El proceso constituyente está controlado por los partidos tradicionales, desde la UDI al Frente Amplio. Contiene una diversidad de trampas y “trabas” que facilitarán que los Convencionales, es decir, delegados a la Convención, serán principalmente miembros de los partidos políticos de siempre, los de los 30
Puede ser sorprendente ver cómo en las últimas semanas se han alineado con la opción “Apruebo” personajes como Pablo Longueira (aunque luego dijo que estaba por mantener lo más posible la constitución de Jaime Guzmán), Joaquín Lavín, el diario La Tercera a través de su editorial, e incluso sectores empresariales llamaron a un “reformismo sin refundación”, donde plantean “no refundar desde cero” pero tampoco “mantener el status quo.
Es que hay algo que es claro: La gran mayoría de los grandes empresarios, los sectores “dirigentes” de la sociedad, los verdaderos representantes de este régimen heredado de la dictadura militar, se han decidido por el camino de ir a un proceso constituyente tranquilo, sin mayores convulsiones. Es decir, un proceso que sirva para impedir el retorno de las calles y de la movilización, que es a lo que verdaderamente le temen.
Esto lo hacen para lograr llegar a acuerdos “moderados” que no impliquen grandes transformaciones y les permitan continuar con su modelo de ganancias.
Y no es extraño que esa sea la decisión que tomaron, porque este proceso constituyente les da una serie de garantías, acordada por los partidos tradicionales que firmaron el “Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución”, de que no van a ser grandes transformaciones las que allí sucedan, ni se verán afectados seriamente sus bolsillos. Tienen mecanismos de control a su favor.
Y uno de esos mecanismos es el hecho de que el proceso constituyente está firmemente controlado por los partidos tradicionales. De hecho, no debe sorprendernos que de cara a la elección de los miembros de la Convención, la gran mayoría de los rostros que veamos sean de representantes de esos sectores.
Sobre la inscripción y presentación de candidaturas
Primero que todo el mecanismo de presentación de candidaturas es injusto para los candidatos independientes y favorece a los partidos tradicionales. Es sencillo: por ejemplo, en la Región Metropolitana, un partido puede presentar o inscribir 58 candidatos en toda la región, esto si logran legalizarse allí reuniendo 6.400 firmas.
Pero los límites para candidatos independientes son enormes: requieren reunir firmas de patrocinio iguales al 0,4% de la votación total de la última elección, en plena pandemia y frente a notario (cuestión que el SERVEL discutirá estos días), lo que en los hechos significa prácticamente un bloqueo para que puedan presentar candidaturas. Y esto para presentar candidaturas individuales, es decir, sólo en un distrito y no en toda la región como en el caso de los partidos.
Pero también los nuevos partidos tienen grandes limitaciones frente a este proceso, ya que la inscripción para nuevos partidos políticos está reglamentada por la Ley 18.603, la cual no contempla hechos extraordinarios como una pandemia, lo que se transforma en un veto en los hechos, ya que se han mantenido los mismos requerimientos de firmas cuando prácticamente todas las reglas del país han cambiado producto del coronavirus.
Esto lleva al absurdo de que los nuevos partidos nacidos después de octubre del 2019 tendrán enormes dificultades para poder legalizarse, empujando a que se hagan parte de “listas” o coaliciones de los partidos tradicionales o de los ya existentes, como ocurrió con el partido en formación “Fuerza Común” de Fernando Atria, que terminó integrándose al Frente Amplio luego de ver que no podían conseguir las firmas producto de la pandemia.
Es decir, es muy probable que la gran mayoría de las listas serán conformadas por partidos tradicionales ya existentes, debido a todas estas limitantes. Pero aún así, en la elección misma hay más trabas y dificultades.
Una elección desfavorable a nuevas voces
Esto debido a que los distritos electorales se expandieron para la elección del 2017 y eso se mantendrá para esta elección. Esto evidentemente favorece a los partidos que tengan más recursos y dinero para poder hacer campaña y llegar a más amplios sectores.
Por ejemplo, el distrito 10 se amplió cerca de 5 veces, pasando de ser sólo la comuna de Santiago Centro a incluir también a las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín.
Esto a su vez debilita el peso electoral de comunas populares como San Joaquín o la Granja frente a comunas más acomodadas como Providencia o Ñuñoa, donde la tasa de votación es más alta. Lo mismo ocurrió en el caso de Peñalolén que se integró al distrito 11 junto a las comunas de Vitacura, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.
Es sencillo, la elección de la Convención Constitucional (en caso de que esta gane que será lo más probable, aunque si es en el caso de la Convención Mixta es más restrictivo aún porque se reduce a la mitad la cantidad de convencionales electos) es un “reflejo” de la elección de diputados del año 2017.
Es decir, se utilizará el modelo electoral llamado Método d’Hondt, el cual emplea un sistema de listas a las cuales estarán asociados los candidatos según los partidos políticos o listas de independientes.
Para hacer el cálculo, la votación total obtenida por una lista se divide tantas veces como cupos a la Convenció entrega el Distrito, y los cupos se van llenando según los votos más altos. Es decir, si una lista arrasa por la votación de un candidato individual, tendrá la posibilidad de “arrastrar” a algún otro candidato de su lista, dejando fuera a candidatos con mayor votación de otras listas.
Y si bien este mecanismo es más democrático que el binominal que garantizó el cogobierno entre la derecha y la ex Concertación durante décadas, sigue siendo totalmente excluyente para nuevas alternativas, y en los hechos lo que sucederá es que la gran mayoría de los representantes electos serán miembros de los partidos tradicionales.
¡Vamos por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana!
Es claro que quieren que sean los mismos de siempre quienes decidan, usurpando la demanda de la rebelión y la exigencia por una Asamblea Constituyente que se planteó en las calles.
Por eso, frente a este escenario, es que vemos la necesidad de plantear la lucha por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin vetos ni restricciones.
Una Asamblea donde haya un delegado por cada 10 mil electores, donde los mayores de 14 años y menores de 18 puedan votar y ser electos, al igual que los dirigentes sindicales y vecinales sin necesidad de “suspender su cargo” como lo estipula la ley al día de hoy.
Una Asamblea así que pueda discutir sobre todo, sin vetos, que pueda debatir sobre los tratados internacionales, y que no tenga ninguna institución de este régimen heredado de la dictadura encima de ella.
Necesitamos organizarnos todos y todas quienes luchamos por esa perspectiva, para en este escenario político/electoral, podamos plantear con claridad esa alternativa, junto con la demanda del Fuera Piñera y de la necesidad de retomar la pelea por una huelga general, única vía para poder lograr que sea el pueblo trabajador el que decida, y no los grandes empresarios y los partidos de los 30 años.
https://www.laizquierdadiario.cl/Por-que-la-convencion-constitucional-es-una-trampa-172375