En Suecia un diario de derecha denominó la propuesta de la nueva constitución chilena como "la más moderna del mundo", la "más verde y más igualitaria".
https://www.dn.se/varlden/chile-rostar-om-varldens-modernaste-grundlag/
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sábado, 10 de septiembre de 2022
BBC Mundo publica especial de la “brutal” campaña de desinformación en Chile sobre la propuesta de nueva Constitución
«Noticias falsas» y otras formas de «contaminación informativa»
Importante señalar que esta situación no es nueva, sectores defensores de la actual Constitución y del modelo imperante, durante todo el proceso de la Convención Constitucional han sido activos en la generación de un debate mezclado entre la difusión de mentiras y afirmaciones parciales o completamente incorrectas, incluyendo campañas de desprestigio.
“La desinformación encuentra espacio en el marcado interés por el nuevo texto y en la profunda diferencia entre los modelos que representan la Constitución vigente y la nueva propuesta”.
Publicación BBC Mundo
«Brutal»: ese es el término que emplea el investigador Sebastián Valenzuela para describir y comparar la desinformación en torno al texto.
Compartimos publicación de British Broadcasting Corporation BBC Mundo
La «brutal» desinformación sobre la nueva Constitución propuesta para Chile (y algunas de las confusiones más difundidas)
- Paula Molina
- Chile, especial para BBC News Mundo
Aunque la campaña electoral comienza el 5 de agosto, el debate sobre la eventual nueva Constitución, y los efectos de un triunfo del «apruebo» o el «rechazo» se han tomado el debate en medios y redes chilenas, junto a preocupaciones ciudadanas como la seguridad o la inflación.
La desinformación encuentra espacio en el marcado interés por el nuevo texto y en la profunda diferencia entre los modelos que representan la Constitución vigente y la nueva propuesta.
En ese contexto, las distintas interpretaciones, y las opiniones y posturas a favor o en contra de su contenido conviven con las «noticias falsas» y otras formas de «contaminación informativa», como denomina el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo al fenómeno global que incluye propagación de información errónea, contenido falso creado en forma deliberada para causar daño (desinformación) e información maliciosa (basada en hechos reales, pero manipulados).
El aspecto más problemático, plantea Valenzuela, profesor de la Universidad Católica de Chile, es que la desinformación se usa no sólo para generar confusión sobre la propuesta sino como herramienta de ataque.
«Cuando se dice que no hay protección a la propiedad privada en el texto de la Convención, no se espera que la gente lo crea, porque es cosa de ir a mirar el texto. Eso se promueve para generar una reacción emocional, para que quien reciba el mensaje diga: ‘¿Viste?, no protegen el derecho a la propiedad, te van a quitar tus cosas’. Estamos en un momento muy crispado en el que la desinformación se usa para crispar mucho más», describe a BBC Mundo Valenzuela, quien ha analizado la desinformación en Chile frente al estallido social del 2019, la pandemia y las distintas etapas de la Convención Constitucional.
«Es la desinformación como medio para aumentar la animadversión, la polarización, la sensación visceral contra alguien o contra algo», advierte.
Que permitirá «el aborto hasta los nueve meses de embarazo», que arriesga el derecho a la propiedad, o que se está inscribiendo a inmigrantes para votar «apruebo» son algunos de los mensajes desmentidos por instituciones, autoridades, la academia, medios y sitios dedicados a chequear información.
Sí hay derecho a propiedad
El académico Carlos Peña, columnista y rector de la Universidad Diego Portales ha sido una de las voces que ha llamado a la ciudadanía a analizar el texto por sí misma y a aclarar lo que describe como «interpretaciones tendenciosas».
Sobre el aborto, por ejemplo, el texto a votar establece el derecho a interrumpir el embarazo, precisando que se regulará por ley.
En una columna publicada en el diario El Mercurio el 15 de julio, Peña distingue entre la autonomía de la decisión y «el lapso en que esa autonomía puede ejercerse». La propuesta no impide que la ley genere un sistema de plazos que proteja a la madre «o al nasciturus», dice el académico, «que es, por lo demás, lo que habitualmente ocurre en el derecho comparado».
No es cierto tampoco que se elimine la educación privada en el país.
La propuesta define un Sistema Nacional de Educación que incluye instituciones creadas «o reconocidas» por el Estado. Peña precisa que, si bien «privilegia la educación provista por el Estado», la educación privada puede derivar de otros derechos fundamentales, como la autonomía o la libertad religiosa, que resguarda también la objeción de conciencia.
La propiedad sí es un derecho en la Constitución recién escrita: «Toda persona, natural o jurídica tiene derecho de propiedad» se lee, de lo que solo quedan fuera bienes que «la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas» (como glaciares, humedales o alta montaña) o se declaren «inapropiables» (como agua, aire, mar territorial o playas).
El escrito expresa que nadie puede ser privado de una propiedad, a menos que una ley ordene una expropiación «con base fundada» que deberá ser indemnizada «a precio justo», con la opción de reclamar ante tribunales.
El «precio justo» no es una expresión inventada en este texto, sino un concepto de larga data incluido en el Código Civil chileno. Tampoco la opción de expropiación, que también está presente en la Constitución de 1980, «por causa de utilidad pública o de interés nacional». La posibilidad de expropiación sí plantea un desafío ante otro mandato constitucional: la restitución de la propiedad de tierras indígenas.
No desaparece la salud privada
Aunque la Convención que redactó la propuesta ya se disolvió, también ha sido complejo distinguir en el debate entre las distintas mociones que fueron planteadas y discutidas, y las que efectivamente fueron incluidas en el texto ya que contaron con los votos necesarios para ello.
Es el caso de la propiedad de los fondos de pensiones reunidos en las aseguradoras privadas, llamadas AFP en Chile. Sí es efectivo que durante la discusión convencional se descartó una iniciativa popular que planteaba el carácter «inalienable» de esos ahorros, pero eso no implica que el nuevo texto consagra la pérdida de esos fondos. El texto plantea que toda persona tiene derecho a la seguridad social, que el Estado define la política que la norma, y que la ley establecerá un sistema de seguridad social público.
Sobre las aseguradoras privadas de salud, llamadas Isapres en el país, éstas no desaparecen con el nuevo texto: aunque perderán la opción de recibir las cotizaciones de salud obligatorias de la ciudadanía (pues ellas sólo se pueden destinar por ley a un fondo solidario) el texto dice que se creará un Sistema Nacional de Salud «que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados».
No sólo el texto: también el plebiscito
El clima de desinformación a pocas semanas del plebiscito ha sido advertido tanto por el Presidente Gabriel Boric como por el Servicio Electoral (Servel), órgano autónomo que fiscaliza las elecciones en Chile, entre otras instituciones.
El Servel por ejemplo, cuenta con un archivo de mensajes falsos y sus desmentidos.
En el repositorio se leen posteos que aseguran que en el plebiscito votarían personas recién llegadas al país procedentes de Venezuela o Haití, suponiendo que sus votos serán por el «apruebo»: el Servel precisa que se requieren 5 años de residencia para participar en una elección en Chile, además de 18 años cumplidos y ninguna condena a pena aflictiva.
Según los últimos datos electorales, más de 15 millones de personas están habilitadas para votar en el plebiscito constitucional. Entre ellas, la comunidad migrante con mayor número de votantes proviene de Perú (más de 167.000). La segunda es originaria de Colombia y llega a poco más de 68.000.
En otro de los posteos desmentidos se sostiene que no habrá multas para mayores de 60 años que no voten en el plebiscito, para desincentivar su participación, suponiendo que la mayoría de esa población está por el «rechazo»: el Servel precisa que el sufragio en el referendo es obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile, sin límite de edad.
El alcance de la desinformación
Una investigación desarrollada entre enero de 2016 a diciembre del 2018 en Estados Unidos y publicada el 2020 en la revista Science Advances concluye que «si bien la circulación deliberada de información falsa con el objetivo de crear confusión y discordia es intolerable en principio», el consumo de noticias en Estados Unidos está dominado por los medios informativos, ya sea online o en televisión, y las «fake news» apenas suman un 1% del consumo total de noticias en el país.
La investigación abre una interrogante sobre el alcance real de la desinformación y sus efectos.
«El volumen de exposición a desinformación en Chile es mucho más alto que el de Estados Unidos», dice Valenzuela a partir de los estudios que realizaron usando la misma metodología empleada en Norteamérica para analizar la elección de Trump.
«En Chile la desinformación se cuela por todas partes», sostiene Valenzuela a partir de los estudios hechos en el país.
«En Estados Unidos y en Europa occidental hay muchos sitios que puedes definir como de «fake news», que imitan el formato periodístico sin pretensión de objetividad. Yo he estudiado el caso de México y Chile y no hay sitios como esos, o son muy pocos. No existen productores claros de «fake news». Esa es una particularidad del país».
Sin embargo, «a diferencia de lo que ocurrió con el estallido o con el covid, la desinformación sobre el texto constitucional ha sido una producción a nivel de élites, de personas con posiciones de poder económico, político, intelectual. Eso explica por qué ahora se discute tanto el tema: porque esta vez ha sido más claro identificar a sus fuentes», plantea el académico.
«Pero una cosa es que yo vea desinformación, y otra cosa es que yo crea lo que estoy viendo», refina.
«En el caso de Chile, la cifra de gente que cree en la desinformación es bastante baja. Las personas son muy escépticas y eso compensa un poco el riesgo. Por supuesto, siempre se puede hacer el punto de que, mientras más ves algo, te ves expuesto, se te hace más difícil contrarrestarlo. Pero al menos la foto que nosotros tomamos es que, aunque hay mucha desinformación dando vuelta, hay también mucha desconfianza sobre ella», concluye.
En este panorama, una de las principales dudas de la opinión pública chilena a esta hora se remite a qué dice y qué no dice la propuesta de nueva Constitución. Pero al menos una porción de la ciudadanía ha optado por ir a la fuente directa: el libro «Propuesta definitiva de una nueva Constitución», de 178 páginas y que también se puede consultar online, se cuenta entre los libros de no ficción más vendidos en el país a principios de julio, por sobre best sellers internacionales como «Hábitos Atómicos» o «Astrofísica para gente apurada» de Neil Degrasse Tyson.
https://www.elciudadano.com/actualidad/bbc-mundo-publica-especial-de-la-brutal-campana-de-desinformacion-en-chile-sobre-la-propuesta-de-nueva-constitucion/07/22/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-brutal-desinformacion-sobre-la-nueva-constitucion-propuesta-para-chile-y-algunas-de-las-nid22072022/
Decisión de voto y heurística del Rechazo
No es sólo el cálculo racional lo que determina el voto. Asociaciones de ideas, emociones y otros «atajos mentales» pueden explicar el resultado del reciente plebiscito constitucional en Chile, según explica en esta columna para CIPER un académico de Filosofía.
A estos atajos mentales, conscientes e inconscientes, se les llama ‘heurísticas’, y los utilizamos para poder decidir rápidamente o en situaciones de complejidad. La mayoría de esas heurísticas venían favoreciendo al menos desde hace un año al Rechazo, lo que explicaría en parte su triunfo arrollador.
Partamos por establecer que la del plebiscito era una decisión compleja. Una decisión compleja tiene muchas variables que se relacionan de formas no evidentes; a veces, de manera causal; otras, de forma independiente o interdependiente, y que deben ser evaluadas de conformidad a escalas de valores que se deben «pesar» unas frente a otras.
Según Daniel Kahneman, este tipo de decisiones (complejas, con falta de evidencia o cruzadas por sesgos de todo tipo) se hacen utilizando la heurística. Hay gente que vota como votan los demás de su círculo social, o como votan los referentes a los que siguen. Hay quienes tienen aversión natural al cambio o buscan la novedad; quienes son de una línea o quienes varían de elección en elección. Las heurísticas son guías, carteles luminosos que nos indican el camino a seguir. La gente toma decisiones, entonces, no tanto por cálculo de costo-beneficio, sino por asociaciones de ideas que le parecen más apropiadas, proceso en el cual las emociones juegan un papel fundamental.
Pensemos en una elección simple: quieres comprar un helado y hay dos sabores para elegir: vainilla o chocolate. En ese caso, la elección es simple porque solo es necesario manejar una variable: ¿nos gusta más el helado de vainilla o el de chocolate? Pero la decisión se va complejizando si se agregan más variables, por ejemplo: el precio del helado de vainilla es ligeramente superior, a veces el chocolate te cae mal, la vainilla nunca te ha gustado mucho, el de vainilla lo venden en cono y el de chocolate en vaso, el de vainilla está un poco derretido respecto al de chocolate, etc. ¿Cómo decidir acá? Es necesario poner a competir diversas escalas de valores y determinar qué nos interesa más y qué estaríamos dispuestos a sacrificar.
La pregunta «¿Aprueba usted el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional?» es mucho más compleja que lo anterior. Las escalas de valores en competencia se dan entre cientos de artículos, a lo que hay que sumarle otros elementos como la evaluación de los convencionales, la falta de tiempo o disposición para leer el texto, la falta de conocimientos para comprenderlo a cabalidad, además de la situación política, social, económica y cultural que rodea al proceso. En estricto rigor, es imposible tomar una decisión totalmente «racional» al respecto. La «teoría de la elección racional», que postula que los seres humanos escogemos haciendo cálculos de costo-beneficio para la toma de decisiones, se vuelve acá completamente inadecuada.
Visto así, las diversas heurísticas favorecieron al Rechazo. El Apruebo pasó a formar parte de un set de ideas que vienen a la baja: estallido social, revuelta, vandalismo, gobierno de Gabriel Boric, inseguridad, conflicto en la Araucanía, entre otros. Los convencionales pusieron también de su parte: desde los disfraces a las peleas, la exclusión de la derecha y los episodios folclóricos, su comportamiento se fue asociando a falta de seriedad y credibilidad. El texto, por último, tampoco ayudó: la proliferación de conceptos e instituciones a veces incomprensibles generó una natural aversión al cambio, una sensación de que éramos sujeto de un experimento científico. Todo lo anterior fue exacerbado, como era de esperarse, por una campaña de derecha que hizo uso de la desinformación y las interpretaciones torcidas.
Frente a la papeleta, entonces, la gente echó mano a la heurística de la disponibilidad: aquellas ideas que se le venían a la mente con cada una de las opciones fueron las determinantes. La suerte quedó echada allí contra el Apruebo.
Es de esperar que tengamos ahora un nuevo proceso constituyente. Si aquello ocurre, el éxito estará determinado por el nuevo texto, pero no solo por él. Las imágenes y emociones que genere el proceso serán aún más importantes. Sólo si hay diálogo auténtico, empatía, credibilidad, seriedad y moderación es posible que las heurísticas jueguen esta vez a favor de la propuesta.
https://www.ciperchile.cl/2022/09/09/decision-de-voto-yheuristica-del-rechazo/
Cómo la política identitaria corrompió el proceso constituyente
«Estamos ante un concepto de nicho que antes solo desempeñaba un papel en los estudios culturales. Fue ese mundo y sus ideas, sin embargo, el que acabó dando forma al texto. Este ha sido un dolor de cabeza para las izquierdas del mundo entero, que han dejado de priorizar la preocupación por las carencias materiales. Junto con perder el norte, han perdido así a sus históricos votantes.» Columna de Opinión para CIPER.
El estrepitoso fracaso de la Convención Constituyente clama hoy por explicaciones. Las necesitamos para comprender, y también para que un nuevo proceso evite hundirse por los mismos vicios que marcaron al órgano que primero presidió Elisa Loncón y luego María Elisa Quinteros. Un lugar primordial entre esas explicaciones corresponde a la política de la identidad, esa peculiar priorización de las agendas étnicas y de género sin la cual nuestro momento no se puede entender.
Que tal orientación estuviera presente, no tiene nada de sorprendente. En primer lugar, porque hoy es un elemento que se observa también en crisis políticas de diversas latitudes; pero además porque ya las reglas para elegir convencionales empujaban a su fuerte presencia. Desde el primer minuto esta mentalidad comenzó a tomarse la agenda: mucho antes de iniciar siquiera el debate, cuando se discutía aún cómo regular el uso de la palabra, la primera propuesta de la mesa fue que se hiciera según «criterios de paridad, plurinacionalidad, pluralismo, plurilingüismo y acción afirmativa». Un texto nacido de este ambiente difícilmente podía ser muy distinto del que acaba de ser rechazado.
En efecto, para quien busque comprender la política identitaria quizá no haya un fenómeno más digno de estudio que la Convención y su resultado. El texto completo acabó atravesado por la categorización en género y etnia. En su singular pretensión de estar a la vanguardia, todo —hasta la neurodivergencia (art. 29)— terminó convertido en identidad. Y por si algún grupo era olvidado, se creaba además el «derecho a la identidad». Pero más allá de su omnipresencia, ¿en qué sentido esta mentalidad marcó la propuesta constitucional? En lo que sigue atenderemos al modo en que este fenómeno marcó nuestra comprensión de la democracia y de la diversidad, nuestra posibilidad de articular un proyecto común, nuestra atención a las víctimas de la historia y, finalmente, nuestra capacidad de diálogo. Porque no fue solo anécdota, show o performance lo que la política identitaria llevó a la Convención, sino una mirada determinante para todo el proceso.
(1)
DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN: Partamos, pues, por la manera en que se ha alterado nuestra comprensión de la democracia. Lo primero que salta a la vista ahí es la idea de representación que suele acompañar a esta mentalidad. No en vano se repitió por meses que estábamos ante la instancia más representativa de nuestra historia democrática. En realidad, lo que irrumpía era un nuevo tipo de representación, una lógica corporativa que choca con la tradicional representación democrática. Es eso lo que también se plasmó en el texto; por ejemplo, en los llamados a que el Estado adopte «medidas para la representación de diversidades y disidencias de género» (163.3) y en los escaños reservados «a nivel nacional, regional y comunal» (162.1). Una propuesta como esa amenazaba con convertir a cada órgano colegiado en una pequeña réplica de la Convención. Nadie duda de que estamos viviendo una crisis de la intermediación, pero es muy dudoso que el camino para superarla pase por la representación de identidades que aquí se hizo presente y que se buscó perpetuar. En este sentido nada fue más revelador que el resonante rechazo que la propuesta constitucional recibió en las comunas con mayor población indígena: esto no los representaba a ellos.
Pero no se trata del único modo en que esta mentalidad afecta a la democracia. De una manera igualmente significativa, el identitarismo socava el papel de los partidos políticos en la vida democrática. El punto bien puede ilustrarse con un episodio narrado por Mark Lilla en El regreso liberal: hubo un momento, nota, en que la página web del Partido Demócrata (EE. UU.) no incluía un programa político unificado, sino diecisiete programas distintos. Así, aunque hubiera una estructura organizacional compartida, su discurso estaba disgregado en las diecisiete identidades que de algún modo convivían en el seno del partido. Aquí hay una lección fundamental. La democracia requiere partidos políticos, pero en su lugar la política identitaria ofrece movimientos. Esos mismos movimientos son los que en el último acto de la Convención cantaban que «el pueblo unido avanza sin partidos». El canto se hacía eco de un asunto de fondo: la virtual omisión de los partidos en el texto constitucional propuesto, cuando lo que se requería era precisamente hacerse cargo de sus deficiencias para fortalecerlos.
(2)
DIVERSIDAD Y PLURALISMO: Consideremos un segundo punto. Si la política identitaria afecta nuestra comprensión de la democracia, no tiene nada de extraño que también lo haga con nuestra comprensión de la diferencia. ¿Cómo lo ha hecho? En primer lugar, convenciéndonos de que recién ahora la diversidad del país se vuelve visible. Antes, se dice, la teníamos escondida. ¿Pero es cierta esta afirmación? Chile ha sido siempre un país plural. Reconocer ese hecho no significa pintar color de rosa nuestro pasado. Muchas injusticias solo se han reparado en el camino y otras están por reparar. Pero con toda su desigualdad, este sí ha sido un país plural. ¿Cómo, entonces, es que se ha instalado el discurso de una diversidad recién descubierta, que solo ahora esté siendo reconocida? La explicación se encuentra en el hecho de que aquí hay distintas concepciones del pluralismo en juego. O importan, por decirlo de otro modo, distintos tipos de diversidad. Puede haber mucho interés por respetar las minorías étnicas y sexuales; otra cosa es que se sepa dialogar con diferentes visiones políticas, intelectuales o religiosas. No hay razón, cabría apuntar, por la que se deba levantar aquí una disyuntiva. Pero el hecho es que la política de la identidad la crea, pues con frecuencia reduce las visiones a la condición identitaria en juego (como minoría étnica o sexual se debe pensar de un cierto modo, mientras las visiones de otros son reducidas a factores culturales que las explican).
Es crucial atender a estos distintos tipos de diversidad, pues cada concepción del pluralismo tiene su propio modo de imaginar las vías por las que la diversidad ha de plasmarse en las instituciones. Es cosa de ver la relación de cada una de estas mentalidades con las instituciones de la sociedad civil. Cuando se valora de modo claro la pluralidad de visiones de mundo, se busca también que éstas encuentren expresión en distintas instituciones, que haya una sociedad civil compuesta por organizaciones de muy variada inspiración. Donde, en cambio, reina la política identitaria, lo que preocupa es más bien la diversidad interna de cada institución. El punto puede ilustrarse con una propuesta que en su momento hiciera la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención, según la cual debía garantizarse la «presencia de la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos o privados». Otro tanto cabe decir respecto de cómo las propuestas sobre paridad excedían el campo político para llevarla a «todos los espacios públicos y privados» (6.3). Esta diversidad interna de las asociaciones, no estará de más decirlo, ciertamente puede ser provechosa en muchas instancias. Pero conviene notar que como concepción básica del pluralismo estos dos modelos chocan, pues la preocupación por la diversidad interna de las instituciones bien puede acabar haciéndolas más parecidas entre sí. Es lo que William Galston ha llamado «la paradoja de la diversidad». Quien quiere una sociedad civil plural no puede tener por norte irrestricto la diversidad interna de sus instituciones.
Pero hay aquí un ingrediente adicional, que estuvo lejos de recibir la atención que merecía a lo largo del último año: la concepción identitaria de la diversidad no solo entraña problemas para el conjunto de la comunidad política, sino que además genera una imagen distorsionada de aquellos grupos a los que se busca hacer justicia. El caso más patente, sin duda, es la tendencia a describir a los pueblos indígenas como si una misma identidad o cosmovisión caracterizaran a cada miembro de un pueblo (como lo sugerían los arts. 11 y 34). Se trata de una flagrante fosilización de las culturas y su efecto podía notarse ya en campaña: el mapuche que no adhiriera al texto propuesto era tratado en la discusión como un «yanakona». Como lo señalara Douglas Murray a propósito de una discusión análoga, la pertenencia a una minoría étnica pasa así a depender de que uno «haga suyos unos agravios, unos principios políticos y unas plataformas electorales ideadas por otros». Nadie duda hoy de que tenemos una deuda con los pueblos indígenas, pero hay un desafío fundamental en canalizarla de un modo que reconozca la pluralidad de visión de mundo, económica y política que reina en ellos. En síntesis, el mantra del órgano más representativo de la diversidad del país falló tanto por lo que se refiere a la representación como por lo que se refiere a la diversidad.
(3)
UNIDAD, COHESIÓN, PROYECTO COMPARTIDO: No todo se agota en el problema de la diversidad. Así como se esperaba que el proceso y el texto reflejaran bien una sociedad variopinta, había también una tarea fundamental en relación con la unidad del país. No se trata de vivir en ilusiones respecto del grado de unidad o consenso que puede alcanzar una sociedad moderna. Pero, precisamente, porque en tales sociedades la cohesión es baja, es crucial que se pueda preservar y fortalecer lo que hay de proyecto común de país. Incluso si la meta es ser una sociedad pluralista, ello pasa en parte por efectivamente ser una sociedad. Y también aquí el identitarismo genera dificultades. Después de todo, una de sus consecuencias es la multiplicación de las luchas facciosas, con cada grupo subdividiéndose con nuevas pretensiones de pureza. Nada de eso se cura con una «marcha de todas las marchas». Algo de esta mentalidad se refleja también cuando en vez de afirmar la ciudadanía universal con sus derechos se levanta estos de un modo parcelado. Así ocurrió, por ejemplo, con el reconocimiento a los niños (26.1) o a las personas mayores (33.1) como titulares de derechos, en lugar de incluirlos en el reconocimiento universal de los derechos de las personas. Incluso si la colección de grupos con derechos fuera exhaustiva, los méritos de esta enumeración de particularidades son dudosos cuando se los contrasta con lo logrado por el universalismo.
En ese mismo contexto pueden entenderse las recurrentes discusiones en torno a la idea de nación y los símbolos patrios. Aquí cabe recordar no solo la interrupción del himno en el acto inaugural, sino también el elenco de banderas identitarias —de regiones, etnias y diversidad sexual— con que se celebró el primer mes de la Convención. Un convencional propuso entonces —sin éxito— que se sumara a este elenco una bandera cristiana. El hecho es bastante revelador: en este ambiente también una religión con aspiración universal puede terminar reducida a una particularidad más en búsqueda de reconocimiento. Pero ningún panteón exhaustivo de identidades puede sanar la ausencia de símbolos compartidos. Y en los meses siguientes esos símbolos fueron puestos en cuestión de maneras que conviene recordar. Para algunos convencionales, en efecto, la independencia del país nos remitía a una historia de exclusión que no cabe celebrar. Incluso se propuso un preámbulo que se refería a la independencia subrayando su «contexto histórico excluyente» (en pretendido contraste con la refundación inclusiva del 18 de octubre de 2019). Vale la pena notar los paralelos con el «proyecto 1619» lanzado hace tres años por el New York Times, el cual buscaba reemplazar 1776 como fecha de nacimiento de la nación, procurando instalar como verdadera fecha de inicio la llegada de los primeros esclavos en 1619. La meta era obvia y explícita: presentar la esclavitud como el verdadero hito fundante de la república, a cuya luz su historia debe ser entendida. En esto, como en otras materias, los convencionales simplemente importaban un lente de la academia norteamericana, y uno de muy dudosa pertinencia.
En efecto, no es sano revisionismo histórico lo que se encuentra tras ese episodio norteamericano o en nuestra Convención, sino más bien lo que Pascal Bruckner ha llamado la «hitlerización del pasado». Después de todo, no hay nada nuevo en reconocer que una mancha atraviesa toda la historia humana, ni cabe negar que el racismo y la exclusión sean algunas de sus manifestaciones. La singularidad de nuestro momento se encuentra más bien en la incapacidad de mirar al pasado con una visión agradecida a la vez que se reconocen sus crímenes y tragedias. De ahí se sigue un rasgo más preocupante: la creencia en que ahora sí podremos levantar algo libre de esta mancha. La contracara de la denuncia del pasado, como vemos con frecuencia, son las pretensiones de pureza de los denunciantes. Por lo mismo, más de un autor ha notado el contraste entre esta política identitaria y el movimiento de los derechos civiles. La fuerza del discurso de Martin Luther King residía precisamente en que se tomaba lo de la ciudadanía universal más en serio que el Estados Unidos blanco [más en textos ya citados de Murray y de Lilla]. MLK apuntaba a un futuro en que importara no el color de la piel sino el contenido del carácter. No denunciaba los principios fundadores del país como inherentemente racistas, sino que exigía acabar con la discriminación racial en coherencia con dichos principios. El contraste con el identitarismo contemporáneo no podría ser más patente.
(4)
VICTIMISMO: Lo anterior nos permite pasar a aquel rasgo de la política identitaria que tal vez más presente estuvo en nuestro proceso: el victimismo. Fue este el lente bajo el que la historia completa del país era reducida a pura opresión y despojo (el acto de «abortar Chile», en Valparaíso, fue solo su expresión más grotesca). ¿Qué rasgos caracterizan al victimismo? Uno de sus problemas es la tendencia a nivelar problemas de muy distinto calibre: cuando todo escollo en el camino es tratado como opresión, cualquier injuria menor puede ser tratada como equivalente con graves atrocidades. En contraste con la cultura de la dignidad, en la que ciertas ofensas pueden ser ignoradas, aquí reina la preocupación por la «microagresión». Si nuestra sociedad tiene problemas de intolerancia, aquí se encuentra una de sus manifiestas raíces: la recíproca tolerancia supone que haya males que no nos parezcan imperdonables, que puedan ser sobrellevados. Si, en cambio, se nos invita a mirar todo el pasado y presente como opresión intolerable —si también nuestra concepción de daño se amplía sin límite—, se vuelve difícil encontrar razones para tolerar [ver Manning y Campbell].
El problema del victimismo, apurémonos en subrayar, no es reconocer que el orden social tiene víctimas. Obviamente las tiene, pero la verdadera pregunta es si se corresponden de modo tan estricto con el actual catálogo de identidades. Las mujeres han cargado con un peso distinto de los hombres, y en los pueblos indígenas se concentra una parte importante de las injusticias del país. ¿Pero nos permite esto juzgar de modo adecuado sobre casos concretos? ¿Es Kena Lorenzini una víctima? ¿Son víctimas los hermanos Ancalaf? Porque si no lo son, debemos preguntarnos por el modo en que este discurso favorece precisamente a opresores que saben navegar en las aguas de la cultura victimista.
Además, si todos somos víctimas, las verdaderas víctimas se nos vuelven una vez más invisibles. No es nada de extraño que el Sename, protagonista de nuestra discusión pública cinco años atrás, dejara de merecer atención prioritaria. Si la tarea es volver visibles a las víctimas, los méritos de esta mentalidad son ampliamente discutibles. Este problema se refleja de modo elocuente en la referencia de la propuesta constitucional a los «grupos históricamente excluidos». A estos se les debía brindar acceso preferente a la educación superior (37.7) y al Estado le habría correspondido garantizar de modo especial su participación e incidencia política (153.2). Esto puede sonar muy bien, y muchos lo ven como un pertinente llamado a poner en primer lugar a los desaventajados. Pero, ¿quiénes son los grupos históricamente excluidos? La lista es medianamente conocida: personas de pueblos originarios, migrantes, miembros del «pueblo tribal afrodescendiente», etc. ¿Cabría imaginar en tal lista a los pobres? La respuesta es negativa, precisamente porque no constituyen un grupo identitario. La verdad es que incluso los chilenos residentes en el extranjero están más cerca de entrar en esa categoría.
De modo análogo, en el articulado sobre justicia se recogía el enfoque interseccional (arts. 311 y 343): se instalaba así la idea de que hay todo un sistema de opresiones que desmontar, un sistema en el que raza y género pueden pesar tanto o más que la condición económica. Hay pocas materias, en efecto, que ilustren tan bien hasta qué extremos el delirio identitario condujo los destinos de la Convención. Después de todo, estamos ante un concepto de nicho que antes solo desempeñaba un papel en los estudios culturales. Fue ese mundo y sus ideas, sin embargo, el que acabó dando forma al texto. Este ha sido, recordemos, un dolor de cabeza para las izquierdas del mundo entero, que han dejado de priorizar la preocupación por las carencias materiales. Junto con perder el norte, han perdido así a sus históricos votantes. Hay, desde luego, quienes creen que se puede compatibilizar ambas agendas, la del cambio social y la de la concepción identitaria de la diversidad. Pero también es posible que estemos ante dos concepciones morales distintas y que se deba aprender a escoger entre ellas. Eso no significaría, desde luego, desatender a las minorías étnicas o sexuales, pero sí significa preguntarse por las categorías y el lente adecuado para considerarlas.
(5)
LA AUSENCIA DE DELIBERACIÓN: Cerremos tocando una última vía por la que el identitarismo dañó nuestro proceso. Como ha notado Lilla, una consecuencia de esta mentalidad es el recurrente hablar «como x» o «en cuanto x». Se habla como miembro de un grupo identitario. Pero ese modo de hablar siempre espera una validación de la propia posición al margen del argumento. El cuestionamiento, que siempre vendrá desde la perspectiva «no-x», queda así descartado de plano. Algo de eso hubo también en nuestro proceso. Esta no fue, desde luego, la única razón por la que faltó deliberación política genuina en nuestra Convención, pero es uno de los motivos de su ausencia. No hay modo de conducir un intercambio racional cuando al frente se tiene una identidad en vez de un argumento. El debate político razonado supone un tipo de comunicación que la política identitaria imposibilita. Así es como a lo largo del proceso entero hubo posiciones tratadas como blindadas a la crítica. Y así fue cómo se selló, lamentablemente, su destino: no solo se dificultó la deliberación dentro de ella, sino que la cámara de eco así generada terminó aislando a la Convención de la ciudadanía.
¿Qué hacer? ¿Cómo salir de esto? Del diagnóstico crítico respecto de la política identitaria no se sigue ningún simplista consenso entre sus críticos: liberales, conservadores y socialistas explican de modo distinto el surgimiento de la mentalidad identitaria, y por lo mismo ofrecerán también salidas distintas. Unas tradiciones acentuarán la primacía de la voluntad individual sobre las categorías identitarias, otras acentuarán la destrucción de lo común por la fragmentación identitaria; unos atenderán a las condiciones materiales (y virtuales) bajo las que esta mentalidad se difunde, mientras otros notarán el trasfondo teológico, la comprensión de los grupos humanos a la luz de una singular transformación de las ideas de inocencia y pecado colectivo. Pero comoquiera que uno integre estas visiones u opte entre ellas es un hecho de importancia capital que aquí hay un diagnóstico compartido, y que hay recursos en nuestras distintas tradiciones intelectuales y políticas para salir de la condición en la que estamos. Eso supone, sin embargo, tomarse en serio las lecciones aprendidas y enfrentar una mentalidad que por mucho tiempo nos seguirá acompañando. Porque lo derrotado esta semana en las urnas no solo es una inspiración fundamental en sectores del gobierno, sino que reina en nuestra vida cultural y académica. Ningún plebiscito borrará por sí solo esa realidad.
https://www.ciperchile.cl/2022/09/06/politica-identitaria-y-proceso-constituyente
viernes, 9 de septiembre de 2022
«Rechazamos para que haya una nueva Constitución»: El terrorismo mediático en evidencia en los argumentos de los votantes
"No cachando nada" podría ser el título de una comedia humorística ambientada después de este último plebiscito en Chile, y donde sus personajes se van dando cuenta poco a poco de lo que en realidad votaron. Lamentablemente, el tema está lejos del humor y se sitúa en la esfera de lo terrible que resulta ser una sociedad cuyo poder económico y político despliega -sin consecuencias- un terrorismo mediático sobre su población, para favorecer sus propios y exclusivos intereses.
En los días posteriores al plebiscito del 4 de septiembre, la ciudadanía ha escuchado, estupefacta, algunos de los argumentos entregados por las personas que votaron Rechazo a la nueva Constitución. Sus afirmaciones han dejado en evidencia la impresionante campaña de tergiversación y desinformación desatada contra la población, lo cual, desde cierto punto de vista, convierte el resultado electoral en algo espurio, es decir, falso, ilegítimo o no auténtico.
Porque, ¿cómo es posible que se nos imponga un orden legal, primero mediante el terrorismo de Estado, y después, hoy, a través de mentiras y engaños a nivel masivo? ¿Es legítimo utilizar el terrorismo mediático para ganar una votación? ¿Es justo obedecer la ley en un país que se organiza así?
Se dirá que exagero. Juzgue usted. A continuación enumero motivos de votantes del Rechazo que he escuchado personalmente en la vía pública en Valparaíso y Viña del Mar, entre el lunes y el miércoles inmediatamente siguientes al plebiscito:
Lo hicimos porque no estamos de acuerdo con que se eliminen los juegos tradicionales chilenos, porque no queremos que el Estado nos expropie la casa a precio justo, porque Chile tiene una sola bandera y un solo escudo, y además van a sexualizar a los niños muy chicos, y mis papás no podrán heredarnos la casa porque estarán prohibidas las herencias y la riqueza.
Pero los más terribles -para mí- fueron: Rechazamos para que haya una nueva Constitución (¿?!!!), rechazamos para que la salud mejore, para que no hayan listas de espera, para que las isapres no nos sigan abusando, rechacé también para que se solucione el tema de las pensiones y porque quiero una Constitución hecha en democracia…
Este segundo grupo claramente no entendió lo que se estaba votando. Y quizás ante su confusión, los agarró algún militante de la campaña del terror contra el texto, amplificada hasta el cansancio por los medios de comunicación corporativos entre noticias dramáticas de portonazos y balaceras. Y terminaron rechazando. Puede ser.
Hacia el final del último día, escuché a dos señoras conversar y una le decía a la otra y a una niña que estaba con ellas, que votar Rechazo era para rechazar la Constitución actual. Y luego un amigo comentó que escuchó a un par de ambulantes decir que votaron Rechazo porque el Gobierno estaba en contra del comercio ambulante. Esto, finalmente, me hizo pensar que mucha gente a lo mejor, todavía, aún, ni siquiera sabe lo que votó. Y nunca se enterará, quién sabe. Lo cierto es que ha quedado en evidencia una desconexión brutal en buena parte de los electores del Rechazo, respecto a sus intenciones y lo que realmente votaron. Y muchos seguramente quedaron convencidos de haber hecho lo correcto. Probablemente, puede ser. Digo, y no se enterarán del engaño jamás. O a lo mejor sí.
¿Es correcto ganar de esta forma?
¿Cómo reacciona usted cuando se da cuenta que alguien lo engañó?
La cola más peluda en todo caso es lo endeble que queda el ejercicio democrático con esta irrupción multimasiva de noticias falsas, tergiversaciones y demases. Por ahora, es muy poco lo que se puede hacer frente a un poder tan enorme y capaz de llegar donde nadie más puede hacerlo. Pero siento que lo podríamos lamentar muchísimo si no lo enfrentamos desde ya. Las consecuencias de seguir permitiendo envenenamientos así de tóxicos en la vida social y pública se volverán muy pronto catastróficas pues lo que está en peligro es la democracia misma como concepto.
En ese sentido, legislar al respecto es una buena posibilidad. Impulsar una ley de medios debiera ser ya la siguiente jugada -urgente- del mundo democrático. Aún estamos a tiempo.
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| https://twitter.com/delosquesobran/status/1567902769989779461 |
https://twitter.com/delosquesobran/status/1567902769989779461
https://www.elciudadano.com/chile/rechazamos-para-que-haya-una-nueva-constitucion-el-terrorismo-mediatico-en-evidencia-en-los-argumentos-de-los-votantes/09/08/
¿Por qué la convención constitucional es una trampa?
Puede ser sorprendente ver cómo en las últimas semanas se han alineado con la opción “Apruebo” personajes como Pablo Longueira (aunque luego dijo que estaba por mantener lo más posible la constitución de Jaime Guzmán), Joaquín Lavín, el diario La Tercera a través de su editorial, e incluso sectores empresariales llamaron a un “reformismo sin refundación”, donde plantean “no refundar desde cero” pero tampoco “mantener el status quo.
Es que hay algo que es claro: La gran mayoría de los grandes empresarios, los sectores “dirigentes” de la sociedad, los verdaderos representantes de este régimen heredado de la dictadura militar, se han decidido por el camino de ir a un proceso constituyente tranquilo, sin mayores convulsiones. Es decir, un proceso que sirva para impedir el retorno de las calles y de la movilización, que es a lo que verdaderamente le temen.
Esto lo hacen para lograr llegar a acuerdos “moderados” que no impliquen grandes transformaciones y les permitan continuar con su modelo de ganancias.
Y no es extraño que esa sea la decisión que tomaron, porque este proceso constituyente les da una serie de garantías, acordada por los partidos tradicionales que firmaron el “Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución”, de que no van a ser grandes transformaciones las que allí sucedan, ni se verán afectados seriamente sus bolsillos. Tienen mecanismos de control a su favor.
Y uno de esos mecanismos es el hecho de que el proceso constituyente está firmemente controlado por los partidos tradicionales. De hecho, no debe sorprendernos que de cara a la elección de los miembros de la Convención, la gran mayoría de los rostros que veamos sean de representantes de esos sectores.
Sobre la inscripción y presentación de candidaturas
Primero que todo el mecanismo de presentación de candidaturas es injusto para los candidatos independientes y favorece a los partidos tradicionales. Es sencillo: por ejemplo, en la Región Metropolitana, un partido puede presentar o inscribir 58 candidatos en toda la región, esto si logran legalizarse allí reuniendo 6.400 firmas.
Pero los límites para candidatos independientes son enormes: requieren reunir firmas de patrocinio iguales al 0,4% de la votación total de la última elección, en plena pandemia y frente a notario (cuestión que el SERVEL discutirá estos días), lo que en los hechos significa prácticamente un bloqueo para que puedan presentar candidaturas. Y esto para presentar candidaturas individuales, es decir, sólo en un distrito y no en toda la región como en el caso de los partidos.
Pero también los nuevos partidos tienen grandes limitaciones frente a este proceso, ya que la inscripción para nuevos partidos políticos está reglamentada por la Ley 18.603, la cual no contempla hechos extraordinarios como una pandemia, lo que se transforma en un veto en los hechos, ya que se han mantenido los mismos requerimientos de firmas cuando prácticamente todas las reglas del país han cambiado producto del coronavirus.
Esto lleva al absurdo de que los nuevos partidos nacidos después de octubre del 2019 tendrán enormes dificultades para poder legalizarse, empujando a que se hagan parte de “listas” o coaliciones de los partidos tradicionales o de los ya existentes, como ocurrió con el partido en formación “Fuerza Común” de Fernando Atria, que terminó integrándose al Frente Amplio luego de ver que no podían conseguir las firmas producto de la pandemia.
Es decir, es muy probable que la gran mayoría de las listas serán conformadas por partidos tradicionales ya existentes, debido a todas estas limitantes. Pero aún así, en la elección misma hay más trabas y dificultades.
Una elección desfavorable a nuevas voces
Esto debido a que los distritos electorales se expandieron para la elección del 2017 y eso se mantendrá para esta elección. Esto evidentemente favorece a los partidos que tengan más recursos y dinero para poder hacer campaña y llegar a más amplios sectores.
Por ejemplo, el distrito 10 se amplió cerca de 5 veces, pasando de ser sólo la comuna de Santiago Centro a incluir también a las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín.
Esto a su vez debilita el peso electoral de comunas populares como San Joaquín o la Granja frente a comunas más acomodadas como Providencia o Ñuñoa, donde la tasa de votación es más alta. Lo mismo ocurrió en el caso de Peñalolén que se integró al distrito 11 junto a las comunas de Vitacura, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.
Es sencillo, la elección de la Convención Constitucional (en caso de que esta gane que será lo más probable, aunque si es en el caso de la Convención Mixta es más restrictivo aún porque se reduce a la mitad la cantidad de convencionales electos) es un “reflejo” de la elección de diputados del año 2017.
Es decir, se utilizará el modelo electoral llamado Método d’Hondt, el cual emplea un sistema de listas a las cuales estarán asociados los candidatos según los partidos políticos o listas de independientes.
Para hacer el cálculo, la votación total obtenida por una lista se divide tantas veces como cupos a la Convenció entrega el Distrito, y los cupos se van llenando según los votos más altos. Es decir, si una lista arrasa por la votación de un candidato individual, tendrá la posibilidad de “arrastrar” a algún otro candidato de su lista, dejando fuera a candidatos con mayor votación de otras listas.
Y si bien este mecanismo es más democrático que el binominal que garantizó el cogobierno entre la derecha y la ex Concertación durante décadas, sigue siendo totalmente excluyente para nuevas alternativas, y en los hechos lo que sucederá es que la gran mayoría de los representantes electos serán miembros de los partidos tradicionales.
¡Vamos por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana!
Es claro que quieren que sean los mismos de siempre quienes decidan, usurpando la demanda de la rebelión y la exigencia por una Asamblea Constituyente que se planteó en las calles.
Por eso, frente a este escenario, es que vemos la necesidad de plantear la lucha por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin vetos ni restricciones.
Una Asamblea donde haya un delegado por cada 10 mil electores, donde los mayores de 14 años y menores de 18 puedan votar y ser electos, al igual que los dirigentes sindicales y vecinales sin necesidad de “suspender su cargo” como lo estipula la ley al día de hoy.
Una Asamblea así que pueda discutir sobre todo, sin vetos, que pueda debatir sobre los tratados internacionales, y que no tenga ninguna institución de este régimen heredado de la dictadura encima de ella.
Necesitamos organizarnos todos y todas quienes luchamos por esa perspectiva, para en este escenario político/electoral, podamos plantear con claridad esa alternativa, junto con la demanda del Fuera Piñera y de la necesidad de retomar la pelea por una huelga general, única vía para poder lograr que sea el pueblo trabajador el que decida, y no los grandes empresarios y los partidos de los 30 años.
https://www.laizquierdadiario.cl/Por-que-la-convencion-constitucional-es-una-trampa-172375
sábado, 21 de septiembre de 2013
El pueblo no manda: el pensamiento de Jaime Guzmán tras la Ley de Partidos
3 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Los insólitos problemas de Roxana Miranda para inscribir su colectividad
El antecesor del Partido Igualdad iba a ser el partido “Pueblo en Lucha”. Su primer intento de inscripción no funcionó y recibió una serie de reparos del Servel. Así, basándose en la Ley de Partidos, se rechazó el nombre de la colectividad y su lema “Que el pueblo mande”.por BASTIÁN FERNÁNDEZ
La génesis de la candidatura presidencial de Roxana Miranda y del partido que la proclamó —Partido Igualdad (PI)—, se remonta al 2007. Ese año los representantes de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha), junto Movimiento Pobladores Sin Techo (MPST) y otras organizaciones sociales realizaron su primer intento por inscribirse como partido.
Entonces eran el partido “Pueblo en Lucha” y su lema “Que el Pueblo Mande”. Al iniciar los trámites para legalizarse se toparon de bruces con la añeja Ley 18.6O3 de Partidos Políticos, aprobada en marzo de 1987 y que aún ostenta la firma de Augusto Pinochet.
El 2 de agosto del 2007 el Servicio Electoral (Servel) respondió formalmente al Partido Pueblo en Lucha, objetando una serie de puntos en su solicitud de legalizarse. En siete páginas, y basándose en la ley de partidos, el Servel realizaba más de 15 reparos a la inscripción de “Pueblo en Lucha”.
LOS REPAROS AL PARTIDO
Respecto del nombre del partido, el Servel afirmó que “Pueblo en Lucha, atendido a las acepciones de la palabra “lucha” que en su mayoría implican o dan a entender eventuales acciones contrarias al orden público y la paz social, vulneraría la prohibición establecida en el artículo 8 letra c) y d) en relación con el artículo 2º de la Ley 18.603”.
Sin embargo, el reparo que sorprendió entonces a Roxana Miranda e Iván Carrasco —actualmente secretario general del PI— fue otro. El Servel rechazó el lema “Que el Pueblo Mande” en base al artículo 7, inciso segundo de la Constitución. Ahí se establece que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes”. Por ende, que el pueblo no manda y nadie puede atribuirse eso.
El Servel rechazó el lema “Que el Pueblo Mande” en base al artículo 7, inciso segundo de la Constitución. Ahí se establece que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes”. Por ende, que el pueblo no manda y nadie puede atribuirse eso. “Nos contestaron que en Chile no manda el pueblo, sino que mandan las autoridades y lo declararon anticonstitucional”, cuenta Roxana Miranda.
“Nos contestaron que en Chile no manda el pueblo, sino que mandan las autoridades y lo declararon anticonstitucional”, cuenta Roxana Miranda.
Junto a lo anterior se hicieron una serie de reparos a la declaración de principios que había presentado el partido. Una de éstas era “modificar la redacción a fin de eliminar aquellas menciones que posean un carácter belicoso, conflictivo y/o intolerante, en especial aquellos que implican un llamado a la lucha”.
Según cuenta el actual secretario del Partido Igualdad, Iván Carrasco, “nosotros declaramos solidaridad con los pueblos latinoamericanos, pero nos rechazaron esto porque los partidos no pueden depender de ideas foráneas”. En el documento el Servel indicó que este punto “subordina el interés nacional al internacionalismo”.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, la legislación actual “generó estas restricciones, porque se da en el marco del proceso de la transición. Al igual que la Constitución, en la subsisten estas viejas lógicas autoritarias que respondían a partidos políticos en la década de los 70 y 80”.
En opinión del analista, la ley “se hizo a la rápida para poder conseguir que Pinochet diera una muestra de apertura política. Fue concebida de esa manera. Es una ley mínima, pero con apariencia de restablecimiento de la normalidad democrática”, señala Moreno.
LA MANO DE GUZMÁN
Este caso, en particular, refleja de forma indirecta cómo el pensamiento del fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, se plasmó de forma impecable en la Constitución de 1980, y en sus cuerpos legales.
El cientista político de la Universidad Diego Portales, Alfredo Joignant, actual miembro del Consejo del Servel, explica que las ideas de Jaime Guzmán están alejadas de la democracia. “En su pensamiento hay un enorme desprecio por la voluntad popular, ya que considera que el pueblo no es ilustrado y es principalmente emocional. Los partidos, precisamente porque encarnan, o buscan expresar la voluntad popular, se transforman en objeto de críticas y desprecio de Jaime Guzmán. Lo que redunda en que su pensamiento no es democrático”.
En su texto El sufragio universal y la nueva institucionalidad (1979), Guzmán se explaya sobre el concepto de soberanía, afirmando que no podía “reducirse al mero sufragio universal, porque la vida del pueblo se expresa en forma incomparablemente más rica, variada y orgánica. Reconocer estas múltiples expresiones permite actuar frente al tema del sufragio con toda la flexibilidad con que se determina el modo más conveniente de emplear un simple mecanismo, y no con la rigidez que impone algo supuestamente sagrado o inmutable”.
En la misma línea, Guzmán ya planteaba en 1978 que el pueblo no es la “simple suma de voluntades aisladas que pretendía la Revolución Francesa, sino que representa una articulación incomparablemente más rica y variada, expresada en una organicidad natural que manifiesta esa ordenación trascendental de los seres humanos entre sí para su complementación, llamada sociabilidad, y cuya expresión política superior se da en el Estado”.
Respecto de los partidos políticos, Guzmán habla de la “partidocracia que emana de la hipertrofia partidista” y que “llega a ser incluso una burla del sistema mismo de sufragio universal, al constreñir a los ciudadanos a escoger sólo entre las muy limitadas opciones o candidaturas que les ofrecen esos minúsculos grupos de las dirigencias partidarias”.
Ante esto proponía como meta “un favorecimiento de partidos menos rígidos en sus estructuras, menos ideologizados y más circunstanciales en el tiempo”.
Guzmán creía también que, los partidos políticos debían ser “conductos válidos” de la participación ciudadana, pero que en la Constitución debían existir normas que limitaran su acción sólo “al ámbito que les pertenece”; que se exigiera la publicidad de sus militantes y se prohíba el financiamiento extranjero.
Al fallido intento por inscribir el partido “Pueblo en Lucha” en el 2007, se sumaron otros en los siguientes años, los que tampoco prosperaron. Finalmente se inscribieron como el Partido Igualdad, obteniendo el reconocimiento legal en septiembre del 2011.
El día que Eduardo Frei habló demasiado
21 de Septiembre de 2013
- MARÍA TERESA LARRAÍN
- Periodista
- …….”Aprobar esta Constitución y sus artículos transitorios es una opción que contradice toda la Historia de Chile. Es la anti-Historia.. …”Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad- No es válido, porque no se puede llamar a un plebiscito cuando el país vive bajo estado de emergencia. – No es válido, porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del pueblo al que se confronta. – No es válido, porque no existen registros electorales, y han transcurrido prácticamente siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad deliberada de no rehacerlos. – No es válido, porque las mesas que recibirán los sufragios y harán su recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes que, a su vez, son nombrados por el jefe de Estado. – No es válido, porque todo el proceso de cómputo de votos y sus resultados, en sus dos primeras fases, está en manos de las autoridades, primero del alcalde y su secretario y después del gobernador solo, nominados ambos por el Ejecutivo…..- No es válido, porque están proscritos los partidos políticos y, en consecuencia, no puede haber apoderados fidedignos que controlen la votación y la seriedad de los escrutinios. – No es válido, porque no existe libertad de reunión ni de manifestaciones públicas. El hecho de estar aquí hoy no significa sino una excepción muy limitada y condicionada, señaló Frei y agrega: – No es válido, porque no existe libertad de información ni de expresión. Los que disienten no tienen acceso a la televisión, que en nuestro mundo es el principal instrumento de comunicación de masas, y muy escaso a las radios y a la prensa. Basta decir que el Sr Ministro del Interior al escribirme me dice “que no se puede obligar a los otros canales”. Pero al menos existe una Televisión Nacional, que se creó precisamente en mi gobierno para servir a todos los chilenos!… No es válido, porque existe la permanente amenaza de detenciones, relegaciones o secuestros.”
- http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/09/21/el-dia-que-eduardo-frei-hablo-demasiado/(Eduardo Frei Montalva, 27 de agosto de 1980)Este 27 de agosto se cumple un año más desde que el ex Presidente DC Eduardo Frei Montalva ( 1964-1970) y líder de una oposición cobijada en la trastienda de la Dictadura, expresara en Teatro Caupolicán su oposición al plebiscito que la Junta Militar convocara para aprobar la Constitución de 1980. Ante un hemiciclo lleno, encontrándose el entonces joven y hoy Presidente Sebastián Piñera, con su voz ronca y fuerte, el ex senador desmenuzó punto a punto este proyecto.
Se podrá decir que esta Constitución aprobada a ciegas, tiene valor por cuanto ha sido reformada. Incluso la que nos rige hoy cuenta con la firma del presidente Ricardo Lagos (2005) Este es un premio de consuelo para los incautos. Lo real es que este documento, en su forma y en su fondo, sigue siendo hijo de la dictadura, freno para las grandes reformas que el país requiere. Y seguirá siéndolo de no cambiarse totalmente. Para la gran mayoría de los chilenos, que votaron NO en 1988 (55.99%) la Constitución del 80 no tiene validez.
Sus palabras dichas hace treinta y tres años tienen vital presencia en el acontecer político socio cultural del país. Más de 6 millones de chilenos votaron entonces; un 67% lo hizo por el Sí, un 30% por el No. Se podrá decir que esta Constitución aprobada a ciegas, tiene valor por cuanto ha sido reformada. Incluso la que nos rige hoy cuenta con la firma del presidente Ricardo Lagos (2005) Este es un premio de consuelo para los incautos. Lo real es que este documento, en su forma y en su fondo, sigue siendo hijo de la dictadura, freno para las grandes reformas que el país requiere. Y seguirá siéndolo de no cambiarse totalmente. Para la gran mayoría de los chilenos, que votaron NO en 1988 (55.99%) la Constitución del 80 no tiene validez. Por lo que sacando cuentas, estamos hasta hoy sin una Carta Constitucional que contara con el apoyo de una población verazmente informada y no, como lo fue, oprimida y obligada a atender información emitida desde la sede del gobierno dictatorial.Podrá señalarse que los articulados dictatoriales quedaron atrás y que con las reformas, el país avanza seguro en democracia. Frases para el bronce, que no sirven a cada uno de los chilenos que se ganan el pan, que no tienen compadres ni plata para que los liberen de las consecuencias de un articulado impuesto entre gallos y medianoche, inspirado por un abogado ideólogo y creador del partido UDI, cruzado entre Dios y la Ley, Jaime Guzmán Errázuriz y en unos cuantos generales y coroneles. A ello se suman los civiles que les ayudaron y a cambio se empoderaron en la vida económico social y política del país. Y también en más de algún directorio de bancos y empresas.Desde 1980 hasta hoy los chilenos nadamos en un lago que no tiene salida, naufragamos y a ciegas llegamos a alguna orilla. Se sobrevive, eso sí, pero a tientas. Los chilenos tienen derecho a preguntarse cómo hubo más de un 60% de chilenos que la aprobaron. La respuesta es simple. Los canales de televisión no cubrieron el discurso de Frei, las radios, salvo la Cooperativa, tampoco. Los diarios de la cadena de El Mercurio y La Tercera le dieron apenas unos titulares. Toda la prensa, salvo revista HOY, se alineó bajo el alero oficial. Entre los civiles que manejaron a la prensa, durante este periodo, siguiéndole sus pasos estaban el hoy senador Jovino Novoa, quien entonces era Subsecretario General de Gobierno. (1979-1982) Después, Novoa fue nombrado Editor de Servicios Informativos de El Mercurio. Hoy es senador.…Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar e regir dentro de diez años, que seguramente será modificado en el curso de esta década, y cuyo verdadero alcance y significado se conocerán sólo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla. Por casi un cuarto de siglo el pueblo chileno será mantenido en interdicción cívica, privado de sus derechos ciudadanos. Quienes tenían 18 años en 1973 podrán elegir sus autoridades por primera vez cuando hayan cumplido 42 años. No hay antecedentes en la Historia de Chile de un caso semejante, ni en cuanto al período ni a los poderes acumulados. Ni O’Higgins, ni Prieto, ni Bulnes pretendieron ni remotamente algo parecido….No somos enemigos del plebiscito como forma de consulta popular. Al contrario. Pero queremos un plebiscito verdadero. Los regímenes dictatoriales y totalitarios los utilizan de acuerdo a estas técnicas y nadie duda cuáles son sus resultados. Creo que no hay ejemplo en el mundo en que aquéllos hayan perdido un plebiscito. …..De modo que nadie puede engañarse: el resultado de este plebiscito está predeterminado. A través de estos métodos no se conseguirá legitimar el ejercicio del poder. Si el gobierno tuviera la seguridad de que en elecciones libres, abiertas e informadas, podría ganar, no recurriría a estos sistemas que la opinión pública nacional e internacional ya ha descalificado. Una minoría impone así a la inmensa mayoría del pueblo una fórmula política, económica y social…”En breves días más se conmemoran los 40 años desde que la Democracia cayó bajo la bayoneta. Desde entonces, la opinión pública ha sido manipulada en forma constante definiendo crímenes como ajustes de cuenta, muertos como ratas de un barco, crecimiento económico único del mundo, y una clase media emergente con más autos y más deudas. Los que vivieron en la burbuja despiertan horrorizados. Desean dar vuelta la hoja y mirar hacia atrás. Es inútil. Por todos los rincones de la pléyade informativa se habla de lo que no supieron o no quisieron saber.El gran baile llega hoy a su fin. Por cuanto en este escenario obligadamente deberán enfrentarse quienes mintieron y quienes vivieron el dolor de mantener su verdad entre las sombras. Más, en medio de la oscuridad, hubo un hombre que rompió las reglas. Y lo hizo un 27 de agosto del 1980: Eduardo Frei Montalva. Pagó con su muerte el hablar demasiado.
viernes, 6 de septiembre de 2013
Lea aquí la Constitución Política que iba a ser sometida a plebiscito por Allende
Descarga gratuita. Editorial Sangría.
http://www.elmostrador.cl/cultura/2013/09/06/lea-aqui-la-constitucion-politica-que-iba-a-ser-sometida-a-plebiscito-por-allende/
Desde 1972 el gobierno de laUnidad Popular redactó la propuesta para una nueva Constitución, que sería sometida a plebiscito en septiembre de 1973. De esa Constitución Política de Chile sólo queda un texto encontrado y publicado por Eduardo Novoa Monreal durante 1993. En medio de las conmemoraciones de los cuarenta años del golpe militar que sacó del poder al gobierno democráticamente electo, Sangría Editora quiere volver a poner en circulación las ideas de ese texto para intervenir en las discusiones actuales sobre la necesidad de una nueva constitución y de una asamblea constituyente.
El lunes 10 de septiembre de 1973 el Gobierno dio aviso a la televisión y a las emisoras de radio de todo Chile que al día siguiente el Presidente hablaría en cadena nacional. Al plebiscito que iba a someter a la voluntad mayoritaria una posible nueva Constitución se le adelantaron las Fuerzas Armadas chilenas con un violento golpe de Estado la mañana de ese 11 de septiembre.
Sangría Editora te invita a leer esta Constitución Política Chilena de 1973 e intervenir en la discusión sobre el pasado, el presente y el futuro de Chile.
http://www.elmostrador.cl/cultura/2013/09/06/lea-aqui-la-constitucion-politica-que-iba-a-ser-sometida-a-plebiscito-por-allende/
miércoles, 13 de junio de 2012
Informe completo: Incumplimientos del gobierno ante la OEA por caso Ralco y Derechos indígenas
16 October, 2004
Santiago de Chile, 14 de octubre de 2004
Sr. Santiago A. Cantón
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street NW
Washington D.C., 20006
U.S.A.
REF: CASO P-4617-02 – MERCEDES JULIA HUENTEAO Y OTRAS V. CHILE
INFORME SOBRE ESTADO DEL ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA
Estimado Sr. Secretario,
En nuestra calidad de abogados representantes de las denunciantes, señoras Berta Quintremán Calpán, Rosario Huenteao Beroiza, Mercedes Julia Huenteao Beroiza y Aurelia Marihuan Mora, en denuncia impetrada ante la CIDH contra el Estado de Chile, a raíz de la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío Bío, signada bajo el rol P-4617-02, venimos en presentar Informe sobre estado de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Gobierno de Chile en “ACUERDO DEFINITIVO DE SOLUCIÓN AMISTOSA ENTRE EL ESTADO DE CHILE Y LAS FAMILIAS MAPUCHE PEHUENCHE PETICIONARIAS DEL ALTO BÍO BÍO”, suscrito el día 13 de octubre de 2003 en el Palacio de la de la Moneda, Sede de Gobierno del Estado de Chile, y aprobada por esta Comisión mediante Informe Nº 30/04 el 11 de marzo de 2004.
Se remite este Informe a la Comisión en conformidad a lo acordado entre las partes, específicamente lo señalado en el numeral 7 del Acuerdo, en orden a “informar periódicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el estado de cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa”, para lo cual las partes se comprometieron a evacuar el Primer Informe, “al término del plazo de cuatro meses contado desde la fecha de suscripción del Acuerdo”.
Asimismo, se remite el presente Informe en virtud de lo decidido por la CIDH en su Informe 30/04, en orden a “continuar con el seguimiento y la supervisión de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en ese contexto, recordar a las partes su compromiso de informar periódicamente a la CIDH sobre el cumplimiento del presente arreglo amistoso”.
Pese a que reiteradamente esta parte ha solicitado al Gobierno de Chile reunirse a fin de elaborar en conjunto el presente informe, no ha sido posible contar con su participación, por lo que por este intermedio se presenta el Informe por las peticionarias.
Se acompañan tres anexos.
Aprovechamos de saludarlo muy cordialmente,
Sergio Fuenzalida Bascuñan
Roberto Celedón Fernández
Marcos A. Orellana
I. INTRODUCCIÓN
El 10 de diciembre de 2002, las peticionarias, señoras Mercedes Julia Huenteao Beroiza, Rosario Huenteao Beroíza, Nicolaza Quintremán Calpán, Berta Quintremán Calpán y Aurelia Marihuan Mora, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”) una denuncia por violación por parte del Estado de Chile (en adelante, “el Estado” o “el Estado chileno”) de los derechos protegidos por los artículos 4, 5, 8, 12, 17, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) con motivo del desarrollo del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, llevado adelante por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA).
El 13 de octubre de 2003 se llegó entre las partes (peticionarios – Estado de Chile) a una solución amistosa, en conformidad al artículo 49 de la Convención Americana, que se tituló “Acuerdo definitivo de solución amistosa entre el Estado de Chile y las familias mapuche pehuenche peticionarias del Alto Bío Bío”( en adelante “el Acuerdo”).
El presente Informe se hace cargo de aquellas cuestiones sobre las que existe información pública y que revisten mayor urgencia para que sean conocidas por la CIDH, por lo que sólo se referirá a los puntos del Acuerdo que se refieren a esa información.
II. EN RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL
A diez meses de celebrado el Acuerdo, el Gobierno de Chile no ha iniciado el proceso de entendimiento, diálogo y búsqueda de consenso con las organizaciones indígenas para determinar el contenido de una reforma constitucional que reconozca a los pueblos indígenas
1. En virtud del Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa celebrada entre el Estado de Chile y las familias mapuche pehuenche peticionarias del Alto Bío Bío, el Estado chileno se obligó --como una medida “de perfeccionamiento de la institucionalidad jurídica protectora de los derechos de los Pueblos Indígenas y sus comunidades”-- al “reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas existentes en Chile, quienes conservan manifestaciones étnicas y culturales propias que enriquecen la identidad nacional, con el fin de elevar a rango constitucional principios que en el ámbito nacional e internacional Chile adhiere”.
2. Para ello el Gobierno de Chile se comprometió a insistir en una reforma constitucional ante el Congreso Nacional presentando un nuevo proyecto de ley. Y previo a esa nueva iniciativa, el Estado se obligó a acompañar la reforma constitucional de : a) “un amplio proceso de entendimiento en torno a su contenido”, generando para ello b) “instancias de diálogo”, y convocando c) “a las organizaciones y comunidades indígenas en cuanto directos interesados y al conjunto de la sociedad chilena”. Todo ello, como señala el instrumento, “con la finalidad de alcanzar un amplio consenso sobre su contenido”.
3. Para el cumplimiento de esos objetivo, el Gobierno se comprometió a arbitrar las siguientes medidas:
“1. Iniciar un proceso de diálogo con las organizaciones y comunidades indígenas, consistentes en seminarios y/o congresos regionales, respecto del contenido del reconocimiento constitucional.
2. Realizar un proceso de diálogo con todos los partidos políticos, de gobierno y oposición así como con las bancadas parlamentarias, antes y durante la discusión legislativa del proyecto de reforma.
3. Promover la toma de conciencia nacional sobre la importancia del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, a través de seminarios regionales y nacionales, así como por medio de una amplia difusión en medios de comunicación social.”
4. Asimismo, el numeral 6 del “ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA”, el Estado se obligó a lo siguiente :
Las Partes convienen que el Acuerdo es un todo único donde cada uno de sus puntos tienen un mismo valor.
(1) Las Partes que suscriben reconocen y aceptan que los compromisos asumidos en el presente Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa, que comprometan iniciativas legales, administrativas y/o recursos presupuestarios para su implementación, se entienden en el sentido que se realizarán en el marco del funcionamiento de la estructura estatal y de acuerdo al sistema jurídico chileno, procurando, en todo caso, el más pronto y cabal cumplimiento de las medidas acordadas.
5. No obstante, transcurrido casi un año desde la suscripción del Acuerdo, ni el Ejecutivo, ni ningún órgano o poder del Estado de Chile, han desarrollado un proceso según prevé el Acuerdo. No ha existido, ni se ha iniciado, desarrollado y menos concluido, ningún proceso de consulta, “diálogo”, negociación, “entendimiento” o de búsqueda de “consenso” con organizaciones o comunidades indígenas, en los términos señalados en el Acuerdo, en orden a definir el contenido del reconocimiento constitucional.
El Gobierno de Chile ha anunciado la presentación de una iniciativa legal de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas, desatendiendo su obligación de desarrollar previamente un proceso de entendimiento, diálogo y búsqueda de consenso con las comunidades y organizaciones indígenas para definir el contenido de dicha reforma constitucional, tal como lo establece el Acuerdo.
6. Y pese a esa obligación contraída por el Estado de determinar en conjunto con las comunidades y organizaciones indígenas el contenido de la reforma constitucional, el Ejecutivo ha anunciado que repondrá un proyecto de reforma constitucional cuyo contenido a definido él mismo.
7. En efecto, el día 16 de abril de 2004, el Presidente de la República, señor Ricardo Lagos Escobar, junto al Ministro de Planificación y Cooperación, Andrés Palma, en ceremonia pública, y con amplia cobertura periodística, dio a conocer al país su “Política de Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas”, titulado “Chile quiere poner fin a las injusticias, y dar oportunidades a todos, también al mundo indígena”, donde manifestó su decisión de presentar un proyecto de reforma constitucional a la brevedad ante el Congreso Nacional, para ser votado este año 2004
8. En su discurso de presentación de su “Política de Nuevo Trato”, el Primer Mandatario chileno señaló lo siguiente:
“Lo que queremos es garantizar el reconocimiento y el respeto de los pueblos indígenas y contribuir a su desarrollo.
Y para ello queremos adentrarnos en tres tareas fundamentales:
Primero, queremos que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas;
Segundo, queremos asegurar el desarrollo de estos pueblos con su propia identidad, y
Tercero, queremos mejorar la gestión de las políticas públicas que desde el aparato del Estado hacemos respecto de estos dos logros anteriores.”
9. Y en relación a esa primera tarea fundamental del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, bajo el Título “1. Derechos de los pueblos indígenas”, el Presidente Lagos, anunció la reposición de los proyectos de reforma constitucional :
“Durante mucho tiempo se ha debatido en el Congreso y en la sociedad el reconocimiento en nuestra Carta Fundamental de los pueblos originarios. Este ha sido un planteamiento fundamental que se adquirió en el acuerdo de Nueva Imperial en1989. Hasta ahora no hemos tenido éxito.
El Estado, a nuestro juicio, debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas, negada por siglos, y comprometerse a promover su desarrollo. Con ello, nadie pone en duda la unidad de la Nación chilena, de la cual los pueblos indígenas son parte constitutiva e indisoluble.
Sin embargo, creemos fundamental restablecer, a la brevedad, un debate en el Parlamento de Chile, y por ello solicitaré que se repongan los proyectos de un cambio constitucional para que se debata y se vote en el Congreso en este año 2004, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y que el país sepa cuál es la percepción de unos y otros.
También repondremos el proyecto sobre la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos Indígenas.”
10. En ese mismo sentido, en el documento en que se contienen su “Política de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Derechos Indígenas, Desarrollo con Identidad y Diversidad Cultural”, dada a conocer en esa misma oportunidad, se anuncia lo que a debiera contener “en lo sustancial” el proyecto de reforma constitucional :
“A. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Los pueblos indígenas actualmente cuentan con reconocimiento de derechos específicos a través de la Ley Indígena y con reconocimiento de derechos universales a través de la Constitución Política y la legislación sectorial.
Tal como lo recomendara la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, el gobierno avanzará decididamente en mejorar el nivel de reconocimiento de derechos específicos que han alcanzado los pueblos indígenas.
Asimismo, potenciará entre ellos el ejercicio de derechos políticos, culturales, sociales y económicos, ya consagrados en la legislación nacional, a partir de la reglamentación y el fortalecimiento institucional.
Entre las principales medidas en esta materia se cuentan:
1. Reconocimiento constitucional
Se insistirá al Congreso Nacional en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
Creemos que el país está maduro para dar un gran paso en este sentido y por ello, debemos impulsar que lo más pronto posible el Congreso Nacional apruebe el reconocimiento constitucional que contenga en lo sustancial lo siguiente:
· Se reconoce la existencia de los pueblos indígenas como parte de la nación y que poseen culturas e identidades propias.
· Que los pueblos indígenas son descendientes de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que les son propias.
· Que es deber del Estado garantizar el pleno respeto de los pueblos indígenas, con el objeto de preservar la diversidad cultural de la nación y el ejercicio de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas en un marco constitucional que asegure la unidad nacional.
Para ello, se solicitará las urgencias necesarias para su votación y aprobación en el curso del año 2004.
Paralelamente, se deberán impulsar instancias de difusión y debate sobre los alcances del reconocimiento constitucional referido en el seno de la sociedad civil.”
11. Así, de concretarse el anuncio presidencial en una iniciativa legal, tal como se anuncia públicamente, el Gobierno de Chile faltará a la obligación convenida en el Acuerdo firmado ante la CIDH contenida en su título III.- “ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA”, numeral 1, letra a), ya indicada, en cuanto al dialogo, entendimiento y consenso previo que debe buscar con las comunidades y organizaciones indígenas para definir los términos de la reforma constitucional, siendo carga del Estado buscar la fórmula más adecuada para materializar este compromiso.
12. A mayor abundamiento, y en relación a la ausencia de consulta a las organizaciones y comunidades indígenas para determinar el contenido de la reforma constitucional, resulta útil señalar que el Presidente de la República indicó que sus anuncios son fruto de las Propuestas contenidas en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato.
Esta Comisión fue creada por el mismo Ejecutivo por Decreto Supremo Nº 19, del 18 de enero del año 2001 y fue encabezada por el ex Presidente, don Patricio Aylwin Azócar (1990-1994). A ella le fue encomendada la preparación de un informe con el objetivo de que (según lo indica el propio Informe final de dicha Comisión presentado el 28 de octubre de 2003) :
“informara acerca de la historia de la relación que ha existido entre los Pueblos Indígenas y el Estado, y
sugiriera propuestas y recomendaciones para una nueva política de Estado que permita avanzar hacia un Nuevo Trato entre el Estado, los pueblos Indígenas y la sociedad chilena toda.”
El mismo Decreto establecía que dichas recomendaciones para un Nuevo Trato debían estar referidas a mecanismos institucionales, jurídicos y políticos para una plena participación, reconocimiento y goce de los derechos de los pueblos indígenas en un sistema democrático, sobre las bases de un consenso social y de reconstrucción de la confianza histórica.
13. Dicha Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, para cumplir con su mandato, examinó diversos asuntos, organizando para ello distintos Grupos de Trabajo Temáticos. Estos Grupos, según el Informe presentado por esa Comisión, fueron “integrados por expertos indígenas y no indígenas” y recibieron de parte de la Comisión “el mandato específico de reunir, sistematizar, someter a examen y reportarle a través de un informe, antecedentes y sugerencias relativas a los ámbitos temáticos que se describen a continuación ”.
15. Sin embargo, el Grupo de Trabajo Legislación e Institucionalidad, que tuvo a su cargo “analizar la actual situación institucional y legal de los pueblos indígenas del país; examinar el sentido o significado público que esa situación posee; identificar y analizar las expectativas que, respecto de esa situación, han forjado los pueblos indígenas; y sugerir reformas institucionales que, respetando el sentido de comunidad histórica que el país posee, favorezcan un nuevo trato público e institucional de los pueblos indígenas”, no estuvo integrado por ningún representante de comunidades y organizaciones indígenas y, sin perjuicio de la ilustración y honorabilidad de cada uno de ellos, la labor de ese grupo de trabajo no se corresponde con un proceso de dialogo, entendimiento y consenso con las comunidades y organizaciones indígenas, como está obligado por el Acuerdo suscrito ante la CIDH.
16. Además, aun cuando la iniciativa presidencial invoca como antecedente lo propuesto por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, ella en realidad corresponde a una decisión adoptada por el Ejecutivo por sí y ante sí. No se semejan a las “PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA UN NUEVO TRATO ENTRE EL ESTADO, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA SOCIEDAD CHILENA”, sugeridas por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. La Propuesta y Recomendación N° 2 sobre el “RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”, y la Propuesta y Recomendación N° 3 “DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE LA COMISIÓN RECOMIENDA CONSAGRAR CONSTITUCIONALMENTE”, planteaban un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas a un nivel acorde al estándar internacional de los derechos indígenas y, junto a ello, proponían y recomendaban la consagración constitucional de sus derechos colectivos a nivel constitucional (como son el derecho a participación, derechos territoriales y derechos culturales) .
17. Por último, es dable señalar que la propuesta presidencial, en el caso de materializarse en un proyecto de reforma constitucional, violaría, también, la propia ley chilena. La Ley 19.253, en su artículo 34, prescribe que “Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley”. De lo que se concluye, por tanto, que el Ejecutivo antes de decidir proponer una reforma constitucional, y más aún de definir su contenido, debe escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas.
18. En ese mismo sentido, y para concluir este punto, es importante destacar la contradicción en que incurre el gobierno chileno, en que por un lado anuncia que mientras tanto se logra la ratificación en Chile del Convenio 169 de la OIT (que aún está pendiente en el Congreso), se aplicarán “exhaustivamente” los “principios del mismo Convenio que ya están incorporados en la Ley Indígena vigente”, mencionando precisamente los consagrados en el artículo 34 de la Ley Indígena en cuanto al deber de consulta, pero, por otro lado, anuncia una reforma constitucional sin hacer ningún tipo de consulta a las comunidades y organizaciones.
III. EN RELACIÓN A LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO Nº 169 DE LA OIT
19. El impulsar la ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT es una obligación que el Gobierno de Chile asumió por el Acuerdo. El texto de dicho documento señala que el Gobierno de Chile se obliga a impulsar “igualmente un amplio proceso de diálogo en torno a los contenidos del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), generando instancias de entendimiento, con la finalidad de alcanzar los consensos legislativos que permitan su aprobación.”
20. Y para cumplir esa obligación el Gobierno debe realizar, en conformidad al Acuerdo suscrito, “las siguientes actividades de difusión y promoción de los principios y contenidos del Convenio:
(1) Diálogo con los partidos políticos y bancadas parlamentarias que permita construir un consenso y lograr la ratificación por el Senado del Convenio.
(2) Instar y fomentar un Diálogo con autoridades de la OIT, vía seminario u otra, que permita precisar los contenidos y alcances de este instrumento internacional.
(3) Seminarios, nacionales y regionales, con participación de sectores interesados de la comunidad nacional e indígena, organizados en conjunto con establecimiento universitarios, que aborden los contenidos del Convenio Nº 169 de la OIT así como su aplicación en países que han ratificado el mismo.”
21. En relación, al menos, a la última obligación (la del número 3 recién referido) nos consta que el Gobierno de Chile no ha realizado ninguna de las actividades de difusión y promoción que ahí se señalan.
22. El Presidente de la República en su “Política de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas”, bajo el título “Ratificación del Convenio 169 de la OIT” ha anunciado:
“También pondremos urgencia a otro importante proyecto, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas.
Este proyecto, al igual que el de reconocimiento constitucional, debería ser votado durante el presente año por el Congreso Nacional, de manera que el Estado de Chile ratifique la voluntad de sustentar una política de diálogo y participación con las comunidades indígenas acerca del desarrollo del país.
Es un tema que también se ha debatido ampliamente, en que se han despejado dudas y, sin embargo, no se ha podido avanzar con la celeridad que queremos.
Mientras se llega a un consenso suficiente en esta materia, deseamos avanzar en aquello que según nuestra institucionalidad es posible, en el sentido de los principios del mismo Convenio que ya están incorporados en la Ley Indígena vigente y que se aplicarán exhaustivamente.
Por ello, se asegurará en todas las agencias y servicios públicos:
- Incluir en sus procedimientos la consulta e información en los procesos de inversión que involucren, directa o indirectamente, a comunidades originarias.
En especial, asegurar la participación de las comunidades concernidas en el plan de desarrollo y el uso y gestión de las áreas silvestres de responsabilidad el Estado.
- Adecuar los programas gubernamentales a la realidad indígena, para lo cual los ministerios deben dedicar esfuerzos presupuestarios y de gestión adicionales.
- Difundir en la opinión pública y la sociedad civil el citado convenio.”
23. Este anuncio por parte del Gobierno, en caso de concretarse, significa un avance en el cumplimiento de las obligaciones contraídas, siendo muy significativo su declaración en orden a comenzar a hacer efectivo, desde ya, su deber de consulta e información con las comunidades originarias respecto de procesos de inversión que les afecten.
III EN RELACIÓN A LA CREACIÓN DE LA COMUNA DEL ALTO BÍO BÍO
24. En relación a la iniciativa legal para la creación de la comuna del Alto Bío Bío, el 21 de abril de este año fue aprobado en general y en particular el proyecto de ley en la Cámara de Diputados y ese mismo día fue comunicada dicha aprobación al Senado.
25. En esa Cámara Alta, sin embargo, en Sesión 58ª, Ordinaria, en martes 18 de mayo de 2004, se rechazó en general el proyecto (26 votos a favor y 15 en contra), por no haberse reunido el quórum constitucional requerido, por lo que, de acuerdo al artículo 67 de la Constitución Política de la República de Chile, el proyecto debió ser sometido a consideración de una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, para proponer la forma y modo de resolver las diferencias.
26. Finalmente, el proyecto de ley de la comisión mixta fue votado favorablemente por ambas cámaras el 16 de julio de 2004, habiendo sido publicada como Ley de la República el 21 de julio de 2004 (Nº 19.959).
27. Por otra parte, en relación a la obligación contraída por el Gobierno de Chile (“con el propósito de dar a conocer el sistema de administración comunal”) de llevar a cabo “un seminario informativo sobre la administración comunal y todos los antecedentes relacionados con la eventual creación y funcionamiento de una comuna, dirigido a la totalidad de las comunidades indígenas del Alto Bío Bío, actividad que estará a cargo de instituciones estatales que corresponda”, en el “plazo de 60 días a contar de la suscripción del presente Acuerdo de Solución Amistosa,”, nada de eso se ha materializado hasta el momento.
28. La única iniciativa que se ha llevado adelante en este sentido fue una audiencia de la convocada por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, en donde concurrieron representantes de organizaciones indígenas y no indígenas del Alto Bío Bío, que tuvo lugar el día 13 de abril de 2004, y donde se escuchó su opinión respecto de la creación de la comuna.
IV. EN RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ASUNTOS INDÍGENAS, Y EN PARTICULAR LA SITUACIÓN PROCESAL DE VÍCTOR ANCALAF LLAUPE
29. De acuerdo al numeral 4º del Acuerdo, el Gobierno de Chile se comprometió, “dentro de un plazo breve y urgente” a disponer de “medidas respecto de las causas judiciales que afectan a dirigentes indígenas que han sido procesados por acciones relacionadas con la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco”, específicamente en relación al dirigente Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, procesado, a la fecha, por supuesto delito terrorista. Las medidas comprometidas fueron : 1) procurar el estricto respeto de las normas sobre el justo proceso, 2) estudiar la aplicación de alguno de los beneficios garantizados a todas las personas que se encuentran privadas de libertad por resolución judicial, como asimismo, estudiar la adopción de las medidas que corresponda aplicar en su caso, y, 3) el estudio de ayuda humanitaria a favor de la familia del señor Ancalaf Llaupe.
30. Con fecha 30 de diciembre de 2003, en causa Rol Nº 1-2002, iniciada por requerimiento de don Esteban Krausse Salazar, Gobernador de la Provincia del Bío Bío, y conocida por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, don Diego Simpértigue Limare, se condenó a Victor Ancalaf Llaupe a la pena única de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autor de los delitos terroristas establecido en el artículo 2, numeral 4 de la Ley 18.314, en relación al artículo 1º del mismo texto legal, supuestamente cometidos los día 29 de septiembre de 2001, 3 y 17 de marzo de 2003, en el sector Alto Bío Bío de la Octava Región del país.
31. Además, fue condenado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, a la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares, mientras dure la condena, y a pagar las costas de la causa. Y quedó también inhabilitado, en conformidad al artículo 9º de la Constitución de la República de Chile, por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimientos de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza, para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones, y fue inhabilitado para ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante el mismo plazo de quince años.
32. Los hechos que se le imputaron al señor Víctor Ancalaf son la participación en la quema de cuatro camiones y una retroexcavadora que efectuaban trabajos para la empresa ENDESA en la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, los días señalados.
33. Se le imputa la comisión del tipo penal sancionado en el artículo 2 numeral 4º de la Ley 18.314, esto es: “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daños” , concurriendo al hecho descrito la supuesta intención de “producir en parte de la población temor justificado a ser víctima de delitos, teniendo presente las circunstancias y la naturaleza y efectos de los medios empleados, como por la evidencia de que ellos obedecen a un plan premeditado de atentar contra bienes de terceros que se encuentran realizando labores para la construcción de la Central Ralco del Alto Bío Bío, todo con el objeto de arrancar resoluciones de autoridad que tiendan a impedir la construcción de estas obras” (considerandos tercero, noveno y décimo quinto de la sentencia).
34. En un primer momento el Gobernador de la Región del Bío Bío, don Esteban Krausse, como parte querellante, apeló de la resolución solicitando una pena más alta al inculpado pero posteriormente, frente al reclamo de sus abogados y de organizaciones indígenas, la Gobernación se desistió de su recurso. El señor Ancalaf, por su parte, apeló de la sentencia condenatoria.
35. El abogado Roberto Celedón Fernández, representante de las denunciantes ante la CIDH, tomó contacto con el inculpado Ancalaf en la cárcel donde está recluido en la ciudad de Concepción, y asumió su defensa en la causa en cuestión.
36. La Corte de Apelaciones de Concepción conoció de la apelación, y con fecha 4 de Junio de 2004 revocó la sentencia de primera instancia respecto de los hechos ocurridos los días 29 de septiembre del 2001 y 3 de marzo del 2002, absolviendo de ellos a don Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, pero confirmó la sentencia de primera instancia respecto del hecho ocurrido el 17 de marzo del 2002. La sentencia de segunda instancia, en consecuencia, redujo la pena y condenó en definitiva al inculpado a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo.
37. De esta sentencia se recurrió de queja ante la Corte Suprema el día 14 de junio de 2004 y se presentó, además, recurso de casación ante la Corte de Apelaciones de Concepción el día 19 de junio de 2004. En relación al recurso de casación, éste fue declarado improcedente y se encuentra pendiente la resolución del recurso de queja, estando la causa agregada a la tabla para su conocimiento y fallo en los próximos días.
38. La legislación antiterrorista para un hecho que ninguna relación guarda con tan grave fenómeno, como ocurre en este caso, no constituye un hecho aislado en el país, sino que, por el contrario, forma parte de una política sistemática, y que se venido agudizando en el último tiempo, de criminilización del movimiento mapuche. Política que comenzó con la utilización y aplicación por parte de las autoridades y de los tribunales de justicia de la legislación penal común, para luego, pasando por la Ley de Seguridad del Estado, terminar haciendo uso de la ley que sanciona conductas terrorista (promulgada durante la dictadura militar).
39. En este mismo sentido, el informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, destacó en su informe respecto de Chile, además de la marginación económica y social que vivían las comunidades indígenas del país, la grave criminalización de que eran objeto los movimientos indígenas de protesta social, recomendando por ello, al final de su Informe, que 1) “Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”, y, 2) “No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas.”
40. Además sobre Victor Ancalaf pesan dos condenas firmes. Una, por delito de hurto de madera, recibiendo una condena de tres años y un día de reclusión, y, otra, por el delito de desacato, recibiendo una condena de 144 días de reclusión.
41. Por otra parte, la misma cláusula 4º del Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa dispuso lo siguiente:
(4) Programas de sensibilización intercultural para los funcionarios del Poder Judicial y demás instituciones relacionadas con las zonas Indígenas, con el propósito de mejorar la pertinencia cultural en la atención de los usuarios indígenas de los servicios de administración de justicia.
(5) Establecer a la brevedad Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con los organismos de la Reforma Procesal Penal, especialmente orientado a mejorar las condiciones de acceso a la justicia y el adecuado cumplimiento de las exigencias del debido proceso respecto de los indígenas.
41. Sin embargo, aparte de la instalación de la Defensoría Penal Pública Mapuche en la ciudad de Temuco, como un servicio especializado para la defensa de personas mapuches imputadas de delitos, no existe algún programa de sensibilización intercultural para los funcionarios del Poder Judicial y demás instituciones relacionadas con las “zonas Indígenas”, que se esté ejecutando o se piense ejecutar tanto en las regiones del Sur del país como en las otras restante de presencia de población indígena. En ese sentido, se debiera entender como "zonas indígenas” no solo las comunas del Sur del país, sino también los grandes centros urbanos, como Santiago que concentra una alta población indígena y en la cual es necesario un proceso de sensibilización intercultural hacía los funcionarios del poder judicial.
42. El mismo criterio debe operar para tratar número 5 del punto 4 referente al establecimiento de Cooperación y Asistencia Técnica con los Organismos de la Reforma Procesal Penal. Se debe implementar en todas las comunas de presencia de población indígena, lo cual incluye las comunas de la Región Metropolitana por el alto porcentaje de población indígena, no solo mapuche, que aquí existe, y sobre la cual comenzará a operar la Reforma Procesal Penal en el 2005.
V. RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN, FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES, DEBER DE CONSULTA Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL
43. El Gobierno de Chile, se comprometió, en la cláusula 2ª del Acuerdo definitivo, a disponer de “Medidas tendientes a fortalecer la identidad territorial y cultural mapuche pehuenche y mecanismos de participación en su propio desarrollo”.
44. Para ello se obligó, como ya se dijo, a la a) “Creación de una comuna en el sector del Alto Bío Bío”, y, además, a b) “Acordar los mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras que afectan a las comunidades Indígenas del sector del Alto Bío Bío, c) “Fortalecer la participación indígena en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Alto Bío Bío”, y d) “Acordar los mecanismos que aseguren la participación de las comunidades Indígenas en la administración de la Reserva Forestal Ralco”.
45. Por su parte la cláusula 3ª del Acuerdo Definitivo acordó disponer de “Medidas tendientes al desarrollo y preservación ambiental del sector del Alto Bío Bío”, lo cual incluye los compromisos de a) “Acordar mecanismos para asegurar que las comunidades indígenas sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco”, b) “Fortalecer el desarrollo económico del sector del Alto Bío Bío y, en particular, de sus comunidades indígenas, mediante mecanismos que sean aceptables para la parte denunciante”, c) “Acordar mecanismos que faciliten y mejoren el aprovechamiento turístico de los embalses del Alto Bío Bío, en beneficio de las comunidades indígenas”, y d) “Acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Bío Bío”.
46. No obstante esas obligaciones contraídas por el Gobierno de Chile, que le imponen el deber de velar y asegurar una adecuada información, consulta y participación de las comunidades en las cuestiones que atañen a su territorio, y el cuidado de su medio ambiente y de sus espacios de significación cultural, la empresa Endesa, el día 21 abril del presente año, mediante una decisión unilateral cerró en forma definitiva el ducto inferior de la Represa Ralco, inundando un cementerio indígena perteneciente a la comunidad de Quepuca Ralco. Ello ante la completa pasividad del Gobierno, el que teniendo los mecanismos jurídicos y el deber evitar que ello ocurriese, no tomo ninguna providencia para prevenir el hecho ni tampoco ha adoptado medidas para sancionarlo.
47. La amenaza que se cernía sobre el cementerio se sabía de antemano y miembros de la comunidad habían mantenido reuniones con personeros de organismos públicos, entre ellos CONADI y CONAMA, y de la empresa, a objeto de discutir y encontrar una pronta respuesta a la situación que la inundación del embalse planteaba. En estos encuentros las opciones propuestas incluían la excavación del sitio para ubicar los restos humanos y su reentierro en otro lugar, o el cubrimiento del área del cementerio con una loza para impedir el daño de los restos por las aguas. Ello sin perjuicio de las compensaciones a que diera lugar la situación.
48. Sin embargo, pocos días después de la ultima reunión sostenida y sin mediar aviso, la empresa cerró intempestivamente las compuertas del la central. Con fecha 21 de abril pasado ENDESA informó a través de un comunicado de prensa que, como resultado de las precipitaciones ocurridas en los últimos días, y frente al “llenado espontáneo” del embalse Ralco que habría alcanzado una altura de 40 metros, “la compañía decidió cerrar en forma definitiva el ducto inferior de la presa de manera de evitar potenciales riesgos en las instalaciones.” Ello, a pesar de reconocer que las inundaciones provocadas con las lluvias recientes no habían ocasionado peligro alguno a las obras de la central ni a la población aledaña. Dicha inundación, además, se produjo sin previo aviso de la población local, y en circunstancia que el llenado del muro estaba previsto para el mes de mayo.
49. Producto de esta acción quedó debajo de las aguas el cementerio de la comunidad de Quepuca, que había sido utilizado hasta mediados de la década del los 50 del siglo XX. Siendo incluso, hoy día, posible identificar el nombre de mas de medio centenar de las personas cuyos restos descansan en dicho lugar.
50. Respecto de otro punto del Acuerdo, en relación a la obligación contraída en orden a acordar mecanismos para asegurar la participación e información de las comunidades en el seguimiento ambiental (clausula 3, letra A), el gobierno no sólo ha dilatado innecesariamente el acceso público de los informes ambientales a nivel central, sino que no ha cumplido con el compromiso de difundirlos a traves de internet, ni en un lugar próximo a las comunidades. De igual manera, no ha habido el nombramiento de una persona de las comunidades para participar en el monitoreo.
51. En relación a disponer de mecanismos para el aprovechamiento turístico de los embalses del Alto Bío Bío, en beneficio de las comunidades indígenas, no ha existido ningún avance en la elaboración y desarrollo de un plan de ordenamiento territorial, que establezca los usos a que podrán destinarse las riberas del lago, a pesar de que el lago ya es un hecho.
52. El cuanto al punto 3.d del Acuerdo Definitivo, éste no se ha cumplido por cuanto no se ha hecho ninguna gestión en orden a acordar mecanismo vinculantes que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos en tierras indígenas del Alto Bío Bío.
53. En cuanto a los mecanismos que permitan solucionar el problema de tierras, el gobierno no ha cumplido con lo prometido en el sentido de contratar un equipo de abogados para explorar posibles soluciones, por lo cual docenas de familias del Valle del Queuco, continúan viviendo en la indefensión, no habiéndose regularizado sus títulos, a pesar de haber un permiso tácito del gobierno para permanecer en las tierras recuperadas.
VI. EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS PARTICULARES DE LAS FAMILIAS MAPUCHE PEHUENCHE AFECTADAS
54. EI Gobierno de Chile se comprometió a actuar como garante y velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas por Endesa para atender las demandas particulares de las peticionarias para atender sus demandas relacionadas con tierras, compensaciones económicas y demandas educacionales, del que dio cuenta el Memorandum de Entendimiento, suscrito en Santiago de Chile el 16 de septiembre de 2003.
55. Sin embargo, en relación a esas obligaciones a que se comprometió ENDESA con las peticionarios, estas hasta ahora no se han visto completamente satisfechas. El Memorandun de Entendimiento respectivo obligaba a la empresa a entregar a cada peticionaria un predio de 77 hectáreas de características similares a las permutadas.
En el caso del predio transferido a doña Berta Quintreman, su superficie alcanza los 65,5 hectáreas, 11,5 hectáreas menos de lo acordado, y en él no existe ninguna fuente de agua disponible, secándose completamente en verano. El campo tampoco se encuentra cerrado ni tampoco sus deslindes han sido debidamente determinados en el terreno. Sus tierras están en gran parte cubiertas de renuevo de matorrales y zarzamora no estando por ello es apta para la ganadería y la agricultura. Es necesario, también, es instalar un invernadero y plantar una quinta, tal como había en la tierra que fue permutada a ENDESA.
El predio, además, esta rodeado por plantaciones de pino, lo que hace aun más difícil encontrar agua, y los pinares constituyen un medio ambiente completamente ajeno al espacio tradicional en que ha vivido doña Berta.
Asimismo, sus caminos interiores y de acceso se encuentran en pésimo estado, haciendo muy difícil su ingreso y transito. Lo mismo ocurre con los puentes, los que carecen de bocatomas para que fluya el agua de las lluvias.
Y en relación a los predios entregados a las demás peticionarias, sus caminos de acceso e interiores están en mal estado, falta cercar sus deslindes y ponerle portones de acceso. También, en gran parte está cubierto por matorrales que es necesario despejar.
En todos ellos resulta es indispensable regularizar a favor de las peticionarias los derechos de agua en los cursos hídricos que hay.
Por último, a raíz de la inundación del embalse de la Central Ralco la peticionaria señora Berta Quintreman perdió seis camiones de leña que tenía guardada y 500 troncos de árboles, los que fueron llevados por el agua y que ENDESA debe reparar. Asimismo, quedó bajo agua una quinta de árboles frutales y las instalaciones de un camping que existía a la orilla del río Bío-Bío. Una situación parecida vivió la peticionaria doña Mercedes Julia Huenteao. Quien producto de la inundación perdió alrededor de 60 troncos de árboles nativos y tres pilares de leña, lo que deben ser indemnizados. Además, su casa habitación fue desarmada por quedar bajo la línea de inundación y no se la han vuelto construir.
En el caso de doña Aurelia Marihuan, también su caso tuvo que ser desmantelada y no le ha sido repuesta. Perdió tres vaquilllas con motivo de la inundación del embalse y también es necesario reponer las instalaciones del camping que tenía a la orilla del río y que quedaron bajo agua
Fue designado una persona por la Gobernación de la Provincia del Bío Bío para servir de intermediario con la empresa para ir solucionando las obligaciones pendientes, pero dicho funcionario apenas se comunica con las peticionarias, resulta muy difícil comunicarse con él y no parece idóneo para abogar de buena manera eficaz en las solicitudes de las peticionarias. Y, en general, no existe una coordinación eficiente y accesible para con el Gobierno para estos efectos.
56. Adicionalmente, entre el Gobierno de Chile y las familias peticionarias, se convino un conjunto de medidas o acciones tendientes a otorgar a estas últimas, determinados beneficios complementarios a las compensaciones directas comprometidas por la empresa Endesa, compromisos que se consignaron en Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de Chile y las familias peticionarias, suscrito en igual fecha y lugar.
Esas medidas fueron las siguientes: 1) arbitrar las medidas para que el Fisco adquiera el Fundo El Porvenir, para ser transferidas a título gratuito a las familias de las propietarias pehuenche comparecientes, y estudiar las medidas necesarias para mejorar la accesibilidad al referido predio y la posibilidad de establecer una reserva forestal en el resto de los terrenos de dicho predio; 2) a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario y conforme al ordenamiento vigente, proporcionar asistencia técnica a los proyectos de desarrollo que se realicen en los terrenos del actual Fundo El Porvenir y que aseguren su habitabilidad y explotabilidad; 3) a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizar un Programa de Viviendas por medio del cual otorgar subsidios habitacionales para la construcción de casas habitación para las peticionarias y sus familiares, y ; 4) arbitrar las medidas necesarias para otorgar 8 pensiones de gracias y 22 becas de estudio a familiares de las peticionarias.
En relación al fundo Porvenir, el predio no ha sido formalmente transferido a los beneficiarios, ni tampoco su adquisición por parte del Estado está perfeccionada. Las construcción de las viviendas tampoco se han iniciado, y se prometió una visita al lugar para definir sus ubicaciones pero esto tampoco se ha cumplido. El fundo tampoco no ha sido cercado y se encuentra actualmente con animales de terceras personas que consumen sus pastizales.
Está pendiente la geomensura del predio y la asignación de los lotes de acuerdo a las preferencia de los futuros residentes. Asimismo, sus caminos de acceso se encuentran en muy mal estado y se quedó de estudiar la posibilidad de construir un puente de acceso que atravesara el río Bío Bío desde el poblado de Ralco, pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta.
Tampoco se han entregado los subsidios habitacionales comprometidos, ni se han iniciado los trámites para otorgar las becas de estudio comprometidas.
VII. EN RELACIÓN AL DEBER DE LAS PARTES DE INFORMAR
57. El Acuerdo celebrado ante la CIDH en su numeral 7, titulado “Informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” estableció lo siguiente : “Sin perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan informar periódicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el estado de cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa. EI primer informe se remitirá al término del plazo de cuatro contado desde la fecha de suscripción del Acuerdo y los siguientes se remitirán semestralmente, hasta el íntegro y cabal cumplimiento de todos los puntos del Acuerdo”.
58. Como se señaló, el 13 de octubre de 2003 se suscribió el “ACUERDO DEFINITIVO DE SOLUCIÓN AMISTOSA ENTRE EL ESTADO DE CHILE Y LAS FAMILIAS MAPUCHE PEHUENCHE PETICIONARIAS DEL ALTO BÍO BÍO”, habiendo transcurrido desde entonces un año sin que el Gobierno de Chile haya presentado informe alguno a la CIDH respecto del estado de avance en el cumplimiento de sus obligaciones.
VII. PETITORIO
Por todo lo expuesto, vengo en solicitar respetuosamente a la Comisión se dirija al Gobierno de Chile solicitándole que de cumplimiento íntegro a todos y cada uno de los puntos del Acuerdo, y en particular:
A.- Dar inicio al procedimiento de diálogo y entendimiento con las comunidades y organizaciones indígenas, según los términos expresados en el Acuerdo de Solución Amistosa, a fin de lograr un amplio consenso sobre el contenido de la reforma constitucional que reconozca a los pueblos indígenas en Chile. Todo ello previo a presentar cualquier proyecto de reforma constitucional.
B.- Dar inicio a las actividades de difusión y promoción de los principios y contenidos del Convenio Nº 169 de la OIT comprometidas en el Acuerdo, con vistas a su próxima ratificación.
C.- Organizar y realizar el seminario informativo sobre administración comunal dirigido a la totalidad de las comunidades indígenas del Alto Bío Bío.
D.- Implementar las medidas pendientes en cuanto al fortalecimiento de la identidad territorial y cultural mapuche pehuenche y mecanismos de participación en su propio desarrollo.
E. Implementar las medidas relativas al desarrollo y preservación ambiental del sector del Alto Bío Bío.
F. Rendir informe sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones asumidas ante la CIDH en el caso en referencia.
ANEXOS
ANEXO I
COMUNICADO DE PRENSA DE LAS PETICIONARIAS A RAÍZ DE LA INUNDACIÓN DE UN CEMENTERIO INDÍGENA POR LA EMPRESA ENDESA
Con fecha 20 de marzo de 2004, ante el anuncio público de parte de Endesa, aparecido en la prensa nacional (entre otros, La Tercera del 15 de marzo de 2004) de iniciar el llenado del embalse de la Central Hidroeléctrica Ralco, el Grupo Mapu-Domuche Newen, integrada por las peticionarias, pidió que no se inundara la zona hasta cumplir con los compromisos adquiridos. La declaración fue también difundida por la prensa nacional, no pudiendo el gobierno ni la empresa Endesa aducir desconocimiento de esta petición explícita de las familias.
El texto de la declaración difundida el 20 de marzo expresaba:
¡NO PODRÁN INUNDAR HASTA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS!
ENDESA a través de la prensa ha declarado que en el mes de mayo pretende inundar nuestras tierras para hacer funcionar su negocio de la Central Ralco. Nosotros le decimos claramente a la empresa, al gobierno y al país que sólo cuando cumplan con su palabra podrán inundar.
Nuestro acuerdo, logrado tras mas de un año de negociaciones, implicaba varias cosas, entre ellas:
-Se nos prometió que se habilitarían casas y terrenos adecuados para todas las jefas de familia y sus hijos, asunto que no ha avanzado como debiera, faltando aún que se construyan 16 casas, se habiliten caminos y haya una adecuada provisión de agua.
-Se nos prometió que habría una nueva comuna en el Alto Biobio. A pesar de que se ha aprobado la idea en la Comisión de Gobierno Interior, hay sectores de la derecha que podrían trabar su aprobación en el Senado y no está asegurada su promulgación . Exigimos que se apruebe antes de las próximas elecciones.
--Se nos prometió que se apoyaría a la familia y se trabajaría por la liberación del lamnién Victor Ancalaf, preso en Concepción. El lamnién no sólo sigue preso, sino que el desubicado gobernador pidió se le subiera la condena
- Se nos prometió que los pehuenche participaríamos en la conducción del Area de Desarrollo y del desarrollo turístico de la zona. Nada de estos hemos sabido se haya cumplido.
Por todo lo anterior nosotros decimos claramente que se olviden de poder inundar hasta cumplir con los acuerdos.
¡Que se nos respete alguna vez!
¡Que cumplan alguna vez con su palabra!
Contrariamente a lo informado hacen pocas semanas en la prensa, nosotros NO HEMOS DADO NUESTRA ULTIMA FIRMA y no lo haremos, ni saldremos de lo nuestro, hasta que se cumpla con lo prometido.
¡HABREMOS NEGOCIADO, PERO NO NOS HEMOS RENDIDO!
Mapu Domuche Newen
(Mujeres con Fuerza de la Tierra)
Ralco Lepoy, 20 de marzo de 2004
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ANEXO II
SESIÓN DEL SENADO EN QUE SE TRATÓ LA CREACIÓN DE LA COMUNA DEL ALTO BIOBIO
Respecto de la 58ª Sesión del Senado, del martes 18 de mayo de 2004, que trató la “CREACIÓN DE COMUNA DE ALTO BIOBÍO EN OCTAVA REGIÓN”, pensamos que es importante poner en antecedentes a esta Comisión los términos del debate que ahí se dieron. Varios senadores de la Cámara expresaron su profunda preocupación por el Acuerdo alcanzado ante la CIDH por el caso Ralco (pero al parecer sólo teniendo a la vista las Bases de Acuerdo firmadas el 26 de febrero de 2003), cuestionando incluso su validez legal.
Así, el senador institucional, señor Julio Canessa Robert expresó que :
“el 26 de febrero del año 2003, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, suscribió las bases de un acuerdo con las familias mapuche-pehuenches del Alto Biobío, el cual, entre otras cosas, promueve la creación de una nueva comuna en el referido sector”.
Señalando, luego :
“Me preocupa, señor Presidente, que el Estado de Chile comprometa ante organismos internacionales acuerdos que afectan necesariamente nuestra propia institucionalidad, nuestra decisión soberana como nación para determinar lo que nos es más conveniente. Ello obedece, sin duda, a un aspecto más de fondo y que dice relación a la política indígena que, a partir de la ley del mismo nombre, se ha estado aplicando en los respectivos Gobiernos. Esta política -y no pretendo ahondar en el tema- ha venido segregando al conjunto de la nación para crear artificialmente una minoría indígena que rompe la necesaria unidad del país, que ha costado varios siglos construir”.
Para finalmente agregar :
“Señor Presidente, (del Senado) son muchas las dudas que tengo acerca de este proyecto, y me preocupa que su génesis provenga de un acuerdo ante organizaciones internacionales, fruto de una política indígena del todo desacertada y que deja de lado los reales intereses de la población de una zona tan importante de nuestro país”.
Asimismo, el senador institucional, Jorge Martinez Busch, señaló :
“Ese acuerdo es del año 2003, y en su número 3 ("Medidas tendientes al desarrollo y preservación ambiental del sector del Alto Bío Bío") se establece la siguiente letra d), respecto de la cual solicito una aclaración, porque su contenido es sumamente grave para la soberanía y la obligación de crecimiento y perfeccionamiento que corresponde al Estado de Chile: "d) Acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Bíobío.".
Ésa es una limitación extraordinariamente grave a la soberanía del Estado. Cualquiera que sea su título, no es aceptable, porque está comprometiendo directamente el desarrollo nacional.
Ese acuerdo, a mi juicio, no puede tener validez jurídica, menos de rango constitucional. Y, si se aceptara tal limitación, debería ser sancionada por el Congreso Pleno -o sea, por las dos Cámaras-, dada la gravedad del mecanismo”.
Y, el mismos senador añadió:
“A mayor abundamiento, en el documento entregado con fecha mayo de 2004, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo establece claramente, en el número 5 del título III ("Fundamentos de la creación"), reafirmando la misma idea, que se acordó en febrero de 2003 "una serie de medidas enfocadas a la protección de la etnia pehuenche; su cultura, su desarrollo y preservación de su ambiente". O sea, con esa fecha, bajo tal pretexto, se procede a una resolución vinculante con diferentes organismos del Estado para que no se puedan instalar nuevos sistemas de aprovechamientos de energía hidroeléctrica. Solicito a la señora Subsecretaria que me aclare ese punto, porque el planteamiento me parece sumamente grave”.
En el mismo sentido se pronunció el senador, señor Mario Ríos Santander :
“Pero la génesis del proyecto en debate se encuentra en el extranjero, en Washington, en febrero de 2003, específicamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, oportunidad en que el Estado de Chile firma un acuerdo para hacer efectivo un pliego de peticiones presentado por seis mapuche-pehuenches de Alto Biobío y en el que, entre otros requerimientos, se exige la creación de la comuna en comento”. Y luego agregó, “Muchos han señalado que estos acuerdos amistosos no tienen la misma fuerza que los ratificados por el Poder Legislativo. Y es verdad. Sin embargo, el punto número 10) del Procedimiento de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice lo siguiente: ‘Si un Estado no cumple con el acuerdo de solución amistosa, el procedimiento sigue su curso normal y la CIDH entra a pronunciarse sobre el fondo y eventualmente se va a la Corte. Para determinar el cumplimiento o no cumplimiento de los acuerdos, éstos establecen plazos para ello y la Comisión hace un seguimiento y aprueba finalmente si se han cumplido o no. De todas maneras puede solicitarse ampliación del plazo y la Comisión tendrá que decidir si lo acepta escuchando a la otra parte´. En consecuencia, señor Presidente, estamos ante un documento inédito en lo referente a la administración interior del Estado chileno, que, sin duda alguna, pone un signo de interrogación a la creación de esta comuna”.
Y añadió :
“¿Qué sostengo? Que necesariamente debemos encontrar solución a un conjunto de problemas de carácter internacional, social, administrativo, antes de crear la comuna. Para esto existen dos posibilidades, desde mi punto de vista. La primera es devolver el proyecto a la Comisión de Gobierno, a fin de que, en su calidad de ente especializado, con el apoyo, si así se desea, de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, busque el camino más adecuado para el cumplimiento de los tres siguientes puntos referidos a su área de responsabilidad:
Uno, declarar nulo de nulidad absoluta el acuerdo de la OEA, por cuanto crea un grave precedente en la administración interior de Chile y en el resto de los Estados latinoamericanos...”.
Y el senador, señor Jaime Orpis Bouchon, también expresó su parecer al respecto :
“Señor Presidente, seré bastante honesto en expresar mis aprensiones. La verdad es que muchos no las quieren dar a conocer; pero yo al menos haré presentes las mías.
“Votaré en contra de la creación de la comuna de Alto Biobío, por creer que con la represa Ralco quedó absolutamente al descubierto todo lo que está ocurriendo detrás, como la acción de movimientos ecológicos del todo radicales que persiguen la autodeterminación. No me cabe la menor duda de que en este caso el candidato a alcalde, con una postura independista, será Aucán Huilcamán. Entonces, al dar un poder de estas características, a la larga vamos a terminar comprando un conflicto. Considero que ello es tremendamente peligroso y que después podemos terminar sumamente arrepentidos de la decisión que tomemos ahora.
Por eso, tengo serias aprensiones en ese sentido, aun cuando en general soy partidario de la creación de comunas. Pero todos los episodios ocurridos en el último tiempo en esa zona se deben tener presentes al momento de adoptar una decisión de esta naturaleza.”
Así también, el senador institucional, ex miembro de la Corte Suprema, señor Enrique Zurita Camps, indicó :
“Señor Presidente, he oído hablar de los derechos humanos de los indígenas. ¿Y qué ocurre con los huincas, que tendrán menos energía eléctrica y a destiempo, pues los derechos humanos de los indígenas impidieron construir Ralco en forma oportuna? ¿Qué dirán Juan Agustín Figueroa, a quien han quemado varias veces sus propiedades, y muchos otros afectados? ¿Tendrán derechos humanos únicamente los indígenas y los huincas no?
Lo que sucede es que en el extranjero creen que aquí estamos comiendo indios como comían pieles rojas los norteamericanos. ¡La situación es muy distinta!
Sabemos muy bien que a los indios se les está entregando más dinero que el que el Gobierno podría gastar en otras cosas”.
Posteriormente, el senador Orpis volvió a tomar la palabra :
“Señor Presidente, fui uno de los que realizaron la afirmación referente a los indígenas, y deseo reiterarla. Y lo hago con el mayor respeto.
Éste no es un problema étnico. Tengo una profunda consideración por las etnias.
Simplemente, he querido dejar establecido que en este caso existe un riesgo, pues hay precedentes -todo el país los conoce- respecto de las situaciones de Ralco y del Alto Biobío. E individualicé con nombre y apellido a Aucán Huilcamán, pues él mismo ha señalado que tiene pretensiones en esa materia. Y en el Alto Biobío no sólo hemos visto a ese personaje, sino a ONG extranjeras, ambientalistas, que están absolutamente unidas con estos grupos tan radicales, y hemos tenido muchos problemas.
Al crear una comuna, en la práctica otorgamos eventual poder. Por ello he manifestado que nos estamos comprando un potencial conflicto.
Eso deseo dejarlo establecido, para que no existan sorpresas si, en el evento de crearse la comuna, después surgen dificultades.
Reitero en forma categórica que tengo el mayor respeto por las etnias”.
Y, por último, el senador democratacristiano, señor Gabriel Valdés Subercaseaux, de la Concertación de Partidos por la Democracia, expresó :
“Señor Presidente, aquí hay dos temas interesantes. Primero, la necesidad de eliminar de esta discusión las referencias étnicas, porque ello es totalmente contrario a nuestra Constitución, a nuestras obligaciones, a nuestra concepción de la sociedad chilena.
Al respecto, recuerdo un debate -no sé si de 1990 ó 1991- donde don Sergio Onofre Jarpa, cuya autoridad política es difícil discutir -ignoro si es también autoridad desde el punto de vista étnico-, sostuvo (y trató de probarlo, sin que pudiera contestársele) que el 83 por ciento de los chilenos teníamos sangre indígena.
Algunos escapan a esa condición; y miro al Senador señor Prokurica o a otros colegas que tienen apellidos extranjeros más recientes, como la Honorable señora Matthei. Todos los demás, que no podemos invocar apellidos sajones u orientales, nos encontramos en una situación de descendencia o de comunidad.
Digo lo anterior porque es bastante absurdo que en nuestro país, a estas alturas, estemos hablando de los indígenas como si no fueran chilenos. ¡Eso es indignante! Demuestra que todavía tenemos la herencia de los españoles que liquidaban a los mapuches pero tenían hijos de las mujeres mapuches.
Ésa es la verdad de lo que pasó en la Colonia.
Ahora bien, hay un punto del acuerdo suscrito ante la OEA que merece una consideración especial. En eso convengo, por cuanto puede constituir un precedente extremadamente peligroso y engañoso...”
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