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lunes, 16 de septiembre de 2013

La Mente del Horror: Psicología al servicio de la Dictadura

Publicado el 16 Septiembre 2013
 ESCRITO POR CRISTHIE MELLA*


Existen actividades y profesiones que involucran por definición el servicio a las personas. Las llamadas “disciplinas humanistas” y “sociales” suponen la vocación de ayuda y búsqueda del bienestar tanto individual como colectivo. En tal sentido, el irrestricto apego a las normas éticas como principio fundamental del ejercicio profesional se presenta como un imperativo ineludible. Desde esta lógica, diferentes colegios profesionales han elaborado códigos de ética que recogen esta necesidad de regulación y que orientan cualquier actuación.

En nuestra historia país no tan lejana, muchos profesionales de estas disciplinas debieron desempeñarse en condiciones extremadamente difíciles, en un contexto sociopolítico que no pocas veces puso en jaque la ética profesional. Durante la dictadura muchísimos médicos, profesores, psicólogos, abogados, jueces, hicieron decisiones bajo un entramado férreamente controlado por las fuerzas represivas de la época. Sin duda, que el trabajo de muchos se transformó en un esfuerzo aún mayor del que cabía esperar, toda vez que la vida misma estaba en juego.

Desgraciadamente, hubo profesionales que claudicaron los principios éticos, algunas veces tal vez anulados por el terror, otros sin embargo, fueron presa de concepciones desdibujadas y distorsionadas del ser humano y el ideario de sociedad que se impuso bajo la fuerza. Bajo este marco fue que algunos médicos y psicólogos pusieron su conocimiento técnico a disposición del aparato represivo en los tiempos de la dictadura militar para llevar a cabo las maniobras de terror que dejaron miles de víctimas.

El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech, 2005) ha acreditado la participación de médicos y profesionales de la salud en el asesoramiento de prácticas de tortura con detenidos políticos, siendo crucial en los episodios de aplicación de descargas eléctricas, donde la “labor profesional” se orientó a supervisar niveles de voltaje administrados, y, tal como lo han revelado las propias víctimas con sus testimonios recientes, experimentar con los niveles de tolerancia de sus cuerpos, práctica absolutamente contraria a procurar el bienestar y la salud.

Ante estas revelaciones, el colegio médico de Chile se constituye en el primer gremio profesional en condenar la participación de sus colegas en este tipo de actuaciones. Al respecto, las propias víctimas han logrado identificar a algunos médicos y también enfermeras que colaboraron activamente con los agentes de la represión en nuestro país. También se hizo parte hace algunos años en la denuncia y sanción pública, el Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, el que sancionó a tres miembros de la orden por participar en la producción de noticias falsas, cuyo caso emblemático lo constituye el montaje conocido como Operación Colombo o Caso de Los 119, orquestado por los servicios de inteligencia de la dictadura militar en junio de 1975, que hizo aparecer a las víctimas como muertas en enfrentamientos, en circunstancias que habían sido asesinados por agentes del gobierno.

Sin duda, que estas acciones, que aunque muchas veces solo puedan quedarse en el plano de lo simbólico, contribuyen a establecer la verdad y restituir tanto las confianzas como el compromiso del mundo profesional hacia una ética humanista, defensora de la vida y de la dignidad de las personas.

Existe aún, sin embargo, otro ámbito disciplinar que merece atención y que ha sido poco visibilizado. Diferentes testimonios de testigos de la época y también diferentes investigaciones periodísticas han revelado las actuaciones de profesionales del ámbito de la psiquiatría y psicología –de manera paradojal las disciplinas más directamente vinculadas a la salud mental. Específicamente, el gremio de psicólogos ha evitado investigar y referirse a las denuncias y testimonios que vinculan al profesional Hernán Tuane Escaff, reconocido psicólogo para los tiempos de la dictadura y quien mantuvo y desarrolló diversas actuaciones al servicio de ese gobierno.
El colegio de psicólogos ha argumentado la dificultad para acreditar los hechos en que este profesional aparece sindicado. No obstante, existen testimonios de ex prisioneros políticos y hasta de un ex agente de la CNI –Andrés Valenzuela– que establecen clara vinculación de psicólogos en el trabajo de asesoramiento de la DINA Y CNI. Respecto de Tuane, su colaboración con el gobierno era pública para la época, por lo cual fue identificado por algunos prisioneros durante los interrogatorios ejecutados en centros de tortura. Se sabe que mantuvo un cargo de importancia en la secretaría general de Gobierno durante los primeros años de la dictadura. Su área de especialización declarada parece ser la criminología por cuanto aparece ligado a Policía de Investigaciones (PDI). Dentro de su trayectoria profesional se encuentra el haber dictado cursos de capacitación para este organismo, capacitaciones que según sus propias palabras, estaban orientadas a introducir el rigor científico en las técnicas de interrogatorio. Esta actividad laboral, le habría significado el cuestionamiento de sus alumnos de la cátedra de “Técnicas de Tratamiento Psicológico”, en su calidad de docente en la carrera de Psicología de la Universidad de Chile, hecho que aparece mencionado en la prensa de la época.

Sin embargo, pasa a ganar reconocimiento público desde su participación destacada en uno de los casos -en la época llamado policial- más oscuros de nuestra historia. Se trata del secuestro, desaparición, y asesinato de un niño de tan solo seis años de edad: Rodrigo Anfruns Papi. A más de 33 años de ocurrido, el caso aún es motivo de investigación, pese a haber sido cerrado por los tribunales en tres ocasiones. La razón por la que la familia aún presiona para su esclarecimiento se relaciona con la multiplicidad de enigmas y preguntas sin respuesta que quedan aún rondando, en donde el psicólogo Tuane aparece involucrado. Quienes conocen el caso, saben que Rodrigo en junio del año 1979 desaparece misteriosamente del antejardín de la casa de su abuela para aparecer muerto en un sitio eriazo luego de 11 días de intensa búsqueda, encontrándose el cuerpo en un lugar ampliamente registrado en forma previa. Esta contradicción fue esclarecida en el año 2011 cuando un ex carabinero que participó de la búsqueda confesó a la madre de Rodrigo haber visto a agentes de la CNI depositar el cuerpo del niño, horas previas al hallazgo del cadáver.

Consta en la información del caso y en expediente judicial de la causa –que estuvo misteriosamente extraviado– que el Sr. Tuane colaboró como asesor directo de la policía en la investigación del hecho y fue él quien, supuestamente mediante hipnosis, recibiera la confesión del único inculpado, el entonces adolescente de 16 años Patricio Pincheira, quien en su condición de menor de edad termina siendo declarado sin discernimiento y derivado a una institución de menores de la época. En declaraciones recientes, Pincheira relata haber sido interrogado y sometido a apremios ilegítimos y amenazas por parte de la policía, como maniobras para obligarlo a confesar algo que él no había hecho.

Tuane, a propósito de su rol protagónico en la resolución del caso, escribe un libro titulado "Rodrigo: Una interpretación criminológica", publicado por Editorial Planeta Chilena, en 1982. Sin embargo, su planteamiento nunca ha sido acogido por los familiares de la víctima. Paola Papi, madre del niño, ha sido enfática en señalar que ese texto le parece una validación de la versión oficial del caso, la que hoy aparece cuestionada. Respecto de Tuane y sus declaraciones, en el fallo de la corte de Apelaciones de Santiago del uno de abril de 2010 se concluye que en su declaración constan marcadas contradicciones, como por ejemplo la obtención de un dibujo de Pincheira con escritura en inglés, en circunstancias que el niño no manejaba ese idioma. Estos antecedentes permiten introducir serias sospechas respecto del grado de participación que le pudiera caber en la distorsión de la verdad en un caso altamente sensible y para el que se maneja la tesis del móvil político.

Otros antecedentes de su trayectoria ligada a la dictadura se relacionan con el asesoramiento en materia de manejo y manipulación de la opinión pública. Su nombre aparece en una serie de documentos caratulados como "Campaña de penetración sicológica masiva", los cuales fueron encontrados en un subterráneo de La Moneda en el año 2004. Estos documentos, con firma de Tuane, tienen data del 19 de noviembre de 1973 y fueron dirigidos a la Junta militar bajo el título “Sobre la necesidad de realizar una campaña psicológico-masiva tendiente a destruir el marxismo como ideología”. En definitiva corresponde a un trabajo encargado en el contexto del cargo que este psicólogo desempeñaba en el Departamento de Relaciones humanas de la Secretaría General de Gobierno. En estos escritos Tuane y sus colaboradores sugirieron el temor de que militantes y dirigentes políticos de la Unidad Popular comenzaran a ganar espacios entre los habitantes, fundamentalmente "por la vía pacífica”, ante lo cual sugerían la necesidad de llevar adelante una campaña de adoctrinamiento de la población. Esta operación tenía como objetivo mantener a la población bajo "la amenaza de castigos angustiosos" para que vieran al gobierno militar "como única solución al problema llamado marxismo". Expresa Tuane en estos escritos: “La campaña tiene como objetivo fundamental actualizar los factoresneurotizantes que traumatizaron al ciudadano Chileno durante el régimen de la UP.”

Bajo este esquema es posible visualizar la utilización de conocimientos derivados de la psicología social tales como herramientas de persuasión que fueron puestos al servicio de un diseño ideológico que buscaba legitimar el orden dictatorial impuesto. Sin duda se pueden leer reminiscencias de la maquinaria persuasiva de quien fuera artífice de propaganda de Hitler, el icónico Goebbels. Los principios doctrinarios aplicados por Tuane son los mismos, persuadir mediante la manipulación psicológica con el objetivo de introducir una ideología en la población y así obtener el apoyo irrestricto. Sin duda, una psicología muy lejana al ideario del bienestar colectivo y de promoción de la dignidad de las personas. Es por ello que, en una época como la que vivimos, en que poco a poco como país y sociedad hemos comenzado a asumir estas verdades largamente negadas y manipuladas, se hace urgente fijar los parámetros del actuar ético en pos de educar a las nuevas generaciones y garantizar que nuestra dolorosa historia de ignominia y salvajismo no se vuelva a repetir. Solo la memoria nos puede librar de incurrir en el camino traumático que transitáramos durante tantos años. En mi calidad de psicóloga, profesional de la salud mental y habiendo ejercido la docencia universitaria miro con preocupación y espanto las malas prácticas que involucran la utilización del conocimiento disciplinar para fines contrarios al servicio a las personas y a la promoción de sus derechos esenciales. Señalo enfáticamente que la disciplina de la psicología no puede estar al servicio de ideologías contrarias al desarrollo integral del ser humano ni prestarse para validar y legitimar el poder, menos por la vía de causar sufrimiento a personas, en circunstancias que precisamente debemos apuntar al alivio del sufrimiento humano y la promoción de sus derechos fundamentales.

Cristhie Mella, Psicóloga especialista en Psicología Forense (Middlesex University, Londres). Académica.
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=9190%3Ala-mente-del-horror-psicologia-al-servicio-de-la-dictadura&catid=26%3Apolitica&Itemid=11

domingo, 15 de septiembre de 2013

Médico de la DINA y CNI operó a Eduardo Frei Montalva

Por : Mónica González en Reportajes de investigaciónPublicado: 05.03.2009


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El 6 de diciembre de 1981 marca el camino a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Ese día, asume el timón de la decisiva segunda operación, el doctor Patricio Silva Garín, del Hospital Militar. Todos los profesionales a los que convoca a su equipo son militares, incluido un médico, hasta ahora omitido y que pertenecía a la CNI; y un anestesista con historia. La reconstitución de esos momentos revela que los hombres de los servicios de seguridad de Pinochet que cercaron a Frei en sus últimos días están unidos en una trama que involucra varias muertes que bien podrían aclararse en el curso de la investigación del ministro Alejandro Madrid. La de José Tohá es una de ellas.
Tan sólo unos minutos le bastan al doctor Patricio Silva Garín para decidir ese 4 de diciembre de 1981 que Eduardo Frei Montalva debe regresar de inmediato a la Clínica Santa María. Han trascurrido 17 días de la operación a la hernia al hiato a la que se sometió en la misma clínica, y hay síntomas claros de una recaída. Los primeros en ser alertados son los agentes de la CNI y de la Unidad Antiterrorista (UAT, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE). La información la reciben –entre otros- del chofer de Frei y hombre de confianza de su familia, Luis Becerra, quien desde que Frei enfermó se ha instalado y está presente a toda hora en la casa familiar ubicada en calle Hindemburg. En ese momento nadie sospecha que Becerra es agente de la CNI.
Dos días después, a las 16 horas, el ex presidente yace pálido y febril en la camilla del pabellón. Está a punto de comenzar la segunda operación. Y esta vez, en el puesto de mando se instala el doctorPatricio Silva Garín, el que acaba de relevar al cirujano Augusto Larraín Orrego, quien dirigió la primera intervención. A su lado se ubica el doctor Eduardo Wainstein, cirujano gastroenterólogo y cancerólogo, médico jefe de Cirugía del Hospital Militar.
Sólo esos dos médicos aparecían hasta ahora en esa segunda y decisiva operación al ex presidente. Inexplicablemente se omitió el nombre del tercer médico al que convocó personalmente el doctorPatricio Silva Garín (descartando a todos los facultativos que habían participado anteriormente en el equipo que atendía a Frei). Pero el equipo de policías que junto al ministro Alejandro Madrid investiga la muerte del ex presidente, lo encontró. Y este fue Rodrigo Vélez Fuenzalida, en esos momentos cirujano de urgencia del Hospital Militar, de la Clínica Santa María y también médico de la CNI.
Rodrigo Vélez, quien ingresó a la DINA en 1976 y siguió en la CNI hasta al menos 1982 y en el Ejército hasta 2004 (actualmente se desempeña en el centro Dial Médica de Providencia), participa en la operación que el 6 de diciembre de 1981 marca un antes y un después en la vida de Eduardo Frei Montalva. También en su historia clínica.

Los otros hombres de la DINE

21A las 16 horas del 6 de diciembre de 1981 se inicia la segunda intervención. Todo se desarrolla bien salvo en un pequeño momento en que el doctor Silva trata de separar las asas intestinales al percibir un plastrón que comprometía varias de ellas. Pero sutura y poco después da la autorización para que el paciente sea trasladado a la habitación 401.
A la mañana siguiente, el doctor Alejandro Goic es llamado de urgencia: el doctor Carlos Zavala, de la Clínica Santa María, le informa que el ex mandatario está en shock séptico. Otro de los médicos del mismo establecimiento hospitalario, el doctor Sergio Valdés, uno de los más respetados por su experiencia en Cuidados Intensivos, diagnostica que lo más probable es que se haya provocado una infección en la cavidad abdominal.
Como ha quedado demostrado en la investigación judicial y también en la investigación hecha por la autora de este reportaje, la evolución de Frei Montalva es seguida de cerca por los agentes de laUnidad C1-2 de la CNI, que en esos días tienen como misión primordial rodear la Clínica Santa María para informarse paso a paso de lo que ocurre. También cuentan con informantes privilegiados, como los doctores Sergio Virgilio Bocaz, quien trabaja simultáneamente en la Clínica London (desde 1976) de la CNI y en la Santa María; y Pedro Samuel Valdivia Soto, médico de la CNI; quien trabaja también en la Clínica Santa María.
Valdivia fue contratado para atender a los pacientes del post operatorio entre las 20:00 y las 8:00 horas. Por lo mismo, tiene acceso a cualquier hora de la noche a la habitación 401, la de Eduardo Frei.
De hecho, poco antes de que se decidiera relevar al doctor Augusto Larraín de su rol de médico jefe de Frei, el doctor Pedro Valdivia examina al paciente. Dice haber sido convocado por la enfermera María Victoria Larraechea, cuñada de Eduardo Frei hijo. Pero la hermana de Marta Larraechea niega haberlo llamado. Y luego, minutos antes de que el doctor Patricio Silva Garín asuma el rol principal entre los médicos de Frei, testigos verán a Silva y al doctor Pedro Valdivia conversando en un pasillo.

Toxinas en la cárcel y en la Santa María

El 8 de diciembre se decide volver a operar a Frei. Son horas críticas. Nuevamente el cirujano Patricio Silva da el vamos. Son las 19:30 exactas. Afuera, se siente el ritmo tranquilo de la ciudad en un día festivo. Pero en la Clínica Santa María hay angustia. En esas precisas horas, la familia del ex mandatario ignora que un clima dramático similar se apodera de los presos en la Cárcel de Santiago. Dos delincuentes comunes y cuatro integrantes del MIR también se debaten entre la vida y la muerte: Ricardo y Elizardo Aguilera; el jefe de las milicias de resistencia del MIR, Guillermo Rodríguez Morales, y Adalberto Muñoz Jara; más los reos comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz.
Sólo se salvan los presos políticos. Corvalán y Pacheco fallecen por “intoxicación aguda inespecífica”. Nunca se hicieron análisis de sus restos. Más tarde se probará que fue una intoxicación con toxinas botulínicas. Las mismas que preparaba en el laboratorio de la DINA, el químico Eugenio Berríos. Y sólo en los últimos años se tendrán las pruebas de que fue una contaminación deliberada de sus comidas para asesinarlos. Una operación digitada desde la DINE para vengar a los integrantes del MIR acusados por el asesinato de su colega de la DINA y la DINE, el antiexplosivista Carlos Tapiay del coronel Roger Vergara.
19Pero en ese momento nadie liga ambos hechos. Y la familia de Frei Montalva deposita la vida del dirigente democratacristiano en las manos de un equipo médico con estrechos lazos con el poder militar imperante y con sus servicios más secretos. Los mismos que luego de constatar el liderazgo del ex presidente como principal opositor al plebiscito para ratificar la Constitución de 1980, su incorporación como integrante de la Comisión Norte-Sur, el grupo de estadistas mas influyentes del mundo encabezado por Willy Brandt; y su adhesión al grupo que dirige Tucapel Jiménez y que prepara un paro nacional, lo han identificado como el principal enemigo del régimen a eliminar.

La historia oculta de Patricio Silva

El jefe del equipo médico ahora es Patricio Silva Garín, integrante de la plana mayor del Hospital Militar, concuñado y amigo de Patricio Rojas, el fiel ex ministro de Frei. Su presencia en el escalafón militar desde 1956 no es nominal. En 1966 participó en dos cursos en la Escuela de las Américas de Panamá, oscuro centro de entrenamiento de los represores de Latinoamérica.
A Silva le gustaban los cursos militares. En 1974, siguió el curso “Informaciones para oficiales de los servicios” en la Academia de Guerra, donde tuvo varios compañeros notables. Entre ellos, el doctorEduardo Arriagada Rehren, quien después de asumir el mando de la Clínica London de la DINA fue director de Sanidad del Ejército y director del Instituto Bacteriológico de la misma institución hasta que en 1990 se lo encuentra en el subterráneo de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), en calle García Reyes. También figuran en el mismo curso el doctor Sergio Rosende Oyarzo, del mismo Laboratorio Bacteriológico del Ejército y los doctores Horacio Taricco Lavín y Vitorio Orvietto, ambos directores de la Clínica London de la DINA; además del dentista Sergio Muñoz Bontá, del mismo establecimiento.
Cuando al doctor Patricio Silva le han preguntado por los colegas que participaban en los servicios de seguridad, su respuesta es que desconoce todo en esa área. Tampoco identifica en ese grupo al doctor Rodrigo Vélez. Y prefiere no incluir a Vélez entre los facultativos presentes en la operación decisiva a Frei Montalva. Tampoco sabe de la autopsia que se le hizo al ex mandatario y de la cual fue informado por el propio doctor que la practicó: el doctor Helmar Rosenberg. Silva insiste en que ni siquiera conoce a Rosenberg.
Lo cierto es que el doctor Silva, el mismo que estuvo en “comisión extrainstitucional al comando en jefe del Ejército” desde abril de 1980 hasta julio de 1982, se hace cargo de decidir lo que se hará con el paciente Eduardo Frei Montalva en diciembre de 1981, teniendo ya a su haber un rol importante en la hasta ahora no aclarada muerte del general Augusto Lutz, ex director de Inteligencia del Ejército, en 1974.
17Fue el propio Silva quien atendió a Lutz cuando éste enfermó súbitamente en Punta Arenas, lugar al que fue relegado por Pinochet en 1974, zanjando así la disputa que mantenía Lutz con Manuel Contreras por los abusos de poder del jefe de la DINA. Silva le diagnosticó una úlcera gástrica y lo acompañó en el avión que lo trajo al Hospital Militar, donde lo operó. El anestesista de esa operación fue el doctor Pedro Cubillos, quien cumplirá la misma función en dos intervenciones al ex presidente Eduardo Frei Montalva bajo la conducción de Silva Garín.
Poco después de la intervención, el 28 de noviembre de 1974, falleció en extrañas cirunstancias el ex director de Inteligencia Augusto Lutz. “¡Sáquenme de aquí!”, fue la última frase que alcanzó a escribir en una hoja de papel que le hizo llegar a una de sus hijas antes de morir. Tenía 52 años.
Pero Silva ya era en diciembre de 1981 protagonista de otro episodio oscuro hasta ahora desconocido y descubierto por el equipo de policías que secunda al ministro Alejandro Madrid. Fue el mismo doctor Silva el que operó en 1975 al ex ministro del Interior y Defensa de Salvador Allende, José Tohá, cuando lo interrogaban los mandos de la DINA Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Marcelo Moren Brito, en el Hospital Militar. La operación se materializa poco antes de que Tohá muera en un suicidio que podría en los próximos meses ser caratulado como homicidio.

Los hombres del cerco a Frei

Los hombres que han cercado a Frei en sus últimos días de vida comparten un pasado oscuro. Es el caso de Luis Becerra, su chófer; de Raúl Lillo, uno de los jefes del seguimiento a Frei desde la CNI y la DINE; del doctor Rodrigo Vélez Fuenzalida, el médico que lo opera y también el doctor Pedro Valdivia, quien circula en el mismo piso donde está hospitalizado el ex mandatario. Los dos últimos atienden a los prisioneros torturados en el cuartel Borgoño de la CNI y ambos saben de otro asesinato en la Clínica London de la DINA. Tanto así, que Valdivia será procesado en 2007 como encubridor del crimen del cabo de la DINA, Manuel Leyton, a quien se le aplicó el mortal gas sarín -fabricado por Eugenio Berríos- para que no revelara a un juez que lo interrogaría que habían lanzado al mar los cuerpos de detenidos desaparecidos.
Pero en esos días de diciembre de 1981 los doctores Vélez y Valdivia, con sus impecables y albos delantales, transitan sin problemas desde la supervisión a la tortura y la sutura a mujeres violadas, al delicado cuidado de los pacientes de la entonces exclusiva Clínica Santa María.
Eduardo Frei muere el 22 de enero de 1982. Un mes después es asesinado el dirigente sindical Tucapel Jiménez. Los dos principales líderes de la oposición y organizadores del paro nacional con el que se pensaba acelerar el fin de la dictadura, han desaparecido del escenario.
En 1990, recuperada la democracia, el ministro Adolfo Bañados toma en sus manos el juicio por el asesinato de Orlando Letelier y también decide investigar a fondo las operaciones de la DINA. Es entonces que se pone en acción el círculo de seguridad en torno a Pinochet y que sigue una línea continua desde la Brigada Mulchén de la DINA, la que pasa a denominarse en 1978 Unidad Antiterrorista (UAT), y luego se convierte en Brigada de Inteligencia (BIE). Pero siempre bajo la dependencia de la DINE.
Miguel Hernández y Raúl Lillo, protagonistas de los seguimientos a Frei y Tucapel Jimènez desde la UAT y la CNI, tienen un nuevo jefe: Arturo Silva Valdés. Será Silva Valdés y Francisco Ferrer Lima, condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez, quienes se encargarán de sacar de Chile hacia Uruguay a Carlos Herrera Jiménez, autor del crimen de Tucapel Jiménez y a Eugenio Berríos, el químico que fabricó las toxinas y sustancias letales con que se eliminó a enemigos como Eduardo Frei Montalva.
Otros hombres de la ex Brigada Mulchén, como el brigadier Jaime Lepe, escolta de Pinochet y más tarde secretario general del Ejército, se encargarán de bloquear a la justicia para que las secretas operaciones de esa unidad de elite, como el asesinato de Carmelo Soria, queden en la impunidad.
18También se protegerá alsuboficial José Roa Vera, de la misma unidad secreta de la DINE antes mencionada, quien fue el responsable de llevar las toxinas botulínicas hasta la Cárcel Publica en diciembre de 1981, con las que se intentó asesinar a cuatro integrantes del MIR en la misma fecha que Frei también agonizaba.
El doctor Rodrigo Vélez (61 años) seguirá durante muchos años su carrera sin perturbaciones. Pero hay un dato, un pequeño eslabón que lo une a la trama oculta donde los servicios de seguridad decidían sobre la vida y la muerte de los opositores al régimen militar. El hecho ocurre en enero de 1993, el mismo año en que Eugenio Berríos fue asesinado en Uruguay, cuando este cirujano de urgencia fue destinado a la Dirección de Inteligencia del Ejército.
En cuanto al doctor Patricio Silva Garín, su carrera ha ido en continuo ascenso. En democracia fue vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y hoy es uno de los más importantes asesores del nuevo Hospital Militar. Su concuñado y amigo, Patricio Rojas, no puede decir lo mismo. Mientras la atención se concentra en la figura del ex ministro del Interior de Frei Montalva, vuelve a cobrar importancia el emplazamiento que le hiciera desde el Congreso la hija del ex presidente, Carmen Frei: “¿A quién protege Patricio Rojas?”.


http://ciperchile.cl/2009/03/05/medico-de-la-dina-y-cni-opero-a-eduardo-frei-montalva/

Torturadores y asesinos: Médicos de la muerte

13 de Febrero 2004 El Siglo

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos. La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.
El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo… Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".
Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.
Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.
El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.
El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.
Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.
Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".
La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.
Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.
El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.
En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.
En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.
Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los ‘90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia. A esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.
Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.
Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.
El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.
En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.
Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú .
Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally". Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.
En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.
La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.
El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986. Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.
Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.
Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.
Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.
Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.
Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.
Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general.
Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo.
Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago.
Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra.
Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo.
Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general.
Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra.
Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general.
Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo.
Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555.
Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra.
Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo.
Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista.
Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra.
Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.


Pedro Samuel Valdivia Soto

Doctor
La Brigada de Sanidad
La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

24 de Julio 2007 El Mostrador
Por asociación ilícita, homicidio y secuestro Procesan a médicos y ex militares por crimen de agente DINA Manuel Leyton
Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.
La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.
Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.
El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.
Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.
Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada.
Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.
Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.
De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares
Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.
Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.
Papeles mentirosos
Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.
Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.
De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.
Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.
La historia que acreditó Madrid
La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.
La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.
El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.
Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.
Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.
El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.
Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

8 de Agosto 2007 El Mostrador
Madrid rechaza libertad de médico procesado por muerte de cabo Leyton
El ministro en visita Alejandro Madrid, que instruye la causa por la muerte del ex cabo de la DINA Manuel Leyton, negó este miércoles el beneficio de la libertad provisional al procesado médico Pedro Valdivia.
El magistrado rechazó entregar la excarcelación porque aún existen diligencias pendientes, respuesta que no dejó satisfecha a la defensa del facultativo, que anunció que apelará del dictamen.
El abogado Claudio Feller, quien representa a Valdivia, indicó también que tras obtener acceso al sumario, evalúa solicitar que se deje sin efecto el procesamiento que pesa sobre su representado.
Consultado si temía que las recientes declaraciones del presidente del Senado, Eduardo Frei, pudieran afectas las decisiones judiciales, Feller se manifestó confiado en la separación de Poderes.
El Poder Judicial no acepta presiones de ningún tipo, ni tampoco de ex mandatarios, enfatizó el profesional.
La muerte del cabo Leyton ha sido relacionada con la del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, ya que algunos médicos que trabajaron en la clínica clandestina de la DINA también lo hicieron en la clínica San María cuando el ex gobernante fue operado

Lunes 7 de Diciembre de 2009   La Nacion                 
Recluidos los 6 procesados en crimen de Frei Montalva
Médico jefe del Hospital Militar está entre los encausados como autores del homicidio además del chofer del ex Presidente. Encubridores son médicos de la UC
Un total de 6 personas, ente ellos el jefe del Departamento de Contraloría del Hospital Militar, doctor Patricio Silva Garín, fueron procesados en distintos grados por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María.
El Ministro en visita del caso, Alejandro Madrid, encausó y ordenó el arresto como autores del homicidio a Silva Garín, Luis Alberto Becerra Arancibia y Raúl Lillo Guitérrez.
En calidad de cómplice fue procesado Pedro Samuel Valdivia Soto, mientras que como encubridores quedaron en la misma condición Helmar Rosenberg y Sergio González.
De acuerdo a un informe emitido esta mañana por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, el primero que confirma oficialmente el caso, los procesados quedaron recluidos en distintos recintos.
El doctor Silva Garín es coronel de sanidad del Ejercito en retiro y actualmente ejerce como  jefe del Departamento de Contraloría de Hospital Militar. Becerra, en tanto, era chofer y funcionario de confianza del ex Mandatario y a su vez informante que el Dine tenía para espiar a Frei.
Lillo Guitérrez, que también está acusado por el crimen del químico Eugenio Berríos, fue agente de la Dina, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejercito (Dine).  Era el que manejaba el contacto con Becerra.
Valdivia Soto es un ex agente de la Dina, médico de la Clínica Santa María. Helmar Rosenberg y Sergio González que son los médicos del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de la Universidad Católica que hicieron la autopsia.
Los implicados, de acuerdo a los informes extraoficiales, fueron trasladados por personal especial de la Policía de Investigaciones (PDI) al tribunal de Avenida España, donde fueron notificados por el magistrado.
El sábado 28 de noviembre, el juez Madrid cumplió las dos últimas diligencias para reconstituir los momentos antes de la muerte de Frei Montalva y la misteriosa autopsia realizada en la misma habitación donde falleció y que fue ocultada por 20 años en el archivo del Anatomía del Hospital de la UC
Juez Madrid: “Sustancias tóxicas” en crimen de Frei
El Ministro en visita Alejandro Madrid detalló esta tarde que el asesinato de Eduardo Frei Montalva, por el que hoy dictó 6 procesamientos, fue provocado por “sustancias tóxicas” que los autores le introdujeron en la Clínica Santa María.
“El fallecimiento fue ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de productos farmacológicos no autorizados y por la ocurrencia de situaciones anómalas que fueron disimuladas y que deterioraron su sistema inmunológico”, dijo el magistrado en su primera declaración luego de la notificación y arresto del grupo.
Precisó que el tipo de sustancia que le fue inyectada al ex Mandatario y que le provocó el deceso el 22 de enero de 1982, luego de ser internado por una hernia, hacía, hasta ahora, “imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”.
Respecto de la presencia de cercanos como autores del crimen, como el chofer de Frei Montalva, Luis Becerra, y su ex subsecretario de Salud, el médico Patricio Silva Garín, dijo que “justamente la cercanía a veces hace que sea la manera de cómo se actúa”.
Respecto de los roles del mismo Becerra y Raúl Lillo Gutiérrez, apuntó que tienen “el papel de seguimiento, de tener informantes pagados, de coordinar todas las intervenciones telefónicas para tener al ex presidente en una condición de control absoluto”.



Martes 5 de enero de 2010    La Nación
La fuga de los médicos en el crimen de Frei Montalva
Los doctores Patricio Silva y Pedro Valdivia se escondieron desde el miércoles 30 por la tarde. La Policía de Investigaciones los buscó en Santiago, Chillán, Talagante y el Cajón del Maipo, sin hallarlos. Ayer, finalmente, debieron entregarse
La orden de arresto de los médicos Patricio Silva Garín y Pedro Valdivia Soto, procesados en el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, llegó a primera hora del jueves 31 de diciembre a la Policía de Investigaciones expedida por el ministro subrogante del caso, Mario Rojas.
Horas antes, la Sala Penal de la Corte Suprema había repuesto sus procesamientos y revocado las libertades decretadas anteriormente por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando anuló sus encausamientos acogiendo los amparos.
Pero la fuga de Silva y Valdivia comenzó la misma tarde del miércoles 30, apenas se enteraron de que, al menos por ahora, habían perdido la batalla.
El prefecto Nelson Jofré y la inspectora Palmira Mella comenzaron la búsqueda a primeras horas de la mañana del jueves 31. Pero en sus domicilios de Santiago, en Vitacura y Providencia no había nadie.
Tampoco estaban sus vehículos y sus teléfonos móviles sonaban apagados. Los policías acudieron entonces al ministro Rojas para solicitar la ampliación de los domicilios donde podrían ingresar para arrestarlos.
Así lograron la orden para detener a Valdivia en el fundo La Laguna, en la comuna de El Carmen, a 40 kilómetros de Chillán, y a Silva en el fundo El Arroyo, en la comuna de El Monte, en Talagante, al suroeste de Santiago.
Suponían que allí podrían estar para pasar el Año Nuevo. Tampoco hallaron a nadie en los predios. En Chillán la búsqueda fue apoyada por policías de esa ciudad.
Como no obtenían resultados a pesar de los puntos fijos que instalaron en Santiago y en los fundos, volvieron a insistir con el ministro Rojas para que ampliara las órdenes de detención, esta vez a los domicilios de los hijos de ambos en Santiago y el Cajón del Maipo, pero el juez no lo dispuso así.
Por ello, los policías debieron ubicar esos domicilios por cuenta propia, y establecer también puntos fijos en al menos otras seis residencias, pero no tenían orden para ingresar a ellos donde, presumiblemente, podrían encontrarse escondidos los prófugos.
Los policías contactaron telefónicamente a algunos de los hijos de Silva y Valdivia, quienes dijeron no saber nada de sus padres.
A esa altura la PDI ya había expedido una orden de captura nacional. Los abogados de ambos, Claudio Feller, de Valdivia, y Luis Valentín Ferrada, de Silva, habían afirmado la misma tarde del miércoles 30 que sus defendidos se encontraban fuera de Santiago.
Buscando a Silva ambos policías fueron el sábado 2 de enero a tratar de ubicarlo en casa de su hija Patricia, en el Cajón del Maipo. Y aunque no podían ingresar, tampoco lograron percibir movimiento en los alrededores.
Ayer, Silva y Valdivia salieron de sus escondites y se entregaron. Valdivia quedó recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, y Silva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. Sus abogados pidieron su libertad provisional que debe resolverse, aunque en su contra jugarán los días de fuga

http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_v/valdivia_soto_samuel.htm

La Historia Oculta del Régimen Militar

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