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viernes, 25 de noviembre de 2011

Presidente Piñera habría deseado éxito a libro sobre Krassnoff en presunta carta emitida en enero


Viernes 25 noviembre 2011 | 15:21
Publicado por Radio Bío-Bío •




Imagen:Archivo Miguel Krassnoff en YT
Luego del gran revuelo que causó en el escenario nacional el homenaje que rindió el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, al general (r) de la DINA Miguel Krassnoff, quien se encuentra detenido en el Penal Cordillera, condenado a más de 100 años por crímenes de lesa humanidad en el periodo de la dictadura, un nuevo episodio salió a la luz pública.
Cabe recordar que al evento también estaba invitado el Presidente de la República, sin embargo éste no acudió por temas de agenda y sus asesores respondieron la invitación, agredeciéndola y enviando parabienes para que el evento sea un éxito. Lo anterior, significó la renuncia de quien realizó el mensaje de respuesta, ya que Sebastián Piñera dijo estar completamente en desacuerdo con ese tipo de actividades.
Sin embargo, no habría sido la primera vez que una invitación de este tipo llega a La Moneda, ya que en enero del presente año, también fue enviada una misiva al Palacio de Gobierno para que Piñera acuda a Moscú, donde el libro “Miguel Krassnoff: preso por servir a Chile”, sería lanzado.
En la oportunidad, si bien el Presidente no viajó al evento, la respuesta habría sido de una manera similar a la que causó malestar y revuelo la semana pasada, deseando el éxito en el evento.
A continuación reproducimos la respuesta de manera textual.
“”S.E. el Presidente de la República de Chile agradece la invitación al acto de presentación del Libro de la escritora, historiadora y literata chilena, Sra. Gisela Silva E. para el día 29 de enero de 2011 en Moscú.
Lamenta que por problemas de agenda y distancia no podrá asistir a dicha presentación.
Les desea el mejor de los éxitos.
Atentamente, Mariana González” “
La respuesta se puede apreciar en el blog del militar, quien además se cuestiona: “¿Por qué tanto escándalo ahora, si ya en enero el Presidente había dado una respuesta idéntica, enviando sus agradecimientos y deseando el mejor de los éxitos?”.
Carta de Respuesta
Carta de Respuesta


















Torturadores y asesinos: Médicos de la dictadura y la muerte


13 de Febrero 2004 El Siglo

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos. La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.
El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: “Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo… Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro”.
Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que “su doctor” tiene tan siniestro pasado.
Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.
Desde los primeros días
La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.
El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.
El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.
Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.
Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares “les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy”.
La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.
Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital “Cirujano Guzmán” de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.
El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.
En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.
En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por “muerte natural”, para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.
La Brigada de Sanidad
La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus “enemigos”. Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.
Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los ‘90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia. A esta organización integró, como “persona natural”, al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.
Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la “flaca Alejandra”, y fue “socio fundador” de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue “colega”, por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.
Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.
El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.
En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus “colegas” al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.
Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú .
Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.
La CNI y el Comando Conjunto
Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias “el Wally”. Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.
En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.
La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.
El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era “vigilado” por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986. Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.
Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.
Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.
Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.
Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.
Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.
Como muchos de estos “médicos de la muerte”, Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.
El lugar de trabajo
H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general.
Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.
Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo.
Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago.
Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.
Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra.
Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.
Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo.
Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.
Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general.
Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.
Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra.
Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563.
Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general.
Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.
Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo.
Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555.
Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.
Guido Díaz Paci, Pediatra.
Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 “Arica” de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.
Camilo Azar Saba, Traumatólogo.
Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576.
Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista.
Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental “San Lucas” de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.
Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra.
Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

Marco Ideologico del Regimen Militar ;DDHH Bajo la Dictadura: Víctimas ( parte 4)


En esta página se puede encontrar información sobre las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Se define “víctima” ampliamente como individuos, familias, organizaciones sociales o políticos e, incluso, la sociedad chilena entera.
Esta página caracteriza los tipos de violaciones de acuerdo a diferentes períodos cronológicos, y abarca la represión dirigida contra grupos específicos y cómo estos grupos se organizaron en resistencia.
Victimas del Régimen Militar
“Existe un alto grado de consenso de que en Chile, durante la dictadura militar, los derechos humanos fueron violados en forma reiterada en el intento de aniquilar la oposición política como condición necesaria para refundar el Estado sobre nuevas bases y hacer viable su modelo económico”
(Persona, Estado, Poder. Vol. II, Chile 1990 - 1995. CODEPU)
“En un comienzo estaba asustada, no me podía controlar. Al estar aislada y sola… no lloré nunca. Pense en la muerte y en mi hijo y me replantee si todo lo que yo hacía valía la pena. Me reafirmé en mis convicciones e ideología. No tenía pena, sino rabia e impotencia”
(Del testimonio de una joven torturada a fines de 1984, Persona, Estado, Poder. Chile 1973 - 1989. CODEPU)
.
“(Durante las protestas nacionales)… La muerte alcanzó a personas no elegidas previamente por los autores, no buscadas por si mismas, por su militancia política o por determinadas relaciones personales. Murieron niños y ancianos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, partícipes en los actos de protesta y personas ajenas a los mismos.”
(Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro IDEAS.
Julio, 1991)
Tipos de violaciones a los derechos humanos en Chile
1973 - 1990
Los diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos en Chile durante el régimen militar, incluyeron detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, ejecuciones sin juicio previo, ejecuciones colectivas, negación del derecho a apelar las sentencias de las Cortes Marciales, homicidios, exilio, relegaciones, secuestros, intimidación, intentos de homicidio, amenazas de muerte, allanamientos, exoneraciones y vigilancias. Estas prácticas violaban los siguientes derechos: a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la seguridad personal y a vivir en su propia tierra.
Violación del derecho a la vida:
  • Muerte. Llevada a cabo mediante ejecuciones, desapariciones forzosas, a consecuencia de torturas, en supuestos enfrentamientos armados, homicidios premeditados, abusos de poder, entre otros.
  • Desapariciones.
“Alejandro salió a las 17:30 de ese jueves de noviembre de 1975 desde el programa interdisciplinario de investigaciones en educación de la universidad católica de chile, donde trabajaba como investigador. Iba a la casa de su madre en la calle Bilbao, a pocas cuadras de allí y no llego. Ella se queda esperando sin entender la inusual conducta de su hijo, quien le había anunciado su visita.”
(Lea extracto de Utopías de fin de siglo: verdad, justicia y reconciliación, 1995)
Violación del derecho a la integridad física:
  • Tortura. Varios métodos de tortura: física y sicológica, por aplicación de descargas eléctricas, violencia sexual, golpes, aplicación de drogas, quemaduras, inmersión en líquidos.
  • Tratos crueles, inhumanos y degradantes.
  • Intentos de homicidio frustrado.
  • Heridas.
Violación del derecho a la libertad personal:
  • Detenciones arbitrarias. Detenciones arbitrarias y selectivas, arrestos durante protestas, allanamientos masivos, y secuestros.
  • Presos políticos.
  • Relegaciones, a lugares lejanos y desiertos.
Violación del derecho a la seguridad personal:
  • Acoso y amenazas.
  • Allanamientos
Violación del derecho a vivir en su propia tierra:
  • Exilio.
  • Refugiados.

Marco Ideologico del Regimen Militar : Autores, Cómplices y Encubridores ( parte 3)


Esta sección presenta una nómina de personas que cometieron, encubrieron y colaboraron en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile.
En orden alfabética se incluyen los nombres de uniformados y civiles que integraron la Junta del Gobierno militar; ex ministros; ex agentes de los servicios de inteligencia y represión del régimen, y colaboradores.
Inauguramos esta página con la lista de los 38 chilenos requeridos por el juez Baltasar Garzón en la causa abierta contra el ex general del Ejército y ex jefe del régimen militar, Augusto Pinochet Ugarte, además de un extracto del testimonio presentado por Víctor Toro, preso en Villa Grimaldi en 1975, ante las Naciones Unidas en 1977.
Estas 38 personas son requeridas por delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detención ilegal seguida de desaparición.
Ante la gravedad de las imputaciones, los querellantes piden al juez que se decrete prisión provisional sin fianza y se dicte, a través de Interpol, una orden internacional de busca y captura en contra de las personas nombradas en la lista.
Sergio Arredondo González: Teniente coronel del Ejército chileno en 1973. Formó parte de la “Caravana de la Muerte,” comitiva militar que en octubre de 1973 viajó en helicóptero a Los Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, donde dio muerte a 72 presos políticos. Detenido unos días en los EE.UU. en agosto de 1987, tras una petición de familiares de ejecutados políticos. Entre 1976 y 1978 fue agregado militar en Brasil. Según la investigación de la periodista Patricia Verdugo, Arredondo habría sido el encargado de la DINA-Brasil y hombre importante en el aparato exterior de la DINA. Compañero de curso de Manuel Contreras.
Sergio Arellano Stark: General del Ejército en 1973. Comandó la “Caravana de la Muerte” que ejecutó a 72 presos políticos en el norte de Chile. Eugenio Ruiz Tagle Orrego, gerente de Inacesa en Antofagasta hasta el golpe militar, fue una de las 72 víctimas de la comitiva comandada por Arellano Stark. El 21 de octubre, la madre de Ruiz Tagle Orrego vio el cadáver de su hijo en el ataúd:
“Le faltaba un ojo, el izquierdo. Los párpados estaban hinchados, pero no tenía heridas ni tajos. Se lo sacaron con algo, a sangre fría. Tenía la nariz quebrada, con tajos, hinchada y separada abajo, hasta el fin de una aleta. Tenía la mandíbula inferior quebrada en varias partes. La boca era una masa tumefacta, herida, no se veían dientes (…) Su cabeza estaba en un ángulo muy raro, por lo que creí que tenía el cuello quebrado.”
Ernesto Baeza Michelsen: General (R) de Ejército, asumió la dirección de Investigaciones tras el golpe militar, hasta 1980. Baeza habría elegido a 50 miembros de su institución para llevar a cabo el secuestro de 14 personas en el denominado caso Covema. De los 14, uno, el estudiante de periodismo, Eduardo Jara, murió a raíz de las torturas a las que fue sometido durante su detención ilegal.
Pablo Belmar Labbé: Brigadier de Ejército. En 1994 declaró como inculpado en la investigación por el asesinato de Carmelo Soria. En 1995 la Corte Suprema decidió no someterlo a proceso.
Raúl Benavides Escobar: Teniente General (R) de Ejército. Ministro del Interior entre 1974 y 1978, y de Defensa entre 1978 y 1980. En 1980 asumió como integrante de la Junta de Gobierno, hasta 1985.
Herman Julio Brady Roche: General (R) de Ejército. Comandante de la Guarnición de Santiago durante el golpe militar. El día del golpe, ordenó el traslado de los detenidos en La Moneda al regimiento Tacna. Varios de estos presos fueron ejecutado y otros integran la nómina de desaparecidos. Ministro de Defensa en 1975.
Washington Carrasco Fernández: General de brigada en 1973, asumió el control de las provincias de Concepción y Arauco. Ministro de Defensa en 1982.
Manuel Contreras Sepúlveda: Director Ejecutivo de la DINA, agencia represiva del régimen que operó oficialmente entre 1974 y 1977. La DINA llegó a ser un símbolo de terror, efectuando detenciones que llevaron a la tortura y desaparición de miles de personas. Actualmente, Contreras cumple una condena de siete años por su rol en el homicidio en 1976 del ex canciller chileno Orlando Letelier y su asistente norteamericana, Ronnie Moffit en Washington.
Julio Alvaro Corbalán (alias Alvaro Valenzuela): Oficial del Ejército. Jefe de operaciones de la CNI durante los años 80. Acusado de organizar el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez. Involucrado en el caso Operación Albania realizado por la CNI. Al parecer, al parecer desempeñó un rol protagónico en esta operación, que en 1987 dio muerte a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En noviembre de 1997, el ministro en visita Valenzuela Patiño absolvió a Corbalán en el caso del asesinato de Juan Alegría. Tras la detención de Pinochet, Corbalán ha sido visto participando en manifestaciones en contra las embajadas de Inglaterra y de España. Según información publicada en Internet en noviembre de 1998, Corbalán estaría dirigiendo la reconstitución del grupo de extrema derecha y paramilitar Patria y Libertad.
Pedro Espinoza Bravo: Brigadier del Ejército, jefe de operaciones de la DINA en 1976, actualmente preso en Punta Peuco con su ex jefe, Manuel Contreras, también por su responsabilidad en el homicidio de Orlando Letelier. Perteneció a la DINA desde sus inicios.
Sergio Fernández: Actualmente (1998) senador por Punta Arenas. Ministro del interior del gobierno militar entre 1978 - año en que se comulgó la Ley de Amnistía - y 1982, y entre 1987 y 1990. Fernández siempre fue un defensor leal del régimen.
Francisco Ferrer Lima: Ex agente de la DINA, formó parte de la brigada Caupolicán de este organismo. Para más información acerca de Ferrer lea el testimonio de Víctor Toro al pie de esta página.
Gerardo Godoy García: Subteniente de Carabineros en 1974 y ex agente de la DINA. Hasta marzo de 19991 fue jefe de la comisaría de Carabineros de Ancúd.
Humberto Gordon Rubio: Jefe de la CNI desde 1980 hasta 1986. Le correspondió reprimir los comienzos de las protestas antigubernamentales. Miembro de la Junta desde 1986 hasta 1988.
Eduardo Iturriaga Neumann: General (R) del Ejército. Jefe de las operaciones exteriores de la DINA. Según testimonios de Luz Arce - presa política que llegó a ser miembro de la DINA - Iturriaga y otros oficiales de la DINA obligaban a través de la tortura a que presos políticos colaboraran con la DINA trabajando como secretarias y analistas. Graduado de la School of the Americas, de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en Panamá. Condenado en ausencia a 18 años de presidio en Italia por el atentado a Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno.
Sergio Onofre Jarpa Reyes: Ministro del Interior entre 1983 y 1985, época en la que cientos de personas murieron, fueron encarceladas y/o torturadas durante las jornadas de protesta nacional en contra el régimen militar. Fundador de Renovación Nacional, ex senador.
Miguel Krassnoff Marchenko: Participó en el asalto en contra la residencia del Presidente Salvador Allende el día del golpe militar (11 de septiembre de 1973). Agente de la DINA, vigilaba los campos de concentración de Villa Grimaldi, Tres Alamos y Cuatro Alamos, donde era conocido por su violento trato hacia los presos. Vinculado a la muerte por tortura del funcionario de la ONU Carmelo Soria en 1976. encabezó la casería en contra el secretario general del MIR, Miguel Enríquez en 1974, que terminó en la muerte de éste. Ha sido mencionado o investigado en 91 casos de detenidos desaparecidos, entre ellos Alfonso Chanfreau, el sacerdote español Antonio Llidó y Lumi Videla. Graduado de la School of the Americas, de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en Panamá. Para más información acerca de Krassnoff lea el testimonio de Víctor Toro al pie de esta página.
Gustavo Leigh Guzmán: Ex Comandante en jefe de la Fuerza Aérea e integrante de la Junta militar. En 1978 abandona la Junta tras una pugna de poder con Pinochet. El general (R) de la FACH Sergio Poblete declaró ante los tribunales españoles que fue torturado ante la presencia de Leigh.
Ricardo Lawrence Mires: Teniente de Carabineros en 1974. Jefe de la agrupación Aguila de la DINA.
Fernando Laureani Maturana: Teniente de Ejército. Agente de la DINA. Vinculado al secuestro y desaparición en 1974 de los hermanos Juan Carlos y Jorge Elias Andrónico Antequera. Graduado de la School of the Americas, de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en Panamá.
Jaime Enrique Lepe Orellana: Brigadier (R) del Ejército, integrante de la Brigada Mulchen de la DINA, vinculada al caso de Carmelo Soria, diplomático español, que en 1976 muere tras ser torturado por agentes de la DINA. El caso Soria se reabrió en 1991, cuando Lepe ostentaba el cargo de secretario general de Pinochet. El 4 de noviembre de 1997, el presidente Eduardo Frei rechazó la promoción de Lepe de brigadier a general, supuestamente debido a la “mala imagen” de Lepe, lo que, según Frei, podría crear un clima de poca harmonía entre el Ejército y el gobierno. Graduado de la School of the Americas, de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en Panamá.
Mónica Madariaga Gutiérrez: Ministra de Justicia bajo el régimen militar, de 1977 a 1983. Madariaga fue autora de la Ley de Amnistía de 1978, que desde ese entonces ha protegido a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Tras la detención de Pinochet, su primo, Madariaga señaló que el hecho de que su nombre se incluya en esta lista tendría que ser un “error”, dado que ella ya había renunciado al régimen militar por haber cometido violaciones a los derechos humanos.
Fernando Matthei Aubel: Ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACh), ministro del gabinete de Pinochet e integrante de la Junta militar a partir de 1978.
Odlanier Mena: General (R) de Ejército. Primer director de la CNI hasta julio 1980. Luz Arce, ex presa política e informante de la DINA, declaró que Mena le ofreció la libertad en cambio por tres años de trabajo como espía de la DINA. Graduado de la School of the Americas, de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en Panamá.
Marcelo Morén Brito: Mayor del Ejército. Participó en la sangrienta ocupación militar de la Universidad Técnica de Santiago el 12 de septiembre de 1973. Morén participó en la “Caravana de la Muerte” de Arellano Stark. La periodista Patricia Verdugo, en su libro “Los Zarpazos del Puma,” señala que durante la labor de eliminación de presos políticos realizada por la Caravana de la Muerte, Morén “se destacó por su crueldad con las víctimas.” Perteneció a la DINA desde sus inicios, y fue comandante del campo de concentración Villa Grimaldi. Muchos de “sus” prisioneros hoy integran la nómina de detenidos desaparecidos. Conocido por su violento trato hacia los presos políticos. Pasó a retiro en junio de 1985 con el grado de coronel. Para más información acerca de Morén lea el testimonio de Víctor Toro al pie de esta página.
Javier Palacios Ruhmann: General (R) de Ejército. Comandó el asalto a La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Según Palacios, los detenidos enviados desde La Moneda al Regimiento Tacna para ser ejecutados o desaparecidos con posterioridad, fueron trasladados por orden de sus superiores.
Virgilio Paz: Ciudadano cubano, dirigente anticastrista, actualmente (1998) preso en EE.UU. por su rol en el homicidio de Orlando Letelier.
René Patricio Quilhot Palma: Teniente coronel del Ejército, agente de la DINA y vinculado con el caso Soria.
Manuel Rodríguez (alias “Polaco”): Vinculado a Colonia Dignidad.
Osvaldo Romo Mena: Ex agente de la DINA. Conocido por su trato inhumano y cruel hacia los presos políticos. Durante la década de los setenta se refugió en Brasil con su familia. Ahí fue detenido en 1992 y extraditado a Chile. En 1995, durante una entrevista con una periodista de Miami, Romo reveló detalles tan espeluznantes en relación a la tortura que se llevaba a cabo por la DINA, que la prensa chilena decidió no hacerlos públicos, supuestamente como una señal de respeto hacia las víctimas y los familiares de las víctimas del régimen. Uno de los pocos violadores de derechos humanos en Chile quien actualmente (1998) cumple condena.
Hugo Salas Wentzel: General (R) de Ejército. Director de la CNI desde 1986 hasta 1988. Implicado en la Operación Albania de 1987, durante la cual agentes de la CNI mataron a 12 miembros del FPMR.
Guillermo Salinas Torres: Oficial del Ejército involucrado en el asesinato de Carmelo Soria dado que integró la Brigada Mulchen. Graduado de la School of the Americas, de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en Panamá. Perteneció a la DINA y participó en la CNI.
Miguel Schweitzer Speisky: Fallecido. Fue presidente del Consejo de Estado durante el régimen militar, ex ministro de Justicia. Padre del abogado Miguel Alex Schweitzer, quien actualmente (1998) participa en la defensa de Pinochet en Londres.
Santiago Sinclair: Tras el golpe militar fue comandante del Regimiento Cazadores en Valdivia. Vicecomandante en jefe del Ejército desde 1986, y n 1989 integró la Junta Militar. Entre 1990 y 1997 fue senador designado.
Rodolfo Stange Oelckers: Ex jefe de Carabineros. Su comandancia se puso en tela de juicio cuando en 1985, durante su jefatura, miembros de su institución desempeñaron un rol clave en los degollamientos de tres profesionales miembros del Partido Comunista. En 1998 fue nombrado senador designado. Es uno de los impulsores del Comité de Crisis que se creó inmediatamente tras la detención de Pinochet. Este comité, creado por senadores de derecha y por senadores designados, resolvió no asistir más a sesiones del senado hasta que Pinochet vuelva a Chile.
Ciro Ernesto Torres Sáez: Oficial de Carabineros, ligado a la DINA. Trabajó en el cuartel de detención y tortura José Domingo Cañas y en Terranova/Villa Grimaldi.
Fernando Torres Silva: Actual (1998) auditor militar. Desempeñó un papel clave en los años ochenta en su calidad de fiscal ad hoc. Conocido en ese tiempo por su dedicación a perseguir jurídicamente a los opositores del gobierno militar. Investigó la internación de armas de Carrizal Bajo y el atentado contra Pinochet en 1986.
Rolf Wenderoth Pozo: Oficial de ejercito. Integró la Brigada Mulchen de la DINA, directamente implicado en el homicidio de Carmelo Soria. Jefe de Villa Grimaldi en 1975.
Testimonio de Víctor Toro - Preso en Villa Grimaldi
El chileno, Víctor Toro Ramírez, dirigente sindicato y miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, quien fue detenido tras el golpe, presentó el siguiente testimonio ante las Naciones Unidas, el 1 de febrero de 1977, en Ginebra. Este testimonio da cuenta de algunas de las actividades de MARCEL MOREN BRITO, MIGUEL KRASSNOFF MARCHENKO y FRANCISCO FERRER LIMA.
“Yo estaba en Villa Grimaldi (…) y junto con otros prisioneros fui testigo de los crímenes más salvajes y brutales perpetrados por la DINA: la eliminación de una familia entera a través de los métodos más barbáricos, inhumanos y el terror insano, cuando los torturadores ni siquiera aplicaron las precauciones más elementales para esconder sus identidades. Entre el 17 y el 18 de noviembre de 1975 los presos Alberto Gallardo, Roberto Gallardo Moreno, Catalina Gallardo y Mónica del Carmen Pacheco llegaron a Villa Grimaldi. Las torturas a las que fueron sometidos fueron conducidos personalmente por el coronel MARCELO MOREN BRITO, con la asistencia de los capitanes MIGUEL KRASSNOFF MARCHENKO y FRANCISCO FERRER LIMA. Entre golpes, gritos, amenazas y mucho movimiento, estos presos fueron asesinados la noche del 18 de noviembre. Yo vi como colgaron de un árbol en el patio a Alfredo Gallardo de los testículos. Yo escuché su último gemido cuando moría. MARCELO MOREN personalmente aplicó aceite hirviendo y corriente eléctrica a los cuerpos desnudos de Catalina Gallardo y Mónica del Carmen Pacheco mientras ellas estaban colgadas de los pies. En un momento dado, los torturadores sacaron las instalaciones eléctricas de la Villa Grimaldi y, con cables de alto voltaje electrocutaron a sus víctimas. Así mataron a estas dos mujeres. Roberto Gallardo Moreno, quien había sido sometido a torturas desde el día anterior, murió el 18 de noviembre en la parrilla eléctrica. Previo a estas matanzas, los prisioneros estuvieron con nosotros en el vestíbulo de Villa Grimaldi y así fue como supimos sus nombres.”

Marco Ideologico del Regimen Militar : Organismos de Represión (parte 2)


Organismos de Represión
Esta sección presenta un listado y descripción de los principales organismos de seguridad creados bajo la dictadura en Chile y cuya misión era realizar la “lucha antisubversiva” durante el periodo 1973 a 1990.
Casi todos los organismos de represión pertenecían jurídicamente a alguna rama de las FF.AA. o al Cuerpo de Carabineros, y en varias oportunidades algunos mandos institucionales adoptaron la política de rotar a personal de sus ramas con el fin de mantener una dependencia institucional. Aún así, los organismos que se mencionan en esta sección desarrollaron y ejercieron altos grados de autonomía respecto a las FF.AA. en las cuales se originaron.
¿Qué motivaba la actuación de los organismos de represión?
Estos organismos respondían a la adscripción del gobierno militar a la Doctrina de la Seguridad Nacional que planteaba la existencia de una guerra permanente en contra la subversión comunista internacional y todos sus aliados.
Esta guerra se desarrollaba en la sociedad misma y no en el campo militar. O sea, los nuevos campos de batalla para estos organismos eran las instituciones sociales que supuestamente podrían albergar la subversión, el enemigo y sus aliados; en otras palabras, los partidos políticos, organizaciones sociales etc.
La guerra que se efectuaba en este campo demandaba otro tipo de acción muy diferente a la regular; la lucha antisubversiva demandaba antes que nada la recolección de información a través de los servicios de inteligencia que usaban los métodos de represión comunes al período de régimen militar y de ahí se procedía a reprimir y eliminar los llamados elementos subversivos a través del terrorismo de estado y la violación sistemática de los derechos humanos.
EL SERVICIO DE INTELIGENCIA MILITAR (SIM)
El SIM desempeñó un rol importante en la preparación del golpe militar. A partir del 11 de septiembre 1973 hasta los primeros meses de 1974 actuó en la detención e interrogación con tortura de militantes y simpatizantes de los partidos adheridos al gobierno depuesto y de sus dirigentes más destacados. De ahí su rol cambió, y comenzó a desempeñar un rol relacionado con la defensa del país ante supuestas amenazas fronterizas.
Al comienzo del período del régimen militar, el SIM detenía a sus víctimas mediante personal uniformado y utilizando vehículos del Ejército, lo que luego cambió por el uso de personal vestidos de civil en vehículos sin identificación. El lugar preferido para llevar a sus víctimas eran los regimientos y algunos centros secretos de detención. Muchas de sus víctimas fueron traspasadas a la DINA cuando ésta alcanzó un grado efectivo de funcionamiento.
SERVICIO DE INTELIGENCIA NAVAL (SIN)
Este organismo apareció en funcionamiento públicamente meses antes del golpe militar, actuando en la investigación y represión de una incipiente organización de suboficiales y marinos de Talcahuano dispuestos a defender al gobierno socialista de la Unidad Popular (UP).
Posteriormente al golpe, su actividades se basaron principalmente en las provincias de Concepción - donde utilizó para sus labores represivas la Base Naval de Talcahuano, el Fuerte Borgoño y la Isla Quiriquina - y Valparaíso, donde su centro principal de detención e interrogación fue la Academia de Guerra Naval.
EL SERVICIO DE INTELIGENCIA DE CARABINEROS (SICAR)
Previo al golpe militar, no existía el SICAR, sino la Comisión Civil de Carabineros.
Durante la primera etapa del régimen militar su rol represivo fue limitado a la investigación de miembros del Cuerpo de Carabineros que mantuvieron su respaldo al gobierno depuesto.
Por lo general, sus labores fueron supeditados a los otros servicios de inteligencia.
Cuando la DINA concretó su rol se produjo la colaboración entre ésta y el SICAR, que facilitó a su personal para determinadas operaciones. La DINA hizo uso del SICAR y del conjunto del Cuerpo de Carabineros para detener a personas, y además la DINA entregó la vigilancia de sus recintos de interrogación a Carabineros.
EL SERVICIO DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA AEREA (SIFA)
Desde un comienzo este organismo participó en las acciones represivas del régimen. Según numerosas denuncias, la SIFA y el SIN se caracterizaron por la “tecnicidad” y refinamiento en la aplicación de torturas.
Su primera función fue la represión de un sector de la Fuerza Aérea que apoyaba al gobierno UP, su labor sirviendo como base para la preparación del proceso rol 1-73 seguido en contra el difunto Gen. Bachelet entre otros.
Su actividad fue importante en lo que se refería a la colaboración de las Fiscalías de Aviación encargadas de la represión de los llamados grupos armados de la UP y a mediados de 1974 fue uno de los servicios de seguridad con mayor actividad en conjunto con la DINA, coincidiendo con la ofensiva del régimen en contra la organizaciones opositoras, especialmente el MIR.
La SIFA comenzó sus funciones represivas desde la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en Las Condes. Posteriormente utilizó otros recintos.
A la SIFA se le asignó un gran número de personas seleccionadas - como oficiales, suboficiales, soldados y conscriptos de la FACH - a los que también se sumaron civiles del Movimiento Patria y Libertad, quienes desempeñaron un rol importante de sublevación durante la época de la UP.
Hubo un importante número de colaboradores e informantes que se sumaron a sus filas tras ser detenidos como miembros de grupos y partidos de izquierda.
LA DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA (DINA)
La DINA fue creada el 14 de junio de 1974 a través del Decreto Ley Nº 521, que la consagró como entidad autónoma con recursos propios y dependiente de la Junta. Este organismo, bajo la dirección del General Manuel Contreras, alias el Mamo, llegó a ser el servicio de represión más importante y temido hasta que fue disuelta en 1977.
El Decreto le asignó funciones amplias de “reunir toda la información a nivel nacional proveniente de los distintos campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la Seguridad Nacional y el desarrollo del país”.
Además, tres artículos secretos del Decreto, Nº 9, 10 y 11, le otorgaban las siguientes prerrogativas adicionales a la DINA:
- coordinar todos los servicios de inteligencia
- le confería facultades ejecutivas, o sea, de actuar en allanamientos y detenciones
- le establecía su estructura interna, validando de hecho las acciones emprendidas por la DINA en los meses anteriores a su existencia legal, y afirmando que sería la continuadora legal de “la comisión denominada DINA, organizada en noviembre de 1973” en ese entonces relacionada con el Servicio Nacional de Detenidos.
Las actividades de la DINA estuvieron fundamentalmente centradas en Santiago o dirigidas desde la capital por medio de agentes enviados a las provincias para cumplir misiones, por ejemplo, a la Colonia Dignidad en el sur de Chile.
La DINA fue disuelta el 13 de agosto de 1977 a través del D.L. 1.876.
Historia de la creación de la DINA
Inmediatamente después del golpe militar, se le entregó al General Nicanor Díaz Estrada, de la Fuerza Aérea, la responsabilidad de efectuar la coordinación entre los distintos organismos de seguridad pertenecientes a las distintas ramas de las FF.AA. y que hasta ese momento funcionaban en forma autónoma.
Con este fin, Díaz Estrada reunió a los directores de los diferentes organismos - el SIM, el SIN, el SICAR y el SIFA - y asignó las tareas prioritarias para cada servicio en relación a la represión de la izquierda.
Como parte de este proceso, el teniente coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlvedaimpulsó la creación de un organismo por sobre los distintos servicios de inteligencia que estaría a cargo de organizar la elaboración de información y la labor represiva.
Antes de obtener el acuerdo de los jefes de las distintas ramas de las FF.AA. el teniente coronel Contreras ya había comenzado a solicitar las plantas de personal de aquellas instituciones. Existían dudas en cuanto a la creación de la incipiente DINA dado que este organismo carecía de entidad jurídica y además significaría la pérdida de importancia relativa de los otros servicios de inteligencia.
Sin embargo, la Junta militar, y en especial el general Augusto Pinochet, optaron por apoyar la iniciativa, y a fines de noviembre de 1973, Contreras recibió el personal que había solicitado - oficiales y soldados seleccionados - en el regimiento de Tejas Verdes que estaba en ese entonces bajo su comandancia.
Entretanto, la incipiente DINA ya había asumido la tarea de interrogar, clasificar y separar a los detenidos de algunos de los principales recintos de detención que existían en aquel momento.
Entre ese período y junio de 1974, la DINA entrena a su personal y realiza acciones represivas efectivamente.
Terrorismo de Estado
Entre 1974 (oficialmente) y 1977, la DINA se hizo cargo del trabajo represivo del Estado chileno bajo el mando del entonces jefe de la Junta Augusto Pinochet.
De acuerdo a la Doctrina de Seguridad Nacional - adoptada por el régimen militar desde su inicio para justificar el golpe de estado - en Chile hubo una guerra interna que provocó la represión y eliminación de sectores e individuos percibidos como enemigos del Estado. Dentro de este contexto, la DINA actuó como la principal agencia de represión, deteniendo, torturando, ejecutando y desapareciendo a sus “enemigos,” y efectivamente, llevando a cabo lo que se denomina terrorismo de estado, o sea, crímenes en contra la humanidad ejecutados por agentes del Estado.
Según el libro “Tarda pero llega. Pinochet ante la justicia española,” la DINA actuó, en efecto, como un “grupo terrorista”.
“La DINA se erigió enseguida en un grupo de élite de violencia selectiva, de actuación clandestina y armada, y destinada a la persecución y eliminación física de los más destacados representantes del régimen político depuesto. Por su actuación puede ser calificada como un grupo terrorista.”
Reconocimiento público
El artículo 1º del D.L. 1.009, dictado el 8 de mayo de 1975, dio el primer reconocimiento público de que la DINA tenía facultades para realizar aprehensiones. Este artículo señaló que durante la vigencia del Estado de Sitio los organismos de seguridad notificarían sobre la detención de personas a sus familiares, “cuando procedan - en el ejercicio de sus facultades propias - a detener preventivamente a las personas a quienes se presuma fundamentalmente culpables de poner en peligro la seguridad del Estado”.
El 11 de septiembre de 1977, el general Pinochet hizo un similar reconocimiento de la entonces disuelta DINA al declarar que la recién creada Central Nacional de Informaciones (CNI), al contrario de la DINA, no tendría dichas facultades.
Recintos de detención utilizados por la DINA
Para efectuar su labor represiva, la DINA usó varios recintos de detención, acerca de los cuales existe conocimiento a través de testimonios de sobrevivientes que estuvieron recluidos en aquellos lugares y de otras personas, como por ejemplo en el caso del entonces Presidente de la Corte Suprema José María Eyzaguirre, quien pudo constatar la presencia de detenidos en la Villa Grimaldi en Santiago, uno de los principales centros de reclusión e interrogación de la DINA. También existieron, como centros de detención, interrogación y tortura bajo el mando de la DINA, Cuatro Alamos, Londres 38, José Domingo Cañas, y la “Venda Sexy”.
La DINA también instaló su propia clínica en calle Santa Lucía y una red de casas de seguridad para sus agentes, informantes y algunos presos de “trato especial”.
Se calcula que la DINA contrataba a 9.000 personas, quienes habrían sido bien remunerados, dando importancia a su red financiera.
Núcleos operativos de la DINA
“El símbolo de la DINA. Me imagino que ese diseño respondía plenamente a la idea del coronel Manuel Contreras Sepúlveda de lo que debía ser la DINA. Ese puño no se movía por sí solo. Tenía brazos, cada una de las unidades operativas de la DINA articularon sus movimientos que regidos por una cúpula fueron emitiendo las órdenes para que ese puño cobrara movimiento”. (Luz Arce, presa política que posteriormente colaboró con la DINA)
En un comienzo, la DINA se organizó en distintos núcleos operativos, como:
- La Brigada de Inteligencia Ciudadana, que desempeñaba una función de inteligencia política.
- Las Brigadas de Arresto e Interrogación.
- La Brigada de Inteligencia Metropolitana, que custodiaba las más importantes cárceles secretas, como Cuatro Alamos y Villa Grimaldi.
Con el tiempo, la estructura interna se fue multiplicando en agrupaciones, unidades, brigadas, cuarteles y departamentos. Los departamentos habrían sido los de: gobierno interior, contrainteligencia, económica y de operaciones sicológicas para producir su propaganda y contrarrestar la adversa.
La DINA en el exterior
El equipo de la DINA operativo en el exterior comenzó con la creación de una red antisubversiva cuyo fin era coordinar los servicio secretos del continente. Bajo el nombre de “Operación Cóndor” los servicios de seguridad de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, se coordinaron con la DINA para actuar en la detención y neutralización de supuestos focos e individuos subversivos, intercambiando prisioneros, datos y facilitando recursos.
Entre las más conocidas operaciones de la DINA en el extranjero es la denominada Operación Colombo, que se llevó a cabo como parte de la Operación Cóndor, y que a mediados de 1975 dio muerte en Argentina a 119 chilenos, que previamente habían sido detenidos por agentes del estado de Chile.
Además se encuentran otros casos, tales como el asesinato en septiembre 1974, en Buenos Aires, Argentina, del que fuera comandante en jefe del Ejército de Chile en el período democrático y Vicepresidente de la República, General Carlos Prats González, exiliado en ese país, y quien murió a raíz de una bomba colocada en su automóvil, que al estallar mató al general y a su esposa, Sofía Cuthbert.
El 6 de octubre de 1975, un comando de la DINA ametralló en Roma al ex-Vicepresidente de la república de Chile y miembro del partido Demócrata Cristiano, Bernardo Leighton Guzmán y a su esposa, Ana Fresno.
En estas acciones internacionales, colaboraron con la DINA varios dirigentes internacionales de la ultraderecha, como por ejemplo, Virgilio Paz, José Dionisio Suárez y los hermanos Novos, entre otros, todos cubanos, anticastristas, que actuaron en conjunto con la DINA en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y su asistente norteamericana Ronnie Moffit, en las calles de Washington, D.C., Estados Unidos en septiembre 1976. Letelier y Moffit murieron a causa de una bomba colocada en su automóvil.
Nombres claves dentro de la DINA:
La DINA está indisolublemente ligada a MANUEL CONTRERAS SEPULVEDA, general del Ejército y creador del organismo represivo y a AUGUSTO PINOCHET UGARTE.
Según el testimonio prestado ante la Corte Suprema chilena por Manuel Contreras, en diciembre de 1997, con el objeto de obtener su excarcelación de Punta Peuco, “La DINA es un organismo militar (…) que dependía, primero directamente del Presidente de la Honorable Junta de Gobierno (Pinochet) y posteriormente del Presidente de la República (Pinochet). Además, no se trataba de un organismo autónomo que pudiera tomar resoluciones por su cuenta… el 12/11/73 (…) Es nombrado a cargo de la Comisión DINA por la Junta Militar De Gobierno (…) Augusto Pinochet Ugarte, Presidente de La Junta de Gobierno”.
Contreras, la cara pública de la DINA, argumentó que él sólo representaba a Pinochet.
“Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó”.
Otro nombre estrechamente ligado a la DINA es PEDRO ESPINOZA BRAVO, brigadier de Ejército,
El mayor MARCELO MOREN BRITO es uno de los hombres asociados al recinto de detención y tortura, Villa Grimaldi.
También ligados al alto mando de la DINA están:
ARMANDO FERNANDEZ LARIO; mayor
RAUL EDUARDO ITURRIAGA NEUMANN; general, jefe de Operaciones Exteriores de la DINA
VIANEL VALDIVIESO; capitán
MIGUEL KRASSNOFF MARCHENKO; a cargo del grupo operativo “Halcón” de la Agrupación “Caupolicán” de la DINA
ROLF WENDEROTH POZO; mayor, en 1975 jefe de Villa Grimaldi
CRISTOPH WILLEKE FLOEL; oficial, director de Operaciones Exteriores de la DINA en 1976
Entre civiles colaboradores y miembros de la DINA, se encuentran ENRIQUE ARANCIBIA CLAVELy el ciudadano norteamericano MICHAEL TOWNLEY y PEDRO DIET LOBOS.
Fin de la DINA
Tal como lo describen los autores del libro “Tarda pero llega. Pinochet ante la justicia española”, desde el momento de su creación, la DINA rápidamente se transformó “en un grupo terrorista”.
La historia de la DINA se caracteriza por los atropellos a los derechos humanos. Tras el homicidio de Orlando Letelier en las calles de Washington D.C., las protestas internacionales en contra la DINA se hicieron más fuertes. En tanto, dentro de Chile ésta continuaba su casería de los partidos, grupos e individuos de izquierda, pero en medio de una fuerte lucha de poder entre la jefatura de la DINA y otros altos funcionarios colaboradores de Pinochet.
“Tan escandalosa resultaría su actuación, que en 1977 la DINA tuvo que ser disuelta. En realidad, seguiría funcionando, pero con otro nombre. El 13 de agosto de 1977 fue remodelada con el nombre CNI, Centro Nacional de Informaciones. Sus actividades terroristas fueron continuadas hasta marzo 1990”. (Extracto del libro “Tarda pero llega. Pinochet ante la justicia española.”)
EL COMANDO CONJUNTO
Este organismo habría existido entre mediados de 1975 y principios de 1977. Desempeñó un papel clave en la persecución y eliminación de los miembros del Comité Central del Partido Comunista.
La existencia y actuación del Comando Conjunto fue completamente clandestina, sin ninguna legalidad. Estaba a cargo de coordinar la labor de inteligencia de los distintos servicios de seguridad de las FF.AA y Carabineros.
Al parecer, este Comando se formó bajo el alero de la SIFA. Sus bases principales eran los subterráneos de la Academia de Guerra de la FACH (AGA) y diversas casas por todo Santiago. Uno de los últimos recintos secretos utilizados por el Comando Conjunto fue “La Firma”, ubicado en calle Dieciocho en Santiago.
El Comando Conjunto estaba constituido por integrantes de las FF.AA., civiles de extrema derecha y por ex integrantes de partidos de izquierda que se convirtieron en colaboradores tras ser torturados.
Se cree que el Comando habría trabajado en conjunto con la DINA, incluso formando parte de su equipo operativo. Sin embargo, también existe evidencia que este organismo era independiente de la DINA y que incluso existían conflictos recíprocos entre los dos.
La existencia de este Comando fue revelada en 1984 mediante la confesión del agente y cabo de la FACH Andrés Valenzuela Morales.
Nombres claves dentro del Comando Conjunto:
Entre los acusados como autores de asociación ilícita, por la investigación realizada por el Ministro en Visita Carlos Cerda, (posteriormente suspendido de su cargo por dos meses), están:
GUSTAVO LEIGH; general, miembro de la Junta
MARIO VIVERO AVILA; general de la FACH
JULIO BENIMELLI RUIZ; mayor de Carabineros
LUIS CAMPOS POBLETE; comandante de la FACH
CARLOS MADRID HAIDEN; comandante de la FACH
GERMAN ESQUIVEL CABALLERO; teniente coronel de Carabineros
MANUEL AGUSTIN MUÑOZ GAMBOA; capitán
EGARDO CEBALLO JONES; coronel de la FACH
JORGE COBOS MANRIQUEZ; comandante en reserva de la FACH
RUBEN ROMERO GORMAZ; general de Carabineros
ENRIQUE RUIZ BUNGUER; general de la FACH
JUAN SAAVEDRA LOYOLA; coronel FACH
ROBERTO FUENTES MORRISON; comandante de escuadrilla
LA CENTRAL NACIONAL DE INFORMACIONES (CNI)
La Central Nacional de Informaciones (CNI) fue creada el 13 de agosto de 1977 por el Decreto Ley 1.878. Este organismo continuó la labor represiva de la DINA y durante su existencia se transformó en el servicio de inteligencia más importante del Estado.
El DL 1.878 le otorgó a la CNI las facultades de:
“reunir y procesar toda la información a nivel nacional, provenientes de los diferentes campos de acción, que el Supremo Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes y programas… (y) … la adopción de medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional y el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales y mantención de la institucionalidad establecida”.
El nuevo decreto, además otorgó a la CNI una calidad de “organismo militar, integrante de la Defensa Nacional”, vinculada con el gobierno a través del Ministerio del Interior. Es decir, la CNI dependía del Presidente de la República.
El D.L. 1.878 señalaba que el Director nacional de la CNI podría requerir informes y antecedentes necesarios para su labor represiva de “cualquier servicio del Estado, municipalidades, personas jurídicas creadas por ley o de las empresas o sociedades en que el Estado o sus empresas tengan aportes de capital, representación o participación”.
La ley estableció que la CNI contaba con personal de las Fuerzas Armadas y personal civil para realizar sus labores.
La CNI contaba con atribuciones para detener en relación con la Ley de Armas, pero al contrario de la DINA, sólo en virtud de una orden judicial. Sin embargo, la CNI hizo uso del Artículo 1 del D.L. 1.009, que otorgaba a este organismo la facultad de “detener preventivamente” bajo estados de sitio o de emergencia. Así la CNI realizó miles de detenciones de opositores al régimen militar. En la mayoría de los casos, éstos eran llevados a los recintos secretos de la CNI, donde normalmente eran torturados.
La gran infraestructura de la CNI incluía recintos secretos de detención, interrogación y tortura, entre ellos los cuarteles de calle República y de Borgoño, y vehículos.
La CNI mantenía recintos a lo largo del país en todas las grandes ciudades. A nivel nacional, la infraestructura de la CNI fue mucho más amplia que la de la DINA.
La CNI fue disuelta por la ley 18.943 el 22 de febrero de 1990, días antes del traspaso del mando militar al gobierno democrático de la Concertación. Gran parte de su personal civil fue incorporado a la planta del Ejército, al cual también pasaron sus activos y pasivos.
Nombres claves dentro de la CNI:
Entre los más conocidos nombres ligados a la CNI figuran los distintos directores de la organización, como fueron:
ODLANIER MENA; general
HUMBERTO GORDON RUBIO; general
HUGO SALAS WENZEL; general
JULIO CORVALAN alias Alvaro Valenzuela; jefe de Operaciones del organismo
MARCOS DERPIC; coronel, nombrado subdirector de la CNI en 1989.
Para un listado completo de agentes de represión en Chile, véase Nizkor
LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE CARABINEROS (DICOMCAR)
Este organismo, perteneciente al Cuerpo de Carabineros, se hizo conocido por su significante rol en el asesinato por degollamiento a los tres profesionales miembros del Partido Comunista, Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, en marzo de 1985.
Se le conoció un recinto secreto de detención ubicado en calle Dieciocho de Santiago, “La Firma”, que habría sido utilizado previamente por el Comando Conjunto. Existe evidencia de que algunos antiguos integrantes de ese Comando habían continuado operando en tareas de represión bajo la tuición de Carabineros.
Nombres claves dentro de la DICOMCAR:
La DICOMCAR dependía directamente de: CESAR MENDOZA DURAN; general, miembro de la Junta y máxima autoridad de Carabineros.
Otras personas vinculadas a la DICOMCAR fueron:
LUIS FONTAINE MANRIQUEZ; coronel, director del organismo.
JULIO MICHEA MUÑOZ; coronel, jefe de Asuntos Externos e Internos de la DICOMCAR
GUILLERMO GONZALEZ BETANCOURT; mayor, subalterno de Muñoz
HECTOR DIAZ ANDERSON; capitán
PATRICIO ZAMORA; capitán
COMANDO DE VENGADORES DE MARTIRES (COVEMA)
En agosto 1980, 14 personas fueron secuestradas por un grupo que se identificó como COVEMA, el Comando de Vengadores de Mártires, que se formó tras el asesinato el 15 de julio de 1980 del coronel Roger Vergara, director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Uno de los secuestrados, Eduardo Jara, muere a raíz de las torturas inflingidas por este grupo.
A partir de la conmoción pública que provocaron estos hechos, las autoridades prometen iniciar una investigación. Un comunicado conjunto de la CNI y Carabineros informa al público que el COVEMA estaba formado por personal del Servicio de Investigaciones.
Nombres claves dentro de COVEMA:
Un ex integrante del grupo, CELSO EDUARDO QUINTERO MARTINEZ, años después informó que el director general del servicio de Investigaciones, el general ERNESTO BAEZA, en 1980 “había ordenado sacar 50 carpetas de los funcionarios con más de ocho años de servicio, calificados en Lista 1”, en las cuales quedó seleccionado Quintero.
El entonces jefe de la Brigada de Homicidios, JOSE OPAZO, les informó que, “por orden del señor director Baeza se había decidido formar un grupo especial que investigara la muerte del coronel Roger Vergara, víctima de un atentado”. El grupo fue informado que funcionaría temporalmente a cargo de Opazo, de NELSON LILLO, jefe de la Brigada de Asaltos y del subcomisario EDUARDO RODRIGUEZ.
El COVEMA no volvió a actuar nuevamente.

La Historia Oculta del Régimen Militar

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