DE “PRENSA OBRERA” DE CHILE
Nuevamente, las comunidades indígenas del sur del país están siendo objeto de violentos allanamientos de la policía antimotines, los carabineros y la PDI de Investigaciones, con apresamientos e interrogatorios. La justificación es buscar a los responsables de los incendios ocurridos en la Araucanía, que le costaron la vida a dos personas.
Los incendios de casas patronales son acciones individuales, que no se pueden atribuir a las comunidades mapuches ni a las organizaciones que los representan. Sin embargo, el gobierno de Piñera, junto a un coro de reaccionarios, levantan la voz para engañar al país, culpando a una organización inexistente, “apoyada desde el extranjero”, para así iniciar una brutal persecución (en la que se aplica la Ley Antiterrorista a los detenidos) e imponer un verdadero estado de sitio en la Araucanía. Por otro lado, los terratenientes y las forestales contratan a guardias armados, sin control de ninguna autoridad de gobierno, para reprimir a las comunidades y a los mapuches.
La presencia de carabineros en la Araucanía lleva años y tomó fuerza en el gobierno de la presidenta Bachelet, quien solicitó apoyo al FBI para desarticular a las organizaciones más radicales de los comuneros que luchan por la recuperación de tierras. A través de violentos allanamientos con equipos especializados de la PDI, son detenidos más de un centenar de mapuches -entre ellos, los dirigentes de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco). Todos irán a juicio bajo el imperio de la Ley Antiterrorista. Varios comuneros han sido asesinados a balazos por la policía, quedando los criminales en libertad. Es una represión sin límites -que llega hasta la perversidad- de los efectivos militares.
El objetivo es impedir la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues éste -en una de sus partes más importantes- señala que se le da un sentido de propiedad a los territorios donde habitan las comunidades indígenas de nuestro país. Se estima que son 9.448.630 millones de hectáreas, repartidas de Arica a Punta Arenas. La posesión de la tierra es un derecho reclamado durante siglos por todos los pueblos originarios. Por lo tanto, el Convenio 169 adquiere una inusitada importancia a considerar para la plataforma de lucha de las comunidades indígenas, así como de la de los sectores de vanguardia del movimiento obrero y de los estudiantes que realizan una lucha anticapitalista y apoyan la causa mapuche.
Tras la desarticulación de los comuneros y el objetivo de liquidar el Convenio 169, está la mano de los consorcios económicos y de las trasnacionales. Su objetivo es saquear los territorios de los mapuches: explotar los recursos naturales como los bosques nativos, los minerales y la enorme reserva mundial de agua dulce que allí existe. La explotación irracional de los recursos naturales llevada a cabo por el capitalismo, asi comola fuerte actividad financiera y especulativa, se deben a su incapacidad de mantener la tasa de ganancia en las industrias productivas, y son síntomas de que el capitalismo está en un proceso de crisis terminal.
Los militantes obreros nos solidarizamos plenamente con las comunidades indígenas del sur. Exigimos el retiro inmediato de la policía militar en la Araucanía y la libertad a los presos políticos mapuches. Hacemos un llamado a formar comités de solidaridad con el pueblo mapuche y con sus presos políticos, y a realizar asambleas en los sindicatos y centros estudiantiles para rechazar la represión a las comunidades y apoyar la causa mapuche por su derecho a la tierra y al agua. Rechazamos la acción individual, pues sólo provoca más represión de los reaccionarios. Sólo con la movilización social -bajo un programa obrero con perspectiva socialista, que luche contra el despojo que sufren los pueblos originarios y contra los sueldos miserables de los trabajadores- podremos derrotar al capitalismo en bancarrota.
¡Que se cumpla el Convenio 169 de la OIT! ¡La tierra para los mapuches!
¡Libertad a los presos mapuches! ¡Por la unidad obrero-mapuche!
