“Nosotros queremos saber cuál es el adiestramiento que se le da a los grupos especiales de carabineros, si los predestinan a golpear o actúan de mutuo propio, eso es lo que queremos saber, porque hay una conducta reiterada", señaló el diputado Sergio Ojeda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Este semana, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, citó al ministro de Interior Rodrigo Hinzpeter, al General Director de Carabineros, Gustavo González, y al subsecretario Rodrigo Ubilla, con la finalidad de que informen los procedimientos ejecutados por el gobierno en cuanto al orden público, durante las últimas manifestaciones en la Región de Aysén.
En conversación conCambio21, el presidente de la comisión diputado Sergio Ojeda (DC), señaló que "nosotros invitamos a Ubilla, el director de Carabineros y a Hinzpeter a la comisión pero se excusaron de asistir ya que Ubilla y González tienen una reunión con el presidente y el ministro del Interior tiene labores propias de su cartera, por eso es una lástima que esto ocurra porque queríamos escuchare de ellos lo que realmente ha pasado en Puerto Aysén y Coyhaique, del uso excesivo de la fuerza policial, la represión en contra de los manifestantes y la protesta social que dejó heridos, hay una persona que perdió la visión de un ojo, entonces quien responde por esa persona que fue herida y brutalmente agredida, queríamos sabe nosotros y desgraciadamente no vamos a tener la información y la respuesta que necesitamos como comisión de Derechos Humanos".
"En virtud de las denuncias de parte del Instituto de DD.HH. Lorena Fries y también el testimonio que nosotros recogimos. Yo como presidente de la comisión estuve en Coyhaique y Aysén, como también los diputados Aguiló, Fidel Espinoza y Hugo Gutiérrez estuvimos allá y recogimos testimonios y denuncias de los observadores de DD.HH. que nos expresaron su alarma y su preocupación por el estado policial que había en esas ciudades y la represión que se había realizado en contra de los manifestantes", indicó Ojeda.
El parlamentario dijo además que "Amnistía Internacional ya ha informado respecto del uso excesivo de la fuerza policial en el país y ha denunciado que en este país se estaba criminalizando la protesta social y que había un uso excesivo de la fuerza policial en contra de los manifestantes y que los detenidos permanecían por mucho tiempo en los carros policiales y ahora reafirma el hecho que las denuncias por exceso policial no han sido investigadas ni por carabineros ni por el ministerio del Interior.
"A nosotros nos preocupa que se criminalice, se penalice el movimiento social, que es legítimo en una sociedad democrática y cuando se cierran las puertas, cuando la gente quiere manifestarse y sale a la calle, se violan los derechos humanos cuando se reprime porque se coarta el derecho a manifestarse, a reunión a expresión y se reprime con la fuerza pública y eso no puede ser y aquí quien da las órdenes es el ministerio del Interior, entonces alguien tiene que responder".
Por último, Ojeda señala que "nosotros queremos saber cuál es el adiestramiento que se le da a los grupos especiales de carabineros, si los predestinan a golpear o actúan de mutuo propio, eso es lo que queremos saber, porque hay una conducta reiterada y como comisión nos preocupa y no vamos a tener respuesta desgraciadamente hoy", concluyó.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, afirmó que el informe sobre DD.HH. realizado por Amnistía Internacional sobre la violencia de la policía en las protestas estudiantiles el año pasado es absolutamente válido.
En este informe se hace ver su preocupación frente a las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el último año en el contexto de la movilización estudiantil. "Las denuncias hechas por las personas manifestantes aducen a un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; uso inadecuado de gases lacrimógenas y cañones de agua; detenciones arbitrarias e informes de tortura y maltrato, incluyendo golpes y amenazas de violencia sexual", resalta el informe.
"Es absolutamente válido el informe que hace amnistía internacional. Es una ONG que tiene un gran peso internacional por lo tanto es una voz y una opinión entendida en materia de derechos humanos. En el caso del instituto nosotros no hemos usado el concepto de criminalización de la protesta social, sin embargo hemos sido bien claros en señalar que durante las movilizaciones del año pasado si hubo abuso policial y no sólo lo dijimos en el informe, hicimos un informe público de violencia policial a raíz del cual se creó la Unidad de Derechos Humanos en Carabineros", sostuvo Fries.
Así la directora aprovechó de responder a las declaraciones del ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, quien no compartió las observaciones sobre la actual situación de los Derechos Humanos en Chile manifestadas en el informe de Amnistía Internacional.
Frente a ello, Fries dijo que "hay conceptos que nosotros no usamos pero hemos sido claros en señalar que hay ámbitos de ocupación en materia de derechos humanos, y sobre todo en un año donde la movilización fue el eje central, si uno tuviera que decir que llamó la atención el año pasado en el campo de la sociedad chilena".
La denuncia de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional envió una carta al presidente Sebastián Piñera, con el fin de pedirle que enfatice la promoción y respeto de los derechos humanos en Chile.
Aprovechando el contexto de la conmemoración de la primera mitad del mandato, el organismo reconoció algunos avances, como la entrada en funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la publicación del informe de la Comisión Valech II, sobre prisión política y tortura durante el régimen militar. Pero, alertó sobre la criminalización de la protesta social, la persistente violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, y la aplicación de la Ley Antiterrorista a comuneros mapuches.
El organismo afirmó que en el marco de las protestas sociales ocurridas durante 2011, diversos manifestantes denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, además del uso inadecuado de gases lacrimógenos y cañones de agua, detenciones arbitrarias e informes de tortura y maltrato, incluyendo golpes y amenazas de violencia sexual.
En cuanto a los conflictos con los pueblos indígenas, Amnistía denunció violencia contra las comunidades, y advirtió que "si no se resuelven las exigencias sobre las tierras de una manera justa y con el consentimiento previo, libre e informado de los propios pueblos indígenas, las tensiones no desaparecerán".
El gobierno rechaza las observaciones de Amnistía
Como era de esperarse, las reacciones no tardaron, así el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, expresó que el Ejecutivo no comparte las observaciones sobre la actual situación de los Derechos Humanos en Chile, dadas a conocer en un informe entregado por Amnistía Internacional.
Chadwick señaló que "hemos conocido un informe de Amnesty International, en que señala algunos reparos en relación a conductas del Gobierno. Obviamente, no las compartimos, son diferentes y distintas a lo que han señalado los informes, tanto de Naciones Unidas, como de la OEA, acerca del respeto a los Derechos Humanos en nuestro país".
Indicó además que "el gobierno no ha criminalizado ningún tipo de movimiento social, por el contrario han existido todas las facilidades que son propias, que da nuestra democracia y nuestra Constitución, para manifestarse, para expresarse sin ningún límite".
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