El Ciudadano » Los verdaderos falsos exonerados

Cuando en 1998 una segunda ley sobre exonerados políticos amplió el universo de potenciales beneficiarios para incluir a militares y ex parlamentarios se produjo una avalancha de postulaciones, especialmente del Ejército. Y en ese proceso fueron calificados como exonerados políticos, militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, ex parlamentarios golpistas y funcionarios de la dictadura.

Esta semana, el presidente de un comando de exonerados políticos denunció que hay unas 100 mil personas recibiendo beneficios como exonerados políticos sin haberlo sido jamás. Así abrió una caja de pandora cuyos contenidos muchos ya conocían, sospechaban o han intentado ocultar.

Las reacciones fueron insólitas. La coordinadora nacional del Programa Reconocimiento al Exonerado Político (PREP) del Ministerio del Interior, Marta Joignant, aseguró que era “imposible engañar al sistema”, ya que la Contraloría de la República debía tomar razón de cada caso. Sin embargo, la Contraloría hace sólo eso, “tomar razón” de lo que decide el Ejecutivo; o sea, acusa recibo.

El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, por su parte, le hizo un flaco favor a Joignant. Dijo que la propia Contraloría habría permitido que las oficinas parlamentarias registraran a indigentes como exonerados políticos como una manera de asegurarles una pensión. ¡Plop!.

Más allá de la cifra entregada por el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, Hce tiempo que se denuncian irregularidades en la postulación y otorgamiento de estos beneficios. Irregularidades de las que el PREP por cierto se ha enterado, porque a sus oficinas le han llegado decenas de denuncias a través de los años, las que, también se han hecho públicas en la prensa.

Así, se ha denunciado el otorgamiento de beneficios (pensiones y abonos de tiempo por lagunas previsionales) a personas que nunca fueron exoneradas; la falsificación de documentos; el pago de favores y la cobranza de comisiones. También se dice que el proceso de verificación para calificar a un postulante como exonerado ha sido poco riguroso y negligente; y que se han creado “verdaderas mafias” – como lo describió un profesional del PREP- para lucrar con la desgracia ajena.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y COMISIONES

Desde la aprobación, en 1993, de la primera ley para otorgar beneficios a los exonerados políticos – aquellos que perdieron sus trabajos por razones políticas durante la dictadura militar-, algunos autoproclamados “dirigentes de comandos de exonerados políticos” han cobrado servicios y comisiones por tramitar las postulaciones, a pesar de que el proceso no requiere de intermediarios y es completamente gratuito. Otros han falsificado documentos y/o han inscrito a personas que no cumplen con los requisitos, y sobre esto, basta recordar las denuncias públicas en las provincias de Osorno y Llanquihue el año pasado.

En Río Negro, Fresia y Puerto Montt, entre otras localidades, se denunció que autoridades comunales estaban tramitando y cobrando comisiones indebidas por postular a exonerados. En algunos casos, se cobraba una comisión considerable a exonerados verdaderos que postulaban a beneficios. En otros, se falsificaba documentación para postular a exonerados falsos, incluyendo la invención de “asentamientos”, ya que la ley también acoge a quienes fueron despojados de sus tierras. A algunos de ellos también se les estaba cobrando una comisión.

Se habló de más de 100 casos fraudulentos. El diputado Fidel Espinoza dijo al Diario Austral de Osorno (5 marzo de 2007) que los propios beneficiarios le habían informado que “algunas autoridades comunales les han cobrado para hacerlos partícipes de este programa, cuyo ingreso es gratuito, y que en algunos casos, las incorporaciones han sido fraudulentas para hacerles entrega de beneficios que no les corresponden”. Entregaron nombres y apellidos y denunciaron detalladamente la situación al PREP.

¿EXONERADOS…?

Tal vez donde más se viola el espíritu de la ley del exonerado político es con el otorgamiento de beneficios a militares golpistas y políticos de derecha.

Una segunda ley sobre exonerados aprobada en 1998 amplió el universo de potenciales beneficiarios para incluir a funcionarios del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, entre otros. Esto permitió que cualquier parlamentario que hubiese quedado sin trabajo el 12 de septiembre de 1973 –porque fue clausurado el Congreso- podría postular a beneficios como exonerado. Y así postularon y lograron pensiones y abonos de tiempo varios parlamentarios que pública y notoriamente instaron al golpe militar y apoyaron a la dictadura.

En cuanto a los militares, la ambigüedad de la ley los favoreció. Podrían postular muchos, ya que la ley hablaba de exoneraciones “debido a cambios en el orden institucional”. No preguntaba si eran golpistas o no golpistas, si habían sido miembros o colaboradores de la DINA o la CNI, o si habían torturado, asesinado o desaparecido a personas.

Esto provocó una verdadera avalancha de postulaciones entre 1998-2000. Sólo del Ejército lo hicieron más de 1.200 oficiales en retiro; muchos de los cuales sólo querían mejorar sus pensiones. La mayoría de las veces, dicen en el PREP, bastaba con el aval o patrocinio de algún político o abogado para calificar.
En la época, la persona encargada de evaluar los antecedentes presentados por cada postulante y recomendar su calificación era el Jefe Técnico del Programa, Luis Salinas Rojas, segundo en el PREP. No fue terriblemente riguroso en la calificación ni en el mantenimiento de los archivos con los antecedentes y documentación que respaldaría la calificación de exonerado.

En diciembre de 2003, cuando uno de los “exonerados” que Salinas había aprobado fue procesado como cómplice del asesinato, se desató un terremoto al interior del PREP. Se buscó desesperadamente el archivo del “exonerado” para ver sus antecedentes, pero nunca se encontró. En el PREP se dieron cuenta de que había varios casos que se “les habían pasado” y se pusieron a buscar y ordenar las carpetas con la documentación de respaldo para revisarlas caso a caso. Sin embargo, muchas carpetas de los militares calificados como exonerados políticos no se encontraron y siguen sin aparecer, si es que alguna vez existieron.

LOS EXONERADOS GOLPISTAS

eneficios de exonerados algunos militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, ex parlamentarios de derecha que conspiraron activamente para el golpe militar, y funcionarios de la Junta. Estos son algunos de ellos:
Rafael González Verdugo (también “Berdugo”), ex agente civil del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). “Espía” de carrera, tras el golpe militar, fue ubicado en el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). En diciembre de 2003, fue procesado como cómplice de homicidio calificado del estadounidense Charles Horman, ejecutado en septiembre de 1973. Fue calificado como exonerado político de la Fuerza Aérea en noviembre de 1999 y recibe una pensión de $464 mil pesos.

Edwin Dimter Bianchi, ex teniente de Ejército, participó en el “tanquetazo” en contra del gobierno de Salvador Allende (junio 1973). Tras el golpe militar, fue enviado como represor al Estadio Chile. Una investigación de esta periodista confirmó que Dimter era el oficial al que los prisioneros políticos del Estadio Chile llamaban “El Príncipe”, a quien acusan de dar muerte a Víctor Jara, aunque esto no se ha comprobado judicialmente. Fue citado a declarar en la causa de Jara en 2006 en calidad de imputado. Dimter fue dado de baja en 1976, y consiguió trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. En 1985, ingresó a la Superintendencia de AFP, escalando posiciones hasta lograr un alto cargo de confianza. Postuló como “exonerado político” en febrero de 1999, y fue calificado como tal un año después, recibiendo un abono de tiempo de 11 meses y 29 días. Sin embargo, tras la revelación pública de su pasado y una ruidosa funa en su lugar de trabajo, fue despedido de la Superintendencia de AFP y el PREP le quitó el beneficio.

Patricio Kellet Oyarsún, ex capitán de Ejército, jefe de inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia en septiembre de 1973. Posteriormente, fue jefe de gabinete del general Roberto Guillard. Dejó el Ejército en mayo de 1986. Fue calificado como exonerado político en marzo de 2002, gracias a una carta de patrocinio del ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro. Una carta corta, manuscrita, que acreditaba que era un buen tipo. El Jefe Técnico, Luis Salinas, conocido de Toro, entonces recomendó su calificación como exonerado político.

Horacio Toro Iturra, ex general de Ejército. Tras el golpe militar, fue designado por Pinochet como segundo jefe del Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ). En 1975, fue agregado militar de la Junta en Francia. Pasó a retiro en 1978, y fue calificado como exonerado político en mayo de 2002. Se benefició con un abono de tiempo de 54 meses.
Enrique Cruz Laugier, comandante del Grupo de Artillería del Regimiento Tacna al momento del golpe militar. Ese día, atacó el palacio presidencial con artillería. Se retiró del Ejército en septiembre de 1987, y postuló a los beneficios de exonerado político, siendo calificado como tal en enero de 2000. Fue jefe de seguridad del Senado hasta 2004, cuando un reportaje de La Nación Domingo reveló su pasado. Hoy recibe una pensión como exonerado político.

Al que no le resultó la movida fue al ex oficial de Ejército Salvador Ballas Siglic. Postuló a los beneficios para exonerados siendo que él fue sumariado y dado de baja del Ejército antes del golpe, y por golpista. Ballas había participado vestido de uniforme en la manifestación de mujeres en contra del entonces Comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats, frente a su casa, en agosto de 1973. Pinochet, quien reemplazó a Prats, ordenó su baja, pero la tramitación demoró y el decreto fue emitido seis meses después del golpe militar, por lo que alcanzó a estar en el periodo para postular como exonerado. Alegó que la baja fue motivada por razones políticas, pero el Programa lo rechazó. Indignado, envió una carta acusando al PREP de discriminación.

Y los civiles…

Sergio Onofre Jarpa Reyes, ex senador del Partido Nacional y activo promotor del golpe militar. Fue embajador de la dictadura y también su Ministro del Interior. Fue calificado como exonerado político en julio de 2000 y recibió el beneficio de abono de tiempo de 35 meses.

Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, ex diputado del Partido Nacional, férreo defensor del golpe militar y del general Pinochet hasta el día de hoy. Colaboró en las comisiones legislativas de la Junta Militar, y es columnista eterno de El Mercurio. Pidió ser calificado como exonerado político y lo logró en febrero de 1999, pero no obtuvo ningún beneficio porque nunca perdió trabajo – no tenía lagunas previsionales.

Juan de Dios Carmona Peralta, ex senador de la Democracia Cristiana, apoyó el golpe militar y luego fue Consejero de Estado de la Junta Militar. En 2001, recibió la Condecoración 11 de Septiembre de parte de la Corporación 11 de Septiembre. Fue calificado como exonerado político en febrero 1999 y desde entonces recibe una pensión de $644.000 pesos.

Mario Arnello Romo, ex diputado del Partido Nacional, apoyó el golpe y fue un entusiasta hincha de Pinochet. Fue calificado como exonerado político en noviembre 1999, con una pensión de $611.000 pesos.

Tal vez ahora sea un buen momento para volver a buscar esas carpetas.

por Pascale Bonnefoy
El Ciudadano

http://www.elciudadano.cl/2009/02/12/5977/los-verdaderos-falsos-exonerados/

Falsos exonerados: Piden renuncia de presidente de comisión de DD.HH. | Emol.com

Programa de TV denunció que un número indeterminado de personas consiguieron pensiones falsificando documentos, visados por parlamentarios para aparecer como víctimas de persecución política.

SANTIAGO.- La renuncia del diputado Sergio Ojeda (DC) a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, exigió la legisladora Karla Rubilar (RN) luego de que el programa "Contacto" denunciara que él era uno de los parlamentarios involucrados en visar documentos para que falsos exonerados políticos obtuvieran pensiones del Estado.


El espacio de Canal 13 reveló anoche, al seleccionar sólo mil casos de este programa de apoyo a víctimas de persecución política entre las décadas del 70' y 80', que un número indeterminado de personas reciben pensiones de hasta 150 mil pesos mensuales sin que debiese corresponderles. El total de los montos involucrados en este tipo de beneficio asciende a los 190 mil millones de pesos.


La diputada Rubilar señaló a Emol que ella vienedenunciando estas irregularidades desde el año 2008, pero que recién en el año 2010 se empezaron a tomar acciones concretas.


"Recibimos la denuncia de parte de las propias agrupaciones de victimas de la exoneración política, que para mí es lo más importante. Ellos fueron los que denunciaron que existían irregularidades en este programa", aseguró la parlamentaria oficialista.


"En aquel entonces solicitamos la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, de la Contraloría, del programa del Ministerio del Interior, con el ex subsecretario Rossende, pero no tuvimos acogida ni se ordenaron acciones para realizar una investigación", agregó.


Respecto de la denuncia exhibida anoche, Rubilar dijo que quedó claro que políticos visaban los documentos falsos con el fin de conseguir apoyo de votantes en las elecciones.


"Nos parece de la máxima gravedad que en un país como el nuestro, donde sí existieron víctimas de la exoneración, y por respeto a esas mismas victimas, uno debe sancionar a las personas que reciben fraudulentamente este beneficio", dijo la parlamentaria.


En esa línea, Rubilar sotuvo que en compañía de otros legisladores, como Cristián Letelier, pedirán que se investiguen a fondo estas denuncias "para que todos los involucrados, sin importar quiénes sean, asuman su responsabilidad y sean sancionados".


Entre las acciones concretas, la diputada señaló que se pedirá a la Corte Suprema que nombre un ministro en visita y que el Consejo de Defensa del Estado intervenga debido a los montos involucrados en el posible fraude.


"También esperamos que voluntariamente, el diputado Sergio Ojeda renuncie como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, porque no creemos que una Comisión tan importante esté en manos de un parlamentario cuestionado por irregularidades en materia de Derechos Humanos", finalizó

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/10/05/506575/caso-falsos-exonerados-rubilar-pide-renuncia-de-presidente-de-la-comision-de-ddhh.html

nacion.cl - Los "exonerados" que hundieron la democracia

La irrupción de un falso detenido desaparecido despertó a otro fantasma: los exonerados políticos. Un registro que no sólo contiene los nombres de quienes fueron víctimas de la dictadura, sino también de quienes celebraron su llegada. Entre ellos figuran congresistas pro golpe. Incluso, agentes y militares que colaboraron con la violencia y la represión: Edwin Dimter y Patricio Kellet, entre otros.

Domingo 30 de noviembre de 2008

Cualquiera sea el análisis que se haga del Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, al final se llega a lo mismo: la violencia destruyó el sistema democrático y sus instituciones en septiembre de 1973.

Una de aquellas consecuencias fue la clausura del Congreso Nacional y el cese de las funciones de todos los diputados y senadores. Y aunque algunos lloraron e incluso pagaron con sus vidas, otros lo celebraron.

Inevitablemente, con la reciente aparición del engañoso "detenido desaparecido" Germán Cofré Martínez, reaparecido desde el otro lado de la cordillera, resurgió el espectro de los calificados como exonerados políticos.

Más allá de cuántos pudieron entrar por la ventana la secretaria ejecutiva de este programa, Marta Joignant, sostiene que es "muy difícil" violar el sistema y que hasta ahora nadie aporta pruebas irrefutables surge la controversia de aquellos que, siendo parlamentarios al 11 de septiembre de 1973, calificaron como exonerados por haber cesado en sus funciones cuando la dictadura cerró en Congreso. Todos. Los que padecieron el golpe, pero también quienes ayudaron a gestar el alzamiento militar.

Y otros que, habiendo sido agentes activos en la represión o formado parte de quienes asaltaron La Moneda el día del golpe, también obtuvieron tal calificación cuya idea madre tuvo, sin embargo, directa relación con las víctimas de la opresión militar.

Entre aquellos parlamentarios calificados con ese rango destacan figuras que apoyaron el golpe, como el entonces senador del Partido Nacional (PN), Sergio Onofre Jarpa Reyes; o el hasta hoy defensor de los fundamentos que sustentaron el régimen militar de Augusto Pinochet, Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, quien entonces era un joven diputado del PN.

A la lista se suman otros jóvenes diputados del PN: Mario Arnello Romo, Gustavo Lorca Rojas, Víctor Carmine Zúñiga y Luciano Vásquez Muruaga. O el entonces senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, que después se hizo fiel seguidor del dictador integrando el "Consejo de Estado".

Todos aportaron su cuota para apurar el alzamiento castrense. Unos más, otros menos.

Tienen derecho estos hombres a recibir tal calificación y además percibir algunos de ellos [no todos] pensiones del Estado o apoyos provisionales, se preguntan en el mundo de los derechos humanos.

Los "exonerados" participaron activamente en acciones que concluyeron con el naufragio de las libertades individuales, ayudando a gestar un modelo que derivó en el fusil y el corvo que dio paso a la tragedia que marcó a Chile para siempre.

La ley creada y luego ampliada para obtener el grado de exonerado político los favoreció. "Y la ley pareja no es dura", afirman en el programa de exonerados del Ministerio de Interior, porque también hay comunistas, socialistas y miembros de otros partidos queintegraron la UP, que obtuvieron tal categoría.

Para la "Fundación"

"Por supuesto que tengo derecho, me lo permite la ley y yo decidí calificarme como exonerado porque el beneficio que podría obtener del Estado lo iba a donar a la Fundación Pinochet. Pero la fundación no lo quiso para evitar problemas de impuestos, y yo finalmente tampoco obtuve nada", expresa Hermógenes Pérez de Arce (foto izquierda).

La ecuación para sólo calificar como exonerado político, o a ello agregar una pensión, o percibir sólo dinero como abono para obtener una previsión que son las tres categorías del sistema es compleja. Pérez de Arce sólo calificó para la primera. No obtuvo pensión ni abono de tiempo.

"Pero creo que hay que revisar todo esto porque con toda seguridad se ha prestado para abusos, y pienso que hay muchos casos así", afirma el apasionado columnista de "El Mercurio".

No opina lo mismo el abogado comunista Eduardo Contreras Mella, diputado del PC para el golpe militar y quien por ello también calificó como exonerado político.

"La ley debió dejar afuera de estos beneficios a aquellos parlamentarios que ayudaron a destruir la democracia y que luego celebraron la clausura del Congreso. Esa es una contradicción que debieron advertir aquellos que hicieron esta ley. No es justo que quienes colaboraron activamente con el golpe militar, aunque hayan sido parlamentarios, reciban esta categoría y sus beneficios", afirma Contreras.

El abogado recuerda que "no hay que olvidar que lo que ellos ayudaron a gestar terminó con la vida incluso de algunos parlamentarios como Carlos Lorca y Vicente Atencio, ambos detenidos desaparecidos".

Pero Contreras va más allá. "Tanto el problema del aparecido en Argentina como las irregularidades que puedan existir en el proceso de calificación para los exonerados políticos, pasa principalmente porque el Estado chileno

hablo del Gobierno y el Parlamento no tiene una política pública para abordar los derechos humanos y la reparación de las víctimas. No existe un Ombudsman o un Defensor del Pueblo, ni un Instituto de Derechos Humanos. Y eso ocurre porque no hay voluntad política para hacerlo".

Entre bombas y "disidentes"

La calificación como exonerados políticos de algunos ex agentes del régimen o de militares que de distintas formas tuvieron relación con los crímenes cometidos bajo este período, aportan igualmente otro capítulo conflictivo a esta historia.

A los ya mencionados por La Nación el viernes último Enrique Cruz Laugier, Rafael González Berdugo, y Edwin Dimter Bianchi, el supuesto "Príncipe" del Estadio Chile donde mataron a Víctor Jara se agregan ahora los de Patricio Kellet Oyarzún y Patricio Lapostol Amo.

El día del golpe, Cruz sacó las piezas de artillería del Regimiento Tacna para bombardear La Moneda desde tierra, mientras Allende resistía. Reflorecida la democracia, se fue a instalar como jefe de seguridad del Senado. Desde allí lo echaron en 2004, cuando LND publicó esta información que él mismo confirmó en sus declaraciones judiciales en el proceso por los desaparecidos de La Moneda. Fue admitido como exonerado el 20 de enero de 2000.

González Berdugo (en la foto de la derecha), un eterno agente de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile con grado de coronel, aunque es un civil, es hasta hoy el único procesado por el asesinato del estadounidense Charles Horman, detenido días después del alzamiento militar. Un frío espía que en 1980 tuvo la cara para ir a tomar el té con el padre de Horman a Estados Unidos, cuando se presentó como "un disidente" de Pinochet y la DINA.

Posando en 2003 junto a los verdaderos oficiales y suboficiales de la FACh que fueron víctimas de la tiranía, este personaje obtuvo de manos de la entonces ministra de Defensa y actual Presidenta Michelle Bachelet, la tifa para reintegrarse a la "familia aérea".

Dimter, a su vez, fue calificado el 20 de enero de 2000, pero en 2006 fue cancelada su condición de exonerado por sus antecedentes: fue uno de los hombres que sacó los tanques a la calle el 29 de julio de 1973 en un frustrado alzamiento contra Allende, y además permaneció como oficial en el Estado Chile cuando el recinto se convirtió en un centro de detención.

Un "inteligente" agricultor

Patricio Kellet era el jefe de la sección de Inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia, que para el golpe militar comandaba el ex miembro de la Junta Militar Santiago Sinclair. Ejerciendo ese cargo participó en el arresto de decenas de personas en esa ciudad, según él mismo lo admite en sus declaraciones judiciales en la causa por los crímenes de la Caravana de la Muerte, que el 3 de octubre de 1973 asesinó en Valdivia a 12 prisioneros. Fue desde Cazadores donde, días más tarde, también salieron fuerzas militares para acribillar en la precordillera de Chihuío a 17 campesinos, esconder sus cuerpos, y después desenterrarlos para lanzarlos al mar.

Lo curioso es que Kellet, actualmente mayor de Ejército en retiro, alegó ante la comisión calificadora causales de exoneración por parte de su institución ajenas a su voluntad, mientras en su testimonio judicial del 9 de mayo de 2003 un año después de que ya había sido calificado como exonerado el 6 de marzo de 2002 dijo que "en 1985 me acogí a retiro por razones personales y ahora me dedico a la agricultura" en Linares. Como exonerado, Kellet recibe una pensión del Estado chileno.

Patricio Lapostol Amo fue careado hace unas semanas por el ministro Víctor Montiglio con el general activo Juan Miguel Fuentealba Poblete, en la causa Caravana de la Muerte, episodio de los 26 crímenes de Calama cometidos el 19 de octubre de 1973.

Lapostol admite judicialmente que "monté guardia en el lugar del fusilamiento junto al teniente Gustavo Mandiola". De acuerdo al expediente, el "fusilamiento" fue una masacre a corvo y bala y luego escondieron los cuerpos en el desierto que después exhumaron y arrojaron al mar. El juez indaga si Fuentealba también montó la misma guardia aquel día.

Los 145 mil 286 calificados como exonerados políticos, del total de 258 mil 767 que han pretendido esta categoría, abren un escenario que vuelve a agitar pasiones y controversias, bajo la llovizna de un período dramático de la historia de Chile que se resiste al olvido.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081129/pags/20081129230745.html

Exclusivo: Carta del vocero Chadwick también patrocinando a exonerados políticos a las...[+] - Cambio21.cl

Por Pilar González

Cientos de certificados son los emitidos por el ex diputado y ex senador de la UDI Andrés Chadwick solicitando beneficios para exonerados políticos tal como lo hicieron parlamentarios de oposición, hecho que la derecha insiste en involucrar sólo a la Concertación. Lea una de las cartas del vocero del gobierno al final de la crónica

Las acusaciones entre el gobierno y parlamentarios por casos de falsos exonerados políticos, no tiene tregua. Así quedó de manifiesto cuando hace algunas semanas el senador Alejandro Navarro (MAS), producto de una imputación en su contra por un posible delito declarado por el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla y el diputado Frank Sauerbaum (RN), presentó una auto denuncia para ser voluntariamente investigado.

Frente a ello, el parlamentario señaló que "nuevamente fuimos a Fiscalía a entregar más antecedentes para confirmar, junto a un grupo en representación de exonerados políticos que se han visto pasados a llevar por las acusaciones irresponsables proferidas por políticos de derecha, que al igual que en todo este tiempo, nosotros permanecemos fuertes en nuestras convicciones", sostuvo.

Por ello el senador llegó hasta la fiscalía de Concepción, donde solicitó que el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, (UDI) declare por una supuesta emisión de misivas para postulantes a exonerados, cuando fue diputado en 2001.

Navarro sostuvo que "le estamos pidiendo al fiscal que cite a declarar al vocero de Gobierno, porque adjuntamos la documentación con su firma. Él certificó la situación de exonerados políticos de centenares de trabajadores de la empresa FIAT de Rancagua. Claramente el vocero tiene que informar por qué lo hizo".

El actual vocero de Gobierno firmó la carta, por la cual lo acusa Navarro, dicho documento dice así: "En mi calidad de Senador y por mi directa participación en la reconstitución de antecedentes que acreditaron en su oportunidad a la ex empresa Fiat deseo manifestar mi plena certeza de que esta intervención permaneció en el tiempo más allá de 1979 hasta los primeros años de la década de los ochenta y que el grupo de trabajadores que actualmente solicitan sus beneficios legales como gozan los documentos acompañados en su presentación se encuentran la calidad cierta de calificar como exonerados políticos".

Por ello Navarro dijo que "así como este caso hay cientos de cartas con firmas de parlamentarios de la derecha, que hoy esconden la mano con la que firmaron y con la otra apedrean a la oposición por un hecho que no constituye ninguna irregularidad, pues dichas cartas no tienen ninguna validez legal; son como cartas de recomendación, que no son determinantes a la hora de entregar una pensión y que, por ejemplo, en mi caso las entregué en base a testimonios, documentos y antecedentes que presentaron los afectados. Imagino que ese mismo criterio utilizó Chadwick para firmas las cartas a los exonerados de su zona".

El senador, en conversación con Cambio21, dijo que "le hemos pedido al fiscal Andrés Barahona que cite a declarar al vocero de Gobierno Andrés Chadwick. ¿Por qué?. Porque el ministro, y tenemos los antecedentes, firmó centenares de certificados, centenares de cartas. Solicitó personalmente que se acreditara a empresas completas, por lo tanto en la investigación si se quiere seriedad debe incorporar a todos los que firmaron. Yo creo que eso va a demostrar que lo que ha hecho Rodrigo Ubilla es un montaje político; el subsecretario ha cometido un error garrafal, ha abierto una caja muy compleja por lo que tiene que responder si es el vocero de Gobierno el involucrado, o sea el gobierno aquí está hasta las masas y quiero saber.

"Yo tengo tranquilidad de las firmas que realicé en Penco, y quiero saber cuál es la condición de las firmas que hizo el vocero de Gobierno y que hasta ahora se le ha mantenido en resguardo, se le ha blindado. El ha dicho que no tiene problemas en ir a declarar y espero que el fiscal lo cite porque queremos la verdad, que se conozca realmente lo que ocurrió en estos casos y por qué el gobierno presenta listados de personas que han fallecido y que no han recibido beneficio alguno", señaló.

Casos de exonerados falsos que nunca recibieron los beneficios

Pero esto no fue lo único que pidió Navarro que sea aclarado: "Estamos pidiendo también que se cite a Humberto Lagos Schuffeneger, que fue jefe del Programa Exonerados, a Bernardo Vargas, presidente del comando de exonerados de Chile, y por cierto a la oficina de Penco. A los menos 40-45 personas que están en el listado que entregó el subsecretario (Rodrigo) Ubilla, que aparecen como falsos exonerados, en condiciones que jamás recibieron beneficio alguno", agregó.

Frente a ello, reiteró que los parlamentarios "acreditamos la condición de exonerados, la calificación la hacía el ministerio del Interior y luego la Contraloría, entonces el ministro debiera explicar por qué firmó esos certificados y porque a nosotros se nos acusa por haberlo hecho".

Además de sumar nuevos antecedentes al caso, Navarro solicitó conocer el por qué de la decisión del subsecretario Ubilla, de enviar cartas a "exonerados para hacer pública su información, cuando antes nunca había pedido permiso para ello", sostuvo.

En conversación con Cambio21, el senador Alejandro Navarro dijo que "hemos concurrido al Ministerio Público de la región del Biobío ante el fiscal Andrés Barahona. A él le hemos hecho entrega de un conjunto importante de antecedentes que dicen relación con la actuación del Comando Nacional de Exonerados con los procedimientos que siguió Humberto Lagos Schuffeneger, pero muy particularmente le hemos presentado los antecedentes de unas cuarenta personas a cuyos hogares está llegando la carta firmada por el subsecretario Ubilla y en esos hogares donde ha llegado, ya más de 400 en la comuna de Penco, el 70 por ciento de esas personas ha fallecido, es decir, las cartas les están llegando a sus viudas".

"Hasta ahora el recuento que tenemos en mi oficina parlamentaria es que más de un 60 por ciento de aquellas nóminas que entregó Rodrigo Ubilla no han recibido beneficio alguno. Hay indignación, hay una profunda molestia, se da el caso de personas que han fallecido hace 28 años y la carta la recibe hoy día su viuda de 92 años y esa persona, trabajador de Lozapenco, jamás recibió beneficio alguno", señala el parlamentario.

"Todavía estamos en etapa de investigación, por eso decimos un 70 por ciento de las personas que el subsecretario Ubilla incluyó en el listado jamás recibieron beneficio alguno, por eso hay mucha indignación en las viudas, en las familias, porque se ha improvisado y se ha tendido una celada política, de mucha irresponsabilidad", concluyó.

Otras solicitudes a Fiscalía

Asimismo, el senador pidió por primera vez que "además que declaren los exonerados, también lo haga la abogada Romanina Morales, quien fuera Jefa del Departamento de Convenios Internacionales y Leyes Especiales del IPS, y que tenía a su cargo la concesión de los beneficios a los exonerados políticos, a fin de que reafirme sus dichos en el sitio web www.quintopoder.cl, donde claramente se demuestra que nuestra actuación ha sido de buena fe", anunció.

A continuación lea en exclusiva una de las cartas enviadas por el vocero de Gobierno, cuando en su calidad de parlamentario solicitaba beneficios para eventuales exonerados políticos.

CARTA DE PATROCINIO DEL EX SENADOR CHADWICK

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120202/pags/20120202170909.html

Sale a la luz el listado de los Médicos que torturaron durante la Dictadura de Pinochet. | GAMBA

Ni Perdón, No Olvido!

.

1. Darwin Arriagada

Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973.

Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud.. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

2. Camilo Azar Saba.

Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Alvarez Santibáñez.

3. Guillermo Aranda

Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

4. Alejandro Babaich Schmith

Director Hospital “Cirujano Guzmán” de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

5. Gregorio Burgos

Médico del Regimiento de Los Angeles.

Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

6. Víctor Carcuro Correa

Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

7. Raúl Díaz Doll

Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

8. Guido Mario Félix Díaz Paci

Medico del Ejército y de la CNI.Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984.

Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y

agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico.

En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

9. José María Fuentealba Suazo

Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

10. Alejandro Jorge Forero Alvarez

Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

11. Werner Gálvez

Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

12. Fernando Jara de la Maza

Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

13. Manfred Jurgensen Caesar.

Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

14. Luis Losada Fuenzalida

Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI enSantiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

15. Vittorio Orvieto Teplizky

Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

16. Eugenio Fantuzzi Alliende

Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

17. América González Figueroa

Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como “muerte súbita”, el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando losvestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro “servicio a la patria” fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

18. Jorge León Alessandri

Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

19. Osvaldo Leyton Bahamondes

Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus “colegas” al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

20. Bernardo Pulto.

Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

21. Luis Hernán Santibáñez Santelices.

Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

22. Hernán Horacio Taricco Lavín

Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

23. Hernán Twane

Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida en las inmediaciones del edificio Diego Portales.

24. Werner Zanghellini Martínez .

Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue funado en su clínica particular de Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina cercana perteneciente a un familiar.

25. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz

Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras. Brigada de Salubridad de la DINA. Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sus direcciones actuales: H. Darwin Arraigada Loyola , Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

26. Juan Pablo Figueroa Yáñez

Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303, departamento 71, Vitacura. Teléfono 2069147.

27. Werner Zanghellini Martínez

Cardiólogo. Última dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

28. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz

Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768.

29. Hernán Horacio Taricco Lavín

Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563. Su última dirección conocida es en Tabancura 1278, teléfonos 2433425 y 2433444.

30. Sergio Roberto Muñoz Bonta

Dentista. Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental “San Lucas” de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

31. Roberto Lailhacar Chávez

Psiquiatra. Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual.. Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178.

32. Manfred Jurgensen Caesar

Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago. Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301.

33. Alejandro Forero Alvare

Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Barnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K

34. Guido Díaz Paci

Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 “Arica” de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes. Mantiene consulta particular en esta ciudad.

35. Camilo Azar Saba

Traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección conocida es Echeñique 8801-B (interior). Teléfonos 3265277 – 3265294.

36. Vitorio Orvieto Tiplizki

Oftalmólogo. Atiende en los centros Integramedica de Maipú, Av. Pajaritos 1605, teléfono 6366500, y en el de Plaza Oeste, ubicado en Américo Vespucio.

Acá para ver el listado completo de los criminales de la dictadura.

Para más información pueden leer el Informe Valech.

http://www.gamba.cl/?p=8850