El férreo bloqueo de la UDI, la Iglesia Católica y los evangélicos a la Ley Antidiscriminación

29 DE MARZO DE 2012

Caso Zamudio pone bajo la lupa a parlamentarios detractores

Hace siete años que el proyecto de ley, hoy conocido como “Ley Zamudio”, se tramita en el Congreso. No ha sido fácil: la principal piedra de tope, especialmente entre los parlamentarios más conservadores, es la posibilidad de que la iniciativa abra las puertas al matrimonio gay. Hoy, después de la dramática muerte del joven de 24 años atacado ferozmente por su condición sexual, honorables de todos los sectores se alinean tras el rechazo a la discriminación. La Moneda puso suma urgencia al proyecto y esta vez serán fuertemente escrutados por la opinión pública los legisladores que se opongan a la normativa.

“Aunque en la práctica la sodomía no lleva a la detención o condena, es una importante señal del legislador de mantener el delito, pues es una muestra de que a la ley, y por ende, a la sociedad no le es indiferente el tema”. Corría 1995 y estos eran los argumentos con que el entonces diputado UDI Iván Moreira defendía la mantención del artículo 365 del Código Penal, que castigaba a los homosexuales con la pena de cárcel.

Cuatro años después y luego de largas negociaciones, se logró modificar el artículo, “a pesar de la oposición de la UDI, que votó en bloque en contra y parte importante de la DC y RN”, según explica el periodista Óscar Contardo, autor del libro “Raro”, que relata la historia gay de Chile.

Hoy, a diferencia de hace 13 años, la discusión y decisiones del Parlamento en torno a temas que tocan al mundo homosexual, no pasa inadvertida, sobre todo tras el feroz ataque homofóbico que provocó la muerte del joven Daniel Zamudio. Bien lo sabe el grupo de senadores que votó en contra de la segunda parte del artículo 2 de la Ley Antidiscriminación, aprobada en noviembre pasado, quienes han recibido una batería de críticas por rechazar lo que según el abogado de Derechos Humanos, Jorge Contesse, “marca el contorno de lo que es la discriminación en Chile. Y mostrarse en contra de eso desalienta el proceso legislativo, lo hace más lento y engorroso en una materia que urge aprobar con urgencia”.

El artículo define lo que se entiende por discriminación arbitraria “en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.

En total son 13 los honorables que rechazaron esta parte del artículo: Ena Von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), José García (RN), Alejandro García-Huidobro (UDI), Carlos Kuschel (RN), Carlos Larraín (RN), Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis (UDI), Víctor Pérez (UDI), Baldo Prokurica (RN), Hosaín Sabag (DC) y Gonzalo Uriarte (UDI).

Los motivos jurídicos expuestos son variados. Algunos defienden que la Constitución ya contempla la igualdad ante la ley; otros, en cambio, advierten del posible peligro de establecer categorías. Así, a juicio de Carlos Kuschel (RN) “hacer un listado podría hacer que se escapen casos y que luego digan que no están incluidos”. Incluso, hay parlamentarios que sostienen abiertamente que esta ley podría debilitar “otras instituciones de la estructura jurídica como el matrimonio”, según señala el secretario general de la UDI, Víctor Pérez. Tema que en definitiva es uno de los que más saca ronchas en los sectores conservadores.

La piedra de tope de la tramitación de la ley durante ese año fueron las nuevas indicaciones presentadas por los senadores de la UDI que buscaban excluir nuevamente al “género” y la “orientación sexual”. Según el Informe de Derechos Humanos de 2007 del Movilh, aunque el Gobierno dio urgencia simple en reiteradas ocasiones a las tramitación del la ley, en silencio retiró la medida en tres oportunidades.

Pese al rechazo de este artículo ha existido un alineamiento general de repudio por parte de estos parlamentarios al crimen del joven de 24 años. Lo que según Contesse se explica porque “frente a un hecho tan brutal no encontrarás a nadie que no se alarme. Pero los legisladores más que hablar a través de los medios lo que importa es cómo votan. Y al votar en contra del artículo 2, hay un grupo de senadores que envió una señal que hoy se torna muy dramática, porque ponerle nombre y apellido al rechazo de esta ley —en el contexto de una sociedad consternada— torna la posición de estos senadores insostenible”.

EL BLOQUEO

La resistencia a la Ley Antidiscriminación, que empezó a ser tramitada durante el Gobierno de Ricardo Lagos en marzo de 2005, luego de 8 años de demandas al respecto, ha contado con tradicionales detractores. Especialmente ligados a sectores de derecha y la Iglesia. Aunque, según explica el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, si bien “fue una ley que desde un principio tuvo el rechazo de los sectores UDI y de una parte de RN, también generaba resistencia en sectores conservadores de la Concertación. Pero siempre, la UDI en bloque ha cuestionado la necesidad de la ley, inventado miles de chivas en el proceso”.

Ese año y en forma inédita el Movilh consiguió el compromiso público de los entonces candidatos presidenciales, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, de apoyar la iniciativa, que en junio fue aprobada en votación general con 50 votos a favor y 24 en contra (todos de la UDI). A esas alturas ya no incluía los conceptos de “orientación sexual” y “género”, aunque se agregó la de “condición sexual”. Tras nuevos esfuerzos del Movilh por convencer a los parlamentarios, el 5 de octubre, en una nueva votación en la Cámara, se volvieron a incluir ambos términos en el proyecto.

El rol de grupos ultraconservadores y religiosos fue y ha sido clave en las trabas al proyecto. Asimismo el rol de figuras como el actual senador Carlos Larraín —quien ha votado en contra de todo el articulado del proyecto—, el ex comandante en Jefe de la Armada, Jorge Martínez Busch, y la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, que se mostraban públicamente en contra de la causa. En 2006 el movimiento religioso Acción Familia convocó una campaña en contra del proyecto de ley, e incluso se reunieron con los senadores representantes de la Comisión de DD.HH. Carlos Kushel, Nelson Ávila, Jaime Naranjo y Hernán Larraín (UDI) para pedirles que no se aprobara la medida.

Ese año empezó a presionar con fuerza un férreo enemigo del proyecto: la Iglesia Evangélica, que inició protestas públicas para evitar su avance. Según un ex parlamentario de la Concertación este grupo tuvo un rol protagónico en el estancamiento del proyecto en el Senado en 2007. “Como esto podía afectar la vida interna y pastoral de las iglesias cristianas, hubo una fuerte embestida de varios sectores del mundo evangélico. Mundo que tiene mucho peso. De hecho, ellos lograron sumar a la Iglesia Católica al menos formalmente. El lobby activo son los evangélicos”.

Según Jiménez la Iglesia Católica “opera de una manera menos visible, tiene 2000 años haciendo lobby. Ellos operan en reuniones a nivel del Presidente, cada vez que tuvieron la posibilidad en los gobiernos de Lagos, Bachelet y Frei, de reunirse con el Presidente o Presidenta, le planteaban su rechazo y su preocupación de que la ley incorporara el tema de la orientación sexual y la identidad de género. Si no hubiese estado “orientación sexual” e “identidad de género” la ley se hubiese aprobado de una”. En 2007 y a través de la Conferencia Episcopal, se discutió ante el Gobierno que el proyecto de ley, al incluir a las minorías sexuales, estaba protegiendo un sector que de acuerdo a su doctrina tiene “una valoración moral grave”. Esta fue la primera reacción formal de la Iglesia Católica en contra de la ley.

La piedra de tope de la tramitación de la ley durante ese año fueron las nuevas indicaciones presentadas por los senadores de la UDI que buscaban excluir nuevamente al “género” y la “orientación sexual”. Según el Informe de Derechos Humanos de 2007 del Movilh, aunque el Gobierno dio urgencia simple en reiteradas ocasiones a las tramitación del la ley, en silencio retiró la medida en tres oportunidades.

Las fórmulas para bloquear la ley han sido diversas e incluyen propuestas como las realizadas por el actual embajador del gobierno en Argentina y otrora DC, Adolfo Zaldívar, quien junto al senador Jaime Arancibia propuso agregar una indicación donde se estableciera que “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia” la ley contra la discriminación podrá posibilitar en el fututo contraer matrimonio a parejas constituidas por personas del mismo sexo. Así como la presentación de un requerimiento contra la ley ante el Tribunal Constitucional (TC) para eliminar el artículo dos por parte de una cuarentena de parlamentarios, principalmente de la UDI, que fue rechazada el 12 de enero pasado.

Pese a las promesas de campaña, al finalizar el mandato de Bachelet la iniciativa no había sido aprobada. Según Jiménez, “fue el peor gobierno para nosotros, porque no se avanzó nada y cuando no se avanza desde el punto de vista de los derechos y la dignidad de las personas, se retrocede”.

Al respecto el ex ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, manifestó a través de una carta a este medio, que el entrampamiento obedecía a que nunca se contó con “una mayoría real en el Senado”. Situación que otras fuentes de la Concertación reafirman, señalando que la “piedra de tope fundamental para la mayoría de la Alianza son las causales de discriminación referidas a género y orientación sexual. Si Bachelet las hubiera quitado se hubiera aprobado al tiro. Pero era considerado la bandera de lucha del Movilh y movimientos de mujeres, por lo que nunca se quisieron quitar y el proyecto se trancó.

En 2009 y 2010, tras ser electo presidente Sebastián Piñera, el proyecto se mantuvo en stand by. El presidente del Movilh, Rolando Jiménez, explica esta situación aludiendo a que “cada vez que había procesos electorales, fueran municipales, presidenciales y parlamentarias, era prácticamente imposible avanzar en la ley. El año de las elecciones pasadas, pasó eso”.

Pese a ello, Piñera se refirió en numerosas ocasiones a la diversidad sexual, y durante su discurso del 21 de Mayo, si bien evitó referirse a las uniones de hecho, sí tocó el tema de la no discriminación.

En 2011, el proceso del trámite vuelve a acelerarse. En parte gracias a diversas manifestaciones públicas organizadas por el Movilh entre las que destacó la llamada Marcha por la Diversidad Sexual que el 25 de junio convocó a 80 mil personas. Algo inédito.

Y como un cuento de nunca acabar, cuando el 8 noviembre se aprobó en el Senado por amplia mayoría el proyecto de ley —con 13 votos en contra del artículo segundo—, quedando así en condiciones de pasar a su tercer trámite legislativo en la Cámara Baja, las categorías consideradas por la ley para dictaminar la existencia de discriminación, se incluyó nuevamente la “orientación sexual” del individuo.

Para el abogado Jorge Contesse si esta ley no se aprueba incluyendo el artículo segundo “es una señal de que actos de discriminación no son considerados como algo especialmente grave por el legislador. En términos jurídicos no habría una agravante y la consideración de los jueces respecto de actos de discriminación sería más laxa. La ley circunscribe y especifica las categorías bajo las cuales no pueden hacerse distinciones que sean razonables. El artículo segundo en este caso es detallarle al juez los tipos de distinciones que para el legislador no son razonables que se hagan. Por eso es una señal importantísima”.

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