lunes, 10 de diciembre de 2012
Senador Gómez: "No me vengan con cuentos. El proyecto de Ley de Pesca es...
Intervención del Senador José Antonio Gómez, en el Senado de la República de Chile, frente al acuerdo de la Democracia Cristiana y la Derecha chilena para aprobar la Ley de Pesca, más conocida como la Ley Longueira”:
¿Cómo se implantó el modelo Neoliberal en Chile?
Los "Chicago Boys" en Chile
Orlando Letelier
Parecería ser una observación de sentido común decir que las políticas económicas son condicionadas por y al mismo tiempo modifican la situación social y política en la que son puestas en práctica. Las políticas económicas, por lo tanto, se aplican para alterar las estructuras sociales.
En consecuencia si insisto en estas consideraciones, es porque la necesaria conexión entre política económica y su marco sociopolítico parece estar ausente de muchos análisis sobre la actual situación chilena. Para decirlo brevemente la violación de los derechos humanos, el sistema de brutalidad institucionalizada, el control drástico y la supresión de toda forma de disenso significativo se discuten - y a menudo condenan- como un fenómeno sólo indirectamente vinculado, o en verdad completamente desvinculado, de las políticas clásicas de absoluto "libre mercado" que han sido puestas en práctica por la Junta Militar. Esta desconexión en el análisis ha sido particularmente característica de las instituciones públicas y privadas, que han ensalzado y apoyado públicamente las políticas económicas adoptadas por el gobierno de Pinochet, mientras se lamentan de la "mala imagen internacional" que la Junta se ha ganado a través de su "incomprensible" persistencia en torturar, encarcelar y perseguir a todos sus críticos, una reciente decisión del Banco Mundial entregando un préstamo de 33 millones de dólares a la Junta fue justificado por su Presidente, Robert Mac Namara, como basada en puros criterios "técnicos", sin establecer ninguna relación con las actuales condiciones políticas y sociales del país. La misma línea de justificación ha sido seguida por los bancos privados norteamericanos que, en las palabras de un vocero de una empresa de consultoría económica, "han ido, uno tras otro, entregando créditos" (Ver Ann Crittenden: "Loaus from Abroad flou to Chile's rightist Junta", The New York Times, 20 de Febrero de 1976).
Pero probablemente nadie ha expresado mejor esta actitud que el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Después de una visita a Chile, donde discutió las violaciones de los derechos humanos por el gobierno militar; William Simon felicitó a Pinochet por proporcionar "libertad económica" al pueblo chileno (The Times, 17 de Mayo de 1976). Este concepto particularmente conveniente de un sistema social en el cual la "libertad económica" y el terror político coexisten sin interferirse, permite a estos voceros financieros sostener su idea de "libertad" mientras ejercitan sus músculos verbales en defensa de los derechos humanos.
La utilidad de esta distinción ha sido particularmente apreciada por aquellos que han generado las políticas económicas actualmente aplicadas en Chile. En Newsweek del 14 de Junio, Milton Friedman, el arquitecto intelectual y consejero no oficial del equipo de economistas ahora a cargo de la economía chilena, expresó: "A pesar de mi profundo desacuerdo con el sistema político autoritario de Chile, no considero pecaminoso para un economista el proporcionar consejo económico técnico al gobierno chileno, más de lo que consideraría pecaminoso para un médico entregar asesoría técnica al gobierno chileno para contribuir a poner término a una plaga". Es curioso que el hombre que escribió un libro Capitalismo y libertad, para desarrollar el argumento que sólo el liberalismo económico clásico puede servir de soporte a la democracia política, pueda ahora tan fácilmente desvincular le economía de la política, cuando las teorías económicas que él defiende coinciden con una absoluta restricción de todo tipo de libertad democrática. Uno debería lógicamente esperar que si aquellos que se oponen a la empresa privada son responsabilizados por los efectos de sus medidas en la esfera política, aquellos que imponen ilimitada "libertad económica" deberían también ser responsabilizados cuando la imposición de esta política va inevitablemente acompañada de la represión masiva, el hambre, el desempleo y la subsistencia de un brutal estado policial.
LA RECETA ECONOMICA Y LA REALIDAD DE CHILE.
El programa económico actualmente puesto en práctica en Chile realiza una aspiración histórica de un grupo de economistas chilenos, la mayoría de ellos entrenados en la Universidad de Chicago por Milton Friedman y Arnoldo Harberger. Profundamente involucrados en la preparación del golpe, los "Chicago boys", nombre con que se les conoce en Chile, convencieron a los generales que ellos estaban en condiciones de complementar la brutalidad, que los militares poseían, con los activos intelectuales de que carecían. El Comité Especial del Senado Norteamericano sobre Inteligencia ha revelado que los "colaboradores de la CIA" ayudaron a planear las medidas económicas que la Junta chilena puso en ejecución inmediatamente después de usurpar el poder ("A Draconian Cure for Chile's Economic Ills", Business Week, 12 de Enero de 1976). Testigos ante el Comité sostienen que algunos de los "Chicago boys" recibieron fondos de la CIA por esfuerzos de investigación tales como un programa económico de 300 páginas que fue entregado a los líderes militares antes del golpe. Es por lo tanto comprensible que después de tomarse el poder ellos estuvieran como lo dijo The Wall Street Journal (2 de Noviembre, 1973), "impacientes por lanzarse" sobre la economía chilena. Su primera aproximación a la situación fue gradual; sólo después de un año de relativa confusión decidieron implementar sin mayor modificación el modelo teórico que habían aprendido en Chicago. La ocasión mereció una visita a Chile de Mr. Friedman mismo, quien, junto a su colega Profesor Harberger, hizo una serie de bien publicitadas apariciones para promover un "tratamiento de shock" para la economía chilena, algo que Friedman enfáticamente describió como "la única medicina. Absolutamente. No hay otra. No hay otra solución de largo plazo" (la cita es de "El Mercurio" de Santiago, 23 de Marzo de 1975).
Estos son los principios básicos del modelo económico ofrecido por Friedman y sus seguidores y adoptado por la Junta chilena: que el único marco posible para el desarrollo económico es uno dentro del cual el sector privado pueda operar libremente; que la empresa privada es la forma más eficiente de organización económica y que, por lo tanto, el sector privado debería ser el factor predominante en la economía. Los precios deberían fluctuar libremente de acuerdo con las leyes de la competencia. La inflación, el peor enemigo del progreso económico, es el resultado directo de la expansión monetaria y puede ser eliminada sólo mediante una drástica reducción del gasto gubernamental.
Salvo en el Chile de hoy, ningún gobierno en el mundo deja a la empresa privada las manos absolutamente libres. Esto es así porque todo economista (excepto Friedman y sus seguidores) ha sabido por décadas que, en el capitalismo de la vida real, no existe algo como la libre competencia descrita por los economistas liberales clásicos.
En Marzo de 1975, en Santiago, un periodista osó sugerir a Friedman que incluso en países capitalistas más avanzados, como por ejemplo los Estados Unidos, el gobierno aplica varios tipos de controles sobre la economía. El señor Friedman respondió: "Siempre he estado en contra, no los apruebo. Creo que no deberíamos aplicarlos. Estoy contra la intervención económica del gobierno, en mi propio país, tanto como en Chile o en cualquier otra parte" (Qué Pasa, semanario chileno, 3 de Abril de 1975).
No es éste el lugar para evaluar la validez general de los postulados avanzados por Friedman y la Escuela de Chicago. Deseo concentrarme sólo en lo que ocurre cuando su modelo es aplicado a un país como Chile. En este caso las teorías de Friedman son especialmente criticables, -tanto desde un punto de vista económico como moral -, porque proponen una política de libre mercado absoluto en un marco de extrema desigualdad entre los agentes económicos involucrados: desigualdad entre empresarios monopolísticos y pequeños y medianos empresarios; desigualdad entre los propietarios del capital y aquellos que sólo poseen su capacidad para trabajar, etc. Se producirían situaciones similares si el modelo fuera aplicado a cualquier otra economía subdesarrollada y dependiente. Es absurdo hablar de libre competencia en Chile. Allí la economía es altamente monopólica. Un estudio académico realizado durante el régimen del Presidente Frei señaló que en 1966, "284 empresas controlaban cada una y todas les subdivisiones de la actividad económica chilena. En el sector industrial, 144 empresas controlaban cada uno y todos los sub sectores. A su vez, el interior de cada una de estas 144 empresas manufactureras que constituían el núcleo del sector industrial, unos pocos accionistas controlaban la administración: en más del 50% de las empresas, los diez mayores accionistas poseían entre el 90 y el 100 % del capital"(Política y Espíritu. número 365, 1975).
Por otra parte, también estudios realizados durante el periodo pre Allende, demostraron el grado en que la economía chilena ha sido dominada por empresas multinacionales foráneas. Como lo expresaron Barnet y Muller en Global Reach, "en el Chile anterior a Allende, el 51% de las 160 firmas más grandes eran efectivamente controladas por grandes corporaciones. En cada una de las siete industrias claves de la economía de una a tres firmas controlaban a lo menos el 51% de la producción. De las mayores veintidós grandes corporaciones que operaban en el país, diecinueve operaban libres de toda competencia o compartían el mercado con otros oligopolistas".
Desde 1971 a 1973, la mayoría de las industries monopólicas y oligopólicas fueron nacionalizadas y transferidas al sector público. Sin embargo, el celo con que la dictadura militar ha desmantelado la participación del Estado en la economía y transferido industrias a propietarios extranjeros sugiere que los niveles de concentración y monopolización son ahora a lo menos tan altos como fueron antes del gobierno de la Unidad Popular (Allende).
Un informe del Fondo Monetario Internacional de Mayo de 1976 establece: "El proceso de restitución al sector privado de la gran mayoría de las empresas que durante los quince años anteriores, especialmente en 1971-73, habían llegado a ser parte del sector público continuó (durante 1975). A fines de 1973 le Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) tenia un total de 492 empresas, incluyendo diez y ocho bancos comerciales ...De este total, 253 empresas... han sido devueltas a sus propietarios anteriores. Entre las otras 239 empresas ... 104 (entre ellas diez bancos), han sido vendidas; diez y seis (incluyendo dos bancos) han sido ya adjudicadas, siendo la ejecución completa de los procedimientos de transferencia cuestión de semanas; la venta de otras veintiuna está siendo negociada bilateralmente con grupos de potenciales compradores...". Falta aún solicitar propuestas para las restantes empresas. Obviamente los compradores son siempre un número pequeño de poderosos intereses económicos que han estado agregando estas empresas e las estructuras monopólicas u oligopólicas dentro de las que operan. Al mismo tiempo, un considerable número de industrias ha sido vendido a les corporaciones transnacionales, entre ellas le industria Nacional de Neumáticos (INSA), comprada por Firestone en una suma desconocida, y una de las principales industrias de pulpa para papel (Celulosa Forestal Arauco), comprada por Parssons and Whittemore.
Hay muchos otros ejemplos para mostrar que, mientras la competencia sigue su curso, las prescripciones del señor Friedman no rinden los efectos económicos implícitos en su modelo teórico. En la primera mitad de 1975, como parte del proceso de suprimir las regulaciones de la economía, el precio de la leche fue eximido de control. ¿Cuál fue el resultado? El precio al consumidor subió un 40% y el precio pagado al productor cayó 22%. Hay más de 10.000 productores de leche en Chile pero sólo dos compañías procesadoras, que controlan el mercado. Más del 80% de la producción chilena de papel y el total de ciertos tipos de ese producto proviene de una sola empresa -la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, controlada por el grupo de intereses Alessandri- que establece precios sin temor a competencia alguna. Más de quince marcas extranjeras se ofrecen en el mercado chileno de artículos para el hogar, pero todas ellas están en manos de sólo tres compañías, que los arman en Chile y determinan su precio de venta al público.
Por supuesto cualquiera de los seguidores de la Escuela de Chicago diría que, con la liberalización del mercado internacional, como prescribe el modelo, los monopolios y oligopolios chilenos quedarían expuestos a la competencia externa. Sin embargo, no ocurre así. La carencia de divisas en Chile es tal que el país no puede importar lo que necesita ni siquiera en los rubros más esenciales. Aún más importante es el hecho que las empresas extranjeras no están interesadas en enviar a Chile bienes que puedan competir con aquellos manufacturados por sus propias subsidiarias chilenas. Al mismo tiempo, en Chile los intereses económicos que controlan la industria manufacturera también controlan el aparato financiero y las actividades de importación. Estos grupos no están dispuestos a competir consigo mismos. En síntesis, la aplicación de las teorías de Friedman al mundo real de Chile significa que los industriales pueden libremente "competir" a cualquier nivel de precios que ellos elijan.
Otros aspectos del tipo de pensamiento económico enseñado en la Universidad de Chicago son convenientemente ignorados por los consejeros de la Junta. Uno es la importancia de los acuerdos salariales libremente negociados entre empleadores y trabajadores; otro es la eficiencia del mercado como instrumento para asignar recursos en la economía. Es irónico mencionar el derecho de los trabajadores a negociar en un país donde la Central de Trabajadores ha sido ilegalizada y donde los salarios son determinados por decretos de la Junta; puede parecer también grotesco hablar del mercado como el instrumento más efectivo para asignar recursos cuando es ampliamente sabido que no hay prácticamente inversiones productivas en la economía debido a que la más "beneficiosa" de las inversiones es la especulación. Bajo la consigna "Debemos crear un mercado de capitales en Chile", grupos privados selectos que disfrutan de le protección de la Junta han sido autorizados para establecer las así llamadas "financieras", dedicadas a la más desorbitada especulación. Sus abusos han sido tan flagrantes que incluso Orlando Sáenz, ex presidente de la Asociación de los Industriales chilenos y un decidido partidario del golpe, no pudo abstenerse de protestar. "No es posible", dijo,"continuar con el caos financiero que prevalece en Chile. Es necesario canalizar e inversiones productivas los millones y millones de recursos financieros que están ahora siendo utilizados en desorbitadas operaciones de especulación ante los mismos ojos de aquellos que ni siquiera tienen un trabajo" (La Tercera, 9 de Abril de 1975).
Pero la clave de la recete de Friedman, como la Junta nunca deja de enfatizar, es el control de la inflación. Debería, de acuerdo con la Junta, unir los "vigorosos esfuerzos de todos los chilenos". El Profesor Harberger declaró categóricamente en Abril de 1975: "No puedo ver ninguna excusa para no detener la inflación: sus orígenes son bien conocidos; los déficit fiscales y la expansión monetaria deben ser terminados. Sé que me preguntarán sobre el desempleo; si los déficit fiscales fueran reducidos a la mitad, aún así la tasa de desempleo no aumentaría más que un 1%" (Qué Pasa, 10 de Abril de 1975). De acuerdo a las cifras oficiales de la Junta, entre Abril y Diciembre de 1975, el déficit fiscal se redujo en aproximadamente el 50% recomendado por Harberger. En el mismo período, el desempleo subió seis veces más de lo que predijo. El remedio que continúa recomendando consiste en reducir el gasto fiscal que reducirá el circulante. Esto significará una contracción en la demanda, que a su vez provocará una reducción general de precios. Así la inflación sería derrotada. El profesor Harberger no dice explícitamente quién tendría que disminuir su nivel de vida para soportar los costos de la curación. Sin ninguna duda, la excesiva expansión monetaria constituye un importante factor inflacionario en cualquier economía. Sin embargo, la inflación en Chile (o en cualquier país subdesarrollado) es un problema mucho más complejo que el supuesto por los modelos mecánicos de los teóricos monetaristas. Loa seguidores da la Escuela de Chicago parecen olvidar, por ejemplo, que la estructura monopólica de la economía chilena permite a las firmas dominantes mantener los precios frente a una demanda en decadencia. Ellos olvidan también el rol que las así llamadas expectativas inflacionarias juegan en generar alzas de precios.
En Chile, las expectativas inflacionarias se han aproximado Últimamente a un 15% -mensual. Precaviéndose, las firmas se preparan para enfrentar los costos crecientes aumentando sus precios. Estos continuos "saltos" de precios alimentan una espiral inflacionaria general. Por otra parte, en un clima inflacionario de ese tipo, nadie desea mantener activos líquidos. Poderosos grupos de interés, que operan sin control gubernamental, pueden de este modo manipular al aparato financiero. Crean instituciones para absorber cualquier dinero disponible y lo usan en variadas formas de especulación, que influyen e impulsan la inflación.
LOS RESULTADOS ECONOMICOS.
Han pasado tres años desde que el experimento comenzó en Chile y existe suficiente información disponible para concluir que los discípulos chilenos de Friedman fracasaron - al menos en sus objetivos explícitos y mensurables - y particularmente en sus tentativas de controlar la-inflación. Pero han tenido éxito, al menos temporalmente, en su propósito más general: asegurar el poder político y económico de una pequeña clase dominante mediante una transferencia masiva de riqueza de las clases bajas y medias a un selecto grupo de monopolistas y especuladores financieros.
La prueba empírica del fracaso económico es avasalladora. El 24 de Abril de 1975, después de le última visita conocida de los señores Friedman y Harberger a Chile, el Ministro de Hacienda de la Junta, Jorge Cauas, dijo: "La Honorable Junta me ha pedido que formule y lleve adelante un programa económico principalmente dirigido a erradicar la inflación. Junto con un numeroso grupo de técnicos hemos presentado a las autoridades chilenas un programa de reactivación económica que ha sido aprobado y está comenzando. El objetivo principal de este programa es detener la inflación en lo que queda de 1975". (El "grupo de técnicos" es obviamente Friedman y compañía). A fines de 1975 la tasa anual de inflación en Chile había alcanzado 341%, la más alta inflación en el mundo. (1) Los precios al consumidor aumentaron ese mismo año en un promedio de 375%; los precios al por mayor crecieron en 440%.
Analizando las causas de la inflación chilena en 1975, un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) dice: " la disminución en el gasto fiscal, con sus efectos adversos sobre el empleo la vivienda y las obras públicas, fue significativamente más allá de lo programado para dar satisfacción a las grandes demandas de crédito del sector privado..." Más adelante expresa: "La regulación monetaria general siguió siendo expansiva en 1975. Además, las continuadas altas expectativas inflacionarias y la falta de deseo del público de incrementar sus activos líquidos complicaron grandemente la implementación del programa monetario"; refiriéndose a las organizaciones privadas que han comenzado a operar sin ningún control, el informe agrega que las "financieras" han sido autorizadas para operar paralelamente al sistema bancario comercial y a tasas de interés hasta un 50% superiores que la máxima tasa bancaria permitida. De acuerdo con la misma fuente, las "financieras" operaban en 1975 a una tasa de interés de 14% mensual, o 168% al año; y obtenían créditos en Nueva York al 10 o 12 % anual.
La implementación del modelo de Chicago no ha conseguido una reducción significativa de la expansión monetaria. Ha provocado, sin embargo, una inmisericorde reducción del ingreso de los asalariados y un espectacular aumento en el desempleo; al mismo tiempo ha aumentado la cantidad de dinero en circulación mediante préstamos y transferencias a grandes firmas y otorgando a instituciones financieras privadas el poder de crear dinero. Como expresa James Petras, un cientista político norteamericano, (New Politics, invierno de 1976): "Las mismísimas clases sociales de las que depende la Junta son las principales responsables de la inflación".
El proceso inflacionario, que las políticas de la Junta estimularon inmediatamente después del golpe, se redujo levemente en 1975 en comparación con la increíble tasa de 375.9% de 1974. Tan magra reducción sin embargo no indica ninguna aproximación sustancial a la estabilización y parece en general como absolutamente irrelevante a la mayoría de los chilenos que deben soportar el colapso total de su economía. Esta situación recuerda la historia de un dictador latinoamericano a comienzos del siglo. Cuando sus consejeros vinieron a decirle que el país sufría de un muy serio problema educacional, ordenó cerrar todas las escuelas públicas. Hoy, transcurridos más de setenta años de este siglo, todavía quedan discípulos del anecdótico dictador, que piensan que la forma de erradicar la pobreza en Chile es matar a los pobres.
Las devaluaciones del tipo de cambio y las disminuciones en el gasto fiscal han provocarlo una depresión que, en menos de tres años, ha rebajado la tasa de desarrollo del país a lo que era hace doce años. El Producto Real Nacional Bruto se contrajo durante 1975 en casi 15% a su más bajo nivel desde 1969, mientras, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ingreso nacional real "cayó en un 26%, dejando el ingreso real per capita más bajo que su nivel de diez años antes". La disminución en el Producto Doméstico Bruto de 1975 refleja una caída de un 8.1% en el sector minero, una disminución de un 27% en la industria manufacturera y una caída de 35% en la construcción. La extracción de petróleo bajó en un 11% estimado, mientras transportes, almacenamiento y comunicaciones bajaron 15.3%, y el comercio disminuyó en 21.5%. En el sector agrícola la producción aparece como estancada en 1975-76, con sólo 0.4% de variación con respecto al previo año agrícola. Este estancamiento ha sido el resultado de una combinación de factores, incluida el alza continuada en el costo de fertilizantes y pesticidas importados. El uso de fertilizantes cayó en un 40% estimado entre 1975 y 1976. El aumento en los precios de importación fue responsable también de la caída en la producción de cerdo y aves, que dependen casi completamente de alimentos importados. La restitución a sus antiguos propietarios de varios millones de hectáreas de tierra cultivable que habían sido expropiados y transferidos a organizaciones campesinas de acuerdo a la Ley de Reforma Agraria de 1967, ha reducido también la producción agrícola. A fines de 1975 casi un 60% de todas las propiedades agrícolas afectadas por la reforma agraria - el equivalente de aproximadamente un 24% del total de la tierra expropiada - ha sido afectado por las decisiones de la Junta. De este total, 40% de las empresas agrícolas (75% de la extensión física y más del 50% de la tierra regada) han sido completamente restituidos a sus antiguos dueños.
En el sector externo de la economía, loe resultados han sido igualmente desastrosos. En 1975 el valor de las exportaciones cayó un 28%, de 2.130 millones de dólares a 1.530 millones, y el valor de las importaciones cayó 18%, de 2.240 millones de dólares a 1.810 millones, mostrando así un déficit comercial de 280 millones de dólares. Las importaciones de alimentos cayeron de 561 millones en 1974 a 361 millones en 1975. En el mismo periodo la producción nacional de alimentos declinó, causando una dramática reducción en la alimentación de la masa de la población. Al mismo tiempo, la extraordinaria deuda pública externa pagadera en moneda extranjera aumentó de 3.600 millones de dólares el 31 de Diciembre de 1974 a 4.310 millones en el 31 de Diciembre de 1975. De esta manera se acentuó la dependencia de Chile de fuentes externas de financiamiento, especialmente de los Estados Unidos. Las políticas de la Junta han gravado s Chile con una de las más altas deudas públicas per capita del mundo. En los próximos años la nación deberá asignar más del 34 % de sus proyectados ingresos por exportaciones al pago de las deudas con el extranjero.
Pero el resultado más dramático de las políticas económicas ha sido el aumento en el desempleo. Antes del golpe, el desempleo en Chile era 3.1%, uno de los más bajos en el Hemisferio Occidental. A fines de 1974, la tasa de desempleo había aumentado más allá del 10% en el área metropolitana de Santiago y era aún más alta en varias otras partes del país. Cifras oficiales de la Junta y del Fondo Monetario Internacional muestran que a fines de 1975 el desempleo en el área metropolitana de Santiago había alcanzado 18.7%; la cifra correspondiente en otras zonas del país era más de 22%; y en sectores específicos como la industria de la construcción, había alcanzado casi 40%. El desempleo ha continuado aumentando en 1976 y, de acuerdo a las estimaciones más conservadoras, en Julio aproximadamente 2.5 millones de chilenos (cerca de un cuarto de la población), no tenían ingreso alguno; ellos sobrevivían gracias a los alimentos y ropas distribuidas por iglesias y otras instituciones humanitarias. Los intentos de instituciones religiosas y de otro tipo para aliviar la desesperación económica de miles de familias chilenas han sido realizados en la mayor parte de los casos, bajo la sospecha y hostilidad de la policía secreta.
Las condiciones inhumanas bajo las cuales vive un alto porcentaje de la población chilena se refleja más espectacularmente en los sustanciales aumentos de la malnutrición y mortalidad infantil, y la aparición de miles de mendigos en las calles de las ciudades chilenas. Este constituye un cuadro de hambre y miseria nunca antes visto en Chile. Las familias que reciben el "salario mínimo" no pueden comprar más de 1000 calorías y 15 gramos de proteínas por persona al día. Esto es menos que la mitad del nivel mínimo satisfactorio de consumo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Es, en resumen, lenta muerte por hambre.
La mortalidad infantil, reducida significativamente durante el período de Allende, saltó a un dramático 18% durante el primer año del gobierno militar, de acuerdo a cifras proveídas por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Para amortiguar la crítica desde dentro de sus propias filas, la Junta estableció en 1975 un simbólico "programa de empleo mínimo". Sin embargo, cubre sólo 3% de la fuerza de trabajo, y paga salarios que alcanzan a menos de 30 dólares al mes.
Aunque las políticas económicas han afectado con mayor impiedad a las clases trabajadoras, el debacle general ha afectado también a las clases medias. Al mismo tiempo, empresas nacionales de tamaño mediano han visto destruidas sus expectativas por la reducción de la demanda, y han sido absorbidas y destruidas por los monopolios contra los cuales se suponía debían competir. Debido al colapso de la industria automovilística, cientos de comercios y de pequeñas industrias que actuaban como subcontratistas han quebrado. Tres importantes firmas textiles (FIAP, Tomé Oveja y Bellavista) trabajan sólo tres días a la semana; varias compañías productoras de zapatos, entre ellas Calzados Bata, han debido cerrar. Ferriloza, uno de los principales productores de bienes durables de consumo, declaró recientemente su quiebra. Enfrentando esta situación, Raúl Sahli, el nuevo Presidente de la Asociación de los industriales chilenos y él personalmente ligado a los grandes monopolios, declaró a comienzos de este año: "La economía social de mercado debería ser aplicada en toda su extensión. Si hay industriales que se quejan por ello, que se vayan al infierno. No los defenderé." Así se le cita por André Gunther Frank en una "Segunda Carta Abierta; a Milton Friedman y Arnold Harberger", Abril de 1976.
La naturaleza de la receta económica y sus resultados pueden ser muy vívidamente establecidos observando el padrón de la distribución del ingreso. En 1972, durante el gobierno de la Unidad Popular, los empleados y obreros recibieron 62.9% del total del ingreso nacional; 37,l % fue para el sector propietario. En 1974 la participación de los asalariados había sido reducida a 38.2%, mientras la participación de la propiedad había aumentado a 61.8%. Durante 1975, "se estima que el salario real promedio ha declinado en casi 8%", de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es probable que esta tendencia regresiva en la distribución del ingreso haya continuado durante 1976. Esto significa que durante los últimos tres años, varios miles de millones de dólares fueron sacados de los bolsillos de los asalariados y colocados en aquellos de los capitalistas y latifundistas. Estos son los resultados económicos de la aplicación en Chile de la receta propuesta por Friedman y su grupo.
UNA RACIÓNALIDAD PARA EL PODER
Las políticas económicas de la Junta chilena y sus resultados deben ser colocadas en el contexto de un amplio proceso contrarrevolucionario que persigue restituir a una pequeña minoría el control económico, social y político que perdió gradualmente durante los últimos treinta años, y particularmente en los años del Gobierno de la Unidad Popular.
Hasta el 11 de Septiembre de 1973, la fecha del golpe, la sociedad chilena se había caracterizado por la creciente participación de las clases trabajadoras y los partidos políticos en la toma de decisiones económica y social. Desde aproximadamente 1900, a través de los mecanismos de la democracia representativa, los trabajadores habían ininterrumpidamente ganado nuevas posiciones de poder económico, social y político. La elección de Salvador Allende como Presidente de Chile fue la culminación de este proceso. Por primera vez en la historia una sociedad intentó construir el socialismo por medios pacíficos. Durante el período de Allende, hubo un marcado mejoramiento en las condiciones del empleo, la salud, la vivienda, la propiedad de la tierra y la educación popular. Y mientras esto ocurría los grupos nacionales privilegiados y los intereses extranjeros dominantes se sintieron seriamente amenazados.
A pesar de la fuerte presión financiera y política desde el exterior y de los esfuerzos por manipular las actitudes de las clases medias mediante la propaganda, el apoyo popular para el gobierno de Allende aumentó significativamente entre 1970 y 1973. En Marzo de 1973, sólo cinco meses antes del golpe militar, hubo elecciones parlamentarias en Chile. Los partidos políticos de la Unidad Popular aumentaron su participación en los votos en más de un 7% en comparación con la elección presidencial de 1970. Esta fue la primera vez en la historia de Chile que los partidos políticos que apoyaban la administración en el poder ganaban votos en una elección celebrada al promediar el período presidencial. La tendencia convenció a la burguesía nacional y a sus sostenedores en el extranjero que serían incapaces de recuperar sus privilegios mediante un proceso democrático. Por ello resolvieron destruir el sistema democrático y las instituciones del Estado, y, a través de una alianza con los militares, tomarse el poder por la fuerza.
Eh tal contexto, la concentración de la riqueza no es una excepción, sino la regla; no es el resultado marginal de una situación difícil -como les gustaría que el mundo creyera- sino la base de un proyecto social; no es un sacrificio económico sino un éxito político temporal. Su real fracaso no es su evidente incapacidad para redistribuir la riqueza o para generar un camino más parejo de desarrollo (no son éstas sus prioridades), sino su incapacidad para convencer a la mayoría de los chilenos que sus políticas son razonables y necesarias. En resumen, ellos han fracasado en destruir la conciencia del pueblo de Chile. El plan económico ha tenido que ser impuesto, y en el contexto chileno ello podía hacerse sólo mediante el asesinato de miles de personas, el establecimiento de campos de concentración a través de todo el país, el encarcelamiento de más de 100.000 personas en tres años, el cierre de los sindicatos y organizaciones vecinales y la prohibición de todas las actividades políticas y de todas las formas de expresión.
Mientras los "Chicago boys" han proveído una apariencia de respetabilidad técnica a los sueños de "laissez-faire" y a la avidez política de la vieja oligarquía agraria y alta burguesía de monopolistas y especuladores financieros, los militares han aplicado la fuerza bruta requerida para alcanzar esos objetivos. Represión para las mayorías y "libertad económica" para pequeños grupos privilegiados son en Chile dos caras de la misma moneda.
Hay por lo tanto, una coherencia interna entre las dos prioridades centrales anunciadas por la Junta después del golpe de 1973: la "destrucción del cáncer marxista" (que ha llegado a significar no sólo la represión de los partidos políticos de la izquierda, sino también la destrucción de todas las organizaciones de trabajadores democráticamente elegidas y toda la oposición, incluyendo los democratacristianos y les organizaciones de la iglesia),el establecimiento de una "economía privada" libre y el control de la inflación "a la Friedman".
Es absurdo en consecuencia, que aquellos que inspiran, apoyan o financian esa política económica traten de presentar su participación como restringida a "consideraciones técnicas", mientras aparentan rechazar el sistema de terror que requiere pera lograr sus objetivos.
(1) Los dos países con las siguientes más altas tasas de inflación en 1975 fueron Argentina, con 312% y Uruguay con 68.1%. Ambos son países con economías capitalistas dependientes que aplican modelos de represión política y "libertad económica" al estilo de la Junta.
CARTA NO PUBLICADA POR EL MERCURIO
Estimado Señor Director
En su edición del día de hoy sábado 1° de diciembre, se publica una entrevista a don Juan José Ugarte, Jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, respecto de cuyos dichos deseo hacer una aclaración y efectuar un comentario.
Afirma el señor Ugarte que “el presidente de la entidad en ese momento, Iñigo Díaz, determinó que debía informarse de inmediato a Contraloría” respecto de la copia de un contrato, recibido por mail, entre la Universidad del Mar y una empresa de don Eugenio Díaz Corvalán. Tal afirmación es inexacta por cuanto el profesor Díaz fue informado por mí, después que había entregado, personalmente, los antecedentes al señor Contralor, el día 6 de enero de 2012. Mi decisión de informar al señor Contralor, solo fue conocida, previamente, por la Jefa del Departamento Jurídico de la CNA, quien me acompañó en la entrevista con el señor Contralor.
Respecto del proceso de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), deseo expresar mi extrañeza frente al hecho que el señor Ugarte, después de haber impugnado -en la sesión del 22 de diciembre en la cual se rechazó la acreditación de la UPV- la incorporación extemporánea de una carta del rector de dicha universidad anunciando un aumento de capital –carta que, según sus dichos, fue llevada a la sesión por el señor Díaz Corvalán- haya faltado a la sesión del día 29 de diciembre en la que se aprobó el recurso de reposición de la UPV. ¿No le pareció, al señor Ugarte, importante asegurar con su voto, en la sesión del 29 de diciembre, que no se acreditara la UPV?
Atentamente,
Dr. Ing. Patricio Basso G.
Ex Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Acreditación.
DECLARACION PÚBLICA ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL MINISTRO BEYER A LA DENUNCIA DE LUCRO EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
He tomado conocimiento del oficio mediante el cual el Ministro de Educación, don Harald Beyer, pretende responder a la denuncia de existencia de lucro en la Universidad Santo Tomás que, por acuerdo de la CNA, envié el pasado 14 de junio, en mi carácter de Secretario Ejecutivo en ejercicio. [Se acompaña copia de la respuesta del Ministro Beyer]
Al respecto deseo hacer presente a la opinión pública lo siguiente:
1. Considero una falta de respeto para con los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y la opinión pública en general, que transcurridos 154 días de investigación, el señor Ministro no considere necesario entregar ninguna explicación por escrito a los hechos denunciados.
2. El texto del oficio señala que “este Ministerio ha determinado sobreseer la investigación iniciada, por no existir cargo alguno que formular, ni responsabilidad que perseguir…” basado en un “análisis de los antecedentes recabados” pero sin explicitar dicho análisis. En mi opinión, la respuesta del señor Beyer ofende la inteligencia de la ciudadanía y revela, ya sea una prepotencia inaceptable de parte de la autoridad o una completa ausencia de argumentos para justificar la decisión tomada.
3. No obstante, el señor Ministro entregó, en el día de ayer, una singular explicación al declarar a los medios de prensa que si bien se detectó un traspaso de fondos sin intereses, "la pregunta que tenemos que evaluar es si detrás de eso hay un perjuicio para la universidad y, por lo tanto, una eventual acción de lucro, pero los antecedentes que nosotros recopilamos en el caso de la Universidad Santo Tomás nos permiten concluir que eso no estaba ocurriendo" (ver www.emol.com)
4. ¿Es tan difícil entender que si una Universidad presta $ 13.096 millones a empresas relacionadas sin reajuste existe, más allá de cualquier duda, una pérdida patrimonial para la universidad equivalente, a lo menos, a la variación del IPC de cada año y que las empresa relacionadas, por el contrario, ganan igual cantidad de dinero? No se requieren 154 días de investigación para entender la diferencia que existe entre valores nominales y reales en términos monetarios. No se trata, en consecuencia, de un problema de interpretación y menos de investigación, sino de mera cultura general: el evidente perjuicio que sufre quien presta en pesos en lugar de en unidades de fomento es comprendido por todos los chilenos.
5. Los actuales eventos no deben, sin embargo, dejar en el olvido que el señor Ministró declaró, en a lo menos 2 ocasiones posteriores al 14 de junio -fecha en que recibió los oficios enviados por la CNA- que no tenía ninguna denuncia concreta respecto del tema del lucro. Recién el 6 de agosto, cuando hice público en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la existencia de dichos oficios, el Ministro Beyer reconoció haberlos recibido. Tampoco se debe olvidar que los dichos del señor Ministro, negando tener denuncias concretas, coincidieron con la investigación, que en ese mismo momento, llevaba a cabo una Comisión de la Cámara de Diputados respecto del lucro y que una de las universidades denunciadas fue, precisamente, la Universidad Santo Tomás.
6. No soy de las personas que gustan utilizar un lenguaje eufemístico: el señor Ministro Beyer le mintió, públicamente, a los señores diputados y a la ciudadanía, cuando negó tener denuncias concretas sobre lucro. Por ello considero que está inhabilitado para continuar ejerciendo un cargo de Ministro de Estado. Espero que la Honorable Cámara de Diputados adopte las medidas necesarias respecto de un Ministro que no dudó en mentir para sembrar dudas respecto de la seriedad del trabajo realizado por esa Corporación y que sigue negando la existencia, pese a las evidencias, de lucro en la Universidad Santo Tomás.
Dr. Ing. Patricio Basso G.
Ex Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Acreditación.
Santiago, 16 de noviembre de 2012
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