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viernes, 30 de septiembre de 2011

Cómo Longueira desafió a Piñera en el diseño del proyecto de cuotas pesqueras


30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
La trastienda del acuerdo que beneficia a los grandes de la industria
Pese a que el Presidente instruyó a Juan Andrés Fontaine para que presentara al Congreso un proyecto de ley que abriera el concentrado mercado de la industria pesquera a nuevos actores, su sucesor en Economía hizo exactamente lo contrario. Con el argumento de que la iniciativa legal no contaría con los votos necesarios, Longueira logró que una mesa de trabajo de la pesca acordara en tiempo récord mantener las cosas como están. Ambos sostuvieron un tenso encuentro la semana pasada donde abordaron el tema, una de las obsesiones de Piñera desde que en 1991 impulsó la Ley de Pesca.



A mediados de la semana pasada Pablo Longueira tuvo un duro encuentro privado con Sebastián Piñera por el proyecto de ley de licitación del 50% de cuotas pesqueras, en el cual el ministro de Economía le planteó que sería muy difícil que el proyecto fuera aprobado en el Congreso, aseguran asesores del Presidente.
El argumento irritó a Piñera ya que el rubro pesquero es una de sus obsesiones, a tal punto que durante sus vacaciones en Italia, en mayo pasado, el Mandatario llevó consigo la propuesta de proyecto de ley de pesca elaborada por Juan Andrés Fontaine, para estudiarla, y a su regresó instruyó al entonces ministro de Economía seguir adelante con la idea.
La espina en el costado de Piñera con el tema viene de comienzos de los 90, cuando el entonces empresario y senador propuso incluir en la Ley General de Pesca y Acuicultura la posibilidad de licitar las cuotas de pesca. De hecho, el actual Presidente es autor del artículo 27 de dicha ley, que autoriza a la Subsecretaría del ramo a licitar el 50% del total de cuotas de peces de todo tipo (merluza, jurel, etc.). Algo que nunca se ha hecho, debido principalmente a los argumentos de las grandes pesqueras de que no hay suficientes recursos para llevar a cabo una licitación.
Este argumento no fue impedimento para que una vez electo, Piñera pusiera como una de las prioridades de Economía presentar al Congreso un proyecto de ley que terminara con la concentración del millonario negocio en manos de siete familias, incluido el Grupo Angelini.
Incluso, a sabiendas de los estrechos nexos políticos -y en algunos casos financieros- de sectores de la UDI con los grandes pesqueros, Piñera aprovechó su participación en el consejo ampliado del gremialismo en Cauquenes para poner la Ley de Pesca en el tapete, según relató uno de los cuatro diputados UDI que integran la comisión de pesca de la Cámara de Diputados, quienes hasta antes del arribo de Longueira a Economía, habían solicitado que el tema fuera analizado por el gabinete.

LOBBY Y CONSENSO EXPRESS

Sin embargo, cuando Longueira asumió como ministro echó por tierra las directrices dadas por Piñera a Fontaine y creó una mesa de trabajo compuesta por 30 miembros –incluida la delegada presidencial Beatriz Corbo, que es hija de un director de una de las grandes pesqueras- para que industriales y pescadores artesanales llegarán a un consenso antes del envío del proyecto al Parlamento, de tal forma que éste no incluyera la licitación de hasta el 50% de las cuotas anuales de pesca.
La mesa de trabajo se constituyó el 9 de agosto y en menos de dos meses concluyó que había que dejar las cosas como están y pedirá al Congreso que el proyecto se apruebe sin licitación por 20 años (ver documento).
Incluso, a sabiendas de los estrechos nexos políticos -y en algunos casos financieros- de sectores de la UDI con los grandes pesqueros, Piñera aprovechó su participación en el consejo ampliado del gremialismo en Cauquenes para poner la Ley de Pesca en el tapete, según relató uno de los cuatro diputados UDI que integran la comisión de pesca de la Cámara de Diputados, quienes hasta antes del arribo de Longueira a Economía, habían solicitado que el tema fuera analizado por el gabinete.
El pasado lunes 26 y tras una reunión que se prolongó por más de siete horas, se cerró el acuerdo con la única oposición de Alfredo Irarrázaval, gerente de la asociación gremial de Pequeñas y Medianas Empresas Pesqueras (Pymepes), quien está alineado con la empresa de capitales noruegos Lota Protein en una ofensiva comunicacional para que nuevos competidores puedan licitar cuotas de pesca. Irarrázaval además criticó el proceso asegurando que “Longueira se convirtió en el ministro de las grandes empresas” y aseguró que el acuerdo estaba amarrado de antes gracias al lobby de las grandes pesqueras, a través de la empresa de comunicaciones de Cristina Bitar.
Uno de los factores clave para el acuerdo, según un asesor de los grandes pesqueros, fue que Longueira consiguió que estos aceptaran darle mayores cuotas de participación a los pescadores artesanales, pese a la reticencia original de Roberto Angelini. Así se desactivaría la posible entrada de nuevos actores ya que una licitación podría significar que los artesanales corran el riesgo de quedar fuera de un negocio que vende unos US$1.800 millones anualmente.
De esta forma, también, se mantendría el mapa de poder compuesto históricamente por los mismos: los Sarquis, cuya pesquera Itata se fusionó con El Golfo, del grupo Yaconi Santa Cruz; Jorge Fernández y Francisco Cifuentes, dueños de Camanchaca, que se fusionó con Bío Bío de la familia Stengel; y Roberto Izquierdo Menéndez, propietario de Alimar. Entre todos concentran más del 80% de las cuotas de jurel.

ECHAR ABAJO EL ACUERDO

Longueira calificó el acuerdo de “histórico”, pese a que expertos en competencia como Eduardo Engel aseguran que el actual modelo no se justifica. Para el doctor en Economía y académico de la Universidad de Yale, lo conveniente sería que “las cuotas de pesca sean asignadas mediante licitaciones competitivas, de modo que las rentas financien programas sociales” y se pueda promover mayor productividad e innovación.
En el Segundo Piso hay asesores de Piñera que aún no logran comprender que Longueira desoyera los deseos del Mandatario, aunque no descartan que el ex presidente de la UDI lo pueda haber convencido con buenas dosis de pragmatismo. La otra tesis es que el Presidente apostará sus fichas a echar abajo el acuerdo en la discusión legislativa del proyecto, con el argumento de que ambas cosas no son “vinculantes”.
En la biografía no autorizada de Piñera, sus autoras Bernardita del Solar y Loreto Daza describen el tozudo carácter del Presidente y cuentan que cuando se le mete una idea en la cabeza, es difícil que cambie de opinión.
Algo así estaría pasando con su objetivo de que exista competencia en la industria pesquera; el último episodio de su historial de desencuentros y disputas con Longueira, quien en 2009 abandonó la campaña presidencial de Piñera asegurando que le faltaba “credibilidad” y compromiso con la pobreza pero igual terminó convertido en su ministro y defendido por parlamentarios gremialistas que nada más ayer advirtieron a sus pares de RN que “a Longueira no se le toca”, a raíz de su disputa con el ministro de Hacienda.


http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/30/como-longueira-desafio-a-pinera-en-el-diseno-del-proyecto-de-cuotas-pesqueras/

Caso Guzmán: Argentina le concedió refugio al frentista Sergio Apablaza


Así lo informa la prensa trasandina, citando fuentes de Gobierno sin identificar. El "comandante Salvador" es requerido en Chile por el crimen del senador UDI.




SANTIAGO.- Argentina le concedió refugio al ex lider del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Sergio Apablaza Guerra. Así lo informa la prensa trasandina, citando fuentes de Gobierno sin identificar.

El también llamado "comandante Salvador"es requerido en Chile por el crimen del senador UDI, Jaime Guzmán, y el secuestro de Cristián Edwards.

"El gobierno argentino le concedió esta tarde refugio al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, cuya extradición había reclamado la administración de Sebastián Piñera y los principales dirigentes políticos de ese país a la Presidenta Cristina Kirchner", señala el diario "El Cronista" en su sitio online.

En el sitio web "mendozaonline" se agrega que la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) "decidió finalmente esta tarde otorgar el beneficio del refugio al ex guerrillero chileno". 

De acuerdo a este medio, que cita fuentes de la CONARE, "la decisión fue adoptada por unanimidad y Apablaza Guerra ya fue notificado al respecto, aunque el acta de resolución es confidencial".

En la misma línea, "Clarín" señala que "el Gobierno le otorgó la condición de refugiado (a Apablaza), por lo que no podrá ser extraditado para ser juzgado en Santiago".

La información surgió luego de que se señalara que el Presidente Sebastián Piñera viajará a las 19:00 horas a Argentina con motivo de la cumbre de Unasur, convocada para analizar el alzamiento de militares y policías en Ecuador.

La decisión de refugio fue comunicada a las 15:00 horas de hoy al propio Apablaza, una vez que terminó la reunión de la Conare, que comenzó al mediodía en el Ministerio del Interior trasandino.

La agencia argentina DH, especializada en temas de derechos humanos, confirmó que "fue el propio Apablaza quien nos comunicó la resolución favorable". 

Familiares de Apablaza confirmaron a ANSA que el ex guerrillero ya fue notificado, pero que el acta de resolución es por ahora "confidencial", pero está en poder de la justicia que deberá completar la notificación para ser enviada a Chile a través de la Cancillería.

Apablaza está radicado desde 1998 en la localidad bonaerense de Moreno, en donde vive con su esposa y sus hijos.



http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=438826

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Fiscal de la Suprema visa solicitudes de extradición en casos Guzmán y Colonia Dignidad


Mónica Maldonado recomendó a la sala penal del máximo tribunal del país seguir adelante con las peticiones a las justicia de Bélgica y Alemania de Miguel Peña y Harmutt Hopp, respectivamente.


SANTIAGO.- La  fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado emitió dos informes respecto de solicitudes de extradición de implicados en causas de connotación pública y que habían sido solicitadas por ministros en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En el primer caso, se informó favorablemente la solicitud del ministro Jorge Zepeda Arancibia para extraditar desde Alemania al médico Harmutt Hopp, procesado  por los delitos de asociación ilícita en casos de secuestro calificado de la ex Colonia Dignidad.

Con esta decisión, la fiscal Maldonado le recomienda a la sala penal de la Corte Suprema seguir adelante con este proceso de extradición para que el doctor y ex brazo derecho del fallecido Paul Schaefer enfrente a la justicia chilena.

"Se encuentra suficientemente acreditado que se cumplen las regulaciones exigidas en virtud de los principios aludidos, y por ende de esta manera se reúnen todos los requisitos que señalan los artículos 635 y 636 del Código de Procedimiento Penal para hacer procedente la solicitud de extradición activa", dice la fiscal judicial.

Por no existir tratado de extradición entre Chile y Alemania la solicitud de extradición se aprueba de acuerdo a las normas de derecho internacional.

Caso Guzmán

En el segundo caso, Maldonado informó "favorablemente" la solicitud del ministro Mario Carroza para extraditar desde Bélgica al ex frentista Miguel Ángel Peña Moreno, procesado por el homicidio terrorista del senador Jaime Guzmán Errázuriz.

"En la especie, como ya se dijo, se trata del delito de atentado terrorista con resultado de muerte de un senador de la República de tal modo que en Chile la pena privativa de libertad que le es aplicable por este delito es superior a un año (...) se cumple con los requisitos que señalan los artículo N° 1, II y III del tratado para solicitar la extradición y no concurre ninguna de las circunstancia que conforme al mismo, no permitan la extradición".

Entre el Estado de Chile y Bélgica existe un tratado de extradición suscrito en mayo de 1899  y promulgado en marzo de 1904.

martes, 27 de septiembre de 2011

Labbé es Pinochet! No al desalojo de las tomas!




Subido el 27/09/2011
El viernes 23 de septiembre en Providencia, el Alcalde Labbé envió a sus perros de caza, los pacos, para que desalojaran las tomas que se habián realizado en los colegios secundarios de allí. El lunes pasado, una manifestación que repudio aquel atropello político, fue reprimida con saña y varios de los estudiantes (y hasta un padre) encarcelados.

¡Asamblea General de Lucha por educación gratuita ahora y democracia directa de universitarios, secundarios y profesores!
¡Educación Gratuita ahora!
¡Abajo la herencia de Pinochet!

// ABRAN PASO
// visita nuestro blog: http://www.vivalaluchaenchile.org

sábado, 24 de septiembre de 2011

Piden Utilización de Robots y Submarinos a Control Remoto para Encontrar Restos de Detenidos Desaparecidos




Alicia LiraUna carta al Ministro de Defensda, Andrés Allamand, en la que le solicita la utilización de las mismas tecnologías de última generación que se usaron para buscar los cuerps de las víctimas del accidente aéreo de Juan Fernández, para encontrar los restos de los más de dos mil detenidos desaparecidos, dirigió la Presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus.



Señor

Andrés Allamand Zavala

Ministro de Defensa Nacional

Presente



Señor Ministro:

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, nos dirigimos a usted, como ciudadanos chilenos y chilenas conmovidos por el accidente de aviación en la isla Juan Fernández, que enlutó al país con 21 víctimas.

Nosotros, hemos vivido la situación dramática de perder a un ser querido en situaciones trágicas y por eso expresamos nuestra solidaridad con las familias y la esperanza que la búsqueda de víctimas en el fondo marino sea exitosa y finalice con el hallazgo de todos, para que las familias puedan encontrar la tranquilidad y vivir su duelo.

La llegada de los robots y submarinos auto guiados, de nueva generación -que para la tranquilidad de los familiares y el país han tenido importantes resultados- han permitido encontrar restos que pueden significar establecer la identidad de las víctimas y la verdad de lo sucedido recientemente en la Isla.

Por lo anterior, le solicitamos a usted, en nuestra calidad de Familiares de Víctimas del Terrorismo de Estado en nuestro país, que por 38 años hemos buscado  la verdad en el caso de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos, que con esta nueva tecnología se rastree el fondo marino de las costas de Quintero. Pues en esa zona se encontraron los rieles en que iban atadas las víctimas de la dictadura que fueron tirados al mar desde helicópteros militares, hechos que quedaron establecidos en la investigación judicial llevada por el Ministro Juan Guzmán.

Esperando una acogida favorable, le saluda atentamente a Ud.

Alicia Lira Matus

Presidenta -  AFEP


http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4880:piden-utilizacion-de-robots-y-submarinos-a-control-remoto-para-encontrar-restos-de-detenidos-desaparecidos&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

Mireya Baltra: Pinochet Asesinó a Orlando Letelier Por su Exito en Aislar Económica y Moralmente a la Dictadura




En 1975 la tiranía de Augusto Pinochet activó la Operación Cóndor para exterminar a sus adversarias y adversarios políticos dentro y fuera de Chile. El plan se ensañó especialmente con la militancia que se había refugiado en Brasil y los países del Cono Sur. Pero fue mucho más lejos, como lo demostró el asesinato -mediante la detonación de un carro-bomba en pleno corazón de Washington- del intelectual Orlando Letelier hace 35 años, el 21 de septiembre de 1976.


El líder socialista Orlando Letelier fue ministro de Relaciones Interiores, de Relaciones Exteriores y de Defensa –en ese orden– del presidente Salvador Allende. Fue capturado durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y transitó por varios centros de tortura durante un año, hasta que por gestiones internacionales fue deportado a Venezuela.

En diciembre de 1975 viajó a Washington. Allí se estableció como docente universitario y libró una intensa campaña de denuncia de los crímenes de Pinochet. Además, apoyado en su prestigio y en importantes relaciones forjadas por años, comenzó a buscar la condena política de sectores progresistas, con el objeto de ganar apoyo para aislar económicamente al régimen criminal impuesto por la propia Casa Blanca y la derecha chilena. Esa fue la razón de mayor peso para asesinarlo, afirmó en entrevista con el Correo del Orinoco, Mireya Baltra, quien fue ministra del Trabajo de Allende.

Baltra comentó que en el exilio Letelier “realmente forjó un gran ministerio de relaciones exteriores para apoyar la causa democrática de nuestro pueblo.

El planteó y varias veces lo expresó, la necesidad de aislar económicamente a la dictadura”.

“A mí me tocó conversar dos veces con él, una de ellas en México, invitados por el presidente Luis Echeverría, que estuvo junto a la causa de nuestro pueblo. Allí él (Letelier) planteó la necesidad de que cada uno de nosotros nos transformáramos en activistas para aislar a la dictadura del apoyo económico, político o de cualquier otro tipo”.

La ministra de Allende afirma que Letelier buscaba “volcar al revés” los apoyos que pudiera tener Pinochet “para desestabilizar a la dictadura en cuanto al componente externo, ya que en Chile estaba creciendo, desarrollándose, la lucha de resistencia antifascista. No se puede olvidar el papel que él cumplía para trabajar y fomentar la resistencia. ¡Era un hombre peligroso para la dictadura! Se transformó en el principal enemigo de la dictadura fascista de Augusto Pinochet.

-¿Por eso que fue el primer objetivo del Plan Cóndor?

-Exactamente, porque los fascistas acá (en Chile) seguramente medían, analizaban cómo cada país también iba estudiando y poniendo en duda ese apoyo internacional que quería Augusto Pinochet para su dictadura. Él cumplió ese papel, yo diría de supra ministro de relaciones exteriores por los contactos que tenía en el propio Estados Unidos con los sectores más democráticos de ese país, que habían cumplido y cumplían en el Gobierno estadounidense un papel importante.

Además del cerco político y moral que intentaba levantar en torno del tirano, Letelier desnudaba crudamente al régimen que usurpó al Gobierno popular en Chile. Así lo señala Baltra cuando afirma que era un gestor de relaciones también en el sentido de hacer visible lo que pasaba en su país al “llevar la experiencia chilena al contexto internacional, en un momento en que nuestro país se debatía contra una dictadura feroz, que asesinaba, exiliaba, torturaba, y la reacción de este pueblo fue un proceso muy rápido en el tiempo, creando todos estos puntos diferentes de resistencia, y evidentemente allí se vinculaba la lucha”.

-Nuestros pueblos estaban angustiados por el destino de Chile. ¿Sabían en Chile que había esa resistencia? ¿El pueblo de Chile estaba consciente de eso?

-Nos sentíamos aislados, pero también había canales. Después del golpe, aquí en Chile la resistencia fue creciendo y el apoyo que venía desde el exterior creó un manto de protección solidario.

Nosotros trabajábamos desde el exterior también coordinado con Katy Allende, que era la hija del presidente Salvador Allende, que lamentablemente falleció. Con todos esos nexos se iba tejiendo un gran apoyo desde el punto de vista financiero para el movimiento sindical, de delegaciones que entraban clandestinamente, que venían de Comisiones Obreras de España, de Francia, y de organizaciones sindicales de muchos países.

Baltra comenta que esos enlaces y contactos que iban y venían les permitían a las luchadoras y los luchadores chilenos abrir diversos canales por los que fluía apoyo económico. “Y hay que tenerlo claro: allí trabajó también Orlando Letelier, en estos puntos que yo te digo, en que se juntan la Confederación Internacional de Sindicatos Libres y la Central Mundial de Trabajadores de concepción cristiana, junto con la Federación Sindical Mundial, que en ese entonces era la representante del mundo socialista y de los países emergentes. Por los caminos más diversos, las tres centrales sindicales estaban de acuerdo en ese apoyo. Hubo una concordancia, una unidad para asegurarle el apoyo a esta lucha de resistencia que no se conocía, pero que existía.

Noticias para la resistencia antifascista

-¿Cómo fue para usted la noticia del asesinato de Letelier?

-Yo estaba exiliada en Checoslovaquia, y lo supimos por la prensa. Fue un golpe muy grande porque él trabajaba en algo que poco se conoce: con Katy, la hija de Salvador Allende, que estaba a cargo del Comité de Solidaridad Antifascista Chileno-Cubano, hacía un informativo de las noticias del interior de Chile.

“Ojalá que se hubiesen conservado cada una de esas noticias, que vinculaban no sólo a los chilenos exiliados, sino también a los medios informativos, a los gobiernos y al conjunto político de cada país.

Para mí esa información constituyó una riqueza muy grande, porque teníamos a mano el conocimiento de lo que pasaba en Chile y de cómo se organizaban los familiares de detenidos y desaparecidos, que fue el primer embrión de la lucha antifascista en la resistencia del pueblo chileno”.



http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4824:mireya-baltra-pinochet-asesino-a-orlando-letelier-por-su-exito-en-aislar-economica-y-moralmente-a-la-dictadura&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

Ridículo Mundial: UDI Propone Canjear a Otilio Romano por Galvarino Apablaza


Un fiscal argentino pidió hoy la captura internacional del juez Otilio Romano, quien gestiona en Chile una solicitud de refugio mientras la justicia local lo busca como procesado por delitos de represión cometidos en la dictadura. En una prueba de los extremos del ridículo a que puede llegar la arrigante derecha chilena, el senador de la UDI, Víctor Pérez, propuso canjear a Romano con Galvarino Apablaza.


El fiscal de la Cámara Federal de Mendoza, Omar Palermo, elevó el pedido de captura con prisión preventiva ante el juez Walter Bento, quien deberá responder en los próximos días a la solicitud, precisó el abogado Pablo Salinas, uno de los querellantes en la causa que investiga a Romano por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.

"Confiamos en que el lunes o martes próximo el juez va a resolver sobre el pedido de captura internacional", sostuvo Salinas.

Romano, suspendido en sus funciones por el proceso que se sigue en su contra, solicitó en Chile que se le conceda el estatus de refugiado, lo que le permite recibir una visa temporal de ocho meses hasta que se resuelva su petición, confirmaron fuentes oficiales del país vecino.

Según explicaron fuentes del Ministerio del Interior, a los solicitantes de refugio se les entrega una visa temporal de ocho meses hasta que se define su situación, de acuerdo con la Ley de Protección al Refugiado.

Después de que se conociera su salida de Argentina, un juez citó a Romano para que se presentara ante los tribunales de Mendoza por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos durante la dictadura en Argentina, cuando era fiscal de la provincia de Mendoza.

El plazo de su citación se cumplió el pasado miércoles sin que se conociera el paradero del juez, lo que llevó a los querellantes de la causa a pedir su captura internacional.

A raíz del proceso judicial en su contra, el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de la designación y control de jueces, suspendió por unanimidad a Romano el pasado 25 de agosto, un día después de que éste viajara a Santiago de Chile.

En tanto, en Santiago el diputado comunista Hugo Gutiérrez entregó hoy en el Palacio de la Moneda una carta dirigida al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la que solicita que el juez Romano sea expulsado del país.

"En esa carta le hago ver que nuestro país suscribió la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe de manera explícita otorgar refugio político a una persona que está involucrada en violaciones a los derechos humanos", declaró el parlamentario.

Por su parte, un senador de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, propuso acordar con el Gobierno argentino un intercambio entre el juez Otilio Romano y Galvarino Apablaza, radicado en Argentina desde 1993.

El secretario general de la Unión Demócrata Independiente, Víctor Pérez, manifestó que "si la justicia argentina quiere al juez Otilio Romano debe entregar a Galvarino Apablaza a la justicia chilena":

"Los gobiernos a través de la vía diplomática tienen la opción de expulsar a un ciudadano de otro país y, en este caso, se podría analizar la situación si el gobierno argentino deja de proteger al asesino del senador Jaime Guzmán. En Chile está impune el crimen de un senador de la República, porque el responsable es protegido por Argentina ".

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que se evaluará si corresponde o no otorgar asilo político al juez argentino Otilio Roque Romano, requerido por la justicia argentina por violaciones a los derechos humanos:

"Si un ciudadano pide refugio el país tiene que analizar esta situación y la legislación específicamente asigna a Extranjería la tuición del análisis de la situación particular. Para eso se le otorga una visa de permanencia por ocho meses, donde en ese plazo tendrá que evaluarse si corresponde o no corresponde entregar refugio".

El subsecretario sostuvo que la visa de residencia por ocho meses se le entregó a Romano el 1 de septiembre, fecha en la cual no figuraba en la lista de buscados por Interpol.

"No estamos para dar opiniones, estamos para hacer cumplir la ley", respondió el subsecretario cuando se le preguntó sobre la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el juez argentino.



http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4652:ridiculo-mundial-udi-propone-canjear-a-otilio-romano-por-galvarino-apablaza&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

Diputado Hugo Gutiérrez: “Piñera no Puede Dar Asilo Político a un Violador de Derechos Humanos”

El diputado y abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, señaló que es inaceptable que el gobierno de Sebastian Piñera le haya dado asilo político al ex juez argentino Otilio Romano, requerido por la justicia trasandina por 103 causas de violaciones a los derechos humanos, perpetradas durante la dictadura militar de ese país.


Consultado sobre el tema, el diputado Gutiérfrez señaló:

“El gobierno de Piñera debió haber expulsado de inmediato a Otilio Roque Romano tan pronto que  tuvo conocimiento de su estada  en Chile, evitando que él concretara su solicitud de refugio por cuanto no corresponde  que se le  otorgue, dado que él esta acusado de crimines de lesa humanidad y de acuerdo al convenio 51 de las Naciones Unidas, no procede el refugio para una persona que esta acusado, imputado o procesado por crímenes de lesa humanidad”.

Al ser consultado Hugo Gutiérrez por la propuesta de la UDI, de intercambiar a Otilio Romano por Galvarino Apablaza, respondió:

“La sola pretensión o planteo de la alternativa demuestra la inmoralidad de las autoridades de este  gobierno de Piñera, especialmente Víctor Pérez, senador UDI, quien  ha dicho que el intercambio seria posible. Esa es una actitud claramente gansteril, que lo que pretende es una especie de intercambio de prisioneros y eso es contrario a nuestro ordenamiento jurídico”.

“Lo que me preocupa es cual fue la reflexión que  hizo Otilio Romano para pensar que  en Chile, él iba a encontrar asilo, refugio, alberge, que lo llevó a concluir a que en un gobierno de derecha podía estar mas protegido que  en cualquier otra parte del mundo”.

“Creo que  Romano tiene que haber concluido de que en nuestro  país,  dado el gobierno de derecha que  tenemos podía estar protegido, lo que contradice los principios que  rige a la comunidad nacional e  internacional”.

Frente a la permanencia de 8 meses en Chile de el ex juez, argentino, Otilio romano, hasta que se resuelva su situación,  lo que podría generar una nueva  tensión diplomática con Argentina, señaló:

“Creo que lo que va a ocurrir durante este período es que el gobierno de manera torpe a creado una animadversión de parte de la comunidad nacional e internacional en contra del gobierno de Piñera, por estar dándole protección a un violador de derechos humanos que esta siendo buscado en argentina por 103 casos de lesa humanidad”. 


http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4674:diputado-hugo-gutierrez-pinera-no-puede-dar-asilo-politico-a-un-violador-de-derechos-humanos&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

Exigen Expulsión de Juez Argentino, por Violación de Derechos Humanos



Otilio RomanoEl diputado Hugo Gutiérrez, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, demandó al gobierno la expulsión inmediata del juez argentino Otilio Romano, quien huyó a Chile desde su país, donde enfrenta numerosas causas por violaciones a los derechos humanos. Está procesado por delitos de secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes de detenidos desaparecidos, cometidos durante la dictadura argentina, entre 1976 y 1979.


El 24 de agosto pasado, y en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, ingresó al país el juez mendocino Otilio Romano Ruiz, quien es investigado en Argentina por 103 delitos de lesa humanidad y un magistrado argentino le dio plazo para retornar o se iniciará el proceso de captura internacional.

El magistrado abandonó Mendoza con un amigo abogado justo un día antes de que el Consejo de la Magistratura -integrado por representante del Ejecutivo, parlamentarios y abogados- revisara su caso y resolviera suspenderlo de sus funciones hasta que termine el juicio en su contra.

Romano está procesado como partícipe delitos que van desde secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes hasta el archivo de la causa por la apropiación de una hija de desaparecidos, ilícitos cometidos durante los primeros años de la dictadura argentina, entre 1976 y 1979.

Se suman los cargos por no haber denunciado o investigado evidentes violaciones a los derechos humanos de los que habría tenido conocimiento por los detenidos o por visitas a los centros de detención como el D2 -Departamento de Policía de Mendoza-y la U9 de La Plata, y haberse basado en testimonios bajo tortura para promover causas por la llamada "ley antisubversiva".

La acusación y suspensión fueron votadas en forma unánime por los 12 integrantes del Consejo de la Magistratura, que representan a distintos sectores del país y fuerzas políticas.

Opinión de diputado Hugo Gutiérrez

“A la luz del Encuentro internacional de DD.HH. -donde van a concurrir parlamentarios de varios países latinoamericanos y también activistas de derechos humanos-, tenemos el especial encargo de los fiscales y jueces de DDHH. argentinos que ellos solicitan -y nosotros también- al presidente de la república que expulse de nuestro territorio de la nación a Otilio Romano Ruiz un juez argentino que está procesado por 103 violaciones a los DD.HH. en concreto delitos de lesa humanidad que van desde secuestros, detenciones ilegales, apropiaciones de menores”, señaló el parlamentario.

“Delitos que son gravísimos y no puede este sujeto estar en nuestro territorio y tiene que ser expulsado a fin de que la justicia argentina proceda a su ajusticiamiento en conformidad al Estado. Lo que se sabe es que él huyó de Argentina el día que la magistratura lo suspendía de sus funciones para efecto de ser juzgado como corresponde por los crímenes de lesa humanidad que había cometido. Y habría ingresado vía línea aérea argentina a nuestro país concluyó Gutiérrez.

El abogado querellante Diego Lavado solicitó el lunes al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza recabar datos acerca del paradero del juez en Chile, con el fin de solicitar la captura internacional en los próximos días. "Se escapó a Chile para evitar ser detenido. En Argentina no se puede detener a un juez mientras tenga fuero", comentó Lavado.

El titular de ese tribunal, Walter Bento, decidió darle plazo para retornar a Mendoza, el que vence hoy a las 13:00 horas. De no presentarse, el juez arriesga ser desaforado y que se solicite su captura internacional. Además, se resolvió averiguar su paradero en Chile e informar al Consejo de la Magistratura, que fue el que lo suspendió, en caso de no volver a Argentina.




http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4635:exigen-expulsion-de-juez-argentino-por-violacion-de-derechos-humanos-&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

Justicia Argentina Expidió Orden de Captura Internacional para Juez Otilio Romano


La Justicia argentina ordenó la captura internacional del juez argentino Otilio Romano, que huyó a Chile al ser suspendido en su cargo por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983). El mismo personaje al cual este Gobierno le concedió asilo temporal, en flagrante violación del derecho internacional.


El pedido de captura fue dispuesto por el juez Walter Bento, de la provincia argentina de Mendoza (oeste), quien sin embargo supeditó esta solicitud a que Romano sea destituido como magistrado.

“Romano está suspendido como juez y sin goce de salario, pero Bento entiende que, hasta que no sea destituido, tiene fueros”, dijo a Efe el abogado Pablo Salinas, uno de los querellantes en la causa que investiga a Romano por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar.

El letrado anticipó que tanto él como el fiscal general de Mendoza, Omar Palermo, apelarán la decisión de Bento pues, a su juicio, Romano perdió sus fueros al momento de “fugarse” a Chile.

Salinas dijo que un tribunal de alzada deberá expedirse sobre esta apelación en un plazo de una semana.

“Si nos da la razón, la orden de captura será enviada a Chile”, señaló.

El Consejo de la Magistratura de Argentina, organismo encargado de la designación y remoción de jueces, resolvió el jueves pasado “suspender el pago de haberes” (salario) a Romano.

Se trata de un paso intermedio hacia el juicio de remoción de Romano que el consejo planea iniciar antes de fin de año.

Romano, juez de la provincia de Mendoza, fue suspendido el 25 de agosto, pero un día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.

Interpol comunicó la novedad hace una semana a Bento, quien, después de que se conociera la salida de Argentina de Romano, le citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile.



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Gobierno Chileno Vuelve a Cuestionar Asilo a Galvarino Apablaza



El gobierno chileno hizo una presentación para cuestionar la decisión argentina de dar asilo al ex guerrillero trasandino. Sin embargo, fuentes diplomáticas argentinas desmintieron que se trate de un nuevo reclamo para expulsarlo, como publicaron varios medios de prensa, a ambos lados de la cordillera. Embajada chilena contrató uno de los abogados más costosos de la plaza.

 

Mientras crecen las versiones sobre el inminente regreso a Chile de su embajador en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar, la relación diplomática entre la Casa Rosada y La Moneda sumó un nuevo dato erróneo sobre la situación judicial del ex guerrillero trasandino Galvarino Sergio Apablaza Guerra.

Ayer, a los dos lados de la Cordillera de los Andes, varios medios periodísticos afirmaron que el gobierno de Sebastián Piñera había radicado una nueva presentación judicial para obtener la extradición de Apablaza. Pero lo cierto es que la representación diplomática chilena contrató al costosísimo abogado conservador Héctor Mairal para cuestionar en los Tribunales Contenciosos del fuero federal porteño, la decisión administrativa del gobierno argentino que concedió el refugio político al ex militante trasandino que vivió más de 30 años en la clandestinidad.

“No es un nuevo pedido de extradición, sino una presentación que ataca judicialmente la medida del asilo”, aclaró una alta fuente diplomática que sigue el derrotero del caso desde hace siete años.

El escrito, que lleva la firma de Mairal, no habla en ningún momento de un segundo pedido de extradición, sino de una impugnación judicial amparada en el artículo 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549. La norma permite la presentación de un recurso de nulidad contra cualquier acto administrativo que lleve adelante el Estado Nacional.

En este caso, el cuestionamiento está dirigido a la Resolución 1729/2010 de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), que resolvió beneficiar  a Apablaza con la Ley 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado. La decisión fue adoptada hace menos de un año, y establece que “ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

La decisión de la comisión, que tiene a su cargo la relación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), dejó sin efecto un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dio vía libre para la extradición de Apablaza, en caso de que el gobierno argentino decidiera tomar la decisión política de otorgar el refugio.

Contra todos los pronósticos del gobierno chileno, la Casa Rosada dio el visto bueno para la firma de la Resolución 1729, un acto administrativo que significó un duro revés legal para el gobierno de Sebastián Piñera.

Casi un año después de su aplicación, el embajador Zaldívar contrató al buffet Marval, O’Farrell & Mairal, considerado uno de los estudios más grandes, antiguos e influyentes del país, que tiene a Héctor Mairal como su principal especialista en derecho administrativo.

Pero los laureles del abogado se oscurecen al revisar sus antecedentes políticos.

En la década de 1970 fue socio de Guillermo Walter Klein, el abogado que a partir de 1976 se desempeñó como secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía conducido por José Alfredo Martínez de Hoz.

Klein y Mairal son dos viejos amigos. Nacieron en 1936 y 1938, y tal como lo hicieron en los ’70 con el estudio Klein & Mairal ahora integran costosísimos estudios de abogados.

Esos antecedentes fueron los que llevaron al embajador Zaldívar a contratar a Mairal y lanzar una ofensiva legal dentro de los tribunales. El caso fue abierto en junio y engrosará un expediente cuya resolución “llevará años”, debido a las impugnaciones que presentarán los representantes del Estado Nacional.

De un modo u otro, el caso llegará al máximo tribunal argentino, cuyos miembros ya se expidieron sobre el tema de fondo cuando habilitaron la extradición de Apablaza que, finalmente, quedó sin efecto por el refugio concedido. El nuevo repechaje administrativo buscará anular esa decisión del Estado, pero no tiene que ver con el pedido de extradición que la Cancillería chilena envió a sus pares argentinos hace varios años.

Ese expediente, aunque les cueste asumirlo, está cerrado.

Fuente: Tiempo Argentino



El asilo político a Sergio Apablaza


Esta nueva embestida en el caso Apablaza deja una vez más en claro que la institucionalidad chilena continúa maniatada a las apetencias del pinochetismo, con su legislación ‘antiterrorista’ y tribunales militares.

Galvarino Sergio Apablaza Guerra, (a) Salvador, fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), creado en los ’80 por el Partido Comunista de Chile para desgastar a la dictadura de Pinochet. Después del golpe, padeció la cárcel y la tortura.

Expulsado de su país, viajó al Panamá de Torrijos para luego asentarse en Cuba. Formó parte de la guerra de liberación en Nicaragua como miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luego del triunfo de la revolución viajó clandestinamente a Chile para engrosar las filas del FPMR.

Estando en la Argentina, en 2004 fue detenido a pedido de las autoridades chilenas, acusado sin pruebas de haber participado del secuestro de un empresario y de la muerte del senador pinochetista Jaime Guzmán. Su detención se produjo dos días antes de que el entonces presidente Ricardo Lagos diera a conocer el Informe sobre prisión política y tortura.

En julio de 2005, el juez Claudio Bonadío rechazó el pedido de extradición, al considerar que los crímenes eran de carácter político.

Apablaza solicitó el reconocimiento del status de refugiado según la Convención Internacional de la ONU, debido a la existencia de una persecución política en su contra.

En septiembre de 2010 la Corte Suprema de Justicia argentina concedió la extradición, pero la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) –integrada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y distintos órganos del Estado argentino– reconoció a Salvador la calidad de refugiado. De esta forma, la extradición naufragaba definitivamente, aunque las consecuencias de esa decisión se prolongarían en el tiempo.

Numerosos fueron los planteos realizados por las autoridades chilenas, que recrudecieron con Sebastián Piñera como presidente, al frente de una coalición de derecha integrada por el brazo político del pinochetismo, la Unión Democrática Independiente (UDI), de la que Guzmán fue fundador.

Como jugada política de alto voltaje, enviaron emisarios a la Argentina para reunirse con opositores políticos, logrando declaraciones de los diarios La Nación y Clarín y de dirigentes como Mauricio Macri, Julio Cobos y Eduardo Duhalde. Agregando mayor presión al tema ya candente, por medio del sitio Leakymails se difundieron correos electrónicos de los funcionarios de la Conare, adjuntados a notas en las que se criticaba al gobierno argentino y se reivindicaba el Estado de Derecho en Chile.

El 18 de agosto pasado, los integrantes de la Comisión designada para elaborar las listas de víctimas de la dictadura de Pinochet, denominada Valech II, se reunieron con Sebastián Piñera para entregarle un nuevo informe, que contempla 10 mil nuevos casos.

Piñera se percató de que, al aparecer Apablaza entre las víctimas, se ratificaban las causales por las que fue reconocido como refugiado en la Argentina y sobrevendrían las quejas de la UDI, que ha hecho de su fundador el paradigma de la víctima.

De inmediato, dirigentes de esa tendencia criticaron la inclusión de Apablaza en el Informe.

El presidente de la UDI, Juan Coloma, amenazó con recurrir a la justicia, y dijo que “más allá de lo que pueda haber vivido, está siendo requerido en Chile por el asesinato de un senador y sería impresentable que no respondiera por este crimen… es absurdo que un prófugo de la justicia por asesinato pueda estar percibiendo simultáneamente una indemnización”.

“El primer requisito es ponerse a disposición de los tribunales por un crimen”, agregó.

Por su parte, el portavoz de la Corte Suprema de Chile, Jaime Rodríguez Espoz, se mostró sorprendido por la aparición de Apablaza en el informe, y se pronunció por la posibilidad de que en alguna instancia esa decisión sea revisada. Otros dirigentes aseveraron que sólo una vez que la justicia determine la inocencia de Apablaza, este podría reclamar una indemnización, revirtiendo un principio básico de todo Estado de Derecho, que dice que el Estado debe probar la culpabilidad y no el imputado su inocencia.

Esta nueva embestida en el caso Apablaza deja una vez más en claro que la institucionalidad chilena continúa maniatada a las apetencias del pinochetismo, con su legislación “antiterrorista” y tribunales militares, y con un sistema binominal de exclusión política por el que la derecha se asegura la mitad del gobierno.

La fuerte presión que sobre las instituciones ejerce el pinochetismo, al punto de que el portavoz de la Corte Suprema opinó de modo similar que la UDI, evidencia que en Chile no existen condiciones para garantizar un juicio imparcial.

El gobierno chileno está integrado por sectores para los que la legalidad no interesa y no dudan en desconocer la calidad de víctima de crímenes de lesa humanidad, si con ello fortalecen su discurso de persecución política contra quienes se opusieron a la dictadura y ponen a uno de sus máximos cómplices civiles en el lugar de víctima.

Debe agregarse la inconsistencia de la Corte Suprema de Justicia argentina –a excepción del juez Zaffaroni– que decidió conceder la extradición, desoyendo cuestiones medulares sobre la vigencia de los Derechos Humanos, la ausencia de pruebas contra Apablaza y el grave peligro de que en Chile se vulneren sus derechos y garantías, debido a la existencia de un sistema judicial dócil a las bravuconadas de la UDI.

Mientras el gobierno de Piñera es cuestionado por la muerte de un estudiante y por la educación elitista, las presiones del pinochetismo ratifican que el refugio político fue un acto de justicia. De quedar Apablaza al margen del listado de víctimas de la dictadura, Chile se verá expuesto a una nueva condena internacional.

Rodolfo Yanzón

Abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
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Nuevo General Director de Carabineros Declaró por Desaparición de Agente de la DINE


El nuevo general director de Carabineros, Gustavo González Jure, tuvo que declarar ante la Justicia el año 2003 en el marco de una investigación por la desaparición del agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Guillermo Jorquera. El general asume formalmente este jueves su cargo, tras haber sido anunciado hace una semana como sucesor de Eduardo Gordon.
Según informa este jueves La Tercera¸ González -entonces coronel- prestó testimonio el 29 de abril de 2003 y sólo por esa oportunidad, descartando finalmente la Justicia cualquier nexo suyo con el caso. Guillermo Jorquera fue detenido el 23 de enero de 1978 cuando intentaba asilarse en la embajada de Venezuela. Ese día estaba de punto fijo en el lugar el cabo Carlos Garrido, quien en 2002 declaró que tras impedir su ingreso, González Jure "informó esta situación por radio y se llevó al sujeto a la comisaría" de Providencia, siendo éste entregado luego a efectivos del Ejército.

En su declaración, González dijo no recordar el episodio. Por este caso, la Corte Suprema condenó en 2008 como autor de secuestro calificado al general en retiro Héctor Orozco Sepúlveda, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

"Lo mejor es preguntar al tribunal si yo tengo alguna participación en este asunto", respondió González al ser consultado sobre el asunto, según consigna La Tercera.

El general asume formalmente este jueves su cargo, tras haber sido anunciado hace una semana como sucesor de Eduardo Gordon.


miércoles, 21 de septiembre de 2011

A 35 Años del Asesinato de Orlando Letelier, Aún no hay Condena en Caso Berríos

    Escrito por Ernesto Carmona   


El 21 de septiembre se cumplen 35 años del olvidado asesinato de Orlando Letelier en Washington. Aunque hay varios libros sobre el crimen,  sólo abordan la investigación realizada en Estados Unidos. En la siguiente entrevista, Fabiola Letelier sostiene que aún se desconocen los pormenores del juicio en Chile, que los culpables recibieron condenas irrisorias, y que delitos conexos, como el asesinato del químico Eugenio Berríos, todavía permanecen a la espera de condenas definitivas.


Los culpables resultaron condenados a penas irrisorias: 7 años para el ex general Manuel Contreras, el jefe de la DINA, y 6 años para su adlátere, el ex coronel Pedro Espinoza. Todavía está pendiente la sentencia definitiva del “Caso Berríos”, ramificación del juicio principal del “Caso Letelier”, que condujo a la extradición sin precedentes y prisión en Chile a tres altos oficiales del Ejército de Uruguay implicados en el secuestro y asesinato del químico civil de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, apodado “Hermes”.

Hace más de un año, el 10 de septiembre de 2010, el magistrado Alejandro Madrid Crohare, “ministro en visita extraordinaria”, emitió su extenso fallo de casi 500 páginas para un proceso que técnicamente comenzó con una denuncia del gobierno de Patricio Aylwin, elevada a la justicia el 15 de junio de 1993, por “presunta desgracia del ciudadano chileno Eugenio Berríos Sagredo, quién se encuentra desaparecido de su domicilio desde hace varios meses a la fecha, sin que se sepa su actual paradero”.

El juez Madrid estableció que Berríos terminó sus días asesinado en Uruguay y sentenció a los culpables chilenos y uruguayos, pero estos apelaron ante la corte superior y la sentencia de primera instancia de Madrid está entrampada en la Fiscalía chilena desde el 19 de Agosto de 2011, a la espera del inicio del trámite de apelación que daría curso a la vista de la causa. En otras palabras, la Fiscalía debe poner el caso en tablas para que la sentencia sea ratificada o modificada por la Corte de Apelaciones.

La abogada de derechos humanos Fabiola Letelier participa tesoneramente en numerosos procesos cuya tramitación tarda años en los tribunales chilenos. Entre muchas otras cusas en curso busca justicia para el joven periodista estadounidense Charles Horman, asesinado por el Ejército el 18 de septiembre de 1973 y cuyo caso inspiró la película “Missing” (1982), de Costa Gavras, jamás exhibida –hasta hoy- en salas de cine de Chile.

Esta entrevista está centrada en el “Caso Berríos”, uno de los entretelones desconocidos del “Caso Letelier” en Chile, juicio iniciado por Fabiola Letelier cuando Pinochet todavía era temido y mantenía una importante cuota del “poder fáctico” del Estado como comandante en jefe del Ejército, bajo gobiernos civiles elegidos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Berríos fabricó el gas sarín que serviría para matar a Letelier en un plan que después fue descartado por la DINA y en 1991, en plena “democracia”, Pinochet ordenó que fuera sacado del país para impedir que declarara ante los tribunales que investigaron el asesinato del ex Canciller de Allende. Berríos terminó sus días asesinado en Uruguay a manos de militares chilenos y de ese país.

–“El Caso Letelier en Chile”, ¿ése sería el título de ese libro que falta?

–Quiero dar a conocer en este país -sobre todo a los socialistas que han sido unos malos compañeros con Orlando Letelier- lo que fue el proceso Letelier en Chile. Nadie lo conoce. Todos saben lo que pasó en EEUU porque se han escrito libros muy importantes: “Laberinto”, del ex fiscal Eugene Propper y el escritor Taylor Branch; y sobre todo “Asesinato en Washington”, de John Dinges y Saul Landau. Este libro ha sido premiado y reconocido en todos lados, pero ese texto relata lo que fue el crimen de Orlando Letelier, que ocurrió en EEUU el 21 de septiembre del año 1976, y describe la labor de investigación que efectuó el gobierno estadounidense. De 1976 a 1978 investigaron el crimen de Orlando Letelier hasta que deciden mandar a la Corte Suprema una solicitud de extradición de Manuel Contreras [ex general, jefe de la DINA], Pedro Espinoza [coronel secuaz de Contreras] y Armando Fernández Larios [teniente de la Caravana de la Muerte enviado también a Estados Unidos con documentación falsa para preparar el asesinato de Letelier].

–¿Cómo se origina el juicio en Chile por el asesinato de Orlando Letelier?

–La Corte Suprema, presidida entonces por Israel Bohórquez, rechaza el pedido de extradición. Y como se habían fabricado pasaportes para poder hacer misiones preparando este ilícito en Estados Unidos, es sólo entonces que mandan el expediente a la justicia militar. Y ahí intervengo yo. Me hago parte ante la justicia militar. Estoy 10 años investigando con Jaime Castillo Velasco [abogado PDC de DDHH, fallecido en 2003] y, después, cuando ya viene la transición, ahí pasa a un ministro de la Corte Suprema [Adolfo Bañados Cuadra], quien investiga hasta dictar la sentencia.

Pero este caso, esa investigación de Orlando Letelier en Chile, ha estado absolutamente encubierta; no sale publicada, ni nada. Nada más aparece lo final, que fue la primera vez que se condenó a Contreras y a Espinoza, pero con unas condenas que son absolutamente inadecuadas, porque fueron 7 y 6 años, respectivamente. Pero todo lo del asesinato de Orlando fue una operación de inteligencia que se ideó y se planificó en Chile y en la que, por tanto, participaron –en número muy importante– elementos del Ejército y, fundamentalmente, de los servicios de inteligencia –de la DINA–, para llevar a cabo esta acción de terrorismo internacional en Estados Unidos. Entonces, ése es un compromiso que yo tengo, que no puedo dejarlo y lo voy a hacer… Espero tener vida para eso.

 

Caso Berríos: “Proyecto Andrea”

 

–¿Cómo emerge el “Caso Berríos?

–De la investigación del crimen de Orlando surgieron otros casos, como el de Eugenio Berríos. El proceso que falló el ministro Madrid se refiere al secuestro y homicidio de Eugenio Antonio Berríos Sagredo.

–¿Quién era Berríos Sagredo?

–Era un químico que fue integrante y agente de la DINA, quien levantó un laboratorio químico en Lo Curro [Vía Naranja N° 4925] en la casa en que Michael Townley vivía con Marina Callejas, un inmueble comprado por el general Contreras con fondos públicos. Allí vivía la familia de Townley, pero una parte de ese edificio estaba destinado a laboratorio químico, clandestino por supuesto, que se habilitó después de varios viajes de Townley a países europeos para comprar elementos que, por supuesto, ingresaron a Chile sin los pagos y revisiones aduaneras correspondientes.

–¿Qué hacían en ese laboratorio?

–El laboratorio químico tenía por finalidad la creación y elaboración del gas sarín, y otros elementos de tipo toxicológico, que fueron desarrollados por la DINA con la finalidad de obtener un arma química moderna que le permitiera llevar adelante casos de eliminación. Este es el “Proyecto Andrea”.

–¿Y arma para probables guerras que se manejaban en la época?

–Por supuesto. En ese tiempo había una posibilidad de guerra con Argentina y, evidentemente, se veía con mucho interés. Además, Berríos era un químico, que igual que Townley y Mariana Callejas, perteneció al Movimiento Patria y Libertad. Allí Townley y Berríos habían hecho una buena amistad. Y Berríos, que había estudiado en Concepción como químico, sin duda era una persona bastante especializada y capacitada en materias químicas y había hecho una memoria especial sobre la “boldina”, una sustancia extraída del boldo [Peumus boldus].

Berríos es un hombre que, por ser parte de Patria y Libertad, aparece vinculado con Townley y gente de la DINA y entra en este proyecto.  A la casa donde estaba en Lo Curro había ido varias veces Manuel Contreras, o sea, es un elemento que sabe exactamente…

–¿Y allí fabrica el gas sarín?

–Ahí elabora el gas sarín e incluso este gas fue enviado en estado líquido a EEUU, en un frasco de perfume Chanel. En un momento Townley lo lleva a EEUU [se presume que para utilizarlo en un “plan B” contra Letelier] y se sostiene que habría sido usado en Chile como elemento represivo letal de la DINA en algunos casos. Incluso se menciona a un conservador de bienes raíces [Renato León Zenteno], quien había muerto por aplicación del gas sarín en 1976, y no por la profesión de Zenteno, sino porque habría sido homosexual y habría tenido algún problema de ese tipo… Lo habrían eliminado. Y, por supuesto, hay otros casos que se han mencionado mucho, entre otras personas el de Camilo Soria [ciudadano español, funcionario internacional y editor de libros], que fue muerto por la DINA en una operación que se hizo ahí en Lo Curro y algunos han sostenido que se le habría aplicado también el gas sarín. Y otros, como el suboficial de Ejército Manuel Leyton Robles, que en un momento habría sustraído un automóvil que pertenecía a una persona de izquierda [Daniel Palma] y que él se lo habría apropiado, etcétera. Bueno, hay casos que demuestran que este gas sarín sí se aplicó, pero fundamentalmente era un arma letal que tenía en sus manos la DINA, un arma que podría utilizarse en un conflicto, incluso con otros países de América Latina.

–¿Tenía ayudantes Berrios?

–Entonces Berríos no trabaja solo sino que tiene la colaboración de otro chileno, Francisco José Oyarzún Sjoberg, hijo de un funcionario de Relaciones Exteriores, que secunda a Townley ahí en Lo Curro. Pero cuando sale a la luz la situación de Townley, cuando éste iba a ser detenido, etcétera, etcétera, Oyarzún se va a Europa y nunca más se supo de él, aunque están todos los antecedentes. Ahí se fabrica ese gas.

–Ahora, ¿cómo aparece Berríos?

–Lo cierto es que Berríos, aparece en la investigación que hace el ministro Adolfo Bañados Cuadra. Por los antecedentes que él tiene en el proceso, lo llama a declarar. Berríos no comparece. Vuelve a reiterar la citación…

–¿Quién es el ministro Bañados?

–Bañados es el ministro de la Corte Suprema que llevó el proceso en Chile después que le fueron remitidos los antecedentes desde el tribunal militar. Entonces, él toma el caso y en el año 2005, la Corte Suprema dicta el fallo final y se condena a Contreras a 7 años y a 6 años a Espinoza. En eso tengo el honor de haber participado…, en el primer proceso importante contra la DINA que termina con la sentencia definitiva y después de eso…

–¿Este proceso fue motivado por…?

–Se transmitió por televisión a todo el país…

–Sí, pero el motivo ¿fue el caso de Orlando…?

–Fue el crimen de Orlando, el 21 de septiembre de 1976, en la ciudad de Washington, con una bomba explosiva que fue colocada en el automóvil, bajo el asiento de la persona que manejaba, que era Orlando, y que también causó la muerte de una ciudadana norteamericana, la Ronni Karpen Moffit…

–En este proceso de investigación, ¿el ministro Bañados…?

–Después de pasar por el tribunal militar y pasar a la Corte Suprema, él hace la investigación…

–Y el descubre… porque estamos hablando de Berríos, ¿no?

–El ministro considera que es importante que Berríos concurra ante él a declarar su relación y su incumbencia en este caso, ya que por otros antecedentes aparecía que él era un químico que fabricaba compuestos en una propiedad que pertenecía a la DINA. No concurre. Por lo tanto, el ministro, en el momento en que ya está dispuesto a dictar orden de detención, para que Berríos concurra…

–¿Por qué era tan importante Berríos?

–¿Por qué todo esto? Porque Berríos era civil, no era militar. Porque él había participado con Townley, que es uno de los ejecutores principales del crimen de Orlando. Entonces, era de la DINA, había participado en la DINA, conocía Lo Curro, el lugar al que concurrían varios altos miembros de la DINA, esta metido, precisamente, en todo este accionar represivo e ilícito de la DINA.

Bueno, resulta que Berríos no concurre y, entonces, ahí se realiza una operación de inteligencia del Ejército de Chile, y estamos hablando del año 1991 [bajo el gobierno de Patricio Aylwin y con Pinochet como comandante en Jefe del Ejército], fraguada por las más altas autoridades de la DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército. Ya no existen DINA, ni CNI, ni nada. Está la DINE, que es conducida por un general del Ejército llamado Hernán Ramírez Rurange. Esta Dirección de Inteligencia del Ejército decide, después de una entrevista que tiene Berríos con el general Hernán Ramírez Rurange, decide ordenar que a Berríos se le saque de Chile para evitar que concurra a declarar ante el ministro de la Corte Suprema que llevaba el caso de Orlando Letelier.

 

“Operación Control de Bajas” + Operación Cóndor II

 

–¿Cómo lo hacen?

–Primero lo esconden, y lo tienen más o menos 15 a 20 días en lo que se conoce como Batallón de Inteligencia del Ejército, BIE [García Reyes N° 12, Santiago]. Y ahí permanece como un civil, en un subterráneo donde le proporciona alimentos y se preocupa de su subsistencia el comandante de esa institución militar, el entonces coronel Manuel Provis Carrasco. Todo esto no aparece en investigaciones, reuniones, etcétera. Lo cierto es que Berríos permanece ahí mientras se organiza este operativo de inteligencia para sacarlo del país con un nombre falso, con la identidad de "Manuel Morales Jara". Al mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés [conocido como El Príncipe y jefe de la seguridad privada de Agustín Edwards, servicio proporcionado bajo cuerda al dueño de El Mercurio] le encomiendan la dirección de esta operación, en la que participan otros militares, entre ellos el entonces capitán Pablo Marcelo Rodríguez Márquez y un civil que trabajaba para la DINE llamado Raúl Lillo Gutiérrez.

La operación, denominada “Control de Bajas”, coordina el traslado de Berríos a Punta Arenas. Desde allí, Lillo Gutiérrez, Rodríguez Márquez y su hermano [ex teniente de Carabineros] Jorge Alejandro Guillermo Rodríguez Márquez, lo trasladan en un vehículo a Argentina, el 26 de octubre de 1991, por el paso Monte Aymond, y en Río Gallego Berríos y Lillo abordan un avión rumbo a Buenos Aires, donde son recibidos por Silva Valdés y se quedan dos días, y desde la capital argentina siguen por vía fluvial a Colonia, Uruguay. O sea, hacen toda una tremenda vuelta y, por supuesto, con nombres falsos, y Berríos va acompañado de militares que lo custodian.

Al llegar al Uruguay, evidentemente comienzan a aparecer los uniformados uruguayos, que son tres: el coronel Tomás Ventura Casella Santos, que es el más importante, Eduardo Ernesto Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose. Esos son los tres, más otro,  al que se le pidió la extradición, pero estos son los tres cuya extradición fue solicitada por nosotros, a través de la Corte Suprema chilena, aprobada por la Corte Suprema del Uruguay. ¿Por qué estos tres militares? Porque ellos intervienen en la custodia, en el encuentro con Berríos, en su encubrimiento y después también intervienen en lo que es la muerte del químico. Es muy larga esta historia…

–¿Cómo termina?

–En definitiva, estos militares uruguayos trabajan coordinadamente con los chilenos enviados por el Dine, para poder arrendarle un departamento a Berríos. Después Berríos se pone demasiado complicado… -era alcohólico-, se pone muy…, era una persona difícil de manejar… Entonces, al final lo llevan a una playa, a la casa de un familiar de Radaelli. O sea, todo es perfectamente sincronizado y allí, estando en esa playa, que se llama Parque del Plata, un día se les escapa y va al comisario y ahí aparece toda esta historia que termina en una sesión secreta del Senado uruguayo, a puertas cerradas. El presidente del Uruguay; Luis Alberto Lacalle, que en ese tiempo andaba en Europa, se devuelve… Todo lo que pasa es un escándalo tremendo.

Todo esto financiado absolutamente con fondos públicos de los dos países. El tribunal de la Corte Suprema de Uruguay, para dar lugar a la extradición, preparó una carpeta entera, analiza, intervienen los defensores públicos, analizan bien si darla o no darla, se consideran las normas internacionales, cuáles deben regir o no regir y, finalmente, acceden y entregan a estos tres militares a Chile. Por primera vez, militares latinoamericanos son extraditados de su país, por una petición de la Corte Suprema chilena por cargos de haber participado en una violación grave de derechos humanos.

–¿Cuál es la conexión con el “Caso Letelier”?

–Todo esto forma parte del crimen de Orlando. Eso es lo que está en el proceso, el primer elemento en este caso, en el asesinato de Orlando Letelier, el crimen ocurrido en Washington el 21 de septiembre de 1976, un chileno que se llama Eugenio Antonio Berríos Sagredo, químico, que desafió a la justicia chilena y no compareció para entregar elementos relacionados con el crimen de Orlando Letelier. Y por eso yo estoy metida en esta historia desde hace 9 años. Así son de largos mis casos. En el de Orlando fueron 15.

–¿Qué pasa entonces?

–Hacen la presión ante el comisario, que como Berríos se había arrancado y había llegado diciendo que lo perseguían, el comisario lo manda a un examen médico. El examen dice que está nervioso pero que es una persona normal y en eso, los que estaban en la casa, arreglando no sé qué en el techo, bajan los militares uruguayos y llegan todos adonde el comisario, y ahí, Tomás Casella, que es uno de los extraditados, hace presión sobre Berríos y le dice que no, que retire la denuncia, y lo hace retirar la denuncia. Y Berríos se va con Tomás Casella. Ése es el último momento de la vida de Berríos que se conoce, junto a este uruguayo. Y ahí desaparece a fines de 1992 y después de mucho tiempo, o sea, un año, creo que en abril de 1995, por una casualidad, una persona que va a una playa llamada El Pinar, en ese lugar de balneario Parque del Plata encuentra un elemento, no sé qué, lo sacan y ahí está Berríos. Asesinado, con dos balas en la cabeza. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993.

–¿En ese tiempo también va Pinochet a Uruguay?

–Va Pinochet a Uruguay, evidentemente. Hace un paseo al Uruguay y hay incluso una fotografía en que creo que está con Tomás Casella. Ah, pero lo más importante son las declaraciones del general del DINE, Ramírez Rurange ante el ministro que investiga, Alejandro Madrid, un ministro de corte extraordinario, encargado de este caso. Ahí, en una declaración judicial, Ramírez Rurange dice que efectivamente no fue él quien dio la orden de sacar a Berríos del país, sino que la orden de sacar a Berríos de Chile la dio Pinochet, entonces comandante en jefe del Ejército. Y hay todo un tomo que registra cómo se investiga esta situación, porque Ramírez Rurange dice que la orden para sacar a Berríos de Chile se la dio Pinochet en un almuerzo o comida que tuvo en su casa, donde había otros generales. Todos fueron citados a declarar y, por supuesto, niegan haber oído esto, pero lo cierto es que Ramírez Rurange mantiene firme que fue orden recibida del general Pinochet y por eso que Berríos llega al DINE a hablar con el general y ahí se arma toda la operación. Esa es la historia.

–¿Lo mataron a balazos?

–Hay una versión que dice que a Berríos lo enterraron con la cabeza abajo, como mueren los traidores creo que dicen, pero lo cierto es que se encontraron balas, elementos de balas. Y hay toda una investigación criminológica bastante significativa. Ahora, el proceso, como tú ves, mira todos esos tomos [señala pilas de volúmenes de documentos judiciales], no está completo acá, faltan los últimos…

–¿Cuántos años lleva este proceso?

–Desde el 2002 al 2011…

–Nueve años…

–Nueve.

–¿Y cuántas fojas son, más o menos?

–En este momento yo te diría que, por lo menos, tengo aquí conmigo, y me faltan fojas… –el ministro Alejandro Madrid es un magistrado extraordinariamente eficaz–, nueve mil, más las últimas…

–No, es un dato general nada más…

–Te digo que de todas maneras son más de 10.000 fojas, tomo treinta y tanto: más de 30 tomos…

–Este juicio ¿es para esclarecer la muerte de Berríos…?

–El secuestro, el homicidio y la asociación ilícita, que es lo que a mí me importa.

–Usted está involucrada en este proceso como…

–Como abogada querellante… Y también se hizo parte en este juicio mi sobrino José Ignacio Letelier Morel, hijo de Orlando que reside en Isla de Pascua.

–Entonces, ¿el “Caso Berríos” es una derivación…?

–Del “Caso Letelier”. ¡Claro! Ésa es la importancia de esta causa, por la relevancia de Berríos… Tengo un libro que escribió un uruguayo sobre el caso, que por lo menos es algo… El libro del periodista Samuel Blixen.

–Cuando se conozca la sentencia definitiva quizás sólo aparezcan unas pocas líneas en los grandes medios y no se conectará el “Caso Berríos” al “Caso Letelier…

–…Si es que algo sale… Y sólo se hablará de Berríos, no de Letelier, y nadie sabrá que tiene que ver Berríos con el “Caso Letelier”. Además, estamos hablando de ejércitos y de oficiales que todos, todos siguieron sus carreras, ascendieron de grado y categoría, ahora son brigadieres, generales, porque son muchos los que están involucrados.

– La causa la instruyó el magistrado Alejandro Madrid…

–Del 6° Juzgado del Crimen. O sea, el es ministro extraordinario nombrado por la Corte de Apelaciones para investigar el secuestro y el homicidio de Berríos.

–Me imagino que la familia de Berríos está interesada en este juicio.

–Mira, Berríos se casó con una mujer muy bonita, que se llama Gladys Schmeisser, que era bailarina, y qué se yo, quien tiene una historia bastante complicada, aunque yo no me meto en las vidas personales, pero también Berríos vivía con una tía que tenía una pastelería, donde había instalado un laboratorio químico para estudiar la boldina, todo esto además de ser miembro de la DINA.

–Y la boldina la comercializaba…

–Claro, está en el expediente, todo lo que fue la tesis de grado que él hizo sobre la boldina, que francamente es…

–…una infusión de la hoja de boldo.

–De la hoja de boldo, que tiene propiedades medicinales. Francamente, él era un químico de alto vuelo, digamos.

–Que tiene propiedades medicinales para conservar la vida y después se puso a investigar en productos para hacer todo lo contrario: quitar la vida.

–Quitar la vida. ¡Exactamente! Y esta investigación ha tomado muchos años, en que el ministro Madrid ha realizado diligencias de investigación muy importantes acerca de cuál fue la participación de los oficiales y miembros del Ejército –son todos del Ejército– que participan en este delito. Y por supuesto, en la sentencia vamos a tener condenados no solamente a Ramírez Rurange, pues él se retiró, sino también a quien siguió a cargo, que es un general llamado Adrián Covarrubias, quien también está involucrado porque tuvo pleno conocimiento de lo que pasaba con Berríos. Y además, está también involucrado uno de apellido Provis, que era el comandante del Batallón de Inteligencia, donde Berríos estuvo viviendo 15 días, protegido en un establecimiento militar. Y se demuestra que tú no puedes ingresar a un establecimiento militar para vivir allí, a residir en el subterráneo con el apoyo del comandante Provis, sin autorización del Ejército, evidemente. Entonces, en toda la investigación del ministro Madrid se demuestra que en todo esto estuvieron efectivamente coludidos Provis, el general del DINE y otros. Este proceso demuestra cómo el Ejército de Chile, después de terminada la dictadura, siguió actuando en forma coordinada para llevar a cabo esta operación, porque Berríos tampoco fue el único que fue sacado del país para impedir que declarara ante la justicia. Hay otros dos casos más en la llamada “Operación Control de Bajas”. Uno es el ex mayor Carlos Herrera Jiménez, a quien también sacaron del país [se declaró culpable de los asesinatos de Tucapel Jiménez, ex presidente de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), bajo las órdenes de la DINE, y del carpintero Juan Alegría Mundaca, por cuenta de la Central Nacional de Información, CNI]. El otro es el ex capitán de Ejército CNI Luis Arturo Sanhueza Ross. Son tres los miembros del Ejército que por estar involucrados en violaciones de los derechos humanos fueron sacados de Chile por orden de las más altas jerarquías del Ejército, para evitar su concurrencia a los tribunales en la investigación de otros crímenes. Los tres estuvieron en Argentina y Uruguay protegidos por el Ejército para evitar su comparecencia por otros crímenes, como el caso de Tucapel Jiménez.

Pero, además, y esto es importante, también al ministro Madrid la familia Frei le ha presentado y, fundamentalmente, la ex senadora Carmen Frei, una demanda, una acción o una querella, para que investigue si efectivamente el ex Presidente de Chile Eduardo Frei Montalva fue o no muerto en la Clínica Santa María de Santiago mediante un producto químico de este tipo, en cuya fabricación también habría participado Berríos. ¿Entiendes?

–Estos tres hombres fueron sacados de Chile en democracia, financiados con dineros del Estado…

–Los anteriores fueron sacados antes…

–En Uruguay también hubo una contraparte, el Ejército de ese país, que hizo exactamente lo mismo y prestó toda la infraestructura, asumió gastos con cargo al Fisco…

–¡Claro!

–Y también bajo un régimen democrático, ¿no?

–Exactamente…

–Gobernaba Luis Alberto Lacalle…

–Claro. Y cuando se produce el escándalo de la huida de Berríos, del balneario donde estaba, ahí el Presidente Lacalle andaba en Europa cuando se le comunica que se ha producido este alboroto y que ha llegado, por una comunicación anónima al Senado, el hecho de que uruguayos estuvieran coludidos en este crimen, el primer mandatario regresa a su país y prácticamente tratando de mantener todo encubierto.

 

El “Caso Frei Montalva”

 

–El juez Madrid también investiga la muerte de Frei Montalva…

–La investigación de Madrid ha sido tan extraordinaria porque el “Caso Berríos” no sólo está conectado al asesinato de Orlando –a través de la parte que le toca a este químico–, sino que está vinculado a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Y ésa es otra enorme cantidad de investigaciones y de pruebas que han tenido mucha prensa, que ha suscitado adhesiones del Senado, de la Cámara de Diputados y todo lo demás, y que es una gran preocupación. Creo que será difícil para el ministro Madrid –no sé qué dirá la sentencia definitiva– probar que estando el presidente Eduardo Frei Montalva en la Clínica Santa María, cómo pudieron introducirle, haya sido Berríos o alguno de esos personajes, inocularle un elemento toxicológico que causará su muerte.

–¿Cuál es su impresión personal sobre ese caso?

–Espero que todo lo que han establecido con gran esfuerzo y con mucho apoyo económico –han ido al Uruguay, han nombrado abogados y qué sé yo– ojalá lo pueda probar el ministro Madrid, pero es un proceso muy complejo que el magistrado ha mantenido permanentemente en reserva.

–¿Cuál será el próximo paso en el “Caso Berríos?

–La designación del relator. Y el relator se va a demorar, porque tiene que conocer todos los expedientes…

–La sentencia ¿ya está en la Corte de Apelaciones…?

–Pero tienen que nombrar un relator y en ese proceso están. Y el relator, para poder entrar a alegar en la sala de la Corte de Apelaciones que se determine, donde tienen que llegar estas querellas, va a tomarse su tiempo. El relator tiene que narrar los acontecimientos, las pruebas y todo, así que se va a demorar. Eso me permite a mí poder, efectivamente, estudiar bien toda la documentación, porque yo soy la querellante, para poder alegar, sea yo, o Sergio Corvalán, quien es un gran abogado a quien le he dado representación para que los dos podamos seguir este proceso.

 

Las sentencias de primera instancia

 

? Arturo Rodrigo Silva Valdés, ex mayor del Ejército chileno, fue condenado a 10 años y un día de prisión en su grado medio "por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio de Eugenio Berríos Sagredo, descrito en el inciso final del artículo 141 del Código Penal, perpetrado en la localidad de Parque del Plata, Departamento de Canelones, Uruguay, en fecha no determinada que medió entre el 15 de noviembre de 1992 y el mes de abril de 1993".

"Asimismo, se le condena a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena por su responsabilidad como co-autor del delito de asociación ilícita descrito en el artículo 292 y sancionada en el artículo 293 del Código Penal, y que fuera formada en esta ciudad [Santiago de Chile], a partir del mes de octubre de 1991".

? Hernán Ramírez Rurange, ex general chileno, fue condenado a 5 años y un día, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, como co-autor de asociación ilícita.

? Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, ex general chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 541 días, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Manuel Jorge Provis Carrasco, exz brigadier chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Jaime Fernando Torres Gacitúa, ex mayor chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetúa por secuestro, y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Raúl Diego Lillo Gutiérrez, civil chileno DINE, 5 años y un día más inhabilitación perpetua, y otros 100 días por asociación ilícita.

? Pablo Marcelo Rodríguez Márquez, teniente coronel chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 70 días por asociación ilícita.

? Tomas Ventura Casella Santos, ex coronel de Ejército de Uruguay, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

? Eduardo Ernesto Radaelli Copolla, ex capitán de Ejército de Uruguay, 5 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 70 días por asociación ilícita.

? Wellington Sarli Pose, ex coronel de Ejército de Uruguay, 3 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

? Manuel Antonio Pérez Santillán, ex coronel del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por complicidad en secuestro.

? Juan Fernando Alfredo Torres Silva, ex general, ex auditor del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

? Nelson Williams Román Vargas, suboficial del Ejército chileno, 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

? Marcelo Ariel Sandoval Durán, suboficial de Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 60 días por asociación ilícita.

 

Absoluciones y cargos rechazados

? Gines Emilio Rojas Gómez, civil chileno, se rechaza acusación del Consejo de Defensa del Estado como cómplice de secuestro y cargos de obstrucción a la justicia.

? Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, ex coronel del Ejército chileno, se desestima su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

? Mario Enrique Cisternas Orellana (teniente coronel del Ejército chileno), Nelson Edison Hernández Franco (cabo del Ejército chileno, DINE) y Erika Silva Morales (secretaria de la DINE), fueron absueltos del cargo de autores del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

 

La sentencia también incluye indemnizaciones y reparaciones económicas en favor de los querellantes Fabiola Letelier del Solar, Gladys Schmeisser –la viuda de Berríos– y Gonzalo Berríos Sagredo, a cargo del Estado y de los condenados, quienes –además– deberán financiar las costas judiciales.

 

(*) Periodista y escritor chileno.


http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4761:a-35-anos-del-asesinato-de-orlando-letelier-aun-no-hay-condena-en-caso-berrios&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56

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