¿Albornoz Cayo en fuego Cruzado?

EL VERDADERO COMPLOT TRAS SPINIAK

Por: Arnaldo Pérez Guerra (Fecha publicación:06/12/2003)

Claudio Spiniak enfrenta cargos por 'estupro reiterado' y 'producción de material pornográfico', delitos considerados 'menores'. En la causa existen hasta ahora seis procesados. Pero, además, se menciona a parlamentarios que habrían asistido a las orgías que realizaba el 'empresario' en donde se vejaba cruelmente a menores y adolescentes. Las víctimas están ahí, son niños de la calle. Han declarado ante los tribunales, han entregado antecedentes, circunstancias, incluso nombres. La ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI) insiste en señalar que existe un complot en su contra. El único complot posible es el realizado por ese partido para esconder la verdad.

Todos han criticado a la UDI tras su reacción luego de que se conocieran públicamente los antecedentes que ha entregado G.B., la testigo que acusa al senador Jovino Novoa (UDI) de haberla 'abusado sexualmente' mientras ella residía en la casa del empresario Claudio Spiniak. Hace bastante tiempo que la UDI perdió la serenidad, intentando presionar y descalificar la investigación que hoy lleva el ministro Sergio Muñoz. El partido de Pablo Longueira intenta impugnar y destruir, por todos los medios, el testimonio de G.B., como lo hizo antes con el padre 'Jolo' -José Luis Artiagoitía-, la Fundación Margen y la diputada Pía Guzmán (Renovación Nacional, RN). Poco después de que la diputada Guzmán -el 10 de octubre- señalara que había 'parlamentarios involucrados en la red pedofílica de Spiniak', la UDI levantó la tesis del 'montaje' con el supuesto propósito de 'perjudicar la candidatura presidencial de Joaquín Lavín'. El montaje es otro y precisamente la UDI está tras él. No pocos recuerdan la irrestricta defensa de la UDI de Colonia Dignidad y luego Villa Baviera, mientras en la justicia se investigaba una red de pedofilia. Los tribunales incluso debieron encarcelar a algunos de los 'colonos' alemanes por obstruir la justicia. Paul Shäeffer y otros, según lo investigado por el Poder Judicial, abusaron sexualmente de 29 menores. Eso es sólo lo que ha sido comprobado. La red de protección de Villa Baviera incluye a senadores y parlamentarios UDI -además de RN y DC-, empresarios, policías y ex ministros y jueces. Colonia Dignidad fue un centro de torturas y campo de concentración de la dictadura de Augusto Pinochet.

Lavín al ruedo

El propio candidato de la ultraderecha, Joaquín Lavín, ha debido emitir 'señales'. Reiteró su llamado para que UDI y RN 'recompongan el diálogo', incluso amenazando -como último recurso- con lanzar una candidatura 'independiente': 'No soy la niñera de la Alianza por Chile. Hay que dejar que la justicia opere. Mantener silencio y retomar el trabajo conjunto'. Hasta ahora, sus dichos no han sido escuchados por Pablo Longueira, el presidente del partido. Lo que se esconde es demasiado grande y podría significar el fin de la UDI.

La situación del senador Jovino Novoa se ha visto aún más complicada tras las declaraciones de G.B. ante el ministro en visita Sergio Muñoz. G.B. entregó antecedentes completamente verosímiles: un croquis con detalles de la casa de Spiniak en El Arrayán y un dibujo con la descripción física del senador a quien identifica como su agresor: 'Lo conozco como la palma de mi mano, era como mi marido... A él lo reconozco muy bien, me sé su cuerpo pero perfecto, sus manos, sus piernas', dijo a Canal 13 en una entrevista de unos minutos. Con el ministro Muñoz permaneció más de seis horas. Novoa no es el único parlamentario que estaría involucrado. También han circulado off de record los nombres de Nelson Ávila (PPD) y Carlos Bombal (UDI) como asistentes a las orgías de Spiniak, aunque no con el grado de participación que tendría Novoa.

Testigos del horror

'El caso concreto tiene que ver con un empresario de mucho poder y dinero, que se llama Claudio Spiniak, que hacía fiestas junto con otros colaboradores que no eran personas pobres, en donde consumían mucha cocaína y distintos tipos de drogas, y donde existe una red de proxenetas, muchachos de 22 ó 24 años, que le proveían de menores de edad. Pensamos que también tuvo relaciones con esos proxenetas cuando eran menores', dice José Valdivia, encargado del Área Adolescente de la Fundación Margen, y uno de los protectores de los menores que están declarando en los tribunales de justicia. El magistrado avanza a pasos agigantados en la investigación. Ha interrogado a varios adolescentes que habrían participado de las orgías organizadas por la red pedofílica, donde eran vejados y violados sexualmente. Los 'tres amigos' de G.B -dos niñas y un varón-, asiduos asistentes a las 'fiestas', también podrían ser interrogados pronto. E., la joven que la policía ubicó en La Serena, también será citada como testigo, aunque ha manifestado su temor a declarar por 'miedo a ser asesinada'. E., hoy de 19 años, es quien manejaría información fidedigna sobre el posible destino de Margarita, una menor de 8 años que habría sido mutilada y muerta en una de las orgías.

Otra testigo -M.I.-, podría entregar nuevos antecedentes sobre la participación de Jovino Novoa y otros parlamentarios. M.I., hoy de 20 años, también ha sostenido haber sido abusada por el senador UDI 'cuando era menor de edad'. Otro testigo, N., hoy de 19 años, ha ratificado el modus operandi de los asistentes a las orgías organizadas por Spiniak y su red. Él señala haber estado -el 2001- varios días en una de las casas de Vitacura y haber recibido 'pagos en dinero a cambio de mantener relaciones sexuales'. Por todos los medios, la UDI intenta desmentir estos testimonios. Han lanzado todo su aparataje comunicacional y de servicios de seguridad en una misión prácticamente imposible.

José Valdivia, señala: 'Se produce el miedo entre los niños que han sido víctimas de esta red de pedofilia no por casualidad. De alguna manera hay una actitud de la UDI y de ciertos medios de comunicación de generar un ambiente de temor, atemorizando principalmente a los niños que están declarando, desde el momento en que la UDI empieza a desarrollar una serie de 'investigaciones paralelas' a la tarea del ministro. No solamente investigan al cura Artiagoitía y a los actores principales que son los niños, sino que también a los que participamos como sus protectores o a quienes trabajamos con ellos'.

Gabriel Zaliansnik, Miguel Alex Schweitzer y Cristián Letelier -el equipo de abogados de la UDI-, intentan recolectar testimonios para desacreditar a G.B., hasta ahora el testimonio más sólido. La UDI 'encontró' y llevó ante el juez a la ex pareja de G.B., Fernando Bravo; testimonio que publicó La Segunda, para desmentir y enlodar a la menor y sembrar dudas. El único complot en el caso es lo que está haciendo la UDI para desacreditar a los adolescentes y a sus protectores, incluido el padre José Luis Artiagoitía.

El montaje UDI

El padre Artiagoitía no se había referido a su encuentro con Pablo Longueira y Andrés Chadwick pero se vio obligado a hacerlo. En una entrevista en Siete+7 señaló que ellos tenían 'algunas dudas respecto del testimonio de la joven (G.B.), pero sólo referidas a cosas accesorias, no al fondo; porque el fondo está clarísimo: hubo abuso. (...) El problema que ellos tenían es si el senador la abusó tres días a la semana o si faltó un día o una semana. Esas eran las preguntas', dijo el sacerdote. Desmentir a G.B. no será fácil para la UDI y su aparataje comunicacional, pues ella entregó 'detalles del cuerpo y manos' de Novoa que deberán ser contrastados con exámenes en el Servicio Médico Legal (SML). Si la investigación sigue por esa línea, Novoa debiera ser desaforado.

El verdadero montaje recién empieza. Varios medios de comunicación, a instancias y trascendidos de la UDI, han intentado conseguir por todos los medios que la opinión pública dude del testimonio de G.B. y otros menores. Incluso, en la UDI han señalado que 'algunos menores han llegado espontáneamente a su sede para entregarles antecedentes' que desmentirían a los protegidos de la Fundación Margen y la Fundación Nuestra Señora de Guadalupe. Han lanzado, además, el rumor de un supuesto 'abuso homosexual' en el que estaría implicado el padre Artiagoitía, o una supuesta 'paternidad no reconocida'. También se echó a correr que Artiagoitía mantendría una 'relación amorosa con la testigo'. Respecto de G.B. se dijo que habría 'asistido durante todo el año 1999 a clases en el Liceo Padre Alberto Hurtado', por lo que eran 'mentiras sus declaraciones en Canal 13'. La campaña no ha cesado.

El complot UDI posee gran cobertura en medios de comunicación como La Segunda, El Mercurio y La Tercera, además de Megavisión, Chilevisión, TVN y La Red. Hasta las Últimas Noticias -hoy dedicada a la farándula-, publicó el testimonio de Julio López ('Bastián'), uno de los proxenetas de Spiniak, que huyó a Argentina, que asegura, hablando de Spiniak, que 'el empresario no es pedófilo'.

José Valdivia, señala: 'Estamos colaborando con el ministro, haciéndole llegar algunos chicos que ellos andan buscando a través del Departamento V de Investigaciones, con el fin de que se pueda esclarecer este asunto. Ese es nuestro objetivo principal. Que lo más pronto posible se entreguen mayores antecedentes, aunque estamos conscientes que de alguna manera se produce cierta discriminación hacia los niños, de parte de todos los actores. Los niños han declarado y, aparentemente, los medios de comunicación, principalmente El Mercurio, La Segunda, La Tercera y Megavisión, han querido bajarle el perfil a las declaraciones. Nosotros creemos que esos medios de comunicación están ayudando o colaborando a tapar lo que está pasando'.

'Operadores' y 'seguimientos' al estilo CNI

El propio padre José Luis Artiagoitía identificó a Juan Díaz -militante UDI-, José Alegría -joven que estuvo relacionado con la Fundación-, y al alcalde (s) de Providencia, Cristián Espejo, entre los operadores de la UDI que intentan desprestigiarlo. Tras los operadores y seguimientos estilo CNI se encuentra Manfredo Mayol, ex funcionario de la dictadura, periodista, ex jefe de prensa de Canal 13 y gerente de TVN durante la dictadura. Mayol fue uno de los directores de la campaña del SI en el plebiscito de 1988 y actualmente asesora a empresarios y financistas de la UDI. El asesor comunicacional de la UDI ha sido el encargado de todas las campañas electorales del partido de Longueira, incluyendo la de Jovino Novoa a senador. 'La UDI no está en campaña para afectar la imagen del sacerdote José Luis Artiagoitía', afirmó el propio Novoa. Artiagoitía lo desmintió en Siete+7, acusando a Cristián Espejo y Juan Díaz, de estar buscando datos en su contra: 'Es demencial todo esto, por eso mantengo reuniones periódicas con el cardenal Francisco Javier Errázuriz y el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Contreras, para entregarles toda la información. Han creado un clima tan turbio que la Iglesia se ha preocupado. Sé que han ido a buscar a Fernando (Bravo) a Calama y a José Alegría, un testigo que se robó a una menor del Hogar'.

Uno de los operadores del montaje es Cristián Espejo, hombre de confianza del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, ex instructor de la DINA. Espejo ha sostenido en la prensa que recibió testimonios 'terribles' en contra del padre: 'Él (Artiagoitía) sabe que he recibido testimonios de testigos, bajo estricta reserva y bajo estricto secreto profesional, gente que me cuenta cosas terribles y el 'Jolo' sabe'.

No es casualidad que la UDI siembre la duda sobre el protector de algunos de los niños que han prestado testimonio, justamente cuando el padre José Luis Artiagoitía entregó antecedentes en la entrevista a Siete+7 sobre la existencia de otros casos que implican al senador denunciado por G.B. En un intento desesperado, Pablo Longueira protestó por escrito ante el Canal 13 por la exhibición de la entrevista de G.B., mientras La Segunda burdamente se encargaba de inventar historias sobre su pasado y titular 'Parelé del ministro Muñoz al padre Jolo', lo que resultó ser completamente falso. El padre Artiagoitía, que señaló no dará más entrevistas ni emitirá nuevas declaraciones, afirmó que conoce a 'más personas que fueron abusadas por el mismo senador y que no están dispuestas a declarar porque la vida ya está destruida para ellas'.

José Valdivia concluye: 'Le están haciendo un flaco favor a los niños que han sido víctimas. Para ellos no es fácil declarar, principalmente porque eso significa volver a revivir la situación de vejación que sufrieron por parte de Spiniak y los demás participantes de esas fiestas. Me llama la atención que ciertos medios de comunicación estén tan desesperados por determinar quiénes estuvieron en esas fiestas de Spiniak, pero al mismo tiempo se presten parar desvirtuar los testimonios de los niños y las declaraciones de quienes trabajamos con ellos'.

Montaje, presiones y dudas

Los intentos desesperados y presiones de la UDI para tapar el caso, han sido muchos. La salida del ministro Daniel Calvo fue una de ellas. Para el montaje, que buscaba la salida de Calvo, se prestó Chilevisión a través de sus noticiarios y programas. La operación contra Calvo surtió efecto y finalmente fue alejado del caso. El ex ministro en visita debió declarar ante la Comisión de Ética del Poder Judicial por su asistencia a un 'sauna gay'. Se le consultó también por la reunión que sostuvo -recién asumido como ministro en el caso- con Pablo Longueira, presidente de la UDI. Existe la sospecha de que en ese 'encuentro' se le presionó. Daniel Calvo entregó antecedentes sobre su visita al sauna, pero negó haber ingresado 'con menores', como señaló alguna prensa ligada a la UDI y el propio dueño del sauna, Sebastián Rodríguez ante las pantallas de Chilevisión. La ministra Gabriela Pérez investiga la probable 'extorsión' al juez Calvo, los alcances de su encuentro con Longueira, y la orden recibida por dos funcionarios de Investigaciones para que 'contactaran' a Sebastián Rodríguez.

Otro capítulo es la información de La Segunda sobre la asistencia o no de G.B. al Liceo Alberto Hurtado en Quinta Normal. La menor estudió en el establecimiento, pero la UDI sostuvo que en las fechas en que aseguraba haber sido abusada por Jovino Novoa se encontraba 'asistiendo a clases'. La jugada comunicacional fue finalmente desmentida por el propio establecimiento educacional. G.B. relató que estuvo 'secuestrada' en la casa de Spiniak durante unos 7 meses. Según el Liceo, asistió a clases desde el 17 de junio de 1999 hasta el 12 de septiembre de 2000, lo que no contradice los dichos de la menor ante la justicia.

La UDI continúa montando su complot e 'investigando' la vida de dos testigos claves, los menores L.Z. y G.B, además de 'seguimientos' al padre José Luis Artiagoitía. José Valdivia, ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), también ha debido sufrir los embates de la UDI, que incluso lo acusó de ser 'agente de la oficina', en un desesperado intento por desmentirlo y enlodar su labor con los menores en la Fundación Margen. Precisamente, los dichos fueron del senador UDI Jovino Novoa en Reportajes de El Mercurio, que luego se dio el lujo de 'entrevistar' al propio 'empresario Claudio Spiniak'.

Hasta ahora, las mayores dudas del caso están en la red de protección que Spiniak tendría en Carabineros. El teniente Marcos Subiabre es, hasta el momento, el único procesado de la red de protección. Subiabre es el oficial que abortó el procedimiento policial, en febrero de 2002, luego de recibir la denuncia de unos guardias de Santa María de Manquehue, quienes junto a un menor de iniciales C.B. reportaron un 'intento de violación'. C.B. se encontraba en una de las orgías de Spiniak y logró huir antes de ser violado por los 'invitados'. Subiabre, abandonando sus deberes, atendió un llamado telefónico del celular de Claudio Spiniak. La llamada la habría realizado Claudio Jayo, entonces Prefecto de la Zona Oriente de Carabineros de Chile, y le ordenó 'abandonar el procedimiento'. La Fiscalía Militar habría comprobado que Jayo 'no llamó', sino que lo hizo el mayor (r) José Luis Aguilera -suplantándolo-, a instancias de su amigo el empresario Jorge Rabié, quien además fue socio de Spiniak.

Testigos

La 'testigo clave' (conocida como E.) que tendría antecedentes sobre la mutilación, desaparición y muerte de la menor de 8 años, Margarita, fue ubicada por el Departamento V de Investigaciones de Chile en la IV Región.

E. habría participado, entre 1998 y 1999, en las orgías organizadas por Claudio Spiniak y su red de proxenetas y pedófilos en la casa de El Arrayán. E. ha manifestado sentir un profundo miedo a lo que presume le podría ocurrir. Teme ser 'asesinada'. Contrasta con el relato de Fernando Bravo, ex pareja de G.B., quien declaró ante el ministro en visita Sergio Muñoz, luego de que fuera 'contactado' por la propia UDI. Según La Segunda, en su declaración calificó a G.B. como una persona 'de personalidad agresiva' y señaló que las denuncias de su ex pareja en Canal 13 en contra de políticos y empresarios asistentes a las orgías eran 'completamente falsas'.

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Yo acuso

Pedro Cayuqueo 05 Abril, 2012

Foto: Agencia UNO

Duele la muerte del sargento del GOPE, Hugo Albornoz Albornoz. Duele porque ninguna vida está demás en territorio mapuche. Y ningún crimen debiera quedar en nuestro suelo impune. Padre de tres hijos, me cuentan era oriundo de Lonquimay, corazón del indómito territorio de nuestros hermanos pehuenche. Allí, en los cajones cordilleranos, se refugiaron nuestros bisabuelos tras la invasión militar chilena, acontecida hace poco más de un siglo. “Quinquen”, un bello paraje de dicha comuna, significa de hecho “tierra de refugio”. ¿Lo sabría el sargento Albornoz? Puede que sí, puede que no. Vaya en su favor que a nadie se lo enseñan en la escuela. No se lo enseñaron a él y, de no cambiar Chile el rumbo, tampoco lo enseñarán a sus hijos y nietos. Es mi esperanza que esto cambie. Es la lucha que dio el 2011 la Federación Mapuche de Estudiantes, demandando educación gratuita, de calidad e intercultural para todos. Y es que rica es la empanada chilena, lo sabemos. Pero si le ponemos merquén, ¿acaso no mejora? ¿Y si le agregamos algo de piñón, changle o digüeñes? Lo mismo sucede con la imperfecta democracia chilena. ¿Y si le agregamos algo de mapuche, rapa nui, aymara o kaweskar? ¿Acaso no tendría mejor sabor, aroma y color? ¿Cómo habrá sido para las empanadas el sargento Albornoz?, me pregunto. Sospecho, como buen habitante de la zona pehuenche, que lo suyo eran más bien los corderos al palo. O los asados de chivo. Gastronomía sureña de montaña. Chilena y mapuche, dicho sea de paso. Bendita y triste paradoja.

Duele la muerte del sargento Albornoz. Como duelen las pateaduras, los palos y los perdigones que, en la última década, los miembros de la comunidad Wente Winkul Mapu han debido soportar -a diestra y siniestra- por parte de las denominadas “fuerzas del orden”. Duele su muerte, como las balas policiales que, por la espalda, acabaron con la vida de los jóvenes Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio. O el escopetazo con que el oficial Marco Aurelio Treuer destrozó el cráneo del adolescente mapuche Alex Lemún, también en la comuna de Ercilla. ¿Estoy empatando situaciones o dolores? En absoluto. Que nadie se intente pasar de listo.

Para quien escribe, tanto el sargento Albornoz como Catrileo, Lemún y Mendoza, son víctimas que merecen el mayor de mis respetos. ¿Víctimas de qué o de quiénes? De la derrota de la Política. Así como lo lee, de la derrota de la Política y, por añadidura, de los políticos. “Los señores políticos”, como los bautizó en su tiempo un capitán general de infame recuerdo. ¿Quién, sino ellos, son los mandatados por la ciudadanía para resolver estos conflictos de larga data en los campos del sur? ¿Quién, sino ellos, son los responsables de que el diálogo político se imponga a la lógica de los camiones quemados, los juicios por “terrorismo” o la tortura a medianoche en sucios y pestilentes calabozos? ¿Quién, sino ellos, son los responsables de evitar el dolor de la muerte a familias trabajadoras de uno y otro lado del entuerto? Silencio de grillos en ministerios, gobernaciones e intendencias.

Hoy, desde esta tribuna pública, Yo acuso. Acuso al Estado y sus instituciones, sobre todo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de ineptitud inexcusable y criminal al sur de la frontera del Biobío. Yo acuso, a los presidentes y sus ministros, a los parlamentarios y sus asesores, a los alcaldes y sus concejales, de tener todos sus manos manchadas con sangre. De Bernardo O´Higgins en adelante, incluido por cierto Salvador Allende, para que no salten los que gustan de clasificarnos que “si son de derecha” o “si son de izquierda”, sin advertir ni mucho menos sospechar el carácter colonial de nuestra situación como pueblo. “Un conflicto se puede resolver o bien se puede administrar. Muchos optan por lo segundo, sobre todo por cálculo político”.

La cita anterior es de Gerry Adams, líder del Sinn Fein y tal vez el principal gestor político del proceso de paz en Irlanda del Norte y, ahora último, del País Vasco en España. Cuanta razón tiene Adams. En el caso chileno, por décadas, los sucesivos inquilinos de La Moneda solo se han dedicado a administrar el mal llamado “conflicto mapuche”. Algunas veces por simple desidia. Otras, la mayoría, por evidente cálculo político. Quienes vivimos en el sur lo observamos en cada elección; los mapuches como cautiva clientela electoral, a punta de subsidios estatales, pan con mortadela y garrafas de tinto barato. Lo hizo por 20 años la Concertación, responsable política e intelectual del crimen de Lemún, Catrileo y Mendoza.

Hubo quienes vieron en Ricardo Lagos, sí, en el señor del dedo acusador, al estadista que sería capaz de abordar, en su real dimensión histórica y política, el conflicto chileno-mapuche. Como diría Homero, estadista mis polainas. Lagos, para los desmemoriados, no solo fue incapaz de hacerlo, le importó en verdad un soberano pepino, al punto de inaugurar la infame aplicación de la Ley Antiterrorista contra los dirigentes y miembros del pueblo Mapuche. ¿El primero? Víctor Ancalaf Llaupe, año 2001, post 11 de septiembre, las Torres Gemelas y un saudita de nombre Bin Laden. Pues bien, antes que George Bush, Barack Obama y las operaciones “Libertad Duradera” o “Democracia y Pascua Feliz Para Todos”, fue Ricardo Lagos el mandatario que primero asestó un duro golpe al terrorismo internacional.

Al “terrorismo mapuche”, habría que precisar, para sorpresa de la CIA, el FBI, el Mossad e Interpol, que ni en sueños habían oído hablar de tan peligrosa amenaza a Occidente. Ancalaf, por su apoyo a las comunidades que se oponían a la Central Ralco, fue condenado a 10 años de presidio. Con pruebas rebuscadas y testigos sin rostro, se lo responsabilizó de la quema de tres camiones de la multinacional Endesa-España. Cumplió la mitad de su condena en la cárcel de Concepción. Hoy su caso se encuentra ad portas de sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La condena al Estado chileno, se comenta, es cosa segura.

“Daños colaterales”. Así llaman los gringos a los efectos poco gratos -y casi siempre mortales- de su mala puntería bélica en el Tercer Mundo. “Daños colaterales” puede que llamen, hoy en La Moneda, a los muertos en el marco del conflicto chileno-mapuche. Una vez, cierto personero de la administración Bachelet, sí, la señora de la sonrisa empática, usó el concepto aquel para referirse al crimen policial de Matías Catrileo. Obviamente lo hizo, cobardemente, “off the record”. Su frase, tenebrosa, terrorífica, rondó en mi cabeza por largo tiempo.

Luego, cuando acribillaron con el mismo método a Jaime Mendoza Collio -es decir, por la espalda mientras corría a campo traviesa indefenso-, no pude dejar de sentir escalofríos. “Daños colaterales, así le llaman en otros países a los civiles caídos en una guerra”, comenté al padre de Jaime en su velorio, en la comunidad Requen Pillan. “Pero mi hijo no estaba guerreando con nadie”, me respondió, sereno. Es verdad. Ni Jaime ni Alex ni Matías estaban guerreando con nadie y el mapuche que así lo piense que mejor pida hora urgente al psiquiatra. O a la machi más cercana. Lo de Jaime era un acto de protesta, a lo mucho de desobediencia civil, por él, por su comunidad, por la memoria de sus abuelos y sobre todo por el futuro de su hijo, hoy de siete años. No nos perdamos con eso, estimado peñi. Ni mucho menos pisemos el palito.

¿Estaría el sargento Albornoz “guerreando” contra los mapuches en Ercilla? Lo dudo. Y es que por más que algunos parlamentarios, como el senador Espina o el diputado Edwards; o dirigentes gremiales como José Villagrán, líder de los camioneros; o fiscales como Francisco Ljubetic o Miguel Velásquez, busquen a diario convencernos que lo que se vive en La Araucanía es una particular “guerra de baja intensidad contra el terrorismo” (“batalla” fue el concepto que repitió de manera insistente el ministro Hinzpeter en su reciente visita a Temuco), la realidad dista mucho del delirio. En lo personal, me niego a creer que el sargento Hugo Albornoz haya estado “guerreando” contra los mapuches de Wente Winkul Mapu. Sé, porque he reporteado por casi una década sus abusos, que hay carabineros que cotidianamente confunden Ercilla con la selva de Vietnam. O con un campo de refugiados afganos.

Quiero pensar que el sargento Albornoz no pertenecía a ese grupito de delincuentes de uniforme, adictos a la adrenalina y el pillaje rural. Me quedo con las declaraciones, serenas y conciliadoras, de uno de sus familiares. “Era un buen hombre y un buen padre. Simplemente cumplía allí con su pega”. Señores del gobierno, al menos hagan una cosa bien entre tanta embarrada junta: que su crimen sea investigado debida e imparcialmente. Y que sus eventuales responsables sean llevados ante la justicia. Aquello fue lo que, en su momento, demandamos como mapuches para los nuestros. La mayoría de las veces sin respuesta.

http://www.theclinic.cl/2012/04/05/yo-acuso/

Senador Navarro: "Chile es de los 5 países donde no hay ley de aborto terapéutico”

" El Salvador, Nicaragua, Malta, El Vaticano y Chile. Ésos son los cinco países del mundo donde no existe ley de aborto terapéutico", recalcó el Senador Alejandro Navarro, del MAS.

El senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, criticó que Chile esté entre los cinco países del mundo donde no está despenalizado el aborto terapéutico, esto tras el rechazo de tres proyectos de ley presentados en la Cámara Alta en torno al tema.

"No creo que Chile debe estar entre los cinco países del mundo: El Salvador, Nicaragua, Malta, El Vaticano y Chile. Ésos son los cinco países del mundo donde no existe ley de aborto terapéutico", destacó Navarro.

Al respecto precisó que "mueren mujeres en Chile porque no existe esta ley, porque una mujer que se hace un aborto puede parar en la cárcel".

El vicepresidente del Senado lamentó el resultado de la votación y también recriminó a la dictadura de Augusto Pinochet por la derogación de la ley del aborto terapéutico.

"Creo que fue una gran oportunidad para retomar este debate, Chile tuvo aborto terapéutico entre el año 1931 y 1989. O sea, Chile tuvo esta ley que fue sacada por la dictadura el año 89 después que habían perdido el plebiscito", afirmó.

En este sentido agregó, "por tanto aquí hubo una decisión ideológica, no hubo una decisión debatida por la sociedad y lamento que la votación haya rechazado la idea de legislar porque no se podrá discutir sino en un año más. Pero vamos a volver a insistir, Chile requiere una ley de aborto terapéutico".

Por otra parte, Navarro no descartó que vuelva a insistirse sobre el tema en la Cámara Alta, expresando que, "creo que vamos a insistir el próximo año, y sino, el plebiscito del 11 de noviembre del 2012, en la elección presidencial, los ciudadanos podrán entonces elegir

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120406/pags/20120406120535.html

Primera Huelga legal en la Historia de Jumbo:

http://labatalladelostrabajadores.blogspot.com/
Video Resumen del primer día de la Huelga legal del sindicato nacional jumbo, LA PRIMERA HUELGA EN LA HISTORIA DE JUMBO.
Este primer dia se manifestaron en los locales alto las condes y Bilbao, la jornada fue pacifica aunque al final en la tarde hubo un altercado con la policia, pata mayor informacion sobre las motivaciones de la huelga lea el comunicado del sindicatohttp://labatalladelostrabajadores.blogspot.com/2012/04/primera-huelga-en-la-h...

Crimen de Zamudio devela errores de Gendarmería que en tres meses terminaron con dos homicidios y una violación

SUBDIRECTOR DE GENDARMERÍA EXPLICA MECÁNICA DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS


Por : Gustavo Villarrubia y Juan Pablo Figueroa en Actualidad y EntrevistasPublicado: 04.04.2012

Uno de los victimarios de Daniel Zamudio nunca debió haber estado allí. Patricio Ahumada cumplía desde 2007 una condena de 5 años y un día, pero en 2011 obtuvo beneficios que le permitieron salir libre los fines de semana. En eso estaba cuando atacó al joven homosexual el 3 de marzo. El agresor es uno de los tres casos del Penal Colina que en los últimos meses han puesto en entredicho la forma en que Gendarmería aplica los beneficios penitenciarios. Los errores han terminado con dos homicidios y una violación. Es “un riesgo que siempre va a existir”, dice el subdirector técnico de la institución, Miguel Ángel Jiménez.

“La idea de pegarle tanto a Daniel le nació al Pato Core por el sólo hecho de que era gay (…). Después de un rato, Alejandro Angulo y Pato Core empezaron a golpearlo con sus manos en la cabeza y rostro, no era muy fuerte, casi como para que despertara. Pero después a los cabros les entró la maldad (…). Patadas y combos en la cabeza, cara, testículos, piernas; en verdad por todo el cuerpo. Yo le pegué un par de patadas con las zapatillas que ando trayendo ahora. Creo que le pegué en las piernas y la cabeza (…). El muchacho ya sangraba por la nariz y la cara. Después, Alejandro le rompió una de sus botellas en su cabeza y, como ya estaba muy inconsciente, él y el Pato Core, con el gollete, le dibujaron una esvástica, que es el símbolo nazi. Esto se lo hicieron en el pecho, la guata y la espalda (…). Alejandro tomó una piedra grande (…) y se la tiró en la cabeza (…). Fabián tomó otra vez la piedra y se la empezó a tirar en las piernas, como unas 10 veces (…). Con eso no se le quebró la pierna, sino que después le hicieron como una palanca y ahí sí se quebró e, incluso, sonó como un hueso de pollo”.

Raúl López Fuentes fue el primero en relatar a la policía paso a paso lo que Daniel Zamudio no pudo contar, porque después de esa noche, la madrugada del 3 de marzo, ya nunca más pudo emitir sonido. Durante tres horas, López y tres de sus amigos lo masacraron sin piedad en el Parque San Borja. 25 días después, Daniel murió. Tenía 24 años. Junto a López estaban Alejandro Angulo Tapia, que hace unos meses se presentó en un programa de televisión como imitador de Michael Jackson; Fabián Mora Mora, el más joven, un estudiante de psicopedagogía que interrumpió sus estudios cuando el año pasado falleció la tía con la que vivía; y Patricio Ahumada Garay, el “Pato Core”, el más violento y el único que no debería haber estado allí.

De los cuatro agresores, sólo Mora no registraba antecedentes. Angulo tenía dos detenciones, una en 2008 por hurto y otra en febrero de 2011 por robar y lesionar a dos ciudadanos peruanos. López había sido detenido cuatro veces en los últimos cuatro años, tres de ellas por hechos violentos. Pero lo del Pato Core, de 25 años, es otra cosa. Lo de él es un prontuario.

Antes de cumplir la mayoría de edad, Patricio Ahumada ya tenía en su cuenta nueve detenciones en el Servicio Nacional de Menores (SENAME), una de ellas a los 16 años, cuando lo encontraron en Quilicura portando un bate de béisbol modificado con clavos en su punta. Después de cumplir 18, su historial delictivo incluye otras 14 detenciones y cuatro juicios por hurtos, amenazas con arma blanca, robos con intimidación y con violencia. La última vez que cayó en manos de la policía, el 29 de marzo de 2007, Ahumada había amenazado a un hombre en Providencia para que le entregara su billetera, su mochila y su reloj. Se los quitó. Después le pegó y lo botó. En el suelo, le dio patadas y golpes de puño antes de irse. Ese mismo día Carabineros lo detuvo. Eso le significó una condena por cinco años y un día en la cárcel de San Miguel y la mala suerte de vivir la peor tragedia ocurrida en un centro penitenciario en el país.

El 8 de diciembre de 2010, la cárcel donde estaba recluido Ahumada ardió en llamas. Esa madrugada, 81 presos murieron calcinados. Pero el Pato Core se salvó. Como después del incendio se hicieron cambios a la infraestructura del penal, Ahumada fue trasladado junto a gran parte sus compañeros de prisión a Colina I, donde terminaría de cumplir su pena en noviembre de 2012. Pero eso no ocurrió. A fines de septiembre del año pasado, el Consejo Técnico le otorgó libertad dominical. Uno de los beneficios que contempla Gendarmería para reos de buena conducta y que demuestran un cambio que permite su reinserción en la sociedad. Un sistema positivo para la reintegración de personas que han delinquido, pero con fallas en su aplicación que han permitido que desde enero de este año, tres personas hayan sido liberadas para luego cometer delitos de extrema violencia. El caso del Pato Core es uno de ellos.

EL NEONAZI, EL FEMICIDA Y EL VIOLADOR

Como Patricio Ahumada no había terminado la enseñanza media, estando recluido postuló a un instituto donde podría nivelar sus estudios. Un punto macizo que se agregó a la buena conducta que exhibió durante los cuatro años que llevaba preso para que el Consejo Técnico del penal le concediera el permiso para salir todos los domingos. Eso fue el 29 de septiembre de 2011. Por un mes, Ahumada cumplió sin problemas el beneficio: después de salir por las mañanas, cada domingo por la noche volvió a Colina I para cumplir su condena. Por eso, el 28 de octubre lo autorizaron para salir sólo con fines educativos. Desde entonces, los días sábado podía salir para estudiar entre las 9:00 y las 18:00 horas en la escuela para adultos. Luego volvía a la cárcel y el domingo salía nuevamente. Uno de esos días, el sábado 7 de enero, escribió en su muro de Facebook: “Que se mueran todos”.

El Pato Core de nuevo cumplió. Entonces, por unanimidad del Consejo Técnico, de nuevo le otorgó un beneficio. Esta vez fue la libertad por todo el fin de semana. Eso partió el 25 de enero de este año y en eso estaba cuando la madrugada del 3 de marzo se encontró en el Parque San Borja con Daniel Zamudio y lo torturó hasta dejarlo a medio morir. Por supuesto, no volvió al penal.

Los beneficios de libertad a Patricio Ahumada, el simpatizante del movimiento neonazi que quebró una botella en la cabeza de Daniel Zamudio para luego marcarle con el vidrio roto tres svásticas en el cuerpo y quebrarle las piernas, fue sólo uno de los más de 7.000 beneficios que Gendarmería otorgó en 2011. Se los dieron a pesar de que dos informes psicológicos que se le habían practicado en la prisión eran negativos. Según esos reportes, el Pato Core no debía salir en libertad. Así fue que se transformó en uno de los tres errores en los últimos meses del sistema que entrega beneficios a reos de buena conducta.

El primero de esos errores fue el 11 de diciembre de 2011, cuando Carlos Deformes Lerdo, de 41 años, salió de la cárcel de Colina II con libertad dominical. Gendarmería le dio el beneficio “toda vez que ha realizado un buen aprovechamiento de su tiempo en reclusión y una salida al medio libre lo ayudará a consolidar los logros ya alcanzados”. Según publicó La Tercera, los diez integrantes del Consejo Técnico analizaron su caso con tres informes: uno psicológico, uno social y otro ocupacional. Todos indicaron que Deformes estaba apto para reintegrarse a la sociedad. Pero el mismo día que salió, ingresó a la fuerza a un departamento de una pareja en Ñuñoa, amarró al hombre y violó a la mujer. No volvió a la prisión. En los días siguientes, con otros dos asaltos con intimidación, se convirtió en el delincuente más buscado del país, hasta que el 24 de ese mismo mes Carabineros lo atrapó. Poco menos de 30 días después, Carlos Deformes se suicidó en prisión.

Después vino el caso de Carlos Almendras Almendras. Él cumplía desde 2004 una condena de 15 años en Colina II por dos robos con intimidación. Así fue hasta el 12 de febrero de este año, cuando Gendarmería decidió concederle la libertad dominical. Ese día salió libre, pero no volvió. Tres días después, apuñaló 15 veces a su mujer e hirió a su hija en Lo Barnechea.

¿Qué está fallando en el sistema de beneficios carcelarios? En la siguiente entrevista que CIPER realizó al subdirector técnico de Gendarmería, Miguel Ángel Jiménez Segura, se explica cómo funcionan los Consejos Técnicos que la institución tiene en cada penal del país y cómo se decide quién está apto para reinsertarse en la sociedad, pasando por alto informes que recomiendan lo contrario. También cómo los beneficiarios quedan en libertad de acción, sin ningún tipo de control, mientras están en la calle.

-Estamos trabajando en mejorar la política de otorgamiento de beneficios, no para disminuirlos, sino para disminuir el riesgo. Pero ese riesgo siempre va a existir –dice Jiménez.

Miguel Ángel Jiménez Segura

“NO TENEMOS NI HERRAMIENTAS NI RECURSOS PARA SEGUIR AL INTERNO CUANDO SALE CON BENEFICIO DE LIBERTAD”

Instalado en la subdirección técnica de Gendarmería, este abogado de la Universidad Gabriela Mistral enfrenta una dura tarea desde uno de los ejes donde se ejecutan políticas públicas para enfrentar el recrudecimiento de y la delincuencia y, en especial, de delitos violentos. Tras doce años de ejercicio de su profesión en el sector privado, Miguel Ángel Jiménez Segura desembarcó en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y en la Defensoría Penal Pública de Santiago. En esta entrevista explica por qué se le concedieron beneficios penitenciarios a Patricio Ahumada, uno de los agresores de la golpiza mortal a Daniel Zamudio, y qué pasará en su institución a partir de las tres historias violentas que en tan sólo tres meses pusieron en tela de juicio la forma en que se está aplicando esa política pública.

-Patricio Ahumada Garay, el líder de los cuatro jóvenes que le propinó la brutal golpiza a Daniel Zamudio, la que terminó con su vida, gozaba ese día –el 3 de marzo- del beneficio penitenciario de libertad por el fin de semana. ¿Dónde estaba recluido y qué proceso se llevó a cabo para otorgarle dicho beneficio?

Patricio Ahumada estaba con beneficio de fin de semana: salía el viernes a las 18:00 horas de la unidad y regresaba el domingo por la noche. Y hasta el viernes de la siguiente semana permanecía privado de libertad en la Cárcel de San Miguel. Ahora, lo que pasa es que después del incendio en San Miguel, nosotros -como dirección nacional de Gendarmería- tomamos algunas decisiones con respecto a este penal. Primero, intervenirla desde el punto de vista de la infraestructura y luego transformar esta unidad en reclusión femenina. Para poder hacer esta intervención yo necesito sacar a la población penal que está ahí y distribuirla en otras unidades penales. Entonces, Ahumada obtuvo el beneficio en San Miguel, porque ahí estaba cumpliendo su condena, pero por este proyecto de intervención, él fue trasladado al Penal Colina I.

-¿Cómo funciona y quiénes componen el Consejo Técnico de Gendarmería que tiene bajo su responsabilidad el otorgamiento de beneficios penitenciarios?

Está integrado por el jefe de la unidad penal respectiva, por otros oficiales de esa misma unidad penal, un asistente social, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, el director de la Escuela de Gendarmería y otras personas que eventualmente pueda invitar el jefe de la unidad que en definitiva es quién preside el Consejo Técnico, autónomo en cuanto a sus decisiones y por tanto ninguna autoridad de la institución o ministerial puede influir en sus decisiones.

-¿Cuál es la mecánica del otorgamiento de beneficios?

La otorgación de beneficios tiene una forma de trabajo que parte por entrevistar a la persona que está postulando al beneficio. Como paso previo es necesario que esa persona reúna ciertos requisitos que dicen relación al tiempo de condena transcurrido y la buena conducta. Otro requisito, más de fondo, es haber cursado algún plan de estudio o haber participado de los talleres laborales. Bueno, la persona postula al beneficio y es entrevistado por este grupo multidisciplinario, y una vez que termina esta etapa de postulación, el Consejo Técnico se reúne y empieza a analizar caso a caso. En esa instancia se decide quiénes de los que están postulando van a tener derecho a un beneficio.

-En definitiva, ¿la última palabra en estos beneficios la tiene el jefe de la unidad penal donde está recluida la persona?

Sí, el jefe de la unidad es el que decide en base a lo que expone este grupo multidisciplinario.

-¿Qué argumentos uso el jefe de la unidad respecto de la decisión de otorgar beneficios a Patricio Ahumada?

Patricio Ahumada demostró estar matriculado en un instituto para nivelar sus estudios. Primero, se le concedió el beneficio de la salida dominical el 29 de septiembre de 2011. Se aprobó por unanimidad y cumplió su beneficio: no quebrantó y no dejó de presentarse cada domingo en la unidad. El segundo beneficio se le otorgó el 28 de octubre, por mayoría de votos: salida controlada al medio libre, restringida solamente a fines educativos, para que él asistiera a este instituto los días sábados de 09:00 a 18:00 horas. Y finalmente, el 25 de enero de 2012 se aprueba por unanimidad el permiso de salida por fines de semana, que fue el beneficio que estaba gozando en el momento que fue detenido para posteriormente ser formalizado por la agresión a Daniel Zamudio.

-¿Quién se encarga de hacer el seguimiento en libertad a los reos beneficiados con salida en cualquiera de sus modalidades, y en qué consiste?

El seguimiento significa que usted sale en la mañana y regresa en la tarde o sale el fin de semana y regresa el domingo y aquí empieza un trabajo del jefe de la unidad y los compromisos con el propio interno, con sus familiares, con el Consejo Técnico, que además entrevista a algunos familiares. La asistenta social debe entrevistarse con los familiares, ver su relación social y recabar otros antecedentes que van influyendo en el mejor diagnóstico de las posibilidades de esa persona de reinsertarse o no.

-Si uno entra al Facebook de Patricio Ahumada, en enero pasado tiene un mensaje que dice: “Mueran todos”. ¿Hay alguien en Gendarmería que haga ese tipo de seguimiento y análisis?

Por eso le digo, el interno sale con el beneficio de salida dominical, evidentemente podría haber una llamada telefónica, pero el control se produce cuando el interno regresa a la unidad penal. Después de haber gozado de libertad ese día domingo, durante la semana los profesionales del área técnica van trabajando con él respecto de qué problemas tuvo, cómo enfrentó ese proceso de libertad con su familia y con sus amigos. Por ejemplo, si el interno llega con hálito alcohólico, se reúne el Consejo Técnico y decide suspender el beneficio.

-Justamente el domingo 29 de enero, el primer fin de semana que Patricio Ahumada gozó de ese beneficio, él posteaba en Facebook : “Con flor de caña hoy después de 4 años sin saber lo que era eso, saludos a todos”. 
Desconozco la conducta de Ahumada Garay mientras estaba gozando de su beneficio. Nuestras atribuciones están cuando él llega a la unidad penal y cómo el área técnica va a abordando su comportamiento según lo que él relata y también lo que cuenta su familia. Nosotros no tenemos las herramientas y los recursos para que, una vez que el interno sale en libertad, seguir al condenado durante su proceso de beneficio. Por ejemplo, el año pasado otorgamos alrededor de 7.099 beneficios, y los quebrantamientos fueron menos del 5 % de ese universo: personas que no se presentaron a la unidad penal. Las causas son variadas. Ahora estamos definiendo una metodología de trabajo para efectos de determinar un factor de reincidencia, de quién cumple con beneficio su condena y quien no. Porque además, está el tema de los beneficios intra-penitenciarios y la libertad condicional, la madre de todos los beneficios.

-Y si hay personas que no están de acuerdo dentro del Consejo Técnico con otorgar beneficios a determinada persona, ¿qué pasa?

Hay que tener muy en cuenta que nosotros trabajamos con herramientas de Ciencias Sociales, que no es exacta: no existe ningún test, ningún mecanismo que pueda predecir la conducta humana. Si existiera, debiésemos cambiar todo nuestro sistema penal y la gente ser condenada antes de que cometa el delito. Por tanto, respecto de una persona que tiene buena conducta, que saca provecho a los talleres laborales y/o educacionales, son antecedentes que toma el jefe de la unidad para autorizar o no el beneficio no obstante la opinión puntual de algún profesional que diga en su informe: “No recomiendo a este condenado para un beneficio”. >Pero la decisión en definitiva se toma y una cosa es el informe y otra el Consejo Técnico que adopta la decisión.

-Frente al quebrantamiento de su beneficio penitenciario que protagoniza Patricio Ahumada, ¿qué proceso inicia Gendarmería? ¿O queda en ese universo del 5% que infringe el beneficio?

Cuando suceden este tipo de situaciones, que por supuesto a nadie reconforta, lo primero que nosotros hacemos es empatizar con el dolor de las familias, el dolor de la víctima. Y de ahí uno se plantea cómo mejorar los procesos internos, sobre todo cuando se da la coincidencia de que en un lapso muy breve de tiempo se suceden tres casos noticiosos de importancia de condenados que estaban cumpliendo con beneficio: el caso de Carlos Deformes Lerdo de Tejada, el de Carlos Alberto Almendras Almendras y el de Ahumada Garay.

Estamos trabajando en mejorar la política de otorgamiento de beneficios, no para disminuirlos, sino para disminuir el riesgo. Pero ese riesgo siempre va a existir. Ahora, para terminar de contestar su pregunta: sí, se van hacer los sumarios correspondientes para efectos de determinar si el proceso de otorgamiento de beneficios fue objetivo y si hubo irregularidades.

-Y si se concluyera que sí hubo irregularidades, ¿qué se hace?

Se aplica el Estatuto Administrativo que establece las sanciones. Eso lo determina el fiscal administrativo después de su investigación.

-¿Y la responsabilidad recae en el jefe de la unidad en que estaba privado de libertad Patricio Ahumada?

No necesariamente. Eso será producto de la investigación. Si el sumario arroja que hay responsabilidad, evidentemente. Ahora, la lógica nos indica que una de las responsabilidades principales es la del jefe de la unidad, porque además es el presidente del Consejo Técnico.

-En los casos anteriores, el de Carlos Alberto Almendra y Carlos Deformes, ¿se hizo sumario administrativo? ¿La psicóloga que hizo el informe positivo del reo que incurrió en violación aún sigue siendo funcionaria de Gendarmería?

Sí. Los sumarios están en proceso y evidentemente mientras duren hay que respetar el principio de presunción de inocencia. Respecto de la sicóloga, mientras el fiscal no determine una sanción, ella no tendría ninguna razón para dejar de trabajar en Gendarmería. Más aún en el caso de esta persona, que por lo que salió en algunos medios de prensa, fue involucrada sentimentalmente con el reo, cosa totalmente falsa y que le ha traído problemas personales.

-Para alguien que tiene acceso al historial penal y judicial de Patricio Ahumada puede ser incomprensible que haya gozado del beneficio de salida en libertad por el fin de semana. ¿Qué explicación tiene usted para ello? (Link a historial judicial)

Hay cosas que como sociedad tenemos que entender estemos de acuerdo o no: las violaciones a los derechos más graves se sancionan con una pena privativa de libertad; y el Derecho Penal es el derecho de última frontera. Cuando la persona cumple su condena, el ya pagó su deuda con la sociedad. En dogmática penal podríamos decir: “el está en paz con la sociedad, ya cumplió su condena”, y no puede ser condenado nuevamente ni sancionado por ese hecho. Por tanto, a lo que tenemos que remitirnos como institución, es a la condena que actualmente está cumpliendo esa persona. Porque esas condenas anteriores fueron tomadas en cuenta al momento que recibió su última condena. Ahí están las circunstancias agravantes de responsabilidad criminal contempladas en el Código Penal que los jueces de garantía u oral en lo penal consideran para efectos de determinar la pena una vez que la persona es considerada culpable.

Nosotros recibimos a una persona condenada con todos estos antecedentes y como institución, yo me tengo que preocupar de la condena que está cumpliendo hoy esa persona y analizar y tomar en consideración su conducta durante todo el tiempo que esté cumpliendo esa condena. Insisto, si Ahumada tuvo una buena conducta, demostró disposición al cambio, como es matricularse en un instituto para nivelar sus estudios; si se sometió a todos los requisitos que están regulados en nuestra legislación, yo no puedo negarle su beneficio, no importa el delito por el cual haya sido condenado. Yo no puedo discriminar arbitrariamente una persona. Que los procesos hay que corregirlos, evidente; pero estas políticas generales de cumplimiento de condena no pueden paralizarse. Como sociedad no nos podemos olvidar por 5, 10 ó 15 años, por el tiempo que dura la condena, de las personas que están cumpliéndola y acordarnos de ellos sólo cuando egresan. Porque si no se acercó paulatinamente a su libertad, si no tuvo oportunidades laborales ni de relacionarse con su familia, después que cumple su condena lo más probable es que esa persona va a reincidir.

-¿Qué grado de importancia le otorga usted a los beneficios en la reinsersión de los presos?

Es una herramienta de reinserción sumamente potente ya que está demostrado a nivel internacional que en la medida que el condenado se enfrenta gradualmente a su proceso de libertad, tiene mayores posibilidades de reinserción versus el interno que cumple su condena de principio a fin. Así están configurados los consejos técnicos y así funcionan. De esa forma, Gendarmería puede tener un control respecto del condenado que está haciendo uso de un beneficio: lo puede ir siguiendo en su proceso. Y está también el beneficio de salida dominical, de fin de semana y de salida controlada al medio día. Desde el año pasado tenemos un instrumento jurídico nuevo: el estatuto laboral del condenado que establece el permiso diario de salida para trabajar.

-¿Cuáles son las estadísticas que ustedes manejan respecto de este aspecto esencial que son los beneficios penitenciarios en vista de la reinserción?

Y sí, tenemos un dato duro que usted puede chequear: entre aquellos que cumplen condena privados de libertad desde el día uno hasta el último de su pena, la tasa de reincidencia es de un 50 %. Y está el otro universo: la gente que cumple su condena en libertad, a través de medidas alternativas como remisión condicional de la pena, libertad vigilada y reclusión nocturna, la tasa de reincidencia es del 27 por ciento.

Una persona que comete un delito de robo con intimidación, en que la pena parte en 5 años y un día, y no tiene antecedentes anteriores y colabora con la investigación, va a tener una pena de 3 años y un día y lo más probable es que va a cumplir esa pena en libertad.

-Eso significa otra mirada totalmente distinta sobre cumplir condenas en la cárcel como única salida.

Como sociedad tenemos que entender que la cárcel no es la única solución para el conflicto penal. Y por eso nuestro gobierno esta modificando la Ley 18.216. ¿Para que?: para que tengamos un sistema de cumplimiento de pena más eficiente y efectivo. Y junto con la remisión condicional de la pena, se agrega la libertad vigilada intensiva, la prestación de servicios en favor de la comunidad, la reclusión parcial domiciliaria y la expulsión de los extranjeros.

Pero también esta ley, en un tiempo de tres años, proyecta lo que se llama la pena mixta, es decir, que la persona va a cumplir un tiempo su pena privada de libertad, y si cumple ciertos requisitos y pasado un tiempo, cumplirá su pena con libertad vigilada. Y ahí sí va a haber una intervención más directa por parte de Gendarmería. Nosotros no nos quedamos solamente en el problema, tratamos de solucionarlo. Estos cambios no pueden ser de un año para otro. Porque hay que entender que Gendarmería ha sido completamente abandonada por el Estado y la sociedad en cuanto a la inyección de recursos, infraestructura, capacitación de profesionales, etc.

-¿Qué balance saca Gendarmería de estos tres casos de personas que gozaban de beneficios penitenciarios y que protagonizan actos de extrema violencia en los tres primeros meses de este año?

Lo negativo es el cuestionamiento de uno como profesional respecto de estos hechos. Sobre todo lo que dice al sufrimiento de las familias que se han visto involucradas en estos tres hechos. Hay un cuestionamiento como profesional y como persona. En segundo lugar, hay que reconocer que el proceso a lo mejor es imperfecto y tener la voluntad de no echarle tierra para llegar y decir: “se terminan los beneficios”. Así pasaba antes y se aplicaba con eso un castigo adicional al resto de la población penal. Creo que lo que debemos hacer es lo contrario: tener la visión de decir este es el camino correcto, por la experiencia comparada, pero tenemos que mejorar los procesos para disminuir los riesgos. Y eso sí es un problema de la sociedad completa. Porque el riesgo siempre va a estar presente, no importa si yo tenga los mejores psicólogos forenses del país. Porque hay que saber que si bien a nosotros nos exigen muchos resultados, en psicología forense estamos retrasados 30 años con respecto al resto del mundo. Es un problema que tiene que recoger la sociedad. Nosotros estamos trabajando en revertir esta situación, pero como política publica, los beneficios penitenciarios son necesarios y dan buenos resultados.

http://ciperchile.cl/2012/04/04/crimen-de-zamudio-devela-errores-de-gendarmeria-que-en-tres-meses-terminaron-con-dos-homicidios-y-una-violacion/