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viernes, 20 de julio de 2012

Las pruebas de la participación de los jefes del SII en el “perdonazo” a Johnson’s


JULIO PEREIRA Y MARIO VILA, EX SOCIOS DE PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC)

Las pruebas de la participación de los jefes del SII en el “perdonazo” a Johnson’s






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En la antesala de la discusión del proyecto de reforma tributaria del gobierno, CIPER entrega documentos, testimonios y el detalle del proceso que acreditan que el director de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, y su subdirector jurídico, Mario Vila, participaron en el polémico “perdonazo” a Johnson’s. Si la reforma propuesta por La Moneda apunta a recaudar US$ 700 millones, el hecho de que a Johnson’s se le hayan condonado US$119 millones en condiciones poco transparentes, repone en la agenda la discrecionalidad con que se administran los beneficios tributarios para las grandes empresas.
Hasta el sábado 2 de junio el debate sobre el sistema tributario chileno se centraba exclusivamente en determinar si los impuestos que se cobran en el país son bajos, justos o excesivos. Lo que quedaba fuera de toda discusión eran la neutralidad y equidad de la entidad encargada de cobrarlos. Desde la creación, en 1902, del primer órgano fiscal de recaudación tributaria, transcurrieron 110 años de historia que fraguaron la imagen férrea e imparcial del Servicio de Impuestos Internos (SII). Hasta ese primer sábado de junio pasado, el SII gozaba de su fama de cobrador implacable y los chilenos tenían la certeza de que todo aquel que cayera en falta -desde el dueño de un kiosco hasta el más poderoso de los empresarios-, enfrentaría el rigor de la ley.
Pero el 2 de junio esa imagen se trizó. Ese día, el vespertino La Segunda lanzó una bomba cuyas esquirlas hicieron múltiples mellas en los cinco “principios y valores” que el SII pregona como orientadores de su labor: excelencia, probidad, compromiso, respeto y equidad. En un extenso artículo,La Segunda informó que en octubre del año pasado el SII había condonado a la multitienda Johnson’s cerca de $59 mil millones (unos US$119 millones) de intereses y multas originados por deudas tributarias que en gran medida se arrastraban desde 2001, aunque algunas, incluso, provenían de los años 80.
La operación quedó bajo la lupa del escrutinio público cuando se supo que, al tirar la raya para la suma final, Johnson’s sólo pagó un total de US$ 8 millones al SII, equivalentes a menos de un 7% del monto que le fue condonado. La necesidad de una explicación aumentó cuando se informó que la multitienda, poco después del cuantioso “perdona vidas” y ya saneada de sus deudas tributarias, fue comprada por Cencosud.
Efectivamente, en la Memoria 2011 de Cencosud se informó que la compañía del mega empresario Horts Paulmann adquirió el 85,58% de Johnson’s en $ 32.606 millones (unos US$ 66 millones). Es decir, los dueños de la multitienda –familia Calderón- pagaron US$ 8 millones en impuestos que adeudaban, se ahorraron US$ 119 millones en multas e intereses, y luego la vendieron en US$ 66 millones.
El director del SII, Julio Pereira, fue llamado a dar explicaciones a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Pocos días después, la misma Cámara acordó crear una comisión investigadora. En ese escenario candente, el diputado Fuad Chahín (PDC), lanzó un nuevo misil al asegurar que ex asesores tributarios de Johnson’s ahora ejercían cargos directivos en el SII, por lo que se debía investigar posibles “conflictos de interés”:
-Profesionales que asesoraron a Johnson’s en juicios contra el SII después entraron a Impuestos Internos y están en altos cargos, en la plana mayor. Indudablemente, hay que despejar la duda razonable de que pueda haber un conflicto de interés, porque la plana mayor evidentemente tuvo no sólo conocimiento, sino también injerencia directa en este proceso -dijo Chaín a la Radio de la Universidad de Chile.
Sin mencionarlos, Chaín se refería al director del SII, Julio Pereira, y al subdirector jurídico del mismo Servicio, Mario Vila. Antes de entrar al SII en 2010, convocados por el gobierno de Sebastián Piñera, Pereira y Vila fueron socios del área tributaria de la auditoraPricewaterhouseCoopers (PwC), la misma que está siendo investigada por su responsabilidad en el fraude de La Polar. PwC asesoró a Johnson’s en la agresiva estrategia tributaria para evitar el pago de impuestos que adoptó esa multitienda en 2001 y que el SII cuestionó en 2004, lo que le significó a la compañía arrastrar juicios por impuestos impagos durante casi ocho años, hasta que la condonación la benefició con un borrón y cuenta nueva.
Aunque el SII ha señalado que las sospechas de conflictos de interés son infundadas y que tanto Pereira como Vila no participaron en el tema de Johnson’s, CIPER tuvo acceso a diversos documentos -correos electrónicos, minutas internas del SII y un acta de sesión de directorio de la multitienda- que demuestran que ambos estuvieron informados de los detalles de la operación y que participaron en el proceso que culminó con la extraordinaria condonación. Incluso, los documentos apuntan a que Mario Vila inicialmente dio luz verde a negociar una fórmula de arreglo -diseñada con documentos elaborados por PwC- para que Johnson’s pagara aún menos de lo que finalmente canceló.

LA NÓMINA DE LOS OCHO

En 2001 varias empresas de la nómina de grandes contribuyentes, entre ellas Johnson’s, compraron compañías que quebraron y virtualmente desaparecieron a comienzos de los años 80. Estas sociedades milagrosamente volvieron a la vida después de 20 años, declarando pérdidas por miles de millones de pesos originadas en impagos que arrastraban desde 1981-82, acrecentados por reajustes y correcciones monetarias (ver recuadro). Johnson’s utilizó una de esas sociedades “zombis”, como las denominó un detallado reportaje de The Clinic, y pasó a exhibir una pérdida multimillonaria. Así, hizo declaraciones en las que ya no sólo dejaba de pagar tributos, sino que el Fisco incluso debía devolverle dinero.
Uno de los artífices de esta agresiva estrategia tributaria fue PwC, bajo la batuta del abogado Mario Vila. La Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) del SII objetó en 2004 el uso de estas pérdidas adquiridas con el único propósito de rebajar impuestos. Incluso, llevó un caso, el de Vital S.A., a la justicia ordinaria. En ese proceso consta una declaración de Vila de 2004, en la que el actual subdirector jurídico del SII no sólo defiende estas planificaciones tributarias -que significaban una multimillonaria pérdida para el Fisco-, sino que reconoce que esas operaciones se hacían con el único objeto de no pagar tributos. En la misma época Vila comenzó a defender a Johnson’s, cuando el SII llevó a la multitienda a la justicia tributaria para obligarla a pagar los impuestos que pretendía eludir usando esta misma vía.
Después de que el diputado Chahín hizo públicas sus sospechas, el SII lanzó una ofensiva para aquietar las aguas. El 13 de junio La Segunda informó que el SII desmintió que Vila hubiese participado en el proceso que culminó con la condonación a Johnson’s. La nota del vespertino agregó que el SII reconoció que durante la década pasada Vila representó a Johnson’s en sus litigios con el SII, pero que por la misma razón se había inhabilitado en el proceso de negociación entre la entidad fiscal y la compañía.
La información proporcionada por el SII a La Segundadestacó que la condonación no fue firmada ni por Pereira (que estaba fuera de Chile) ni por Vila (que lo subrogaba), sino por el subdirector normativo del SII, el funcionario de carrera Juan Alberto Rojas. El artículo agregó que el SII informó que en la decisión de condonar el 99% de las multas e intereses a Johnson’s habían intervenido, única y exclusivamente, ocho funcionarios de carrera: Mirtha Barra, Norberto San Martín, Elena Amaya, Iván Beltrand, Hugo Horta, Lucio Martínez, María Teresa Sánchez y Patricio Soto.
Esa nota aparecida en La Segunda del 13 de junio, aunque no identifica a su fuente, es la única información pública aportada hasta ahora por el SII que individualiza a quienes presuntamente debiesen cargar con la responsabilidad del “perdonazo” a Johnson’s. En el gabinete del director del SII se informó a CIPER que los datos difundidos en ese breve artículo del vespertino fueron aportados por esa repartición, con autorización del director Pereira. Es decir, la versión oficial del SII es que Pereira y Vila nada tuvieron que ver con el proceso de negociación ni con la condonación, que Vila incluso se inhabilitó y que los responsables son los ocho funcionarios cuyos nombres se hicieron públicos por decisión del mismo Pereira.
La nómina difundida por La Segunda causó desazón entre los funcionarios del SII y entre los expertos que se dedican a la asesoría tributaria de grandes compañías. Esto, porque varios de los mencionados (Barra, San Martín, Amaya y Soto) tienen cargos de jefatura en la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) y durante años objetaron y persiguieron planificaciones tributarias como las de Johnson’s, enfrentándose a abogados como Vila. Fueron ellos los que llevaron a la multitienda al tribunal tributario y hasta 2011 se negaron a suscribir algún acuerdo que le permitiera pagar menos impuestos.

SESIÓN DE DIRECTORIO

Las versión oficial del SII acerca de que Vila se inhabilitó en el proceso choca de frente con el acta de la sesión ordinaria del directorio de Johnson’s realizada el 9 de marzo de 2011 (vea acá el documento). El acta lleva las firmas de los directores Enrique Cibié, Miguel Zlatar, Luis Fernando Pacheco, Eduardo Morales y Andrés Eyzaguirre. Bajo el último subtítulo,“Temas varios”, se lee:
“Informa el Sr. (Eduardo) Morales que recibió un llamado del Sr. Mario Vila del SII en relación con las conversaciones mantenidas con el Servicio y que esperaba que dentro de esta semana se produjera una reunión, cosa que confirmó el Sr. (Luis Fernando) Pacheco.
“Sobre la base de lo anterior, el Sr. Pacheco estima conveniente suspender por ahora la propuesta de Carey y Cía., dando tiempo para revisar y evaluar detenidamente la propuesta de honorarios.
“Además, informó que los bancos dejaron en libertad a Johnson’s para manejar, resolver y acordar temas tributarios. Una vez que se analicen las opciones, se presentarán a los bancos”.
El documento deja en evidencia tres cosas. La primera es que los bancos acreedores de la multitienda -en representación de lo cuales figuraba Luis Fernando Pacheco en el directorio-, estaban interesados en resolver el problema de los impuestos y que el visto bueno para cualquier acuerdo con el SII lo darían ellos. Más adelante quedará demostrado que el interés de los bancos por apurar la resolución de las diferencias con el SII se debía a la oferta de compra que estaba haciendo Cencosud, la que sólo se concretaría si se saneaba la situación tributaria, permitiendo a los bancos recuperar el dinero que les debía Johnson’s.
En segundo término, el acta demuestra que el directorio de Johnson’s estaba estudiando reemplazar la asesoría tributaria de PwC por la del estudio Carey y Cía. Y, en tercer lugar, que en ese contexto de decisiones urgentes, con la posibilidad de que PwC saliera del negocio, Mario Vila llamó a Eduardo Morales, director y fiscal de Johnson’s, para hablar sobre el conflicto de la multitienda con el SII y coordinar una reunión que permitiera avanzar hacia un acuerdo.
Morales dijo a CIPER que el contacto que sostuvo con Vila al que se hace referencia en el acta, fue un diálogo en que el subdirector jurídico del SII sólo le comunicó que no podía hablar sobre el tema porque estaba inhabilitado. El fiscal de Johnson’s aseguró también que PwC nunca asesoró a su compañía en materia tributaria, sino que se limitó a representar a la empresa ante la justicia tributaria.
La versión de Morales resulta curiosa, porque sólo 20 días después de la sesión de directorio reseñada en el acta, él mismo envío un correo electrónico a Vila -quien supuestamente le había dicho que no podía tocar el tema- para poner en marcha un nuevo intento de arreglo con el SII. El correo está fechado el 29 de marzo de 2011 y en él, Morales le adjunta a Vila un set de documentos preparados por el área de asesoría tributaria de PwC, la misma auditora que según Morales nunca asesoró a la multitienda.
El mensaje de Morales a Vila parte con la sugerente frase “de acuerdo a lo solicitado” y adjunta los documentos que servirían de base para hacer una propuesta de arreglo al SII (vea una copia del correo).

UN BY PASS A LA DGC

El correo que envió Morales a Vila fue posteriormente derivado a Hugo Horta, encargado de Medianas y Grandes Empresas de la Subdirección de Fiscalización del SII, quien a su vez lo reenvío a la funcionaria María Teresa Sánchez, del SII Santiago Oriente, para consultar su opinión sobre la propuesta que estaba haciendo Johnson’s para resolver el conflicto. La idea era que la negociación con Johnson’s la asumiera la unidad que dirigía Horta, lo que resulta a lo menos curioso, pues desde que se inició el conflicto entre la multitienda y el Servicio, en 2004, el caso lo había llevado en exclusiva la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC).
El fiscal de Johnson’s, Eduardo Morales, asegura que esto no se hizo con la intención de sacar del camino a la DGC. Morales afirmó a CIPER que ingresaron la propuesta en la Subdirección Jurídica, que dirige Vila, por error: “Nos equivocamos nosotros, porque consideramos que era una cosa jurídica, no tanto de grandes contribuyentes. Entró con Mario Vila porque nosotros lo conocíamos. O sea, yo voy donde quien conozco”.
Lo que Morales omite es que la DGC siempre se opuso a un arreglo con Johnson’s que permitiera a la multitienda dejar de pagar alguna parte de los impuestos que el SII le estaba cobrando, pues exigía como piso para cualquier negociación que la compañía cancelara todos los tributos pendientes. En ese contexto, Johnson’s sólo podía aspirar a una rebaja de las multas e intereses.
Pero la propuesta que Morales hizo llegar a Vila y que finalmente aterrizó en el escritorio de Horta, precisamente implicaba que Johnson’s dejara de pagar una parte de los tributos que reclamaba el SII. Esto, porque la multitienda pedía que le aceptaran hasta 2011 el uso de las pérdidas que había adquirido al comprar una sociedad “zombi”.
-Nosotros queríamos poner término a los juicios (tributarios) mediante desistimientos y que el SII no nos cobrara nada -señaló Eduardo Morales a CIPER.
La fórmula colisionaba con el criterio exhibido por la DGC durante casi una década.
La funcionaria María Teresa Sánchez reenvío el correo con la propuesta de Johnson’s a Patricio Soto, uno de los especialistas de la DGC que lideró el trabajo para detectar a las empresas que intentaron usar pérdidas cuestionables. Lo hizo para consultarle en qué pie estaba la situación de la multitienda. Fue así como en la DGC se enteraron de que se había puesto en marcha una negociación con Johnson’s que circulaba por un by pass que, por primera vez, los dejaba fuera de la mesa.
Esta propuesta naufragó finalmente en una reunión entre representantes de Johnson’s y funcionarios del SII que se realizó en el séptimo piso de la subdirección que encabeza Vila, en calle Almirante Gotuzzo 124. En esa cita estuvieron Hugo Horta, Patricio Soto, María Teresa Sánchez y Lucio Martínez (subordinado de Vila), por el SII. Enfrente, figuraron Luis Fernando Pacheco (hombre de confianza del grupo Luksic y representante de los bancos) y Eduardo Morales. Uno de los asistentes a la reunión dijo a CIPER que fue Horta el que rayó la cancha y pulverizó la propuesta, pues señaló que el piso para negociar un arreglo era que Johnson’s pagara todos los impuestos que, a juicio del SII, aún adeudaba.
-Nosotros siempre dijimos que no debíamos plata, pero ellos no aceptaron ninguna propuesta que significara no pagar -dijo Morales a CIPER, al explicar por qué no prosperó esa fórmula.
Tras la negativa del SII, a comienzos de abril entró a la cancha Carey y Cía., que asumió la representación de Johnson’s ante el SII. El abogado de ese estudio, Alex Fischer, encaró la negociación reinstalándola en la ruta lógica: la DGC. El 5 de abril de 2011, Fischer envió un correo electrónico a Vila y al entonces director de la DGC, Bernardo Marchant, solicitando una reunión de acercamiento.
Aunque supuestamente Vila se había inhabilitado para participar en las conversaciones entre el SII y Johnson’s, el correo enviado por Fischer indica lo contrario. El mensaje parte señalando que Luis Fernando Pacheco (director de la multitienda) ya se había comunicado con Vila para informarle que Carey y Cía. asumiría las negociaciones: “Entiendo que Luis Fernando Pacheco ya les comentó que fuimos formalmente contratados por Johnson’s para estudiar todos los temas que la empresa tiene pendientes con el SII (…)”.(vea el correo de Fischer y su reenvío).
Si Vila le hubiese manifestado a Pacheco que estaba inhabilitado, difícilmente Fischer le habría escrito para coordinar una reunión. Por lo demás, lejos de automarginarse, el propio Vila le reenvió el correo a Marchant, dándole instrucciones para que se hiciera cargo del tema, lo que evidencia que seguía interviniendo: “Bernardo, de acuerdo a lo conversado (…) el tema deberá ser abordado por ti, la SDF (Subdirección de Fiscalización) y por la SDJ (Subdirección Jurídica) la persona será Lucio (Martínez)”.
Ya instalada en la DGC, la negociación entre el abogado de Carey y los funcionarios del SII entró en tierra derecha. Johnson’s, por primera vez, aceptaba la condición de la DGC de pagar todos los impuestos que el SII le estaba cobrando. En ese contexto, el director de la DGC, Bernardo Marchant, dejó ese cargo y lo sucedió Mirtha Barra, quien venía de la Dirección Regional del SII en Rancagua. Ella asumió su nuevo puesto el 16 de agosto de 2011 y sólo tres días después participó en una reunión con Julio Pereira y Mario Vila -que supuestamente estaba inhabilitado- donde, entre otros temas, se revisó el caso de Johnson’s y se le entregaron instrucciones respecto de cómo apurar el cierre del conflicto con la multitienda.
Esa cita del 19 de agosto fue coordinada por el subdirector de fiscalización, Iván Beltrand (vea la convocatoria). En el mensaje de la citación se lee que el asunto a tratar es: “Temas Codelco, ANFP, Johnson’s, varios y bienvenida”. Los convocados: Iván Beltrand, Mario Vila y Mirtha Barra. No obstante, a la cita, sorpresivamente, también concurrió el director Pereira.
En esa reunión se instruyó a Mirtha Barra para que cerrara prontamente el conflicto con Johnson’s y se le dijo que la multitienda estaba dispuesta a pagar hasta US$ 8 millones. Por esa razón, se le pidió que hiciera todas las coordinaciones para calcular cuánto de esa cifra se debía destinar a pagar impuestos. Con el saldo se pagarían los intereses y multas, por lo que la operación requeriría una alta condonación. Ya en esa reunión, en agosto de 2011, con Pereira y Vila presentes, se habló de una condonación que bordearía el 98%.
Mirtha Barra volvió de esa reunión explicando a sus subalternos el nuevo escenario. Los funcionarios que venían negociando con Johnson’s ya habían hechos cálculos aproximados y sabían que los impuestos que se estaban cobrando a la multitienda bordeaban precisamente los US$ 8 millones, por lo que de inmediato comprendieron que la condonación sería casi total.
Se encargó entonces al jefe del Departamento de Fiscalización de Grandes Empresas Nacionales de la DGC, Norberto San Martín, que calculara los impuestos que debía cancelar Johnson’s con el límite de la instrucción recibida: US$ 8 millones como monto máximo de pago. San Martín entregó una minuta el 26 de agosto, donde proyectó que la empresa debía pagar unos US$ 4,75 millones en impuestos de primera categoría y alrededor de US$ 3,2 en impuestos adicionales, por lo que, según sus cuentas, se requería una condonación de intereses y multas de alrededor de 98 por ciento.
Como el límite de pago que se había impuesto a Barra implicaba una condonación superior al 66%,de acuerdo con la Circular 42 requería la autorización del director del servicio, quien siempre estuvo informado de los alcances de la negociación. Así lo comprueban una intervención que el mismo Pereira hizo en el Senado y varios correos electrónicos.
El 4 de julio pasado, Julio Pereira concurrió al Senado para explicar los alcances del acuerdo entre el SII y Johnson’s. En la sala de la Cámara Alta, el director del SII entregó un antecedente que indica que estaba al tanto de los términos de la condonación. En su presentación, Pereira hizo una pregunta retórica: “¿Cuál fue la posición del servicio, del sucrito y de otros de sus directores que participaron? Establecer como requisito sine qua non de la condonación, el desistimiento de la totalidad de los juicios por las pérdidas que esa empresa mantenía con Impuestos Internos”. La respuesta, que indica que Pereira discutió los términos de la condonación, causó sorpresa entre el público apostado en las tribunas, donde había varios dirigentes gremiales del SII.
Respecto de los correos que demuestran que Julio Pereira estuvo involucrado en el proceso, el primero está fechado el 4 de octubre de 2011 y fue enviado por Mirtha Barra a Pereira (vea el correo). En él, la directora de la DGC le informó de una reunión que sostuvo con el director de Johnson’s, Luis Fernando Pacheco, en la que éste le explicó por qué la multitienda no pagó el 30 de septiembre los impuestos pendientes, como se había acordado previamente; y le solicitó que se mantuviera en pie la fórmula de arreglo para finiquitar el conflicto en octubre. Este correo demuestra que Pereira sabía que la condonación sería del orden del 98%:
“Señaló (Pacheco) a grueso modo que si bien en la junta de accionistas no obtuvieron los fondos, la negociación con los bancos sigue en curso y esta semana se podría concretar la oferta de compra de la empresa (efectivamente, el 7 de octubre Cencosud firmó la carta de intención para ingresar a la propiedad de Johnson’s), situación que en definitiva llevará a cerrar también el tema tributario.
“Por lo anterior, me solicitó (Pacheco) poder mantener en pie para este mes en curso, la solicitud verbal existente de petición de condonación de intereses y multas de impuestos que conocemos”.
Diez días después, Mirtha Barra despachó un correo al subdirector de fiscalización, Iván Beltrand, que también demuestra que Pereira estaba al tanto de las negociaciones (vea el correo). En ese mensaje, ella le indica que representantes de Johnson’s y de la banca acreedora de la multitienda le pidieron a Pereira que agendara una reunión con los funcionarios de la DGC. A esa cita asistió el gerente general del Banco de Chile, Arturo Tagle, con el único objeto de que la DGC le ratificara que el acuerdo limitaba el pago a US$ 8 millones. En la tarde del día anterior, 13 de octubre, Pereira había llamado a Barra para entregarle un número telefónico en el que podía ubicar a Tagle para coordinar la reunión.
Finalmente, el jueves 20 de octubre, Mirtha Barra envió un escueto correo a Pereira (vea el correo). El texto sólo tiene 12 palabras, pero es una prueba maciza sobre el nivel de conocimiento que el director del SII tenía respecto de esta operación: “Existe una alta probabilidad de que mañana nos paguen. Lo mantendré informado”.

La contraparte de las grandes empresas en el SII

Durante los últimos 11 años, los funcionarios de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (DGC, creada en 2001) han tenido como objetivo central frenar planificaciones tributarias agresivas, diseñadas por auditoras y estudios de abogados para que las grandes empresas pagaran la menor cantidad de impuestos posible.
Una de estas planificaciones consistió en fusionar compañías sanas con empresas de papel que no tenían movimientos financieros desde los ‘80 y acumulaban pérdidas cuantiosas. Esta estrategia se puso de moda a fines de los ‘90, promocionada por asesores tributarios que la ofrecían a grandes compañías que buscaban eludir impuestos. Entre estos asesores el que concretó más operaciones de este tipo fue PricewaterhouseCoopers (PwC).
En 2000, una luz de alerta se encendió en el SII. El hombre que identificó el ardid y puso en marcha un sistema para frenarlo fue Norberto San Martín, entonces jefe del Departamento de Fiscalización de Grandes Empresas. San Martín lideró un equipo que intentó persuadir internamente al SII de que, aunque la ley no lo prohibiera, el uso de estas sociedades “cascarón” constituía evasión tributaria. Así, convenció a René García, entonces subdirector normativo, de que lo ayudara a generar normas que limitaran los efectos de estas planificaciones. Surgieron dos oficios claves: el 164, que establece que el SII puede revisar las pérdidas de ejercicios anteriores en la medida en que el contribuyente las trae al ejercicio actual; y el 3066, que regula la corrección monetaria y los reajustes que se suman a la pérdida.
Armados con estos dos oficios, Norberto San Martín y Patricio Soto, lideraron un equipo con miembros de distintas direcciones regionales que se instaló en el zócalo de Amunátegui 66, donde funciona la DGC. Allí revisaron alrededor de 700 empresas sospechosas de usar pérdidas cuestionables.
Luego de un primer barrido, la nómina se redujo a cerca de 250 empresas. Finalmente, fueron poco más de 60 las que efectivamente habían usado sociedades “zombis”. Alrededor de 53 accedieron a pagar los impuestos adeudados en alguna de las etapas de fiscalización administrativa o cuando ya estaban en la justicia tributaria. Varias terminaron aceptando las condiciones de la DGC, apuradas porque querían salir a la Bolsa, emitir bonos o vender parte de la propiedad, y requerían sanear la situación tributaria. Menos de diez empresas se resistieron a renunciar por completo a las pérdidas de las sociedades “cascarón”.
Una de esas empresas fue Johnson´s y su representante ante el SII y la justicia tributaria era el entonces abogado de PwC, Mario Vila, actual subdirector jurídico del organismo fiscal. Mario Vila proponía que el SII aceptara que la multitienda descontara impuestos por las pérdidas que acumulaba la sociedad que había comprado, cuya contabilidad había sido revisada por PwC. Pero la DGC siempre le dio la misma respuesta: “No”.

La respuesta de Julio Pereira y Mario Vila a las preguntas de CIPER

CIPER solicitó formalmente entrevistas con Julio Pereira, director nacional del SII, y Mario Vila, subdirector jurídico del mismo servicio, para que aclararan su participación en el proceso de condonación de Johnson´s. El SII puso como condición que las preguntas fueran enviadas para ser respondidas por escrito. El cuestionario fue el siguiente:
Preguntas para el director del SII Julio Pereira.
1.- ¿Participó usted en reuniones en el Servicio de Impuestos Internos en que se discutió la situación tributaria de Johnson´s?
2.- ¿Fue usted informado de los avances de la negociación entre Johnson´s y el SII? ¿Fue informado de la forma en que se resolvió la negociación?
3.- ¿Supo usted antes de que se firmara la condonación que ésta sería del orden del 98%? De ser así, ¿cuándo y cómo lo supo?
4.- ¿Quién fijó el criterio de que la negociación con Johnson´s debía enmarcarse en el pago de unos US$ 8 millones? ¿Cómo se llegó a esa cifra?
5.- Mientras usted estuvo en PricewaterhouseCoopers, ¿fue superior o subalterno de Mario Vila cuando éste representaba los intereses de Johnson´s frente al SII o la justicia tributaria? ¿Tomó conocimiento de las gestiones que hacía Mario Vila a favor de Johnson´s mientras estaba en PwC?
Preguntas para el subdirector jurídico Mario Vila.
1.- ¿Tomó usted contacto con ejecutivos o representantes de Johnson´s durante el proceso en que el SII revisó la situación tributaria de la empresa? De ser así, ¿cuándo y con qué objeto?
2.- ¿Recibió usted documentos de Johnson´s relacionados con su situación tributaria desde que asumió la subdirección jurídica del SII? De ser así, ¿cuándo y por qué?
3.- ¿Firmó usted algún documento inhabilitándose de participar del proceso de acuerdo para el pago y condonación de Johnson´s? De ser así, ¿podría enviarnos una copia?
4.- ¿Impartió usted instrucciones para que algún departamento o funcionario del SII se hiciese cargo de la negociación con Johnson´s?
5.- ¿Fue usted informado del avance de las negociaciones con Johnson´s?
6.- ¿Puede confirmar si es efectivo que en un documento se establece que PricewaterhouseCoopers recibiría un pago si el SII aceptaba que Johnson´s usara las pérdidas tributarias de las sociedades adquiridas por la compañía?
7.- ¿Quién fijó el criterio de que la negociación con Johnson´s debía enmarcarse en el pago de unos US$ 8 millones? ¿Cómo se llegó a esa cifra y quién la fijó?
La respuesta oficial del SII fue la siguiente:
El Servicio de Impuestos Internos señala a Ciper Chile que de conformidad al procedimiento existente en materia de condonaciones, es la Dirección Regional correspondiente o bien la Dirección de Grandes Contribuyentes, la autoridad competente por Ley para, por una parte, condonar intereses y multas y, por otra, en el evento que lo estime fundadamente, solicitar autorización a la Dirección Nacional para otorgar un monto de condonación superior al 66% establecido en la Circular 42 de 2006, que es el porcentaje de condonación al que puede tener acceso automático cualquier contribuyente por Internet.
En definitiva, tanto los porcentajes como los fundamentos de una condonación superior a los límites automáticos establecidos en las instrucciones del SII, emanan de las respectivas unidades operativas antes mencionadas.
En el caso en particular sobre el que se pregunta, además de la Dirección de Grandes Contribuyentes, y con la finalidad de resguardar el interés fiscal, se constituyó un equipo técnico multidisciplinario de análisis.
El análisis técnico y jurídico efectuado por el equipo antes señalado, fue base de la fundamentación para la condonación a que se hace referencia, que tuvo dos condiciones básicas previas a su autorización: la firma en cuestión debía desistirse de todos los juicios contra el fisco y renunciar a su pretensión de que el SII le reconociera varios cientos de millones de dólares en pérdidas tributarias.
De conformidad a las instrucciones administrativas vigentes, toda solicitud de autorización de condonación debe señalar el monto de los impuestos adeudados, los reajustes correspondientes, los intereses y multas aplicables y el porcentaje de condonación sugerido con sus fundamentos.
Respecto del tema de fondo, en el caso de Johnson´s se eliminaron todas sus pérdidas tributarias (que dan derecho a solicitar devoluciones y/o no pagar impuestos por rentas), lo que implica que se obligó a hacer término de giro del RUT, asegurando que no hubiese ningún beneficio tributario para un eventual comprador. Esto implica que en este caso se maximizó el beneficio del interés fiscal, obteniéndose un beneficio de alrededor de 14.000 millones de pesos, según se señaló en una presentación efectuada al Senado.
Es importante recordar que una parte muy relevante de las condonaciones corresponden al desistimiento voluntario del contribuyente de juicios pendientes de resolución.




http://ciperchile.cl/2012/07/20/las-pruebas-de-la-participacion-de-los-jefes-del-sii-en-el-%E2%80%9Cperdonazo%E2%80%9D-a-johnson%E2%80%99s/

Sustentabilidad: el gran ausente en el debate sobre la Ley de Pesca

Por : Renato Molina en OpiniónPublicado: 20.07.2012



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Quince años demoró en aparecer el concepto de “sustentabilidad” en la legislación pesquera. Y aunque ahora está incluido en el proyecto que aún discute el Congreso, ha quedado fuera del debate público. En esta columna, el autor da un paseo por los puntos clave de la nueva norma y analiza cómo el concepto de sustentabilidad, que es supuestamente el objetivo de la ley, va quedando relegado. “La palabra sustentable no tiene poderes mágicos que transforman algún objetivo inmediatamente en sostenible a través del tiempo. Es necesario desarrollar y crear políticas que conduzcan al desarrollo de ese objetivo”, dice.
El término “Desarrollo Sustentable” fue introducido de manera formal en 1987 en el documento conocido como el “Informe Brundtland” y se define como “satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las habilidad de las generaciones futuras para satisfacer su propias necesidades”. Aunque la Ley de Pesca que rige actualmente en Chile fue creada cuatro años después, en ninguno de sus artículos menciona el término “sustentable”, a pesar de que el organismo encargado de administrar el sector en el país, la Subsecretaria de Pesca (Subpesca), recalca este concepto de manera central en su sitio web. Lo que sí incluye la ley, es el término “conservación”: el“uso presente y futuro, racional, eficaz y eficiente de los recursos naturales y su ambiente”.
Si se evalúa el desempeño de la Ley de Pesca vigente utilizando la definición del uso racional, nos encontramos con una infinidad de interpretaciones que no hacen más que validar e invalidar los distintos comentarios relacionados con el tema. Es por eso que entre las modificaciones que se han recomendado para la nueva ley que se discute en el Congreso, se incluye de manera explícita el objetivo de lograr una pesca sustentable. El concepto no es nuevo. En Estados Unidos, por ejemplo, fue incluido en 1996 a través de lo que se conoce como “The Sustainable Fisheries Act”, una legislación que derivó del colapso en las pesquerías del hemisferio norte a finales de los ‘80 yprincipios de los ‘90. Siguiendo la lógica de copiar iniciativas extranjeras –como la mayoría de las innovaciones políticas del Estado chileno–, me parece un fracaso tener un retraso de 15 años en copiar una iniciativa que parece haber dado resultados. Sobretodo si se considera que durante ese tiempo las pesquerías en Chile se han diezmado. Para 2010, los números ya se tornaban extremadamente preocupantes.
Ante ese escenario, resulta interesante que lo que menos se discuta en los medios es cómo lograr el desarrollo sustentable que exigirá ley. En cambio, el debate se ha centrado en quiénes tienen el derecho de explotar los recursos, dónde los pueden explotar y cómo lo van a hacer. Bajo el concepto previo de que la explotación debe ser de manera racional, cada argumento es igual de válido frente a los otros. Cualquier persona familiarizada con la economía de los recursos naturales sabe que dependiendo del tamaño del stock y de la tasa de descuento con la que se analice una pesquería, en algunos casos la opción óptima es extinguir el recurso. Una acción completamente racional bajo el concepto de maximizar los beneficios. Pero si le preguntamos a un conservacionista, es probable que señale su inviabilidad. Este es un claro ejemplo de que la legislación vigente tiene serios problemas semánticos. Un reflejo de ello ha sido el destinar un organismo totalmente político a cargo de la definición de cuotas, lo que podría compararse a dejar “los gatos cuidando la carnicería”.
Seguir analizando el problema bajo el concepto del uso racional resulta infructuoso, por lo que es mejor enfocar cualquier análisis en el futuro, donde por ley la pesca debe ser sustentable. En general, durante las últimas semanas el debate se ha enfocado en tres aspectos que causan la polémica: i) Licitación o derechos históricos, ii) distribución geográfica de las maniobras de pesca y iii) la sobre-explotación de los recursos. Cada uno de estos puntos es inmensamente complejo, especialmente dada la cantidad de actores que se ven afectados por la regulación pesquera, donde al final algunos tendrán que perder.

¿LICITACIÓN O DERECHOS HISTÓRICOS?

Llama la atención cómo el debate se ha transformado en una batalla desenfrenada, donde a menudo se dice: “Este señor tiene intereses formados”. Pero, ¿acaso no tenemos todos algún interés formado? Divagaciones como ésta son las que hacen que una ley termine sugiriendo el uso racional en vez de exigir por ley la sustentabilidad del uso de los recursos naturales.
Los que abogan por la licitación por lo general señalan que existen graves problemas de consolidación en el sector pesquero (industrial), situación que no es válida dado que es un recurso de todos los chilenos, y que aún más en el futuro se quieren establecer derechos vitalicios heredables. Por otro lado los que defienden los derechos históricos amenazan con la aparición de transnacionales que depredarán los recursos tal y como ha sucedido en diversas partes del mundo, y que afectará el empleo de millares de chilenos.
Bajo la definición actual, los recursos pesqueros no son de nadie y el Estado tiene como rol su administración por concepto de soberanía. Al asignar derechos de explotación, el Estado genera derechos de propiedad que son adquiridos por estos beneficiarios y que en términos legales son sujetos a indemnización en caso de expropiación. En otras palabras, las personas que adquirieron las cuotas tienen derecho sobre la explotación de estos recursos a pesar de que el mecanismo pueda ser cuestionado; como señalé anteriormente el problema radica irónicamente en definiciones legales, y no en problemas técnicos. Esto significa que los actuales usuarios tienen el derecho de apelar por capturas históricas, y que bajo las definiciones en las que operaron, estarían abogando por lo legalmente correcto.
Cuando se habla de licitación, los que defienden los derechos históricos sacan al aire dos grandes argumentos. El primero es que las experiencias de Rusia y Estonia fueron un fracaso, aunque puede ser que no sea tan así. Rusia no pudo desarrollar un sistema apropiado debido a las presiones de la industria y la pesca ilegal asociada, mientras que en Estonia la experiencia no es catalogada como negativa, sino como un ejemplo para incrementar la eficiencia de una pesquería para reducir la sobrecapacidad de pesca. El segundo argumento se refiere a que el Tribunal de Defensa para la Libre Competencia (TDLC) ya señaló que la subasta de las cuotas no es necesaria en Chile.
La incertidumbre que genera este debate no ayuda a establecer un mercado que, como dirá la Ley, fomente el desarrollo sustentable de la industria pesquera. Tal vez, el reconocimiento de desembarques históricos y la asignación de derechos transables (por 10 a 20 años) en conjunto con la licitación de un 50% de la cuota industrial podría ser un acercamiento que rendiría mayor retribución al Estado y podría dinamizar un mercado que parece más una reunión familiar que un sistema competitivo. Si algo sabe la teoría económica de este tipo de recursos es que sus mercados no son perfectos y requieren un alto nivel de intervención para alcanzar los puntos de equilibrio eficientes. Adicionalmente no hay una discusión seria acerca de la distribución de las rentas generadas a la sociedad. Un punto de vital importancia cuando algunas de las modificaciones incluidas en la propuesta de ley sugieren que al otorgar permisos de pesca se estaría excluyendo participantes de la pesquería.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS MANIOBRAS DE PESCA

El mayor punto en el que difieren los pescadores artesanales es en la protección de los caladeros históricos. Utilizando el mismo argumento jurídico estipulado por los industriales respecto a los derechos adquiridos, la discusión se reduce simplemente a la voluntad política de legislar en reconocer dicho derecho; en materia legal, la ley es clara. A eso se suma la limitación regional: los pescadores artesanales no pueden operar en otra región que no sea en la que están actualmente registrados. Para la ley, da lo mismo que se trate de recursos que se movilizan y que no reconocen límites políticos establecidos por un estado de derecho. Aunque por otro lado, la pesca industrial tiene libertad para operar sin restricciones regionales, sino que sólo de especie.
La distribución geográfica de las actividades de pesca no debe obedecer a simples lineamientos políticos sino que a la naturaleza de los recursos y a su comportamiento territorial. Discutir sobre este tema resulta trivial, ya que no existen argumentos para segregar a la pesca artesanal de esa forma. Para lo único que sirve esa restricción es para proveer algún tipo de beneficio operacional para los administradores. Un ejemplo de cómo operar pesquerías a nivel regional bajo criterios geográficos y no políticos, puede ser encontrado en la denominada “Pacific States Marine Commission”, de Estados Unidos, donde se encuentran algunas de las pesquerías mejor manejadas del planeta.
Respecto de la distribución del esfuerzo industrial, la consolidación de los derechos de pesca se refleja a nivel geográfico dando fruto a las tres macro-zonas de pesca que existen en Chile (Norte, Centro-Sur y Austral). A pesar de que la especialización de las flotas obedezca a un patrón de distribución geográfica de un recurso, es necesario analizar los artes de pesca que están vigentes actualmente y establecer límites adecuados a su operación. Un ejemplo claro de avance es el cierre de las maniobras de pesca en los montes submarinos. Personalmente, sugeriría un análisis un poco más serio del arrastre por parte de la comisión legisladora, ya que dicho arte de pesca no resiste ningún análisis estadístico cuando se correlaciona con los índices de sobreexplotación y extracción de fauna acompañante, donde el caso chileno no es la excepción a la regla. Si la ley propone la sustentabilidad, creo que es necesario regular las artes y su distribución geográfica de operación para evitar externalidades y el daño a largo plazo de la actividad pesquera.

LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS

Existen varias teorías para recuperar recursos sobreexplotados, pero sólo hay una que tiene una tasa de éxito del cien por cien: no pescar. Como esta medida no es popular ni deseada por el Estado, el resto de opciones incluye numerosas medidas que limitan el esfuerzo de pesca, establecen períodos de veda u otorgan derechos exclusivos de uso, entre otras. De acuerdo a los últimos comentarios disponibles acerca de la ley, se sugiere utilizar el rendimiento máximo sostenible(RMS) para determinar la sustentabilidad de los recursos y como medida para establecer los procesos de licitación de las cuotas de pesca una vez se alcance la recuperación de los recursos.
Los impulsores de dicha medida olvidan que el rendimiento económico óptimo se alcanza en puntos de esfuerzo de pesca menores que los del máximo rendimiento sostenido, por que dicha proposición no sólo es burlar las recomendaciones del TDLC, sino que crea un incentivo para mantener el recurso sobreexplotado bajo los niveles de rendimiento máximo sostenible para evitar la entrada de nuevos actores en el mercado, acción que es respaldado por la ley al establecer las condiciones de licitación. Si se van a ocupar términos técnicos, éstos deben ocuparse en su completa definición y no como extractos de contenido fuera de contexto. Aún más, este concepto supone de fondo que existe información perfecta acerca del estado de los recursos de forma regular, cuando el único organismo independiente que realiza estos estudios tiene serios problemas de liquidez y actualmente debe licitar todas las investigaciones como un ente privado. Esto sumado a los problemas de fiscalización y límites de personal de los que sufre el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), encargado por ley de fiscalizar la actividad.
La proposición de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura es necesaria, pero se debe poner cuidado en la dirección que se toma. Es necesario definir los objetivos y establecer una política de desarrollo para la pesca en Chile. La palabra sustentable no tiene poderes mágicos que transforman algún objetivo inmediatamente en sostenible a través del tiempo. Es necesario desarrollar y crear políticas que conduzcan al desarrollo de ese objetivo. No es simplemente extraer definiciones de textos técnicos sin un contexto definido que conduzca al aprovechamiento de los recursos pesqueros, no de manera racional, sino que de manera sustentable. Es necesario realizar estas definiciones en la ley, establecer metas y asignar responsables para las metas de sustentabilidad. Ese tan anhelado objetivo significa mucho más que una definición en un reporte técnico: significa el sustento de muchas familias, el desarrollo económico del país, posicionamiento internacional de mercados y desarrollo, la impresión que tendrán las futuras generaciones acerca de nuestro actuar.

http://ciperchile.cl/2012/07/20/sustentabilidad-el-gran-ausente-en-el-debate-sobre-la-ley-de-pesca/

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