VIOLENCIAS CHILENAS

 A cada chilena/chileno le toca sufrir al menos un terremoto en su existencia. Se reparten por todo el territorio: norte, centro y sur. Algunos van acompañados demaremotos que, si no son previstos, destruyen muchas vidas. En su estadística larga, los sismos parecen ‘preferir’ el norte lo que, dentro del infortunio, es menos malo porque allí es donde reside una menor cantidad de gente. Por fortuna, la capital, Santiago, con un 40% de la población (hoy, unos 7 millones de personas) total, no fue particularmente afectada por terremotos durante el siglo XX. El del 27 de febrero recién pasado, conmovió a Santiago, pero su epicentro estuvo más próximo a la ciudad de Concepción, 500 kilómetros al sur.

   El cable ha informado de los daños y muertes causados por la pareja terremoto/maremoto, y ha mostrado también imágenes de enfrentamientos por saqueos realizados por necesidad o negocio y acciones vandálicas que ‘obligaron’ al gobierno a imponer un Estado de sitio en Concepción. Un periódico lo narra así: “El caos social en Concepción dio la vuelta al mundo. Durante el lunes el sonido de las sirenas de ambulancias y bomberos se mezcló con el ruido de 25 tanques y con tiros que militares lanzaban al aire: en un día hubo cinco incendios intencionales, según Carabineros, para distraer a las fuerzas del orden y así saquear tiendas y edificios aledaños”. La fuerza del terremoto se combina con la violencia social. La violencia que afecta a la propiedad y al ‘orden’ de los propietarios, convoca la represión de los cuerpos militares o militarizados. Carabineros es policía militarizada. El Estado de sitio impuesto por el gobierno de Chile le significó movilizar entre 7 y10 mil soldados. 

   Alguien no chileno podría preguntarse. ¿Para qué tanto soldado pertrechado como para una guerra de exterminio? Cascos, armas pesadas, tanques, lanzacohetes, vehículos acorazados. En otros países-desastres se utiliza a militares para cooperar con la Cruz Roja y cautelar la distribución gratuita de ayuda. Los soldados chilenos, en cambio, protegen a las grandes tiendas y a los megamercados. No están allí para aliviar a una población que muy mayoritariamente no es delincuente. En Concepción la autoridad militar limitó a seis horas diarias el tiempo en que se podía salir a la calle para buscar agua, alimento o combustible. El resto del día, los civiles eran juzgados agresorespotenciales.

   Ni televisión ni cable muestran o enfatizan que el auxilio necesario y urgente ha sido lento o no llegó. El control militar, en cambio, fue pronto y masivo. Un chileno opina que si los empresarios a quienes se defiende del saqueo hubiesen donado alimentos a la población, el asalto se habría minimizado y los alimentos perecibles no se hubieran podrido. Porque hambre había. Pero a empresarios, políticos y militares chilenos, ‘donar’ horizontalmente una parte de su propiedad y bienes, incluso en un situación de casi entero desamparo, les parece intolerable, un robo vil. Reservan su bondad para el show de la Teletón. En la vida diaria, en cambio, exigen soldados y carabineros para que secuestren a la población y disparen, como escribe el periodista, “al aire”, o a matar.

    En Chile militares y policías han hecho bien su trabajo de disparar a matar para asegurar la propiedad señorial y el ‘orden’ oligárquico y neoligárquico. Un Premio Nacional de Historia de ese país, Gabriel Salazar, resume el punto: “Es la vieja práctica del Ejército chileno que, recordemos, se formó matando mapuches y después rotos y peones. La gran solución siempre ha sido tirar a matar y el problema continúa: cuento 23 masacres y todas contra la clase popular”. Además de la destructividad de sismos y maremotos, Chile es un país de masacres. Sus Fuerzas Armadas y su Policía  han sido casi siempre el brazo armado y cruel del imperio señorial. Han golpeado a indígenas y campesinos que reclamaban la usurpación de sus tierras (Ranquil, 1934), a obreros que se levantaban contra la superexplotación que los aniquilaba junto con sus familias (Santa María de Iquique, 1907), o a pobladores que ocupaban terrenos para levantar sus campamentos (Pampa Irigoyen, 1969). No solo han asesinado a humildes. También dieron forma a un ‘espectáculo’ urbano con la matanza de 59 jóvenes y estudiantes en el edificio capitalino del Seguro Obrero (1938). Son solo ejemplos. La sensibilidad de los aparatos militares chilenos se forjó asimismo en guerras racistas de rapiña, saqueo y ocupación contra las poblaciones y territorios deBolivia y Perú (s. XIX). Una de sus batallas, la de Yungay (1839) suele considerarse fundacional de la ‘nación’ chilena. Estas masacres y guerras se mantienen en la memoria como “glorias patrias”. Son ejemplares.

    Más recientemente y durante 17 años (1973-1990) los aparatos militares y policiales chilenos acosaron, saquearon bienes, encarcelaron, violaron, torturaron, secuestraron, antes de destrozar o ‘tirar a matar’ a millares de civiles. Obtuvieron ventajas por su comportamiento. Ya no fueron brazo armado de los patrones, sino una sección armada y bien pagada de ellos. La mayor parte de sus delitos está impune. La 'cultura' del miedo, la sujeción y también la explosiva irritación y la tosca arrogancia son constitutivas del 'éxito' chileno'. En Chile, empresarios, políticos ‘oficiales’ y magistrados presumen de 'sus' fuerzas armadas.

   La Naturaleza no sabe que hace violencia. Una cultura de violencia como la chilena debería agraviar a todos. La Naturaleza no se jacta de nada. Los dueños de Chile, desde siempre, llaman a su brutal violencia impune, “la Patria”. La bendicen.
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    En este trabajo se utilizó una entrevista a Gabriel Salazar: “El descontento va a seguir y la única vía será robar” (entrevista, La Nación, 03/03/2010, Santiago de Chile), un artículo de Juan Sepúlveda: “El terremoto del bicentenario: un crudo scanner al país” (Comité Ecuménico de Proyectos, Chile) y otros materiales periodísticos.

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    Los verdaderos saqueadores (**)

    Carlos Fernández

    ¿Preocupados por unos pocos saqueos a supermercados….?

    Esperen un poco a que los verdaderos saqueadores expertos empiecen a hacer de las suyas…
    Ya caerán sobre las victimas y todos nosotros…
    Quienes compren sus terrenos donde estuvieron sus hogares a mínimos precios…
    Quienes aumenten injustificadamente los precios de alimentos, materiales de construcción, pasajes, y créditos…
    Quienes ademas de buscar excusas para no pagar los seguros comprometidos, nos suban las primas a todos los que no sufrimos daños…
    Quienes ademas de no sufrir castigos y multas por sus deficientes construcciones, pidan menos fiscalización y acelerar los tramites y controles para volver a reconstruir el país…
    Quienes justifiquen vender las pocas empresas estatales que nos quedan Codelco, Enap, y otras a precio de huevo para financiar cuatro años de reconstrucción nacional y nos dejen sin nada para el futuro…
    Quienes pidan rebajar impuestos a las empresas, para ayudar a dar trabajo????….
    Esto ya paso en Tailandia después del Tsunami con pésimos resultados para los que perdieron todo y los que pudieron salvar algo…
    Los pescadores artesanales tuvieron que entregar sus caletas a empresas privadas, los poblados costeros se convirtieron en lujosos resorts y hoteles, y sus habitantes fueron desplazados a otras zonas sin trabajo ni ayuda…

    Mucho me temo que el próximo gobierno no este preparado para defendernos a todos de esta peligrosa ola de pillaje que se nos viene encima, sino que mucho peor sea uno de quienes la promueven…
    Échenle una miradita a La Doctrina del Shock de la Naomi Klein.
   

    Por Naomi Klein *

    
    Desde que la desregulación provocó una crisis económica en todo el mundo en septiembre del 2008 y todos se volvieron keynesianos de nuevo, no ha sido fácil ser un fanático del difunto economista Milton Friedman. Tan ampliamente desacreditada es su marca de fundamentalismo del libre mercado, que sus seguidores, de forma cada vez más desesperada, se han volcado a reclamar victorias ideológicas, aún cuando parezca descabellado.

    Un caso especialmente desagradable sobre este punto. Apenas dos días después de que Chile fue golpeado por un terremoto devastador, el columnista del Wall Street Journal Bret Stephens informó a sus lectores que “seguramente, el espíritu de Milton Friedman se cierne sobre Chile”, porque, “en gran parte gracias a él, el país ha sufrido una tragedia que en otros lugares podría haber sido un apocalipsis. No es por casualidad que los chilenos vivían en casas de ladrillo -y los haitianos en casas de paja- cuando llegó el lobo para tratar de soplarlos y dejarlos en el suelo”.

    De acuerdo a Stephens, las políticas radicales de libre mercado prescritos para el dictador chileno Augusto Pinochet por Milton Friedman y sus infames “Chicago Boys” son la razón de Chile sea una nación próspera con “algunos de los códigos de construcción más estrictos del mundo”.
Hay un problema bastante grande con esta teoría: el código moderno de construcción sísmica de Chile, elaborado para resistir los terremotos, fue aprobada en 1972. Ese año es sumamente importante, ya que fue un año antes de que Pinochet tomara el poder en un sangriento Golpe de Estado respaldadao por Estados Unidos. Esto significa que si una persona merece el crédito por la ley, no es Friedman, o Pinochet, sino Salvador Allende, presidente socialista de Chile elegido democráticamente (en verdad, muchos chilenos merecen crédito, ya que las leyes fueron una respuesta a una historia de terremotos y la primera fue adaptado en la década del ‘30).

    Parece importante, sin embargo, que la ley fue promulgada, aun en medio de un embargo económico impuesto (”hacer gritar la economía”, como gruñó famosamente Richard Nixon después de que Allende ganó las elecciones de 1970). El código fue posteriormente actualizado en los noventa, mucho después de que Pinochet y los Chicago Boys estuvieran finalmente fuera del poder y la democracia fuera restablecida. No es de extrañar: como señala Paul Krugman, Friedman fue ambivalente acerca de los códigos de construcción, ya que lo veía como otra infracción de la libertad capitalista.

    En cuanto al argumento de que las políticas de Friedman son la razón de que los chilenos viven en “casas de ladrillo” en lugar de “paja”, es claro que Stephens no sabe nada de antes del golpe en Chile. El Chile de la década del ‘60 tuvo la mejor salud y educación en el continente, así como un dinámico sector industrial y una rápida expansión de la clase media. Los chilenos creyeron en su Estado, por lo que eligieron a Allende para llevar aún más adelante el proyecto.

    Después del golpe de Estado y de la muerte de Allende, Pinochet y sus Chicago Boys hicieron todo lo posible para desmantelar la esfera pública de Chile, subastar empresas estatales y promulgar “tramposamente” reglamentos financieros y de mercado. Gran cantidad de riqueza fue creada en este período, pero a un costo terrible: a comienzo de los ochenta, las políticas de Pinochet prescritas por Friedman habían causado las desindustrialización, un incremento de diez veces en el desempleo y una explosión de barrios claramente inestables. También llevó a una crisis de corrupción y una deuda tan grave que, en 1982, Pinochet se vio obligado a despedir a sus asesores clave Chicago Boy y nacionalizar varias de las grandes instituciones financieras desreguladas (¿suena familiar?).

Afortunadamente, los Chicago Boys no lograron deshacer todo lo logrado por Allende. La empresa nacional de cobre, Codelco, permaneció en manos del Estado, bombeando riqueza en las arcas públicas y evitando que los “Chicago Boys” se aprovecharan por completo de la economía chilena. Tampoco, nunca consiguieron destrozar el código de construcción resistente de Allende, un descuido ideológico del cual todos debemos estar agradecidos.
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* Publicado en The Guardian
** Publicado en The Clinic, Chile, marzo 2010.
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    La polémica es la siguiente (***):

    Tras el devastador terremoto en Chile, se abrió un interesante debate entre Bret Stephens, columnista del Wall Street Journal, férreo defensor del modelo económico neoliberal, y Naomi Klein, periodista e investigadora con gran influencia en el movimiento antiglobalización.

    El debate se centra sobre si el modelo económico chileno aplicado por Pinochet, tras el golpe en 1973, habría salvado al país de un desastre total a raíz del terremoto. Para Stephens, Chile habría resistido mejor que ningún país un terremoto tan fuerte, debido a que aplicó las medidas económicas recomendadas por Friedman. Naomi Klein demostró que eso no resiste un análisis serio. A continuación reproducimos fragmentos de este interesante debate. Mejor saque usted sus conclusiones.

    Bret Stephens

    Milton Friedman murió hace más de tres años. Pero no cabe duda de que su espíritu protegió a Chile en la madrugada del sábado (del terremoto). Gracias en buena parte al economista estadounidense, el país ha soportado una tragedia que en cualquier otro sitio habría sido apocalíptica.

    El terremoto en Chile alcanzó una magnitud de 8,8. Es decir, casi 500 veces más potente que el de Haití. Sin embargo, el balance provisional de fallecidos —795 en el momento de escribir estas líneas— es muy inferior frente a las 230.000 personas que se estima han muerto en Haití.

    No es causalidad que los chilenos habitaban en casas de ladrillo, y los haitianos en casas de paja, cuando llegó el lobo a derribar la vivienda. En 1973, el año en el que el gobierno protochavista de Salvador Allende fue derrocado por el general Augusto Pinochet, la economía estaba en la ruina.

    Lo que Chile tenía era capital intelectual, gracias a un programa de intercambio entre la Universidad Católica y el departamento de economía de la Universidad de Chicago, por aquel entonces el hogar académico de Friedman.

    Pinochet designó a una sucesión de Chicago Boys en los principales cargos económicos. Para 1990, el año en el que cedió el poder, el PIB per cápita había subido 40% (en dólares de 2005). Los sucesores democráticos de Pinochet —de una coalición de centroizquierda— ampliaron la ofensiva liberalizadora. El resultado es que los chilenos se han transformado en el pueblo más rico de Sudamérica.

    Chile también cuenta con uno de los códigos de construcción más estrictos del mundo, algo que tiene sentido en un país que está entre dos masivas placas tectónicas. Pero tener códigos es una cosa y hacerlos cumplir es otra. La calidad y consistencia de la aplicación de las normas está relacionada generalmente con la riqueza de las naciones.

    En “La Doctrina del Shock”, (Naomi) Klein titula uno de sus capítulos “El Mito del Milagro Chileno”. En el libro, la única cosa que logran Friedman y el resto de los Chicago Boys fue llevar la riqueza a la clase alta y eliminar la mayor parte de la clase media. Pero los Chilenos de todas las clases sociales—que enfrentan las secuelas de un shock real— pueden tener otra interpretación de Friedman, que los ayudó a darles los recursos primero para sobrevivir al terremoto, y ahora para reconstruir sus vidas.

    Naomi Klein responde:

    Desde que la desregulación causó un desastre económico mundial en septiembre de 2008 y todo el mundo se ha vuelto otra vez keynesiano, no ha sido fácil oficiar de seguidor fanático del difunto economista Milton Friedman.

    Justo dos días después de que un demoledor terremoto golpeara Chile, BretStephens informaba a sus lectores de que “el espíritu de Milton Friedman aleteaba protector sobre Chile”. Hay un problema realmente de bulto con esta teoría: el código moderno de edificación sísmica en Chile, redactado para resistir terremotos, se adoptó en 1972. La fecha es enormemente significativa, dado que se trata de un año antes de que Pinochet tomara al poder mediante un sangriento golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos. Eso quiere decir que si hay alguien a quien atribuir el mérito de esa ley no es a Friedman, ni a Pinochet, sino a Salvador Allende, el presidente socialista chileno democráticamente elegido.

    Parece significativo que la ley se promulgara aun en medio de un agobiante embargo económico (“que rechine la economía”, gruñó, según es fama, Richard Nixon cuando ganó Allende las elecciones de 1970).

    Por lo que se refiere al argumento de que las medidas friedmanianas son la razón por las que los Chilenos viven en “casas de ladrillo” en vez de “paja”, queda claro que Stephens no sabe nada del Chile anterior al golpe. El Chile de los años 60 gozaba del mejor sistema sanitario y educativo del continente, además de disponer de un efervescente sector industrial y una clase media en rápido crecimiento.

    Pinochet y sus Chicago Boys hicieron todo lo que pudieron para desmantelar la esfera pública chilena, reduciendo las regulaciones financieras y comerciales. Se creó una enorme riqueza en este periodo, pero a un precio terrible: para principios de los 80, las medidas de Pinochet recomendadas por Friedman habían provocado una rápida desindustrialización, multiplicando el desempleo por diez. Llevaron también a una crisis de corrupción y deuda tan grave que en 1982 Pinochet se vio forzado a despedir a los asesores de los Chicago Boys y nacionalizar varias de las instituciones financieras desreguladas.

    Afortunadamente, los Chicago Boys no lograron destruir todo lo logrado por Allende. La empresa nacional del cobre, Codelco, continuó en manos del Estado, insuflando riqueza a las arcas públicas e impidiendo que los Chicago Boys hicieran entrar la economía de Chile en un rápido y completo declive. Tampoco lograron deshacerse del riguroso código de edificación de Chile, un descuido ideológico por el que debemos dar todos, las gracias. 

LUCHA SOCIAL, PINOCHET Y LA PRODUCCIÓN DE JUSTICIA

Para revista virtual de la Universidad Simón Bolívar, sede Ecuador,  enero 2007.     Presentación     "Aportes Andinos”, revista virtual del programa de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, hace una convocatoria para recibir artículos centrados en el campo temático de Justicia y Derechos Humanos relacionándolo, desde diversos ángulos, con las situaciones generadas por la muerte del ex senador vitalicio chileno Augusto Pinochet y la impunidad jurídica en que quedaron las acciones que sus opositores y familias de víctimas resintieron como delitos de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos. En estas notas se puntualizan algunos lugares comunes o estereotipos que suelen marcar semánticamente la descripción anterior y, desde ese examen somero, se avanza en una caracterización sociohistórica de derechos humanos.     1.-Justicia y tribunales o circuitos judiciales     Debería constituir ya un lugar común la disociación entre el concepto/valor de “justicia” y las instituciones jurídicas de un determinado país o conjunto de Estados. Sin embargo, en toda América Latina se escucha a los abogados defensores exclamar “que no se ha hecho justicia” a su defendido y, también, a las víctimas de algún atropello pedir a los tribunales que “se les haga justicia”. Asimismo, que algún jurisconsulto o ‘académico’ incurra en exabruptos como el de escribir que los pueblos pobres o subdesarrollados no pueden aspirar a derechos humanos. O sea, que su demanda es “injusta”.(1)     En realidad, en los tribunales o circuitos judiciales modernos los actores deberían obtener resoluciones o sentencias “apegadas a Derecho”. Y estas resoluciones, obviamente, pueden tener muy poco que ver con lo que la gente podría entender por “justicia”. La viuda enferma con hijos que es expulsada por orden de un juez debido a que no ha cumplido con el pago del alquiler, la negativa de los circuitos judiciales para resolver situaciones en beneficio de campesinos pobres e indígenas, en contra de corporaciones y terratenientes, o, más específicamente, el retraso y lentitud (rematados finalmente con impunidad) judiciales para recibir y posteriormente atender las demandas legales contra el senador vitalicio Augusto Pinochet, deberían constituir señales claras de que “justicia” y “resoluciones judiciales” y su efectividad no son sinónimas excepto en el imaginario ideológico propio de un determinado sistema de dominación de las formaciones sociales modernas. Lo que se presenta en los circuitos judiciales, entonces, son demandas jurídicas, o sea apegadas a derechos. Y lo que se obtiene son sentencias judiciales que deberían ser cumplidas por las instancias que el mismo marco jurídico e institucional dispone para ese efecto. Que a esas resoluciones se les de el carácter de “justas” o injustas” se deriva de un determinado ethossociocultural y político que no necesariamente se expresa en el orden jurídico. Con un ejemplo ingrato, debe recordarse que el cadáver del ex senador vitalicio Augusto Pinochet fue saludado por jóvenes (mujeres y varones) que le rendían homenaje con el saludo fascista. Para estos jóvenes (cuyas fotografías recorrieron el mundo) cualquier sanción legal contra Pinochet habría sido repudiada como “injusta”. También puede recordarse que un hijo de una de las víctimas del régimen de terror de Estado que encabezó el General Pinochet escupió ese mismo cadáver, por lo que fue expulsado de las Fuerzas Armadas (era un militar). Para ese ciudadano, la impunidad que le consolidó su muerte al asesino resultó, sin duda, vilmente “injusta”.     ¿Por qué en los circuitos judiciales se obtienen procedimientos y resoluciones jurídicos que no necesariamente son valorados como “justos”? Bueno, el orden jurídico o sistema de leyes no proviene del Cielo ni de ninguna naturaleza humana abstracta. Proviene de legisladores que buscan o constituir o contribuir a la reproducción de un determinado orden social que, en las sociedades que conocemos, se sigue de correlaciones determinadas y conflictivas de fuerzas sociales. En sencillo, un orden jurídico expresa, en su nivel, dominaciones de clase, de sexo-género, de generación, de etnia o ‘raza’, internacionales o geopolíticas, etc., e intenta contribuir con las condiciones que facilitan la reproducción de esas dominaciones o imperios. Por supuesto, ello implica tanto funcionalidades como contraposiciones y conflictividad. (2). Los jueces y magistrados son funcionarios públicos que deben conocer y resolver en el marco de esa legislación que, desde luego, no hace materialmente “justicia” a los dominados (aunque pueda ofrecer posibilidades para que algunas situaciones conflictivas, o ‘casos’, se resuelvan en su beneficio).     A la básica consideración anterior debe añadirse la observación, para nada marginal, respecto de que los órdenes jurídicos existentes en América Latina poseen amplias secciones “trasplantadas” desde otras formaciones sociales e historias.[3], Esto quiere decir que no se siguen de los patrones de comportamiento efectivo o sociohistórico de la población, y que esas secciones entran en conflicto (de no correspondencia) con otras secciones del mismo orden jurídico más sociohistorizados y también con ‘privilegios’ premodernos a los que son muy adictos los legisladores en sistemas políticos determinados por la corrupción y la venalidad (clientelismos incluidos), y que estos y otros factores hacen de los cuerpos jurídicos latinoamericanos sistemas para “expertos” y también para “oportunistas”. O que los jueces puedan fallar según el peso social de los actores porque la legislación o los faculta para ello o al menos no se los impide. Desde este ángulo no solo se dificulta para muchos obtener “justicia” de los tribunales sino que se pueden encontrar con resoluciones “apegadas a Derecho” que son socialmente arbitrarias, caprichosas, desproporcionadas o crueles. Las conferencias episcopales exclamarían (si las resoluciones los afectaran a ellos) que constituyen una injusticia “que clama al cielo”.     Pero, claro, las resoluciones judiciales ni bajan del cielo ni apelan a él. Son terrenales, o sea sociohistóricas. Además de los anteriores factores básicos, los procedimientos y resoluciones judiciales pueden estar divorciados de las apreciaciones individuales o sectoriales sobre lo ‘justo’ o ‘injusto’ por aspectos más situacionales. En América Latina la información sobre los derechos y capacidades jurídicas de los ciudadanos no se distribuye (ni es recepcionada) de un modo universal. Muchos ciudadanos, en particular los más vulnerables, como mujeres, sectores rurales e indígenas, desconocen o conocen mal tanto sus derechos como las acciones institucionales que deberían tornarlos efectivos. Otros los conocen pero la experiencia histórica les ha mostrado que no es útil (ni a veces conveniente porque se recibe un castigo) alegar o reclamar esos derechos. De modo que muchas violaciones ni siquiera acceden a los circuitos judiciales. Y las razones para que ello ocurra son sociales e institucionales.     Un segundo aspecto es que quienes acceden a los circuitos se encuentran con que necesitan capacidades específicas para moverse en ellos. Existe un tramado burocrático y tecnocrático muy poco intuitivo que hace que solo los abogados o funcionarios especializados puedan moverse con alguna soltura en los tribunales. Los sectores e individuos socialmente vulnerables quedan entonces en manos de esos ‘tecnócratas’ para transcribir sus demandas, cumplir requisitos, presentar pruebas, cumplir con calendarios, etc. Y, por supuesto, no todos pueden contratar a los ‘mejores’ especialistas (tampoco ellos se dejan contratar por cualquiera), ni todos los profesionales poseen el mismo ‘peso’ o status ante los funcionarios judiciales y jueces. De modo que cuando se accede, se queda en manos de “especialistas”. Y estos “especialistas” tienen formas muy disímiles de entender su trabajo profesional y responsabilidad ética. De hecho, algunos pueden resultar muy vulnerables a presiones de los poderosos.     Una tercera cuestión es que si se logra acceder en buenas condiciones al circuito judicial pertinente, se queda a disposición de jueces y magistrados que constituyen un cuerpo político que administra, con menor o mayor discrecionalidad, según las situaciones, una legislación que, ya hemos dicho, tiene alcances pragmáticos pero que también busca reproducir en su nivel las dominaciones y sujeciones sociales que conforman el ‘orden’ social. Todavía, si se produjera una resolución apegada a derecho que favoreciese al más vulnerable (indígena, mujer, joven, anciano, empobrecido, inmigrante sin papeles, desplazado, sindicalista, etc.), quedaría por verse si esa resolución se hará efectiva. Es decir si los personeros de las instituciones encargadas de tornar materiales las sentencias se darán los medios para hacerlas cumplir. Algunos ejemplos tomados de Costa Rica: un funcionario judicial que asesinó a un estudiante universitario que colaboraba con una fiesta de beneficencia, fue apresado y condenado a prisión por su delito (ampliamente probado; su esposa, pese a la también amplia prueba que mostró que ella lo instigó fue absuelta de todo cargo), pero cumplió parte de su “pena” como bibliotecario público y después se le dio la casa por cárcel porque los médicos le certificaron un cáncer terminal (todavía vive, cumplida ya su “sanción” y goza de excelente salud). Los expresidentes de la república de este mismo país, indagados por venalidad millonaria, cumplieron su encierro cautelar en celdas especiales y después fueron velozmente trasladados a sus hogares a cumplir con la fórmula “casa por cárcel”. Sus esposas, ex Primeras Damas, que reconocieron haber recepcionado parte de los dineros dudosos, ni siquiera forman parte, hasta el momento, de la causa. A un tercer expresidente ni siquiera se le indaga porque aunque se sabe que delinquió no existe manera de probarlo de acuerdo a los requisitos penales. En ocasiones dramáticas, los sentenciados penal y civilmente (abusos contra menores, daños irreversibles con armas de fuego, etc.) “desaparecen” del planeta y no logran ser encontrados por las autoridades pertinentes hasta que, curiosamente, las penas prescriben. Al día siguiente ya están ‘de nuevo’ públicamente a la cabeza de sus negocios. En otro ángulo, un asesino en serie, apodado el “psicópata”, a quien se le atribuyen al menos 17 muertes, ve prescrita su acción delincuencial en 10 años. En Costa Rica ese criminal podría presentar hoy su “reality show” en televisión sin que se le pueda acusar o indagar (ni toquemos la impericia de la investigación criminal que aseguró su impunidad, ni el esfuerzo que realizaron policía judicial y tribunales para cargar con sus crímenes a delincuentes comunes y drogodependientes).     Mirando al Chile reciente, nos encontramos con que el responsable operativo del terror clandestino de Estado durante la dictadura empresarial-militar encabezada por Augusto Pinochet, un militar de apellido Contreras, fue acusado y sentenciado pero cumple su pena en una cárcel “especial” habilitada para él. Pinochet mismo consiguió abundantes aplazamientos, casas por cárcel, absoluciones por ‘demencia’, indagatorias que respetaban su “investidura” y favores de la Corte Suprema y otras instancias judiciales hasta que su situación se tornó difícil tanto por la tenacidad de sus acusadores y la probidad excepcional de algún juez como porque se le involucró en delitos ‘comunes’ como enriquecimiento ilícito (personal y familiar), tráfico de armas y drogas y acciones contra ciudadanos de otros países. Aún así, su situación poco antes de su muerte estaba lejos de ser resuelta en los tribunales, sus abogados trabajaban tenazmente contra la procedencia de los cargos y creían tener posibilidades de éxito. Por supuesto, se trata de especialistas caros, políticamente alineados (que en este caso significa que desprecian a los sectores vulnerables, como también lo hacen muchos magistrados) y de dedicación casi exclusiva. Un ciudadano ‘común’ en América latina no cuenta con esas ventajas. La cuestión se extiende hasta encontrar la forma de una polémica sobre la existencia, o inexistencia, de un Estado de derecho en estos países.     Todavía mencionamos un último factor. Si se logra acceder a los circuitos judiciales, si el actor se maneja eficazmente en ellos y se le concede la razón jurídica, y si los encargados de hacer cumplir las sentencias las ejecutan, pudiese todavía parecerle a mucha gente que la sanción no fue “justa”. Una situación típica es la de la mujer que gana un juicio a su marido o pareja (la golpeaba, humillaba, engañaba, etc.), obtiene una pensión y la custodia de sus hijos. Como resultado no deseado, él se alcoholiza y se torna un guiñapo humano. La gente del barrio (ella sigue viviendo en la antigua casa común), tenderá a valorar que la mujer es la culpable, la arpía, la zorra, etc., y que él era un hombre bueno que se malogró porque ella lo destruyó. La mujer probablemente tendrá que irse a otro barrio, trasladar de escuela a sus hijos, e incluso cambiar de iglesia y de amigas/amigos. Esto porque una resolución judicial legítima no altera, por sí misma, el ethos sociocultural, en este caso machista, que sostiene y nutre la existencia cotidiana de la gente.     Estos son algunos de los aspectos que facilitan entender por qué buscar “justicia” en las resoluciones y procedimientos de los circuitos judiciales latinoamericanos (y quizás de todo el mundo) resulta improcedente. Lo que se debe buscar en los tribunales es tanto que la situación presentada se resuelva de acuerdo a derecho como el que los dictámenes sean cumplidos. Y queda pendiente, aunque sea el tema de una “cultura de derechos humanos”, la cuestión del recibimiento cultural, que comprende la recepción institucional, de esas resoluciones.     2.-Muerte de Pinochet, impunidad y derechos humanos: el derecho como casuística     Aunque explicable, desde criterios personales, sociales y políticos, es también grotesco alegrarse persistentemente por la muerte del ex senador vitalicio y militar Augusto Pinochet. En la especie humana todavía la muerte biológica acontece a todos y a cada uno y por ello es dato generalizado y lugar común. Pero lo decisivo no es la trivial observación anterior, sino el hecho de que ‘Pinochet’ aún vive entre los chilenos y también más acá. Pinochet fue una individualización peculiar del inicio de los regímenes neoliberales de gobierno en su versión latinoamericana y por ello la dictadura que condujo institucional y personalmente no fue puramente militar sino empresarial-militar y corporativo-militar. Esto quiere decir que ‘Pinochet’, además de nombrar a un individuo, designa o es el nombre también de un sistema. Bajo esta forma Pinochet vive en el ‘éxito’ de los empresarios, corporaciones y tecnócratas que, asentados en Chile, han hecho “clavos de oro” desde 1973 sobre la base de fragilizar y desagregar la fuerza de trabajo, concentrar riqueza y poderío, y consolidar el territorio para la depredación de las transnacionales. A esa tragedia humana, social y ecológica, a este temple o ethos sociohistórico, se le llama internacionalmente y con estupidez “crecimiento sostenido”. De manera que Pinochet vive y, además, tiene, y busca extender, gran “prestigio” internacional.     Como detalle obsceno, Pinochet vive específicamente y además en la institucionalidad chilena porque la Constitución de ese país (1980), hoy apenas limada en su articulado más soez, como garantizar constitucionalmente los golpes de Estado militares, por ejemplo, se la redactó la extrema caverna católica y los gobiernos de la concertación, neoliberales y autoritarios[5], se sujetan a ella. Es este ethos jurídico el que facilita a las Fuerzas Armadas ‘chilenas’ rendirle tributo institucional al cadáver del individuo que encabezó la impunidad de los asesinatos, la tortura y las desapariciones masivas y selectivas y, además, les concedió (y autoconcedió) un régimen de salarios y previsional de excepción. Los torturadores y asesinos gozan hoy en Chile de privilegios en su relamido e impune retiro anciano. Y su corporativo tributo al cadáver de Pinochet muestra a estos militares prologando su descaro e irredimibilidad.     Por supuesto, Pinochet vive especialmente en la sensibilidad de muerte que instaló en Chile, acompañado y aplaudido por empresarios, tecnócratas, jerarquía clerical, medios masivos, políticos, sectores medios frágiles y codiciosos, y cuyo horror-temor-impunidad fue componente decisivo para entorpecer y bloquear su indagatoria y juicio en los tribunales no ya por su miseria moral y delitos de lesa humanidad sino por la rapacidad venal que lo hizo millonario junto a su familia. Esta sensibilidad de muerte, que aspira a la liquidación de las esperanzas sociales y a sustituirlas por deseos individuales, destruyó al antiguo Chile y es parte constitutiva de los “buenos negocios”actuales dueños que maltratan a la mayoría de su población, en especial a los jóvenes, y destruyen irreversiblemente su medio natural. Nada de esta violenta tragedia desaparece con la muerte de Pinochet. Su ruindad se prolonga como desagregación y muerte del pueblo chileno y depredación comercial de su Naturaleza. Los gobiernos civiles, incluido el de la señora Bachelet, no hacen sino reproducir y extender la miseria humana y natural que el discurso oficial e internacional valora como “éxito” y “soberanía compartida”. No puede omitirse aquí que, sobre la base de la ignorancia o la mentira reiterada, o ambas, el Pinochet ‘cultural’ tenga admiradores incluso en Costa Rica. Jaime Gutiérrez Góngora, un profesional de la medicina, viene pidiendo a gritos la “solución Pinochet” (masacre cruel e impune de los opositores) para que el tratado de “libre comercio” (TLC) con Estados Unidos sea cimiento de la verdad, el bien y la belleza de los costarricenses ‘bien nacidos’.[6]. La furia de de Gutiérrez es solo expresión particularizada de una sensibilidad más general. Ante la inminencia de la aprobación de este TLC comienza a agitarse en los medios que el empresariado costarricense encuentra obstáculos competitivos en los ‘altos salarios’ de los trabajadores (una obrera local tiene ingresos “excesivos” de 240 dólares al mes, mientras que en Nicaragua ganaría 72 dólares. En El Salvador y Honduras alrededor de 150). Esta “pinochetada” continental se escuchará cada vez más en Costa Rica una vez que el TLC, que es en realidad un pacto de comercio preferencial, sea aprobado.     La observación anterior admite una extensión internacional. Aunque la administración Bush tuvo oficialmente una reacción vergonzante ante la muerte de un individuo tan desprestigiado como el sujeto Pinochet (que en su mejor momento fue reconocido como legítimo por personalidades como Juan Pablo II o el economista Friedrich Hayek), resulta evidente que su doctrina de “guerra global preventiva contra el terrorismo”, secundada con entusiasmo por los gobiernos del Reino Unido y Rusia, descansa en el mismo fundamento que el terror de Estado propuesto por los regímenes de Seguridad Nacional latinoamericanos como mecanismo de reconstitución social y práctica fundamental para su reproducción. Tanto el terror de Estado de los empresarios y militares latinoamericanos como la ‘guerra preventiva’ busheana fueron avisados en el inicio de la sensibilidad política moderna liberal por el inglés John Locke (1632-1704) en su Segundo Tratado sobre el gobierno civil y otros escritos. Para Locke, la riqueza de cada cual se sigue de su trabajo individual, de modo que los grandes propietarios, hoy día las corporaciones transnacionales, deben ser defendidos por la legislación positiva (o la ley natural) en sus bienes e intereses como si se tratara de las vidas personales de sus dueños. Contra la propiedad privada, para Locke, se atenta incluso con el pensamiento. Y quienes ofenden la propiedad de otros (con la violencia usurpadora o la mendicidad o el imaginario de un mundo sin acumulación privada de capital) dejan de pertenecer a la especie humana y pueden (y deben) ser tratados como “fieras dañinas”. En la gestación ‘liberal’ del pensamiento moderno surge la figura de la no-persona, es decir de los individuos que por quebrantar la reproducción de un único orden racional posible (el centrado en la acumulación de capital), carecen de toda capacidad jurídica y, con ello, no admiten ninguna defensa legal.     Salta a la vista que el anterior imaginario está presente en la doctrina de Seguridad Nacional versión latinoamericana que, en el marco de la llamada Guerra Fría, permitió a la dictadura empresarial-militar encabezada por Augusto Pinochet introducir la figura del “humanoide” para designar a los ‘comunistas’ y, más latamente, a cualquier opositor o individuo que provocase irritación. Estos humanoides carecían de todo derecho y sus cadáveres podían ser tratados como una cosa vulgar, sin ningún respeto o decoro. Sostenidas por la figura del “humanoide” o “comunista” están las cárceles clandestinas, las desapariciones, las tumbas colectivas y caravanas de la muerte, los secuestros permanentes, la arrogancia y el desdén por los familiares de las víctimas de la brutalidad y la codicia, la ausencia de toda solidaridad con los humildes y empobrecidos (o sea con los privados de poder). De la misma forma la “guerra global preventiva”, de Bush-Rice, Rumsfeld, Blair o Putin, determina sus cárceles clandestinas, reclama el ‘derecho’ a torturar a los cautivos y el privarlos de toda defensa legal, de linchar a Sadam Hussein y sus colaboradores, de perseguir sanguinariamente a las nuevas no-personas: los “terroristas”, definidos unilateral y arbitrariamente como tales desde un poder que se desea ilimitado e impune. Este delirio se sigue del imaginario ‘filosófico’ liberal-capitalista, clásico e imperial, y sus argumentos son tributarios del ‘talento’ de un autor considerado clave (por su perspectiva individualista) en la gestación de la figura de “derechos humanos”.[7]     Visto en esta perspectiva, ‘Pinochet’, expresión bruta de una sensibilidad ‘cultural’, sigue vivo en Chile y en las relaciones internacionales. La invasión de Irak por la administración Bush tiene, entre otros alcances, el efecto de destruir el paradigma de relaciones internacionales surgido tras la segunda Guerra Mundial con la constitución de la Organización de Naciones Unidas. La liquidación de Naciones Unidas hace retornar el patrón de relaciones internacionales al período anterior a esa guerra. En ese período, los conflictos internacionales (geopolítica) se resolvían llanamente por el empleo unilateral de la fuerza. No se trata de elogiar aquí a Naciones Unidas como una panacea. Fue débil e insuficiente. Su cadáver insepulto sigue siéndolo. Pero su existencia es mejor que su destrucción para los países con menos o ninguna capacidad de protegerse contra la discriminación y la guerra militar, económica o cultural de los poderosos, sean éstos Estados, organismos internacionales como el FMI o transnacionales. Y no se puede olvidar que la liquidación de Naciones Unidas se produce cuando el principal instrumento de agresión militar son las armas de destrucción masiva. Éstas, en particular las nucleares, no existían en la primera mitad del siglo XX. Y las tecnologías de alcance universal, capaces de emplear las armas químicas y biológicas con alcances de pandemias irreversibles, tampoco. Uno de los factores que impidió al régimen nazi asesinar a más judíos fue la ausencia de una tecnología eficaz para destruir los cadáveres. Hoy ese tipo de limitantes no existe. Las tecnologías actuales permiten liquidar a cualquier grupo humano en cualquier lugar del planeta y, al mismo tiempo, eliminar sus cadáveres. La concentración de poder garantiza la impunidad de los criminales. Visto así, ‘Pinochet’ está más vivo que nunca, incluso como posibilidad. Y los regímenes latinoamericanos de Seguridad Nacional aparecen como ‘adelantos’ prácticos de la guerra global preventiva puesta en marcha por los Estados Poderosos y sus Corporaciones Transnacionales.     Visto en esta perspectiva, ‘Pinochet’, expresión bruta de una sensibilidad ‘cultural’, sigue vivo en Chile y en las relaciones internacionales. La invasión de Irak por la administración Bush tiene, entre otros alcances, el efecto de destruir el paradigma de relaciones internacionales surgido tras la segunda Guerra Mundial con la constitución de la Organización de Naciones Unidas. La liquidación de Naciones Unidas hace retornar el patrón de relaciones internacionales al período anterior a esa guerra. En ese período, los conflictos internacionales (geopolítica) se resolvían llanamente por el empleo unilateral de la fuerza. No se trata de elogiar aquí a Naciones Unidas como una panacea. Fue débil e insuficiente. Su cadáver insepulto sigue siéndolo. Pero su existencia es mejor que su destrucción para los países con menos o ninguna capacidad de protegerse contra la discriminación y la guerra militar, económica o cultural de los poderosos, sean éstos Estados, organismos internacionales como el FMI o transnacionales. Y no se puede olvidar que la liquidación de Naciones Unidas se produce cuando el principal instrumento de agresión militar son las armas de destrucción masiva. Éstas, en particular las nucleares, no existían en la primera mitad del siglo XX. Y las tecnologías de alcance universal, capaces de emplear las armas químicas y biológicas con alcances de pandemias irreversibles, tampoco. Uno de los factores que impidió al régimen nazi asesinar a más judíos fue la ausencia de una tecnología eficaz para destruir los cadáveres. Hoy ese tipo de limitantes no existe. Las tecnologías actuales permiten liquidar a cualquier grupo humano en cualquier lugar del planeta y, al mismo tiempo, eliminar sus cadáveres. La concentración de poder garantiza la impunidad de los criminales. Visto así, ‘Pinochet’ está más vivo que nunca, incluso como posibilidad. Y los regímenes latinoamericanos de Seguridad Nacional aparecen como ‘adelantos’ prácticos de la guerra global preventiva puesta en marcha por los Estados Poderosos y sus Corporaciones Transnacionales.     Retornando a América Latina, para que Pinochet, no el individuo sino suethos sociocultural neoligárquico, muera, en Chile y en todos los puntos del subcontinente, sería necesario que los opulentos (a quien nadie quiere perseguidos, torturados ni desaparecidos) decidieran redistribuir parte significativa de la riqueza que ingresan en beneficio de oportunidades para los más vulnerables de la población, en especial jóvenes, mujeres e indígenas, y que ello no fuese obstruido por idiotizadas y enardecidas capas medias como “comunismo”. También, que se reconstituyese las Fuerzas Armadas como aparato de servicio ciudadano y, donde y cuando se pueda, se las haga desaparecer. Las diversas expresiones de Poder Judicial deberían responder a la lógica e instituciones de un Estado de derecho sólido y su autonomía debería estar asegurada por el control ciudadano. Debería imponerse a las transnacionales regionales y extra regionales un código de comportamiento amable con la Naturaleza. E invitar a los tecnócratas privados y públicos a trabajar un día y medio a la semana la tierra y a viajar en locomoción colectiva. Curas y pastores podrían entrar en una dieta de agua bendita para eliminar su hipocresía y, después, salir del templo a acompañar y servir sin dogmas a la gente. Los medios masivos podrían darse códigos de responsabilidad ciudadana y de ética periodística y dejar la información en manos de sus periodistas profesionales. Los sectores populares querrían quizás aprender a trabajar en cooperativas. Los políticos, a crecer desde su gente. Y de la maduración de estos procesos podría esperarse, tal vez, que se discutiese la posibilidad de hacer de la propiedad un factor que potencie los emprendimientos colectivos integradores y la tendencia a la ausencia de toda discriminación. No se trataría de sociedades perfectas, pero constituirían un testimonio de humanidad que quizás lograra salvar a la especie de su hecatombe material o moral durante el siglo. Si así se desplegaran los tiempos, en algún momento, Pinochet habría muerto definitivamente y sería solo un referente de discusión en los anales ya superados de la infamia.     Esa soñada y celebrada muerte cultural de Pinochet no es posible sin que los sociohistóricamente explotados, objetivados y humillados, se autotransfieran el poder y el prestigio que les permitan crear las instituciones y lógicas que vengarán y honrarán a sus muertos, torturados y desaparecidos y alimentarán en sus hijos la esperanza material que les permita construir un mundo distinto y mejor para todos. Así será legítimo y espontáneo hacer fiesta constante por la muerte de Pinochet. Estrictamente esto quiere decir que los humildes y decentes de Chile y de todo el mundo tienen que organizarse políticamente para matarlo. A él, a su familia, a sus socios y amigos. A la cultura/civilización que representa. El mundo sin Pinochet es necesario y posible.     3.-Hacia una lectura conceptual de 'justicia', derechos humanos y la muerte de Pinochet     Las observaciones anteriores tratan de manera no sistemática sobre los siguientes aspectos de la existencia social latinoamericana:     a) las instituciones jurídicas latinoamericanas y las lógicas que las animan, así como la enseñanza académica del Derecho y la práctica, con el inevitable ‘sentido común’ que las acompaña, de las ONGs interesadas en derechos humanos, están fuertemente permeadas por ideologías de Derecho natural, ya sea el de inspiración clerical, o clásico, por provenir del Mundo Antiguo, ya sea del iusnaturalismo o derecho natural moderno. Para estos imaginarios ideológicos, conceptos/valores como el de “justicia” poseen un carácter metafísico, es decir “flotan” por encima de las tramas sociales y las deshistorizan como función de la reproducción de las dominaciones vigentes y necesarias y de sus instituciones e identificaciones grupales e individuales inerciales, estas últimas como dispositivos internalizados o subjetivos imprescindibles para esa reproducción. Es decir, ‘flotan’ pero al mismo tiempo inciden normativamente. Para el ciudadano común, y para los sectores sociales populares, la ‘justicia’ puede representar algo de lo que se carece pero que algún día llegará (en otra vida o en la sentencia aleatoria y particular de un tribunal). Vista así, la justicia (ideológica) muestra un rostro perverso y también un rostro de cierta manera eficaz porque alienta la esperanza y ello permite sobrevivir o soportar la malamuerte o, mejor, resistir. Se trata, sin embargo, de una esperanza individual o casuística que solo ilusoriamente puede devenir patrón generalizado o universal: “Apareció o fue devuelto el cadáver de mi hijo. Tal vez mañana aparezca también el del tuyo. O quizás siga vivo”. A diferencia de este enfoque o ideológico (en el sentido marxista original) o utilitario-ilusorio, los textos antecedentes sugieren o proponen pensar sistemática e historizadamente valores como la justicia e instituciones como los circuitos judiciales y derechos humanos y, con ellos, el Estado de derecho. Este último, en América Latina, es una polémica, no un dato[8];     b) en las sociedades modernas la tarea de pensar sistémica e historizadamente valores como el de “justicia” se conforma mediante un programa-proceso que no puede realizarse sino desde las asimetrías y dominaciones estructurales que constituyen estas formaciones sociales. Estas dominaciones-sujeciones son básicamente de clase, de sexo-género, de generación, étnicas, religiosas, políticas y geopolíticas y se condensan y ponen de manifiesto en la existencia cotidiana. [9] Las dominaciones-sujeciones resultan opacas en esta existencia desde la perspectiva de los sectores dominantes o de imperio para cada dominación específica y para el conjunto articulado de ellas. Así, por ejemplo, los varones no perciben inmediata (muchas veces ni siquiera mediadamente) la dominación de sexo-género porque ella parece operar en ‘su beneficio’. Les parece, por tanto ‘natural’. El empresario capitalista se valora a sí mismo como un empleador que obtiene ganancias legítimas debido a su emprendimiento y visión. No se experimenta ni su familia lo percibe como “explotador de fuerza de trabajo”. Las malas condiciones de existencia de los trabajadores le parecen a este empresario también o ‘naturales’ o derivadas de factores situacionales: poca educación, vicios, pereza, falta de voluntad, mala raza o clase .     Los ejemplos anteriores se relacionan con desafíos propuestos por las sensibilidades dominantes y de dominación y con las identificaciones sociales inerciales. Planteadas así, las formas estructurales y situacionales de dominación-sujeción deben ser pensadas, o sea sentidas, analizadas e imaginadas, desde los lugares sociales de quienes las sufren, resienten y resisten. Este pensamiento es función de una, o varias, organizada pujanza social y cultural en perspectiva de liberación cuyos protagonistas articulados pueden considerarse genéricamente como ‘pueblo político’.     Que la muerte de Pinochet no pueda pensarse adecuadamente (ni celebrarse) desde el imaginario dominante y de dominación, lo revela el que este dispositivo de ‘pensamiento’ y sentimiento independice su acabamiento individual del conjunto (o totalidad) de la reproducción del sistema del que el factor Pinochet (neoliberalismo y terror de Estado) formó parte. De hecho, el sistema, esta vez bajo la fórmula neoliberalismo y ‘democracia’, se reproduce “mejor”, es decir con mayor fluidez e injusticia, desde que Pinochet es cadáver. En sus últimos meses, el individuo Augusto Pinochet “molestaba” tanto a su familia, en ciernes de tener que responder judicialmente por su opulencia mal habida, como a quienes protagonizan el juego político chileno. La ‘naturalidad’ del ‘exitoso’ proceso chileno se oxigena con la desaparición del individuo Pinochet. Derechos humanos, en su versión politicista, (fundamentales y políticos) pueden reclamarse ya sin trabas en los circuitos judiciales porque nadie o casi nadie de alguna importancia social será castigado por sus violaciones anteriores o actuales[10]. Más grave, la ‘plena’ vigencia de derechos humanos, como los de elegir representantes o transitar, tras la muerte de Pinochet, ratifica la bondad de una economía y de una conducción político-cultural que produce explotados, informales, excluidos y vulnerables, como mujeres, indios y ancianos, y desagrega las tramas sociales básicas (referentes de derechos civiles) en el mismo movimiento en que destruye irreversiblemente el medio natural. Es decir que el no acceso universal a educación y salud y a un empleo digno continúan siendo consideradas en Chile situaciones paralelas o ajenas a derechos humanos.     En realidad, una economía que funciona con un 10% de desempleo abierto y un núcleo duro de pobreza y miseria socioeconómica del 20% y que acrecienta el coeficiente Gini que distingue a la minoría opulenta y codiciosa de amplios sectores sociales que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, sí es un desafío de derechos humanos. Pero no se puede reclamar en los tribunales. Tampoco pueden reclamarse las discriminaciones que soportan en Chile los inmigrantes peruanos y bolivianos. Todo ello forma parte del ‘orden racional e inevitable’ de las cosas. Igual que la inviabilidad de llevar a los tribunales a las corporaciones transnacionales y monopolios que destruyen el hábitat natural y exigir para sus ejecutivos y responsables legales condenas propias de delitos de lesa humanidad y sus resarcimientos civiles. Sin embargo, desagregar irreversiblemente el hábitat social y destruir el natural deberían constituir, en sana doctrina, delitos de lesa humanidad. Esas acciones y procesos tendrían que estar tipificadas en la legislación positiva sobre derechos humanos. No lo están o lo están insuficientemente porque se los considera temas meramente ‘sociales’ o ‘económicos’ con racionalidades ‘distintas’, e independientes, a la de la justicia [11] Se hace por tanto necesario no solo pensar, o sea sentir, analizar y soñar, desde los ofendidos y desde sus formas de organización y resistencia, sino también criticar y superar los imaginarios politicistas reinantes que bloquean entender que derechos humanos se lesionan cuando no hay trabajo o éste es indigno, cuando se discrimina (incluso con la limosna) a los pobres y miserables producidos por el ‘orden’ social, etc. Estrictamente, no basta pensar desde los ofendidos. Se requiere además vincular las ofensas con la constitución y reproducción de la totalidad que se dice ‘bien ordenada’.     c) en términos de una cultura de derechos humanos la discusión anterior se centra en que el “factor Pinochet” no se agota en un ‘caso’, aunque también lo sea, y que los efectos del terror de Estado que encabezó, efectos que son individuales, grupales y sociales, tampoco se agotan en muchos ‘casos’, disímiles o semejantes, que conformarían la justicia cuando se resolvieran, uno por uno, satisfactoriamente (si esto es posible) para las víctimas. Pinochet y las Fuerzas Armadas y los empresarios fueron y son factores y funciones, al mismo tiempo que personificaciones, de un sistema. Al igual que lo fueron y son los trabajadores del campo y la ciudad chilenos. Desde su resistencia al sistema y a su reproducción, “justicia” no se dice ni resuena igual que cuando lo pronuncian los sectores que se benefician del modelo. Los trabajadores del campo y la ciudad, y sus expresiones ciudadanas, podrán aspirar a la justicia solo cuando se hayan dado la fuerza social que les permita incidir efectivamente, desde sí mismos, en la construcción de un Estado de derecho y en la legislación que, como proceso, lo operativiza;     d) históricamente, derechos humanos siempre se han seguido de transferencias o autotransferencias sociales de poder. Si la matriz de derechos humanos está configurada por las formaciones sociales modernas, el motor que posibilita derechos humanos es la lucha social y ciudadana en ellas. La lucha social es decisiva para la constitución histórica de derechos civiles. La lucha ciudadana tiene como premisa y horizonte el proceso de consolidación de un Estado republicano de derecho y un régimen democrático;     e) no se trata de echar todo al canasto de la basura (el recurso de habeas corpus, por ejemplo, que ha protegido tantas vidas) para empezar de cero, como si hubiera que inventar la historia, sino de trabajar con lo que hoy se tiene, que, por desgracia no es mucho, y de avanzar socialmente hacia una comprensión popular, o sea liberadora, de derechos humanos y de la producción sociohistórica de ‘justicia’. La tarea comprende conceptualmente la crítica de los criterios de Derecho natural y procedimentales respecto de derechos humanos y su comprensión, desde la lucha social, como referentes sociohistóricos. Esto implica asumirlos como condensaciones relativas de las relaciones entre fuerzas sociales y como instituciones que pueden revertirse y anularse o instrumentalizarse negativamente si no son política y culturalmente sostenidos. Esta última es una tarea republicana, o sea de mayorías o de diversas minorías articuladas, constantes o fluidas; f) se debe discutir y asumir que derechos humanos poseen un momento de compleja gestación, en la resistencia y lucha social, una fase de positivización normativa o jurídica (universalización judicial) cuyo referente nuclear es el Estado de derecho, y un momento cultural o ético en que las capacidades y fueros propuestos y reconocidos en esos derechos pasan a formar parte de las identidades (autonomía, autoestima) sociales. Estos momentos no son lineales ni obedecen a una única o superior racionalidad. La legitimidad de la lucha social es decisiva para el reconocimiento y asunción político-cultural de los derechos judicializados. Y también lo es para proteger al Estado de derecho de sus desviaciones burocráticas y metafísicas, mercantiles y clientelares; Las condiciones para la muerte efectiva de Pinochet, y la posibilidad de nuevas formas de justicia y renovadas y originales esperanzas sociales, las producirá la lucha social. Sin ella, el factor Pinochet, sobrevivirá a su muerte individual como parte de un proceso generalizado que aniquila las esperanzas y con ello la capacidad popular y humana de apostar por posibilidades de liberación y hacerlas suyas en la victoria o el fracaso. Notas 1. Véase, por ejemplo, Carlos Ignacio Massini: El derecho, los derechos humanos y el valor del derecho, en particular desde la página 136 en adelante. También del mismo autor, Filosofía del Derecho. El derecho y los derechos humanos. O, más actual, en el sentido de liberal y pragmático, M, Ignatieff: Los derechos humanos como política e idolatría. 2. Algunas de estas conflictividades estructurales han sido presentadas en H. Gallardo: Derechos Humanos como movimiento social. Los sistemas jurídicos modernos tienen una finalidad práctica, favorecer la coexistencia, pero esta finalidad no es necesariamente universalizable ni integradora, excepto en las ideologías que los justifican.. 3. Sobre este aspecto puede verse el trabajo de E. Novoa Monreal: El derecho como obstáculo al cambio social. 4. El contenido de esta sección se basa en el artículo del mismo autor "Pinochetvive", ditado en diciembre del 2006 (Pensar América Latina, http:/www.heliogallardo-americalatina.info). 5. La prensa comercial califica de 'socialistas' a los dos últimos gobiernos electos de Chile. Con la misma objetividad podrían calificarlos de "xtreterrestres". Chile es gobernado por una coalición electoral oportunista y venal que no se da la fuerza política para atender las necesidades básicas de la población en educación y salud, sino que las supedita al "crecmiento" económico. Lo mismo para el trato amable con la Naturaleza. La población chilena mayoritaria vivió el terror de Estado durante 17 años. Ahora sufre el terror económico de administraciones neoliberales que favorecen unilateralmente la acumulación de capital sobre la mala sobrevivencia de las personas y la negación de su bienestar. 6. J. Gutiérrez Góngora (en La Nación, periódico, 27/11/06), San José de Costa Rica). 7. Sobre la admiración por Locke véase, por ejemplo, N. Bobbio: El tiempo de los derechos, o L. Ferrajoli: Derecho y razón. 8. Sobre este punto puede verse un autor insospechable de "izquierdismo": Guillermo O'Donnell: La democracia en América Latina. 9. Existen también otras, como la oposición urbano//rural. 10. Quienes asesinaron o se beneficiaron con el terror de Estado en Chile han declarado de inmediato que es el momento de la reconciliación. No admiten nada, no piden excusas o perdón, no se muestran arrepentidos, no indemnizan. En la práctica están orgullosos de sus crímenes y parte de este orgullo se deriva de que asumen que el sistema los ubica "por encima de toda sospecha": ellos, sus propiedades y familias, quedarán impunes. La reconciliación en esas condiciones hace, a quienes se destrozó la existencia, no-personas. 11. El discurso neoliberal reinante decreta: "La desigualdad está enraizada en la naturaleza humana: unos se esfuerzan y reciben más, otros menos. Pretender que todos ganen igual conduciría a destruir la prosperidad". Bibliografía Bobbio, Norberto: El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid, España, 1991. Ferrajoli, Luigi: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, España, 1995. Gallardo, Helio: Derechos humanos como movimiento social, Desde Abajo, Santafé de Bogotá, 2006. Gallardo, Helio: “John Locke y la teoría del poder despótico”, en Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, N° 106, San José de Costa Rica, 2006. Gallardo, Helio: "Pinochet vive", sitio web Pensar América Latina, www.heliogallardo-americalatina.info, diciembre 2006. Ignatieff, Michael: Los derechos humanos como política e idolatría, Paidós, Barcelona, España, 2003. Locke, John: Second Treatise of Gobernment, Hackett, Indiana, EUA, 1980. Locke, John: Ensayo sobre el gobierno civil, Aguilar, s. d. e. Novoa Monreal, Eduardo: El derecho como obstáculo al cambio social, Siglo XXI, 11ª edic., México, 1995. Massini, Carlos Ignacio: El derecho, los derechos humanos y el valor del derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1987. Massini Correas, Carlos I.: Filosofía del Derecho. El derecho y los derechos humanos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1994. O’Donnell, Guillermo: “Notas sobre la democracia en América Latina y Siete tesis sobre el Estado en América Latina”, en (PNUD) La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, Aguilar/Altea/Taurus/ Alfaguara, Buenos Aires Argentina, 2004.

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