En el marco de la investigación del caso del asesinato de Orlando Letelier, un informe de la Corte Suprema revela los numerosos aportes en dinero que realizó la Dirección de Inteligencia Militar, DINA, a diversos estamentos como la Junta Militar, el Banco Central e incluso medios de comunicación por medio de cheques firmados, la mayoría, por el ex director de la institución Manuel Contreras.
Los aportes que realizaba la DINA a diversos estamentos del país durante la dictadura militar, los ejecutó por medio de una cuenta ficticia, denominada Dirección Nacional de Rehabilitación DINAR, cuyo titular era Manuel Contreras.
Así lo indica el informe de la Corte Suprema, contenido en la investigación que se lleva por el caso del asesinato de Orlando Letelier, según la agencia de noticias española, EFE, que tuvo acceso a los documentos.
La policía secreta de Augusto Pinochet financió en 1975 operaciones de la Junta Militar, de otros organismos del Estado e incluso tenía como beneficiados a medios de prensa en Chile.
Destacan los pagos de altas sumas de dinero a distintos regimientos, incluidas la comandancia en jefe y la Fábrica de Armas y Materiales del Ejército, Famae.
El ex director de la DINA, Manuel Contreras, actualmente condenado a 300 años de presidio por DDHH, giró contra esa cuenta, la Dinar, el año 1975 la suma de Mil 598 millones 496 mil 520 escudos cuando el sueldo mínimo en Chile era de 27 mil escudos.
El abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, aseguró que no deja de ser llamativo que fuera la Dina la que entregara estas sumas de dinero a estamentos tan importantes como el Banco Central, cuando era una policía financiada por el Estado. Sin embargo, obviamente no daba abasto para sustentar la serie de operaciones que realizaban como el pagar a informantes.
El abogado Caucoto informó la fuente desde donde adquiría esos recursos la DINA.
Agrupaciones de Derechos Humanos aseguran que este informe da cuenta que las violaciones a los DDHH fueron producto de una política represiva del Estado, de los que formó parte la prensa.
Así lo confirmó la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos , Mireya García.
Despiadada e inmisericorde. Como una plaga se expandió por los campos de la región la represión que se desató sobre los campesinos y trabajadores rurales inmediatamente después del golpe de estado de septiembre de 1973.
El campesinado de la zona se había integrado con entusiasmo y fervor a la ola de rebeldía que se forjó en el impulso de la reforma agraria y en la conquista de derechos y libertades. Una vida digna era el objetivo que motorizaba las luchas y esperanzas de los pobres de los campos. “La tierra para el que la trabaja”, era la forma específica que adoptaba el comienzo de ese camino por una vida mejor.
El gobierno popular de Salvador Allende impulsaba una reforma agraria que se proponía afectar solo a los fundos de más de 80 hs. de riego básico que, dada nuestra geografía y resquicios legales de los poderosos, dejaba reducida su aplicación a unos cuantos predios del llano central. La explotación de los trabajadores del campo, sin embargo, se desarrollaba sin límites ni reparos desde el mar a la cordillera, y desde la cordillera al mar, en fundos y latifundios de distintos tamaños y características. Pero llegado el triunfo del gobierno de Allende, los campesinos y trabajadores agrícolas que vivían y sufrían esa explotación patronal no se fijaron en límites de hectáreas, ni se subordinaron a definiciones programáticas ajenas, para proponerse zafar del yugo de los patrones. Emprendieron su propio camino de lucha y se tomaron fundos y predios para ejercer su libertad y exigir o aplicar sus derechos. Las tomas condujeron a la expropiación de los fundos y latifundios, a la generación de asentamientos y comunidades campesinas, a la construcción de sindicatos y cooperativas, a las organizaciones colectivas y amplias, a forjar su propio destino.
Esta ola de rebeldía campesina generó, inevitablemente, el odio absoluto de patrones, de los momios (fachos), de los poderosos. En esta zona las corrientes derechistas eran poderosas, contaban con grupos paramilitares organizados, siguieron y siguen siendo poderosas. Cuando lograron consumar el golpe de estado que derrocó al gobierno de Allende, desataron todo su odio, su ánimo de revanchismo, su sed de venganza sobre el campesinado y los trabajadores del campo.
Los antiguos patrones junto a bandas paramilitares de derecha, otros lacayos de los poderosos, lideraron con lista en mano las incursiones que se desataron sobre los campos por parte de las tropas uniformadas; o bien, esos civiles se integraron plenos de entusiasmo criminal a las incursiones represivas.
Las tropas de uniformados, militares y carabineros, llevaron a cabo incursiones represivas sobre los lugares, fundos, caseríos, que más se habían destacado en la lucha por sus derechos durante el gobierno de Allende, o desde antes, o desde siempre. El objetivo era acallarlos, aniquilarlos, someterlos, restablecer el orden patronal de la mano del poder de la bala y la bayoneta de los uniformados.
Esto fue particularmente masivo y virulento en la provincia de Bío-Bío, en especial en las comunas de Santa Bárbara, Quilleco, Quilaco y Mulchén. Allí los civiles incluso actuaron por su cuenta, o participaron de interrogatorios y torturas al interior de las unidades militares y policiales, o participaron activamente en ejecuciones de campesinos apresados. Las acciones represivas buscaban no solo el amedrentamiento de los ciudadanos sino el sometimiento popular y sembrar el terror en la población en su conjunto. A estas razias, se agregó el despreciable método de hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas que iban causando las hordas represivas; situación de desaparición que en la mayoría de los casos se mantiene hasta hoy. Esta práctica dio inicio a la existencia de detenidos desaparecidos.
Un caso que grafica de modo brutal la brutalidad (valga la redundancia) y el odio de los ejecutores, sus métodos despiadados y macabros, lo encontramos en lo ocurrido con la familia D’Apollonio en la comuna de Santa Bárbara. Sergio D’Apollonio Peterman, obrero agrícola de 48 años, casado, 9 hijos, y su hijo Carlos Jacinto D’Apollonio Zapata, obrero agrícola, 22 años, fueron detenidos a las 3 de la madrugada del 23 de octubre de 1973 por carabineros del Retén Santa Bárbara. Los aprehensores se hacían acompañar por el facho civil Jorge Domínguez y movilizaban en una camioneta del latifundista José Domínguez, padre del anterior. Luego de detenerlos los llevaron a un puente cercano que cruza el río Bío-Bío; los hicieron descender del vehículo; los ejecutaron con ráfagas de fusilería; una vez muertos, arrojaron sus cuerpos al río. Todo esto fue visto por la esposa de Sergio Apollonio y su hija Cristina quienes habían seguido los pasos de la comitiva y observaban ocultas los hechos a cierta distancia. Al amanecer, cuando los policías se habían marchado del lugar, ambas mujeres bajaron hasta el lecho del río e intentaron recuperar los cuerpos de sus deudos desde las aguas. Solo pudieron rescatar el cuerpo de Carlos Jacinto. El día 24 de octubre, en circunstancias que se encontraban velando el cadáver de Carlos en la casa familiar, llegaron hasta la vivienda los mismos carabineros del Retén Santa Bárbara quienes, por el imperio del poder de las armas, se llevaron el cadáver para arrojarlo nuevamente al río Bío-Bío, esta vez sobre el Puente Pinto, más al interior de la cordillera. Casos como éste se encuentran por decenas en los campos de la zona, pero no sólo en los campos se atacó al campesinado.
En los hechos, la represión desatada sobre localidades y pequeños pueblos de la zona también se inscribe en esta gran represalia dirigida contra el mundo campesino y rural. En ese marco se incluyen las masivas y notorias acciones de represalia y aniquilamiento desarrolladas en lugares como Santa Juana, Nacimiento, Laja, Hualqui, Coelemu, San Rosendo, entre otros lugares.
Para los gestores y ejecutores del golpe de estado el mundo rural fue un objetivo prioritario de la subsecuente represalia desatada sobre la población. No menor es el dato que en la zona que comprende la actual región el 29 % de las víctimas (ejecutados y detenidos desaparecidos) provocadas en la primera época post golpe (entre septiembre y diciembre de 1973) es gente del mundo campesino y rural de la zona. En la provincia de Biobío este porcentaje alcanza el 43,5 % de las víctimas y en la provincia de Ñuble el 34,5 %. A estas víctimas hay que agregar aquellos campesinos que fueron detenidos, encarcelados, torturados, expulsados de sus tierras, como parte de esta guerra contra el pueblo instigada por los patrones y ejecutada por uniformados y fachos.
Así se estableció el imperio del terror en los campos. Y los antiguos patrones recuperaron sus fundos y potestades, restablecieron su orden amparados en la violencia y criminalidad del régimen dictatorial.
En 1973 el Capitán Joaquín Molina estaba destinado al 14º Regimiento de Coyhaique, bajo el mando del entonces Coronel Humberto Gordon. Luego del Golpe Militar fue destinado a Hacerse cargo del campo de prisioneros Las Bandurrias, en las cercanías de Coyhaique. Los presos de aquella época recuerdan que Molina se hacia llamar “El capitán mas malo de todo Chile”.
El día 27 de Octubre de 1973 Joaquín Molina encabezo la comitiva que fue a Río Mayo en Argentina para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que fueron capturados por Gendarmería Argentina cuando escaparon a ese país en busca de refugio político. La comitiva estaba además integrada por el medico José María Fuentealba Suazo, también miembro del Ejercito, un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo con la inscripción del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile
Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares “les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligo al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llego al recinto militar. Solo viajaban en su interior los dos uniformados y el medico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy”. En el mismo diario Maria Erita Vera, hija de Juan Vera señala. “Los prisioneros de Las Bandurrias me dijeron que el Doctor venia pálido, que no hablaba y que temblaba”.
Este agente fue muerto por el hijo de Manuel Contreras en 1989.
Martes 14 de Mayo 2002 Primera Linea
Corte de Coyhaique confirma proceso a ex médico del Ejército por DD.DD.
Por tres votos a uno, la Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó el sometimiento a proceso del ex funcionario de Ejército José María Fuentealba, implicado en la desaparición de tres personas en octubre de 1973.
La defensa solicitó la semana pasada la libertad del ex médico de la institución castrense, la que fue negada por el tribunal de alzada, y ahora decidió además someterlo a proceso.
Fuentealba participó en la comitiva militar que luego del golpe de Estado se trasladó hasta Río Mayo, en Argentina, para capturar a Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que estaban retenidos por Gendarmería Argentina cuando escaparon a ese país en busca de refugio político.
La comitiva estaba compuesta -además del doctor Fuentealba-, por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains, según consigna el sitio www.memoriaviva.cl.
Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo con la inscripción del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, donde se pierde su rastro.
"Los militares les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llego al recinto militar. Solo viajaban en su interior los dos uniformados y el medico", agrega la información.
Este fin de semana se realizó una inspección ocular a la Reserva Forestal Coihaique del Cementerio El Claro, con la presencia de los procesados Evaldo Reidlich y Fuentealba, para verificar antecedentes que se relacionan con la causa.
El abogado Rafael Alvarado, defensor de Juan Vera, uno de los tres desaparecidos tras ser entregados a militares chilenos por gendarmes argentinos, adelantó que se ordenarían nuevas diligencias para identificar al resto de integrantes de la patrulla del ejército que participó en el hecho
Nota aclaratoria:
Esta ficha anterior consignaba el nombre del medico como Luis Fuentealba, (como aparecio en el reportage del diario La Epoca). Eso no es correcto. El nombre correcto del doctor a los cuales se refiere la informacion (del diario La Epoca) es el Dr JOSE MARIA FUENTEALBA SUAZO. El Dr Luis Fuentealba no esta relacionado con los hechos que arriba se indican.
La historia no contada de los 36 civiles que provocaron la muerte de cientos de campesinos
Venganza sin uniforme
Un equipo de LND recorrió 2.500 kilómetros, en tres regiones del sur de Chile, para escudriñar en los secretos de las matanzas más feroces de campesinos ocurridas en la dictadura. Detrás de esos crímenes estuvieron terratenientes, comerciantes y vecinos que hicieron la guerra sucia aliados con militares y carabineros. A 35 años de estos crímenes, y a pesar de que en algunos casos ha llegado la justicia, la mayoría sigue libre y aún recorren como amos y señores los campos, pueblos y caseríos del país.
Por Jorge Escalante, Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo
Fue la venganza que aterrorizó poblados enteros, amparada cada vez en la oscuridad de la noche. Los autores de los crímenes de campesinos y trabajadores de otros oficios fueron civiles amos del lugar, que tras el golpe militar y aliados con los militares y la policía uniformada, decidieron la vida y la muerte de las víctimas que eligieron. Algunos actuaron disfrazados con atuendos de guerra, preparados y decididos a exterminar a quienes habían defendido sus derechos contra la explotación instalada desde siempre en los campos. A veces, desde antes de la asonada golpista, ejercieron tareas paramilitares junto al movimiento de ultraderecha Patria y Libertad. Otros actuaron vinculados a distintos grupos de corte fascista organizados para oponerse por la violencia a las conquistas de los trabajadores en los años del sueño socialista. Pero todos respondieron con el odio de presenciar cómo sus eternos súbditos y servidores de sus deseos reproductores de la fortuna, les ganaban terreno contrarrestando humillaciones y atropellos de su dignidad y la de sus familias. Especialmente al interior de los fundos donde la ley era el patrón.
Historias dramáticas donde en algunas ocasiones los mismos padres o parientes culparon a los suyos por involucrarse en las luchas sindicales por mejoras laborales, justificando a sus patrones, a estos activistas civiles y a los militares, por haberles dado caza y hacerlos desaparecer.
En cada ciudad, en cada pueblo o caserío precordillerano donde la muerte llegó vestida de civil o disfrazada de verde olivo, el terror infundido por la mano de estos poderosos permanece hasta ahora. Sus habitantes se muestran hostiles a las preguntas sobre aquellos tiempos. Invocan el olvido por el paso del tiempo, o simplemente confiesan mirando alrededor que todavía temen a que regrese el azote que llenó de sangre las calles y senderos rurales.
Algunos de estos civiles autores de las masacres todavía se pasean por los mismos recorridos que frecuentan los familiares de los caídos para comprar el pan del día. A veces los escupen al pasar, insultándolos por haberlos llevado a sentarse en las bancas de los acusados en un tribunal.
Las madres o hermanos que se atrevieron desde temprano a vencer el miedo de la amenaza constante persiguiendo judicialmente a estos hechores, sufrieron el doble castigo de perder a los suyos y recibir el desprecio de sus vecinos. Y hasta de los propios compañeros de combate de sus deudos, que cruzaron al otro lado de la vía para esquivar aquellos ojos tristes y desamparados que nunca dejaron hasta hoy de buscar a sus desaparecidos.
La Nación Domingo recabó la lista de los 51 civiles procesados o condenados por el secuestro y desaparición, o por los homicidios, de operarios del campo y otros que ejercían múltiples oficios. Del total, 15 corresponden a alemanes de Colonia Dignidad, que no son abordados en este reportaje porque sus andares son conocidos. Sin embargo, en la gran mayoría de los otros 36, sus identidades y acontecimientos permanecen todavía desconocidos públicamente.
El equipo de tres periodistas de LND recorrió 2.500 kilómetros y cruzó tres regiones entre Osorno y Los Ángeles, incluyendo zonas precordilleranas, para rehacer la ruta de la venganza. Todo sucedió en medio del temporal más grande de los últimos 30 años, que dejó 17 mil damnificados, sorteando con su vehículo carreteras y caminos interiores inundados.
SEÑORES DEL FIN DE CHILE
Miguel Ángel Fuentealba tenía cinco años cuando el 10 de octubre de 1973 el negro de la noche se tiñó de rojo en el caserío de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina. A su padre lo llevaron junto a otros diez campesinos sobre el puente del río Toltén en Villarrica, le dieron varios tiros y le abrieron el vientre con corvo para que su cuerpo no flotara y desapareciera en la corriente.
Miguel, hoy en los cuarenta, por muchos años no supo qué pasó con su padre, Isaías. Por las tardes se peinaba bien, se ponía su mejo r ropa, "y bien lustradito me sentaba en un sillón que había afuera de la casa a esperar que mi viejo volviera en la micro del fundo en la que siempre llegaba". Tartamudea un poco, lo que le sobrevino desde entonces, mira a los ojos, y de repente su voz se hace más leve por la emoción del recuerdo. Afuera, en las calles de Villarrica, donde lo encontramos en un café, la lluvia es imponente.
Luis García Guzmán era el hijo de Julián, dueño de las Termas de Liquiñe, rabiosos anticomunistas ambos. La hostería y cabañas del complejo sirvieron de cuartel general para la cacería. Allí, Luis García y su padre, ya fallecido, le hicieron la lista de quiénes había que cazar al capitán Hugo Guerra Jorquera, que llegó con fuerzas militares de Valdivia. Los García pusieron también los vehículos para transportar a los detenidos hasta su destino final.
Once campesinos de los fundos Paimún, Trafún y Carranco sufrieron la condena que les impusieron estos amos y señores del pueblito.
El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, al que pertenecían los tres predios, la mayor área maderera en hectáreas y poder de los campesinos de la historia de Chile, fortalecido durante el Gobierno de Allende con José Liendo Vera, el "comandante Pepe", como su principal líder, fue temido entonces por los terratenientes de la precordillera de la X Región. Ahora era el tiempo de la reversa, cuando había que cobrar en vidas.
Pero esa noche la esposa de Luis García, María Hernández Calderón, vio todo. Veinte años después, García la abandonó con sus dos hijos por otra mujer, y fue ella quien ahora se vengó y denunció lo que presenció aquella noche de octubre: los once campesinos amarrados y vendados arriba de los vehículos de los García, y su marido manejando, uno de ellos vestido de militar. Ella vio salir desde la hostería el convoy de la muerte destino al río Toltén.
Refugiados de la lluvia bajo el alerón del edificio donde habita en Villarrica, María habló con LND para contar su desdicha. Pero después de su confesión a la justicia en 2005, García la visitó y con amenazas la obligó a firmar una carta desdiciéndose de sus declaraciones donde relató lo sucedido.
"Le firmé la carta para que me dejara tranquila, porque era prepotente, ya nadie lo quiere por eso". Pero meses después, la mujer arremetió de nuevo y volvió a ratificar sus dichos en el proceso que se instruye por este episodio. Sorprende su entereza y valor, y sus ideas claras. Huimos del frío y la lluvia y nos acompaña a tomar chocolate caliente para entibiar los recuerdos amargos.
Como una jugarreta del destino, Luis García, que también fue "alguacil" de Carabineros, bautizó su actual negocio de maderas nativas con el nombre de uno de los fundos de la tragedia: "Maderas Nativas Paimún S.A.", en la carretera entre Villarrica y Lican Ray. Allí lo buscamos sin suerte. Su mujer dice que está en Santiago.
SENTENCIA DE FAMILIA
Miguel Ángel, uno de los cinco hijos que dejó su padre, Isaías, no oculta que por mucho tiempo pensó en matar a los García cuando años después supo la verdad. De adolescente debió trabajar en las termas porque eran los únicos que en el villorrio daban trabajo. Su madre, Honorinda, también sirvió para los señores. Y los García con sus compinches militares siguieron acudiendo a festejar y cantar con la guitarra a la fonda de su abuela en Liquiñe.
"Hay todavía una esperanza de que él vuelva, aunque sé que es irracional Mi hija me dice a veces: ¿y si el abuelo está vivo en otro país? Es que la mente es tan extraña", divaga Miguel Ángel, mirando por la ventana del café a la calle mojada.
En octubre de 1994, los García vendieron el complejo turístico a la Armada, que lo adquirió en 196 millones de pesos, bajo la lupa del notario de Panguipulli Leonardo Calderara.
Consultado el comandante en jefe, almirante Rodolfo Codina, afirmó desconocer el trágico pasado de lo que ahora es un sitio de esparcimiento para oficiales y gente de mar. "Desconozco si estas termas tenían alguna vinculación con violaciones de los derechos humanos", respondió el almirante a LND.
En Liquiñe, las tías de Miguel Ángel, Gloria y Marta, se sorprenden con nuestra llegada a preguntar por aquel pasado que ellas y todo el pueblo quisieran enterrar para siempre.
Suenan violentas las expresiones de cariño hacia "el abuelo Julián" y "don Lucho", los García que ayudaron a matar a su cuñado Isaías. Marta es directa: "Él se lo buscó, para qué anduvo metido en tonteras", sentencia en defensa de los amos del caserío. Y completa el sentimiento advirtiendo que fue Isaías el verdadero culpable de su propia muerte y no los García. Las palabras de la mujer parecen su propia sentencia en el almacén donde la encontramos. Su hija también habla familiarmente del "abuelo Julián" como si fuera el suyo propio.
Hace un par de años, el pueblito de Liquiñe salió a las calles con banderas y pancartas para apoyar a Luis García, después de que éste fue condenado en primera instancia a cinco años y un día como autor de los secuestros y desaparición de los campesinos. "Don Lucho" llegó pidiendo firmas de apoyo en su favor, y casi todos los 1.200 habitantes del lugar lo respaldaron y abrazaron.
Es la vida real y contradictoria de estas aldeas donde a veces parece que ni el mismo Cristo llegara todavía. Tan contradictorio como el cielo tormentoso que de repente se abre en un descanso del diluvio, y en medio de la oscuridad, la soledad y el silencio más pleno nos devela su manto de estrellas y constelaciones que sobrecogen y que contemplamos entumidos, con respeto a la inmensidad y al misterio de ese universo del sur.
LOS DUEÑOS DEL MUNDO
Bajando hacia el norte, en la VIII Región, está Santa Bárbara. Desde ahí, más de 30 kilómetros hacia la cordillera, un interminable camino sinuoso, lleno de barro y plagado de bosques forestales, termina en el imponente fundo El Huachi. Lo antecede sólo el caserío del mismo nombre, humilde a su alrededor, que parece una prolongación azarosa del campo propiedad de la familia Barrueto Barting. No es casualidad que todos los conozcan, ya que muchos de los lugareños trabajan sus tierras y se instalaron ahí buscando una forma de subsistir.
Para llegar hasta el fundo donde viven los hermanos Manuel y Ricardo Barrueto sólo basta con pronunciar su apellido y los brazos se alzan siempre en la misma dirección, profundo hacia los bosques. Ya al interior de la propiedad, una de las empleadas de la casa con impresionante vista al río Huequecura nos cuenta que "el patrón" salió de mañana, debido a que tiene otro domicilio en Los Ángeles y que alterna su permanencia entre ambos lugares. "Está algo enfermo, partió a hacerse unos exámenes, lo más probable es que llegue mañana o pasado", dice con amabilidad.
Tras la desalentadora respuesta, la vuelta hacia Santa Bárbara se hizo inevitable. Luego de avanzar por colinas escarpadas, apareció el camino que indicaba la salida del fundo. Pero el portón está bloqueado por una moto todo terreno que se encuentra atravesada, como si fuera un pino más de los miles que los Barrueto tienen en su predio dispuestos para la tala. A un costado del vehículo, un hombre alto espera en actitud amenazante. Tiene pelo cano, ojos secos y el rostro envuelto en un par de mejillas pálidas. Usa un jockey rojo y con la mirada baja se acerca inquisidor. En una mano lleva una cámara fotográfica digital; la otra se posa sobre un bulto ubicado en su cintura. Luego de escrutar el automóvil y a sus integrantes, su pequeña boca cuenta escuetamente que es Ricardo Barrueto Barting.
No lo reconoce, pero él es uno de los dos hermanos que actualmente se encuentran procesados por el secuestro de seis campesinos, recién ocurrido el golpe, todos ellos empleados en su fundo.
Sin más trámite nos expulsa de la propiedad; no hay más preguntas. "Acá no se entra sin mi permiso", sentencia. Toma una fotografía de nuestro automóvil y de la patente, mientras nosotros lo inmortalizamos de vuelta con nuestra cámara.
Veinticuatro horas más tarde nos enteraríamos que a la empresa Seellmann Rent a Car llamó un supuesto detective de la Policía de Investigaciones, donde fue arrendado el vehículo, para pedir los datos de los arrendatarios, argumentando que había sido utilizado "por activistas mapuches para causar disturbios".
Doña Norma Panes conoce bien las tretas de Ricardo Barrueto. En 2006 luego de que el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana asumiera varias causas de derechos humanos en la zona del Biobío tuvo un careo con él. Se dio en medio de la reconstitución de la escena por los 20 secuestros de obreros y campesinos que sufrió la localidad de Santa Bárbara entre septiembre y octubre de 1973 y que tienen hasta ahora a muchas familias sin conocer el paradero de sus padres, maridos, hijos o hermanos. Ahí, frente a su rostro, Ricardo le señaló que la noche en que su marido, Miguel Cuevas Pincheira, "fue sacado de la casa en calzoncillos por hombres uniformados", él no estaba ahí.
Pero ella asegura que los Barrueto fueron parte del grupo de civiles que, disfrazados de militares, se llevaron a su marido en medio de la noche del 20 de septiembre. Norma Panes dice que los vio claramente y también su hija. Al mostrarle la foto actualizada (ver imagen) que obtuvimos de Ricardo Barrueto, Norma no duda: "Es él". Su rostro, como el de Manuel, quedaron grabados en su memoria con tanta fuerza como aquellos años en que su marido fue un trabajador más del fundo El Huachi, labor que alternaba con su oficio de zapatero.
Los testimonios de las familias de seis campesinos más que trabajaban en El Huachi, secuestrados el mismo día y en horas cercanas, permitieron que en 2002 se procesara a los Barrueto y a los civiles Sergio Fuentes Valenzuela, Jorge Domínguez Larenas y los también hermanos Jorge y José Valdivia Dames, quienes conformaron una verdadera mini-Caravana de la Muerte. Norma lo grafica de la siguiente forma: "Ese día lo que hizo el grupo de civiles, todos ellos miembros de Patria y Libertad, junto a los carabineros fue, literalmente, limpiarle el campo a los Barrueto".
Luego, un recuerdo de los años posteriores a la desaparición de su marido viene a su mente: "Todos ellos eran amigos entre sí. En una ocasión, en plena dictadura me topé con un par en una esquina. Como sabían que yo todavía buscaba a mi marido, me escupieron a la cara", dice.
La actitud de los Barrueto, al parecer, no es muy distinta. Tras mover la motocicleta para dejar libre la vía, minutos después, uno de los campesinos nos hizo dedo para acercarlo a la carretera que une Ralco con Los Ángeles. En el camino contó que Barrueto le había consultado si sabía de quién era el vehículo blanco que había ingresado sin permiso al fundo. Y nos advirtió sobre Ricardo: "Cuando los vio entrar a ustedes dijo que de aquí no salían". El joven, un sencillo trabajador forestal, con lucidez agregó que "es un hombre malo, prepotente, un carajo como patrón, que paga apenas para subsistir. Se aprovecha del sufrimiento y la necesidad del trabajador".
Actualmente, los civiles responsables de la matanza permanecen procesados. Luego de ejecutarlos, la mayoría fueron lanzados al río Biobío desde el puente de Santa Bárbara.
AMIGOS INSEPARABLES
Unos pocos kilómetros al sur de Santa Bárbara, en Mulchén, otra ola de secuestros se llevó a cabo gracias al trabajo coordinado de civiles y Carabineros. Organizados de la misma forma, pero en esta ocasión vestidos con sus ropas, llegaron en la noche a buscar su venganza. Una de ellas recayó sobre el obrero y dirigente de un sindicato campesino José Orellana Gatica. Sus aprehensores: Rolf During Pohler y Samuel Arriagada Domínguez, más el contingente policial a su servicio. El motivo era claro: el obrero trabajaba dentro del fundo Verdún (nombre que alude a la sangrienta batalla de la Primera Guerra Mundial protagonizada por alemanes y franceses), cuyos dueños eran los padres de During.
La esposa de José Orellana, Sara Mendoza, recuerda que la noche del 28 de septiembre del ‘73 el piquete llegó afuera de la casa que tenían al interior de la propiedad patronal. Sin preguntar abrieron fuego y luego de unos instantes botaron la puerta. Tomaron a su marido y lo sacaron a la fuerza. No le fue difícil reconocer a During y a Arriagada, ya que siempre los veía juntos dentro del fundo. Desesperada, salió con un candelabro, pero de un balazo lo volaron de su mano. El padre de José, quien también vivía ahí y trabajaba para los During, no se levantó. Su esposa le rogó que intercediera a favor de su hijo, pero el hombre, fiel a su patrón, le contestó que se callara y siguiera durmiendo. Pocos días después, el hombre echó a Sara del fundo y continuó trabajando para los During durante toda su vida. En ese momento ella tenía 21 años y seis meses de embarazo.
Para el equipo de LND fue imposible dar con Rolf During, ya que se mueve entre varias propiedades que mantiene entre la VIII, IX y X Región. Sin embargo, encontramos a su hasta ahora inseparable amigo, Samuel Arriagada, con quien viajó en el mismo vehículo a declarar por este caso a la Corte de Apelaciones de Concepción.
También hijo de latifundistas, pero hoy venido a menos, Arriagada no figura en ningún registro público. Sólo la casa a nombre de su hermana nos alerta sobre su posible presencia. Es una casona de madera, antigua, ubicada en la esquina de las calles Soto y Villagrán. En un pequeño almacén, ubicado a un costado, nos confirman que en esa casa vive Samuel Arriagada y que si bien es un personaje poco afable, no saben que esté involucrado en crímenes cometidos durante la dictadura.
Ante la presencia de una cámara fotográfica, de todas las personas que pasaron por el lugar, el único que puso mirada sospechosa y se molestó cuando fotografiaban el frontis de la casa fue un tipo de unos 65 años, que vestía casaca y blue jeans. A los pocos segundos ingresa al domicilio y ya no queda duda: es Samuel Arriagada.
Consultado por su situación procesal, al principio negó estar involucrado en ningún juicio. Al recordarle que estuvo detenido varias semanas, en 2003, dice no tener nada que ver y que no confía en la prensa. No aceptó más preguntas, sólo se mantuvo con la vista fija hasta que nos perdimos de su esquina.
Su hermetismo silencioso contrasta con la imagen que se llevó Sara cuando se careó con él. "Le faltó sólo pegarme", recuerda. Pero ella nunca se achicó. "Cada vez que los encontraba en el banco o en algún lugar, yo llegaba con mi hijo en brazos y le decía, sobre todo a Rolf: ‘Mátame a mí también’. Él siempre se limitaba a bajar el rostro. Su madre llegó a ofrecerme dinero para que yo dejara de acusarlos. A mí eso no me interesaba. Ni un peso les acepté", cuenta la mujer de ojos negros y sonrisa tierna.
La actitud combativa de Sara es aislada. Los hermanos de José, por ejemplo, se negaron a realizarse exámenes de ADN en el Servicio Médico Legal para determinar si algunos de los restos óseos encontrados en diversas partes de Chile pueden coincidir. "Tienen miedo de que el golpe vuelva y arrasen con todo nuevamente", advierte Sara.
De todas formas, para ella siempre pudo más la añoranza de volver a encontrar a su marido. A pesar de que vivió 20 años con otro hombre y tuvo un hijo con él, no duda en mostrar sus cartas. "Elijo a José cien veces. Mis mejores momentos son cuando sueño con él. Estoy a su lado y me dice que deje de buscarlo. Ahí lo escucho y soy feliz. Cuando despierto todo cambia", cuenta.
Aunque ninguno de los dos confesó el secuestro, actualmente Samuel Arriagada está condenado en primera instancia a cinco años y un día de presidio por el secuestro calificado de José Orellana. A Rolf During, en tanto, se le impusieron 10 años. El motivo es que el descendiente de alemanes guarda otro muerto bajo la mesa. En este último caso sí reconoce que fue uno de los que apretó el gatillo.
EL COMPAÑERO DEL AÑO
En su declaración judicial ante el ministro con dedicación exclusiva Carlos Aldana, Rolf During reconoció que el 28 de septiembre, mientras hacía guardia de apoyo a Carabineros, recibió a Jorge Narváez Salamanca, quien llegó detenido en compañía de "un grupo de personas". No recuerda quiénes eran. Posteriormente, relata During, subió a un auto y se sentó al lado de Narváez hasta que llegaron al retén de Quilaco, un pequeño pueblo ubicado a pocos kilómetros de Mulchén. Ahí los esperaba el teniente de Carabineros Jorge Maturana (también condenado). Luego de una hora de espera, lo llevaron hasta el puente Quilaco, ubicado sobre el río Biobío, lo sentaron sobre una de las barandas y luego procedieron a ejecutarlo.
El otro civil que estuvo presente en la escena del crimen, José Horacio Pacheco Padilla, también declaró que During fue uno de los tres que disparó. Respecto de su participación, señaló que participó de la detención y que, como no estaba armado, sólo fue testigo ocular.
Sin embargo, Pacheco Padilla era compañero de colegio en el Liceo de Hombres de la ciudad de Jorge Narváez (iba un curso más arriba), pertenecía al grupo Patria y Libertad y también al grupo de apoyo civil a Carabineros. Por otro lado, Narváez tenía entonces 15 años, militaba en el MIR. De ahí que la evidencia judicial apunta a que fue él quien entregó el nombre de su compañero.
Cuando se pregunta por José Pacheco, en Mulchén su nombre suena conocido. "Maneja un colectivo de esos de letrero amarillo", comenta un vecino. La descripción agrega que trabaja para la "línea número 2", que tiene su garita al final de la calle Victoria, casi en el límite urbano de la pequeña ciudad. Es una casucha verde de madera, rodeada de los clásicos vehículos negros que llegan y se van. El resto de los colectiveros dicen que Pacheco maneja un Chevrolet Corsa, el único que hay en la línea. Además, todos cuentan que es un tipo afable y simpático. Ninguno de ellos reconoce saber que tenga algún tipo de problemas con la justicia. Lo consideran un hombre tranquilo que vive junto a su familia.
Tras unos minutos de espera, el vehículo aparece. De su interior desciende un tipo de unos 52 años, robusto, panzón, canoso y de bigote. Se apresura a indagar el motivo de nuestra presencia. "Una carrerita hacia Los Ángeles", le respondemos como excusa para saber cómo se desenvuelve a pesar de su pasado. Decide posar junto a su vehículo, con absoluto relajo.
En más de 32 años, nadie, excepto uno o dos familiares de las víctimas, le recordó su crimen: haber sido parte de un grupo de voluntarios que detuvieron ilegalmente a Jorge Narváez Salamanca, y participar en su ajusticiamiento.
Al igual que Rolf During, durante años Pacheco negó su participación en la muerte de Narváez. Sólo en los últimos años la memoria se le ha refrescado. Actualmente está condenado a cinco años y un día. Si se confirma su sentencia de primera instancia, tendrá que ir a prisión. During también.
EL LOCO BARRIENTOS
La metralla y el zumbido de las balas rompían el silencio de la noche del sur. Hoy, a medianoche, en los rincones de la X Región se sigue oyendo el batir de los árboles resistiendo el viento, las gotas de agua que caen desde las ramas y el murmullo de la fauna nocturna. La noche del 16 de septiembre de 1973 fue una de aquellas donde no fueron los truenos los que rasgaron la naturaleza, sino las ráfagas de las armas de uniformados y civiles que se descargaban contra campesinos, que eran parte generacional de esa naturaleza.
Esa misma fecha, a la misma hora, la familia Valderas se preparaba para dormir. Aunque habían sabido del golpe en Santiago, ellos no pensaron que las caravanas de la muerte que se desataron en el país podrían llegar hasta ellos. Es más, los 16 hermanos que componían la familia comenzaban a llegar para juntarse los días de Fiestas Patrias.
Todo esto hasta que se oyeron los pasos de varios hombres que se venían sobre la humilde vivienda, ubicada a 200 metros del camino que bordeaba el lago Puyehue. Flavio, el hijo mayor, se topó casualmente a mitad de camino con el grupo, cuando se dirigía a la letrina. "Alto ahí, buscamos a Flavio Heriberto Valderas, no te movái conchetumadre; te vamo a matar, culiao", dijo un carabinero. Un culatazo le quebró el arco superciliar derecho al joven y le desprendió parte de la piel. "Mi madre dijo que se le había salido el ojo del golpe", relata su hermana Luz Marina.
En su sencilla casa, ubicada en calle Diego de Almagro, ella relató a LND que "mi hermano era un chiquillo tranquilo, trabajador, que hacía un par de semanas se había peleado con un carabinero, y éste lo había amenazado. Esa noche, Barrientos acompañó a la patrulla de Carabineros, los guió y les facilitó vehículos. También les indicó donde vivía ‘Cantarito’ y entró con el destacamento para señalarlo, porque también pensaba que mi hermano le había trancado la puerta de su casa para molestarlo".
Consta en el expediente del caso que Flavio Heriberto nunca tuvo una actividad política y que su muerte, más bien correspondió a una venganza personal.
Pero Luz Marina Valderas no ha olvidado ninguna de las numerosas ocasiones que ha tenido que encontrarse con Jorge Barrientos Camadro, en Osorno. La justicia dice que fue uno de los responsables del secuestro y posterior desaparición de su hermano Flavio Heriberto, a quien apodaban "Cantarito".
Actualmente, Barrientos es un tipo que viste siempre con chaqueta, blue jeans y botas. Usa un sombrero de huaso y se moviliza en un todo terreno. Tiene dos fundos: uno en Puerto Octay y otro en Puyehue. Su vida, en los últimos 35 años, ha sido tranquila, a excepción de sus constantes arrebatos violentos y su conocido mal genio. El ex dueño de la Radio Sago, Pedro Burgos, relató a sus cercanos sobre una reunión en el club de caza y pesca local, donde asistió el sujeto. El anciano relató cómo Barrientos sacó de su cintura una pistola para disparar al aire porque no estaba de acuerdo con una decisión. Así ha pasado su vida, entre los fundos, la Feria Tattersall de ganado y, recientemente, desfilando por tribunales y pasando un tiempo en la cárcel.
Luz Marina hace muchos años que trabaja para el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ella cuida el departamento que el legislador mantiene en un céntrico edificio. Pero también trabaja, desde hace años, como garzona en eventos.
"Una vez me tocó el cóctel de inauguración de una planta de secado de Soprole. Yo servía en una bandeja y tuve pasar por su lado. Me conoció y me botó la bandeja de un manotazo", recordó la mujer.
Tampoco dice olvidar el odio con que la miró la mañana en que, nuevamente por casualidad, pasaba a dejar las llaves de su camioneta a un puesto de flores, antes de partir a Concepción, donde le esperaban varios días de prisión preventiva, el único tiempo que ha estado privado de libertad por la desaparición forzada del campesino.
Luego del recorrido, constatamos que a 35 años de las matanzas, estos "señores" siguen siendo los amos de sus pequeños reinos, cuyos súbditos les siguen temiendo, como si fuera hoy esa misma fatídica noche que muchos habrían preferido no vivir.
Domingo 7 de septiembre de 2008 ……………………….. Fuente: La Nación Domingo
Que la UDI está descontenta e indignada con Piñera por el traslado de los violadores de los derechos humanos a Punta Peuco y el cierre del penal Cordillera, se puede constatar en las declaraciones de los militantes de este partido en todo Chile. Pero donde el paroxismo de la violencia y las amenazas llegó al limite máximo es en San Antonio donde un Concejal y una secretaria de la Gobernación que dirige una adherente de este partido, amenazaron incluso con golpear al mandatario por el cierre del penal ubicado en Peñalolen.
La indignación de los militantes de la UDI contra el presidente Piñera por haber determinado el cierre del Penal Cordillera y por trasladar a los violadores de los derechos humanos a Punta Peuco ha llegado a límites grotescos, violentos y amenazantes con el mandatario.
En distintos lugares del país, algunos militantes de este partido de ultra derecha, han expresado su sentir contra el Presidente Piñera por tomar esa decisión. Ya lo había hecho el mismo viernes, el día del anuncio del traslado de los criminales, el diputado UDI por Talcahuano Jorge Ulloa quien atacó a Piñera por tomar esa decisión. En las últimas horas lo hizo, el secretario nacional de la UDI, José Antonio Kast.
Pero donde la violencia en las palabras llegó al paroxismo fue en el puerto de San Antonio.
Medios locales revelaron los posteos en facebook en que una secretaria pro UDI de la Gobernación Provincial y un concejal de la UDI donde insultan ferozmente al Presidente Piñera por la decisión de cerrar el penal Cordillera y trasladar a los nueve violadores y torturadores de los derechos humanos a Punta Peuco.
"Este concha de su madre, entregó sin pudor el país que tanto nos ha costado construir: hijo de putas de mí no te vienes a reír, te entregué mi apoyo y ahora me traicionas, ahora verás quien soy. Donde te vea no te escupiré tu asquerosa cara si no te pegaré un combo hijo de putas que se te van a quitar todos los ticks y te mandaré al infierno traidor y maricón", dice uno de los posteos del concejal UDI por San Antonio Ricardo García Vera bajo una foto en que al Presidente se le trata de "rata traidora".
Y añade: "Te vamos a ir a dejar la cagada a Santiago. Aprontate, no vas a tener elecciones hijo de perra", dice Garcia.
Singularmente -y en una acción que nadie cree- el Concejal Garcia dio una excusa torpe: "Me hackearon mi Facebook", dijo. Cerca de la medianoche de este martes, el concejal UDI Ricardo Garcia sacó y borró todos sus violentos epitetos contra Piñera de su facebook, pero ya habían sido grabados y archivados en la web.
En esa misma red social, la secretaria de la Gobernación Provincial de San Antonio, Ximena Zapata, (pinochetista y pro UDI) también insultó al Presidente Piñera. . Esta funcionaria que llegó al cargo con Sebastián Piñera dice que "por fin terminó por desenmascararse este traidor. Una más de la nueva pillería".
Y Ximena Zapata agrega que "prometiste mucho en tú campaña y todos los que votamos por tí, hoy nos arrepentimos". Es más llama a votar por Franco Parisi.
El facebook de la funcionaria del Gobierno y adherente de la UDI, está "engalanado" con tres fotos del dictador Augusto Pinochet. Y también tiene el mismo "afiche" del concejal Garcia donde sale Piñera y le denominan "rata traidora". Zapata trabaja directamente con la Gobernadora Provincial Karen Pichunante Canseco (pro UDI), recién designada por Andrés Chaswick en agosto.
Ambos, militantes y simpatizantes UDI, el Concejal Garcia y la secretaria Zapata aparecen en sendas fotos en sus facebooks con la vicepresidenta nacional de la UDI, la diputada María José Hoffman, para quien trabajan en su campaña a la reelección.
No, señora Angie de Krassnoff, lo que está pasando su marido no es injusto, ni nada parecido. No esta siendo torturado, no está siendo violado por perros, no está siendo electrocutado, no está incomunicado, no está desaparecido, y no está muerto, y cuando muera usted y su familia lo podrá enterrar, podrá llevarles flores a su tumba y podrán recordarlo con miles de anécdotas de décadas de haberlo conocido. Todo eso no pasó con todos a los que su marido mató.
Señora Angie de Krassnoff:
Ud acaba de enviar una carta a los medios acusando que su familia es víctima de un “show armado” y enfrenta un “burdo y odioso espectáculo“, y lamenta que su esposo no haya estado al lado suyo cuando su hija María murió.
María. Así se llamaba una joven de 24 años, que tenía familia y hermanos. Y esa joven está desaparecida desde 1975. María Elena González Inostroza, así se llamaba esta joven, que desapareció junto con su hermano, Hernán Galo González Inostroza .
¿Sabe ud quien era esta María? Debería saberlo, su marido fue condenado a 10 años de cárcel por haberlos detenido, torturado y desaparecido. A ella y a su hermano.
Señora de Krassnoff, ¿alguna vez ha pensando en qué edad tenía su hija María cuando su marido torturó y desapareció a María Elena? ¿Pensó alguna vez en los padres de esa María, y que en un momento la perdieron a ella y a su hermano? ¿Ha pensado que ellos perdieron para siempre a dos hijos? Su esposo, señora Krassnoff, pudo despedirse de su hija, que estaba muriendo por una enfermedad. Los padres de María y de Hernán no lo pudieron hacer, no pudieron ver a sus hijos, no saben dónde están sus hijos, sólo saben que fueron torturados salvajemente.
¿Pensó acaso en Rosetta Pallini González, que fue detenida junto a su hijo de sólo 5 meses de edad, y que estuvo detenida con esa María? ¿Pensó alguna vez en los padres de Rossetta que tuvieron que sufrir que su hija fuera torturada, exiliada y que muriese en México? Rossetta, cuando llegó a México, presentaba una destrucción vaginal entre otros daños físicos provocados por la tortura. ¿Fue su marido, señora Krassnoff, el que le hizo ese daño a una joven de tan solo 22 años? ¿Alguna vez, señora Krassnoff, cuando en 1974 ó 1975 estaba acostada a su lado, le preguntó a su marido a cuántas mujeres había violado ese día o cuantos hombres violó?
Hemos visto lo fieles que son los amigos de su esposo, señora Krassnoff, cómo desean homenajearlo y acompañarlo. ¿Pensó en que todas esas personas que su marido torturó y asesinó también tenían amigos? Mis papás lo eran, de María Elena, Hérnan y también de Rosetta. Los conocían, los querían, los lloraron cuando ya no los vieron más o cuando se enteraron que murieron, y ahora, gracias a que yo estoy escribiendo esto, se enteraron que sus tres amigos estuvieron en manos de su marido, señora Krassnoff y saben una ínfima parte de lo que les tocó sufrir antes de morir. ¿Pensó alguna vez el dolor de todos los que los conocieron que no tienen donde ir a dejarles flores o que tampoco pudieron ir a sus funerales?
Usted va al Penal Cordillera, autocalificándose como “usuaria obligada” como si debiéramos sentir lástima por la situación en la que se encuentra. Ofelio Lazo Lazo estaba casado, era carpintero, y está desaparecido. Su esposo está condenado a 3 años por haber colaborado a su desaparición. ¿Pensó en su esposa Alicia Pastore Nagel que lo buscó en todos lados sin dar con él, pensó en la familia de Ofelio? Alicia de Lazo se enteró por los diarios que su marido había muerto y el titular era: “Matan a miristas como ratas”. Alicia de Lazo se convirtió en usuaria obligada de los tribunales, buscando saber dónde está su marido, porque si bien lo mataron “como rata” Ofelio nunca más apareció.
Álvaro Barrios Duque era estudiante y estaba casado. Su marido, señora Krassnoff, está condenado a 3 años por haberlo desaparecido. ¿Qué justicia tuvo su esposa cuando lo buscó por todas partes y no lo encontró? Su marido ha apelado a sus causas, tiene abogados, tiene apoyo. Álvaro ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse, y lo peor es que no tenía de qué defenderse porque no había cometido ningún crimen.
Por eso, señora Angie de Krassnoff, le escribo esta carta, porque usted quiere que sintamos pena por usted, por su marido y por su familia. Quiero saber, ¿siente usted pena por todos los que él mato? ¿Piensa en ellos señora Krassnoff? ¿Alguna vez ha sentido dolor por esas personas, señora Krassnoff? ¿Alguna vez ha intentado que su marido les dé paz a esas familias diciéndoles la verdad y dónde están sus restos? ¿Alguna vez ha intentado que su marido se dé cuenta del daño que hizo?
Veo la foto de su esposo con su familia publicada junto a su carta en La Nación y pensé en las fotos de las personas a las que su marido torturó, mató y desapareció. Pensé sobre todo en María Elena y Rosetta. Ellas no tienen fotos con sus padres ni con sus hermanos, ni tienen nietos, ni tienen una vida hoy, porque ellas se quedaron allí, en 1975, cuando sus vidas se acabaron, gracias a su marido.
Ellas y los muertos por su marido, ¿qué crimen cometieron? Ninguno, señora Krassnoff, ninguno. Su marido los detuvo, los torturó y los mató porque quería, porque podía y porque creyó que siempre quedaría totalmente impune. Su maridó mató a Carmelo Soria y Alfonso Chanfreau, mató a Jorge Fuentes Alarcón, al sacerdote Antonio Llidó, Edgardo Enríquez, Lumi Videla… Y por esas muertes y por otras más, recibió medallas al valor, medallas por combate, medallas por haber matado a su anterior comandante en jefe, Carlos Prats. ¿Nunca pensó en eso, señora Krassnoff, que todos los lujos con los que usted y su familia vivió y sigue viviendo, se los debe a la sangre derramada de tantas personas inocentes?
No, señora Angie de Krassnoff, lo que está pasando su marido no es injusto, ni nada parecido. No esta siendo torturado, no está siendo violado por perros, no está siendo electrocutado, no está incomunicado, no está desaparecido, y no está muerto, y cuando muera usted y su familia lo podrá enterrar, podrá llevarles flores a su tumba y podrán recordarlo con miles de anécdotas de décadas de haberlo conocido. Todo eso no pasó con todos a los que su marido mató.
La razón por la cual su marido está en prisión es porque es un criminal, usted está casada con un criminal y sus hijos son hijos de un criminal. Y eso no es por decisión de un tribunal, ni es difamación, su marido es un criminal que quiso serlo y disfrutó siéndolo. La única injusticia es que un criminal como su marido y todos los que están con él estén recibiendo semejante trato de lujo cuando ni él ni ninguno de sus amigos tuvieron compasión ni sienten remordimientos ni sienten nada por todos aquellos cuyas vidas destrozaron. Ni siquiera por una chica llamada María, como su hija señora Krassnoff, como su hija, pero a usted ella no le importa, ¿verdad? Ni ella ni sus padres ni el dolor de ellos.
María Elena, así se llamaba una joven que tenía 24 años en 1974, y sus padres nunca supieron dónde está y no tuvieron una tumba donde llevarle flores cuando su marido la mató después de haber torturado y desaparecido a su hermano Hernán, mientras que usted sí puede llevarle flores a la tumba de su hija María, que murió por una enfermedad y no a causa de brutales torturas causadas por un criminal llamado Miguel Krassnoff Martchenko . Eso es lo verdaderamente injusto, que su marido siga torturando a las familias de quienes mató al no decirles dónde están o que intente usar los derechos humanos en su favor cuando él se los negó a tanta gente. El castigo que esta recibiendo es mínimo para la dimensión del daño que provocó y sigue causando.
Marcela Castro
Doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (U.Complutense de Madrid) , Licenciada en Humanidades con mencion Historia (U. de Chile), entre otros grados, y fan de Spartacus, de la opera y de Bette Davis.
La propia Alianza ha enarbolado como doctrina de campaña, la lucha contra la delincuencia. Pues bien, henos aquí ante verdaderos delincuentes, ¿por qué en vez de escandalizarse, no apoyan de forma sincera los procesos que pretenden esclarecer la verdad? ¿por qué no ser consecuentes con su doctrina “pro vida” y estar del lado de las víctimas?
Con el traslado de una serie de ex militares al penal de Punta Peuco, hemos sido testigos de una serie de intentos por relativizar los crímenes cometidos por ellos, para así argumentar sobre la ilegitimidad de la medida. Un repaso por los comentarios en las redes sociales da cuenta de esta situación, pero también se observa en las declaraciones de representantes de la Alianza. Estos últimos, reconocidos como “pro vida”, no dudan en hablar de una tergiversación de la historia, de referirse en términos compasivos a personas condenadas por graves delitos, de hablar sobre lo inoportuno de la medida, y quizás del mas criticable de todos sus argumentos: el empate moral.
Uno puede comprender que existan argumentos que justifiquen el Golpe de Estado (aunque no compartirlos), pero me es muy complicado entender que se coloque en una misma balanza, la vida de civiles, detenidos ilegalmente, sometidos a procesos espurios, torturados y arrojados en lugares inhóspitos, con lo que pudo (elemento siempre sujeto a debate) haber sido un gobierno incompetente como el de Allende. Supongamos que fuese un mal gobierno, ¿eso legítima o relativiza lo que la Dictadura hizo después? Según la Alianza si, y tanto es así, que se han escandalizado cuando el Presidente ordenó cerrar el penal Cordillera. Pero esto es un profundo error.
En primer lugar, ninguna persona privada de libertad, tiene un derecho adquirido a permanecer en una cárcel, estas no son como el hogar de un ciudadano libre, son centros destinados a alejar de la sociedad a personas que han transgredido el pacto social que funda una comunidad. De ahí que si su traslado se decide, mostrarse en contra, solo revela que no existe un real convencimiento de la gravedad de los hechos que llevaron a estos sujetos a estar ahí.
En segundo lugar, han llegado a hablar que estas medidas profundizan la división entre los chilenos. Lo que este sector no comprende, quizás por tozudez, aunque mucho me temo que por un sincero espíritu de impunidad, es que mientras no se separen del lastre que para ellos mismos ha llegado a convertirse la dictadura, la “reconciliación” no será posible. Las personas que defienden, no son delincuentes comunes, estamos hablando de sujetos que formaron parte de una estructura destinada a la persecución y exterminio de ciudadanos (cuyas doctrinas podrán o no gustarnos), amparados por el poder del Estado. Así, la Alianza revela quizás una de sus más evidentes contradicciones: se hacen llamar “pro vida”, pero ante los máximos agentes que se la negaron a miles de chilenos, parecen tambalear y mostrarse dubitativos, incluso comprensivos. Una mujer que aborta sin embargo no se merece esta misma comprensión, sino la aplicación de todo el rigor de la ley. ¿Por qué este trato diferenciado?.
En tercer lugar, la propia Alianza ha enarbolado como doctrina de campaña, la lucha contra la delincuencia. Pues bien, henos aquí ante verdaderos delincuentes, ¿por qué en vez de escandalizarse, no apoyan de forma sincera los procesos que pretenden esclarecer la verdad? ¿por qué no ser consecuentes con su doctrina “pro vida” y estar del lado de las víctimas? ¿acaso un feto vale más para ellos que familias marcadas para siempre por la pérdida de maridos, hermanos o hijos?
Lo que nos revela esto es bastante triste. Es la idea que es posible exculpar a los condenados por delitos contra los derechos humanos, por un supuesto bien mayor, esto es, haber impedido lo que llaman “la conversión de Chile en una segunda Cuba”. Pero la lógica de este argumento curiosamente atraviesa tanto a las dictaduras de izquierda como de derecha, es como si la doctrina política a la que adherimos, nos facultase para colocar en un estado de excepción a los ciudadanos, y elegir a cuál de ellos dejar con vida y a cual exterminar. Desde luego, la doctrina contraria siempre estará equivocada y las muertes que causen serán por tanto ilegitimas, pero las que yo comparto, las que sí están en posesión de la verdad, legitimarán todo daño. Pero las personas o partidos que razonen bajo esta lógica, no estarán realmente comprometidos con la democracia y sus valores. Quizás adhieran a ella como bien instrumental, pero esta simpatía siempre será circunstancial.
Es por ello que los sucesos recientes esclarecen que al defender a criminales que tuvieron el poder total de vida o muerte sobre otros chilenos y al relativizar sus ilícitos, solo reiteramos la dinámica característica del poder dictatorial, es decir su desprecio por la vida, y lo más preocupante, en plena democracia y con total naturalidad.
« Detenido Desaparecido MilitanciaSin MilitanciaRegiónRM Metropolitana Fecha Detención/Muerte24-07-1974Edad19 CiudadSANTIAGOOcupaciónSOLDADO CONSCRIPTO FACH ComunaSAN MIGUELInstancia CalificadoraCVR violación de DDHH
Aproximadamente el 24 de julio de 1974, fue detenido por la DINA, Rodolfo Valentín GONZALEZ PEREZ, de 19 años, conscripto de la FACh y agente de esa organización. Se encontraba obligado a hacer guardia en las habitaciones del Hospital Militar, en las que se encontraban presos políticos. Paralelamente su hermano se encontraba asilado en la Embajada de Argentina, ya que era militante de izquierda. Esto último era desconocido por la DINA.
Rodolfo González entró en contacto con los presos del hospital y trató de ayudarlos, llevando y trayendo información para sus familiares y para éstos. Según testimonios recibidos por esta Comisión, se encontraba muy confundido por su situación personal. Fue descubierto y llevado a La Torre en Villa Grimaldi, donde fue fuertemente torturado. Se arrojó por una ventana para terminar con el castigo. Fue atendido y vuelto a su lugar de cautiverio. Desde ese momento no se ha sabido nada más de él.
Esta Comisión se ha formado la convicción que Rodolfo González desapareció a manos de agentes del Estado, en este caso, la propia organización para la cual trabajaba, quienes violaron así sus derechos humanos.
(Primera imagen enviada por su hermano Daniel - 2012) Rut : 7.078.027 5 de Santiago F.Nacim : 24 09 54, 19 años de edad, a la fecha de la detención Domicilio : Valenzuela Llanos 3682, Depto.32, Población San Joaquín, comuna de San Joaquín, Santiago E.Civil : Soltero Actividad : Tejedor, Conscripto de la FACH C.Repres. : Miembro del Servicio de Inteligencia de la FACH en comisión de servicio en la DINA F.Detenc. : 23 de julio de 1974
SITUACION REPRESIVA Rodolfo Valentín González Pérez, 19 años de edad, conscripto de la FACH, fue detenido el 23 de julio de 1974, en su domicilio en presencia de su tía María González. En dicha oportunidad llegó hasta la casa del afectado un sujeto joven, de unos 20 años de edad, alto, robusto, pelo castaño, barba, ojos claros y vestía una casaca azul de la FACH. El agente dijo que venía a buscar a Rodolfo. Según el testimonio de la señora María, ambos entraron a la casa y estuvieron conversando un rato, ella sólo logró escuchar que su sobrino decía al agente que no tenía su TIFA (Tarjeta de Identificación de las FF.AA.). Luego se fueron sin decir dónde iban. Hasta el día de hoy el afectado no ha regresado a su hogar. Rodolfo González había ingresado el 2 de abril de 1973 a la Fuerza Aérea de Chile para cumplir con su Servicio Militar, una vez dentro sobrevino el golpe de estado y en noviembre de ese año fue designado para cumplir tareas en el Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA), una vez allí se le envió en comisión de servicio a la Dirección de Inteligencia Nacional. Le correspondió cumplir funciones en Colina, Tejas Verdes, en La Rinconada de Maipú y luego en el Hospital Militar. Su tía informó que desde que ingresó al SIFA, lo iban a buscar civiles a la casa, nunca más usó el uniforme, le pagaban un salario y le regalaban ternos y zapatos, en una oportunidad él le mostró su tarjeta de la DINA. En esa época un hermano del afectado se encontraba asilado en la Embajada de Argentina, ya que era militante de izquierda. Situación que lo tenía muy preocupado y confundido, así lo había comunicado a su familia y a algunos de los detenidos que le correspondía cuidar. Entre las tareas que debió cumplir una vez asignado a funciones de seguridad, fue custodiar a detenidos políticos que permanecían en el Hospital Militar, donde consta que ayudó a Osvaldo Puccio y Tito Palestro. Permanentemente se preocupó de mantener contacto entre los detenidos y sus familias. Posteriormente cumplió labores de carpintería en el domicilio del General de Ejército Agustín Toro Dávila. Según el testimonio de Luz Arce, ex militante socialista, detenida por la DINA y más tarde colaboradora de ese servicio de seguridad, da cuenta que al afectado lo conoció en la Torre de Villa Grimaldi en julio de 1974, en el tiempo en que estuvo detenida por la DINA. Allí se pudo percatar que los demás agentes se referían a Rodolfo González de modo despectivo, incluso durante la noche en que ella llegó al recinto de la DINA ubicado en José Arrieta, escuchó que dos guardias se referían a él (Rodolfo González) y comentaban que "está en la clínica porque se tiró de la Torre". Luz Arce pudo confirmar luego, cuando el afectado fue trasladado hasta el recinto de Villa Grimaldi, que efectivamente se encontraba enyesado de su pierna derecha. Señala además, que antes, en el tiempo en que ella estuvo detenida en el Hospital Militar, cuando todavía el afectado se desempeñaba como agente, él le contó lo de su hermano asilado, que cuando ella estaba mal él la ayudaba, incluso él se encargó personalmente de entregarle cartas a su familia y llevaba de vuelta las cartas o cosas que su familia le enviaba a ella. En una publicación del diario O'DIA de Curitiva, Brasil se publicó una lista de "59 extremistas chilenos pertenecientes al MIR, la mayor parte de los cuales cayeron muertos, otros fueron heridos y algunos consiguieron evadirse, en esos enfrentamientos", según señala en su edición del 25 de julio de 1975 el diario Las Ultimas Noticias de Chile. En la mencionada lista figura el nombre de Rodolfo Valentín González Pérez. La falsedad de la información queda demostrada en varios procesos judiciales, el diario se publicó sólo en esa oportunidad, jamás hubo tales enfrentamientos, todas las personas mencionadas en la lista habían sido detenidas por la DINA en Chile y permanecían desaparecidas. Además, el caso particular del afectado, éste no era militante de MIR, como de ningún partido, sino que había sido agente de la DINA. Luz Arce en su testimonio afirma que "él no tenía idea de nada, cero capacitación imposible que hubiera sido del MIR". Respecto de lo que pudo sucederle, ella señala que en los interrogatorios que a ella le hacían, el Capitán Raúl Carevic le preguntaba insistentemente por lo que Rodolfo González le decía a ella, si le había hablado de su hermano, qué le decía de la DINA. Finalmente se lo llevaron, aunque no recuerda cuándo, pero ella escuchó permanentemente que lo matarían ellos mismos, los propios agentes de la DINA, y que se referían a él como traidor, incluso señala que años después los oficiales de la FACH la culpaban de la muerte del afectado. Años después, el 31 de enero de 1977, se presentó en la casa de la tía del afectado, señora María González, el entonces Teniente de la Fuerza Aérea Gustavo Garretón Rodríguez, quién acompañado de un ayudante retiró las prendas militares del afectado. Sus familiares no desestimaron gestión para conocer lo sucedido con Rodolfo González, fueron a todas las unidades de la FACH, al Ministerio de Defensa en múltiples oportunidades, además enviaron cartas al General Toro Dávila con el fin de que las ayudara, sus esfuerzos siempre fueron infructuosos. Posteriormente la señora González falleció sin poder conocer la situación final de su sobrino, quien se encuentra actualmente en calidad de detenido desaparecido.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS El 19 de noviembre de 1974 se presentó ante el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel una denuncia por presunta desgracia del afectado. La causa ingresó con el rol Nº12.328. El 17 de septiembre de 1975 la causa fue sobreseída. Apelada la resolución se repuso la causa al estado de sumario el primero de febrero de 1977, sin poder avanzar en determinar la suerte corrida por el afectado. El 10 de junio de 1991, después que la Comisión de Verdad y Reconciliación enviara los antecedentes del caso a los Tribunales, su madre presentó una querella criminal contra los agentes de la DINA, por los delitos de secuestro y otros que pudieran configurarse en la desaparición del afectado. En la presentación se solicita la acumulación de la querella a la causa Nº12328 que investiga los mismos hechos en el 4º juzgado del Crimen de San Miguel. Dicha causa fue ingresada al Tercer Juzgado del Crimen de la Corte Presidente Aguirre Cerda y a fines del año 1992 se encontraba en estado de sumario. Es importante mencionar que no se ha podido comprobar la existencia de un proceso por deserción del afectado en el Juzgado de Aviación y si existiera no ha habido acceso a él. Según el Juzgado de Aviación la causa se encuentra sobreseída ya que no fue habido Rodolfo González Pérez.
8 de Agosto 2005 – La Nacion Juez dicta 14 procesamientos por secuestros calificados en Villa Grimaldi Un total de catorce de ex agentes del régimen militar fueron procesados por el delito de secuestro calificado, en el marco de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro de detención de Villa Grimaldi, en la Región Metropolitana. La resolución fue adoptada este lunes por el ministro en visita Alejandro Solís, en el marco de la investigación que sustancia por la desaparición de ocho personas al interior de Villa Grimaldi entre julio y diciembre de 1974. La lista de procesados está encabezada por los generales (R) Manuel Contreras, quien fuera el jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) , Hernán Ramírez Hald y César Manríquez, éste último ex subsecretario de Guerra del régimen militar. También fueron encausados los brigadieres (R) Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani; los coroneles (R) Marcelo Morén Brito, Haroldo Latorre, Rolf Wenderoth y Gerardo Urrich, capitán (R) Manuel Carevic, el cabo (R) Basclay Zapata, todos del Ejército. Asimismo, el magistrado levantó cargos contra el civil Osvaldo Romo Mena y el subteniente retirado de Gendarmería Osvaldo Manzo. Todos fueron procesados por las desapariciones de Rodolfo Valentín González Pérez, ex conscripto FACH, Fernando Silva Camus, Anselmo Radrigán Plaza, Marcela Salinas Eithel, José Flores Araya, María Teresa Bustillos Cereceda, Rafael Araneda Yévenes y Jaime Robotham Bravo. El magistrado Solís dispuso que Carevic, Ramírez Hald y Urrich quedaran en detención preventiva en el Penal Cordillera, mientras que contra el resto no decretó medidas cautelarles, en virtud de que ya gozaban de la libertad condicional o se encuentran cumpliendo condenas por otros delitos. De acuerdo a los informes Rettig y Valech, que han documentado las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, el de Villa Grimaldi –también conocido como Cuartel Terranova- fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA. La de este lunes es la segunda resolución de importancia en torno a la investigación por los abusos cometidos en Villa Grimaldi. Antes, el ministro Solís procesó a ocho ex militares por apremios ilegítimos contra 22 personas que estuvieron recluidas en el dicho recinto. El mencionado dictamen también había afectado a Contreras, Morén Brito, Espinoza Bravo, Krassnoff Martchenko, Romo Mena, Zapata Reyes, Laurani Maturana, a los que también se agregaron Maximiliano Ferrer Lima y Gerardo Godoy García. El ex jefe de la DINA, junto a Krasnoff, Moren Brito y Laureani, cumplen condenas por el secuestro calificado del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Ángel Sandoval.
12 de Agosto 2005 La Nacion
Caso Villa Grimaldi: Conceden libertad bajo fianza a cuatro ex militares
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en votación unánime concedió la libertad, previo pago de 500 mil pesos, a cuatro oficiales en retiro del Ejército a quienes el ministro Alejandro Solís los procesó por el secuestro calificado de ocho disidentes al régimen militar, en el marco de la investigación del caso "Villa Grimaldi".
Se trata de los ex miembros de la disuelta DINA, generales en retiro Hernán Ramírez Hald y Cesar Manríquez; y los brigadieres en retiro Gerardo Urrich y Manuel Carevic, que desde el lunes pasado se encuentran recluidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
El tribunal de alzada estuvo integrado por los magistrados Alfredo Pfeiffer, Humberto Provoste y la abogada integrante Ángela Radovic.
El magistrado Solís adoptó las resoluciones en bases a las desapariciones de Rodolfo González Pérez (24 julio de 1974); Fernando Silva Camus (27 noviembre de 1974); Anselmo Radrigán Plaza (12 diciembre de 1974); Marcelo Salinas Eitel (21 octubre de 1974); José Orlando Flores Araya (23 agosto de 1974); Maria Teresa Bustillos Cereceda (9 diciembre 1974); Jaime Robotham (31 diciembre de 1974); y Rafael Araneda Yévenes (12 diciembre de 1974).
Despiadada e inmisericorde. Como una plaga se expandió por los campos de la región la represión que se desató sobre los campesinos y trabajadores rurales inmediatamente después del golpe de estado de septiembre de 1973.
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