Después de 29 años de silencio ante el crimen del “Caso Quemados” realizado durante la dictadura dictadura cívico -militar encabezada por Pinochet, se marca el fin de uno de los pactos de silencio que mantenían los militares, con las declaraciones judiciales de un conscripto que integraba la patrulla militar que quemó vivos a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana en julio de 1986, provocando la muerte del primero y graves lesiones a Carmen. Se trata del ex conscripto Fernando Guzmán, quien finalmente ha dado su testimonio y es testigo clave en este caso.
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RVF (Radio Villa Francia)
Después de 29 años de silencio ante el crimen del “Caso Quemados” realizado durante la dictadura dictadura cívico -militar encabezada por Pinochet, se marca el fin de uno de los pactos de silencio que mantenían los militares, con las declaraciones judiciales de un conscripto que integraba la patrulla militar que quemó vivos a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana en julio de 1986, provocando la muerte del primero y graves lesiones a Carmen. Se trata del ex conscripto Fernando Guzmán, quien finalmente ha dado su testimonio y es testigo clave en este caso.
A raíz de su relato se reabrió el juicio por el “Caso Quemados” que lleva el Ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, quien ya dio la orden de captura a 7 ex uniformados. La orden de captura es en contra de los, en ese entonces oficiales y suboficiales del ejército; Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo.
Se rompe el pacto de silencio militar
La patrulla militar que detuvo y quemó a la estudiante y al fotógrafo estaba integrada por 26 personas, entre ellos 3 civiles. El único condenado hasta el momento ha sido el Teniente Pedro Fernández Dittus, a cargo de la patrulla ese día, condenado por no prestar auxilio, quien cumplió en 1993 solo un año de presidio, luego del cual salió libre arguyendo una sicopatía.
En sus declaraciones, el testigo y cómplice del hecho -Fernando Guzmán- relata quién fue el que roció con bencina y quemó a Rodrigo y Carmen Gloria, se trataría del en ese entonces, Teniente Julio Castañer, quien fue quien ordenó a un conscripto a rociarlos con bencina, y el mismo Castañer les prendió fuego con un encendedor y luego dice que era mejor matarlos, pero el Teniente Fernández Dittus “dijo que no, porque él era católico”.
Guzmán indica que todas las declaraciones previas eran mentira, que lo de la bomba que les había explotado a los jóvenes era un montaje, que les habían hecho aprenderse ese relato a los conscriptos, también les entregaron dinero y otros permisos, y con la advertencia -amenazante- de que “cuiden a sus familias”. Hasta el día de hoy Guzmán dice temer por su familia: “A estas alturas todavía tengo miedo y pienso que las amenazas pudieran hacerse efectivas“.
Además agrega que “hace cerca de 9 meses atrás, entregué una declaración, parecida a esta, al abogado Nelson Caucoto. antes de esto, hablé con algunas autoridades como por ejemplo el concejal de San Felipe Soto Lillo del Partido Socialista, me parece que actualmente es CORE; le mandé recados al Senador Ignacio Walker por intermedio de su secretaria Carolina Gallardo; también en Santiago hablé con el Señor Jorge Insunza del Partido Comunista quien me dijo que él no era abogado. A todos ellos expuse los antecedentes que hoy entrego“. Mientras que han sido otras autoridades quienes le han ayudado a sacar a la luz pública estos hechos.
Mientras tanto, en Chile luego de 25 años de democracia, y previos 17 de dictadura, aun se mantienen los “pactos de silencio” en la familia militar, impidiendo el esclarecimiento de la verdad sobre cientos de ejecutados y detenidos desaparecidos. Hasta el momento han sido juzgados militares generalmente por declaraciones de sobrevivientes de los campos de concentración, sin embargo, no ha habido juicio contra los responsables intelectuales de los asesinatos y desapariciones, quienes formaron parte de una dictadura cívico-militar, en que civiles políticos propiciaron y mandataron la instalación a sangre y fuego del modelo político y económico que tenemos hoy día, a través de la Constitución de 1980, redactada por Jaime Guzmán.
Además, las condenas que han recibido los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad son sumamente bajas, no dando muestras de la gravedad de los hechos y mucho menos un mensaje claro para que esto no vuelva ocurrir, pues las condenas resultantes son irrisorias. Por ejemplo, citamos el caso del padre de la actual presidenta, el general Alberto Bachelet, quien murió de un paro cardiaco a causa de las torturas recibidas, en que los coroneles (r) Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera recibieron sentencias de dos años y un día y de tres años y un día, respectivamente.
Por otra parte, los testimonios de 40.000 chilenos ante la comisión Valech en que aparecen los nombres de los uniformados que estuvieron involucrados en los casos de tortura y desaparición, no pueden ser develados si no dentro de 50 años, según establece la ley que creó la comisión, en 2004, durante el gobierno de Ricardo Lagos. El argumento que se esgrimió en ese entonces era el resguardo de las víctimas, este decreto sigue vigente, y las víctimas que supuestamente estaba resguardando siguen encontrándose en la calle con sus propios torturadores.
Respecto a esto último, recomendamos leer el artículo de Victor Herrero: “Derechos Humanos: Bachelet, la Presidenta que hizo poco“.
Revisa la declaración judicial completa realizada en noviembre de 2014 por Fernando Guzmán:
