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jueves, 29 de marzo de 2012

La política indígena del Presidente Piñera

En la columna publicada por los señores José Aylwin y Pedro Mariman el pasado domingo 25 de marzo, han aparecido comentarios en relación a la Política Indígena del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que son errados y es necesario precisar.



Cómo se hace referencia en la columna, el 15 de marzo se realizó por cuarta vez el Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas, el cual fue creado por el Presidente Piñera, buscando entregar una perspectiva intersectorial al tema indígena, pues estamos conscientes de su relevancia y de la necesidad de articular a todos los ministerios. Desde esta instancia han surgido gran parte de las políticas y programas orientados a los Pueblos Originarios que hemos implementado durante estos dos años de gestión, y que han marcado, aunque a muchos les moleste, un cambio sustancial de lo que se estaba haciendo durante los gobiernos de la Concertación
Una gran diferencia existe en el cambio de mirada de entregar sólo tierras y tener Mapuche con tierras pero en una pobreza total, a comenzar aplicar políticas integrales, tierras con habitabilidad, conectividad, desarrollo productivo y sobre todo identidad cultural.
El proceso de compras de tierras se está haciendo de manera transparente, pagando un precio justo, es decir, lo que comercialmente vale por su tipo de suelo, ubicación, características, agua disponible, conectividad. El no comprar bajo presión ha permitido reducir significativamente los precios y con eso comprar más tierras. El 2011 se completó la compra de 14.500 hectáreas,  más del doble de  lo que se compraba en los gobiernos anteriores y se recuperó lo del 2010, año que sirvió para ordenar la casa, que bastante desordenada la encontramos. Lo más importante es que hay un respeto único por los primeros que llegaron a la fila. Se respeta el orden de llegada y nunca más comprar por presiones indebidas a los que se colocaron primero y no les corresponde.
Una gran diferencia existe en el cambio de mirada de entregar sólo tierras y tener Mapuche con tierras pero en una pobreza total, a comenzar aplicar políticas integrales, tierras con habitabilidad, conectividad, desarrollo productivo y sobre todo identidad cultural; Además de lo anterior hemos hecho un esfuerzo especial en dotar a los predios con agua, entendiendo que sin ella es muy difícil el bienestar de las comunidades, incrementando en un 51% las familias beneficiadas  con la instalación de abastos de agua. Todo esto permite a las familias no solo vivir en sus tierras sino también transformarlas en sustento para ellos y para las generaciones que vendrán.
A la fecha hemos invertido 20 mil millones de pesos en los Programas de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) que consiste en introducir capital de trabajo y tecnología a las comunidades para que estas se desarrollen en forma autónoma y puedan comercializar sus productos en los mercados que ellos estimen convenientes. Además de acuerdo a las solicitudes de los mismos dirigentes hemos generado instancias para facilitar las alianzas productivas que permiten el desarrollo independiente de las comunidades indígenas que conforman el país.
Hemos tenido una preocupación particular por la cultura de los Pueblos Indígenas, reconociendo a sus autoridades tradicionales, revitalizando el palin, y lo más importante haciendo un esfuerzo genuino por salvar su lengua. Un ejemplo claro de esto es el recientemente anunciado “Plan de rescate de lenguas originarias”, el cual en su primer año de ejecución beneficiará a 10 mil personas pertenecientes a los Pueblos Indígenas, y que irá directamente en rescate de su valiosa cultura y tradición.
Un aspecto fundamental de nuestra línea de trabajo es el diálogo y la participación de los Pueblos Originarios. A diferencia de los gobiernos anteriores, desde el primer día hemos generado y propiciado estas instancias, tanto a nivel comunal, regional y nacional. Desde dónde hemos recogido las principales preocupaciones y demandas de las comunidades. Demostrando nuestra buena fe y nuestra intención de implementar y respetar a cabalidad el Convenio 169 de la OIT. En esta misma línea, como Gobierno estamos trabajando arduamente con los representantes indígenas consensuando un nuevo reglamento de consulta y participación, el que permita derogar a la brevedad el Decreto Supremo 124 de Mideplan, dictado durante el gobierno anterior y el que no fue consultado con las comunidades.
Entendemos que el Convenio 169 de la OIT es una herramienta de paz que nos permite tener una relación fluida y respetuosa con las comunidades indígenas, por lo que siempre hemos tenido como estándar este Convenio para realizar cada una de las instancias de diálogo y participación.
Nuestro Gobierno ha tenido que trabajar en recuperar las confianzas paso a paso, a través de las mesas de diálogo que han cumplido una extraordinaria labor. Nuestra mirada es de profundo respeto, admiración y estamos orgullosos de la riqueza de todos nuestros pueblos originarios.



http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/03/29/la-politica-indigena-del-presidente-pinera/

Viviana Díaz: “Recordar a los hermanos Vergara Toledo con violencia significa que no hemos avanzado nada en 20 años”


29 DE MARZO DE 2012
Premio Nacional de DD.HH. sobre el "Día del Joven Combatiente"
"Ojalá hubiera encuentros en las escuelas, las universidades, conocer quiénes fueron estos chicos y por qué sufrieron lo que hizo con ellos Carabineros. Eso para mí seria lo mejor, y no conmemorar este día de una forma que siento que no contribuye a nada, dijo la ex presidenta de la AFDD.




La dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, quién también fue presidenta de esa organización que hizo frente a la dictadura militar, recibió ayer el Premio Nacional de Derechos Humanos.
Consultada este jueves  por la conmemoración del 27° aniversario del asesinato de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, la dirigente reflexionó: “Yo quisiera que a los hermanos Vergara Toledo -a quienes conocí de niños, igual que a sus padres, cuando trabajaban en la Vicaría de la Solidaridad- se los recordara como lo que ellos fueron”.
“Ojalá hubiera encuentros en las escuelas, las universidades, conocer quiénes fueron estos chicos y por qué sufrieron lo que hizo con ellos Carabineros. Eso para mí seria lo mejor, y no conmemorar este día de una forma que siento que no contribuye a nada (…) acarrea nuevamente represión y significa que entonces no hemos avanzado nada en 20 años”, agregó Díaz en entrevista con Radio Cooperativa.
“Creo que ése es el desafío: ver de qué manera se puede trabajar para que esta conmemoración sea diferente y podamos mostrarle a las nuevas generaciones que cuando Carabineros mató a estos dos hermanos tan jovencitos era porque ellos luchaban contra una dictadura militar”, concluyó.



http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/29/premio-nacional-de-ddhh-recordar-a-los-hermanos-vergara-toledo-con-violencia-significa-que-no-hemos-avanzado-nada-en-20-anos/

El férreo bloqueo de la UDI, la Iglesia Católica y los evangélicos a la Ley Antidiscriminación


29 DE MARZO DE 2012
Caso Zamudio pone bajo la lupa a parlamentarios detractores
Hace siete años que el proyecto de ley, hoy conocido como “Ley Zamudio”, se tramita en el Congreso. No ha sido fácil: la principal piedra de tope, especialmente entre los parlamentarios más conservadores, es la posibilidad de que la iniciativa abra las puertas al matrimonio gay. Hoy, después de la dramática muerte del joven de 24 años atacado ferozmente por su condición sexual, honorables de todos los sectores se alinean tras el rechazo a la discriminación. La Moneda puso suma urgencia al proyecto y esta vez serán fuertemente escrutados por la opinión pública los legisladores que se opongan a la normativa.


“Aunque en la práctica la sodomía no lleva a la detención o condena, es una importante señal del legislador de mantener el delito, pues es una muestra de que a la ley, y por ende, a la sociedad no le es indiferente el tema”. Corría 1995 y estos eran los argumentos con que el entonces diputado UDI Iván Moreira defendía la mantención del artículo 365 del Código Penal, que castigaba a los homosexuales con la pena de cárcel.
Cuatro años después y luego de largas negociaciones, se logró modificar el artículo, “a pesar de la oposición de la UDI, que votó en bloque en contra y parte importante de la DC y RN”, según explica el periodista Óscar Contardo, autor del libro “Raro”, que relata la historia gay de Chile.
Hoy, a diferencia de hace 13 años, la discusión y decisiones del Parlamento en torno a temas que tocan al mundo homosexual, no pasa inadvertida, sobre todo tras el feroz ataque homofóbico que provocó la muerte del joven Daniel Zamudio. Bien lo sabe el grupo de senadores que votó en contra de la segunda parte del artículo 2 de la Ley Antidiscriminación, aprobada en noviembre pasado, quienes han recibido una batería de críticas por rechazar lo que según el abogado de Derechos Humanos, Jorge Contesse, “marca el contorno de lo que es la discriminación en Chile. Y mostrarse en contra de eso desalienta el proceso legislativo, lo hace más lento y engorroso en una materia que urge aprobar con urgencia”.
El artículo define lo que se entiende por discriminación arbitraria “en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.
En total son 13 los honorables que rechazaron esta parte del artículo: Ena Von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), José García (RN), Alejandro García-Huidobro (UDI), Carlos Kuschel (RN), Carlos Larraín (RN), Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis (UDI), Víctor Pérez (UDI), Baldo Prokurica (RN), Hosaín Sabag (DC) y Gonzalo Uriarte (UDI).
Los motivos jurídicos expuestos son variados. Algunos defienden que la Constitución ya contempla la igualdad ante la ley; otros, en cambio, advierten del posible peligro de establecer categorías. Así, a juicio de Carlos Kuschel (RN) “hacer un listado podría hacer que se escapen casos y que luego digan que no están incluidos”. Incluso, hay parlamentarios que sostienen abiertamente que esta ley podría debilitar “otras instituciones de la estructura jurídica como el matrimonio”, según señala el secretario general de la UDI, Víctor Pérez. Tema que en definitiva es uno de los que más saca ronchas en los sectores conservadores.
La piedra de tope de la tramitación de la ley durante ese año fueron las nuevas indicaciones presentadas por los senadores de la UDI que buscaban excluir nuevamente al “género” y la “orientación sexual”. Según el Informe de Derechos Humanos de 2007 del Movilh, aunque el Gobierno dio urgencia simple en reiteradas ocasiones a las tramitación del la ley, en silencio retiró la medida en tres oportunidades.
Pese al rechazo de este artículo ha existido un alineamiento general de repudio por parte de estos parlamentarios al crimen del joven de 24 años. Lo que según Contesse se explica porque “frente a un hecho tan brutal no encontrarás a nadie que no se alarme. Pero los legisladores más que hablar a través de los medios lo que importa es cómo votan. Y al votar en contra del artículo 2, hay un grupo de senadores que envió una señal que hoy se torna muy dramática, porque ponerle nombre y apellido al rechazo de esta ley —en el contexto de una sociedad consternada— torna la posición de estos senadores insostenible”.

EL BLOQUEO

La resistencia a la Ley Antidiscriminación, que empezó a ser tramitada durante el Gobierno de Ricardo Lagos en marzo de 2005, luego de 8 años de demandas al respecto, ha contado con tradicionales detractores. Especialmente ligados a sectores de derecha y la Iglesia. Aunque, según explica el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, si bien “fue una ley que desde un principio tuvo el rechazo de los sectores UDI y de una parte de RN, también generaba resistencia en sectores conservadores de la Concertación. Pero siempre, la UDI en bloque ha cuestionado la necesidad de la ley, inventado miles de chivas en el proceso”.
Ese año y en forma inédita el Movilh consiguió el compromiso público de los entonces candidatos presidenciales, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, de apoyar la iniciativa, que en junio fue aprobada en votación general con 50 votos a favor y 24 en contra (todos de la UDI). A esas alturas ya no incluía los conceptos de “orientación sexual” y “género”, aunque se agregó la de “condición sexual”. Tras nuevos esfuerzos del Movilh por convencer a los parlamentarios, el 5 de octubre, en una nueva votación en la Cámara, se volvieron a incluir ambos términos en el proyecto.
El rol de grupos ultraconservadores y religiosos fue y ha sido clave en las trabas al proyecto. Asimismo el rol de figuras como el actual senador Carlos Larraín —quien ha votado en contra de todo el articulado del proyecto—, el ex comandante en Jefe de la Armada, Jorge Martínez Busch, y la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, que se mostraban públicamente en contra de la causa. En 2006 el movimiento religioso Acción Familia convocó una campaña en contra del proyecto de ley, e incluso se reunieron con los senadores representantes de la Comisión de DD.HH. Carlos Kushel, Nelson Ávila, Jaime Naranjo y Hernán Larraín (UDI) para pedirles que no se aprobara la medida.
Ese año empezó a presionar con fuerza un férreo enemigo del proyecto: la Iglesia Evangélica, que inició protestas públicas para evitar su avance. Según un ex parlamentario de la Concertación este grupo tuvo un rol protagónico en el estancamiento del proyecto en el Senado en 2007. “Como esto podía afectar la vida interna y pastoral de las iglesias cristianas, hubo una fuerte embestida de varios sectores del mundo evangélico. Mundo que tiene mucho peso. De hecho, ellos lograron sumar a la Iglesia Católica al menos formalmente. El lobby activo son los evangélicos”.
Según Jiménez la Iglesia Católica “opera de una manera menos visible, tiene 2000 años haciendo lobby. Ellos operan en reuniones a nivel del Presidente, cada vez que tuvieron la posibilidad en los gobiernos de Lagos, Bachelet y Frei, de reunirse con el Presidente o Presidenta, le planteaban su rechazo y su preocupación de que la ley incorporara el tema de la orientación sexual y la identidad de género. Si no hubiese estado “orientación sexual” e “identidad de género” la ley se hubiese aprobado de una”. En 2007 y a través de la Conferencia Episcopal, se discutió ante el Gobierno que el proyecto de ley, al incluir a las minorías sexuales, estaba protegiendo un sector que de acuerdo a su doctrina tiene “una valoración moral grave”. Esta fue la primera reacción formal de la Iglesia Católica en contra de la ley.
La piedra de tope de la tramitación de la ley durante ese año fueron las nuevas indicaciones presentadas por los senadores de la UDI que buscaban excluir nuevamente al “género” y la “orientación sexual”. Según el Informe de Derechos Humanos de 2007 del Movilh, aunque el Gobierno dio urgencia simple en reiteradas ocasiones a las tramitación del la ley, en silencio retiró la medida en tres oportunidades.
Las fórmulas para bloquear la ley han sido diversas e incluyen propuestas como las realizadas por el actual embajador del gobierno en Argentina y otrora DC, Adolfo Zaldívar, quien junto al senador Jaime Arancibia propuso agregar una indicación donde se estableciera que “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia” la ley contra la discriminación podrá posibilitar en el fututo contraer matrimonio a parejas constituidas por personas del mismo sexo. Así como la presentación de un requerimiento contra la ley ante el Tribunal Constitucional (TC) para eliminar el artículo dos por parte de una cuarentena de parlamentarios, principalmente de la UDI, que fue rechazada el 12 de enero pasado.
Pese a las promesas de campaña, al finalizar el mandato de Bachelet la iniciativa no había sido aprobada. Según Jiménez, “fue el peor gobierno para nosotros, porque no se avanzó nada y cuando no se avanza desde el punto de vista de los derechos y la dignidad de las personas, se retrocede”.
Al respecto el ex ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, manifestó a través de una carta a este medio, que el entrampamiento obedecía a que nunca se contó con “una mayoría real en el Senado”. Situación que otras fuentes de la Concertación reafirman, señalando que la “piedra de tope fundamental para la mayoría de la Alianza son las causales de discriminación referidas a género y orientación sexual. Si Bachelet las hubiera quitado se hubiera aprobado al tiro. Pero era considerado la bandera de lucha del Movilh y movimientos de mujeres, por lo que nunca se quisieron quitar y el proyecto se trancó.
En 2009 y 2010, tras ser electo presidente Sebastián Piñera, el proyecto se mantuvo en stand by. El presidente del Movilh, Rolando Jiménez, explica esta situación aludiendo a que “cada vez que había procesos electorales, fueran municipales, presidenciales y parlamentarias, era prácticamente imposible avanzar en la ley. El año de las elecciones pasadas, pasó eso”.
Pese a ello, Piñera se refirió en numerosas ocasiones a la diversidad sexual, y durante su discurso del 21 de Mayo, si bien evitó referirse a las uniones de hecho, sí tocó el tema de la no discriminación.
En 2011, el proceso del trámite vuelve a acelerarse. En parte gracias a diversas manifestaciones públicas organizadas por el Movilh entre las que destacó la llamada Marcha por la Diversidad Sexual que el 25 de junio convocó a 80 mil personas. Algo inédito.
Y como un cuento de nunca acabar, cuando el 8 noviembre se aprobó en el Senado por amplia mayoría el proyecto de ley —con 13 votos en contra del artículo segundo—, quedando así en condiciones de pasar a su tercer trámite legislativo en la Cámara Baja, las categorías consideradas por la ley para dictaminar la existencia de discriminación, se incluyó nuevamente la “orientación sexual” del individuo.
Para el abogado Jorge Contesse si esta ley no se aprueba incluyendo el artículo segundo “es una señal de que actos de discriminación no son considerados como algo especialmente grave por el legislador. En términos jurídicos no habría una agravante y la consideración de los jueces respecto de actos de discriminación sería más laxa. La ley circunscribe y especifica las categorías bajo las cuales no pueden hacerse distinciones que sean razonables. El artículo segundo en este caso es detallarle al juez los tipos de distinciones que para el legislador no son razonables que se hagan. Por eso es una señal importantísima”.



http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/29/el-ferreo-bloqueo-de-la-udi-la-iglesia-catolica-y-los-evangelicos-a-la-ley-anti-discriminacion/



Gobierno retirará querellas por Ley de Seguridad del Estado en Aysén

El dirigente del movimiento social de la zona, Misael Ruíz se refirió a esta información, confirmada por la Intendenta Pilar Cuevas.




El Gobierno anunció el retiro del requerimiento de la Ley de Seguridad del Estado para las 22 personas del movimiento social de Aysén. La información fue confirmada por la intendenta de la región, Pilar Cuevas.
El dirigente de la zona, Misael Ruíz, manifestó su satisfacción por esta medida, asegurando que “estamos contentos porque el Gobierno está comenzando a cumplir con su palabra”. “Nos parece muy bien, por nuestra gente y por la región”, destacó.


http://www.cnnchile.com/nacional/2012/03/29/gobierno-retirara-querellas-por-ley-de-seguridad-del-estado-en-aysen/

Denuncian brutal ataque contra joven lesbiana en velatón por Daniel Zamudio en Valdivia

Imagen:Luis Salas Espinoza | TwitterJueves 29 marzo 2012 | 19:42

El hecho se habría registrado la noche de este miércoles, cuando una menor de 17 años habría sido golpeada brutalmente por cuatro sujetos que, según relató a sus cercanos, la siguieron desde el centro de Valdivia hasta su casa.
Según declaró la hermana de la presunta víctima, la menor no quiere denunciar aún pues su madre desconoce que es lesbiana, por lo que además pidieron el resguardo de sus identidades.
La adolescente, según confirmó su hermana, fue golpeada con palos y quemada con cigarros, con los que le marcaron una figura de la esvástica.
Alejandra es amiga de la menor supuestamente atacada y cuenta que tras participar juntas en la velatón por Daniel Zamudio en la Plaza de Armas de Valdivia, ésta tomó un colectivo a su casa. Los agresores la habrían seguido para golpearla.
Tanto carabineros como la PDI y la Fiscalía conocen la información que ha circulado por las redes sociales y se encuentran a la espera de que se presente una denuncia, para poder iniciar una investigación.
Esto ocurriría luego que la joven le cuente a su madre su condición sexual.





http://www.biobiochile.cl/2012/03/29/denuncian-brutal-ataque-contra-joven-lesbiana-en-velaton-por-daniel-zamudio-en-valdivia.shtml

Daniella Campos asegura que Jaime Mañalich trató a su hija fallecida como “un número más”


Jueves 29 marzo 2012 | 12:07
La modelo Daniella Campos, en entrevista con el programa de la Red “Mentiras Verdaderas”, criticó el actuar del actual Ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando éste era director médico de la Clínica Las Condes.
En la oportunidad, Campos aseguró que Mañalich en su calidad de titular del recinto asistencial privado, trató a su hija fallecida como un número más.
“El que es hoy día el Ministro de salud, trató a mi hija (de 11 días de vida) como un número más entre las personas que habían muerto durante ese invierno. Duele, duele profundamente verlo hablar en la televisión tiempo después (diciendo) que la vida es lo que más le importa, pero para él en privado son un número”, indicó Daniella.
Además, la modelo aseguró que en una conversación con la autoridad de salud, éste le dijo que dejara de preocuparse y buscar respuestas. “El fue muy frío conmigo, fue muy duro”, expresó. “Él (Mañalich) dijo que si mi hija hubiese llegado y él hubiese estado en el servicio de Urgencias, ni siquiera hubiese intentado un segundo reanimarla”, señaló la modelo, agregando que el secretario de Estado le dijo que ella no tenía conciencia del daño con que podía quedar su hija si seguía viviendo.
Revisa el detalle de las declaraciones de Daniella Campos en los siguientes videos:

Insólito: Gobierno quiere prohibir ponerse de pie en los estadios durante los partidos de fútbol

29 de marzo de 2012 - 17:02 


El “Plan Estadio Seguro” busca limitar a las barras bravas. No se podrá hacer “la ola”, ni cantar “que se paren los chilenos”…



“Que se paren los chilenos, que se paren los chilenos” será uno de los cánticos que quedarán obsoletos si se llega a cumplir una nueva y curiosa normativa en los estadios de fútbol.
A raíz del nuevo “Plan Estadio Seguro” que implementó el Gobierno para  eliminar las barras bravas, se pusieron una serie de carteles en varios estadios del país.
La polémica sin embargo es con un punto en particular, donde se sostiene que “queda prohibido a los asistentes  estar de pie en zonas de asientos mientras se desarrolle el espectáculo”.
Según consigna Terra, la norma indica también que “las personas podrán ser sometidas a controles y registros porparte de Carabineros”
/ Foto de http://www.ferplei.com



http://www.eldinamo.cl/2012/03/29/insolito-prohibiran-ponerse-de-pie-en-los-estadios-durante-los-partidos/

La increíble historia de los deudos de Chacabuco que terminaron querellados por Ley de Seguridad del Estado

23 de marzo de 2012 - 16:05 


15 de los 22 hombres y mujeres acusados por el Gobierno de provocar desórdenes, destruir instalaciones y obstruir el libre tránsito el pasado 14 de marzo son habitantes de Chacabuco. Algunos de ellos participaban en un cortejo fúnebre que esa tarde regresaba del cementerio de Aysén. Aquí reconstruimos esos minutos a través de sus testimonios.



La tarde ya declaradamente fría del miércoles 14 de marzo en la región de Aysén fue la jornada elegida por el Ministerio del Interior y sus asesores legales para identificar a las 22 víctimas de un castigo que hace días venía preparando para quebrar la firme resistencia en esa atormentada zona de la Patagonia chilena: la Ley de Seguridad del Estado.
15 de los 22 hombres y mujeres acusados bajo ese cuerpo legal de provocar desórdenes, alterar la tranquilidad, promover o destruir instalaciones y obstruir el libre tránsito de las personas, son viejos vecinos de Puerto Chacabuco .
Esa localidad ubicada a 15 kilómetros de Puerto Aysén, donde sus 1.600 habitantes se conocen más por sus apodos que por sus nombres y apellidos, amaneció de luto ese miércoles 14.
El octogenario vecino José Facundo Chiguay había muerto y ese día, después de almuerzo, tras rezarle los últimos rosarios y honrarlo con los rituales litúrgicos “que manda Dios” en la Iglesia de Puerto Chacabuco, centenares de familiares, amigos y conocidos se disponían a acompañar al difunto en un cortejo fúnebre que lo llevaría a Puerto Aysén, donde los chacabucanos, a falta de cementerio, suelen despedir a sus muertos.
La carroza fúnebre ingresó a Puerto Aysén a eso de las 17:00 horas, seguida de una treintena de autos, camionetas y buses dispuestos por la familia del difunto para transportar a los deudos. Todos ibanidentificados con una cinta negra. Esa era la señal para que los jefes de las barricadas en Aysén permitieran el desplazamiento del cortejo en una jornada que se anunciaba compleja. Entrar no fue un problema.
A esa misma hora los dirigentes del movimiento social Aysén Tu Problema es Mi Problema se encontraban a 59 kilómetros de allí, en la escuela Pedro Quintana Mancilla de Coyhaique, esperando al ministro de Energía Rodrigo Álvarez y a otras autoridades que nunca llegaron al encuentro.
Quienes sí cayeron por sorpresa a esa misma hora en los principales campamentos de Puerto Aysén fueron lasFuerzas Especiales de Carabineros, que se encontraron con un escenario inmejorable para actuar: los hombres se encontraban en su mayoría apoyando a la mesa negociadora que esperaba al ministro en Coyhaique y, en Puerto Aysé,n las mujeres y los niños estaban solos en los campamentos, preparando las comidas de la tarde.
Según el relato de vecinos y observadores de derechos humanos, lo que ocurrió allí fue brutal. Mujeres golpeadas; niños maltratados. Los vecinos de Aysén salieron en su defensa y comenzó una de las jornadas más violentas en lo que va de la crisis. La elección de esa jornada para aplicar la Ley se Seguridad del Estado no fue casual.
El funeral 
La noticia de los disparos, de los gases lacrimógenos, de los guanacos lanzando agua, de las Fuerzas Especiales arrasando con todo y de los disturbios que convulsionaban el puente en la ruta 240, no tardó en llegar al cementerio de Puerto Aysén, donde eran despedidos los restos de José Facundo Chiguay.
Los deudos salieron apresuradamente del campo santo. Temían que a causa de los desórdenes no pudieran regresar a Puerto Chacabuco (hay que cruzar el disputado Puente Ibañez para llegar a la localidad), pese a las cintas negras que los identificaban. Entre ellos estaban Elisa Cuyul (43 años), dueña de casa y madre de cuatro hijos y Guillermina Cayún (49 años). Ambas integran la lista de los 22 acusados por la Ley de Seguridad del Estado. ¿Por qué? Nadie sabe. Ella no se lo explican.
“El difunto era papá de mi compadre. Por eso los acompañé en el velorio, en la Iglesia de Chacabuco y después me fui al cementario de Puerto Aysén en uno de los buses que puso la familia. De ahí salí corriendo, porque ya había movimiento. Crucé el puente de vuelta a Chacabuco en la camioneta de una cuñada. Llevábamos niños y por suerte alcanzamos a cruzar. El viernes supe que estaba en la lista, y que también estaba mi marido (Ramón Navarro), que se quedó en Chacabuco cuidando a nuestros hijos de entre 5 y 18 años para que yo pudiera ir al funeral. También está mi cuñado Jorge Navarro. Se han ido en contra de las personas equivocadas”, dice Guillermina Cayún.
Pero esa tarde todo está revuelto. Como Guillermina y Elisa Cuyul, Clara Gallardo y Olaya Jaramillo estaban en el funeral y, aunque básicamente realizaron el mismo recorrido que las primeras, corrieron con mejor suerte porque no fueron identificadas como autoras de provocar desórdenes.
No están en la lista negra, pero como quedaron atrapadas en Puerto Aysén, tuvieron que abrirse paso entre las Fuerzas Especiales, los disparos, los guanacos y los gases, y finalmente esquivar la carretera. “Hablamos con elmayor Sergio Gálvez (mayor de Carabineros de Puerto Aysén) y fuimos testigos de que él dio la orden para que dejaran pasar a los deudos, pero las Fuerzas Especiales a esas alturas no hacían caso de nada“, dice Clara.
“Incluso la hija del difunto, Dorila Chiguay, se bajó de su vehículo para explicar la situación. Quedamos atrapadas entre los manifestantes que protestaban por la violencia en contra de las mujeres de los campamentos  y las Fuerzas Especiales. Nos tuvimos que refugiar en una cuneta. Hubo gente que tuvo que dejar abandonados sus vehículos para continuar a pie el camino. Recién como a las 18:30 logramos salir“, añade Olaya.
Elisa Cuyún, Guillermina Cayul y los hermanos Jorge y Ramón Navarro forman parte de los 15 habitantes de Puerto Chacabuco que fueron incluidos en la lista negra en la que se basó el Ministerio del Interior para cursar la querella el viernes pasado.
En ese grupo de chacabucanos están también Juan Almonacid; Hugo Jaramillo Caro y su esposa Erika Hernández; Sandra Barría y su prima Elizabet Paillaleve, Juan Luis Atton (primo del subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton), Erico Gatica, Fernando Quintallana, David Barrientos, Lucía Pérez y Jorge Corvalán .
La mayoría se enteró de su condición dos días después, el viernes 16 en la tarde, cuando asistían en la Plaza de Armas de Puerto Aysén a un acto cultural de apoyo al movimiento social. “Habíamos ido a ver a la banda Los Vásquez, para despejarnos un poco después de tantos días malos, cuando una locutora de la radio Santa María comenzó a leer nuestros nombres. Era para no creer”, cuenta Guillermina Cayul.

Juan Almonacid Chiguay (32 años): Puertoaysenino, aunque ha vivido siempre en Puerto Chacabuco. Soltero sin hijos, trabaja esporádicamente en una empresa de servicios a la industria del salmón. Actualmente está cesante. No participa en política. Según su relato, estaba en su casa cuando supo que su madre, que había asistido al funeral de José Facundo Chiguay, no podía devolverse desde Puerto Aysén por los disturbios. El bus en el que viajaba su madre finalmente pudo continuar camino a Puerto Chacabuco y él decidió ir de todas maneras a Puerto Aysén, donde apoyó a las mujeres de los campamentos que a esa hora habían sido agredidas porlas Fuerzas Especiales de Carabineros. Volvió a su casa a las 2 de la madrugada.
Juan Luis Atton Valenzuela (57 años): Empresario de Puerto Chacabuco, casado, con dos hijos y un nieto.  Sin filiación política, es primo del subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton Palma. El miércoles tuvo una jornada de trabajo normal. Estuvo un momento en la Iglesia y vio partir desde Puerto Chacabuco el cortejo fúnebre, pero se quedó atendiendo los quehaceres de su empresa de mantenimiento industrial. Se enteró de la acusación el sábado por la prensa e inmediatamente llamó a su primo para advertir le lasituación y contarle que es inocente. ¿Por qué figura en el listado? “Se dice que la Intendencia pidió los nombres de las personas más visibles de la localidad. Mala información del gobierno. No saben nada de lo que pasa aquí”, dice.
Jorge Navarro Arancibia (54 años): De Puerto Chacabuco, casado con 5 hijos, es transportista de carga pesada. Sin afiliación política, se quedó ese día en la localidad mientras su esposa asistía al funeral de José Facundo Chiguay. “Ni siquiera fui al campamento. Nunca iba. Siempre discutía con ellos porque me hacían difícil pasar con mi carga. Supe por radio y por los llamados que recibí de todo elpaís de mis amigos transportistas,que había sido acusado. Para no creer: acusado sin tener arte niparte”, afirma.

Guillermina Cayún Poblete (49 años): Puertoaysenina radicada hace 7 años en Puerto Chacabuco, madre de 7 hijos, no milita en partido político alguno. Trabaja ocasionalmente en los empleos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Asistió al funeral y logró regresar a Puerto Chacabuco antes de que se bloqueara la salida. Su pareja es Ramón Navarro.


Ramón Navarro Arancibia (48 años): De Puerto Chacabuco, sin afinidades políticas, se desempeña como operador de grúas portuarias en esa localidad. Ese día no le tocó trabajar porque las actividades estaban paralizadas. Se quedó cuidando a sus hijos de entre 5 y 18 años, mientras su mujer asistía al funeral. “No pude más de la risa cuando supe que yo, mi señora y mi hermano estábamos en la lista; pero ahora estoy preocupado, pienso que a lo mejor no vamos a conseguir más trabajo y nos van a señalar con el dedo”, explica.

Hugo Jaramillo Caro: Chaitenino, vive en Puerto Chacabuco desde 1987.  Casado con tres hijos, sin militancia política es operador de grúas en la empresa Servisur, que se dedica a la reparación y confección de redes. Trabajó todo el día, haciendo horas extras para suplir los días no trabajados por las paralizaciones. Su horario consta en el libro de entrada y salida de la empresa: de 07:30 a 19:35 horas. Su esposa es Erika Hernández.


Erika Hernández Vásquez (36 años): Puertoaysenina, radicada en Puerto Chacabuco. Operaria ocasional de la empresa Aquinova, tiene tres hijos. No simpatiza con ningún partido político. Es diabética y el 14 de marzo amaneció decaída, razón por la cual no asistió al funeral. A las 18:30 horas salió de su casa en dirección al campamento de Chacabuco, donde estuvo conversando con el suboficial mayor de Carabineros Benito Peña, jefe del retén de esa localidad. “Él siempre iba a conversar con nosotros. Ahí siempre tomamos mate, escuchamos juntos las noticias sobre el movimiento. Cuando supe que estaba en la lista quedé plop, porque ni siquiera participo en la directiva del colegio de mis hijos”, afirma.
Sandra Barría Vargas (33 años): De Puerto Chacabuco, separada con un hijo de 15, es también trabajadora del PMU. No tiene afiliación política. Prima de Carola Paillaleve, pasadas las 16:00 fue al campamento y observó de lejos la conversación que sostuvieron sus compañeras con el carabinero Benito Peña. “Me enteré en el show de Los Vásquez. Estoy mal, no duermo. De qué me están hablando; está mi foto en todas partes. Vivo de allegada en la casa de mi hermana, tengo trabajo a veces sí y a veces no, y ahora esto. No entiendo qué pasó”, se lamenta.

Carola Paillaleve Álvarez (30 años): Casada con 5 hijos. Dueña de casa y presidenta del Club Deportivo de Damas de su localidad. No posee afiliación política. Esa tarde estaba en su casa y decidió ir al campamento, donde se sumó a la conversación con el carabinero Benito Peña, jefe de retén de la localidad.“Estábamos esperando que volviera la gente del funeral, preocupados por las noticias sobre la represión en Aysén”, recuerda.

Erico Gatica Zenteno (54): Puertoaysenino, residente en Puerto Chacabuco desde 1977. Soltero con dos hijos, se desempeña como obrero agrícola. No partcipa en política. La tarde del miércoles estuvo en un campo a la salida de Puerto Chacabuco, retirando a un animal para llevarlo al matadero de Puerto Aysén. La operación quedó registrada en la guía de despacho del matadero. En el camino, se encontró con el cortejo fúnebre. Estuvo de vuelta en su hogar a las 18:18 horas, según consta en su bitácora personal, donde tiene por costumbre registrar cada uno de sus movimientos.

Fernando Quintallana Vera (23 años). Nacido en Castro y radicado en Puerto Chacabuco. Soltero con un hijo, es operario ocasional de una empresa pesquera. No participa en partidos políticos ni organizaciones sociales. La tarde del miércoles la pasó en el campamento, donde participó de la conversación con el carabinero Benito Peña.


Lucía Pérez Venegas (40 años): Santiaguina radicada en Puerto Chacabuco.  Separada, madre de 3 hijos de 3, 7 y 8 años, maneja un pequeño almacén- bazar (Carlita) y no participa en política. En la mañana del miércoles fue a Puerto Aysén a comprar algunas mercaderías para su negocio. Cuando regresó pasó por el campamento un momento para dejarles a sus compañeras algo de yerba mate y azúcar. “Quedé choqueada con la noticia. Con los trámites de la querella he tenido que cerrar mi negocio, a mi hijita de tres años encargada y a mis hijos de 7 y 8 años solos. Toda mi familia está en Santiago, mesiento muy sola. Estoy a punto de matarme”, confiesa.
Jorge Corvalán Clavero (49 años): Santiaguino, separado con 5 hijos, es pescador artesanal y armador de botes. Desde enero que no obtiene recursos. Su embarcación está en taller y no ha podido retirarla. Solía ser simpatizante de la Coalición por el Cambio, siendo apoderado de mesa en las últimas elecciones presidenciales. Pero durante estas semanas de protestas recibió en dos tiros siete perdigones en su cuerpo y ya no quiere nada con un gobierno al que califica de brutalmente represivo. “Con la derecha nunca más. Nos tratan peor que a los mapuches, han caído compañeros sangrando a mi lado. Los perdigones traspasan hasta tres prendas de ropa, hay gente que aún tiene balines en el cuerpo y que teme ir a un centro hospitalario”. La tarde del miércoles estaba acostado en su casa atento a las noticias en la radio, cuando se enteró de la represión en Puerto Aysén, hasta donde se dirigió pidiendo un aventón a un vehículo de la Cruz Roja.
David Barrientos Quiñones (22 años): Puertoaysenino, soltero sin hijos. Se dedica a realizar trabajos esporádicos como ayudantye de soldador. No simpatiza ni milita en partidos políticos. La tarde del miércoles 14 estuvo afuera del Cuerpode Bomberos de Puerto Chacabuco, frente a la iglesia, esperando la salida del cortejo fúnebre. Se quedó en la localidad para evitarse los disturbios que se anunciaban en Puerto Aysén y a las 18:00 se dirigió al campamento. Piensa que Carabineros de su localidad identificó a todos los chacabucanos de la lista.

Elisa Cuyul Llaiquel (43 años): De Puerto Chacabuco, dueña de casa, madre de cuatro hijos. Pertenece a la comunidad Cuyul Llaiquel de la etnia mapuche-huilliche. Asistió al funeral en Puerto Aysén y apenas pudo volvió a Puerto Chacabuco.



Ayer, en una audiencia realizada en el Tribunal de Puerto Aysén, el magistrado Juan Patricio Silvainformó que el Juzgado de Letras y Garantía se declaró incompetente en seis de las 22 querellas contra manifestantes de Aysén, que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
La razón para la inhabilitación respondió a que a estas seis personas se les requiere por motivos que no están dentro de la jurisdicción del Tribunal de Puerto Aysén. Fue una de las dos derrotas que tuvo el equipo jurídico del ministerio del Interior. La otra, fue una doble condena en costa, según la cual el mismo magistrado decidió que esa cartera deberá pagar los costos del proceso.
Ambas decisiones calmaron un poco los ánimos de los 22 acusados, quienes durante el fin de semana resolvieron un tema de vital importancia en los siguientes días: los abogados que asumirán sus defensas.
Fue un tema complejo de resolver. Pese a que desde el comienzo decenas de abogados se pudieron a disposición de los 22 hombres y mujeres acusados para defenderlos de la querella interpuesta por el Ministerio del Interior, finalmente sólo un puñado logró captar su confianza.
Los métodos utilizados por algunos defensores, en todo caso, no dejaron de llamar la atención. “Vimos maniobras en estos días, por parte del Defensor Público de Puerto Aysén, Fernando Acuña, para tratar de agarrar la mayor cantidad de defendidos. Y para algunos de nosotros la Defensoría Pública no ofrece el 100% de garantías de no ser permeable a las presiones políticas”, dice uno de los abogados que ha participado de cerca en el proceso.
“El año pasado tuvimos noticias de que sí reciben muchas presiones políticas y que ya entonces, a propósito de las detenciones por HidroAysén, les costaba mucho alegar ilegalidad, por las presiones políticas que recibían”, cuenta otro experto jurídico que ha participado en las reuniones de coordinación que hubo durante el fin de semana.
Los 22 acusados se reunieron por cerca de 5 horas con los abogados interesados en defenderlos el sábado pasado en la Cámara de Comercio de Puerto Aysén. Después de la intensa jornada, quedaron en reunirse nuevamente el lunes para repartir los casos lo más equitativamente posible, idealmente uno por abogado.
Sin embargo, Acuña, quien según las fuentes está compitiendo por convertirse en Defensor Regional, se reunió el domingo en la noche con los 15 acusados de Chacabuco y los convenció de que la mejor defensa se las proporcionaría la Defensoría.
Finalmente, el Defensor quedó con 16 representados, y los restantes se los repartieron los abogados Waldo Barraza, Lorenzo Avilés, Rodolfo Knopke y Marcelo Rodríguez, este último de la comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Aysén.
Rodríguez accedió a relatar algunos de los detalles que marcaron la jornada de ayer en el Tribunal de Puerto Aysén. ”La abogada del Ministerio del Interior reconoció que había un error en la querella, lo que demuestra que esta cuestión se hizo a la rápida, de forma absolutamente desprolija, porqueno existe un detalle de qué es lo que se le imputa a cada uno de los acusados. Desde el comienzo el trámite no cumplió con los requisitos técnicos”, dice.
Sobre los siguientes pasos, el abogado cuenta que el objetivo es lograr un desagravio público de los acusados y llevar a cientos de personas para que declaren a favor de los requeridos. ”Lo que cabría después sería demandar civilmente al Estado por el daño a las personas condenadas públicamente por el ministro del interior, quien los acusó de violentistas sin conocer la historia de cada uno de ellos“, dice.
Según Rodríguez las penas que arriesgan los requeridos, de comprobarse los delitos, irían en el peor de los casos desde los 541 días a los 5 años. “Y si no hay antecedentes, tienen derecho a cumplir condena en libertad”, explica.
El abogado del Vicariato de Aysén adelanta que en los próximos días la Fiscalía del Ministerio Público iniciará una investigación para ver si tiene peso el proceso y evaluar si se sigue adelante con él.
Anoche, el vocero del movimiento Iván Fuentes fue claro en señalar que los dos puntos que pretenden conseguir en lo inmediato, para que fructifique el diálogo reiniciado ayer, son el retiro de las Fuerzas Especiales de Carabineros y el retiro de la querella por Ley de Seguridad del Estado.
“Por parte de los tribunales, esperamos que el Ministerio Público se dé cuenta de que se trata de una acusación al boleo, con objetivos únicamente políticos. El Ministerio Público es en teoría una institución profesionalizada, que se dedica a investigar delitos, no acusaciones políticas, por eso confiamos en que determine que este asunto carece de realidad y que no hay delito detrás de la conducta de las personas requeridas”, comenta Rodríguez.

La Historia Oculta del Régimen Militar

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