Domingo 30 de noviembre de 2008
Cualquiera sea el análisis que se haga del Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, al final se llega a lo mismo: la violencia destruyó el sistema democrático y sus instituciones en septiembre de 1973.
Una de aquellas consecuencias fue la clausura del Congreso Nacional y el cese de las funciones de todos los diputados y senadores. Y aunque algunos lloraron e incluso pagaron con sus vidas, otros lo celebraron.
Inevitablemente, con la reciente aparición del engañoso "detenido desaparecido" Germán Cofré Martínez, reaparecido desde el otro lado de la cordillera, resurgió el espectro de los calificados como exonerados políticos.
Más allá de cuántos pudieron entrar por la ventana la secretaria ejecutiva de este programa, Marta Joignant, sostiene que es "muy difícil" violar el sistema y que hasta ahora nadie aporta pruebas irrefutables surge la controversia de aquellos que, siendo parlamentarios al 11 de septiembre de 1973, calificaron como exonerados por haber cesado en sus funciones cuando la dictadura cerró en Congreso. Todos. Los que padecieron el golpe, pero también quienes ayudaron a gestar el alzamiento militar.
Y otros que, habiendo sido agentes activos en la represión o formado parte de quienes asaltaron La Moneda el día del golpe, también obtuvieron tal calificación cuya idea madre tuvo, sin embargo, directa relación con las víctimas de la opresión militar.
Entre aquellos parlamentarios calificados con ese rango destacan figuras que apoyaron el golpe, como el entonces senador del Partido Nacional (PN), Sergio Onofre Jarpa Reyes; o el hasta hoy defensor de los fundamentos que sustentaron el régimen militar de Augusto Pinochet, Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, quien entonces era un joven diputado del PN.
A la lista se suman otros jóvenes diputados del PN: Mario Arnello Romo, Gustavo Lorca Rojas, Víctor Carmine Zúñiga y Luciano Vásquez Muruaga. O el entonces senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, que después se hizo fiel seguidor del dictador integrando el "Consejo de Estado".
Todos aportaron su cuota para apurar el alzamiento castrense. Unos más, otros menos.
Tienen derecho estos hombres a recibir tal calificación y además percibir algunos de ellos [no todos] pensiones del Estado o apoyos provisionales, se preguntan en el mundo de los derechos humanos.
Los "exonerados" participaron activamente en acciones que concluyeron con el naufragio de las libertades individuales, ayudando a gestar un modelo que derivó en el fusil y el corvo que dio paso a la tragedia que marcó a Chile para siempre.
La ley creada y luego ampliada para obtener el grado de exonerado político los favoreció. "Y la ley pareja no es dura", afirman en el programa de exonerados del Ministerio de Interior, porque también hay comunistas, socialistas y miembros de otros partidos que
integraron la UP, que obtuvieron tal categoría.
integraron la UP, que obtuvieron tal categoría.
Para la "Fundación"
"Por supuesto que tengo derecho, me lo permite la ley y yo decidí calificarme como exonerado porque el beneficio que podría obtener del Estado lo iba a donar a la Fundación Pinochet. Pero la fundación no lo quiso para evitar problemas de impuestos, y yo finalmente tampoco obtuve nada", expresa Hermógenes Pérez de Arce (foto izquierda).
La ecuación para sólo calificar como exonerado político, o a ello agregar una pensión, o percibir sólo dinero como abono para obtener una previsión que son las tres categorías del sistema es compleja. Pérez de Arce sólo calificó para la primera. No obtuvo pensión ni abono de tiempo.
"Pero creo que hay que revisar todo esto porque con toda seguridad se ha prestado para abusos, y pienso que hay muchos casos así", afirma el apasionado columnista de "El Mercurio".
No opina lo mismo el abogado comunista Eduardo Contreras Mella, diputado del PC para el golpe militar y quien por ello también calificó como exonerado político.
"La ley debió dejar afuera de estos beneficios a aquellos parlamentarios que ayudaron a destruir la democracia y que luego celebraron la clausura del Congreso. Esa es una contradicción que debieron advertir aquellos que hicieron esta ley. No es justo que quienes colaboraron activamente con el golpe militar, aunque hayan sido parlamentarios, reciban esta categoría y sus beneficios", afirma Contreras.
El abogado recuerda que "no hay que olvidar que lo que ellos ayudaron a gestar terminó con la vida incluso de algunos parlamentarios como Carlos Lorca y Vicente Atencio, ambos detenidos desaparecidos".
Pero Contreras va más allá. "Tanto el problema del aparecido en Argentina como las irregularidades que puedan existir en el proceso de calificación para los exonerados políticos, pasa principalmente porque el Estado chileno
hablo del Gobierno y el Parlamento no tiene una política pública para abordar los derechos humanos y la reparación de las víctimas. No existe un Ombudsman o un Defensor del Pueblo, ni un Instituto de Derechos Humanos. Y eso ocurre porque no hay voluntad política para hacerlo".
Entre bombas y "disidentes"
La calificación como exonerados políticos de algunos ex agentes del régimen o de militares que de distintas formas tuvieron relación con los crímenes cometidos bajo este período, aportan igualmente otro capítulo conflictivo a esta historia.
A los ya mencionados por La Nación el viernes último Enrique Cruz Laugier, Rafael González Berdugo, y Edwin Dimter Bianchi, el supuesto "Príncipe" del Estadio Chile donde mataron a Víctor Jara se agregan ahora los de Patricio Kellet Oyarzún y Patricio Lapostol Amo.
El día del golpe, Cruz sacó las piezas de artillería del Regimiento Tacna para bombardear La Moneda desde tierra, mientras Allende resistía. Reflorecida la democracia, se fue a instalar como jefe de seguridad del Senado. Desde allí lo echaron en 2004, cuando LND publicó esta información que él mismo confirmó en sus declaraciones judiciales en el proceso por los desaparecidos de La Moneda. Fue admitido como exonerado el 20 de enero de 2000.
González Berdugo (en la foto de la derecha), un eterno agente de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile con grado de coronel, aunque es un civil, es hasta hoy el único procesado por el asesinato del estadounidense Charles Horman, detenido días después del alzamiento militar. Un frío espía que en 1980 tuvo la cara para ir a tomar el té con el padre de Horman a Estados Unidos, cuando se presentó como "un disidente" de Pinochet y la DINA.
Posando en 2003 junto a los verdaderos oficiales y suboficiales de la FACh que fueron víctimas de la tiranía, este personaje obtuvo de manos de la entonces ministra de Defensa y actual Presidenta Michelle Bachelet, la tifa para reintegrarse a la "familia aérea".
Dimter, a su vez, fue calificado el 20 de enero de 2000, pero en 2006 fue cancelada su condición de exonerado por sus antecedentes: fue uno de los hombres que sacó los tanques a la calle el 29 de julio de 1973 en un frustrado alzamiento contra Allende, y además permaneció como oficial en el Estado Chile cuando el recinto se convirtió en un centro de detención.
Un "inteligente" agricultor
Patricio Kellet era el jefe de la sección de Inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia, que para el golpe militar comandaba el ex miembro de la Junta Militar Santiago Sinclair. Ejerciendo ese cargo participó en el arresto de decenas de personas en esa ciudad, según él mismo lo admite en sus declaraciones judiciales en la causa por los crímenes de la Caravana de la Muerte, que el 3 de octubre de 1973 asesinó en Valdivia a 12 prisioneros. Fue desde Cazadores donde, días más tarde, también salieron fuerzas militares para acribillar en la precordillera de Chihuío a 17 campesinos, esconder sus cuerpos, y después desenterrarlos para lanzarlos al mar.
Lo curioso es que Kellet, actualmente mayor de Ejército en retiro, alegó ante la comisión calificadora causales de exoneración por parte de su institución ajenas a su voluntad, mientras en su testimonio judicial del 9 de mayo de 2003 un año después de que ya había sido calificado como exonerado el 6 de marzo de 2002 dijo que "en 1985 me acogí a retiro por razones personales y ahora me dedico a la agricultura" en Linares. Como exonerado, Kellet recibe una pensión del Estado chileno.
Patricio Lapostol Amo fue careado hace unas semanas por el ministro Víctor Montiglio con el general activo Juan Miguel Fuentealba Poblete, en la causa Caravana de la Muerte, episodio de los 26 crímenes de Calama cometidos el 19 de octubre de 1973.
Lapostol admite judicialmente que "monté guardia en el lugar del fusilamiento junto al teniente Gustavo Mandiola". De acuerdo al expediente, el "fusilamiento" fue una masacre a corvo y bala y luego escondieron los cuerpos en el desierto que después exhumaron y arrojaron al mar. El juez indaga si Fuentealba también montó la misma guardia aquel día.
Los 145 mil 286 calificados como exonerados políticos, del total de 258 mil 767 que han pretendido esta categoría, abren un escenario que vuelve a agitar pasiones y controversias, bajo la llovizna de un período dramático de la historia de Chile que se resiste al olvido.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081129/pags/20081129230745.html
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