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sábado, 21 de septiembre de 2013

Piñera y el voto en el exterior: crónica de una mitomanía



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En: Política
11 de septiembre, 2013
Piñera y el voto en el exterior: crónica de una mitomanía

¿Por qué el presidente Piñera, a pesar de declararse partidario del voto exterior, no ha concretado su promesa presidencial, refrendada en cuatro cuentas públicas del 21 de mayo y en programas radiales y televisivos? Simplemente, porque nunca ha querido que se concrete y porque hará todo lo posible para que no ocurra. Bajo el alero de argumentos aparentemente jurídicos y pretendiendo confundir a la opinión pública, el Presidente ha insistido en que “quiere, pero que no puede”, cuando la verdadera ecuación política es inversa: “Puede, pero no quiere”.
“Tarde, mal y nunca” solemos decir en Chile cuando algo fue realizado de modo precario y/o sin la voluntad real de que sea ejecutado. Si las cosas se hacen tarde y mal, es lo mismo que nunca. En esta crónica ilustraremos sobre los antecedentes y acontecimientos que revelan que el gobierno de Sebastián Piñera ha prometido mucho sobre el voto de chilenos en el exterior, pero lo poco que ha hecho se hizo tarde, mal y nunca. Tarde, porque el asunto podría ejecutarse con gran velocidad (no se necesita la reforma constitucional de la que se habla). Mal, porque se eligió el camino menos conducente para viabilizar el proyecto (se podría hacer una ley a la brevedad). Y nunca, porque en definitiva se pretende modificar la legislación poniendo restricciones y manteniendo los absurdos sesgos contra los chilenos que habitan fuera de nuestra frontera (sólo se está abriendo la puerta para la elección presidencial, plebiscitos nacionales y, eventualmente, elecciones primarias). La descripción que hacemos tiene dos dimensiones: argumentamos en el marco de la discusión para la resolución política y legal de este problema, al tiempo que describiremos las operaciones políticas que han estado en juego para evitar que el voto de chilenos en el exterior sea viable o, al menos, para obstaculizar el ritmo natural de los acontecimientos y la racionalidad mínima. Agradecemos que para esta crónica muchos chilenos, en Chile y en el exterior, con altos grados de conocimiento en los temas técnicos en juego, nos hayan apoyado para la elaboración del documento.
Sobre las promesas, el engaño y la simplicidad legal del voto en el exterior
La política exige que la incompetencia y la falta de voluntad se vistan con otras ropas para resultar tolerables. La impostura y la mentira son, entonces, buenas compañeras. En el Siglo XIX, el escritor e historiador francés Prosper Mérimée señaló que “toda mentira de importancia necesita un detalle circunstancial para ser creída”. En el campo de la política, esta consideración puede tener una relevancia central, especialmente si se trata de una promesa política. En ocasiones, una promesa incumplida puede constituir el desenlace poco feliz de un objetivo proclamado, pero que ha sido frustrado por el inexorable peso de las circunstancias. Otras veces, ésta representa la expresión velada o el disfraz que encubre una mentira deliberadamente formulada, especialmente cuando se tiene la creencia de que “parecer” genera más réditos políticos que “ser”. La historia política chilena ha estado plagada de promesas de campaña, muchas de las cuales han despertado grandes expectativas entre la ciudadanía. Algunas han sido esgrimidas representando el genuino anhelo de mejorar, perfeccionar o transformar un determinado orden social. Sin embargo, una promesa política es, al fin y al cabo, sólo una promesa. Es decir, es la pretensión de un futuro potencial que -declarado en el presente- es capaz de cautivar al electorado, el cual hipoteca el sueño de su realización a la voluntad política de aquel que promete.
El ejercicio del derecho a voto desde el exterior fue una de las promesas de campaña del presidente Sebastián Piñera. En innumerables ocasiones ha declarado ser partidario de que cientos de miles de chilenas y chilenos puedan sufragar en los países en que residen. Y aunque esta declaración de intenciones sea valorable, con ello el Presidente no hace más que aludir a un propósito obligatorio, que es el de respetar la Constitución.Más aún si se trata de un derecho constitucional que está siendo vulnerado sistemáticamente por la institucionalidad política chilena. Por tanto, su adhesión u oposición personal al voto exterior puede tener valor en el campo de la retórica y de la voluntad política, pero no en el terreno de las obligaciones exigidas para su cargo. Él debe hacer cumplir la Constitución, pues incluso ésta carta fundamental que tenemos, con todos sus defectos, favorece el voto de los chilenos en el extranjero.
Sin embargo, esto último es pasado por alto y tolerado por gran parte de la clase política, primando los recursos del discurso y de la voluntad personal. El presidente Piñera sabe (y todos lo saben) que se está violando un derecho al no destrabar el ejercicio del derecho a sufragio en el exterior. Sabe que se vulnera la igualdad ante ley, reconocida como derecho individual y principio en el artículo 19 N°2 de la Constitución. La misma Carta Fundamental, en su Artículo 13, Inciso 2, reconoce como ciudadanos a los chilenos, sea que vivan dentro o fuera del territorio nacional. Específicamente, establece que “son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva”. ¿Está enterado el Presidente de que ninguna de estas condiciones tienen algo que ver con residir en el país o en el extranjero? Por supuesto que sí. Sabe que la Constitución asigna la titularidad del derecho a sufragio a todo aquel que cumple con estos requisitos.
Los derechos civiles exigen un rol activo del Estado, para que éstos puedan ejercerse con igualdad. Un Estado que se abstiene de actuar cuando hay un grupo de ciudadanos impedido de ejercer sus derechos, es un Estado cómplice en la vulneración de éstos. La ausencia de implementación del voto exterior confiere al Estado de Chile la calidad de vulnerador de derechos políticos y ciudadanos.
Desde esta perspectiva, la omisión del Presidente Piñera es grave, además de poner de manifiesto su falta de sinceridad ¿Por qué el presidente Piñera, a pesar de declararse partidario del voto exterior, no ha concretado su promesa presidencial, refrendada en cuatro cuentas públicas del 21 de mayo y en programas radiales y televisivos? Simplemente, porque nunca ha querido que se concrete y porque hará todo lo posible para que no ocurra. Bajo el alero de argumentos aparentemente jurídicos y pretendiendo confundir a la opinión pública, el Presidente ha insistido en que “quiere, pero que no puede”, cuando la verdadera ecuación política es inversa: “Puede, pero no quiere”. Su adhesión al voto exterior constituye una mentira articulada, formulada con la creencia de que mentir (sobre su adhesión) minimizará los costos políticos resultantes del incumplimiento de su promesa. Para ello, el presidente Piñera y la Alianza han emprendido cuatro operaciones políticas con ropaje jurídico, destinadas -por acción u omisión- a obstaculizar, postergar o restringir la implementación del voto chileno en el exterior, al menos en este periodo presidencial.
Las operaciones políticas de Sebastián Piñera y de la derecha contra el voto chileno en el exterior
La primera de estas operaciones consistió en presentar propuestas legislativas, diseñadas deliberadamente para que fuesen rechazadas en el Parlamento, debido a las condiciones inaceptables -bajo el término de “vínculo”- que se consignaban en sus textos. Se trata de iniciativas, tales como el proyecto de ley (Boletín N° 7358-07) y el proyecto de reforma constitucional (Boletín N° 6950-07). El Presidente exigía como vínculo la permanencia continua o discontinua de cinco meses en Chile en los últimos ocho años, cotizaciones previsionales en al menos tres de los últimos cinco años y haber votado en Chile en las últimas dos elecciones presidenciales, entre otros requisitos. Estas condiciones discriminaban socioeconómicamente, vulnerando explícitamente el principio constitucional de igualdad ante la ley. Obviamente, el rechazo de la Oposición no se hizo esperar.
La segunda operación política fue modificar su concepto de vínculo, declarando que sólo consistía en la inscripción en consulados y embajadas, pero exigiendo a cambio una reforma constitucional. Como si siguiera al pie de la letra a Prosper Mérimée, el requerimiento de una reforma constitucional surgió como el detalle circunstancial necesario para que la falacia fuese creída. Todos los legisladores saben que la reforma no es jurídicamente necesaria, dado que la Constitución vigente reconoce como ciudadanos a los chilenos en el exterior. Pero las normas de iniciativa exclusiva de la Constitución, los altos quorum de aprobación requeridos para un cambio legislativo y la sobrerrepresentación de los conservadores en el Congreso, no dejaron paso a los parlamentarios para legislar de otra forma.
Por ello, leyendo el juego de piernas del Presidente, senadores de oposición (Alvear, Allende y Patricio Walker) presentaron en junio de 2013 una reforma constitucional (Boletín N° 9004-07), con las nuevas condiciones que éste exigía. Para un tramitación rápida y teniendo en consideración la inminencia de las elecciones 2013, se requiere de una indicación de urgencia de parte del Ejecutivo, para que la Moción siga un curso de tramitación acelerado. ¿Qué ha hecho el presidente Piñera frente a un proyecto de reforma que se ajusta a sus requerimientos? Guardar silencio.
A pesar de ello, el 14 de julio de 2013 fue aprobada en la Comisión de Constitución del Senado la idea de legislar del proyecto. Sin embargo, desde el mismo día de su aprobación comenzó la tercera operación política. Los medios de comunicación El Mercurio, La Tercera y La Segunda arremetieron con columnas de opinión y editoriales, rechazando o condicionando el voto exterior. Del mismo modo, la UDI rompió el silencio resucitando el requerimiento de vínculo que el Presidente había desechado. Esto se hizo necesario para soslayar una inactividad presidencial que se hacía insostenible, pasando a la argumentación abiertamente censitaria y discriminatoria.
Un argumento para negar el voto exterior es que los chilenos en el extranjero no pagan impuestos. Es tan débil ese razonamiento que no se percatan que con ese criterio cientos de miles de estudiantes, dueñas de casa, cesantes y jubilados que residen en Chile perderían su ciudadanía, ya que tampoco pagan impuestos. Otro argumento abiertamente chauvinista es que a los connacionales en el extranjero no les afecta la vida política nacional. Este criterio desconoce gravemente los alcances e impactos -nacionales e internacionales- que tienen las decisiones políticas en un mundo globalizado, afectando la vida de los chilenos que viven en el extranjero, así como de sus familias que residen en Chile. Un tercer argumento es la condición de ex-exiliado que presenta casi un 13% de los chilenos en el exterior, interpelación que vulnera abiertamente la libertad de pensamiento, condicionando la ciudadanía a la tendencia política de las personas.
Esta línea argumentativa ha sido enarbolada por los detractores del voto exterior sin condiciones. La derecha chilena, que antaño defendió el voto censitario, hoy tiene una renovada lucha. Sugiere un sinnúmero de requerimientos discriminatorios, de índole socioeconómica y política, que vulneran derechos fundamentales consignados en la misma Constitución que han pretendido defender, frente a cualquier intento de modificación. Débiles argumentativamente, tampoco -desde el presidente Piñera, hasta sus extensiones en la Alianza- han podido ocultar de manera eficaz su férrea oposición al voto chileno en el exterior, al menos para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
La cuarta y última operación fue omitida por la prensa. El mismo 14 de Julio de 2013, día en que se aprueba en la Comisión Constitución la idea de legislar el proyecto de reforma, es ingresada en el Senado una nueva Moción de reforma constitucional (Boletín N° 9069-07). El nuevo texto consigna nuevamente como autores a las senadoras Alvear y Allende, y al senador Patricio Walker (autores de la Moción anterior), pero incluyen esta vez en la autoría a los senadores Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN). La nueva Moción sugiere la existencia de un acuerdo político, que pondría como condición expresa (establecida por la Alianza y aceptada por la Nueva mayoría) de no incluir en el texto las elecciones parlamentarias en el ejercicio del voto exterior. Sin embargo, independiente de que la Nueva Mayoría continúe con su tradicional juego del “peor es nada” y que la Alianza pueda esta vez participar de la autoría de la reforma, se pasa por alto que este tipo de exclusión impide a cientos de miles de chilenos elegir a aquellos que adoptarán decisiones legislativas, las cuales tienen impacto nacional e internacional.
Se sabe que esta reforma -jurídicamente innecesaria- tuvo como objetivo político neutralizar la introducción de un vínculo discriminatorio en el ejercicio del voto exterior. Sin embargo, este nuevo eventual acuerdo genera un blindaje de rango constitucional al Poder Legislativo, protegiéndolo de las decisiones ciudadanas sobre quiénes legislarán en el país. Es más, si ahora la Constitución consigna la titularidad del derecho voto a todos los ciudadanos, residan o no en el exterior, con la última Moción este derecho quedará restringido en el mismo texto constitucional, vulnerando nuevamente el principio de igualdad ante la ley. En suma: buen negocio para los legisladores; mal negocio para la ciudadanía y la democracia.
¿Se puede votar en las elecciones de 2013?
Sí se puede. Lo que hay que tener en claro es que, aunque es la vía legislativa que ha suscitado un relativo consenso político, una vez aprobada la reforma constitucional, tampoco queda habilitado el ejercicio del voto exterior. La reforma es la vuelta larga. Porque, con independencia de dicha reforma, para hacer operativo el voto de los chilenos en el exterior se requiere de una ley que adecúe las actuales normas del Servel y aquellas que regulan el acto electoral, a los requerimientos del sufragio efectuado desde el exterior.
Sin embargo, el Presidente tampoco ha ingresado ningún Mensaje en este sentido. Dicha ley, por modificar normas del estatuto de un órgano de la administración del Estado (consulados y embajadas) y por generar gasto público, es de iniciativa exclusiva del Presidente. Del mismo modo, dicha ley, por modificar y exceptuar normas de Ley Orgánica Constitucional (LOC), tendrá normas de rango de LOC,lo cual requiere 4/7 para su aprobación. En resumen, las “trampas” de la Constitución (usando los términos de Fernando Atria) una vez más están al servicio de la derecha más conservadora y antidemocrática que tiene poder de veto sobre la mayoría.
La posibilidad de habilitar el voto exterior para el 2013 depende de la exclusiva voluntad política del Presidente Piñera y de su capacidad de liderazgo frente a su coalición, además de la presión política que pueda ejercer la Nueva Mayoría. Juegan en contra el cálculo electoral de toda la clase política: aquí todos evitarán lidiar con la incertidumbre asociada al eventual comportamiento electoral de miles de chilenos residentes en el exterior. En tal sentido, la posibilidad de implementación del voto exterior para el 2013, aunque implique terminar de configurar en Chile el sufragio universal y fortalecer el sistema democrático, tropieza con el cálculo electoral de toda la clase política, con la mitomanía del Presidente, con el conservadurismo censitario de la Alianza, con la pasividad política -a veces cómplice- de la Nueva Mayoría, pero también con el compromiso persistente de unos pocos parlamentarios.
Finalmente, toda esta crónica deja lecciones para el futuro. No hay mentira que dure cien años. Y cuando el embuste queda al descubierto, el efecto boomerang golpea con fuerza los tobillos de la pequeñez política. El que miente, sabe que lo hace. Y los que han padecido, podrán perder la ciudadanía, pero no la memoria. Que lo sepa el Presidente, la derecha que hoy se opone al sufragio universal y toda la clase política. Un millón de chilenos que residen en el exterior y sus familias que viven en Chile, todo esto lo recordarán.
* Columna escrita junto al sociólogo chileno Alberto Mayol y publicada en el diario electrónico El Mostrador, el 28 de agosto de 2013. 
Oscar Vivallo
Psicólogo
Magister en Desarrollo Humano Local y Regional
Doctorando en Ciencias Políticas
Lateinamerika-Institut
Freie Universität Berlin – Deutschland
http://www.estadosfronterizos.blogspot.de


http://www.elquintopoder.cl/politica/pinera-y-el-voto-en-el-exterior-cronica-de-una-mitomania/

A 40 años del Golpe: evangélicos y política

A 40 años del Golpe: evangélicos y política
En Chile han transcurrido 40 años de silencio de parte nuestras iglesias. Nos hemos preocupados de la salvación del alma, pero no la salvación de la vida, de sus memorias, de su clamor de justicia.
El pasado domingo 15 de Septiembre se realizó el ya tradicional Te Deum Evangélico en la Catedral Evangélica de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Santiago, evento al que asisten las principales autoridades del país y que fue instaurado en 1975 por iniciativa de Augusto Pinochet. Cabe destacar que al mes siguiente del primer Te Deum Evangélico fue expulsado de Chile el obispo Helmut Frenz, de la Iglesia Evangélica Luterana, co-presidente del Comité Pro Paz y Defensor de los DD.HH. en dictadura.
Entre las noticias posteriores que surgieron,lamentablemente fueron más difundidas las palabras del ya celebre pastor Hedito Espinoza, donde critica a las nuevas generaciones chilenas: “Tenemos una generación que practica el satanismo y hechicería con las clases de Harry Potter que están infectando nuestro mundo”.
Estas burdas palabras más otras características de su puesta en escena como “orador premium”, opacaron una de las intervenciones más relevantes de la jornada, que fue la petición de perdón pronunciada el pastor de la Catedral Evangélica, Eduardo Durán Castro:
“Perdonamos a quienes nos han ofendido, pero es justo también en nombre de las iglesias evangélicas aquí representadas que pidamos, con espíritu cristiano, valentía y humildad, perdón por no haber hecho lo suficiente cuando nuestro hermano era privado de sus derechos o cuando era hostilizado por pensar diferente. Pedimos perdón por nuestras actuaciones, reacciones y omisiones y por todo cuanto pudiéramos haber ofendido a algunos de nuestros compatriotas, pedimos perdón por lo que pudimos hacer y no lo hicimos cuando nuestra nación se veía convulsionada por un clima de violencia e injusticia que venían de todas partes”.
A esto viene una pregunta interesante para todas y todos quienes nos identificamos desde la fe evangélica y en especial para las nuevas generaciones: ¿Por qué “la Iglesia Evangélica” tuvo que pedir perdón por los hechos ocurridos tras el Golpe Militar? Este hecho tremendamente relevante y cubierto de manera muy superficial por lo medios, creo necesario profundizarlo brevemente en este espacio.
Matás Maldonado, compañero del Observatorio Iglesia y Sociedad, describe la organización evangélica en el contexto de la Dictadura Militar (1). Las iglesias evangélicas se alinean alrededor de dos polos con relativa consistencia estructural, redes internacionales estables, líderes reconocidos y perspectivas teológicas identificables a pesar de su dispersión. Hacia 1984, en el contexto de las ‘Jornadas de protesta nacional’, nace la Confraternidad Cristiana de Iglesias, organización que agrupa al polo crítico no sólo del actuar del Consejo de Pastores sino también de la dictadura militar. Esta asociación establece intensas relaciones con el mundo ecuménico nacional, pudiendo ser considerada dentro de la compleja y heterogénea red de asociaciones civiles y religiosas que opuso resistencia a la dictadura de Pinochet en su fase de crisis social y económica. La principal expresión pública de la Confraternidad fue, sin lugar a dudas, la Carta Abierta a Pinochet entregada en la Oficina de Partes del Palacio de la Moneda el 29 de agosto de 1986 después del “Encuentro de oración por Chile”, con el que concluía la “Campaña de Oración por la Vida, la Paz y la Reconciliación en Chile”.
En julio de 1975 nace el Consejo de Pastores, que agrupa al polo que, desde 1973 hasta 1978 aproximadamente, manifiesta una adhesión irrestricta tanto al golpe de Estado como a la persona de Pinochet. Desde el principio de la década de los 80’hasta el final de la dictadura, el Consejo de Pastores matiza su adhesión debido tanto a la evidente crisis económica y social vivida por el país como a la insistencia ‘mariana’ de las Fuerzas Armadas chilenas. Esta organización tiene en el Te Deum su principal expresión pública. Este culto fue realizado por vez primera el 14 de septiembre de 1975, sólo dos meses después de la creación del Consejo de Pastores, a menos de un año de la inauguración de la primera Iglesia Metodista Pentecostal de Chile (Jotabeche) y la proclamación de “Declaración de la Iglesia Evangélica Chilena (La Posición Evangélica)”.
El gran esfuerzo actual de algunos sectores evangélicos más conservadores en extremar la dicotomía Iglesia/Mundo, ha sido indiferente a lo que sucede en nuestro alrededor, dejando que las cosas del “mundo” funcionen en su orden, en este caso en el orden neoliberal/colonial, reflejado en desigualdad, discriminación y exclusión. De ahí la importancia de un aspecto omitido e ignorado por décadas en nuestras iglesias, la memoria de nuestra participación, que es relevante revisar a la luz de nuestra fe y en el caminar comunitario en el testimonio de quien también fue un torturado y muerto por el poder político de su época, Jesús.
El 13 de diciembre de 1974, tuvo lugar en el edificio Diego Portales un acto de apoyo al Gobierno Militar convocado por actores religiosos de las principales iglesias evangélicas del país, conocido como el “Portalazo”. Allí, se leyó una declaración de apoyo al Gobierno firmada por 32 obispos y pastores que representaban a la iglesia evangélica chilena. Esta jornada y declaración fue un requisito para que el presidente de facto aceptara ir a la inauguración de la Catedral Evangélica, evento que ocurrió con su asistencia el 15 de diciembre de 1974. En esta declaración, “La Posición Evangélica”, encontramos afirmaciones tales como:
“Estamos ciertos que, si testimonios negativos fueran buscados dentro de los acontecimientos que se produjeron con motivo del pronunciamiento militar, sin duda se encontrarían hechos lamentables de abusos de poder e injusticias, que en un Estado de Guerra, por lo demás, es difícil evitar por la autoridad máxima. Pero no se puede constituir un argumento contra el gobierno sin demostrar mala intención, basados en hechos aislados (…) consideramos entonces que no es justo decir que por ello en Chile no se respeten los Derechos Humanos”
“El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas (…) fue la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión.”
“Todo gobierno es legitimo en la medida que responde a la voluntad de la mayoría y satisface las necesidades de la Patria; el nuestro lo es porque satisfizo la necesidad de ser liberada de un sistema marxista, esclavizante y foráneo”.
“Los Derechos humanos están garantizados en Chile por la declaración de principios de la junta de gobierno.”(2)
Este documento fue ampliamente difundido por la prensa oficialista, y de alguna manera pasa a ser el eje político del quehacer de muchas iglesias evangélicas agrupadas en el Consejo de Pastores, defensoras de ideologías anti-comunistas, anti-católicas, anti-ecuménicas y anti-democráticas, quienes colaboran (concientes o inconcientemente) con la instalación de un paradigma legitimizador del régimen autoritario-dictatorial.
En esta época se pueden evidenciar algunas características que hacen que se vaya visibilizando cierta ideología “evangélica” emergente, influenciada por un importante arribo de misioneros de Estados Unidos provenientes de iglesias evangélicas del sur, identificadas mayoritariamente con los sectores fundamentalistas, o de lo que hoy es conocido como la “Derecha Evangélica” conservadora y republicana, que maneja un importante poder en la política estadounidense.
La llegada “misionera” desde los EE.UU. no tan sólo viene con el mensaje del Evangelio, sino con una visión política que se alinea con control norteamericano. No es menor indicar que los principales predicadores evangélicos en los últimos años provengan de EE.UU. (Rogers, Mc Dowel, Graham, Dobson, MacArthur, Wagner, Piper, Washer, Stanley, Warren, entre otros), o bien latinoamericanos cuyos estudios o trabajos están relacionados con la “Derecha Evangélica” de EE.UU. (Palau, Motessi, Witt, etc.). La fuerte influencia norteamericana hasta nuestros días es una herida a la hora de hacer una reflexión en torno a las responsabilidades y los daños de las iglesias evangélicas 40 años después del Golpe.
La “ideología evangélica” post-golpe está marcada por el autoritarismo implantado en la institucionalidad evangélica, donde el liderazgo carismático viene a tener más importancia que la revelación bíblica y los espacios comunitarios de decisión. Las débiles estructuras horizontales y la relación de pastor como el nuevo “patrón de fundo”, pasan a ser las lógicas organizacionales que replican el modelo un gobierno dictatorial, elitista. La composición de los liderazgos religiosos por ex-agentes de las Fuerzas Armadas, principalmente en los sectores pentecostales más expansionistas, difunden una lógica de sumisión, el uso de un lenguaje militarizado, profundizan un patriotismo fascista y forman grupos más obedientes que pensantes, más alineados que críticos.
No obstante, es necesario denunciar que dicha declaración, “La posición Evangélica”, carece de legitimidad ética en su formulación. Desde la génesis del movimiento protestante jamás ha existido “una iglesia evangélica”, y el tratar de identificarla es una práctica que ahora tiene en sus memorias legitimar el gobierno más tirano de las últimas décadas. No es genuina, no nació de las mismas bases de quienes conforman las iglesias, a los pastores se les hizo firmar un documento ya elaborado que no tenia ninguna reflexión colectiva previa, representativa. La amenaza de quitar los beneficios obligó a muchos de ellos a firmar, sin el pleno consentimiento de sus congregaciones, a espaldas de sus hermanos e incluso de aquellos que se oponían al régimen dictatorial, rompiendo todo proceso consultivo y democrático valido dentro de muchas tradiciones protestantes. La falta de experiencia de los pastores evangélicos en la relación con el gobierno, la ingenuidad y las débiles estructuras institucionales democráticas, permitieron una fácil instrumentalización militar en la búsqueda de legitimidad religiosa desde algunos personajes evangélicos sedientos de reconocimiento político público.
En Chile han transcurrido 40 años de silencio de parte nuestras iglesias. Nos hemos preocupados de la salvación del alma, pero no la salvación de la vida, de sus memorias, de su clamor de justicia.
40 años donde hemos sido también victimas de una dictadura autoritaria que implantó con toda su fuerza un modelo neo-liberal y clasista, que corrompe la convivencia, que enseña a matar para ganar, vencer para triunfar, una cultura asesina y despiadada que no conoce de solidaridad y de amor al prójimo.
40 años que hemos pecado, y seguiremos pecando hasta que por fin no haya justicia en nuestro país. Los asesinos y sus cómplices disfrutan de su “victoria”, se esconden y no se hacen cargo, se cubren y se encubren. No hay nada que justifique la muerte, tortura, secuestro y desaparición de personas. El perdón nos invita también a la transformación, no basta con un discurso inflado creando falsas expectativas de una solución que no se hace cargo nada.
40 años que se escribió una amarga historia en nuestro país. Falta mucho de nuestra parte como evangélicos para la reparación de tanto daño. Por eso nosotros, las “nuevas generaciones”, debemos estar atento a los signos de nuestros tiempos, leer las historias desde los desprotegidos, acercarnos al testimonio del crucificado, quien fue resucitado y ser portadores de su esperanza, para que nunca más en Chile la sangre de nuestro hermano corra por nuestras manos.
“Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí”. (1 Corintios 11:24)
En memoria de los que fueron muertos, perseguidos, exiliados y torturados por pensar que se podía vivir diferente.
Notas:
(1)  Maldonado, Matías. “Evangélicos y política en la dictadura militar chilena. A 40 años del golpe de Estado”. Revista 95 tesis, Pastoral Juvenil IELCH. Edición Nº2.
(2) Puente, Pedro. “La Posición Evangélica”, Editora Nacional Gabriela Mistral. S/f
http://www.elquintopoder.cl/religion/a-40-anos-del-golpe-evangelicos-y-politica/

El callejón sin salida de nuestros valientes soldados

Por: Heraldo Povea Pacci
En: Política
19 de septiembre, 2013


El callejón sin salida de nuestros valientes soldados
Los chilenos esperamos que al menos los miles de millones de dólares que les damos para sus juegos bélicos y para los privilegios de sus oficiales, se gasten en acciones de verdaderos soldados que actúen alguna vez con un mínimo de hombría: Que den la cara y hablen de frente diciendo la verdad y afronten las consecuencias.
Una interminable saga de evidencias demuestran que nuestros valientes soldados están muy lejos de ser soldados, dado que en su actuar de los últimos 40 años ni han mostrado los atributos propios de una institución a quien el país le confiere el poder de las armas, ni han probado tener la mínima solvencia moral para ello. Estos supuestos soldados también están muy lejos de ser valientes, dado que el combatir contra hombres maniatados, mujeres y niños no es precisamente una muestra de coraje.
Ello no seria un gran problema, considerando el clima de hipocresía y dobles estándares con que la dictadura de civiles y militares implantó su forma de hacer país en 1973 por 17 años y que la Concertación gratamente continúo por 20 años adicionales.
Lo crítico para los valientes soldados es que su futuro inmediato enfrenta barreras éticas que la ciudadanía no les permitirá ignorar.
Por un lado han negado persistentemente y a pesar de toda la enorme evidencia en contrario, que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por miembros de sus filas, no han sido una política institucional sistemática y correspondiente a una estrategia de aniquilación física, moral y social de la disidencia.
Sin embargo, insisten en mantener como parte valida de sus instituciones, a criminales convictos condenados decenas de veces por los Tribunales de la República. Insisten en mantener sus prebendas, sueldos, medallas, grados y garantías excepcionales mientras cumplen prisión y como ex convictos.
Más aun el mismo General Cheyre reconoció que nunca dejó de visitar a los militares presos y lo consideró una obligación en su carácter de comandante en jefe.
Si las violaciones de DDHH no hubieran sido parte de una estrategia sistemática de las FFAA, estos criminales ya deberían haber sido degradados en deshonra y todos sus beneficios cortados. Un Comandante en Jefe no ensuciaría su imagen y su investidura, visitando convictos culpables de horrores nunca vistos en la historia de Chile.
Por otro lado, si estas violaciones a los DDHH hubieran sido excesos individuales en el caos de una guerra sucia, resulta evidente que estos criminales deberían estar destinados a los tachos mas inmundos de la basura histórica y, sin lugar a dudas, las FFAA ya los habrían eliminados con la deshonra propia de toda escoria institucional.
Toda institución que funcione dentro de marcos mínimos de integridad, se alejaría totalmente de la existencia de estos sujetos y por supuesto el Comandante en Jefe ni siquiera nombraría sus nombres.
Si la violación de los DDHH por las FFAA de Chile no fue una política sistemática y oficial, y si tampoco los criminales condenados corresponden a individuos culpables de excesos en los que la Institución no tiene responsabilidad, cómo entonces se explican las ejecuciones sin juicio, las torturas indiscriminadas, los hostigamientos cobardes y masivos, el exilio y los continuos asesinatos.
Cardemil, un sujeto que cuesta mencionar por su hedor a cinismo e hipocresía, intentó justificar todo con la figura de la Guerra Sucia. Lo efectuado por los valientes soldados correspondería, sin duda, a una guerra sucia, triste denominación para el quehacer institucional de soldados de una nación, pero ello obviamente, confirmaría que la tal guerra sucia fue una decisión de las FFAA y fue por tanto una política sistemática e institucional de violación de los DDHH.
Los valientes soldados tienen un problema.
Si su actuación en la represión de la Dictadura fue una política sistemática diseñada y aprobada por su institucionalidad, se estaría en una situación de genocidio contra su propio pueblo. Un delito ciertamente de lesa humanidad que desvirtúa su carácter de depositario legal del derecho a portar armas y usar la violencia que la Constitución les ha dado. Tras la investigación y sanciones correspondientes, su historia y su constitucionalidad ya no serviría, y debería implementarse un nuevo cuerpo militar. Precedentes en la historia universal hay de sobra.
Si su comportamiento brutal contra los derechos de la ciudadanía se atribuye a excesos de individuos al margen de su control, las FFAA deberán rendir cuenta de las razones por las que ello ocurrió y por cierto, además de expulsar y degradar con deshonra a los culpables, los altos mandos deberán colocar sus nombres y su historia al veredicto de la justicia.
Los chilenos esperamos que al menos los miles de millones de dólares que les damos para sus juegos bélicos y para los privilegios de sus oficiales, se gasten en acciones de verdaderos soldados que actúen alguna vez con un mínimo de hombría: que den la cara y hablen de frente diciendo la verdad y afronten las consecuencias. Como hombres y mujeres bien plantados.
Los chilenos solíamos emocionarnos ante la marcialidad de nuestros soldados. No ahora. Hasta los niños se preguntan si estos soldaditos vendrán un día por su padre o por su hermano, tan clara es la evidencia irrefutable de los hechos.
Quizás es el momento que los chilenos demos la espalda al desfile tradicional de esta Institución y regalemos en su día, el 19 de Septiembre, un presente ejemplarizador que resuene con la angustia de un pueblo que ve sus soldados, marinos y aviadores reducidos a una mafia inmoral que ya no tiene espacio en sus imaginarios para una gran nación.
Un pueblo que les dé la espalda al momento de sus tradicionales brillos marciales podría, quizás, remecer las conciencias de los verdaderos soldados de la patria, que de seguro hay muchos, y generar en sus círculos, la vergüenza necesaria para enfrentar a aquellos que les dan un salario, privilegios excepcionales y uniformes de hermosa textura que debieran adornar cuerpos y almas con la rectitud e integridad que de ellos se espera.
Si hay algo común para los soldados de todo el mundo y de todo momento histórico, es su honor. No puede ser de otra forma porque el derecho  a matar debe estar enmarcado por  ese ribete valórico universal que garantiza propiedad, derecho e integridad en el actuar: el honor militar.
Chile espera de sus FFAA su justa demostración de honor y todo lo que ello conlleva. Es tiempo.

Gobierno rechaza idea de Bachelet de eliminar el Consejo de Seguridad Nacional


SEPTIEMBRE 20, 2013 1:44 PM
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La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, rechazó la idea de la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, de eliminar el Consejo de Seguridad Nacional.
La secretaria de Estado señaló durante la Parada Militar que la entidad “siempre ha sido un aporte a aquellos mandatarios que no teniendo la expertiz, ni el conocimiento frente a determinadas situaciones deben tener el consejo oportuno”.
La autoridad agregó que las fuerzas armadas son profesionales y que “al contrario, hay que seguir valorándolas”, según consigna Radio Bio Bío
Michelle Bachelet está trabajando en una propuesta que pretende realizar una reforma a las fuerzas Armadas, además de una eliminación definitiva del Consejo de Seguridad Nacional.

Matthei y el gobierno se van en picada contra Bachelet por querer eliminar el Cosena: “es una cosa anti Fuerzas Armadas”

The Clinic Online 20 Septiembre, 2013
Durante la misma Parada Militar, realizada ayer en el Parque O’Higgins, la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, encontró respuesta a su idea de generar una nueva Constitución que incluya una reforma a las FF.AA., incluida una eliminación definitiva del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Con los elogios, fuera de protocolo, del Presidente Sebastián Piñera ayer durante el desfile de las Fuerzas Armadas y luego con las críticas que recibió de la candidata del oficialismo, Evelyn Matthei, quien dijo que la propuesta de Bachelet era un “desaire” a las Fuerzas Armadas.
“Querer eliminar el Cosena es una cosa ideológica, es una cosa anti Fuerzas Armadas. Si es solamente un consejo asesor, si el Presidente lo llama sólo si quiere, ¿qué sentido tiene eliminarlo? Si quiere no lo llama nunca. A mí se me ocurre que es un desaire a las FF.AA.”, dijo, según reproduce La Tercera.
Las palabras tuvieron eco en el gobierno, quien señaló que “no estamos de acuerdo, las Fuerzas Armadas son profesionales que enfrentan catástrofes y cuentan con un expertise importante. Para el Presidente Piñera fueron importantes, al igual que para el terremoto de 2010”, según explicó la ministra Cecilia Pérez.
Además, el presidente de la UDI, Patricio Melero, señaló que terminar con esa instancia significaría prescindir de una asesoría fundamental para el resguardo de la seguridad nacional.
La fórmula que prepara el equipo programático de Bachelet apunta a la eliminación de un capítulo dedicado especialmente a las ramas castrenses en la Constitución, que el equipo constitucionalista de la Nueva Mayoría propone a la ex presidenta para erradicar los llamados “enclaves autoritarios” heredados de la dictadura.
“Todas las propuestas se hacen desde el más alto respeto al rol profesional de las Fuerzas Armadas y al espacio institucional que ellas necesitan (…). Se propone, al eliminar el Cosena, sacar una institución que ya no es útil”, dijo el abogado Patricio Zapata, integrante del comando de Michelle Bachelet.

El pueblo no manda: el pensamiento de Jaime Guzmán tras la Ley de Partidos

3 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Los insólitos problemas de Roxana Miranda para inscribir su colectividad

El antecesor del Partido Igualdad iba a ser el partido “Pueblo en Lucha”. Su primer intento de inscripción no funcionó y recibió una serie de reparos del Servel. Así, basándose en la Ley de Partidos, se rechazó el nombre de la colectividad y su lema “Que el pueblo mande”.por 

La génesis de la candidatura presidencial de Roxana Miranda y del partido que la proclamó —Partido Igualdad (PI)—, se remonta al 2007. Ese año los representantes de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha), junto Movimiento Pobladores Sin Techo (MPST) y otras organizaciones sociales realizaron su primer intento por inscribirse como partido.
Entonces eran el partido “Pueblo en Lucha” y su lema “Que el Pueblo Mande”. Al iniciar los trámites para legalizarse se toparon de bruces con la añeja Ley 18.6O3 de Partidos Políticos, aprobada en marzo de 1987 y que aún ostenta la firma de Augusto Pinochet.
El 2 de agosto del 2007 el Servicio Electoral (Servel) respondió formalmente al Partido Pueblo en Lucha, objetando una serie de puntos en su solicitud de legalizarse. En siete páginas, y basándose en la ley de partidos, el Servel realizaba más de 15 reparos a la inscripción de “Pueblo en Lucha”.

LOS REPAROS AL PARTIDO

Respecto del nombre del partido, el Servel afirmó que “Pueblo en Lucha, atendido a las acepciones de la palabra “lucha” que en su mayoría implican o dan a entender eventuales acciones contrarias al orden público y la paz social, vulneraría la prohibición establecida en el artículo 8 letra c) y d) en relación con el artículo 2º de la Ley 18.603”.
Sin embargo, el reparo que  sorprendió entonces a Roxana Miranda e Iván Carrasco —actualmente secretario general del PI— fue otro. El Servel rechazó el lema “Que el Pueblo Mande” en base al artículo 7, inciso segundo de la Constitución. Ahí se establece que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes”. Por ende, que el pueblo no manda y nadie puede atribuirse eso.


El Servel rechazó el lema “Que el Pueblo Mande” en base al artículo 7, inciso segundo de la Constitución. Ahí se establece que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes”. Por ende, que el pueblo no manda y nadie puede atribuirse eso. “Nos contestaron que en Chile no manda el pueblo, sino que mandan las autoridades y lo declararon anticonstitucional”, cuenta Roxana Miranda.
“Nos contestaron que en Chile no manda el pueblo, sino que mandan las autoridades y lo declararon anticonstitucional”, cuenta Roxana Miranda.
Junto a lo anterior se hicieron una serie de reparos a la declaración de principios que había presentado el partido. Una de éstas era “modificar la redacción a fin de eliminar aquellas menciones que posean un carácter belicoso, conflictivo y/o intolerante, en especial aquellos que implican un llamado a la lucha”.
Según cuenta el actual secretario del Partido Igualdad, Iván Carrasco, “nosotros declaramos solidaridad con los pueblos latinoamericanos, pero nos rechazaron esto porque los partidos no pueden depender de ideas foráneas”. En el documento el Servel indicó que este punto “subordina el interés nacional al internacionalismo”.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, la legislación actual “generó estas restricciones, porque se da en el marco del proceso de la transición. Al igual que la Constitución, en la subsisten estas viejas lógicas autoritarias que respondían a partidos políticos en la década de los 70 y 80”.
En opinión del analista, la ley “se hizo a la rápida para poder conseguir que Pinochet diera una muestra de apertura política. Fue concebida de esa manera. Es una ley mínima, pero con apariencia de restablecimiento de la normalidad democrática”, señala Moreno.

LA MANO DE GUZMÁN

Este caso, en particular, refleja de forma indirecta cómo el pensamiento del fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, se plasmó de forma impecable en la Constitución de 1980, y en sus cuerpos legales.
El cientista político de la Universidad Diego Portales, Alfredo Joignant, actual miembro del Consejo del Servel, explica que las ideas de Jaime Guzmán están alejadas de la democracia. “En su pensamiento hay un enorme desprecio por la voluntad popular, ya que considera que el pueblo no es ilustrado  y es principalmente emocional. Los partidos, precisamente porque encarnan, o buscan expresar la voluntad popular, se transforman en objeto de críticas y desprecio de Jaime Guzmán. Lo que redunda en que su pensamiento no es democrático”.
En su texto El sufragio universal y la nueva institucionalidad (1979), Guzmán se explaya sobre el concepto de soberanía, afirmando que no podía “reducirse al mero sufragio universal, porque la vida del pueblo se expresa en forma incomparablemente más rica, variada y orgánicaReconocer estas múltiples expresiones permite actuar frente al tema del sufragio con toda la flexibilidad con que se determina el modo más conveniente de emplear un simple mecanismo, y no con la rigidez que impone algo supuestamente sagrado o inmutable”.
En la misma línea, Guzmán ya planteaba en 1978 que el pueblo no es la “simple suma de voluntades aisladas que pretendía la Revolución Francesa, sino que representa una articulación incomparablemente más rica y variada, expresada en una organicidad natural que manifiesta esa ordenación trascendental de los seres humanos entre sí para su complementación, llamada sociabilidad, y cuya expresión política superior se da en el Estado”.
Respecto de los partidos políticos, Guzmán habla de la “partidocracia que emana de la hipertrofia partidista” y que “llega a ser incluso una burla del sistema mismo de sufragio universal, al constreñir a los ciudadanos a escoger sólo entre las muy limitadas opciones o candidaturas que les ofrecen esos minúsculos grupos de las dirigencias partidarias”.
Ante esto proponía como meta “un favorecimiento de partidos menos rígidos en sus estructuras, menos ideologizados y más circunstanciales en el tiempo”.
Guzmán creía también que, los partidos políticos debían ser “conductos válidos” de la participación ciudadana, pero que en la Constitución debían existir normas que limitaran su acción sólo “al ámbito que les pertenece”; que se exigiera la publicidad de sus militantes y se prohíba el financiamiento extranjero.
Al fallido intento por inscribir el partido “Pueblo en Lucha” en el 2007, se sumaron otros en los siguientes años, los que tampoco prosperaron. Finalmente se inscribieron como el Partido Igualdad, obteniendo el reconocimiento legal en septiembre del 2011.

El día que Eduardo Frei habló demasiado

21 de Septiembre de 2013
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Periodista


…….”Aprobar esta Constitución y sus artículos transitorios es una opción que contradice toda la Historia de Chile. Es la anti-Historia.. …”Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad- No es válido, porque no se puede llamar a un plebiscito cuando el país vive bajo estado de emergencia. – No es válido, porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del pueblo al que se confronta. – No es válido, porque no existen registros electorales, y han transcurrido prácticamente siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad deliberada de no rehacerlos. – No es válido, porque las mesas que recibirán los sufragios y harán su recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes que, a su vez, son nombrados por el jefe de Estado. – No es válido, porque todo el proceso de cómputo de votos y sus resultados, en sus dos primeras fases, está en manos de las autoridades, primero del alcalde y su secretario y después del gobernador solo, nominados ambos por el Ejecutivo…..- No es válido, porque están proscritos los partidos políticos y, en consecuencia, no puede haber apoderados fidedignos que controlen la votación y la seriedad de los escrutinios. – No es válido, porque no existe libertad de reunión ni de manifestaciones públicas. El hecho de estar aquí hoy no significa sino una excepción muy limitada y condicionada, señaló Frei y agrega: – No es válido, porque no existe libertad de información ni de expresión. Los que disienten no tienen acceso a la televisión, que en nuestro mundo es el principal instrumento de comunicación de masas, y muy escaso a las radios y a la prensa. Basta decir que el Sr Ministro del Interior al escribirme me dice “que no se puede obligar a los otros canales”. Pero al menos existe una Televisión Nacional, que se creó precisamente en mi gobierno para servir a todos los chilenos!… No es válido, porque existe la permanente amenaza de detenciones, relegaciones o secuestros.”
(Eduardo Frei Montalva, 27 de agosto de 1980)
Este 27 de agosto se cumple un año más desde que el ex Presidente  DC Eduardo Frei Montalva ( 1964-1970) y líder de una oposición cobijada en la trastienda de la Dictadura, expresara en Teatro Caupolicán su oposición al plebiscito que la Junta Militar convocara para aprobar la Constitución de 1980. Ante un hemiciclo lleno, encontrándose el entonces joven y hoy Presidente Sebastián Piñera, con su voz ronca y fuerte, el ex senador desmenuzó punto a punto este proyecto.
Se podrá decir  que esta Constitución aprobada a ciegas, tiene valor por cuanto ha sido reformada. Incluso la que nos rige hoy cuenta con la firma del presidente Ricardo Lagos (2005) Este es un premio de consuelo para los incautos. Lo real es que este documento, en su forma y en su fondo, sigue siendo hijo de la dictadura, freno para las grandes reformas que el país requiere. Y seguirá siéndolo de no cambiarse totalmente. Para la gran mayoría de los chilenos, que votaron NO en 1988 (55.99%) la Constitución del 80 no tiene validez.
Sus palabras dichas hace  treinta y tres años tienen vital presencia en el acontecer político socio cultural del país. Más de 6 millones de chilenos votaron entonces; un 67% lo hizo por el Sí, un 30% por el No. Se podrá decir  que esta Constitución aprobada a ciegas, tiene valor por cuanto ha sido reformada. Incluso la que nos rige hoy cuenta con la firma del presidente Ricardo Lagos (2005) Este es un premio de consuelo para los incautos. Lo real es que este documento, en su forma y en su fondo, sigue siendo hijo de la dictadura, freno para las grandes reformas que el país requiere. Y seguirá siéndolo de no cambiarse totalmente. Para la gran mayoría de los chilenos, que votaron NO en 1988 (55.99%) la Constitución del 80 no tiene validez. Por lo que sacando cuentas,  estamos hasta hoy sin una Carta Constitucional que contara con el apoyo de una población verazmente informada y no, como lo fue, oprimida y obligada a atender información emitida desde la sede del gobierno dictatorial.
Podrá señalarse que los articulados dictatoriales quedaron atrás y que con las reformas, el país avanza seguro en democracia. Frases para el bronce, que no sirven a cada uno de los chilenos que se ganan el pan, que no tienen compadres ni plata para que los liberen de las consecuencias de un articulado impuesto  entre gallos y medianoche, inspirado por un abogado ideólogo y creador del partido UDI, cruzado entre Dios y la Ley, Jaime Guzmán Errázuriz  y en unos cuantos generales y coroneles. A ello se suman  los civiles que les ayudaron y a cambio se empoderaron en la vida  económico social y política del país. Y también en más de algún directorio de bancos y empresas.
Desde 1980 hasta hoy los chilenos nadamos en un lago que no tiene salida, naufragamos y a ciegas llegamos a alguna orilla. Se sobrevive, eso sí, pero a tientas.   Los chilenos tienen derecho a preguntarse  cómo hubo más de un 60% de chilenos que la aprobaron. La respuesta es simple. Los canales de televisión no cubrieron el discurso de Frei, las radios, salvo la Cooperativa, tampoco. Los diarios de la cadena de El Mercurio y La Tercera le dieron apenas unos titulares. Toda la prensa, salvo revista HOY, se alineó bajo el alero oficial. Entre los civiles que manejaron a la prensa, durante este periodo, siguiéndole sus pasos estaban el hoy senador Jovino Novoa, quien entonces era Subsecretario General de Gobierno. (1979-1982) Después, Novoa fue nombrado Editor de Servicios Informativos de El Mercurio. Hoy es senador.
…Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar e regir dentro de diez años, que seguramente será modificado en el curso de esta década, y cuyo verdadero alcance y significado se conocerán sólo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla. Por casi un cuarto de siglo el pueblo chileno será mantenido en interdicción cívica, privado de sus derechos ciudadanos. Quienes tenían 18 años en 1973 podrán elegir sus autoridades por primera vez cuando hayan cumplido 42 años. No hay antecedentes en la Historia de Chile de un caso semejante, ni en cuanto al período ni a los poderes acumulados. Ni O’Higgins, ni Prieto, ni Bulnes pretendieron ni remotamente algo parecido….No somos enemigos del plebiscito como forma de consulta popular. Al contrario. Pero queremos un plebiscito verdadero. Los regímenes dictatoriales y totalitarios los utilizan de acuerdo a estas técnicas y nadie duda cuáles son sus resultados. Creo que no hay ejemplo en el mundo en que aquéllos hayan perdido un plebiscito. …..
De modo que nadie puede engañarse: el resultado de este plebiscito está predeterminado. A través de estos métodos no se conseguirá legitimar el ejercicio del poder. Si el gobierno tuviera la seguridad de que en elecciones libres, abiertas e informadas, podría ganar, no recurriría a estos sistemas que la opinión pública nacional e internacional ya ha descalificado. Una minoría impone así a la inmensa mayoría del pueblo una fórmula política, económica y social…”
En breves días más se conmemoran los 40 años desde que la Democracia cayó bajo la bayoneta. Desde entonces, la opinión pública ha sido manipulada en forma constante definiendo  crímenes como ajustes de cuenta, muertos como ratas de un barco, crecimiento económico único del mundo, y una clase media emergente  con más autos y  más deudas. Los que vivieron en la burbuja despiertan horrorizados. Desean dar vuelta la hoja y mirar hacia atrás.  Es inútil.  Por todos los rincones de la pléyade informativa se habla de lo que no supieron o no quisieron saber.
El gran baile llega hoy a su fin. Por cuanto en este escenario obligadamente deberán enfrentarse quienes mintieron y quienes vivieron el dolor de mantener su verdad entre las sombras. Más, en medio de la oscuridad, hubo un hombre que rompió las reglas. Y lo hizo un 27 de agosto del 1980: Eduardo Frei Montalva. Pagó con su muerte el hablar demasiado.
http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/09/21/el-dia-que-eduardo-frei-hablo-demasiado/

La Historia Oculta del Régimen Militar

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