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miércoles, 11 de enero de 2012

Informe Autopsia Allende


Fichas Vicaría Desaparecidos1


Reglamento SML19431


Decreto nombra Parker coord Junta IML


Oficios sobre traslado de cadáveres


Dentro del Instituto Médico Legal (II): “Autopsias sucintas”

POR ARCHIVOSCHILE | ENE 11TH, 2012

Sala de autopsias del Instituto Médico Legal. Fotografía: Marcelo Montecino.
Mientras la Primera Fiscalía Militar ordenaba a dos de los principales médicos legistas de la morgue de Santiago practicar la noche del golpe militar una autopsia fuera del recinto al cadáver del Presidente Salvador Allende, la burocracia militar comenzaba a instalarse dentro del Servicio Médico Legal (SML).
El Dr. Alfredo Vargas Baeza llevaba casi 20 años como director del SML, pero no se encontraba en Chile el 11 de septiembre. Gozaba de un feriado legal desde el 23 de junio y debía haber regresado el 3 de septiembre. Sin embargo, por razones de fuerza mayor no explicitadas en la documentación de la época, no pudo retornar, y aún se encontraba en Europa.
Durante su ausencia, estaba siendo subrogado por el Dr. Augusto Torrico Rojas, un psiquiatra boliviano de ideas de izquierda que, evidentemente, no era del gusto de la nueva autoridad militar. En un decreto del 10 de octubre, la Junta Militar informó que de manera retroactiva, a partir del 25 de septiembre, asumía como director subrogante del SML el Dr. Óscar Novoa Allende, “hasta nueva decisión de la Junta de Gobierno.”

Acerca de “El Circuito Burocrático de la Muerte”

Es una investigación de ArchivosChile, dirigida y editada por John Dinges.
Investigación principal y redacción: Pascale Bonnefoy
Edición y visualización de datos: Gabriel Mérida
ArchivosChile es un proyecto del Centro de Investigación e Información (CIINFO) y del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile
Sin embargo, el Dr. Novoa, médico de la planta civil del Hospital Militar y del Departamento Clínico del SML, se había instalado en la oficina del Director aún antes de su designación.  Asumió el cargo de facto a partir del mismo 11 de septiembre, dejando al Dr. Torrico en su puesto original como jefe del Departamento de Psiquiatría, afirmó a ArchivosChile el ex asesor legal del SML, Gilberto Rudolph.
Para sorpresa de muchos de los funcionarios, el que apareció tras el golpe militar en uniforme de campaña dando órdenes al interior de la morgue era el Dr. Sergio Larraín Eyzaguirre, un mayor de Sanidad del Ejército que llevaba más de 20 años trabajando en el SML.
Larraín fue designado delegado de la Junta Militar ante el SML, pero el cargo le duró poco. Según un ex funcionario del Servicio, a Larraín los médicos no lo tomaban en serio. Se mantuvo como delegado de la Junta hasta que el 12 de octubre el Subsecretario de Justicia, Max Silva del Canto, le comunicó el término de su cargo, por haber ya “normalizado el servicio”.
Un ex conductor de la morgue entrevistado por ArchivosChile recuerda que al día siguiente o subsiguiente del golpe, un oficial de Ejército reunió a todos los funcionarios en el auditorio. “Nos dijo clarito: ‘¡Cualquier chuchasumadre que sea sorprendido dando información a periodistas, familiares o amigos sobre lo que está pasando va a ser fusilado en el acto!’,” relató.
Antes de devolver la dirección del SML al Dr. Vargas a fines de septiembre, el Dr. Novoa dejó  instalado en la morgue a su gran amigo, el coronel auditor en retiro del Ejército, Mario Parker Arenas. Novoa regresó a sus labores anteriores en el área de Ginecología.
Parker fue nombrado a través de un decreto retroactivo del 20 de noviembre de 1973  “abogado coordinador ad honorem” del Servicio Médico Legal ante la Junta de Gobierno. Permanecía solo un par de horas al día en la morgue, recuerda Rudolph.
Cuando el Dr. Vargas regresó al SML a fines de septiembre, el ambiente era tenso. Militares llevaban semanas circulando por los pasillos de la morgue, e incluso seguían a los funcionarios hasta sus casilleros para controlar lo que hacían. Carabineros se apostaban en las afueras.
Primaba el silencio. Como en todos los servicios y organismos del Estado, ya no se sabía quién podría ser un delator. Los funcionarios dormían poco, lloraban y pasaron hambre. Estaban exhaustos, al igual que los médicos que, a partir del 11 de septiembre, no tuvieron pausa en la realización de autopsias de cuerpos que no cesaban de llegar.
Las autopsias
Entrada del Instituto Médico Legal, la morgue en Santiago. (A&D Fotografía).
La cantidad de cadáveres en la morgue, las condiciones en que se encontraban, los recursos y el personal disponibles, el riesgo de infecciones y el caos general provocado por la avalancha de muertos que llegó a la morgue de la capital dificultó practicar autopsias completas a cada uno.
“No se hacían las autopsias que hubiésemos querido realizar, con toda la técnica necesaria,” dijo el Dr. José Luis Vásquez, médico legista que aún trabaja en el SML. “Las primeras dos o tres autopsias que hicimos intentamos hacerlas lo más completo posible, pero después nos dimos cuenta de que era humanamente imposible. Nos limitábamos a hacer una autopsia sucinta, encuadrándonos sólo en las lesiones que existían relacionadas con la causa de muerte. La mayoría, evidentemente, eran lesiones causadas por proyectiles balísticos.”
En la época, el servicio contaba con unos seis médicos legistas. Era claramente insuficiente. El SML debió recurrir a otros médicos clínicos de la misma morgue para colaborar en las autopsias, incluyendo al hijo del director, Dr. Alfredo Vargas Kother.
Era imposible, por el número de cadáveres apilados en la morgue, seguir las pautas habituales para una autopsia completa en cada caso, como se sugiere en el Reglamento del SML vigente en la época. Tampoco se cumplió la norma reglamentaria de que todos los cadáveres que ingresaran al IML fueran fotografiados y que esas fotos quedaran archivadas para la eventual consulta de los tribunales. Según el Dr. Vásquez, no había ni fotógrafo ni cámaras.
De todos modos, aseguró, se les practicó autopsia a todos los fallecidos, sin excepción, aunque el grado de profundidad varió considerablemente (ver selección de informes de autopsia).
Extracto del informe de autopsia Carlos Guzmán Altamirano, muerto en la vía pública el 17 de septiembre de 1973. El informe consigna al menos 10 heridas de bala en el cuerpo. Fuente: Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
El asesor jurídico, Gilberto Rudolph, las llamó “autopsias económicas”. “Significaba que si por el examen externo del cadáver se podía deducir la causa de muerte, el examen se detenía en el reconocimiento externo, porque no había suficiente personal ni médicos especializados para cubrir toda la demanda de autopsias. Eran casi todos muertos por bala, así que no había que mirar mucho,” afirmó.
En esas primeras semanas, el Dr. Vásquez recuerda haber trabajado jornadas de hasta 12 horas diarias. Entre el día del golpe militar y el 30 de noviembre –periodo en que se registró el mayor número de ingreso de fallecidos– el Dr. Vásquez efectuó un total de 292 autopsias. Similar ritmo de trabajo tuvieron los tanatólogos Carlos Marambio Allende (263) y el boliviano Humberto Rhea Clavijo (242).
El Dr. Vargas y su hijo realizaron un total de 209 autopsias,[1] mientras que el Dr. Exequiel Jiménez se encargó de 179, el Dr. Tomás Tobar de 96, y el medico boliviano Dr. Rolando Costa Arduz[2], de 88. Otros médicos – incluso de otras especialidades– intervenían ocasionalmente en la sala de autopsias.
Autopsias técnicamente correctas
Aunque las autopsias se limitaron a examinar sólo el área de las heridas mortales –y no incluyeron otros tipos de análisis–, los informes de todos modos precisaron correctamente la causa de muerte. Sin embargo, a pesar de la evidente acción de terceros en esas muertes, a menudo causadas por múltiples heridas de bala, pocos informes de autopsia indicaron si se trataba de un homicidio, como estaban obligados por ley.[3]
El homicidio se consigna como causa de muerte en sólo 118 de los 891 informes de autopsia practicadas a víctimas confirmadas o potenciales de violaciones a los derechos humanos. De esos 118 informes 83 fue firmado por un solo médico, el Dr. Carlos Marambio. El Dr. Rhea lo indicó en 17 de sus informes y el Dr. Vásquez en sólo cinco.
Según declaró el Dr. Rhea a propósito de la investigación judicial sobre la muerte de un grupo de pobladores de Puente Alto en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973, “entre los días 11 y 15 de septiembre efectuaba por lo menos entre doce a quince autopsias diarias. Incluso llegaron facultativos desde Carabineros y Fuerzas Armadas para colaborar en las labores pues había cadáveres incluso en los pasillos.” Por esa razón, declaró, “los informes de autopsias de esas fechas se hicieron de manera somera; es decir sin un examen detallado de los cuerpos.”[4]
Para el Dr. Rhea, como para los otros dos médicos bolivianos que trabajaban en el IML, la situación fue seguramente insoportable. Rhea había sido colaborador de la guerrilla de Che Guevara en Bolivia y médico tratante del guerrillero argentino. Residía en Chile como exiliado político desde 1967, año en que comenzó a trabajar en el Instituto Médico Legal, debido a la escasez de médicos legistas en Chile.
Era tal el volumen de cuerpos, que el IML pidió la colaboración de los hospitales públicos para que enviaran auxiliares. También, recuerda el Dr. Vásquez, se intentó incorporar a personal administrativo en la sala de autopsias para tomar apuntes dictados por los médicos durante la autopsia para agilizar el proceso, pero eso duró muy poco.
“Naturalmente, a los cinco o diez minutos estaban todos en el suelo. No tenían la costumbre de ver cuerpos o fluidos. Nunca habían ingresado a una sala de autopsias. Entonces tuvimos que hacerlo nosotros. Todo era manuscrito por los médicos que realizábamos las autopsias, y eso hizo el proceso más lento,” dijo.
De acuerdo a los registros del SML, las autopsias se hacían por lo general un par de días después de llegado el cuerpo. Sin embargo, hubo casos en que se realizaron una o dos semanas después. En cinco casos registrados en el libro de ingreso de fallecidos a la morgue de Santiago (Libro Transfer), la autopsia se realizó en otro lugar, como un hospital. En esas circunstancias, igual se anotaron sus nombres como fallecidos ingresados a la morgue, con sus respectivos números de protocolo, con una notoria excepción: la autopsia del Presidente Salvador Allende Gossens nunca quedó anotada en ningún libro, a pesar de haber sido realizada por dos médicos legistas del SML.
La noche del 11 de septiembre, el cuerpo de Allende yacía en el pabellón de cirugía del Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Militar a la espera de la llegada de los doctores Vásquez y Tobar y el auxiliar especializado Mario Cornejo. Por orden de la Primera Fiscalía Militar, ellos fueron llevados esa noche al hospital castrense, y a las 20 horas iniciaron la autopsia al fallecido presidente. La autopsia  [5] se prolongó hasta la media noche, y fue caratulada con el número de protocolo 2449/73.
El cuerpo del Presidente Allende no pasó por la morgue y hasta el día de hoy, Allende no figura en el libro de ingreso de fallecidos del Servicio Médico Legal.
En la morgue, otro cuerpo era asignado el mismo número de protocolo, el 2449: Onofre Castro Hernández, quien murió el 12 de septiembre debido a una enfermedad, y cuyo cuerpo fue no obstante remitido a la morgue por la Segunda Fiscalía Militar.
Reconocimiento de seres queridos
Finalizado el proceso de autopsia, los cadáveres eran bajados a la Sala de Exposición anexa al frigorífico, donde normalmente se exhibían los cuerpos de personas desconocidas para el reconocimiento de sus familiares. Había unas 90 cámaras frigoríficos, y según el Dr. Vásquez, no todas funcionaban. En cada una se colocaban varios cuerpos. “En esas condiciones, era imposible que esas cámaras cumplieran su función,” dijo.
Pasillo interior de la morgue de Santiago. (A&D Fotografía)
Los cuerpos eran dejados desnudos en el suelo y, en lo posible, con su ropa a los pies, a la espera de que algún familiar los encontrara, los identificara o los reclamara. Eran cientos de cadáveres que se amontonaban en el piso. Otros quedaban en los frigoríficos. Por días o semanas.
En muchos casos, nadie los reclamó porque sus familiares aún no se enteraban de su muerte, a pesar de que sus identidades ya estaban confirmadas por el Servicio de Registro Civil a través de las huellas dactilares tomadas a los cadáveres. A menudo esta confirmación de identidad llegaba de vuelta al SML cuando el fallecido ya había sido sacado de la morgue por el propio servicio, sin el conocimiento de las familias. Y más significativo aún: la documentación de la época revela que en algunos casos, se cometieron graves errores y negligencias en la identificación de algunas personas, en algunos casos al ser confundidos los números de protocolo. (Ver artículo: Registro Civil Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre).
Más allá de la intencionalidad o no de ocultar los crímenes, para María Luisa Sepúlveda, ex Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Valech,[6] uno de los principales problemas fue que “no había una cadena de custodia rigurosa” en la morgue.
“El problema mayor estaba en la custodia de la ropa y en la identificación de las huellas. No siempre hubo prolijidad. Salían en la noche a buscar cuerpos, pero era difícil establecer después que el cuerpo uno era el que encontraron en la carretera San Martín y el cuerpo dos era el que estaba en Maipú, por ejemplo. No había seguridad de que hayan coincidido bien los datos,” afirmó a Archivos Chile.
Afuera, los funcionarios del IML colgaron listas con los nombres de los fallecidos identificados. A pesar de que muchos habían llegado a la morgue con alguna documentación y sus identidades fueron confirmadas por el Registro Civil –aunque no siempre acertadamente–, eran listas escuálidas, “un número ridículo en comparación con la cantidad de cadáveres adentro,” recordó Héctor Herrera, uno de los funcionarios del Registro Civil enviados a la morgue a tomar muestras dactiloscópicas a los cadáveres.
Proporcionalmente, eran pocos los familiares que acudían a la morgue en los primeros días, dijo la secretaria del Dr. Vargas, Adelina Gaete, quien debió atender a algunos familiares en ese periodo. “Afuera del IML no llegó casi nadie al comienzo. Días después comenzaron a venir familiares. Nosotros revisamos los protocolos de autopsia para ver si alguien podría calzar con la descripción de la persona que buscaban,” dijo.
Las familias vivían otro ángulo de la tragedia: mientras sus seres queridos yacían en el suelo esperando su turno de autopsia, ellos recorrían hospitales, centros de detención, oficinas gubernamentales, organismos internacionales, fiscalías militares, comisarías y regimientos en su búsqueda.
Las fichas de la Vicaría de la Solidaridad sobre detenidos-desaparecidos en los primeros meses de dictadura militar son testimonio del largo peregrinaje y las interminables puertas que golpearon padres, hermanos y cónyuges de personas que habían sido arrestadas y cuyo paradero aún se desconocía. La morgue siempre fue el último lugar, el más resistido.
Además, había temor. “Afuera siempre había organismos de seguridad y a veces detenían a los familiares. Había familiares que no se atrevían a ir por miedo a quedar detenidos en la misma puerta del servicio. Había muchos civiles infiltrados que los detectaban en la entrada,” dijo Sergio Cornejo, quien de adolescente acompañaba a su padre a su trabajo en la morgue.
No obstante, muchos familiares acudieron al recinto en Avenida La Paz en busca de sus seres queridos. Los auxiliares — y en algunos casos, militares o policías — debían acompañarlos a la Sala de Exposición. “Los auxiliares se sentían bien afectados también por la situación, y tomaron cuidado de no llevar a los familiares donde estaban los cuerpos tirados en los pasillos,” agregó Gaete.
Algunos no los encontraron, a pesar de que estaban ahí en calidad de NN. En otros casos, sus nombres nunca fueron anotados en el libro de ingreso de la morgue, por lo que su presencia ahí les era negada. (Ver artículo: Registro Civil Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre).
Luis Miguel Rodríguez Arancibia, 20 años, fue ejecutado en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973. Su hermano lo encontró en la morgue.(Fotografía: www.memoriaviva.com)
Ismael Rodríguez encontró a su hermano Luis, fusilado en el Puente Bulnes el 14 de octubre junto a un grupo de pobladores de Puente Alto, en un ataúd abierto con su cuerpo destrozado. Lo había estado buscando durante una semana, desde que Carabineros lo detuvo con un grupo de amigos,[7] y su familia aún no sabía nada de él.
Luis Verdejo, padre de uno de los amigos arrestados con el hermano de Rodríguez, se enteró de que su hijo se encontraba en la morgue. Le avisó a Ismael Rodríguez y éste partió al IML con otros familiares.
“Fue impactante cuando entré. Había cientos de cuerpos en el suelo, en el pasillo, todos desnudos. Un señor de delantal blanco y botas negras los manguereaba con agua fría, supongo que para preservar los cuerpos. Algunos tenían la cicatriz de la  autopsia. Había niños, mujeres, ancianos, de todo. Vi un cadáver con el puño en alto; estaba tieso. Nunca le pudieron bajar el brazo,” dijo Ismael Rodríguez a ArchivosChile.
En las cámaras frigoríficas, encontraron a Verdejo y a Leonidas Isabel Díaz, una niña de 14 años que estaba embarazada y que había sido arrestada con ellos.
“Abrí un frigorífico y vi a Verdejo, con la cara y el pecho hecha tira por las balas. Abrí otro y vi a la muchacha. Su cuerpo estaba cortado y su bebé de seis meses de gestación estaba al lado, todavía atado al cordón umbilical. El bebé no tenía balas. El vientre de la muchacha estaba destrozado por las balas, pero no le pasó nada al bebé,” relató Rodríguez. Luego encontró a otros dos amigos que habían sido detenidos con su hermano: Jaime Bastías y Luis Toro.[8]
Leonidas Isabel Díaz fue ejecutada en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973. Tenía 14 años y seis meses de embarazo. (Fotografía: www.memoriaviva.com)
Rodríguez se acercó a cuatro ataúdes sin tapa marcados “NN”, apilados desordenadamente uno encima de otro.
“Pude ver a mi hermano, desnudo, en el cajón más abajo,” relató Rodríguez. “No me convencía, no podía creer que estaba ahí. Entonces lo tomé por debajo del cuerpo para tratar de sacarlo del cajón. Tenía un tremendo hoyo en la espalda. Al parecer aún le quedaba aire en las cuerdas vocales, porque cuando lo tomé, soltó un suspiro,” recuerda Rodríguez.
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Lea también:

[1] No se ha podido determinar el número exacto de autopsias realizadas por cada uno porque los registros del Instituto Médico Legal los anotan como Alfredo Vargas, Alfredo Vargas K. y Alfredo Vargas B.
[2] El Dr. Rolando Costa Arduz, boliviano, era médico legista interino. Ingresó a trabajar al IML en abril de 1973 y hasta octubre de ese año, según registros del SML.
[3] El artículo 126 del Código de Procedimiento Penal vigente en 1973 establecía que los médicos debían expresar en sus informes si la muerte era el resultado de la acción de terceros.
[4] La declaración del Dr. Rhea está incluida en una resolución dictada por el juez Mario Carroza el 23 de marzo de 2010 respecto de un grupo de fusilados de Puente Alto. El fallo fue publicado en La Nación en abril de 2010. http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100408/asocfile/20100408155853/puente_alto_2.pdf
[5] El informe de autopsia de Salvador Allende fue publicado por primera vez por Mónica González en su libro “La Conjura”, Ediciones B, 2000. En entrevista con ArchivosChile, el Dr. Vásquez declinó referirse a la autopsia de Allende y a otros casos que están siendo investigados en tribunales.
[6] La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, calificó a nuevas victimas en 2011.
[7] Junto a Luis Rodríguez fueron fusiladas las siguientes personas: Domingo Morales Díaz, Jaime Bastías Martínez, Luis Suazo Suazo, Luis Toro Veloso, Alfredo Moreno Mena, Luis Verdejo Contreras, David Gayoso González y Leonidas Isabel Díaz Díaz. Extrañamente, en los registros del SML, Bastías, Suazo, Verdejo, Moreno y Ganoso, más un NN, fueron anotados como muertos en Cerrillos. Los demás aparecen como muertos en el Puente Bulnes.
[8] A pesar de haber reconocido a Luis Toro, éste no aparece en el registro del SML. Sin embargo, se inscribió el ingreso de dos NN que podrían corresponder a él (protocolos 3303 ó 3307), ya que están agrupados con las demás víctimas de Puente Alto.

http://archivoschile.org/2012/01/dentro-del-instituto-medico-legal-segunda-parte/


Dentro del Instituto Médico Legal (I): Cadáveres al amanecer

POR PASCALE BONNEFOY M. | ENE 11TH, 2012

Familiares revisan listas de fallecidos en la morgue, 1973. Fotografía: Marcelo Montecino.
Cuando aún no se apagaban las llamas del palacio presidencial, el 11 de septiembre de 1973 patrullas militares, anticipándose a lo que venía,  hicieron una silenciosa ronda por Santiago para recoger en sus casas a algunos funcionarios de la morgue. Entre ellos iba uno de los conductores de la morgue en Santiago (Instituto Médico Legal, IML), y cuatro vecinos de su población, todos auxiliares y funcionarios administrativos del Servicio.
El día del golpe militar sólo estaban los cerca de 20 funcionarios de turno en el recinto en Avenida La Paz. A las 20 horas llegaron las primeras dos víctimas de la incipiente dictadura militar. Claudio De la Fuente Castillo, 20 años, y Ariosto Zenteno Araneda, 17 años, habían sido baleados en la vía pública a las 15.30 horas de ese día, de acuerdo a sus informes de autopsia. La orden de autopsia para ambos la dio telefónicamente la Guarnición Militarde Santiago, según quedó anotado en el libro de ingreso de fallecidos a la morgue, conocido como el Libro Transfer. (Ver artículo: El agujero negro de las fiscalías militares)
Al día siguiente, con el país aún bajo toque de queda total, llegaron más cuerpos, todos acribillados con múltiples heridas de bala. Se mandaron a buscar a más funcionarios del IML, entre ellos, el estafeta Heriberto Maians. Como varios de sus compañeros de trabajo, Maians permaneció dos meses encerrado en la morgue. Había demasiado que hacer.

Acerca de “El Circuito Burocrático de la Muerte”

Es una investigación de ArchivosChile, dirigida y editada por John Dinges.
Investigación principal y redacción: Pascale Bonnefoy
Edición y visualización de datos: Gabriel Mérida
ArchivosChile es un proyecto del Centro de Investigación e Información (CIINFO) y del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile
Acostumbrados a recibir un promedio de menos de 10 cadáveres al día (durante agosto de 1973 llegó un total de 286), los funcionarios de la morgue debían lidiar ahora con un número varias veces mayor. Sólo entre el 11 y el 30 de septiembre llegaron 588 cuerpos. De ellos, 397 eran muertos por herida de bala. En un solo día, el 20 de septiembre, ingresaron 43. El día anterior, 40.  Para fines de octubre, los muertos post-golpe sumaban 1.177; entre ellos, 722 víctimas de disparo de arma de fuego.
Fue tal la magnitud de trabajo, que el Servicio Médico Legal (SML) debió pedir refuerzos al Servicio de Registro Civil para que sus funcionarios ayudaran a tomar las muestras de huellas a los cuerpos para su identificación, y funcionarios del Cementerio General fueron obligados a salir a las calles a recoger muertos y después a “encajonarlos” en la misma morgue.
Como no se aumentó la planta de personal del SML, médicos clínicos  de otros departamentos del Servicio debieron apoyar en la realización de autopsias. El médico legista José Luis Vásquez recuerda que en ese periodo, trabajaba jornadas de hasta 12 horas, realizando una tras otra autopsia.
Fue el periodo de la razzia, de la “limpieza” social y política, como se confirma en la alta concentración de víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese periodo consignada en el Informe Rettig. Dejar cuerpos torturados, destruidos por ráfagas de metralleta e incluso mutilados a plena vista de la población pareció ser una táctica de la política de terror y de dominación psicológica impuesta por el nuevo régimen.
La investigación de ArchivosChile se basa en información del Servicio Médico Legal y del Registro Civil e Identificación obtenida a través de la Ley de Transparencia y la revisión de archivos en el Cementerio General de Santiago y el Segundo Juzgado Militar.
El SML entregó una base de datos en formato de hoja de cálculo con los registros completos de todos los fallecidos que llegaron a las morgues de Santiago y de otras 14 ciudades del país entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973.[1] Además, nos permitió hacer una copia fotográfica del libro de ingreso de fallecidos a la morgue de Santiago, conocido en el Servicio como el Libro Transfer, donde los funcionarios anotaron la llegada de los cuerpos, asignando a cada uno un número de protocolo y dando cuenta de todos los procedimientos en torno al fallecido hasta su salida de la morgue.
Libro de ingreso de fallecidos a la morgue de Santiago (Libro Transfer). (A&D Fotografía)
ArchivosChile también entrevistó a actuales y ex funcionarios del SML, incluyendo auxiliares, estafetas, conductores, secretarias, administrativos y médicos. Con estos datos y testimonios se ha podido configurar un cuadro de lo que sucedió dentro de la morgue de Santiago en las primeras 11 semanas de dictadura militar. Esto permite conocer la forma en que se enfrentó la repentina avalancha de cuerpos, incluyendo las autopsias que establecieron las causas de muerte, el proceso de identificación y reconocimiento de los cuerpos y su traslado al cementerio u otros lugares. También se pudo indagar la intervención de la burocracia militar dentro del propio SML.
La investigación abarcó la actuación de cuatro instituciones dentro de un virtual circuito burocrático de la muerte: el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Cementerio General de Santiago y las fiscalías militares. Todos de alguna manera sirvieron para tergiversar y ocultar la realidad sobre las masivas ejecuciones políticas producidas inmediatamente después del golpe militar y hasta fines de 1973, período en el que se concentró el mayor número de víctimas de los 17 años de dictadura militar.
En esos meses la mayoría de los cadáveres fue abandonada en sitios eriazos, calles y carreteras. Los registros del Servicio Médico Legal dan cuenta de 193 casos de muertos encontrados en la “vía pública”, sin especificar el lugar. Según el Libro Transfer y otros datos entregado por el SML, 123 personas fueron arrojadas en ríos y canales de la Región Metropolitana.
Mapa Interactivo: Ejecuciones en Chile en 1973
Mapa Interactivo: Ejecuciones en Chile, 1973
ArchivosChile ha convertido los registros entregados por el SML en un mapa interactivo que muestra la ubicación de los muertos, de acuerdo a la columna del Libro Transfer “Lugar de deceso o sitio donde fue encontrado” y otros datos del SML.
Otros cuerpos fueron tirados como desechos por los propios militares adentro del Instituto o frente a sus portones, según atestiguan ex funcionarios. “Aparecían cuerpos en la entrada del servicio que eran dejados en la noche. Estos cuerpos venían sin ninguna notificación,” dijo el Dr. Vásquez.
Cadáveres al amanecer
A partir del golpe, los funcionarios de turno en la morgue dormían sólo a ratos, según recuerda Heriberto Maians, entonces estafeta que llevaba siete años en el Servicio. El descanso era imposible. Varias veces en el transcurso de la noche, vehículos militares se detenían a la entrada de la morgue. El Libro Transfer registra el ingreso de cuerpos después del toque de queda, a veces individualmente, y otras en grupos de a dos, tres, cuatro y hasta siete.
Lo que Maians y otros funcionarios de la morgue recuerdan con nitidez es la escena de los cuerpos mutilados por las balas arrojados en la vereda a la entrada del Instituto y que ellos mismos debían levantar y entrar al recinto.
“Los milicos dejaban tirados los cuerpos como si estuvieran botando basura. Algunos estaban amarrados con alambres, con la vista vendada, otros con cuerpos cortados con ráfagas. Los recogíamos y los colocábamos en la entrada. No se podía preguntar nada. Adentro, otros colegas los ponían en camillas y los llevaban a la sala de atrás donde están los frigoríficos,” relató a ArchivosChile un ex conductor del IML, entonces de 33 años, que no quiso ser identificado.
Según Maians, nadie les daba instrucciones para recoger esos cuerpos, a pesar de que por reglamento no se debía recibir ningún cadáver sin orden judicial. “No podíamos dejarlos botados ahí. No venían con papeles, y estaban todos baleados. Éramos tres los colegas que debíamos hacerlo y nos demorábamos como una hora. Había carabineros que se paseaban por la vereda, pero ellos no decían nada; sólo miraban,” dijo.
Durante el día, llegaban camiones militares y entraban directamente a la parte posterior de la morgue a dejar más cadáveres. El 21 de septiembre, por ejemplo, quedó registrado en el Libro Transfer el ingreso de nueve cuerpos a las 9.50 horas; otros 12 a las 11 horas; nueve entre al medio día y nueve más en el transcurso de esa jornada. El 6 de octubre, sólo entre las 11 de la mañana y el medio día, llegaron 29 cadáveres.
Libro Transfer, página desde el registro 2761, correspondiente al 21 de septiembre.
“Entraban como Pedro por su casa, unas cinco veces al día. No venían con ninguna orden. Un auxiliar me contaba que eran bien prepotentes con ellos. ‘¡Abran la puerta! ¿O quieren terminar igual que los del camión?’, les gritaban,” relató a ArchivosChile Adelina Gaete, entonces secretaria del Director del SML, Dr. Alfredo Vargas Baeza.
Fuente: Revista Médica de Chile v.136 n.5, mayo 2008
Los vehículos cargados de cuerpos ingresaban hacia el sector por donde entraban las carrozas a la morgue, un subterráneo en penumbras. En ese lugar, los militares botaban los cuerpos, y los funcionarios debían levantarlos y entrarlos.
“Eran conscriptos y se notaba que estaban muy asustados. Descargaban camiones con cadáveres y los botaban apilados en el suelo. Los funcionarios de la morgue los ponían en camillas y los trataban de ordenar en el piso. El lugar estaba tapizado de cadáveres uno tras otro: niños, ancianos, mujeres, hombres. Era el infierno mismo,” dijo Héctor Herrera, funcionario del Registro Civil quien fue llevado a la morgue para ayudar a tomar muestras dactiloscópicas a los fallecidos.
“Tenían signos de tortura, hematomas, tierra pegada a los ojos, sangre. Venían en un estado muy lamentable. Muchos tenían los ojos abiertos. Siempre pensé que esas personas vieron a los que les dispararon. Esos ojos me seguían todos los días, volvían conmigo a mi hogar,” agregó.
Víctimas con vida
En varias ocasiones, entre los cadáveres los funcionarios descubrieron víctimas con vida. El auxiliar especializado Mario Cornejo fue uno de los funcionarios que a partir del golpe militar debió permanecer en la morgue durante más de 20 días sin volver a casa. Mario Cornejo después le contó a su hijo[2] Sergio que un día de septiembre, cuando hacía una ronda nocturna por la sala donde se apilaban los cuerpos, sintió un quejido. Rápidamente llamó a otros funcionarios para ayudarlo a revisar los cuerpos y se encontró con un herido. Cornejo dispuso el traslado del hombre al Hospital José Joaquín Aguirre por una puerta lateral que conectaba a la morgue con el hospital. Sin embargo, supo después que ese hombre había sido secuestrado desde el hospital por militares.
Aunque es imposible determinar quién fue el hombre encontrado por Cornejo con vida en la morgue, se puede deducir, basándose en información del Informe Rettig, que podría tratarse de al menos una de dos personas.
Pasillo del antiguo Instituto Médico Legal
Uno podría ser Javier Sobarzo Sepúlveda, militante del Partido Socialista y funcionario de Distribuidora Nacional de Alimentos. Fue detenido el 11 de septiembre y llevado ala Escuelade Paracaidistas de Peldehue del Ejército, de la cual había formado parte. Logró sobrevivir un fusilamiento colectivo y, dado por muerto, fue trasladado al IML, según el Informe Rettig. Desde ahí fue trasladado por los funcionarios de la morgue hasta el Hospital J.J. Aguirre, pero después fue sacado del lugar por militares, y se perdió su rastro. Hoy es un detenido-desaparecido.
Otro sobreviviente que llegó a la morgue durante el mes de septiembre era Luis Gutiérrez Rivas, minero de Lota y militante del Partido Comunista, de 29 años. Gutiérrez había sido arrestado en la capital el 30 de septiembre junto a cinco compañeros en un allanamiento militar al campamento Santiago Pino de Barrancas, en el sector poniente de la capital. Los seis fueron llevados ala Casadela Culturade Barrancas, que el Ejército había ocupado y convertido en centro de detención, y fusilados. El cuerpo malherido de Gutiérrez fue llevado a la morgue. Las otras cinco víctimas quedaron anotadas en el Libro Transfer como muertos en la vía pública. De acuerdo al Informe Rettig, Luis Gutiérrez fue llevado al Hospital J.J. Aguirre aún con vida, pero fue sacado del lugar por una patrulla militar el 2 de octubre. Permanece como detenido-desaparecido.
Maians también recuerda haber encontrado a personas vivas entre los muertos a la semana del golpe. “En las noches íbamos a mirar los cuerpos adentro y de repente sentimos unos quejidos. Había tres vivos. Avisamos a los policías que estaban afuera y ellos mismos llamaron a la ambulancia del Hospital J.J. Aguirre para que se los llevaran. A las pocas horas volvieron, pero muertos,” relató.[3]
Muertes numeradas
Todos esos cadáveres – los que aparecían frente al portón de la morgue por las mañanas, los que se debían recoger en la vía pública, y los que dejaban los camiones militares dentro del mismo IML- repletaban las salas, pasillos y escaleras del Instituto, a la espera de su turno para una somera autopsia.
“El ingreso era asombroso. El pasillo ovalado que circunda el edificio estaba con cadáveres a lo largo de ambas paredes, desde el ingreso de la puerta hasta el fondo. También estaba lleno el salón donde están las cámaras de refrigeración, que eran unas 90 aproximadamente, y no todas funcionaban. En cada una se colocaba dos, tres, cuatro cuerpos. En ese salón también había cuerpos en el suelo,” relató el Dr. José Luis Vásquez en entrevista con ArchivosChile.

Pasillo ovalado del Instituto Médico Legal en Santiago. (A&D Fotografía)
Por los pasillos prácticamente no se podía caminar, dijo a AchivosChile la entonces secretaria del Director del SML, Adelina Gaete. “Había que saltar por encima de los muertos. Siempre había un olor horrible. Era espantoso,” señaló.
Los hospitales, en tanto, vivían su propio drama. El Dr. Álvaro Reyes,médico traumatólogo, trabajó en Urgencias dela Posta Central en los primeros días post-golpe. Permaneció enla Posta con otros colegas sin poder irse a casa durante cuatro días.
“No llevé la cuenta, pero era mucha gente, como nunca antes. Había muchos cuerpos con heridas de bala y el trabajo era frenético… Las ambulancias tenían trabajo día y noche sin parar”, dijo a ArchivosChile. Los muertos de los hospitales también terminarían en la morgue.
Los funcionarios se enfrentaban a una catástrofe sanitaria en potencia. Al ingresar un cuerpo, se llenaba una “acta de recepción de cadáveres”, donde se indicaba el día y la hora de llegada a la morgue y la ropa con que venía el fallecido. A cada cuerpo era asignado un número de protocolo, que se anotaba en un pequeño papel que luego era amarrado con alambre o cordel en la muñeca.
Ese número de protocolo quedaba anotado en el Libro Transfer y acompañaba al cuerpo a lo largo de los procedimientos en la morgue: era el mismo número del informe de autopsia y de los exámenes histológicos y toxicológicos que se le hicieran –aunque en esa época, casi no se hicieron. Con ese número también se enviaban las huellas dactilares para su identificación en el Servicio de Registro Civil, y con ese mismo número se autorizaba la entrega del cuerpo y su entierro.
Recoger muertos
Las salidas para recoger cadáveres baleados y abandonados en la vía pública se multiplicaron. En esa época, recuerda el ex conductor de la morgue, el Servicio tenía unas cuatro camionetas Chevrolet en las que cabían cuatro a seis cadáveres. Claramente no bastaba.

El reclamo de la policía

Era tal el volumen de cuerpos que había que buscar afuera, que al Servicio Médico Legal no le quedó otra alternativa que pedir ayuda a Carabineros para que contribuyera a esa labor. Pero la policía reclamó.
El 12 de octubre, la Dirección General de Carabineros pidió al Ministerio de Salud que instruyera al IML a que “traslade en sus furgones los cadáveres que se encuentran en la vía pública”, ya que al pedir que lo hiciera Carabineros, especialmente durante el toque de queda, no podían usar sus vehículos policiales para el patrullaje.
El Director del SML, Dr. Alfredo Vargas, respondió escuetamente por oficio: “El Servicio acude durante las 24 horas los llamados para el traslado de cadáveres al establecimiento. En circunstancias en que se producen varias solicitaciones simultáneas, ocurren demoras por insuficiencia de vehículos para dichas funciones, lo que motiva la intervención de otras entidades, como carabineros, por ejemplo”.
El día anterior al reclamo de Carabineros, ingresaron 34 cadáveres a la morgue.
Se salía todos los días incesantemente, a diferencia de antes del golpe, cuando las salidas se limitaban a tres o cuatro veces al día, recuerda Sergio Cornejo, quien entonces tenía 13 años y acompañaba a su padre a su trabajo en la morgue. “Carabineros avisaba para ir a retirar cuerpos. Como era chico, a veces acompañaba a los choferes a recoger muertos. En los terrenos baldíos encontrábamos cuerpos muy descompuestos,” señaló.
Era tanto el trabajo, que incluso se pidió ayuda a los funcionarios del Cementerio General para salir a recoger cuerpos al Río Mapocho durante su jornada laboral, recuerda un funcionario del cementerio, quien dijo que se negó a cumplir esa tarea.
“Iban unos cuatro o cinco funcionarios, todos jóvenes. Llevaban unos fierros largos con gancho para poder arrastrar los cuerpos. Incluso uno de los colegas tuvo que ser rescatado una vez porque la corriente del río se lo estaba llevando. Sacaban los cuerpos y los dejaban a la orilla del río,” indicó el funcionario, quien pidió reserva de su nombre.[4]
Arriesgando su propia seguridad, los trabajadores de la morgue debían salir incluso durante el toque de queda. Uno de los conductores del SML de la época, quien también pidió omitir su identidad,, dijo que tenían que prepararse para cada salida: aprenderse todos los santos y señas que las autoridades militares en la morgue le indicaban para pasar los permanentes controles militares en el trayecto y no terminar baleados como las víctimas que debían ir a buscar.
“Nos daban varios santo y señas diferentes cada noche en caso de que nos pararan las patrullas. Por ejemplo, cambio de luces de cabina, brazalete de color o con alguna figura (tortuga, calavera, lagarto), palabras claves, etc. Manejaba a 20 km. por hora porque había patrullas militares a cada rato. Aunque los vehículos estaban identificados como del Servicio, igual nos disparaban ‘por error’. Después nos hacían bajar y nos tiraban al suelo,” relató el ex conductor a ArchivosChile.
Pasaba todo el día y la noche buscando cuerpos. “Íbamos al río Mapocho, a la compuerta del río, al costado del Cementerio Metropolitano, a las poblaciones. Alguien daba la orden y Carabineros en la morgue decía: ‘¿Quéhuevón está desocupado? Anda a la José María Caro, por ejemplo; en la línea del tren hay 6, 8 huevones que hay que recoger. De vuelta pasan a recoger a otros huevones en tal parte’. Así nos daban las instrucciones,” agregó.
“Vi tantas cosas que ya no quiero recordar,” dijo el ex conductor de la morgue, quien se retiró del servicio 10 años después. “Me traumaticé con todo eso, pasaba llorando. Pasé por un montón de psicólogos. Hasta hoy cuando lo recuerdo me pongo a llorar,” contó.
Uno de sus colegas, un joven chofer, tuvo que someterse a tratamiento psiquiátrico varias veces. “Cada vez que escuchaba sirenas se ponía a llorar,” añadió.
Según Heriberto Maians, uno de los estafetas del Servicio, varios de sus compañeros de trabajo que salían por las noches a buscar cuerpos “se volvieron locos”. “No contaban nada, pero llegaban de vuelta desesperados.”
El Dr. Vásquez, quien hoy continúa trabajando como médico legista en el SML, confirmó a ArchivosChile que las secuelas psicológicas de los funcionarios se evidenciaron más adelante. “En ese momento, ni siquiera teníamos la oportunidad de conversar sobre lo que estaba pasando, no había tiempo. Nos interesaba resolver rápidamente la situación, porque veíamos que se nos iba a producir un cuadro sanitario gravísimo.”
“Teníamos una presión sicológica por la responsabilidad de lo que estábamos enfrentando,” agregó. “Había familiares allá afuera, gente que deseaba saber si estaban sus familiares adentro. Humanamente, hicimos lo que pudimos.”

Lea también:



[1] Debido a la ausencia de datos de las morgues de todo el país, incluyendo ciudades grandes como Valparaíso y Concepción, esta investigación se limita a los datos de Santiago en la mayoría de sus conclusiones y análisis.
[2] Mario Cornejo está fallecido. Su hijo Sergio Cornejo, quien hoy trabaja enla Unidad de Identificación del SML, relató a ArchivosChile la experiencia de su padre.
[3] No se han  podido determinar los nombres de estas personas.
[4] Los datos del SML permiten conocer el detalle de los 123 fallecidos encontrados en ríos y canales: 75 en el río Mapocho, sus puentes o a sus orillas (33 de ellos en el Puente Bulnes, donde se realizaron varias ejecuciones masivas); 39 en distintos canales (21 solo en el Canal San Carlos); y nueve en el Río Maipo.

http://archivoschile.org/2012/01/dentro-del-instituto-medico-legal-primera-parte/

Mapa interactivo de las ejecuciones masivas de 1973

POR  | ENE 11TH, 2012

[Visite el mapa interactivo en: http://archivoschile.org/2012/01/mapa-interactivo/]

Este mapa interactivo fue desarrollado sobre la base de los datos obtenidos en el Servicio Médico Legal (SML) a través de la Ley de Transparencia respecto de los fallecidos ingresados a la morgue de Santiago y de otras 14 ciudades del país entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. La base de datos suma un total de 1898 casos, de los cuales 1681 corresponden a cuerpos ingresados a la morgue de Santiago (Instituto Médico Legal).
Hay dos maneras de ver el mapa: una presentación día a día, en que van apareciendo los cuerpos según la fecha de muerte, o todos los casos a la vez. También se puede buscar casos individuales por nombre.
En la mayoría de los casos los cuerpos están ubicados en el lugar de muerte o de hallazgo del cuerpo, según quedó registrado en el SML en la época. En algunos casos, la ubicación no es exacta, ya que la indicación era ambigua o sólo se indicaba que el fallecido venía de un hospital o la vía pública, sin especificar el lugar preciso de muerte. Por este motivo, hay una alta concentración de víctimas en sitios como la Posta Central.
Los cuerpos están representados en íconos de tres colores:
  • Los íconos negros corresponden a personas calificadas como víctimas de la represión política en los informes de las tres comisiones que han calificado casos de derechos humanos desde 1991.[1]
  • Los íconos rojos se refieren a personas no reconocidas oficialmente como víctimas, pero que, según el análisis de ArchivosChile a partir de los datos disponibles sobre ellas (la jurisdicción de las fiscalías militares sobre sus casos, la causa y el lugar de muerte, entre otros factores), se puede concluir con un alto grado de probabilidad de que se trata de ejecutados políticos (152 casos).
  • Los íconos azules son casos indeterminados, en que habría algún indicio de que podría tratarse de una víctima de violaciones a los derechos humanos.
  • Los casos que definitivamente no corresponden a ejecutados políticos (como muertos en accidentes de tránsito) no figuran en este mapa.
Al hacer click sobre un ícono, se abre un cuadro de texto con los datos relevantes del SML sobre esa persona. El campo “Observaciones” es de ArchivosChile.
Debido a que el SML no tiene los registros de algunas grandes ciudades como Concepción o Valparaíso, el mapa no cuenta con información de esos lugares.
El mapa permite filtrar según las siguientes categorías:
  • Ciudad
  • Fecha de muerte
  • Lugar de muerte o de hallazgo de cuerpo
  • Causa de muerte
  • Médico que practicó la autopsia
  • Fiscalía Militar/Juzgado del Crimen con jurisdicción y responsabilidad de investigar la muerte
  • Procedencia – lugar desde donde se envía el cuerpo a la morgue
El mapa interactivo ha sido preparado por Gabriel Mérida utilizando la base de datos en formato MS Excel entregada por el Servicio Médico Legal. Mediante un cruce con la base de datos del Informe Rettig y otras cuentas, se logró encontrar los casos que corresponden a víctimas de la dictadura. Entre las tecnologías utilizadas, además del framework JQuery, se utilizó Google Maps para crear la visualización e interacción en el mapa, y para geolocalizar las direcciones donde fueron encontrados los cuerpos y transformarlas en un punto exacto, con latitud y longitud. En este proceso colaboraron la periodista Cecilia Vargas y la estudiante de periodismo Daniela Lagos.

Lea también:



[1] La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig, 1991), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (2011).


http://archivoschile.org/2012/01/mapa-interactivo/

Ejecuciones en Chile septiembre-diciembre 1973: El circuito burocrático de la muerte

POR  | ENE 11TH, 2012  

ArchivosChile es un proyecto del Centro de Investigación e Información (CIINFO) y del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.
De los 1.682 fallecidos que llegaron a la morgue de Santiago entre el 11 de septiembre y fines de diciembre de 1973, 890 fueron personas muertas a consecuencia del golpe militar. Los reportajes y documentos inéditos que publica ArchivosChile dibujan, desde dentro de las instituciones del Estado, el funcionamiento de las burocracias gubernamentales encargadas de hacer la limpieza después del trabajo sucio de las fuerzas militares y policiales. Con distintos grados de connivencia y negligencia, estas instituciones sirvieron para tergiversar y ocultar la realidad sobre las masivas ejecuciones. Las fiscalías militares se encargaron de ignorar y encubrir legalmente los crímenes. La investigación sobre la base de estos registros permitió concluir, entre otras cosas, que hubo 150 personas muertas por herida de bala que podrían haber sido víctimas de la represión política.
Por Pascale Bonnefoy y John Dinges

Sepulturas de ejecutados de septiembre de 1973. Fotografía de David Burnett/Contact Press Images
La maquinaria para ejecutar y desaparecer personas se puso en marcha inmediatamente, y los primeros cuerpos de personas acribilladas llegaron a la morgue de Santiago en la noche (20 horas) del 11 de septiembre. Con la intervención militar en todos los servicios del Estado se alteraron los procedimientos normales en las instituciones que, en tiempos normales, estaban a cargo de la investigación de las muertes violentas, empezando con el Servicio Médico Legal (SML) y la morgue de Santiago. En las semanas siguientes, cuando murió el mayor número de personas debido a la represión politica, se constituyó un verdadero circuito burocrático de la muerte entre cuatro instituciones: el SML, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Cementerio General de Santiago y las fiscalías militares, que con distintos grados de connivencia y negligencia sirvieron para tergiversar y ocultar la realidad sobre las masivas ejecuciones políticas.
El caos de esas primeras semanas podría explicar sólo una parte de los errores y omisiones que se cometieron; el caos sirvió más bien al propósito de las nuevas autoridades. Aunque los juzgados de crimen quedaron intactos, fueron desplazados a partir del primer día para investigar estas muertes. Las muertes por herida de bala y con indicios de haber sido causadas por fuerzas militares o policiales quedaron bajo la jurisdicción de fiscalías militares. Con esto se implementó un sistema de hecho que sirvió no para hacer justicia, sino para ignorar legalmente y encubrir los crímenes.
La investigación de más de un año de ArchivosChile se basa en documentación  obtenida a través de la Ley de Transparencia del SML y del Registro Civil y la revisión de los archivos del Segundo Juzgado Militar y el Cementerio General. Esta documentación permite seguir los pasos día a día del tratamiento de todas las víctimas cuyos cuerpos llegaron a la morgue de Santiago entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. La investigación se complementó con decenas de entrevistas a personas que trabajaron en las instituciones y conocieron directamente las secuelas del nuevo sistema impuesto.
Fallecidos ingresados a la morgue, 1973
Total ingresosCasos de derechos humanos*Promedio ingresos por día
1 enero – 11 septiembre241809.6
1 – 31 agosto29909.6
1-10 septiembre920**9.2
11-30 septiembre58843829.4
1-31 octubre58936419.0
 9/11-10/31117780223.0
1-30 noviembre237427.9
1-31 diciembre268468.6
Total 9/11-12/311682890
*ArchivosChile incluye en esta categoría los casos calificados como víctimas de violaciones a los derechos humanos por las tres comisiones que se han creado para esos efectos desde 1990, más otros casos “potenciales” (150) en que se puede determinar con una alta probabilidad de que se trataría de ejecutados políticos debido a las circunstancias de sus muertes
**La Corporaciónde Reparación y Reconciliación calificó erróneamente a un fallecido que llegó a la morgue antes del 11 de septiembre de 1973. Ver reportaje “El extraño caso de los dos Luis Curivil”.
Fuente: Servicio Médico Legal, registros obtenidos a través de la Ley de Transparencia, Libro Transfer.
ArchivosChile pone ahora a disposición del público, a través de www.archivoschile.org, todos los documentos originales y las bases de datos que no sólo revelan como operaron los distintos organismos, sino también permiten examinar los datos de cada caso y analizarlos desde un punto de vista global o individual. Los datos forman la base de un mapa interactivo que presenta en forma dinámica el avance día a día de la avalancha de ejecutados cuyos cuerpos fueron recogidos de las calles, ríos y otros lugares de la ciudad, y entregados a la morgue. Vea el mapa interactivo
El Servicio Médico Legal, por resolución del Consejo para la Transparenciaa favor de ArchivosChile, entregó en forma de base de datos Excel los registros de fallecidos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973en Santiago y otras 14 ciudades del país. También permitió a ArchivosChile fotografiar las 69 páginas del libro de ingreso de fallecidos, conocido en el servicio como el “Libro Transfer”, donde los funcionarios anotaron los detalles de la trayectoria de cada fallecido en la morgue, desde su llegada hasta su entrega para la sepultación. El Servicio Médico Legal entregó otros detalles esenciales para entender el trabajo de la institución en ese periodo tan controversial: basándose en los informes de autopsia de cada fallecido, los funcionarios del SML complementaron la base de datos con la causa de muerte y la descripción de la lesión mortal de cada caso.
Estos datos, como se verá en los reportajes, permiten reconstruir por primera vez y con nuevos detalles la sistemática actuación de militares y policías en las ejecuciones masivas, junto con su interacción con las instituciones que fueron legalmente constituidas en tiempos normales para la investigación de muertes violentas.
A partir del 11 de septiembre se creó un escenario dantesco en la morgue de Santiago. Acostumbrados a recibir un promedio de menos de 10 cadáveres al día (durante agosto de 1973 llegó un total de 286), los funcionarios de la morgue debían lidiar con un número varias veces mayor. Sólo entre el 11 y el 30 de septiembre llegaron 588 cuerpos. De ellos, 397 eran muertos por herida de bala. Lea: Dentro del Instituto Médico Legal: Cadáveres al amanecer
Los medicos legistas encargados de practicar las autopsis para determinar si las muertes habían sido ocasionadas por la acción de terceros—es decir, si se trataba de un homicidio—hicieron un trabajo técnicamente correcto, pero en la mayoría de los casos evitaron pronunciarse sobre la evidente naturaleza homicida de las muertes por herida de bala cuando se trataba de casos relacionados con la represión militar. Lea: Dentro del Instituto Médico Legal: “Autopsias sucintas”
La investigación sobre la base de estos registros permite concluir con un alto grado de certeza que hubo 150 personas ingresadas a la morgue, quienes, por las circunstancias de sus muertes, podrían corresponder a víctimas de violaciones a los derechos humanos que no han sido calificadas como tales por las comisiones oficiales. Lea:Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?
Por otra parte, la investigación obtuvo gran parte de las fichas dactiloscópicas del Servicio de Registro Civil e Identificación tomadas a las víctimas en la morgue y sus oficios al SML confirmando sus identidades. Esta documentación reveló inconsistencias en las fechas de ingreso a la morgue, las fechas de muerte, sus causas y el destino final de los cuerpos. También confirma serios errores respecto de la identificación de ejecutados políticos, por lo que algunos de ellos quedaron sin identificar, y otros no figuraron nunca en el libro de ingreso del Instituto Médico Legal de Santiago. Lea: Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre
Los datos obtenidos del SML y el Registro Civil, como parte de la investigación de ArchivosChile, abren la posibilidad de seguir nuevas pistas en algunos casos de personas desaparecidas en este periodo, permitiendo cruzar la nueva información con los datos sobre detenidos-desaparecidos disponibles en los informes oficiales.
También se pudo revisar –pero no copiar o reproducir– la escasa documentación archivada en el Segundo Juzgado Militar de Santiago, que asumió desde los primeros momentos la jurisdicción de la casi totalidad de muertes por herida de bala—785 de los 890 casos confirmados y potenciales de derechos humanos. Los expedientes mismos de los casos han sido quemados, asegura el Ejército, pero los libros que registraron los estados de causa revelan que nunca se abrió ninguna investigación respecto de los centenares de muertos a bala remitidos por fiscalías militares, como correspondía según las leyes y reglamentos mantenidos en vigencia por el régimen militar. Lea: El agujero negro de las fiscalías militares
ArchivosChile publicará próximamente un reportaje sobre casos en quela Segunda FiscalíaMilitar sometía a Consejos de Guerra a personas ya ejecutadas.
ArchivosChile también revisó la documentación de la época en el Cementerio General, donde fueron trasladadas desde la morgue centenares de víctimas baleadas. Estos registros muestran el ingreso de sólo una fracción de ellas, y en muchos casos, en fechas diferentes a las señaladas en los libros del SML. Muchas víctimas enviadas al Patio 29 o al crematorio del Cementerio General como NN, sin que sus familias lo supieran, ya habían sido identificadas por el Registro Civil. También se detectaron errores en las descripciones del lugar y la fecha de entierro, incluyendo víctimas “incineradas como indigentes”, lo que en algunos casos resultó ser falso.
ArchivosChile publicará reportajes sobre la salida de la morgue y el Cementerio General en las próximas semanas.
Los registros del SML que ahora se ponen a disposición del público dan cuenta del ingreso de fallecidos a la morgue; la fecha, lugar y causa de muerte: los nombres de los médicos que practicaron las autopsias; el tribunal o fiscalía que remitió el cuerpo; la fecha en que fue retirado el cuerpo y quién lo hizo, y su destino final. Estan presentados en el sitio ArchivosChile.org en formato Excel con amplia facilidad para hacer búsquedas y análisis.  También se podrá revisar en imágenes en formato jpg el “El Libro Transfer del Instituto Médico Legal”, que es la fuente original de gran parte de esta información.
Estos datos nuevos han sido cruzados con información del Informe Rettig, actualizado con las víctimas reconocidas en su más reciente versión de agosto de 2011, y se complementa con antecedentes respecto de las identificaciones confirmadas del Patio 29 del Cementerio General y otros lugares de hallazgo de cadáveres; la situación judicial de cada caso; la fecha en que el Servicio de Registro Civil confirmó la identidad de los fallecidos, y los nombres de los ejecutados confirmados sin entrega de cuerpo, entre otros datos.
El mapa interactivoutilizando ambas fuentes de datos, muestra la ubicación geográfica de los muertos a lo largo de los primeros meses de dictadura militar. A  través de él se puede conocer el detalle de cada víctima, con la descripción del caso en el Informe Rettig. Este mapa distingue entre los casos Rettig y los 150 casos que, por investigación de ArchivosChile, corresponden a potenciales víctimas de violaciones a los derechos humanos debido a las circunstancias reveladas en los registros (muertos por herida de bala y jurisdicción de las fiscalías militares, entre otros factores), pero que no han sido reconocidos oficialmente como tales.
Se han excluido del mapa aquellos casos que, por las circunstancias informadas en los registros de la morgue, corresponden a muertes naturales, accidentes o crímenes sin vinculación política. Sin embargo, todos estos casos están incluidos en la base de datos en formato Excel.
Adicionalmente, publicamos series representativas de la documentación obtenida a través dela Leyde Transparencia o entregada voluntariamente desde las siguientes instituciones:
  • Servicio Médico Legal
  • Servicio de Registro Civil e Identificación
  • Ministerio de Justicia, Archivo Nacional dela Administracióndel Estado
  • Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
  • Fundación Archivo dela Vicaríadela Solidaridad
ArchivosChile no fue autorizado para copiar o reproducir de otra manera la documentación disponible en el Segundo Juzgado Militar y el Cementerio General; sólo se permitió su revisión in situ.
Las entrevistas efectuadas por los investigadores de ArchivosChile abarcan a los actores de la época, incluyendo a funcionarios de la morgue, del Registro Civil, del Cementerio General y dela Segunda FiscalíaMilitar, además de familiares de las víctimas, abogados y especialistas en derechos humanos. Se revisó también la prensa nacional y extranjera de la época.
Los reportajes a continuación narran cómo operó el circuito burocrático de la muerte al interior de estas instituciones. Otros tres artículos se centran en casos específicos: la errónea calificación de una persona fallecida antes del golpe (El extraño caso de los dos Luis Curivil), las inconsistencias en la información disponible en la morgue sobre las muertes de Littré Quiroga y Víctor Jara, y el uso del Puente Bulnes en el Río Mapocho como uno de los paredones preferidos por militares y Carabineros, donde medio centenar de personas fueron fusiladas durante las primeras semanas de dictadura militar. Estos dos últimos serán publicados próximamente.

Equipo de ArchivosChile que participó en el Proyecto Autopsias:

Director y Editor: John Dinges
Coordinadora e Investigadora Principal: Pascale Bonnefoy
Editor de Datos y desarrollo del sitio web y mapa interactivo: Gabriel Mérida
Asistente Investigador: Roberto Manríquez
Asistentes en procesamiento de bases de datos: Cecilia Vargas y Daniela Lagos
Obtención de bases de datos del SML: María José Vilches
Revisión de prensa 1973: Marcelo Casals
Fotografías: A&D Fotografia (Carmen Duque y Jaime Alaluf), Marcelo Montecino y David Burnett
Asesoría legal: Miguel González Lemus y Pablo Ruiz Tagle, Facultad de Derecho, Universidad de Chile
Concepto original de Proyecto Autopsias: Jorge Escalante
Directora ICEI: María Olivia Mönckeberg
Agradecimientos:
Especial reconocimiento se debe a Miguel González Lemus y Pablo Ruiz Tagle, profesores dela Facultadde Derecho dela Universidadde Chile, quienes apoyaron el proyecto con indispensables trabajos jurídicos, incluyendo la redacción del reclamo ante el Consejo parala Transparenciaque resolvió que el Servicio Médico Legal debía entregar los datos solicitados en su totalidad.
Agradecemos la colaboración de las autoridades y funcionarios del Servicio Médico Legal para la realización de esta investigación.
Consejo Asesor de ArchivosChile:
María Olivia Mönckeberg, Directora del Instituto dela Comunicacióne Imagen dela Universidadde Chile, ICEI.
Peter Kornbluh, Nacional Security Archive, Washington, D.C.
Moisés Sanchez, Director Ejecutivo de Fundación ProAcceso
Ximena Poó, Directora dela Escuelade Periodismo dela Universidadde Chile, ICEI.
Faride Zerán, Profesora del ICEI.
Gustavo González, Profesor del ICEI.
Claudia Lagos, Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión del ICEI.
Financiamiento:
CIINFO contó con fondos dela Fundación Ford,la Open SocietyFoundation,  y el Institute of International  Education para el trabajo de ArchivosChile.
Columbia University Global Center for Latin America, Santiago, apoyó el trabajo de investigación en la fase final y auspició la presentación de los resultados de la investigación en el Museo dela Memoria y de los Derechos Humanos, el 11 de enero.


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