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La irracionalidad pudo más: durante la dictadura militar las llevaron detenidas estando embarazadas y las hicieron desaparecer junto con sus hijos. Nada se sabe de esos niños, que hoy serían veinteañeros.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) registra nueve casos de mujeres embarazadas cuya suerte se desconoce. Este año se inició una campaña para ubicar a sus hijos, eventualmente nacidos en cautiverio, que contempló una línea telefónica. Sin embargo, según Graciela Zúñiga, integrante de la AFDD, “la campaña no funcionó, en parte debido a nuestras carencias, a limitaciones tan simples como la imposibilidad económica para sacar más afiches. Aun así, tenemos mucha paciencia. Hemos estado treinta años buscando y exigiendo. Tal vez nos queden otros treinta años para poner en el tapete la situación de las detenidas desaparecidas embarazadas”.
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Imaginar a mujeres embarazadas detenidas desaparecidas es algo que conmueve e impacta, especialmente en Latinoamérica donde la imagen de la madre es muy fuerte. Para la AFDD es un desafío: “De alguna forma, este tema rompe un discurso patriarcal que a nosotras mismas nos hace hablar de ‘detenidos desaparecidos’, aunque somos una organización principalmente de mujeres. Nos olvidamos de las 75 mujeres detenidas desaparecidas y de las nueve embarazadas: no las reivindicamos; son luchadoras de Izquierda, se olvida su historia con roles protagónicos dentro de la sociedad”, señala Graciela.
Los casos de mujeres embarazadas detenidas desaparecidas son complejos y el impacto en las familias es brutal. “En cierta forma, las madres de ellas se sienten abuelas, piensan en nietos de más de veinte años y cada antecedente falso les genera nuevos dolores”, dice la encargada de recursos de la AFDD.
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Hasta ahora, los resultados de la búsqueda han sido nulos. “Hemos escuchado mil historias del paradero de los hijos, pero no tenemos ninguna prueba que nos permita seguir el hilo -dice Graciela-. Hay antecedentes sobre Colonia Dignidad, pero está claro que realizar investigaciones adentro es como entrar en la dimensión desconocida. Además, varios casos fueron sobreseídos. No se puede afirmar fehacientemente que los hijos nacieron. Y si hubo partos, los funcionarios médicos que habrían atendido esos alumbramientos no han roto su pacto de silencio”.
Viviana Díaz, ex presidenta de la AFDD, también lamenta los escasos avances judiciales y señala que “nunca se consideró a la madre con el hijo, como si el hijo no importara. Pero era un ser vivo que estaba en el vientre de la madre”. De ahí la importancia de la campaña.
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Uno de los referentes en esta lucha de la AFDD fue la Agrupación de Abuelas de Detenidos Desaparecidos, de Argentina. Los militares argentinos entregaron clandestinamente en adopción a cerca de dieciséis hijos de detenidas desaparecidas, y algunos fueron descubiertos tras largas investigaciones. En Chile, la inquietud por la búsqueda de esos hijos es de más larga data que en Argentina, pero también ha sido más lenta. Se ha perdido un tiempo valioso, aunque todavía no es demasiado tarde: después de más de 25 años las abuelas y familiares se han agrupado, se han reabierto procesos y una orden judicial ha llevado a investigar un hogar de menores.
ESPERANZA Y MEMORIA HISTORICA
Olivia Saso, 77 años, es la madre de la embarazada desaparecida Cecilia Labrín. Habla con preocupación de los posibles hijos nacidos en reclusión: “Tengo referencias de que mi nieta nació en cautiverio el 5 de marzo y pesó 3 kilos 200.
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Es decir, tengo datos concretos. Me sentí muy ilusionada con ella, mi primera nieta. En 1975 tuve una reunión con el ministro del Interior, general César Benavides; me dijo que mi hija dio a luz. Después anónimamente me avisaron que a Cecilia la llevaron a un control de maternidad en el Hospital Barros Luco. Aunque siempre me han dicho que no se pueden hacer investigaciones judiciales sin nombres concretos, creo que es posible que los torturadores adoptaran a los hijos de las detenidas, como sucedió en Argentina. Además, no es descabellado suponer que una mujer con siete u ocho meses de embarazo haya tenido su hijo”.
En este drama afectivo las posiciones pueden ser contrapuestas. Por ejemplo, Graciela Zúñiga dice que si se basa en su sensibilidad femenina no cree que existan hijos de detenidas desaparecidas. “Yo soy pareja de Alvaro Barrios, un detenido desaparecido del MIR. Desde mi convicción de mujer, desde mis ovarios, siento que las embarazadas detenidas desaparecidas no tuvieron sus hijos, debido a la brutalidad con que se aplicaron las torturas.
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Pienso que esas chiquillas murieron junto con sus hijos, pero es una opinión muy personal y sé que puede herir sentimientos. Y si los hijos efectivamente nacieron, no creo que a ellas las hayan ingresado en los hospitales con sus nombres verdaderos”, acusa.
Por su parte, el dolor, la esperanza y la ternura de madre y abuela de la señora Olivia Saso la hacen pensar en una hija y una nieta vivas. “Para mí, aunque soy católica, creo que no tienen perdón de Dios. Mi corazón sangra cuando hablo de mi hija, es una tortura que creo tenemos todas las mamás de detenidos desaparecidos. Yo, al principio, estaba medio loca, veía una niña pequeña por ahí y le miraba la carita. Era una verdadera sicosis. Aunque eso pasó, no dejo de recordar el cumpleaños de mi nieta, que en estos momentos tendría 27 años y sería mi nieta mayor. Ella, en mi corazón y en mi casa, está viva y presente. Aunque no la conocí, le puse Daniela y creo que puede estar viva. Si es así, lo único que quiero es que la familia que la crió le haya inculcado valores y la quiera como nosotros la hubiéramos querido”, susurra la hoy bisabuela y matriarca de un hogar de ocho personas de la comuna de La Reina.
Para Graciela Zúñiga, lo principal es el rescate de la memoria histórica. “Nosotros tenemos que reivindicar la memoria de todas nuestras víctimas. Como feminista, creo que debemos reivindicar la maternidad y le pido a la sociedad un poco de coherencia. Si la maternidad es tan valiosa, asumamos una parte de nuestra historia que es extremadamente negra, fea y dolorosa. Se puede reivindicar el nombre de estas mujeres con gestos pequeños: una calle en el barrio donde vivieron, una maternidad que lleve sus nombres, una sala cuna en el lugar donde trabajaron”.
Por su parte, Olivia Saso se muestra crítica frente a la “fiebre de memoria de los treinta años”. Que los medios de comunicación muestren los horrores de la dictadura es, para ella, “simplemente un mea culpa y no que estén realmente interesados en dar una respuesta completa”. Sin embargo, se manifiesta esperanzada en los jóvenes. “La mayoría de los estudiantes de servicio social no conoció a Cecilia -quien también optó por esa carrera-, pero le hacen homenajes y me llaman para que les hable de ella. Los veo comprometidos e interesados. Yo estoy orgullosa de lo que hacía mi hija, trabajaba en las poblaciones y siempre sacaba un paquetito de alimentos de mi casa y me decía ‘gorda, ellos no tienen nada’. Eso recién lo entiendo hoy. A esos jóvenes les digo que mi hija no en vano dio su vida. Y aunque suene extraño, yo no quiero un hueso suyo. Ella vive entera, y aunque me digan que soy ilusa sueño con que un día va a tocar el timbre de mi casa”.
Graciela Zúñiga afirma que aún falta dimensionar lo sucedido con las embarazadas desaparecidas. Por eso, la AFDD pidió que se designe un juez con dedicación exclusiva en el caso de estas mujeres. Viviana Díaz dice: “Queremos que quienes torturaron a Michelle Peña digan si su hijo murió en las torturas, o si ese niño o niña fue a manos de sus aprehensores. Todavía mantengo la esperanza de que alguno de los torturadores se decida a decir qué pasó con ellas. Más de alguna guagua debió nacer en cautiverio, y tal vez hoy sean jóvenes que no saben de su situación”
LUIS KLENER HERNANDEZ
RECUADRO 1
Una familia destruida
En este carnaval de horrores no sólo hay detenidas desaparecidas embarazadas. También hay cuatro mujeres embarazadas que fueron ejecutadas: Beatriz Elena Agüero, de 26 años; Sonia Norambuena Cruz, de 34; Alva Guida Grandón, de 29, y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, militante del MIR de 25 años, quien tenía tres meses de embarazo cuando fue asesinada.
Mónica Pacheco era hija de campesinos y ejercía como profesora básica en un colegio de Quilicura. Se casó con Roberto Gallardo Moreno, también ejecutado político. Su suegra, Ofelia Moreno, hoy de 78 años, la recuerda con cariño, igual que a los otros cuatro familiares ejecutados por la dictadura: su esposo Alberto Gallardo Pacheco, militante comunista de 62 años; su hijo Roberto Gallardo Moreno; su hija Catalina Ester Gallardo Moreno (29), y el esposo de ésta, Juan Rolando Rodríguez Cordero (31), militantes del MIR.
Mónica y Roberto se conocieron en la Acción Católica, el año 70. “En su matrimonio hubo un tremendo letrero de Cristianos por el Socialismo y pensé que eran socialistas -dice Ofelia Moreno-. Pero después los diarios dijeron que eran miristas”. Ella recuerda que en 1973 a Roberto le pedían el certificado del servicio militar, por eso ingresó al ejército. Le ordenaban cosas con las que no estaba de acuerdo, pero a fines del 73 logró que lo dieran de baja. “El año 75 nos llevaron a todos detenidos y ahí empezó el drama”, señala Ofelia. Al quedar en libertad, comenzó a buscar a sus familiares. “A las tres semanas me dijeron en la Vicaría que fuera a buscar los cuerpos de mi hijo, mi hija y mi nuera”. Mónica Pacheco fue asesinada con tres meses de embarazo. “Su cuerpo estaba completamente desfigurado”, recuerda Ofelia.
Agrega que en la operación participó el general Ernesto Baeza, entonces director de Investigaciones. “El nos detuvo y me dejó libre después. El general Baeza mandó a mi familia a Villa Grimaldi y levantó la calumnia de que eran extremistas. Tuve un comparendo con él, y mintió todo. Me dejó como una loca, pero cuando íbamos en el ascensor no subió en el mismo piso, sino más abajo. Mi nieta lo vio, se enfureció y empezó a gritarle ‘¡Asesino!’, en su cara. ¡Ese es mi único alivio!”
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Historias de vida y muerte
Todas las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas eran menores de 30 años. En la actualidad, sus hijos tendrían entre 25 y 28 años. Cuatro de ellas eran miristas, dos eran comunistas, dos socialistas y una del Mapu. Seis de ellas fueron apresadas con sus parejas. En total, quedaron siete hijos huérfanos.
Cecilia Bojanic Abad tenía 23 años, era secretaria y estaba embarazada de cuatro meses y medio. Se había casado con Flavio Oyarzún Soto (27), también detenido desaparecido. Ambos militaban en el MIR. Fueron detenidos el 2 de octubre de 1974 por agentes de la Dina que los condujeron a José Domingo Cañas y luego a Cuatro Alamos, desde donde desaparecieron. El día de la aprehensión, detuvieron a Cecilia junto a su hijo de un año y medio. La subieron a un automóvil para llevarla a la casa de su hermana Ximena, donde apresaron a Flavio y abandonaron al menor. El hijo que esperaba debería haber nacido en febrero de 1975.
Tres de las embarazadas desaparecidas eran asistentes sociales de la Universidad de Chile. La primera en desaparecer fue María Cecilia Labrín Saso, militante del MIR con dos meses de embarazo. Fue detenida por la Dina el 12 de agosto de 1974, en presencia de su madre y sus hermanas. Aunque se encontraba en cama porque su embarazo presentaba complicaciones, le dijeron que sólo deseaban hablar con ella por su trabajo en la Corvi. María Cecilia se levantó y los acompañó a la 23 Comisaría de Carabineros de La Reina. Su madre, Olivia Saso, insistió en acompañarla, pero no la dejaron. Como no retornaba, la madre acudió esa noche a la 23 Comisaría de Carabineros donde le informaron que no sabían nada al respecto. Fue a otras comisarías y a Investigaciones: tampoco encontró respuesta. Dos días después de ser detenida, María Cecilia fue llevada hasta el domicilio de Sergio Vesely Fernández, militante del MIR buscado por la Dina. Allí la recibió la madre de éste, quien declaró que la acompañaba un civil y que tenía los ojos llorosos. La joven abrazó a esta mujer y el desconocido la sacó del lugar. Cuando en noviembre de 1992 Marcia Alejandra Merino Vega empezó a entregar información relacionada con detenidos desaparecidos, dijo que María Cecilia Labrín estuvo en Londres 38, donde fue torturada y luego trasladada a Cuatro Alamos. Su madre sostiene que nació una niña durante el cautiverio.
Otra asistente social embarazada era Elizabeth Mercedes Rekas Urra, de 27 años, con un hijo en gestación de cuatro meses. Trabajaba en el Metro y estaba casada con Antonio Elizondo. Eran militantes del Mapu y fueron detenidos por la Dina el 26 de mayo de 1976. Dos días antes habían aprehendido al hermano de Elizabeth, quien fue interrogado en Villa Grimaldi por las actividades de su hermana. Por un relato de un fugado de Colonia Dignidad existe información no confirmada de que habría estado allí. Su hijo debería haber nacido en octubre de 1976.
Jacqueline Droully fue detenida el 30 de octubre de 1974, con tres meses de embarazo. Cursaba cuarto año de la carrera de trabajo social y es la única que aparece en la nómina de los “119”. Según antecedentes de Amnistía Internacional, el gobierno alemán e Investigaciones, los 119 detenidos desaparecidos habrían estado en Colonia Dignidad. Sin embargo, todas las investigaciones para comprobarlo han fracasado. Si nació, el hijo de Jaqueline tendría hoy 27 años.
Gloria Esther Lagos Nilsson, secretaria, casada y madre de tres hijos, estaba embarazada de dos meses al momento de su detención. Militaba en el MIR y fue secuestrada por la Dina en su domicilio, el 26 de agosto de 1974, en presencia de su hijo de 10 años. Antes habían detenido a su pareja. Se sabe que estuvo en Cuatro Alamos. Su caso fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda, en junio de 1981.
Michelle Marguerite Peña Herreros era estudiante de ingeniería en la Universidad Técnica del Estado, y militante socialista. Estaba embarazada de ocho meses y medio cuando fue detenida por la Dina el 20 junio de 1975. Hay antecedentes imprecisos de un eventual alumbramiento. Su madre sostiene que en los primeros días de julio de 1975 nació un niño en la maternidad del Hospital de la Fach y, según un estudio del Codepu, Michelle “pudo ser recluida en el antiguo hospital del pulmón ubicado en el Cajón del Maipo”. Fue detenida en su casa junto a Ricardo Lagos Salinas, dirigente socialista en la clandestinidad. Se sabe que estuvo en Villa Grimaldi. Igual que en otros casos, el sumario fue sobreseído temporalmente, pero su familia presentó una denuncia ante organismos internacionales. Michelle había nacido en Francia y su madre huyó de la España republicana derrotada.
Nalvia Rosa Mena Alvarado era militante de las Juventudes Comunistas. Tenía 20 años al momento del secuestro; estaba casada con Luis Emilio Recabarren González y ya tenían un hijo de dos años y medio. Nalvia tenía tres meses de embarazo cuando fue detenida por la Dina junto a su esposo, su cuñado y su suegro, el 29 de abril de 1976. Ella y su hijo pasaron a buscar a Luis Emilio a su lugar de trabajo para volver juntos al hogar, pero los dos adultos nunca llegaron a destino mientras el menor fue abandonado cerca de su casa por un sujeto que se movilizaba en taxi. Testigos señalan que pese a los gritos y súplicas de Nalvia, los captores la golpearon en el vientre y la subieron en estado inconsciente al vehículo en que se movilizaban.
Reinalda del Carmen Pereira Plaza era hija única y esperaba su primer hijo. Tecnóloga médica y militante del Partido Comunista, fue detenida el 15 de diciembre de 1976 y debería haber dado a luz en marzo de 1977. Igual que a otras siete personas, la detuvieron brutalmente en la vía pública. Había salido a buscar trabajo y a hacerse exámenes médicos. Cerca de las 20.30 horas sorpresivamente se detuvo un automóvil, la redujeron y la metieron al auto no sin antes golpear su cabeza contra el borde de la puerta. El ministro Carlos Cerda logró que testigos reconocieran que en los hechos estuvo presente el agente Roberto Fuentes Morrison, alias “El Walli”. El juicio por detención fue sobreseído definitivamente mediante la aplicación de la Ley de Amnistía. El informe de la mesa de diálogo señaló que los restos de Pereira estarían en la cuesta Barriga, “pero muy a nuestro pesar tenemos que decir que ese fue un informe falso”, dice hoy Graciela Zúñiga.
Gloria Ximena Delard Cabezas habría salido de Chile tras una acción planificada por su padre médico. En 1977, a los 23 años, fue apresada en Buenos Aires, donde estudiaba economía. Estaba casada con Roberto Cristi, tenía tres hijos y un embarazo de tres meses. Fue secuestrada junto a su esposo, ambos eran militantes del MIR. Tras la detención, dos de sus hijos fueron enviados a orfanatos y su hija Victoria quedó bajo la protección del obispo de Neuquén. Ex presos políticos señalan que Gloria y su esposo fueron llevados al centro de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Gloria habría dado luz a una niña. Las abuelas de la Plaza de Mayo recolectaron estos antecedentes e iniciaron una búsqueda hasta ahora sin resultados.
La primera investigación sobre las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas la realizó un equipo del Codepu, en 1992. El libro Todas íbamos a ser reinas relata la vida de estas nueve mujeres. Fue el primer indicio de que algunas de ellas fueron llevadas a Colonia Dignidad y que otras podrían haber dado a luz en hospitales como el Barros Luco o el de la Fach.
Quienes quieran obtener más información sobre este tema pueden hacerlo en la dirección electrónica www.memoriaviva.org. Y quien tenga antecedentes verificables, que los comunique al Codepu
