann, dijo en oficio número 847, del 3 de agosto de 1983, que no sabía de intermediarios: “Los seguros contratados por esta dirección general durante el año 1983, con el Instituto de Seguros del Estado, fueron convenidos directamente con dicho instituto”.
Pero Lausen o no sabía o no quería saber que en esta creativa fórmula, el trabajo de los corredores consistía en cobrar limpias comisiones, no en andarse ensuciando las manos con mugrientas ventas. La empresa de la hija mayor de Pinochet lo hizo muy bien. Entre enero y julio de 1983 recibió del ISE el equivalente a 182.600 millones de pesos.
El entonces afortunado, segundo esposo de Lucia, Jorge Aravena, decidió agarrar lo suyo y el 26 de abril de 1983 agregó una nueva empresa al fabuloso negocio ofrecido por Marito, la firma Metrópoli Ltda., que ya en julio había recibido el equivalente en dinero actual por algo más de 231 millones de pesos.
Todo fue tan descarado, que funcionarios del ISE y de la Contraloría empezaron en mayo de ese año a filtrar datos sobre los espectaculares negocios que ofrecía el ISE. Tanto en la revista opositora Hoy como en la dictatorial “Qué Pasa”, aparecieron hechos y nombres. Pinochet, temiendo que el escándalo estallara, tomó dos decisiones simultáneas: Dictó una norma que obligaba, de nuevo, a que los contratos de los organismos públicos con el ISE se hicieran directamente, y prescindiendo de terceros, sacó a Marito Gutiérrez de ese trabajo. La Contraloría inició un juicio de cuentas contra Gutiérrez, que por supuesto no prosperó. Nadie, mucho menos el primo, sufrieron consecuencias alguna.
Veamos como hacía sus negocios el vicepresidente del ISE, el tan mentado Marito Gutiérrez Ugarte. Por ejemplo, le vendió un terreno de la institución a la sociedad constructora Molina Morel Treinta y Ocho Ltda., 4.366 metros cuadrados en la avenida Apoquindo N° 3.795. Dicho suelo se pagó con ocho departamentos, ocho bodegas y doce estacionamientos del mismo edificio que se iba a levantar allí.
Una vez recibidos por parte del ISE los ocho departamentos y las ocho bodegas, más los doce estacionamientos, Marito, en representación del ISE adquirió supuestamente para la institución. Apenas firmó las escrituras pertinentes, vendió estos magníficos lugares a precio de huevo. Los compradores, muy suertudos ellos, fueron Mario Gutiérrez Ugarte, Hernán Villarino, secretario general del Instituto, el fiscal Renato Strappa, su hermano Raúl Strappa Lombardi, sin dejar de mencionar la compraventa realizada entre Guillermo Martínez Spikin (cónyuge de Jacqueline Pinochet Hiriart) y el ISE, por el departamento 21, bodega N° 21 y por el estacionamiento N° 79 del bello edificio construido en Apoquindo 3795.
Según la Contraloría, el precio de venta del terreno fue de raquíticos cinco millones de pesos de la época. El ISE se pagó con los ocho departamentos y el noveno, lo hizo suyo con 300 dólares al contado y 274.880 kilos de fierro provenientes de una obra paralizada del Instituto, en Valparaíso.
Posteriormente, los nueve departamentos con sus respectivas bodegas y estacionamientos, se enajenaron bajo las siguientes condiciones:
a) 10% al contado;
b) Crédito directo hipotecario en pesos por el saldo de precio a un plazo de 10 a 15 años.
c) Interés del 12% sobre el saldo adeudado.
En el mercado financiero se ofrecían créditos hipotecarios con una cuota al contado del 25%; el resto del precio, con una hipoteca en UF a 12 y todo ellos con un 12 a un 18% anual de interés sobre el saldo de la deuda.
Los precios fueron de 72.000 a 79.000 dólares, con cuotas mensuales de 427 dólares, un poco más de 200.000 pesos mensuales de los actuales. Marito que se quedó con uno de los grandes, se cobró 97.500 dólares y se puso un canon mensual de 928,69 dólares.
Guillermo Martínez Spikin, el digámoslo bien “cafiche” de esos años que tenía Jacqueline Pinochet Hiriart, pagó 79.000 dólares con 168 cuotas mensuales.
En tanto, la Contraloría durante una auditoria integral de estados financieros efectuada al ISE durante 1983, comprobó diversas ilegalidades en el pago de comisiones por corretaje de seguros, negocios que hasta 1980 se hacían sin intermediarios, directamente, porque era obligación de las empresas estatales asegurarse con el ISE. Los clientes se entendían con el personal de planta que poseía el Instituto.
A raíz de todos estos negociados, durante el período en que fue ministro de Hacienda, Hernán Büchi Buc, se disminuyó el patrimonio del ISE de 4.600 millones de pesos aproximadamente al 1 de enero de 1985 a 1.432 millones de pesos al 30 de junio de 1988, tanto en seguros generales como en seguros de vida, con lo cual quedó reducido a un tercio de su capacidad.
Tras eso, vino la privatización tras un breve lapso en manos de CORFO. La Contraloría, dijo que al respecto del Instituto, “la rentabilidad y su situación patrimonial no muestra ningún resultado que permita una proyección o estimación futura, en atención a que el Fisco efectuó sucesivos retiros y traspasos de fondos a rentas generales en los últimos cinco ejercicios, disminuyendo el patrimonio del ISE y produciendo un efecto negativo en los resultados.”
Con el reciente e indignante cierre del caso Riggs, desligando a toda la familia Pinochet de toda responsabilidad, vale la pena recordar el pasado, en otra arista de robos de la hija mayor del dictador genocida, ladrón, y asesino Pinochet.
Una lápida que muestra como la DICTADURA le robó a todos los chilenos.


http://revoluciontrespuntocero.cl/como-lucia-pinochet-hiriart-aseguro-su-vida-robando-en-el-ex-instituto-de-seguros-del-estado-ise/

La Historia Oculta del Régimen Militar

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