Por Luis Casanova R.
Caso del trabajador Teófilo Haro, que perdió un ojo luego que un efectivo de fuerzas especiales le disparara perdigones en la cara y a quemarropa en Aysén, puso en el tapete los excesos de la policía a la hora de enfrentar las manifestaciones ciudadanas. Observador de Derechos Humanos acusa que familiares de personas detenidas en protestas “han sido visitadas por uniformados a sus domicilios y sin la orden de un juez”.
El mecánico aysenino de 49 años Teófilo Haro se enteró que en la población donde vive su madre con su hermana la brigada de Fuerzas Especiales de Carabineros irrumpió con una fuerza inusitada. Lanzaron gases tóxicos y bombas lacrimógenas al interior de las viviendas. Corría mediados de febrero, cuando la crisis en la región recién comenzaba a explotar mientras el resto del país disfrutaba de sus vacaciones de verano.
Ese viernes 17, a eso de las siete de la tarde, don Teófilo pasaba por un puente que conecta la urbe con la ribera del río Aysén, cuando de entre un árbol apareció un efectivo policial, el cual sin mediar provocaciones y estando a pocos metros de distancia le disparó directamente a la cara. No conforme con eso, se acercó a él y volvió a herirlo, pero ahora en el suelo.
"Aquí te remato hueón, me dijo, y me tiró perdigones en el pecho. Iba con una polera manca corta. Ni siquiera llevaba algo en las manos como que para que se hubiera asustado o pensara que le iba a pegar. Nada. Quedé ciego y me dejó el cuerpo llego de perdigones. Como pude me arrastré unos metros y llegué a una parte donde había gente que me quería ayudar y sacarme de ahí. Pero los mismos carabineros le disparaban a la gente", relató a Cambio21 el trabajador sureño, que desde un mes vive en Santiago para tratarse de las agresiones que si bien no le quitaron la vida, sí se la cambiaron para siempre. Perdió un ojo, el derecho, quedando comprometido el izquierdo.
"En Aysén la gente se conoce con Carabineros. Cuando recién empezaron las protestas no había ningún problema. Ellos conversaban con la gente, les decían: crucen pa´ allá o crucen pa´ acá. Ni un drama. Pero de repente mandaron gente de Santiago y todo cambió. Yo antes pasaba por el puente, me revisaban y no pasaba nada. No sé, uno es civil y usa las manos o piedras, pero ellos andan con chalecos antibalas y un montón de cosas de protección, así que dígame qué daño le podemos hacer. Supuestamente, ellos disparan al suelo los cartuchos de escopeta para que de rebote le lleguen a la persona", prosigue en su alegato.
Otro de las víctimas del violento actuar de los uniformados fue el joven de 21 años Claudio Gallardo Vera, quien resultó herido por perdigones lanzados por la fuerza pública tras una protesta con barricadas. También perdió el ojo derecho producto de un trauma ocular complicado con estallido ocular, según consta en el parte médico que entregó la médico Ximena Bizama, subdirectora del Hospital Salvador.
Sandro Campos Paredes (33), tercer herido trasladado a la capital, fue el que menos mal la pasó, dado que padeció un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) simple en evolución.
Desde Carabineros se negaron a entregan una versión oficial de los hechos. Sólo los superiores de la zona declararon que el operativo de esa fatídica jornada fue acorde al procedimiento legal que corresponde a estos casos de disturbios y enfrentamientos con manifestantes.
Como era de esperar, la familia de Haro, en conjunto con asociaciones de derechos humanos, el abogado Cristián Cruz, el obispo Luis Infanti y el vocero de la mesa social, Iván Fuentes, presentaron una querella por cuasi delito de homicidio en contra de la entidad policial. Mientras la justicia decide, el humilde ciudadano aysenino dice sentirse arrepentido de una sola cosa: haber votado por Piñera en la elección 2009-2010.
"Por Aysén salió presidente y ahora nos están pagando con esto, con una tremenda represión. Nosotros nunca pensamos que iba a ser así. Un mecánico con un solo ojo bien poco va a servir. Me voy a tener que acostumbrar a vivir de otra manera. Tengo que salir adelante con mi familia, luchando y tratar de seguir trabajando no más. No me queda otra. ¿Quién me va a llevar la comida a la casa? Nadie si no la llevo yo", alega resignado.
Vejaciones
Los tiempos violentos que se viven en suelo patagónico provocaron que el gobierno anunciara la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en Aysén y Coyhaique tras la quema de un bus y un carro lanza aguas. Sin embargo, la polémica sobre el accionar de Carabineros en las primeras protestas en Santiago dejaron en evidencia las insólitas prácticas de sus componentes en los operativos antes de este anuncio.
Marino Del Canto, observador de derechos humanos, denunció a este medio que en una protesta realizada en Puente Alto el pasado 28 de febrero, integrantes de Fuerzas Especiales pertenecientes a la 38° Comisaría, sin provocaciones de ninguna especie, balearon a tres niñas (todas menores de edad) que no estaban participando en la manifestación. "Una de ellas iba a comprar una pizza y las otras dos se dirigían a su domicilio. Tampoco fueron asistidas por los oficiales y les negaron el auxilio correspondiente", reclamó.
"Como si fuese poco, las familias de las niñas fueron visitadas por uniformados a sus domicilios y sin la orden de un juez. Y anteriormente, Carabineros había detenido a otra joven de 19 años, la que se sintió vejada por parte de una efectiva policial, que la desnudó sin un motivo claro", añade.
El mismo dirigente contó que en una marcha autorizada en Alameda con Ahumada, la primera tras el receso estival, Fuerzas Especiales impidió que las 400 personas apostadas en el lugar avanzaran hasta Plaza de Armas. La represión terminó con una veintena de detenidos, entre ellos, el ecologista Luis Mariano Rendón. "Tenemos nuestro trofeo me decían, porque me robaron el reloj. Y no sólo eso, nos forzaron a quitarnos la ropa y en vez de llevarnos a algún servicio de salud, nos mantuvieron encerrados durante horas en uno de sus carros", recuerda Del Canto.
En respuesta a las acusaciones, el jefe de la zona metropolitana de Carabineros, general Alejandro Pacheco, dijo que poco más de diez personas fueron detenidas en medio de los incidentes y aseguró no tener conocimiento del arresto de los observadores de derechos humanos.
El planeta nos mira
Las crudas imágenes siguen recorriendo el mundo. El prestigioso medio estadounidense The Huffington Post publicó una nota titulada "Cómo ser detenido en Chile sin infringir la ley", del reportero Jason Suder, quien detalló el procedimiento que sufrió por parte de la policía.
"Durante una manifestación en Santiago, el joven Juan Balcázar salió arrancando por el Parque Almagro. Cuatro oficiales lo persiguieron por vociferar el empujón que recibió una persona con un escudo antidisturbios. Como Balcázar tomó distancia, dos policías en motocicletas pusieron fin a la persecución. Uno de los agentes le apretó el bastón en el cuello, lo que provocó que su hermano reaccionara. Los funcionarios que lo rodeaban sacaron sus bastones de acero reforzados de madera para someterlo", indicó.
"Carabineros hace todo lo posible para evitar que haya evidencia de esto. Mientras capturé la brutalidad policial en la cámara, el subteniente O. Sepúlveda F. trató de detenerme con una serie de fuertes empujones y golpes. Como no pude detenerme, se volvió para golpear mi cámara en mi cara y agarrar mis brazos, tirándome violentamente. Seguí tomando fotos, hasta que Sepúlveda me tiró en la parte trasera del carro policial con Juan Balcázar y su hermano", prosiguió.
La crónica tuvo un efecto inmediato en Amnistía Internacional. La directora ejecutiva de la oficina chilena, Ana Piquer, le envió una carta al presidente Piñera en la que expone con "mucha preocupación las violaciones a los derechos humanos que se registraron en el último año en el contexto de las marchas y la protesta social".
"Es alarmante el gran número de denuncias de abusos por parte de la policía", las que "comprenden el uso excesivo de la fuerza, uso inadecuado de gases lacrimógenos y cañones de agua, detenciones arbitrarias e informes de tortura y maltrato, incluyendo golpes y amenazas de violencia sexual", agrega el texto.
Piquer explicó también que otras de las preocupaciones del organismo "es la necesidad de ratificar de ciertos tratados pendientes, por ejemplo, derogar la ley de Amnistía", promulgada durante el régimen militar en 1978, y "el proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, conocida como la Ley Antitomas".
En respuesta a los cuestionamientos, el vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, desestimó el estudio de Amnistía y expresó que el Ejecutivo "no ha criminalizado ningún tipo de movimiento social, por el contrario, han existido todas las facilidades que son propias de nuestra Constitución para manifestarse y expresarse sin ningún límite. Siempre el gobierno va a cumplir con su deber de hacer respetar la ley, respetar el orden público y que no haya violencia. Tenemos una plena democracia y un pleno respeto a los derechos humanos, bandera fundamental de este gobierno".
Responsabilidad política
En el Parlamento hicieron eco de las cuantiosas denuncias sobre brutalidad policial que se han conocido en Aysén y Santiago. Sin ir más lejos, el senador de RN por la XI Región, Antonio Horvath, se ganó una reprimenda de La Moneda luego de manifestar que "mientras estábamos encerrados en las escuelas preparando las mesas de trabajo, la autoridad local retiró a los subsecretarios y los equipos técnicos y, simultáneamente, empiezan a llegar noticias de que los campamentos donde se hacen las ollas comunes a la orilla de los caminos empiezan a ser atacados por Carabineros".
"Soy parlamentario de gobierno, pero pertenezco a otro poder del Estado y no puedo cerrar los ojos ante la realidad. Yo creo que aquí hay un excesivo accionar de Carabineros. La región de Aysén no necesita Fuerzas Especiales. Están atacando con bombas lacrimógenas dentro de las casas a personas inocentes que no tienen nada que ver" y además, "hay testimonios de gente a la que le han disparado balines en la cara", espetó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, diputado Sergio Ojeda (DC), citó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al subsecretario de la misma cartera, Rodrigo Ubilla, y al general director de Carabineros, Gustavo González, para que se refirieran sobre este delicado tema.
"Hemos recibido de manos de la propia directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, un informe de los observadores de derechos humanos sobre los casos de violencia y abusos", informó.
¿Qué pasó? Las tres autoridades "se excusaron de asistir. Ubilla y González tienen una reunión con el presidente" y Hinzpeter "tiene labores propias de su cartera. ¿Quién responde por esa persona que fue herida y brutalmente agredida? Queríamos tener la información y la respuesta que necesitamos como comisión", se lamentó Ojeda.
Aysén sigue en pie de guerra, se sumarán Arica y Calama y un movimiento estudiantil que vuelve a las calles y, con ello, los encapuchados y las batallas campales con guanacos y zorrillos. Al parecer, el 2012 será más duro que el 2011, por lo tanto, será tarea del gobierno impedir que las diferencias terminen diluyéndose en protestas y daños a civiles y uniformados y a la propiedad pública y privada. Ganará la represión y le eterna polémica sobre quién tiene la razón: la mantención del orden público a como dé lugar o la libre expresión de las ideas con la mano empuñada. La historia juzgará.
REPORTAJE PUBLICADO EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL SEMANARIO CAMBIO21.
