Del libro La memoria y el olvido: Detenidos Desaparecidos en Chile

de Elías Padilla, 1995, Ediciones Orígenes.)

La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional por parte del Estado, durante el período 1973-1990, - al igual que en otros países de América Latina durante esta época - se tradujo en la práctica más sistemática y masiva de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de Chile.

El siguiente listado es una breve síntesis de algunos de los casos que caracterizan los tipos de terrorismo de estado, aplicados por el régimen militar en sus 17 años de existencia:

- El bombardeo del palacio presidencial, La Moneda, el 11 de septiembre de 1973, donde el Presidente Salvador Allende muere antes de que sus ministros y colaboradores fuesen detenidos y luego muchos de ellos, asesinados o desaparecidos.

- La ejecución de siete personas detenidas en Curacaví el 17 de septiembre de 1973. Dos personas del grupo sobreviven, uno de ellos, José Barrera, luego de enterarse de que ya no es buscado, abandona la clandestinidad y regresa a Curacaví en marzo de 1974, donde es nuevamente detenido. Barrera pasa a ser uno más de la larga lista de detenidos-desaparecidos.

- La ejecución de 19 personas de Laja y San Rosendo, por parte de Carabineros de Laja. Ellos son ejecutados el 18 de septiembre de 1973 en el camino a Los Angeles, y sus cuerpos son escondidos.

- José Gabriel Campos Morales, de 26 años, campesino y dirigente sindical, se encontraba en su casa cuando soldados lo detuvieron el 18 de septiembre de 1973. Llevado en un comienzo a la Cárcel pública de Linares, fue transferido luego a una comisaría de Carabineros en Constitución lugar donde se le vió por última vez.

- La ejecución de 18 campesinos de Paine el 24 de septiembre de 1973, por parte de oficiales del Regimiento de San Bernardo.

- La ejecución de alrededor de 22 personas en la ciudad de Valdivia en Octubre de 1973, a manos de personal del ejército.

- La ejecución de seis presos políticos, a quienes se les disparó cuando supuestamente trataban de escapar, en Pisagua, el 30 de septiembre de 1973.

- La ejecución de cuatro estudiantes universitarios en Cauquenes, el 3 de octubre de 1973, por parte de personal militar de la zona.

- La ejecución de 13 campesinos de Mulchén, en octubre de 1973, a manos de una patrulla de Carabineros, personal militar y civiles.

- La ejecución de 72 presos políticos entre el 15 y el 19 de octubre de 1973, en las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama a manos de la así llamada “caravana de la muerte”, una comitiva militar encabezada por el General Sergio Arellano Stark.

- La muerte el 14 de marzo de 1974, del General de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet a consecuencias de las torturas recibidas durante su detención.

- La profesora básica y miembro del Partido Comunista, Elsa Victoria Leuthner Muñoz, casada con tres hijos, fue aprehendida por agentes de la DINA en la casa de un amigo. Su paradero se desconoce desde el momento de su arresto, el 15 de agosto de 1974.

- La muerte del ex Comandante del ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, Argentina, el 29 de septiembre de 1974, a consecuencia de una bomba colocada en su automóvil.

- La publicación, el 23 de julio de 1974, en Brasil y Argentina de un listado de 119 chilenos desaparecidos que se dijo, habían muerto en supuestas pugnas internas del MIR y enfrentamientos armados.

- Asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en junio de 1976. Su cuerpo torturado y estrangulado fue encontrado en un canal el 16 de julio. Su muerte ocurrió en manos de agentes de la DINA.

- Homicidio del ex Ministro chileno de la Unidad Popular, Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976, en Washington D.C., a consecuencias de una bomba colocada en su automóvil, que también mató a su asistente norteamericana Ronnie Moffitt.

- Muere el estudiante de periodismo Eduardo Jara Aravena, a consecuencia de las prolongadas torturas a que fue sometido, por parte de Covema. El comando paramilitar, de apoyo a Pinochet , secuestró a Jara, el 23 de julio de 1980, junto a otras personas sospechosas de haber estado involucradas en el asesinato del Coronel Roger Vergara, encargado de Inteligencia del ejército, el 15 de julio.

- Homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982, cuyo cuerpo fue encontrado apuñalado y baleado.

- El niño de 12 años, Francisco Antonio Fuenzalida, muere en su casa, el 27 de marzo de 1984, de un disparo proveniente de un helicóptero de Carabineros que intentaba dispersar una protesta contra el régimen, en un barrio de Santiago.

- Muere Loreto Castillo, el 16 de mayo de 1984 después de ser atada a una torre de alta tensión donde es hecha explotar con dinamita. Su marido, detenido con ella, es testigo de los hechos. El sobrevive un atentado similar el mismo día.

- Secuestro y muerte de tres miembros del Partido Comunista, Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Los tres fueron encontrados degollados el 29 de marzo de 1985.

- Muerte de dos jóvenes hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, ambos disparados por carabineros el 29 de marzo de 1985 en una calle de Santiago, del sector Las Rejas. El mismo día, la joven de 20 años, Paulina Aguirre, es asesinada de un disparo, por agentes de la CNI.

- Rodrigo Rojas, joven fotógrafo es quemado vivo en una calle de Santiago, por una patrulla militar, el 2 de julio de 1986. Al mismo tiempo, Carmen Gloria Quintana, también es rociada con bencina y quemada, pero logra sobrevivir luego de prolongados sufrimientos que dejan permanentes cicatrices en el 60% de su cuerpo. Rodrigo Rojas fue uno de las siete personas asesinadas durante la jornada de protesta contra el régimen militar, del 2 y 3 de julio de 1986.

- Secuestro y muerte a balas de cuatro opositores al régimen : José Carrasco, Abraham Muskablit, Felipe Rivera y Gastón Vidaurrázaga. Fueron asesinados entre el 8 y 9 de septiembre de 1986, por un grupo de civiles llamado “Comando 11 de septiembre”, cuyo objetivo era vengar el atentado fallido contra Pinochet y su comitiva el día anterior, por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

- Doce miembros del FPMR son asesinados por la CNI, el 15 y 16 de junio de 1987, en Santiago en la así llamada “Operación Albania”, también conocida como “Masacre de Corpus Cristi”.

- Jecar Neghme, líder del MIR es baleado de muerte el 4 de septiembre de 1989, en Santiago.


subir     ¿Quiénes eran las víctimas?

En los meses posteriores al golpe, la mayor parte de quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos eran:

- Líderes y colaboradores del gobierno de la Unidad Popular,

- Simpatizantes o sospechosos de ser simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular.

- Líderes, miembros y adeptos a partidos políticos de izquierda , es decir, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, del Partido Comunista (PC), del Partido Socialista (PS), de la Izquierda Cristiana (IC), del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), algunos miembros del Partido Radical (PR), y también algunos Demócrata-cristianos (PDC).

- Dirigentes sindicales y trabajadores también fueron víctimas del régimen.

- En el campo, líderes y simpatizantes de la Reforma Agraria eran apuntados tanto como otros sindicados de ser simpatizantes de izquierda.

- Los familiares y amigos cercanos de los grupos de víctimas anteriormente nombrados también eran sindicados por las agencias represivas del gobierno.

- El régimen también sindicó a los personeros del mundo de la cultura, intelectuales y personal universitario y estudiantes.

- Personal militar, desde conscriptos hasta generales de las Fuerzas Armadas y ex comandantes en jefe que se opusieran al golpe militar y las acciones de agentes represivos, fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos mencionadas anteriormente.

Durante todo el período del régimen militar, los mencionados anteriormente continuaron siendo seleccionados por los agentes represivos del estado.



A medida que la oposición al régimen comenzaba a tomar forma, y los partidos políticos y organizaciones sociales se empezaron a organizar a mediados de los setenta y comienzos de los ochenta , la represión de los agentes del estado se dirigió también a miembros de otras organizaciones, tales como:

- Activistas de organizaciones de derechos humanos.

- Miembros de las agrupaciones de familiares de víctimas de ejecuciones, de desapariciones forzosas y de presos políticos.

- Líderes religiosos y miembros de movimientos religiosos que se oponían al régimen .

- Miembros de la oposición armada al régimen de Pinochet, por ejemplo los del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

- Miembros de organizaciones políticas y sociales de izquierda que se manifestaron abiertamente como opositores al régimen.

- Miembros de la familia y amigos de los grupos antes mencionados, también fueron objetos de detención, prisión, tortura, vigilancia, exilio, relegación, entre otras violaciones a los derechos humanos.



Durante los años ochenta, las detenciones, la violencia física, y las muertes a bala se hicieron parte de las jornadas de protesta nacional, que emergieron y se fortalecieron durante este período.

El Informe Rettig, elaborado en 1991 por la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, creada por el gobierno civil de Patricio Aylwin, también identificó una categoría de “víctimas de violencia política”. Esta categoría describe a aquellas víctimas que no estaban determinadas de antemano en la estrategia del régimen. Por ejemplo, el Informe cita un buen número de muertes que ocurrieron como consecuencia de disparos por parte de uniformados hacia peatones durante el desarrollo de allanamientos o protestas. También cita muertes por balas perdidas que penetraron las casas de las víctimas y casos de asesinatos por desobedecer el toque de queda impuesto por los militares.



Estadísticas

La represión desatada por el régimen sobre la población chilena era tan amplia, que algunos sectores inmediatamente se organizaron para atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a pesar de los peligros que esto implicaba. Al hacerlo, - organizaciones tales como el Comité para la Paz, creado en octubre de 1973 y la Vicaría de la Solidaridad, fundada en enero de 1976, así como un gran número de organizaciones no-gubernamentales – lograron recaudar información que hoy en día aporta a la reflexión sobre la extensa y profunda naturaleza de la estrategia de represión llevada a cabo por agentes del estado.

Desde marzo de 1974 en adelante, el Comité para la Paz, comenzó a recibir un gran número de recursos de amparo, de parte de familiares de personas detenidas o desaparecidas. A fines de 1974, el Comité había recibido 1,341 de éstos. Entre 1976 y 1985 la Vicaría atendió a 34.000 personas para asistirlas en materias legales, sociales, médicas o psicoterapéuticas.

“Según cifras entregadas por el gobierno militar y registradas por la Vicaría de la Solidaridad, entre 1973 y 1975 hubo 42.486 detenciones políticas a lo que se suma, según datos de la Vicaría, 12.134 detenciones individuales y 26.431 detenciones masivas en el período 1976 - 1988, así como 4.134 situaciones de amendrentamiento entre 1977 y 1988 con 1.008 detenidos desaparecidos y 2.100 muertos por causas políticas”. (Persona, Estado, Poder. Vol. II, Chile 1990 - 1995. CODEPU)

El Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), creado en 1988 con el objetivo de atender a víctimas de violaciones a los derechos humanos, estimó que un 10% de la totalidad de la población chilena a principios de los años ochenta se encontraba afectada por alguna situación represiva. ILAS define una “situación represiva” como detenciones de cualquier duración de tiempo, amenazas, familiares presos, asesinados o desaparecidos, o expulsiones del lugar de estudio o trabajo por motivos políticos.

ILAS advierte que su estimación es más bien conservadora. De este total ILAS cree que “situaciones extremas de trauma” afectaron a unas 200.000 personas, un número derivado de la cantidad de prisioneros de los campos de concentración hasta 1975, personas obligadas a vivir en el exilio, personas torturadas, ejecutadas o desaparecidas, y sus familiares inmediatos.

El Informe Rettig y la Corporación Nacional para la Reconciliación y Reparación, creada el 3 de enero de 1992, para continuar el trabajo de la Comisión Rettig, concluyó en 1996 que :

- Un total de 3.197 personas murieron o desaparecieron entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 a consecuencias de violaciones a los derechos humanos en manos de agentes represivos del estado.

- De estas 1.102 clasifican como desaparecidos y 2.095 como muertos.

El Informe Rettig y la Corporación Nacional para la Reconciliación y Reparación, sólo se dedicaron a investigar aquellos casos que terminaron en muerte o desaparación. No tomaron en cuenta los miles de casos de tortura y prisión que sucedieron durante el periódo del régiman militar.




    Consecuencias de la represión en el largo plazo


Víctimas y la familia

Parejas de detenidos-desaparecidos bailan “La Cueca Sola” por la primera vez en público el 8 de marzo de 1978 en el Teatro Caupolicán, Santiago.    

    La Cueca Sola

    Soy madre, soy esposa,
    soy hija, soy hermana…
    Yo me llamo Pisagua y bailo cueca.
    Yo bailo para ti.
    Yo bailo la cueca y la bailo sola,
    bailo sola para que tú me veas,
    contigo y sin ti bailo,
    acercándome y alejándome,
    bailo la cueca sola.
    Yo brindo por la verdad,
    la justicia y la razón,
    porque no exista opresión
    ni tanta inseguridad,
    con coraje y dignidad,
    de este mal hay que salir,
    vamos a reconstruir,
    y con cimientos bien firmes,
    para que jamás en Chile
    esto se vuelva a vivir.

Sicólogos chilenos, activistas de derechos humanos y otros sectores que trabajaron con víctimas de violaciones a los derechos humanos coinciden en que tales hechos tiene profundos efectos en la sociedad chilena.

Las investigaciones de estos grupos concluyen que dentro de las familias de los afectados existen dos categorías de víctimas: las directas y las indirectas. Personas que sufrieron torturas, desaparecidas, ejecutadas, asesinadas, detenidas, secuestradas, o con exilios obligados, son víctimas directas de violaciones a los derechos humanos. El trabajo llevado a cabo en Chile con víctimas y sus familias establece que las víctimas directas, o víctimas de primera generación, también debe incluir al grupo familiar completo. Los niños nacidos con posterioridad en estas familias son consideradas víctimas indirectas, puesto que ellos también son afectados por los cambios en las relaciones del grupo familiar que ocurrieron a propósito de la profunda ansiedad sufrida por la familia de la víctima directa.

Estas situaciones de profunda ansiedad se generaban frente a la muerte o prisión de un familiar, frente a la búsqueda de seres queridos desaparecidos, a allanamientos a los hogares familiares, a la dispersión de los miembros de la familia, a niños encargados a la custodia de otros miembros de la familia por meses en ocasiones, y a prolongadas separaciones cuando las circunstancias obligaban a asumir una existencia clandestina.



La Política del terror: la sociedad como víctima

Estudios realizados en Chile sobre las consecuencias de la política del régimen militar en la sociedad chilena coinciden en que se utilizó el miedo como importante medio de control de la población. Según las investigadoras de ILAS, Elizabeth Lira e Isabel Castillo, la sociedad chilena entera se transforma en una víctima a través del “… carácter amenazante del discurso oficial, (que) se materializa en los hechos represivos y es refrendado por la legislación que se dictó para legitimar lo obrado”.

Lira y Castillo describen el ambiente de miedo generado por la presencia militar en el país: “Hay una gran presencia de fuerzas militares en las calles; los helicópteros sobrevuelan las ciudades principales en las noches. Los arrestos son efectuados a la luz del día, en vehículos de las Fuerzas Armadas. Existe una amplia información en los medios de prensa de las operaciones militares.”
    “Qué origen tiene y cómo funciona esa complicidad que juzga y condena, y que se expresa en frases tales como “…bueno, algo habrá hecho… en algo habrá andado metido… si lo detuvieron, por algo será…”?

Es el miedo. El terror colectivo….

(Lea extracto de Persona Estado Poder: Estudios Sobre Salud Mental,
Chile 1973-1989, CODEPU, 1989.)



Según las investigadoras de ILAS, la exhibición en gran escala de la capacidad represiva del régimen, así como el mensaje transmitido por la Doctrina de Seguridad Nacional y el concepto de enemigo interno, “… provoca terror y miedo en la población, ya que una represión generalizada puede afectar a cualquiera, independiente de su real participación política”

Las investigadoras también describen cómo la prensa colaboró en la generación de este clima de miedo: El Mercurio, 17 de septiembre de 1973, reitera a la ciudadanía, “… la necesidad de una mayor y más decisiva cooperación con los efectivos de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros de Chile en la ubicación de los dirigentes y activistas marxistas que deben ser juzgados por sus actividades antipatrióticas.” Agrega el comunicado que “en la identificación de estos individuos debe considerarse que es muy probable que hayan cambiado su aspecto habitual, ya sea rasurándose o dejándose crecer bigote o barba, tiñéndose el cabello en forma parcial o total, o incluso haciendo uso de atuendos femeninos.”

Lira y Castillo también hacen referencia al lenguaje oficial empleado por los altos oficiales militares, quienes empleaban verbos como “limpiar”, para describir variadas operaciones militares : “La limpieza de muros en las calles. Con pintura blanca o negra se borran las consignas y los murales del pasado. También la limpieza de la oficinas públicas. En ellas quedan sin trabajo todos los que ensucian…. En una operación de limpieza, en la remodelación San Borja, miles de libros, folletos, revistas, discos y afiches fueron confiscados.. Durante el atardecer, enormes fogatas se elevaron en los jardines”.

“El régimen militar necesita reformular y redefinir las costumbres, el hábitat y sus nombres… la percepción de la realidad social… nombres que recordaban las ideas proscritas son borradas. Una población producto de una toma durante la Unidad Popular fue bautizada por sus habitantes como Nueva Habana. El régimen militar determinó que se la denominara Nuevo Amanecer. En Temuco, la población “Lenin” pasó a llamarse Lanin, nombre del volcán situado en la frontera argentina colindante a la región. En Tarapacá, las nuevas autoridades prohibieron a los ciudadanos que pintaran sus casa de color rojo.”

De este modo, la política del miedo, borra el pasado…

(Psicología de la Amenaza Política y del Miedo, Elizabeth Lira y María Isabel Castillo, ILAS, 1991)
    “Al menos 80 niños de 15 años o menor murieron a consecuencia de represión violenta o de disparos directos. Jóvenes de entre 16 y 30 años representan más del 62% de las víctimas de la represión. Al menos 68 menores de edad y jóvenes figuran entre los desaparecidos. Al menos 691 niños quedaron huérfanos cuando sus padres fueron detenidos y posteriormente desaparecidos.

Un 24 % de los desaparecidos fueron aprehendidos en la calle y un 28.5% fueron sacados de sus propias viviendas.”