Víctimas: Blancos de la represión ;Dictadura Chile

Partidos Políticos.

Persecución por decreto

Los partidos políticos de izquierda fueron objeto de un plan cuidadosamente articulado de persecución selectiva desde el día del golpe y durante los 17 años de gobierno autoritario.

Declarando que el nuevo gobierno tiene la misión de erradicar el marxismo de Chile, la Junta anunció, mediante Bando No.77, el 13 de octubre de 1973, que los partidos políticos de izquierda y otras organizaciones de izquierda serían disueltas, prohibidas y consideradas asociaciones ilícitas.

El bando específicamente nombró al Partido Comunista, Partido Socialista, Sindicato Socialista Popular, MAPU, Partido Radical, Izquierda Cristiana, Acción Popular Independiente y otras entidades “fundadas en la doctrina marxista… que pretenden destruir los postulados …. de esta Junta”. El Bando 77 declaró como criminal el hecho de promover u organizar estos partidos sino que también determinó confiscar sus propiedades, las que fueron transferidas a manos del estado.

El 17 de octubre de 1973, el bando No.8 declaró un “receso” temporal de todos los partidos políticos no nombrados por el bando anterior. Estos incluían a los partidos de centro y derecha tales como el Partido Democrático Radical, el Partido Demócrata-cristiano, el Partido Democrático Nacional, el Partido de Izquierda Radical y el Partido Nacional.

A diferencia de los activistas políticos de los años ochenta, los dirigentes de los partidos de 1973, no poseían ninguna experiencia con el tipo de represión ejercida por el nuevo régimen, ni con acciones en la clandestinidad. Enfrentados entonces a un cambio radical de reglas políticas que se les impuso literalmente, de un día para otro, los partidos políticos en un comienzo se desorganizaron, pero con el pasar del tiempo operaban clandestinamente, e incluso en y desde el extranjero.

Según la Comisión Rettig , los siguientes datos corresponden a muertes y desapariciones de militantes de partidos de izquierda:

- El Partido Socialista perdió a 405 de sus miembros, o sea, un 17.8%

- Del MIR fueron 384 las VICTIMAS o el 16.9% de sus miembros.

- El Partido Comunista perdió a 353 o el 15.5% de sus miembros.

Miembros del MAPU, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez , del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, de la Izquierda Cristiana y del Partido Nacional también sufrieron serias violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Rettig, el 46% de las víctimas fatales no tenían ninguna afiliación político-partidista. En la opinión del sociólogo chileno Elías Padilla, en su estudio “La memoria y el olvido”, esto no significa que las víctimas no tuvieran posturas políticas, sino más bien, que no existe información disponible sobre su afiliación o ésta no era concluyente.



Oficiales del gobierno de la Unidad Popular

En el momento del golpe de estado, varios miembros de los partidos Comunista, Socialista, MAPU ocupaban puestos de liderazgo en el gobierno, ya sea a nivel nacional o local, lo que les dejó en una situación de gran vulnerabilidad una vez establecida la Junta militar.

La Comisión Rettig verificó que de las personas ejecutadas o desaparecidas por agentes de seguridad del régimen, seis eran alcaldes, cuatro gobernadores, 16 regidores, tres intendentes, y dos congresistas, pertenecientes todos al gobierno de la UP. Además, 31 líderes de la Unidad Popular, 140 dirigentes de organizaciones comunitarias, y 30 altos miembros de empresas estatales se encontraban entre los ejecutados o desaparecidos entre 1973 y 1989.

Liberación de presos políticos de la Penitenciaria, Santiago, 20/4/1978. Foto: L.NavarroEl Partido Demócrata-cristiano (PDC), que había apoyado el golpe en un comienzo - no sin fuertes disidencias al interior del partido -, adoptó desde luego una postura más crítica. Hacia fines de 1974, cuando era evidente que la Junta militar no iba a traspasar el poder a los partidos políticos, los dirigentes del PDC también se convirtieron en blancos de la represión.



Sindicatos

Los sindicatos como víctimas

Los sindicatos y sus líderes fueron uno de los principales blancos de la oleada inicial de violencia y abusos a los derechos humanos, dada su tradicional cercanía a las ideologías de izquierda que el gobierno autoritario pretendía anular. Los sindicatos fueron fuertemente inhabilitados en las etapas iniciales del régimen, pero estuvieron, sin embargo, al frente del movimiento de oposición que emergió posteriormente.

En octubre de 1973, los militares clausuraron federaciones de trabajadores, asociaciones y sindicatos, registraron sus oficinas, se posesionaron de sus documentos y propiedades y detuvieron dirigentes sindicales a lo largo del país. Los bandos No. 12 y 13 anularon el estatus legal de la Central Unica de Trabajadores (CUT), la confederación de trabajadores más poderosa de Chile y prohibieron toda forma de organización, actividad y publicidad.

La Junta alteró la legislación y las regulaciones pertinentes a la organización de sindicatos y otras actividades laborales. Los cambios establecidos incluyeron la suspensión de los derechos de negociación colectiva, la prohibición de reuniones sindicales sin previa autorización de Carabineros y la suspensión de elecciones directas de dirigentes sindicales, entre otros. Las llamadas “medidas de emergencia” se impusieron en los sindicatos chilenos en los primeros meses de la dictadura para adaptar la actividad del movimiento sindical a la línea del gobierno militar, generando nuevas características en las relaciones de trabajo, muchas de las cuales permanecen hasta el día de hoy, ocho años después del término del régimen militar.

En los tres primeros meses después del golpe, los dirigentes detenidos de la CUT sumaban más de 200, y 16 dirigentes sindicales fueron ejecutados. El 11 y 12 de septiembre, un comunicado público emitido por radio y otros medios de comunicación exigía que los dirigentes de la CUT se entregaran a las autoridades. En lugar de hacerlo, muchos de ellos buscaron asilo en embajadas o se escondieron. Obedecer sin duda significaba encarcelamiento o, tal vez, ejecución.
    En los meses siguientes al régimen militar, todos los dirigentes de la Federación Nacional de Mineros fueron detenidos y los consejos directivos de los 13 sindicatos disueltos. Los 700 líderes de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos fueron reducidos a 420. Sólo 5 de los 33 dirigentes de la Federación de Trabajadores Textiles mantuvieron sus puestos de trabajo, mientras en la poderosa Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, sólo 8 de un total de 21 dirigentes permanecieron en sus puestos.

Una delegación de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) visitó Chile a fines de 1974, haciendo las siguientes declaraciones sobre la situación que afectaba a los sindicatos del país: “muchos dirigentes han sido asesinados… ya sea ejecutados, con o sin juicio, por la ley de fuga, a consecuencias de torturas o en otras circunstancias.”

A mediados de 1976, el Consejo de ILO en Ginebra solicitó al régimen militar poner su legislación y prácticas laborales a tono con la ley internacional.



Reorganizando a los trabajadores

La pertenencia a sindicatos había alcanzado su cifra más elevada de todos los tiempos en 1973, con un 32.5% de la fuerza de trabajo chilena afiliada a un sindicato. El número de trabajadores sindicalizados se triplicó entre 1962 y 1972. Por cierto, el trabajo organizado abundaba durante el gobierno de Salvador Allende en los años 1970-73, y había asumido un rol activo en los procesos de toma de decisiones de los ámbitos políticos, económicos y sociales.

La Junta militar orientó su ofensiva hacia el quebrantamiento y control del poderoso movimiento sindical, del que se decía se había transformado “político en naturaleza, bajo la influencia de tendencias foráneas extrañas a la identidad nacional”.

A pesar de la represión, tan pronto como en 1975, ex - dirigentes sindicales se habían reorganizado y habían creado asociaciones informales, como en el caso del sindicato de empleados fiscales, ANEF. Probablemente la iniciativa más importante a ese nivel fue la creación de la Coordinadora Nacional Sindical, entidad que se hizo pública en junio de 1978. Una campaña de correspondencia al gobierno militar iniciada por esta incipiente organización fue acaparando adeptos en el camino y dio paso al desarrollo de otras organizaciones . Las nuevas organizaciones de trabajadores empezaron a mostrar su fuerza renovada con manifestaciones en Valparaíso y San Antonio, en octubre de 1977, en la mina de cobre de El Teniente, en Noviembre 1977, y en Confecciones Burger en diciembre de 1977, entre otras.

En abril de 1976, Carabineros detuvo a un número indeterminado de dirigentes sindicales, organizados bajo el nombre de “grupo de los 10”, quienes, entre sus demandas, exigían que el tiempo extraordinario fuera voluntario y pagado en un 50% más de su valor normal. Como consecuencia, varios empresarios acusaron a estos dirigentes de intentos de sabotaje y de arriesgar la seguridad nacional.

Las principales demandas de los sindicatos incluían el derecho a organizarse y a celebrar el Día Internacional del Trabajador. También criticaban las políticas económicas del gobierno y expresaban su repudio al deterioro de su calidad de vida bajo el régimen militar.

La Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, apoyada por algunos partidos políticos acordó la realización de la primera protesta nacional de mayo de 1983, evento que inició un período de actos masivos y públicos de oposición al régimen. Los mineros del cobre reaccionaron a la represión posterior contra sus dirigentes y los de los sindicatos en general, realizando la primera huelga general en diez años. A principios de junio, se crea el Comando Nacional de Trabajadores y se acuerda la segunda protesta. La masiva concurrencia a ésta, puso en evidencia la importancia de los sindicatos en reunir un amplio espectro de opositores al régimen.

La nueva Central Unitaria de Trabajadores, (CUT) surge en agosto de 1988. Su primera Asamblea General tuvo lugar en octubre de 1991, y en marzo de 1992 obtuvo personalidad jurídica.

El movimiento sindical nunca recuperó la vitalidad que perdió en 1973. De hecho, el número de miembros de los sindicatos ha decaído desde que Chile volvió a la democracia, bajando del 15.4 % de la fuerza de trabajo al 12.7% en 1995.


   El Campesinado

La Reforma Agraria

Inmediatamente después del golpe, los trabajadores agrícolas y dirigentes campesinos fueron perseguidos debido a su alto nivel de organización y participación en el programa de Reforma Agraria del gobierno de la UP. Grandes números de campesinos, aparentemente sin afiliación política ni grado de liderazgo fueron detenidos y llevados a los campos de prisioneros durante los primeros años del régimen.

El golpe militar interrumpió el proceso de reforma agraria, proceso que se había iniciado durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva en 1965 y continuó con más vigor bajo el gobierno de la UP. Al momento del golpe militar, más de cuatro millones de hectáreas habían sido expropiadas de grandes propietarios mientras las organizaciones rurales, incluyendo sindicatos habían adquirido un tamaño nunca antes conocido en el país. La vitalidad del movimiento, perdida a consecuencia de años de represión y leyes insatisfactorias, no ha sido recuperada totalmente.



Ejecuciones Masivas

Durante los primeros meses después del golpe, la mayoría de los funcionarios de los departamentos de agricultura del gobierno, en provincia fueron detenidos, y muchos de ellos sujetos a juicios sumarios en los cuales se les sentenciaba por haber participado en la Reforma Agraria. Ejecuciones masivas o desapariciones de campesinos se llevaron a cabo cerca de Santiago, esto es, en Paine, Isla de Maipo, Chihuio y Melipilla, así como en los principales centros agrícolas cerca de Valdivia, Concepción y Osorno, entre otros.

Según relata Germán Rodríguez de la Confederación campesina El Surco, las ejecuciones masivas provocaron una verdadera “sicosis” entre los campesinos, que temían ser las próximas víctimas. La persecución de dirigentes rurales, dice Rodríguez, actuó como advertencia para otros activistas de la Reforma Agraria. Por ejemplo, era tal el miedo que, por días, después del asesinato de 18 campesinos en Chihuio nadie se atrevió a acercarse al cuerpo de una de las víctimas, Andrés Montecinos Silva. El cuerpo de Montecinos permaneció en el lugar donde se le dio muerte, durante 15 días, antes de que su familia lo enterrara.
    El miedo hizo que muchos testigos o familiares no concurrieran a contar su testimonio ante la Comisión Rettig en 1990. Personeros de la Confederación Campesina El Surco calculan que el registro oficial de la Comisión de 324 ejecuciones o desapariciones, podría ser hasta 3,000 de no haber sido por el miedo a denunciar.

La persecución de dirigentes rurales iba mano en mano con el desmantelamiento de la reforma agraria. Los sindicatos de campesinos, al igual que otros sindicatos, fueron proscritos en 1976 - excepto uno, la Confederación de Provincias Agrarias Unidas, que proclamó su apoyo hacia el régimen. A mediados de 1979, un 29 % de las expropiaciones de terreno habían sido devueltas a sus dueños originales, o puestos a remate. La participación del estado en la producción agrícola fue en retirada, dando espacio a que ésta opere de acuerdo a las reglas del mercado.



Volver a empezar

A pesar del bando que prohibía el funcionamiento de las organizaciones rurales, el trabajo continuó en la clandestinidad. El Cardenal Raúl Silva Henríquez, un defensor de la organización rural, creó el Departamento de Asuntos Rurales en la Vicaría, en defensa del campesino. El Plan Laboral del régimen de 1980, que permitía una organización muy limitada en la mayor parte de los sectores rurales, dio espacio para la creación de varias confederaciones rurales como El Surco, la Federación Nehuén y la Confederación Obrero-campesina. La Comisión Nacional del Campesino, creada en 1982, coordinó varios programas de capacitación y desarrollo organizacional sindical.

Todavía, según Germán Rodríguez de El Surco, para la gran mayoría del campesinado chileno, el miedo persiste, lo cual “hace imposible siquiera conversar sobre sindicatos”.

Sólo un 8% de los campesinos hoy en día, se encuentran organizados en asociaciones o cooperativas de algún tipo.


    Mapuches

Perseguidos por ser indígenas

Activistas campesinos y dirigentes de origen Mapuche fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante los 17 años del régimen militar.

Las comunidades Mapuches sufrieron persecución en las etapas iniciales de la dictadura primeramente, porque se las identificaba , tal como a los campesinos, con la Reforma Agraria y organizaciones subversivas como el Grupo de Derechos de los Mapuches, AD-MAPU, y el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), una rama del MIR. Un caso de persecución es el de José Santos Millao Palacios, dirigente de AD-MAPU que como otros cientos de chilenos, fue relegado a una zona aislada del país.

Un informe preparado por el Grupo Especial de Trabajo de Naciones Unidas declaraba en 1978: “el mismísimo día del golpe, propietarios de terrenos, militares y carabineros, comenzaron la persecución de los Mapuches que habían luchado por sus tierras y las habían recuperado”. El programa de Reforma Agraria de la Unidad Popular permitió que la comunidad Mapuche, que sumaba entre unos 600,000 a 1 millón de personas en el sur de Chile, recuperara parte de las tierras que había perdido con la llegada de los españoles y la creación del estado chileno.

El Informe de la Comisión Rettig documenta que al menos cien Mapuches fueron ejecutados o desaparecidos después de su detención por parte del Ejército u otras fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional (AI), argumenta que “el número es probablemente mayor, ya que muchos de los Mapuches viven en áreas aisladas y apenas hablan español… aún tienen miedo de presentar su testimonio”. Un dirigente Mapuche entrevistado por AI en 1991, dijo saber de casos de desapariciones no incluidos en el Informe, y otros casos en que el miedo llevó a los familiares a retractarse luego de sus testimonios.

Tal como ocurrió con otros sectores considerados enemigos del estado, no todas las víctimas Mapuches eran dirigentes o activistas. Un Informe del Comité Interamericano de Derechos Humanos en América Latina, realizado con posterioridad a una visita a Chile en Noviembre de 1979, afirma que los Mapuches eran “…perseguidos…sólo por su condición de pueblo indígena”.



La masacre de Liquiñe

Lo que ocurrió en el pequeño pueblo de Liquiñe, cerca de Villarrica, al sur de Chile, un mes después del golpe ilustra el tipo de violaciones a los derechos humanos sufridos por la población Mapuche. A unos 150 kms. de la ciudad de Valdivia, Liquiñe es un sector en el que muchas familias Mapuches mantenían cultivos para su subsistencia, suplementando su ingreso con trabajos como temporeros en el bosque. Previo al golpe militar, la reforma agraria había impulsado a la comunidad a organizarse y a asumir un mayor rol en las decisiones locales. Programas de capacitación fueron implementados y se dieron pasos para mejorar la infraestructura de la comunidad, construyéndose escuelas y caminos.

Inmediatamente después del golpe, soldados llegaron al sector, y junto con Carabineros, comenzaron a realizar detenciones masivas el 18 de septiembre. El 10 de octubre, una patrulla militar detuvo a quince hombres. Varios de ellos, como los tres miembros de la familia Tracanao Pincheira, como también Carlos Alberto Cayumán Cayumán, eran miembros del Movimiento Campesino Revolucionario, mientras otros eran miembros del sindicato de campesinos y otros tantos no tenían ninguna afiliación política. Después de esfuerzos inútiles por determinar el paradero de los detenidos, una de las familias juntó dinero para enviar a un hermano a Santiago, con la esperanza de que estarían en el Estadio Nacional. Sin embargo, después de una infructuosa espera, que duró días, afuera del Estadio, regresó a Liquiñe sin ninguna noticia.

Posteriormente, los parientes supieron que los 15 hombres habían sido ejecutados en el puente Villarrica, sobre el Río Toltén.

 
    La Comunidad Religiosa

Reacción de la Iglesia

La persecución contra los miembros de la Iglesia Católica comenzó el día del golpe. Unos 150 sacerdotes, monjas y otros religiosos fueron obligados a salir de Chile en los primeros días del golpe. Algunos fueron expulsados, y muchos fueron transferidos a otros países por sus congregaciones bajo la presión de las autoridades militares. Durante todo el régimen militar, la posición ética y moral asumida por algunos sectores de la comunidad religiosa, los convirtió, a los ojos de los militares gobernantes, peligrosos aliados de la izquierda.

La ruptura del orden democrático y el nivel de violencia sin precedentes , llevó a ciertos sectores de la comunidad religiosa en Chile a asumir una postura de defensa de los derechos humanos y solidaridad con aquellos sectores perseguidos.

La primera en hacerlo fue la Iglesia Metodista de Chile, que el 12 de septiembre de 1973 le envió una carta a la Junta repudiando la brutalidad del golpe.

Una semana después del golpe, el Cardenal Raúl Silva Henríquez canceló su servicio multi- ecuménico, el Te Deum, tradicionalmente celebrado el 18 de septiembre, en la Catedral de Santiago para conmemorar el Día de la Independencia, y lo reemplazó por una ceremonia ecuménica más sencilla, en otra Iglesia. En ese entonces, su petición que “…una luz brille eternamente sobre nuestros soldados y civiles … en la noble, difícil y dolorosa tarea de corregir nuestros errores”, deja en evidencia que el Cardenal inicialmente consideró el golpe militar como un desarrollo positivo. Pero los resultados brutales de lo que los generales llamaron el “pronunciamiento militar” también preocupaban al Arzobispo y, en la misma homilía, expresó sus reservas acerca de la “legitimidad” de las acciones de las Fuerzas Armadas.



Curas marxistas

Días después del golpe, una reunión de líderes religiosos, que incluía al Obispo Helmut Frenz de la Iglesia Evangélica Luterana y a Silva Henríquez, llevó a la creación, el 6 de octubre, del Comité de Cooperación por la Paz en Chile, también conocido como Comité Pro-Paz o el Comité para la Paz. Este comité fue fundado por católicos, luteranos, metodistas, presbiterianos y el gran Rabbi de Chile.

El trabajo del comité en defensa de los derechos humanos provocó la furia del régimen militar, haciendo realidad las palabras del Cardenal de que “me empezarán a llamar el obispo rojo”.

La acusación de “marxistas infiltrados en las iglesias”, hecha primero a líderes religiosos fundamentalistas, incluyendo a los católicos, se transformó más tarde en el fundamento para decidir desarmar el Comité. En una carta fechada 2 de diciembre de 1975, Augusto Pinochet, explica al Cardenal Silva sus razones para prohibir la organización, describiéndola como “un canal por el cual los marxistas - leninistas crean problemas que perturban la tranquilidad nacional.”

En sus dos años de vida, la defensa legal había sido el servicio que más había brindado el Comité Pro-Paz, tanto para los presos políticos como para los llevados a juzgados militares. Durante esos dos años, se manejaron sobre 6,900 casos de persecución política en Santiago y 1,900 casos en el resto del país. Además se asesoraron más de 6,400 casos de exoneraciones.



Persecución de la Iglesia

Detenciones y expulsiones de sacerdotes, allanamientos de iglesias, muerte y tortura de sacerdotes y dirigentes laicos, así como incendios de capillas de sectores populares, se convirtieron en prácticas recurrentes. El 27 de septiembre de 1973, personal de la Fuerza Aérea allanó la casa del Arzobispo Silva Henríquez.

Seis sacerdotes murieron en manos de los agentes del régimen durante este período. El 14 de septiembre de 1973, el Padre Miguel Woodward, acusado de estar involucrado en actividades “políticas”, fue detenido en Valparaíso y llevado a bordo del “Lebu” , donde murió a consecuencia de las torturas. Otros dos sacerdotes – el español Antonio Llido de Santiago y Gerardo Poblete de Iquique, también murieron a consecuencia de torturas en 1974. Según el régimen, estos sacerdotes eran “Marxistas”. Unos 50 sacerdotes y religiosos fueron detenidos en los primeros meses después del golpe.

Entre 1973 y 1985 los sacerdotes José Aldunate y Mariano Puga, fundadores del movimiento no-violento contra la tortura “Sebastián Acevedo”, fueron detenidos en más de cinco ocasiones cada uno.

En 1976, el Comité Pro-Paz fue reemplazado por la Vicaría de la Solidaridad, una organización de defensa de los derechos humanos creada por la Arquidiócesis. Su defensa de los derechos humanos, la creación de la Radio Chilena, su labor de asesoría a los pobres, entre otras actividades, se tradujo en persecución hacia quienes trabajaban en ella como en la iglesia en general. Desde octubre de 1977 hasta mayo de 1978, actos de persecución ocurrían con regularidad: detenciones en comedores abiertos auspiciados por la iglesia, secuestros y golpizas de periodistas de la Radio Chilena, allanamientos de las oficinas de acción social de la Arquidiócesis de Concepción, y en una ocasión la instalación de una bomba en la casa del abogado de la Vicaría. En 1985, el trabajador de la Vicaría, José Manuel Parada, fue uno de los tres profesionales degollados por agentes de la dictadura.

En agosto de 1976, tres obispos chilenos - Monseñor Enrique Alvear, Fernando Aristía y Carlos González - se encontraban entre los 17 detenidos al comienzo de una Conferencia de Obispos Latinoamericanos en Riobamba, Ecuador. En su regreso a Chile, un numeroso grupo de civiles, más tarde identificados como agentes de la DINA, los atacaron en el aeropuerto.

El 16 de marzo de 1983, aproximadamente 50 civiles allanaron una rectoría del sector de Quinta Normal de Santiago, detuvieron a dos sacerdotes irlandeses – Brendan Forde y Desmond MacGuillicudy - los llevaron directamente al aeropuerto y los obligaron a abordar un avión para sacarlos de Chile. Dos años más tarde la Arquidiócesis presentó un recurso de amparo a favor de otro sacerdote extranjero, el Padre Guido Peeters, que había sido constantemente acosado, seguido y amenazado con llamadas anónimas y cartas para que abandone el país.

Bajo la asesoría del Obispo Helmut Frenz, la Iglesia Evangélica logró la liberación de presos políticos chilenos y ayudó a salir del país a unas 5,000 personas. En la medida en que el Obispo manifestó más abiertamente su oposición al régimen, Frenz comenzó a ser criticado por el ala más conservadora de su iglesia y finalmente fue sacado de su posición de liderazgo en septiembre de 1974.

Frenz fue instrumental para la creación de la Fundación de Asistencia Social de Iglesias Cristianas (FASIC), cuya mayor preocupación era proporcionar apoyo legal y sicológico a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, particularmente a presos políticos y sus familias. Asociados con el United Nations High Commissioner on Refugees (UNHCR) y el World Council of Churches Refugee Service, los mayores esfuerzos de FASIC eran obtener la conmutación de prisión por el exilio.

El 3 de octubre de 1975, mientras Frenz se encontraba en Europa, el régimen militar le prohibió regresar a Chile. Frenz fue varias veces nombrado secretario general de la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional. En un informe preparado por la Vicaría de la Solidaridad se afirma que la campaña contra Frenz “..obedece a una calculada planificación en que se unieron los organismos de prensa y los disidentes luteranos.”

Como Frenz , el Obispo de la Iglesia metodista Isaías Gutiérrez, también miembro del Consejo de FASIC, representaba una posición minoritaria dentro de su iglesia. Después de una publicación en enero de 1984 de una declaración condenando la violencia, un jardín infantil de la iglesia metodista fue incendiado en Peñalolén y Gutiérrez, que asistía pastoralmente a presos políticos y a relegados, fue sujeto a numerosas amenazas.



Defensa del régimen

A medida que los líderes religiosos se unieron contra el régimen y después de que la primera resolución de las Naciones Unidas de repudio hacia las violaciones a los derechos humanos en Chile se hiciera pública, los pentecostales se unieron para defender al régimen. El Consejo de Pastores, fundado en julio de 1975, se transformó en el autodesignado “garante religioso-moral de la legitimidad del gobierno militar”. La fidelidad del Consejo hacia el régimen obtuvo recompensa: en 1976, se buscó y se acordó “reconocimiento oficial como único representante de las Iglesias evangélicas de Chile”.

En un servicio religioso ofrecido en el primer aniversario del golpe, la Iglesia evangélica que más tarde formó el Consejo de Pastores, le declaró a Pinochet: “el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas… fue la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión.”

La Iglesia Católica también tenía en su seno autoridades que apoyaban a los militares. El Capellán militar Monseñor José Joaquín Matte, declaró durante una misa el 9 de septiembre de 1985, en conmemoración al golpe: “Hace doce años el rosario empezó a rezarse sin descanso y María hizo el milagro: era la segunda independencia de Chile.”